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Justicia económica global
Aktualisiert: vor 6 Stunden 4 Minuten

Cortometraje “LOBOS”

Do, 17/04/2014 - 13:00

El proyecto “Lobos” cuenta una realidad que puede ser desconocida para el gran público ya que se publica muy poco sobre como en el ámbito de la banca se adoctrina a los directivos de sucursales, como se presiona a los empleados, el mobbing, o el enchufismo.

Tras meses de documentación y recogida de información, en algunos casos realmente impactantes y la ‘discrección’ del sector bancario, decidieron bajar el nivel de realismo. En palabras de Daniel Ortiz, uno de los directores del proyecto: “cuando empezamos a desarrollar el guión nos dimos cuenta que si poníamos todo eso el público, sencillamente, no lo creería. Tuvimos que bajar el nivel de realismo, y aun así, la gente se escandaliza de algunas cosas que cuenta nuestro cortometraje”.

El colectivo Niños Cabra trata de explorar diferentes géneros cinematográficos en cada proyecto. A partir de un cortometraje anterior sobre la precariedad laboral, que provocó que muchas personas se pusieran en contacto con dicho colectivo proponiendo temas sociales reales, sus componentes decidieron rescatar algunas de aquellas historias.

 

 

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14 de Abril: subiré al Puerto Viejo a dejar mi canción”.

Do, 17/04/2014 - 09:00

José A. Pérez – ATTAC Madrid

“¡Con la Cuarenta y tres, (madre, no llore usted),
por el mundo en que creo con fe lucharé!
¡No pienso vivir sus inviernos sin fin,
ni arriar tricolores banderas de Abril!”

Hace ya algún tiempo, en concreto en 2007, tuve ocasión de celebrar el 14 de abril de una manera algo más emotiva, y también más ardua, que marchar por una avenida urbana, como acabo de hacer hoy. En aquella ocasión, integrado en una columna de miembros de la Memoria Histórica de Aragón, subí al Puerto Viejo de Bielsa a colocar la bandera republicana en memoria de los sucesos que allí ocurrieron.

La bolsa de Bielsa fue un episodio histórico que ocupa un lugar omnipresente en la memoria colectiva del Altoaragón. Fue un ejemplo de organización y solidaridad del ejército republicano y, sobre todo, de la población civil. Los habitantes de la zona, conocedores del terreno y disponiendo de los medios necesarios, fueron piezas clave para permitir la evacuación de los refugiados, que terminaron en campos de concentración franceses. Una vez finalizada la guerra, los que volvieron a España tuvieron que afrontar la dura reconstrucción de sus pueblos y de sus vidas, en un contexto de pobreza y miseria, de represión y de construcción de nuevos valores y costumbres bajo la dictadura militar franquista. Que hizo añicos, entre otros derechos, la concepción republicana de la propiedad y del trabajo.

La Bolsa de Bielsa

El avance de las tropas nacionales en marzo de 1938 desnivela el frente del Ebro y aisla al Norte a la 31ª y 43ª Divisiones republicanas. Mientras la primera sufre una desbandada espectacular y sus hombres se retiran desperdigados hacia Francia, los restos de la 43ª División que manda Antonio Beltrán “El Esquinazau” se mueven hacia el norte y se parapeta en el Sobrarbe. La orografía proporciona una fortificación natural por detrás del desfiladero de las Devotas.

Los ocho mil soldados de la 43ª consiguen hacerse fuertes y aguantar las embestidas de los 14.600 hombres que los asedian. Desde el 14 de Abril al 15 de Junio, este incómodo foco de resistencia soporta escaramuzas y bombardeos. Hay numerosas bajas en los dos bandos. La guerra de “guerrillas” y un último golpe de efecto del Esquinazau logran irritar a Franco.

Los embolsados simulan la rendición durante la noche del 14 al 15 de Mayo. Encienden hogueras para simular el sacrificio de material antes de una retirada y algunas casas son regadas con agua y despues incendiadas para provocar un denso humo que impidiera cualquier observación del enemigo. A la mañana siguiente y escondidos tras las trincheras, los hombres de la 43ª aguantan el fuego de mortero sin rechistar. No se oye un alma. La treta surte efecto y los nacionales se disponen a avanzar. Tras encontrar Puyarruego abandonado, los oficiales franquistas se confían y caminan a campo abierto. Cuando alcanzan las posiciones enemigas se produce una auténtica masacre. Al día siguiente los embolsados reciben la visita de Juan Negrín, jefe del gobierno de la República que pasa revista a las tropas.

Ese fue el principio del fin. Los bombarderos Heinkel 45 y Savoia 79 peinan una y otra vez la zona hasta destruir completamente Bielsa. La 43ª organiza una retirada ordenada y agónica a través de los puertos Lera y Viejo. Al otro lado, la Gendarmerie espera. Las condiciones fueron durísimas: la población civil hubo de caminar por unas montañas nevadas en abril, hasta superar el paso, a 2.439 metros de altitud. Muchas de las personas eran enfermas, niños y mujeres, personas desnutridas por las penurias de la guerra, por el dolor de abandonar sus hogares y  partir hacia el exilio con las cuatro cosas que podían caber dentro de un saco o maleta, incómoda de transportar monte a través.

De los supervivientes de la 43ª, 411 deciden volver a Irún, mientras 6.889 regresan a la España republicana para seguir combatiendo. La represión sobre la zona fue terrible y la reconstrucción dolorosa. Tras combatir en la Segunda Guerra Mundial y graduarse Coronel en la Academia Frunze de la Unión Soviética, “El Esquinazau” pasa a dirigir la guerrilla antifranquista en el Pirineo (activa hasta los 50).

Bajo dos tricoloresTu nombre no sé, nunca lo he de saber;
no he hablado contigo y ya no hablaré.
Ni tan siquiera sé si tu casa está en pie,
o al faltar tú y los tuyos a tierra se fue.

Sólo sé que al partir se te vió sonreir
-”otro niño soldado que juega a morir…”-
Viendo a madre sufrir te abrazaste al fusil;
el futuro era negro, la mañana, gris.

“¡Con la Cuarenta y tres, (madre, no llore usted),
por el mundo en que creo con fe lucharé!
¡No pienso vivir sus inviernos sin fin,
ni arriar tricolores banderas de Abril!”

…De Escalona a Parzán nada te hizo reblar,
de trinchera en trinchera “avanzando” hacia atrás.
-”¡Resistir es ganar! ¡Bastará un día más!…”-
…Y por Junio, en las mugas pudiste llorar.

No, no fue fácil deciros adiós:
Pobres sueños en ruinas,¡adiós!
casas bombardeadas, ¡adiós!
días de sangre y pólvora, ¡adiós!
chamineras en llamas, ¡adiós!
camaradas y amigos, ¡adiós!
sucias páginas rotas, ¡adiós!
¡A la falsa, recuerdos…y adiós!

Volvió a amanecer, ¡quién lo iba a creer!
Tú mirabas Sobrarbe por última vez.
Volvió a alborear, ¡quién lo iba a pensar!
Y la “Bolsa de Bielsa” llegó a su final.

Te tocaba jugar.¿A qué carta apostar?
el exilio delante, la guerra detrás…
El Destino, feroz, su jugada cantó:
-”Tras la guerra, el exilio,¡otra guerra peor!”-

…Y no era un farol, ¡pero no le sirvió!
Encontraste otro idioma, otra patria, el amor.
Supiste sufrir, y venciste, por fin:
¡Bajo dos tricolores entraste en París!

¡Cuánto tiempo hace ya!, y de ti… nada más.
¿Qué destino burlón te impidió regresar?
¿Descubriste, tal vez, que no basta volver?
¡Los recuerdos y Bielsa no dejan de arder!

Tu nombre no sé, ni lo quiero saber;
al ser nadie, eres todos: “la Cuarenta y tres”.
Sin rostro ni voz; ni francés, ni español,
sólo un hombre partido por la muga en dos.

En vez de una flor -clavel rojo en tu honor-subiré al Puerto Viejo a dejar mi canción.

Letra: Manuel Domínguez. Música: Miguel Sorribes. La Ronda de Boltaña.

Carnet de paro

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Decir República, decir hoy

Do, 17/04/2014 - 07:00

Luis García Montero – Comité de Apoyo de ATTAC España

imageAbril es un mes republicano. Hablar en España de República significa de forma inevitable asumir una meditación histórica. El golpe de Estado de 1936 abrió un proceso de manipulaciones, olvidos y reescrituras que convirtió la historia en una versión enfermiza de la mentira. Al pasado se le negaron sus derechos como a una víctima más de la represión franquista. Fue humillado de paredón en paredón, de cárcel en cárcel, de discurso en discurso.

Cuando murió el dictador con un heredero designado, la historia tampoco tuvo mucha suerte. Las leyendas del franquismo fueron sustituidas por los mitos del consenso al amparo de un espíritu que volvió a necesitar del olvido y la manipulación. Las élites económicas y políticas de la dictadura borraron su hoja de servicios con yugos y flechas para vestirse de padres de la democracia. La oposición clandestina aceptó perder la memoria, o suavizar sus recuerdos, para tranquilizar los ánimos y facilitar la llegada de las libertades. Así se fundó una democracia sin raíces, incompleta, heredera de la dictadura, en la que las deficiencias sociales estuvieron siempre acompañadas por las lagunas en el conocimiento del pasado.

El espíritu de la Transición, que como su propio nombre indica debería haber sido una ética transitoria, quiso instalarse después como horizonte único, como consigna para fijar el futuro en la renuncia. Si la solución de conflictos invita en una sociedad decente a la verdad, la justicia y la reparación, aquí nos acostumbramos a confundir la España del consenso con la mentira, la impunidad y el desamparo. La España que se niega hoy a aceptar los convenios internacionales y la justicia universal es en el fondo la misma que desatiende los derechos de las víctimas del franquismo y que falsifica la historia de la Segunda República y de la Guerra Civil con un cóctel de silencios, equidistancias, malabarismos, calumnias y fraudes. Es también la España que se acostumbra a convivir con la corrupción. La España que no conoce la palabra dimisión.

Hay muchas distancias entre la España real y la España oficial. Oír al presidente de Gobierno hablar de economía o de política tiene poco que ver con la experiencia de la gente. Son mundos paralelos. Uno de los abismos más grandes y más significativos de esa separación entre lo real y lo oficial está en la distancia abierta entre los datos objetivos del pasado que investigan los historiadores y la versión parlamentaria del franquismo.

Por eso hablar de la República supone de forma inevitable asumir una tarea de conocimiento y verdad histórica. Y por eso supone también una meditación sobre el presente. Este abril republicano de 2014 es una urgencia, una llamada a la realidad inmediata, un compromiso para devolver a los ciudadanos su orgullo y su capacidad de autogobierno. Se trata de devolverle la política a sus propietarios legítimos.

Ser republicano significa tomarse en serio la democracia en una Europa que le ha hurtado a la política las decisiones sobre el futuro para regalárselas a la sangre azul del dinero. La política está muerta en una sociedad en la que los poderes financieros se imponen a la soberanía de los parlamentos. La política está muerta cuando un partido designa a sus candidatos sin discusión de sus órganos, reduciendo la democracia al dedo masturbatorio del jefe. La política también está muerta cuando un país renuncia a la elección de su Jefe de Estado. La política está muerta cuando abandona la palabra socialismo en la bandeja de un rey o en la mesa de un banquero. El consenso con las hipotecas de la banca no es política, sino liquidación por derribo.

Ser republicano supone respeto a las leyes, porque son el principal espacio público de la convivencia. Pero no olvidemos que el respeto es siempre un viaje de ida y vuelta. Respetar la ley exige en primer lugar su cumplimiento. Y cuando los derechos de la realidad y de la legitimidad democrática no encuentran solución dentro de la ley, el respeto exige un cambio de la legalidad, su acomodo a la justicia.  Ese viaje de ida y vuelta vale tanto para la organización territorial como para la defensa de la justicia social. En este abril republicano de 2014, las formas del Estado son también inseparables de la voluntad de conseguir una democracia económica que detenga el empobrecimiento de la mayoría de la población. La cicatriz aguda de la brecha social debe quedar fuera de la ley.

Ser republicano es defender la virtud pública y el pudor democrático.

Artículo publicado en Público.es

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Cañamero anuncia nuevas Marchas de la Dignidad

Mi, 16/04/2014 - 09:02

El portavoz nacional del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha lanzado la propuesta de “asediar” los 17 gobiernos regionales del estado en los últimos días del próximo junio. La iniciativa ha sido presentada en un acto organizado por el Ateneo Republicano de Valladolid con motivo del 14 de Abril.

“Mañana [por el sábado 12] se discutirá en Barcelona dos propuestas: una asediar todos los gobiernos regionales en todo el territorio a finales de junio y, después del verano, realizar la II Marcha de la Dignidad sobre Madrid“, desveló Diego Cañamero.

“Tareas para después del 22 M” era el título de la charla del portavoz del SAT, impartida en la Universidad en la tarde-noche del viernes 11 de abril.

“El pueblo está legitimado para volver a tomar las calles, las plazas… Tenemos que recomponer y administrar las fuerzas tras la movilización histórica del 22M en Madrid. La solución a este sistema radica en la unidad de la izquierda“, afirmó Diego Cañamero en una encendida intervención correspondida con entusiasmo por el público asistente.

Según el portavoz del SAT “no hay que teorizar mucho”. Todo el mundo”, añadió Cañamero, “está de acuerdo en tener un trabajo, en que la sanidad y la educación deben ser públicas… Coincidimos en las diez cosas fundamentales. A ellos les une el capital,  pero nosotros somos mayoría y vamos a poner las cartas encima de la mesa. Lo que jamás nos pueden quitar es el derecho a la dignidad. La dignidad es sagrada”.

Diego Cañamero, que comenzó su disertación con la exposición de la situación socio-política en la que se encuentra Andalucía, donde dijo existe “una pobreza extrema”, para a continuación referirse a casos concretos de su actividad durante diez años como alcalde de El Coronil y referencias exaltadoras de Diamantino García, cura obrero nacido en Salamanca que fue uno de los fundadores de la CSUT y del Sindicato Obrero del Campo (SOC), antecedente del SAT.

“Siempre hablamos de los problemas de la gente. No hablamos de la prima de riesgo, hablamos de lo que vale la bombona de butano“, subrayó el portavoz del SAT, al que le queda, dijo, un año en el cargo.

“Me siento orgulloso de ser jornalero. Lo importante en la política es que no busques nada en ella. La idea noble de la política es defender causas justas”,  expresó Cañamero, que relató algunas de las experiencias en la ocupación de fincas: Somonte, Martín de la Jara, Las Turquillas, Los Humosos, donde se constituyó la Cooperativa Humar -Marinaleda S.C.A.-… También habló de las consecuencias de su lucha, en la que siempre está presente la soberanía alimentaria y un principio: “La tierra no es de quien la trabaja. La tierra no es de nadie, no puede ser de nadie porque no es una propiedad como puede ser un coche o una lavadora”. El combate contra los terratenientes, la nobleza y la propiedad privada ha tenido sus consecuencias para el sindicato.

“Tenemos un millón de euros de multas individuales; 800 personas procesadas con una petición de 250 años de cárcel. Y no hemos tirado una piedra a un policía ni llevado dinero a paraísos fiscales. Nuestra situación es precaria. Yo me he declarado insumiso judicial.Desde hace tres años no atiendo ninguna llamada de un juez. Y no es una chulería y  seguimos peleando”, recalcó el portavoz del SAT, que relató la entrada a por alimentos en Carrefour y Mercadona.

“Los tertulianos dijeron que íbamos a robar, a asaltar… para desprestigiarnos. Las imágenes se vieron en todo el mundo y estas luchas han conectado con muchos corazones. Mientras el Gobierno da la espalda al 80% del pueblo, porque solo obedece al poder financiero y no nos representa”, aseguró Cañamero que justificó el salir a la calle.

“Meter a un millón de personas en Madrid, en una manifestación currada desde abajo a arriba, ha sido histórico, aunque los grandes medios no le hayan dado cobertura. Incluso han utilizado la muerte de Suárez para no hablar de las reivindicaciones y el éxito de la movilización. Los intentos de desprestigiar la Marcha,  convirtiéndola en un conflicto de orden público,  les ha salido mal. El orgullo de estar en Madrid el 22M es un ejemplo que tiene que cundir porque es la única forma que tiene el pueblo de derrotar esta injusticia que nadie ha votado ni puede votar nunca”, subrayó el portavoz del SAT, que abogó por la unidad con alusiones al Frente Popular de la II República.

“Ese es el camino. Ese camino es el necesario. Dejemos los puntos y las comas, quien va arriba y quien va a abajo… En el siglo XIX, a los que llamaban bandoleros, nunca hicieron congresos. A trabajar. A meter tres millones en Madrid en la II Marcha de la Dignidad“, propugnó Diego  Cañamero, que estuvo presentado por José Alberto Blanco y Miguel Luis, presidente del Ateneo Republicano de Valladolid y de Parados en Movimiento, respectivamente.

La República.es  

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Hernández Vigueras: “Las Bolsas están manipuladas”

Mi, 16/04/2014 - 07:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

Hace unos meses tuve la oportunidad de mantener una charla amistosa con una ejecutiva de un banco londinense que ejerce como broker; y me contaba que últimamente a los “inversores”, Bancos, compañías de seguros, fondos de inversiones, etc., les preocupan menos las cuantías de las comisiones a pagar a los agentes intermediarios que la rapidez en la ejecución de la orden de compra o de venta de los activos. Un dato que se explicaría por la abundancia de liquidez en los mercados financieros; pero también porque el trading  de alta frecuencia se ha asentado como una modalidad operativa en las bolsas y en los mercados extrabursátiles. Y ello a pesar de los fallos habidos en los sistemas informáticos y las críticas de un sector del mundo financiero, que ha provocado investigaciones de las agencias reguladoras estadounidenses e incluso del FBI.

En la terminología de Wall Street se conoce como trading  de alta frecuencia     (High Frequency Trading o HFT en siglas inglesas), la utilización de redes de ordenadores programadas para la compra y venta automáticamente de todo tipo de activos financieros en alta velocidad,  literalmente en milésimas de segundos. De tal modo que  un activo financiero puede cotizar durante unos segundos un céntimo más caro en Nueva York o Londres que en Hong Kong o Singapur; o entre las distintas bolsas estadounidenses. Y los traders u corredores de bolsa compran esos títulos en Hong Kong o Singapur para venderlos en Londres o Nueva York; o pueden estar lanzando constantemente órdenes de compra y venta, buscando infinitesimales diferencias de precios en las pantallas sobre las que obtener beneficios con márgenes de ganancia en decimales y en milésimas de segundo. Con esta estrategia operativa acelerada, los bancos y firmas financieras inversoras sacan provecho de las diferencias coyunturales de cotizaciones con frecuentes y pequeñas operaciones. Las veloces transacciones se realizan con unos márgenes minúsculos, pero al final la actividad financiera aumenta haciendo que sea inmenso el volumen de operaciones internacionales sin supervisión alguna.

Además, como este trading de alta frecuencia o comercio de altísima velocidad se realiza generalmente  asociado a  plataformas electrónicas opacas, que no hacen públicas sus transacciones, el precio o el volumen y el tiempo de ejecución no se divulgan para los demás operadores del mercado. Es decir, se ocultan al público los detalles de las operaciones para que estas no aparezcan en los paneles informativos;  como he relatado en El Casino que nos gobierna (capitulo primero) subrayando prácticas que conducen a la manipulación de precios. Desde luego, para aquellos que no acuden a estas prácticas de alta velocidad financiera representan una desventaja, denunciada últimamente por algunos inversores y agencias reguladoras estadounidenses que han argumentado públicamente contra la operativa conocida como HFT. Y han surgido testimonios de que los propios corredores de bolsa o traders realizan trampas y manipulaciones para incrementar sus retribuciones.

Hace poco, la BBC y la prensa económica internacional desvelaban que el FBI tenía abierta una investigación sobre posibles delitos cometidos mediante  la manipulación de transacciones financieras de alta velocidad o HFT por algunas firmas neoyorquinas especializadas. Las investigaciones del FBI se centran al parecer en algunas prácticas que consisten en generar falsos niveles de actividad bursátil colocando muchas órdenes de compra de valores en los mercados para anularlas inmediatamente. Pero una vez que han logrado subidas de precios, ejecutan compras pendientes por cuenta del cliente inversor sobre activos que previamente han sido adquiridos por los propios traders. Otra de las investigaciones apunta a la utilización de información privilegiada aprovechando la velocidad de las transacciones.

De hecho, el fiscal general de Nueva York Eric Schneiderman anunciaba que estaba investigando algunas firmas. Y también la agencia reguladora de futuros, la CFTC, y la agencia reguladora de valores y bolsa, la SEC, están examinando si las principales bolsa dan un trato preferencial a las operaciones de alta velocidad en detrimento de otros inversores que prefieren seguir las vías más convencionales.

A agravar este ambiente de cierta inquietud en algunos círculos financieros a comienzos de abril, ha venido la promoción mediática del nuevo libro de Michael Lewis, autor de libros best-seller como El Póker del Mentiroso (Liar’s Poker), sobre el mundo de Wall Street en los años ochenta en una línea similar como algunas películas de éxito de denuncia cínica de las finanzas que no cuestionan la desregulación y el descontrol del casino sino los indecentes comportamientos legales pero aceptados socialmente. Sin embargo, aunque en esa línea, el autor acierta con el eslogan para la promoción de este nuevo libro:

“Stock Markets Rigged”, “Las Bolsas están manipuladas”.

Y en algunas cadenas de TV estadounidenses la promoción de libro ha ido acompañada de acalorados debates como en este programa de 60 segundos de la CNBC.-

La Europa Opaca de las Finanzas

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Sin justicia fiscal y además nos dan gato por liebre

Di, 15/04/2014 - 18:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

A finales de 2013, once países de la Unión Europea acordaron establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, ITF. No se hizo nada al respecto y ese ITF parecía congelado. Francia e Italia legislaron un impuesto tan corto como vuelo de perdiz, en España ni siquiera se mencionó en los Presupuestos Generales del Estado y los restantes ocho países, nada de nada. Pero hace unos días, por sorpresa, los ministros del Ecofin acordaron en Bruselas que el impuesto será realidad en 2015.

Éste ITF es insuficiente, corto y timorato. Pero, más allá del evidente electoralismo de anunciar ahora su puesta en marcha por la proximidad de los comicios al Parlamento Europeo, el ITF desbloquea el dogma neoliberal de no poner impuestos al capital y a sus movimientos especulativos. Y eso es importante. No porque debamos agradecer nada a esta UE sino porque la crisis y la escandalosa reducción de ingresos estatales obligan.

Una de las insuficiencias más graves de este ITF es que solo se pagará por transacciones en las que el vendedor emita el producto financiero a vender en uno de los once países del acuerdo. Pero no se gravarán las operaciones en las que vendedor o comprador residan en uno de esos países, como sería lo justo y lógico. Gravar según el lugar de emisión facilita a los especuladores poderosos vía para no pagar. Solo tendrán que emitir sus productos financieros donde les dé la gana, pero que no sea uno de los once países que implantan el ITF. Así eludirán el impuesto. Con el agravante de que este ITF solo afecta a transacciones con acciones y más adelante, derivados, pero no con divisas ni otros productos financieros.

Otra deficiencia grave parece ser que lo recaudado se dedicaría a formar un fondo para futuros rescates bancarios. Eso han dicho los ministros económicos de la UE. Es decir, se reafirma el mantra de los casinos: la banca siempre gana. Cuando lo justo sería que ese dinero del ITF fortaleciera la economía sostenible y satisficiera derechos sociales de la ciudadanía. Sin olvidar que, cuando se concibió ese impuesto, fue prioritariamente para disuadir la especulación financiera, reducirla y controlar los movimientos de capital.

En realidad, el ITF es en parte un impuesto contra la acumulación de riqueza. Acumulación nada inofensiva. Enormes cantidades de dinero controladas por un grupo muy reducido se mueven libremente y especulan por todo el mundo con la abundante gama de activos financieros de todo tipo y pelaje, obteniendo obscenos beneficios. Sin pagar impuesto alguno o apenas. Una especulación que altera severamente la economía real y la vida de las personas. El filme The Company Men, protagonizado por Ben Affleck y Tommy Lee Jones, muestra como la especulación afecta a la seguridad del empleo, por ejemplo. Los selectos accionistas mayoritarios de una empresa financiera estadounidense despiden progresivamente a la mayor parte de sus ejecutivos. Para recortar gastos, arguyen. Pero lo que buscan de verdad es aumentar ostensiblemente el valor de sus acciones, porque la cotización en Bolsa subirá cuando se sepa que han reducido personal de modo implacable.

Los datos demuestran que la especulación es brutal. Según el Banco Internacional de Pagos, en 2013 solo el mercado de divisas movía diariamente 4 billones de euros. Un valor anual de 1.000 billones de euros. Y en Europa, las transacciones financieras en 2012 movieron 692 billones de euros. ¿Qué hubiera significado recaudar un impuesto sobre esas transacciones?

En el Reino de España, el 40% de lo recaudado por la Agencia Tributaria proviene del impuesto sobre le renta (IRPF), según cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). De esa recaudación, el 84% son impuestos por rentas del trabajo y solo 9% por las del capital. Ya va siendo hora de que el capital pague lo que le corresponde. Y un ITF en condiciones puede ser camino para cierta justicia fiscal.

Cuando hace 16 años ATTAC reivindicó en solitario un Impuesto sobre Transacciones Financieras, la Tasa Tobin sobre operaciones con divisas, los tomaron poco menos que por dementes. Hoy el 61% de la ciudadanía europea considera necesarios y posibles esos impuestos. Una fiscalidad justa y progresiva sobre el capital y sus incesantes transacciones financieras no es una utopía inalcanzable. Se puede conseguir y lo hemos de conseguir.

Xavier Caño Tamayo es periodista y escritor.

Artículo publicado en Argenpress
xacata.wordpress.com

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Españoles, Franco ha vuelto

Di, 15/04/2014 - 13:00

Javier Arteta – FronteraD

Recupero lo que escribí hace años en un diario: “Cuanto más se entierra a Marx y al socialismo, más descubre la derecha el viejo encanto de la lucha de clases. Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, declaraba ayer en ABC que el nuevo Gobierno de España (se supone que del PP) deberá “tener mano dura para aplicar una reforma radical de las pensiones y desregular el mercado de trabajo”. Aboga también por bajar los impuestos y recortar los gastos sociales. Y todo esto aderezado con una gotas de cinismo cuando explica, esta vez en El País: “Hay mucha gente joven en paro, sí, pero, bueno, la gente joven no vota mucho…, así que no importa”. Todo un curso de filosofía política abreviada para tiempo de crisis.

Y ahora estamos notando sus efectos. La anotación es del 3 de octubre de 1995. Son declaraciones, pues, de hace más dieciocho años y sorprenden por su rigurosa actualidad. Porque aquello que se preconizaba es justamente lo que ahora se ha puesto en marcha: recortes de gastos sociales, reforma radical de las pensiones, desregulación del mercado de trabajo, privatización de los servicios públicos… y todo lo que día a día nos irá llegando con absoluta inflexibilidad y con la mano dura aplicada por quienes dictan las normas, que no son los parlamentos ni los Gobiernos, sino eso que genéricamente denominamoslos mercados.

Con la distancia de los años, las declaraciones de Gary Becker ayudan a entender con la perspectiva adecuada la dinámica que nos ha conducido a la presente situación. Porque nos hacen ver hasta qué punto, y con qué paciencia estratégica, las clases dominantes, encabezadas por el capitalismo financiero, tenían claro el proyecto de demolición del Estado de bienestar que se proponían perpetrar; y hasta qué punto, igualmente, les sobraba el control democrático para llevar adelante esos planes. Planes que incluían una voladura controlada de los poderes representativos, vaciándolos progresivamente de todos sus contenidos, potencialidades y margen de actuación, al servicio de los intereses generales.

Y, a este respecto, quizás no sea ocioso recordar que las declaraciones del Premio Nobel de Economía coincidían en el tiempo con la aparición de un fenómeno hasta entonces inédito en el escenario europeo: la irrupción de Berlusconi, en lo que fue el primer asalto directo del mundo de los negocios al poder político. Algo que tenía su lógica. Si las instituciones públicas se iban poco a poco convirtiendo en una terminal de los grupos empresariales, ¿qué de extraño podía tener que fueran los propios empresarios quienes defendieran directamente al frente de las instituciones sus propios intereses?

Unos intereses que eran, además, según se nos hacía creer, los de las economías nacionales. Porque, a esas alturas de la película, las clases dominantes hacía tiempo que tenían tomadas las medidas a una socialdemocracia débil y a la defensiva y con unas banderas ideológicas cada vez más desteñidas. Porque hay que recordar también que estamos hablando de la época en que el ministro de Economía de un Gobierno de Felipe González, Pedro Solbes, definía con mucha crudeza cómo había que animar las inversiones que España necesitaba para salir adelante: “El 99 % de los habitantes de este país somos trabajadores, parados o pensionistas y sólo el 1 % son empresarios; desgraciadamente quien genera empleo son los empresarios y, si queremos solucionar el problema del paro hay que darles ventajas”. Una línea de pensamiento que, con los años, desembocaría en la idea de que bajar los impuestos es de izquierdas; y en abrazar el dogma del déficit cero, vía reforma de la Constitución impuesta, y sin consulta popular, por el Gobierno de Zapatero.

Y, sin abandonar aún la década de los noventa, dos líderes de la socialdemocracia europea entonces gobernante –Tony Blair y Gerard Schröder– hacían público el Manifiesto de la Tercera Vía, que insistía hasta el aburrimiento en las maravillas de la economía desregulada, la flexibilidad laboral, la disminución del gasto público y el adelgazamiento del Estado. Y establecía, igualmente, que la acción política no pasaba de ser un merocomplemento de la función de los mercados.

De aquellos polvos han venido estos lodos, que, en avalancha incontenible, están sepultando todos los mecanismos de protección social que los países más desarrollados habían ido levantando a lo largo de muchos años. Un sistema de bienestar que veníamos considerando, y con razón, elemento esencial de una democracia creíble; entre otras razones, porque diluía en la práctica esas distinciones entre democracia formal ydemocracia real que alimentaron la radicalidad de las confrontaciones de clases hasta mediados del pasado siglo.

Un Estado del bienestar que, al ligar el futuro de la democracia al de los derechos sociales de los ciudadanos, habíamos considerado irreversible y hasta cierto punto natural y ahora vemos que se nos está yendo por el sumidero de la crisis. Y asistimos al espectáculo protagonizado por quienes, amparados en la fortaleza del dinero, se sienten liberados del control o del contrapeso estatal, para proclamar a los cuatro vientos: El Estado somos nosotros.

Dicho de manera más simple: estamos asistiendo al triunfo del golpe de Estado internacional puesto en marcha por los poderes económicos del planeta. Al ordeno y mando de los mercados, que se está revelando bastante más inclemente que los autoritarismos y totalitarismos conocidos hasta la fecha; y que al acabar con derechos básicos reconocidos que ahora, según nos dicen, no pueden ser pagados, priva al Estado de cualquier tipo de legitimación social.

Máxime teniendo en cuenta que quienes han traído esta crisis –o, al menos, se están aprovechando de ella– han conseguido imponer sus reglas de juego y hacer creer a una amplia mayoría social que el ejercicio de la política es absolutamente prescindible y superfluo, cuando no intrínsecamente perverso. Sólo falta, para rematar la faena, que quienes más sufren los efectos de la crisis acaben convencidos de que su derecho al voto (el único del que, al menos de momento, no han sido privados) no sirve para nada. Que es, por cierto, lo que esperan, frotándose las manos, quienes, sin concurrir a unas elecciones, tratan de imponer sus intereses al conjunto de la población. Los poderes financieros y de las grandes empresas conseguirían, así, su mayor victoria, aprovechando el descontento de la gente de izquierda para aumentar el poder de la derecha, en España y en el resto de Europa.

Todo conspira para que la política deje de ser factor de transformación y de mejora de las condiciones de vida de las mayorías. Circunstancia esta que  abre de par en par las puertas al peligro, siempre al acecho, de los populismos y fascismos. Un peligro que asoma su dentadura en toda Europa. Y también en España, donde, no lo olvidemos, una sana reacción contra los partidos y los políticos estuvo en la base justificadora del movimiento salvador que, acaudillado por Franco, acabó por largo tiempo con las instituciones democráticas de la República española.

Mucho me temo que si Carlos Arias Navarro levantara la cabeza cambiaría su expresión apesadumbrada de la mañana del 20 de noviembre de 1975, para anunciarnos por televisión, y con sonrisa propia del 18 de julio: “Españoles, Franco ha vuelto”. Y no le faltaría razón, a juzgar por algunas cosas inquietantes que se están viendo. Porque no deja de suscitar algún escalofrío que, en un país tan marcado por el golpismo, las encuestas de opinión nos confirmen que militares y policías acaparan los primeros puestos de aprecio ciudadano, en detrimento de los políticos, considerados ya como un problema nacional a resolver. Y, si esto es así, no faltarán quienes acaben instalando entre la opinión pública española esta pregunta insidiosa: “Y los militares, ¿qué van a hacer para solucionar el desbarajuste causado por estos políticos ineptos que nos han llevado a la ruina?”.

¿Una pregunta de ciencia ficción? No lo creo, teniendo en cuenta que el discurso neofranquista avanza en nuestra sociedad de una manera alarmante. Ya no se hace distinción alguna entre las opciones de izquierda y derecha. Se habla simple y despectivamente de los políticos, perdiéndose todo sentido de matización y toda perspectiva sobre lo que unas u otras tendencias han representado en nuestro país en lo que respecta a la gestión de los intereses públicos. Nada de todo eso importa cuando se confunde la crítica necesaria (y merecida) a nuestros representantes con la descalificación global de trazo grueso. En buena parte por indignación auténtica con lo que está ocurriendo, pero también por la necesidad de tantos de buscar un chivo expiatorio que resulte útil para eludir temas espinosos, como la corrupción social, que algo tiene que ver con lo que hoy nos está ocurriendo. Salvo que alguien nos convenza de que esa mayoría absoluta que votó al PP no estaba enterada de sus clamorosos casos de corrupción; o que ya no recuerde nadie que, hace no tanto tiempo, comprar un piso no era simplemente satisfacer una necesidad vital, sino hacer una inversión.

Sean por las razones que sean, por indignación auténtica o por ganas de exculparse moralmente, lo cierto es que se observa una curiosa unanimidad en esta cacería contra los políticos, en la que participan sectores del más variado pelaje: quienes claman por el fin de las “intromisiones” del Estado y quienes más razones tienen para defenderlo; quienes se apropian de los poderes públicos como si se tratase de su finca particular y quienes, tras deslegitimarlos, reclaman su protagonismo para poner coto a los intereses privados; quienes han hecho todo lo posible por arruinar el sistema de bienestar y quienes lo están reivindicando por las calles; quienes son perfectamente conscientes de lo que están haciendo y quienes, sin saberlo, muchas veces les están siguiendo el juego como clase de tropa.

Y, lo que es peor, de esta cacería participan tanto el pueblo llano como los representantes más encumbrados del ámbito de la cultura. Que, por otra parte, nunca han hecho buenas migas con el mundo de la política. Hasta el punto de que, hoy en día, sigue conservando plena actualidad lo que Manuel Azaña afirmaba hace más de ochenta años: que a quien da el paso hacia la política los intelectuales “le borran de la lista de lo apreciable y le condenan a un averno de vulgaridad”.

En tal contexto, hemos pasado, sin transición, de rendir homenajes entusiastas a una transición considerada “modélica”, a abominar del sistema político que fue construyéndose a su sombra. Un sistema que ahora se ve corroído por la partitocracia y el bipartidismo (al parecer, fuente de todas las corrupciones), sin que nadie se moleste ya en recordar que nos ha sido útil hasta hace nada para recuperar libertades, modernizar el país y avanzar en transformaciones económicas y sociales a lo largo de más de treinta años.

Y, por supuesto, ha adquirido arraigo de dogma de fe la idea de que todos los políticos son iguales. Una simpleza que no resiste el contraste con la realidad. Y no hace falta remitirse a la prehistoria para comprobarlo. Es verdad que, en épocas duras como la que estamos viviendo, todos los gobiernos, de un signo o de otro, han defraudado a la gente. Pero hay otras verdades que no hay por qué perder de vista.

Quizá no está de más recordar que las libertades y derechos cívicos y sociales que ahora echamos de menos, porque los estamos perdiendo, no cayeron del cielo, sino que fueron consecuencia de opciones políticas tomadas fundamentalmente por gobiernos de izquierda, en el curso de toda nuestra aún breve historia democrática. A lo mejor conviene tener presente que derechos sociales que existían, e incluso se incrementaron, en la etapa del presidente Zapatero, están dejando de existir en la de Mariano Rajoy. A lo mejor conviene también recordar que mucho de lo que ahora se reivindica estaba ya garantizado por la universalización de la sanidad, la educación y las pensiones, que, junto con el sistema de protección a la dependencia (creado con el Gobierno socialista y malogrado con el del PP) han conformado un Estado de bienestar que ahora la derecha está desmantelando. Quizá necesitemos todos un poco de añoranza de los avances conseguidos cuando, mal que bien, funcionaba esa España constitucional considerada como un Estado social y democrático de derecho. Esa España constitucional que, con todas sus goteras y necesidades de reformas, habría que seguir defendiendo. Porque, para cargarse nuestro “viejo y anquilosado sistema político” ya se basta y se sobra la derecha que nos gobierna. Y sin necesidad de cambiar ninguna coma de la Constitución. Basta simplemente con dejarla inoperante e irla desnaturalizando por la vía de los hechos consumados, como desgraciadamente viene ocurriendo en los últimos tiempos.

Pocas coyunturas como la presente nos hacen ver tan claramente que la defensa de la igualdad, de los derechos sociales y de la democracia van, todas ellas, juntas en el mismo paquete; y que, por eso mismo, la reactivación de la izquierda va muy unida a la defensa de la autonomía de la política. ¿Y cómo la va a defender? Aquí va a estar la “prueba del nueve” de la consistencia y credibilidad del socialismo democrático en el futuro. ¿Pueden tener hoy los partidos socialdemócratas capacidad de preservar la autonomía de la política cuando gobiernan? ¿Puede tener capacidad real un Gobierno socialista de sacar adelante un programa de izquierdas, imponiéndose a la voracidad de las grandes empresas? ¿Tendría incluso un Gobierno socialista voluntad y fuerza real –la que le dan los votos– para enfrentarse en última instancia a las exigencias de los mercados si fuera necesario? Éstas son, a mi entender, las grandes cuestiones que un partido de izquierda debería despejar, si realmente quiere seguir siendo una referencia de avances efectivos hacia la igualdad social.

Ahora bien, ¿cómo se le pone el cascabel al gato, considerando la fuerza y la peligrosidad del felino? ¿Habrá que recordar que aún existe la lucha de clases, esa referencia tan aparentemente anacrónica, que parecía definitivamente enterrada en los libros de Historia? Quizá no esté de más recordar las advertencias de otro Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, alertándonos sobre su realidad, hasta el punto de considerar que la guerra de clases de los ricos contra los pobres es, en este momento, un elemento fundamental de la actual situación política en los Estados Unidos. Y si esto ocurre en el corazón del imperio, ¿qué no ocurrirá en las provincias? ¿Habría que empezar a prepararse desde la izquierda para afrontar esta guerra con la seriedad que merece?

Javier Arteta es periodista.

Artículo publicado en Iniciativa Debate
Fuente:  http://fronterad.com/?q=espanoles-franco-ha-vuelto
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La confusión va en aumento: ¿renta mínima, renta garantizada, renta básica?

Di, 15/04/2014 - 09:00

Daniel Raventós / Segi RaventósPúblico.es

Los datos sobre las cifras de paro y el aumento de la pobreza son un desgraciado esquema de una realidad social muy desfavorable para la mayoría social. Un reciente informe de Cáritas Europa expone unos datos explicativos: este informe sitúa al Reino de España como el segundo país de la UE con el mayor índice de pobreza infantil (superado sólo por Rumanía), con una tasa del 29,9% en el año 2013, casi nueve puntos por encima de la media de la UE; unos 11,7 millones de personas según el mismo informe están afectadas por diferentes procesos de exclusión social; el porcentaje de desempleo juvenil (entre 16 a 24 años) es superior a día de hoy al 55% y solamente es superado en la UE por Grecia; el aumento de los trabajadores pobres, es decir de aquellos asalariados aún con un trabajo y que no salen de la pobreza, es constante. Ni que decir tiene que de la mano de este incremento de la pobreza, la crisis y las políticas económicas procíclicas puestas en funcionamiento han aumentado las desigualdades.

Asimismo la progresiva desprotección social de millones de personas que inexorablemente quedan abandonadas por los poderes públicos en su existencia material ha contribuido a acelerar un debate sin aplazamientos sobre la renta básica. La necesidad de obtener unos ingresos mediante una renta ya sea mínima, ya sea básica o ya sea garantizada, según unos u otros, es cada día más acuciante (quizás esta necesidad motiva que se equipare erróneamente todo este tipo de rentas como iguales o equivalentes). A estas alturas pocos negarán la extrema urgencia de una protección social para la población en el Reino de España, ni postergar para “un futuro de pleno empleo” (sic) la solución a las condiciones de vida y existencia material de esos millones de personas.

En diciembre del 2013 se publicó un informe del Comité Económico y Social Europeo abogando por una renta mínima europea en el que podemos leer “… que en la difícil coyuntura actual, el establecimiento de una renta mínima europea contribuirá a la cohesión económica, social y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta”.

El pasado 22 de marzo, las marchas por la dignidad, una de las más grandes manifestaciones de los últimos tiempos en Madrid, incluía a la renta básica (RB) como una de sus reivindicaciones en su manifiesto.

El 26 de marzo se debatió en el pleno del Parlamento de Catalunya la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que demanda una Renta de 664 euros mensuales por 12 pagas como derecho subjetivo y no condicionado a la obligación de realizar actividades de inserción social o laboral y como derecho no sujeto a disponibilidad presupuestaria.

¿Qué hay de común en estas propuestas? ¿Son lo mismo todas? ¿Cuando se habla de Renta Básica estamos hablando siempre de la misma renta?

Las Rentas de pobreza extrema

En primer lugar las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) son para personas que viven en la extrema pobreza, actualmente en Catalunya la RMI la perciben unas 25.000, cantidad que representa un porcentaje insignificante respecto al número de personas consideradas pobres. En cada Comunidad Autónoma hay alguna RMI con diferentes denominaciones (en los estatutos de Extremadura y Andalucía desgraciadamente se denomina Renta Básica, en la Rioja, Ingreso Mínimo de Inserción, en el País Valenciano, Renta Garantizada de Ciudadanía, en Asturias, Salario Social, etc.) y exceptuando las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra los importes son muy bajos, de unos 425 euros mensuales, por tanto es una renta que no llega ni al umbral de la pobreza, lo que ha sido motivo de crítica por el mismo Consejo Económico y Social Europeo

Cada Comunidad Autónoma establece los requisitos para su ayuda. Por lo general suelen ser estos: 1) Estar empadronado con cierta antigüedad en un municipio de la Comunidad Autónoma, 2) Carecer de recursos económicos suficientes para las necesidades básicas de la vida, 3) Haber solicitado ya todas las ayudas, prestaciones y pensiones que pudieran corresponder y 4) Aceptar las medidas de inserción laboral, orientación y formación que proponga la Comunidad Autónoma, ya que además de una ayuda económica se ponen recursos para intentar que la persona se integre laboralmente.

La Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía entra en el Parlamento de Catalunya

La ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se presentó en el Parlamento de Cataluña y llegaba después de un duro trabajo de meses y con más de 120.000 firmas recogidas, lo que suponía más del doble de las 50.000 necesarias. La campaña de difusión fue notoria: mociones en ayuntamientos, manifestaciones, actos, marchas, etc. No hay que olvidar tampoco que el apoyo a esta ILP contaba, entre otros, con el respaldo de los sindicatos CCOO, UGT, IAC, así como de partidos como ERC, ICV, EUiA, PSC, CUP, pero también de docenas de asociaciones y movimientos sociales como Justícia i Pau, ATTAC… Tenía también el apoyo de la Red Renta Básica que desde el primer momento de la campaña, tal como los promotores de la ILP pidieron  explícitamente, y quedando claro para todas las partes que la RGC es una asignación condicionada y, por eso mismo, muy diferente a una Renta Básica universal e incondicional. Desde la Red Renta Básica se consideraba sin la menor duda que la RGC mejoraría la vida de docenas de miles de personas que viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, de ahí el apoyo a la ILP sin vacilaciones. Qué duda cabe que consideramos que la RB es una propuesta mejor en distintos sentidos y que salva los defectos que la RGC tiene, pero respecto a la situación actual la instauración de una RGC significaría una mejora en la existencia material de los más pobres.

Las intervenciones de los representantes de la Comisión promotora de la ILP en el Parlamento catalán apuntaron a las cada vez más extendidas capas de la población en situación de pobreza en la sociedad catalana y a la necesidad imperante de regular de una vez por todas el derecho a una Renta Garantizada de acuerdo con el artículo 24.3 del Estatuto de Catalunya que se aprobó en un referéndum el año 2006.

Se exigió que se legislase para el 25% de la población que está por debajo del índice de rentas de suficiencia que regula anualmente la Generalitat y que desde hace unos años está en 664 euros por persona. El mensaje por parte de los representantes de la comisión promotora de la ILP al final fue claro aunque trivial para toda persona que conozca la situación con mínima información: “O se legisla a favor de la cohesión social y la justicia o aumentará la pobreza”.

Posteriormente cada partido tomó la palabra y avanzó su posición. Pudo hacerse este debate por el hecho de que ningún partido hizo una enmienda a la totalidad del texto, lo cual es un éxito para los partidarios de la ILP pues es un hecho que no ha sucedido casi nunca. Las intervenciones que se detallan variaron entre la comprensión de la propuesta, la incompetencia técnica más palmaria y la posición de principios más clara.

Las intervenciones se sucedieron así: primero el representante de ERC Oriol Amorós que pidió “poner orden con las ayudas públicas de la Generalitat” y manifestó desconocer si la administración catalana gestiona 17 ó 50 de estas ayudas; también manifestó su compromiso con la tramitación de la propuesta y su participación en los inicios de la campaña, pero su intervención fue claramente vaga y timorata. Concretamente abundó sobre todo en querer ordenar el mapa de rentas, en vincular “prestaciones con contraprestaciones” y también defendió “la legitimidad de la contraprestación”.

Eva Granados, representante del PSC en este debate, defendió el derecho “a vivir por encima del umbral de la pobreza” y expuso la voluntad del PSC de “volver a la situación de la RMI de antes del verano del 2011” en que hay que recordar que sólo había unos 33.000 perceptores. Una pretensión neciamente reivindicativa de su gobierno de la Generalitat y, lo más palmariamente importante, muy alejada de las necesidades sociales actuales en Catalunya y de la respuesta que merece la situación.

El diputado del PP expuso que no se había hecho enmienda a la totalidad por “respeto a la sociedad civil” y tuvo la desfachatez de defender el liberalismo por “inspirar a los mejores sistemas sociales del mundo y no como el de Venezuela”, provocando abucheos entre el público invitado asistente que en su mayoría eran miembros de la comisión promotora y de las asociaciones y sindicatos que han participado en la campaña.

La diputada de IC-EUiA Laura Massana hizo elogios a la gran movilización que se ha generado durante estos meses de campaña y manifestó su voluntad de dar respuesta a los más de 800.000 parados de Catalunya. Reconoció un hecho evidente: “la gente no encuentra trabajo y por esto la RGC es una gran solución” y también criticó a la actual RMI “por ser claramente insuficiente.”

El diputado de Ciudadanos apuntó el artículo 24.3 del Estatuto de Catalunya y defendió que haya partidas presupuestarias abiertas y no cerradas para garantizar el derecho subjetivo a percibirla, pero dejó bien claro que hay que condicionar la RGC a la inserción laboral y que “recibirla mucho tiempo puede cronificar a la persona en la pobreza.”

El diputado David Fernández de la CUP sin duda fue el más aplaudido por los promotores de la ILP por su crítica sin fisuras al miserable sistema actual de rentas. Planteó que la RMI en el actual escenario de grave crisis “es pasado, es naftalina, es caridad”, “si cuando nació era insuficiente ahora es raquítica”. La disyuntiva que planteó a los parlamentarios fue “pagar la deuda a los bancos o rescatar a los ciudadanos.” Defendió que se pueda votar en referéndum con o sin el aval del Tribunal Constitucional, en alusión a la reciente sentencia de este desprestigiado tribunal contra la declaración por el derecho a decidir del Parlamento catalán. Recordó que el fraude fiscal en Catalunya es de más de 16.000 millones de euros y que “la igualdad es condición sine qua non de la libertad.”

Finalmente cerró la ronda de intervenciones la diputada de CiU que fue un buen ejemplo del discurso tradicional de la derecha sobre cuestiones similares: alusiones a la “responsabilidad” y a la “realidad”, otorgándose sin ningún rubor la “defensa del Estado del Bienestar”. Manifestó la inviabilidad de financiar los más de 2.000 millones de euros que supondría. Añadió que equivaldría casi duplicar el presupuesto del Departamento de Bienestar Social. Uno de los momentos que provocó más silbidos fue cuando expuso “que no todo es dinero y que es importante también sentirse útil” para justificar las posibles tareas de contraprestación por cobrar la posible RGC. Avanzó a los asistentes su clara voluntad de que la ILP reciba un buen correctivo por parte de su grupo parlamentario, como era fácil de prever.

En los próximos meses habrá comparecencias de las personas invitadas por la comisión promotora de la ILP o por los grupos parlamentarios. Si el Parlamento deforma sustancialmente la ILP, cosa muy probable, habrá que pensar en retirarla y seguir la lucha por otras vías tal como hizo en su día la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH).

La Renta Básica

No vamos a repetir aquí lo que en diferentes artículos (por ejemplo, véase aquí, aquí y aquí) hemos expuesto sobre las grandes diferencias existentes entre una RGC y una RB. Únicamente puede ser útil destacar que, dejando ahora al margen las dificultades derivadas de la condicionalidad de la RGC, una diferencia especialmente relevante social y políticamente es que mientras la RGC persigue la mitigación de la pobreza, objetivo que comparte con la RB, esta última propuesta tiene como uno de sus objetivos garantizar la existencia material de toda la población, condición para que la libertad sea posible para todos y no sólo para una minoría especialmente privilegiada. El gran incremento del poder de negociación de los trabajadores que una RB posibilitaría sería un ejemplo de esta libertad para una importantísima parte de la clase trabajadora. En los próximos meses todo este debate sobre la RGC o sobre las otras rentas condicionadas puestas en marcha o a punto de hacerlo como en Andalucía, volverá a ligarse con la RB, como así se está poniendo de manifiesto en muchos actos organizados por distintos motivos, pero que tienen en común el interés por la RB.  Quizás ha llegado uno de aquellos momentos en que una parte significativa de la población considere que vale la pena tratar las consecuencias de las políticas económicas puestas en funcionamiento especialmente a partir del inicio de la crisis exigiendo medidas que garanticen, previo a cualquier otro objetivo, y de una vez por todas el derecho a la existencia de toda la población.

Ya hace exactamente 10 años, en un artículo en Le Monde Diplomatique en que uno de nosotros firmaba juntamente con Antoni Domènech, podía leerse:

“Pero la lucha por una Renta Básica de Ciudadanía, como otras iniciativas ‘ofensivistas’ que no están dispuestas a cambiar libertad en la vida cotidiana por bienestar material y seguridad en el puesto de trabajo, no sólo puede atraerse a una amplia y nueva base social de excluidos, de precarios, de antiguos y nuevos desposeídos, de jóvenes y mujeres tan azacaneados por la feroz dinámica de la actual vida económica y social como deseosos de combinar mínima seguridad material y cumplida autonomía en su existencia social (el cóctel que ofrece, precisamente, la Renta Básica, sobre todo si es un poco generosa). No sólo puede contribuir –ya sea modestamente— a mitigar la segmentación de las poblaciones trabajadoras. Sino que, al mismo tiempo, la lucha por una Renta Básica es perfectamente compatible con la necesaria lucha presente por la defensa de la médula de los indiscutibles logros morales y materiales (universalidad e incondicionalidad de las prestaciones sanitarias y educativas públicas, etc.) que el advenimiento del “Estado social” trajo consigo para el conjunto de las clases populares. Con lo que puede ayudar a conservar, y aun a reestimular, para un proyecto de izquierda renovado a la parte más sana y lúcida de la población trabajadora de tipo fordista y de sus debilitadas organizaciones sindicales. Tal vez la Renta Básica no ofrezca mucho más que eso (no es, desde luego, una panacea para transformar radicalmente el modo de producir y de consumir planetario), ni sus proponentes de izquierda lo pretenden. Pero en las presentes circunstancias eso ya es mucho. Y en cualquier caso, es suficientemente valioso por sí mismo.”

Una decena de años después, con la mayoría de la población no estrictamente rica viviendo con sus bases de existencia material mucho más deterioradas y atacadas que cuando fueron escritas, estas palabras cobran si cabe mayor urgencia.

Daniel Raventós es miembro del Consejo Científico de ATTAC España, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y presidente de la Red Renta BásicaSergi Raventós forma parte de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía como representante de la Red Renta Básica.

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Un cambio a peor

Di, 15/04/2014 - 07:00

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Cada vez más personas trabajan menos horas de las que desean y con menos salario

La secretaria de Estado de Empleo afirmó hace unos días, cuando presentó los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo, que “el cambio de tendencia en el empleo está consolidado” y el ministro de Economía lo ratificó calificándolo como “importante”.

Ambos llevan razón al señalar que hay cambios en el mercado de trabajo, pero dan gato por liebre al identificarlos con una recuperación positiva y firme del empleo. Los datos del Servicio Público de Empleo que acaban de presentarse no permiten saber qué está sucediendo realmente con la ocupación y el paro.

El aumento de afiliaciones a la Seguridad Social puede darse, por ejemplo, si se despide a una persona empleada a tiempo completo que gane 1.200 euros para contratar a otras tres que realicen el mismo trabajo por 300 euros cada una. Esta es precisamente la estrategia que buscaba y favorece la última reforma laboral y sabemos que se está aplicando en miles de empresas a tenor de los menores ingresos de la Seguridad Social y de cómo están evolucionando la contratación y la relación entre los contratos indefinidos y los temporales y los de a tiempo parcial. Estos últimos eran el 23% del total en 2006 y ahora el 35%, y la duración media de los contratos ha bajado 25 días en el mismo periodo. Por tanto, de los datos de marzo sería más realista deducir (aunque ni el Gobierno ni nadie lo puede saber con certeza hasta que no se publiquen las estadísticas correspondientes) que puede ser que en España estén aumentando las personas afiliadas a la Seguridad Social pero trabajando menos horas en conjunto y con salarios bastante más bajos.

Para poder afirmar que ha cambiado la tendencia, como dice el Gobierno, y que ya se crea empleo neto, es preciso conocer la equivalencia de los contratos con puestos de trabajo a tiempo completo, y, de momento, solo sabemos que en 2013 se destruyeron 265.000.

Ni siquiera está claro que las cifras totales marquen ya un claro cambio de tendencia pues, si bien en marzo hubo 83.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social, en el conjunto del primer trimestre de este año hay 110.000 menos que en el último del año pasado.

Y algo parecido ocurre con el paro registrado. Si su cifra baja porque miles de personas se van al extranjero, porque hay más desanimadas que ya no buscan empleo y porque se han ido miles de inmigrantes, de facto está aumentando.

El único cambio que de momento está claro en el mercado de trabajo es a peor: cada vez más personas trabajan menos horas de las que desean, con menos salario, en peores condiciones y sin beneficiarse de la cualificación que poseen.

Artículo publicado en “El País” – Andalucía

juantorreslópez.com

 

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El juicio de la Audiencia Nacional del 15M en Barcelona

Mo, 14/04/2014 - 18:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

El juicio contra algunos indignados, miembros del 15M, que se excedieron en su presión a los parlamentarios, dificultando su acceso al Parlament, es un acto desmesurado y profundamente represivo. Me estoy refiriendo al juicio llevado a cabo por el juez Fernando Grande-Marlaska, de nada menos que de la Audiencia Nacional, contra 20 miembros del movimiento 15M imputados por dificultar el acceso de los parlamentarios al edificio del Parlament, el día que se iban a aprobar los presupuestos de la Generalitat, los cuales iban a incluir gran número de medidas que perjudicarían, como han perjudicado, a las clases populares de Catalunya.

Aquel día, el movimiento 15M había convocado una serie de actos en el Parc de la Ciutadella, donde está el edificio del Parlament, para protestar por la aprobación del presupuesto que estaba programada que se realizaría aquella mañana. La gran mayoría de actos programados no fueron permitidos por los Mossos d’Esquadra, la policía dependiente de la Generalitat de Catalunya, siendo reprimidos por parte de este cuerpo policial. El objetivo de la manifestación de los indignados era protestar por el comportamiento de la mayor parte del Parlament, que iba a realizar un acto no solo impopular, sino de cuestionable legitimidad democrática, pues los recortes que se iban a realizar (y que los indignados querían denunciar) en el presupuesto que iba a aprobarse no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes en Catalunya.

Parte de esta protesta consistía en un acto de desobediencia civil, un acto pacífico, que fuera visible, tuviera impacto mediático y permitiera dar visibilidad a dicha acción. En contra de lo que algunos tertulianos y medios conservadores han acentuado, el derecho de desobediencia civil (un derecho y exigencia moral, más que un derecho legal) es parte de la tradición democrática. Si la persona negra, la Sra. Rosa Parks, no hubiera desobedecido la ley que la forzaba a sentarse en el asiento de atrás de un autobús y si Martin Luther King y el movimiento de liberación negro no hubieran seguido su ejemplo, con miles de campañas de desobediencia a leyes que consideraron injustas, EEUU no habría nunca tenido un presidente negro.

La justificada desobediencia civil
Las democracias se han enriquecido cuando algunos movimientos han cuestionado la moralidad de leyes que estaban en contradicción con el espíritu y cultura democráticos, que el establishment político y mediático de un país utilizaba retóricamente, a la vez que violentaba su espíritu. Y en muchos países, un acto de desobediencia civil ha sido dificultar y obstaculizar la práctica parlamentaria. En realidad, en las mismas fechas en las que se ejercía la presión sobre los parlamentarios en Catalunya, había manifestaciones casi a diario que impidieron al Parlamento del Estado de Wisconsin reunirse para aprobar el presupuesto (acto que se realizó incluso con la complicidad del Partido Demócrata, que estaba en la oposición). Ver qué ocurrió en Wisconsin y compararlo con la respuesta del establishment catalán aquí en Barcelona muestra lo enormemente desmesurado y exagerado de la respuesta de aquí.

La gran mayoría de los que estaban en la manifestación de Barcelona no agredieron a los parlamentarios y no realizaron ningún acto de violencia, como han reconocido bastantes parlamentarios. Aquellos pocos que lo hicieron, serán sancionados, lo cual es lógico, razonable y predecible. Pero hay que subrayar que incluso en los pocos casos que así ocurrió, las penas que se están proponiendo no tienen como objetivo intentar alcanzar la justicia, sino establecer un precedente, penalizando con hasta cinco años de prisión, para que ningún otro indignado participe jamás en ninguna protesta frente al poder político (pues de esto se trata en este juicio). Esto se hace con toda pompa y visibilidad mediática para que sirva de escarmiento y todo ello en manos de la máxima autoridad del país: la Audiencia Nacional. Es un juicio al movimiento 15M, sin más, para que escarmienten. Y esto no es ni lógico, ni racional, ni debería ser predecible, pues jamás este tipo de tribunales de la Audiencia Nacional debieran juzgar este tipo de hechos.

Una última observación. He escrito extensamente acerca de que los movimientos sociales contestatarios tienen que disciplinarse, expulsando a los individuos violentos que hacen un enorme daño al movimiento. La violencia es profundamente reaccionaria, pues siempre se utiliza para desacreditar a dichos movimientos, como ocurrió el 22M (y en muchas otras ocasiones antes). Los violentos hicieron un flaco favor al movimiento. Ahora bien, nada de esto ocurrió delante del Parlament (ninguna persona fue herida, como ocurrió el 22M). Que haya sanciones a las gamberradas que se hicieron (que fueron muy pocas) me parece bien. Pero las sanciones son totalmente desproporcionadas y desmesuradas, tal como ha indicado el parlamentario Ernest Maragall. Una pintada en una gabardina (como máxima expresión de violencia) no puede justificar las sanciones de varios años que se están considerando. En EEUU no hubo ninguna detención a los manifestantes enfrente del Parlamento de Wisconsin y las multas no pasaron de 50 dólares. Y esto a pesar de que el gobernador del estado era del Tea Party, la ultraderecha en Estados Unidos. ¿Va a ser la justicia española más dura e injusta que la que exigió el Tea Party en EEUU?

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Artículo publicado en Público.es
vnavarro.org

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“El Estado soy yo”

Mo, 14/04/2014 - 13:00

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

La frase se atribuye al rey francés Luis XIV. Dos “Luises” después se desataría revolución francesa, por cierto.  El joven rey, de 16 años entonces, la pronunció al parecer ante el parlamento el 13 de Abril de 1655 (Abril les sienta muy mal a los reyes franceses). Hacía pocos días que el Parlamento se le había rebelado en un lit de justice, una costumbre por la cual el monarca se llevaba hasta la cama con cojines a la sesión. “El Estado soy yo” (L’État, c’est moi) es el símbolo de la monarquía absoluta.

Pues bien, el PP también es el Estado, el Estado de Derecho por más señas. Lo repiten sus miembros, incluido el presidente, Mariano Rajoy, a menudo. Hoy ha sido su jefe policial, Ignacio Cosidó, quién, en la COPE y ONDA CERO, ha declarado que “se está produciendo una “escalada de violencia” que busca “desestabilizar el Estado de Derecho”, y ha anunciado –como si no lo viéramos- que la Policía tiene intención de hacer frente con “firmeza, con la ley en la mano y con el Estado de Derecho”. Más Estado de Derecho, para entendernos.

Un gobierno jamás es El Estado de Derecho, El Estado c’est moi, no puede decirlo un demócrata. La soberanía popular reside en el pueblo, según la Constitución, es decir, obvian hasta la Carta Magna. Y no se protesta contra el “Estado de Derecho” ni mucho menos –mejor nos gustaría que funcionara, con su separación de poderes y todo- se protesta contra el gobierno. Una entidad y un partido autoritario, con gravísimas y ostensibles sombras de corrupción y que ha desmantelado el Estado del Bienestar y privatizado cuanto le ha venido en gana. Como si todo fuera su cortijo. No olvidemos la gestión de Ana Botella que anda vendiendo de saldo, por tres veces menos de su valor, lo que le pasa por la cabeza, y tan demócrata ella  que pide sacar las manifestaciones fuera de las zonas turísticas y creo que hasta ha firmado un decreto en ese sentido que suena a anticonstitucional. ¡Qué más dará que vaya contra la Constitución! ¿No?

Un partido, además, que oferta el palo y la multa y jamás el diálogo.

Meten por los ojos a la gente, con la vergonzante complicidad de muchos grandes medios, que la violencia es lo que se ve en grupos minoritarios, y no el robo de cuanto era nuestro. El hambre y precariedad de muchas personas, la negación de su acceso a la educación a través de costosísimas tasas universitarias, por ejemplo. Eso es violencia. Causa víctimas, algunas mortales.

O atribuir a las Marchas por la Dignidad, como ha hecho la Delegación del Gobierno en Madrid que preside Cristina Cifuentes, estas faltas:

“Asalto a la sede del PP de Perales de Tajuña, intento de asalto al ayuntamiento de la misma localidad, intento de entrada en masa en una entidad bancaria, desobediencia a las indicaciones de la Guardia Civil, infracción de la normativa de seguridad vial por los coches participantes e incumplimiento de dos itinerarios. En total involucra a tres columnas de las marchas: la procedente del Mediterráneo, la de Andalucía, y la del noroeste”. En el texto de Olga Rodríguez los involucrados dicen que las acusaciones son radicalmente falsas y explican por qué.

El fascismo está llamando a la puerta de toda Europa y se verá en las próximas elecciones europeas. Aguantar los desmanes de la derecha neoliberal lleva a este camino y éste, el siguiente, a  terrenos muy temibles. Se quita con más democracia, y enseñando a esta gente que no la mamó, ni la quiere, que el Estado no es el Partido Popular. Y a la gente que cree que esto se pasará que abran un poquito los ojos de su cerebro que están siendo los culpables de cuanto nos ocurre.

El Periscopio

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Morosidad de la banca cae por decreto aunque escala al 13,78%

Mo, 14/04/2014 - 09:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

evolución-morosidad-enero-2014El cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito, ha hecho caer levemente la tasa de morosidad del 13,62 por ciento de diciembre de 2013 al 13,53% en enero de 2014. Este cambio implica un aumento del crédito por decreto, y al crecer el denominador más rápido que el numerador la tasa morosidad/crédito se ralentiza. Es lo que ha ocurrido en enero con los datos de crédito y morosidad entregados por el Banco de España.

tasa-morosidad-enero2014De acuerdo al BdE, la morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas escaló hasta el 13,78 por ciento en el mes de enero, estableciendo además un nuevo récord histórico desde que el Banco de España recopila esta información. La cifra total de créditos dudosos llega a 197.183 millones de euros y se mantiene en los niveles más elevados de las últimas décadas como muestra la gráfica.

volumen-credito-enero2014Esta leve caída en la tasa de morosidad la explica la elevación del crédito desde los 1,431 billones de euros de diciembre a los 1,457 billones de euros (26 mil millones de euros), al incorporar por primera vez el crédito concedido por las entidades a los EFC. El Banco de España ha informado que desde el 1 de enero de este año los EFC han pasado a formar parte del grupo de Instituciones Financieras Monetarias. Esta es la razón por la cual el volumen de crédito aumentó ligeramente en enero.

evolucion-credito-enero2014La mora registró descensos en diciembre de 2012 y febrero de 2013 por los efectos contables del traspaso de activos a la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) (ver gráficas), primero por parte de las nacionalizadas Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa, y después por las entidades del grupo que conforman Ceiss, BMN y Caja3. Una vez corregido este efecto, la mora retomó su senda alcista y encadenó once subidas consecutivas desde febrero de 2013. En los primeros meses del año pasado la mora se ralentizó, pero en junio se disparó hasta el 11,6 por ciento para llegar al 13 por ciento en octubre y sobrepasar ese umbral en noviembre y diciembre.

credito-y-morosidad-enero2014El dato rectificado de 13,78 por ciento en la tasa de morosidad, indica que se ha marcado una brecha de 4,63 puntos porcentuales respecto al máximo alcanzado durante la anterior crisis financiera, que data de 1994, cuando alcanzó su máximo de 9,15 por ciento. En los últimos 12 meses, la cifra de morosidad se ha elevado en 26.427 millones de euros, desde los 170.756 millones de euros registrados en enero de 2013.

Publicado en www.elblogsalmon.com

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Derechos sociales y procesos constituyentes

Mo, 14/04/2014 - 07:00

Gerado Pisarello – Consejo Científico de ATTAC España

Como toda Constitución, la de 1978 puede verse como una foto fija de la correlación de fuerzas que existía en la Transición. Eso explica que aparezca como un texto contradictorio. Que refleje, por un lado, la huella de la oposición anti-franquista, de las movilizaciones y huelgas de la época, y por otro, la resistencia, a veces feroz, de los sectores vinculados al Antiguo Régimen. Las Cortes de 1977-1978 fueron constituyentes gracias a la presión desde abajo, pero el resultado fue un texto controlado y vigilado desde arriba.

La Constitución, por ejemplo, incorporó un largo catálogo de derechos sociales. Consagró derechos laborales amplios, reconoció el derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación. Pero la mayoría fue a parar a un capítulo específico, separado del resto de derechos fundamentales, que debilitó su efectividad. Esa distinción –forzada básicamente por la UCD de Suárez- instaló entre jueces y abogados la idea de que la mayoría de los derechos sociales eran derechos de segunda, que no podían exigirse ante los tribunales.

Algo similar pasó con la filosofía económica que inspiraba la Constitución. El texto de 1978 no era la avanzada Constitución portuguesa de 1976. Pero estableció que el Estado tenía que ser un Estado social, que no se podían tolerar los ejercicios abusivos del derecho de propiedad, que los servicios esenciales podían reservarse al sector público y que todas las formas de riqueza debían estar subordinadas al interés general. Lo que la mano izquierda escribía con entusiasmo, sin embargo, la derecha lo matizaba. El artículo 38 dejó claro que el Estado podía ser todo lo social que quisiera pero que debía respetar “la libertad de empresa” en el marco de “una economía de mercado”. Al igual que pasó con los derechos sociales, muchos de los mandatos económicos más democratizadores fueron relegados a un Título aparte. Esto permitió que los sectores conservadores no se sintieran intimidados. El diputado de Alianza Popular, Licinio de la Fuente, de hecho, se dio el lujo de presentar una enmienda para pedir que los trabajadores pudieran acceder “a la propiedad de los medios de producción”.

Estas contradicciones hacían de la Constitución original un texto relativamente flexible. Un texto que había nacido con hipotecas importantes, pero que admitía lecturas progresistas. Algunas sentencias tempranas del Tribunal Constitucional hicieron pensar que los avances eran posibles. Pero la ilusión se fue desvaneciendo con el tiempo. La Constitución de 1978 fue aprobada poco antes de que Margaret Thatcher accediera al poder. Los nuevos vientos neoliberales condicionaron, pues, el despliegue de los derechos sociales. Gracias a la presión ciudadana, a huelgas generales como las de 1985 y 1988 o a las grandes movilizaciones estudiantiles de 1986-1987, se lograron avances en ámbitos como educación y salud y se frenaron algunas contrarreformas restrictivas. Muy pronto, no obstante, la presión privatizadora y precarizadora comenzó a producir sus efectos. El ingreso de España a las Comunidades Europeas fue visto por muchos como una salida de la larga noche del franquismo. Pero junto a los fondos de cohesión llegaron la desindustrialización, el acoso a la pequeña agricultura y la conversión de la libre circulación de capitales, servicios y mercancías en el auténtico derecho fundamental.

La ratificación del Tratado de Maastricht y el ingreso en el euro acabaron por producir el golpe de gracia. A pesar de los reclamos de algunos movimientos sociales, políticos y sindicales, no fue posible forzar una consulta como la que le había permitido a los daneses rechazar el corsé monetarista que se acabaría imponiendo (en Dinamarca, un país con altos estándares sociales, los críticos con el Tratado de Maastricht se impusieron por 50,7% a 49%3. Los noruegos, directamente, se negaron a incorporarse a la Unión).

Con el ingreso al euro, se impuso una obsesión. Había que reducir la inflación, el déficit y el endeudamiento público a cualquier precio. Esto generó una presión insoportable para bajar salarios y recortar el gasto social. Hacia inicios de siglo, las promesas sociales de la Constitución comenzaron a quedar en papel mojado. El retroceso solo pudo disimularse por el aumento exponencial del sobreendeudamiento privado. La población no tuvo derecho a la vivienda, pero obtuvo créditos que luego no podría pagar. La oligarquía financiera inmobiliaria, sus aliados en el aparato estatal y los grandes inversores extranjeros se convirtieron en los auténticos señores de la Constitución. La contrarreforma intempestiva del artículo 135 solo vino a corroborar la rendición incondicional al gobierno de los acreedores.

Ciertamente, todavía hoy quedan en el texto de 1978 elementos útiles para la defensa de la población vulnerable y de los movimientos sociales. El derecho a una vivienda digna, a la negociación colectiva o a la libertad expresión continúan siendo una herramienta para deslegitimar a unos poderes que son incapaces de cumplir su propia legalidad. Por eso siguen apareciendo en la Corrala La Utopía, de Sevilla, y en algunas manifestaciones de la PAH. Lo cierto, no obstante, es que la Constitución de la Transición ha agotado buena parte de sus potencialidades garantistas. Y las ha agotado por una razón sencilla: porque ha quedado subsumida en un Régimen bipartidista y monárquico que, en el marco de un capitalismo financiarizado, bloquea cualquier interpretación razonablemente democratizadora de la misma.

Algunos creen que eso se puede resolver con retoques menores. Con una reforma, que reconozca, por ejemplo, la fundamentalidad de algún derecho social aislado como el derecho a la salud. ¿Pero de qué serviría si la prioridad de pago de la deuda persiste? ¿Cómo garantizar los derechos sociales si la Troika o la OMC obligan a desactivarlos para favorecer a los inversores y a los bancos? ¿Qué cambios sociales profundos pueden hacerse mientras exista una Monarquía como la borbónica? Un proceso constituyente, ciertamente, no daría respuesta inmediata a todos estos problemas. Pero daría voz a la gente, contribuiría a la movilización de una sociedad herida por los recortes y contribuiría a situar en el debate público demandas inaplazables. Que todos los derechos sociales y ambientales se conviertan en fundamentales, que la privatización de bienes básicos como el agua quede prohibida, que se proscriba la estatización de la deuda de las entidades financieras, que reconozcan nuevas formas de producir, de consumir y de vivir, social y ambientalmente más justas. Esto no supondría romper con el mejor legado del constitucionalismo social y democrático del siglo veinte. De lo que se trataría es de recuperar su mejor herencia, de abandonar la peor y de ponerla a la altura de los tiempos.

Se dirá, con razón, que esto serviría de poco si al mismo tiempo no se rompe con el corsé austeritario y privatizador que impone la UE. Y es verdad. Pero mientras se exigen ciertas medidas de urgencia para paliar la emergencia social actual, habría que trabajar –con paciente impaciencia– para que nuevos marcos jurídicos y políticos puedan abrirse paso. No solo en el ámbito local, sino también a escala mediterránea, europea e internacional. Estos marcos, como en parte ocurrió en los inicios de la segunda posguerra mundial, podrían contribuir a remover el poder de los grandes especuladores y de las empresas transnacionales, a facilitar la eutanasia de los rentistas y a colocar en el centro la protección de los derechos sociales, laborales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Puede parecer prematuro o utópico. Pero más irrealista es que las cosas continúen por camino actual, o que puedan resolverse con retoques marginales. Salvo, claro, que se piense que el crecimiento de las desigualdades, de la violencia contra los más vulnerables y de la destrucción del planeta es un destino divino al que hay que resignarse para siempre.

Artículo publicado en eldiario.es

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Ser anticapitalista hoy: Una cuestión de sentido común

So, 13/04/2014 - 18:00

Mateo Aguado – Laboratorio de Socio-Ecosistemas- Universidad Autónoma de Madrid

Hace poco más de un año, tres reputados científicos de la NASA publicaron un impactante estudio en el que, basándose en complejos modelos matemáticos, pronosticaban el posible colapso de la civilización humana para dentro de pocas décadas. Las causas que se aludían como determinantes para llegar a tales conclusiones eran principalmente dos: la insostenible sobreexplotación humana de los recursos del planeta y la cada vez mayor desigualdad social existentes entre ricos y pobres. (1)

Más allá de analizar la gravedad de esta predicción, me gustaría hacer notar que los dos motivos que, según estos investigadores, podrían acabar provocando el derrumbe de nuestra civilización son precisamente dos de las más claras características que posee el sistema capitalista: una insensibilidad total hacia la sostenibilidad ecológica del planeta y una abrumadora despreocupación hacia la (des)igualdad y la (in)justicia social.

En consecuencia, y como se verá en mayor profundidad en las líneas que siguen, no resultaría demasiado descabellado afirmar que el capitalismo es, a día de hoy, una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la continuidad de la cultura humana en el planeta Tierra.

Evidencias de un sistema insensato
En las sociedades modernas de hoy en día nos hemos acostumbrado a asociar el poder adquisitivo con la capacidad de alcanzar una vida feliz. Es decir, se asume que, más que menos, nuestro nivel de renta determina la felicidad que podemos llegar a alcanzar en nuestra vida (o, como se suele decir, que el dinero da la felicidad).

Esta engañosa forma de concebir la vida (basada en los aspectos materiales y monetarios como medida a través de la cual lograr una vida buena) representa, probablemente, la mayor herramienta moral que posee el capitalismo en la actualidad. Sin embargo, y como veremos a continuación, esta concepción ofrece al menos dos evidencias que la hacen insostenible.

I) La evidencia social
Desde el punto de vista social, el capitalismo es insostenible en tanto en cuanto promociona una sociedad global de poseedores y desposeídos en la que el sobre-consumo innecesario de unos pocos se produce a costa de las carencias vitales de la mayoría. Y es que una de las características que ha demostrado tener el capitalismo moderno es la construcción de sociedades en las que tienden a crecer las desigualdades sociales (lo cual sucede tanto si pensamos a una escala planetaria, a nivel de países, como si lo hacemos dentro de un mismo país bajo el prisma, cada vez más simplificado, de clases).

Paralelamente a esta estratificación económica de la sociedad en dos claros grupos (unas élites muy ricas y unas masas pobres), el capitalismo no ha logrado tan siquiera cumplir su clásica promesa de traer la felicidad a un creciente número de personas. Son cuantiosos los estudios que en este sentido han cuestionado rotundamente el axioma tan fuertemente instaurado en el ADN capitalista, y en el imaginario colectivo, de que el dinero da la felicidad. Estos estudios vendrían a mostrarnos cómo la correlación entre los ingresos y la satisfacción con la vida sólo se mantiene en etapas tempranas, cuando el dinero es usado para cubrir las necesidades más básicas. A partir de este punto entraríamos en una situación de “comodidad” en donde más dinero ya no significa necesariamente más felicidad. Es más, una vez ha sido alcanzada esta situación, seguir buscando obstinadamente el crecimiento económico (en el plano macro) y el aumento de la renta y el consumo (en el plano micro) puede resultar incluso contraproducente, pues tiende a hacernos descuidar otros aspectos de nuestra vida (intangibles pero igualmente esenciales para la felicidad) como las relaciones sociales o el buen uso del tiempo. (2)

Así pues, parece claro que el capitalismo es un sistema que chirría tanto con la justicia social como con la felicidad humana. Como pusieron de manifiesto hace unos años Richard Wilkinson y Kate Pickett (en su magnífica obra Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva), estas dos cuestiones (justicia social y felicidad humana) son dos asuntos íntimamente relacionados. Parece ser que las desigualdades sociales tienden a hacernos más infelices: en aquellas sociedades en donde son mayores los niveles de desigualdad, mayores son también los niveles de infelicidad. (3)

De todo esto se puede extraer la acertada conclusión de que una sociedad preocupada por maximizar sus niveles de felicidad debería ser una sociedad centrada en rebajar al mínimo sus niveles de desigualdad (lo cual, dicho sea de paso, parece una tarea incompatible con las actuales políticas de desarrollo occidental). Por ello, como sostiene Jorge Riechmann en su libro ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, el capitalismo es “un enemigo declarado de la felicidad”. Y por esta misma razón “los partidarios de la felicidad humana no pueden ser sino anticapitalistas”.

II) La evidencia ecológica
Por otro lado, el axioma del crecimiento indefinido que el capitalismo defiende, a la vez que (como hemos visto) un sinsentido social, es una inviable biofísica. La constante demanda de materiales y energía que conlleva una economía como la que tenemos no puede mantenerse de forma indefinida en el tiempo sin acabar chocando con los límites biofísicos de nuestro planeta; un lugar éste, no lo olvidemos, finito y acotado. Este hecho, a pesar de ser firmemente ignorado por los economistas convencionales y por la inmensa mayoría de los políticos, constituye una realidad absolutamente incontestable, tal y como nos enseña la segunda ley de la termodinámica. Se podría afirmar, por lo tanto, que el capitalismo es, desde el punto de vista ecológico, biofísico y termodinámico (desde el punto de vista científico al fin y al cabo), un sistema imposible abocado al desastre.

Es por razones como ésta que en política y en economía, al igual que sucede con el resto de aspectos de la vida, se hace imprescindible poseer un mínimo de cultura científica para poder ejercer como ciudadanos responsables y comprometidos (o lo que es lo mismo a efectos termodinámicos, para acomodar nuestro comportamiento a los límites biofísicos del planeta).

Me resultan muy interesantes en este sentido las sabias palabras de Wolfgang Sachs, quien sostiene que, en el futuro, el planeta ya no se dividirá en ideologías de izquierdas o de derechas, sino entre aquellos que aceptan los límites ecológicos del planeta y aquellos que no. O dicho de otro modo, entre aquellos que entiendan y acepten las leyes de la termodinámica y aquellos que no. No se trata por lo tanto de arreglar o refundar el capitalismo (como algún político sostuvo hace no mucho) sino de entender que nuestro futuro como especie en este planeta será un futuro no-capitalista o, sencillamente, no será.

Hacer comprender al común de los mortales que la esfera económica no puede crecer por encima de la esfera ecológica (al menos no sin comportarse antes como un cáncer) es, por sencillo que pueda parecer de entender, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la ciencia y la educación del nuevo milenio.

Sin embargo, esta cuestión de las esferas concéntricas, cual muñecas rusas, y de los límites del planeta es (pese a los reiterados mensajes ilusorios en pro del gasterío insensato que el capitalismo se empeña en difundir) un asunto sencillo de concebir para todas las personas. Y aquí reside, precisamente, nuestra esperanza: la esperanza de un cambio social en aras de poder alcanzar otro mundo posible, más justo y sostenible.

Como argumentaba recientemente Juan Carlos Monedero, es mucho más factible hacerse anticapitalista a día de hoy desde posiciones ecologistas que desde posiciones marxistas. La inviabilidad de un sistema que aboga por el crecimiento constante en un mundo que es limitado es algo mucho más fácil de comprender para la gente normal que la tendencia descendente de la tasa de ganancia o el fetichismo de la mercancía de la que nos hablaba Marx.

Por lo tanto, y a modo de corolario, urge entender que ser anticapitalista a día de hoy no es ya una cuestión de ecologistas o de marxistas aislados, sino que es algo de sentido común; algo directamente relacionado con la lógica de supervivencia. Esperemos que este asunto sea entendido, más temprano que tarde, por la inmensa mayoría de individuos que pueblan la Tierra hasta convertirse en una evidencia popular. Nuestra continuidad sobre el planeta y nuestra felicidad de ello dependerán.

Notas:
1. Motesharrei, S., Rivas, J., & Kalnay, E. (2012). 27/093/A Minimal Model for Human and Nature Interaction.
2. Para profundizar algo más sobre este tema se recomienda leer este artículo.
3. La obra de Wilkinson y Pickett (2009) muestra minuciosamente como el incremento en las desigualdades tiene significativas repercusiones negativas sobre otros aspectos de la vida que afectan directamente al bienestar y a la felicidad. Tal sería el caso de la educación, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la incidencia de enfermedades mentales, el consumo de drogas, las tasas de obesidad y sobrepeso o el número de homicidios; variables todas ellas que presentan peores valores en aquellos lugares en donde mayor es la desigualdad.

Artículo publicado en www.vientosur.info

http://www.uam.es/gruposinv/socioeco/

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Crisis ecológica e indignación global

So, 13/04/2014 - 13:00

Esther Vivas – Consejo Científico de ATTAC España

La humanidad se encuentra frente a una crisis ecológica global que forma parte intrínseca de la crisis sistémica del capitalismo. En la crisis de nuestro presente se interrelaciona una crisis financiera y económica, energética y alimentaria, política y social (por el aumento de las desigualdades y el estallido de la crisis de los cuidados). Asistimos en realidad a una verdadera crisis de civilización. Una crisis que en su conjunto ha puesto encima de la mesa la incapacidad del sistema capitalista para satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de la población mundial y para atajar la crisis ecológica que él mismo ha creado y que amenaza la propia supervivencia de la especie y de la vida en el planeta.

La interrelación entre la crisis económica y la crisis ecológica global, cuya mayor expresión es el cambio climático, es de hecho una de las especificidades de la situación actual distinta a las precedentes como la crisis de 1929 y los años treinta. La magnitud del desafío ecológico no hace sino aumentar el potencial de inestabilidad global para el próximo periodo, que estará marcado por el agotamiento, a medio plazo, de un modelo energético basado en el petróleo y los combustibles fósiles, el aumento de las catástrofes naturales debido a las alteraciones climáticas, y los desequilibrios estructurales crecientes del sistema agroalimentario mundial.

Los fracasos de las cumbres del clima de Copenhague 2009, Cancún 2010, Durban 2011 y la reciente de Doha, que ha transcurrido en medio de la indiferencia generalizada, ponen de manifiesto cómo el sistema capitalista es incapaz de dar respuesta a una crisis que él mismo ha creado (Antentas y Vivas, 2009). Estas citas resultaron ser un fracaso sin paliativos y una oportunidad perdida donde ni siquiera la retórica hueca y la pompa de los jefes de Estado, que se fue apagando cumbre tras cumbre desde la grandilocuencia de Copenhague hasta la invisibilidad de Doha, pudo esconder la falta de medidas reales aprobadas. No hay voluntad política para dar respuesta a la crisis climática y ecológica a la que nos enfrentamos ya que una solución real requeriría el núcleo duro del actual modelo económico.

La ofensiva de la economía verde

La nueva ofensiva del capitalismo global por privatizar y mercantilizar masivamente los bienes comunes tiene en la economía verde su máximo exponente. Una economía verde que, contrariamente a lo que su nombre indica, no tiene nada de “alternativa” sino que busca aumentar las bases para explotar y hacer negocio con la naturaleza. En un contexto de crisis económica como el actual, una de las estrategias del capital para recuperar la tasa de ganancia consiste en privatizar los ecosistemas y convertir “lo vivo” en mercancía. Al mismo tiempo que en el marco de la crisis ecológica, climática y alimentaria, se presentan las nuevas tecnologías (nanotecnología, agrocombustibles, geoingeniería, transgénicos…) como instrumentos para frenar el calentamiento global y la hambruna, cuando en realidad su aplicación obedece a criterios mercantiles y empresariales.

Sus promotores son, precisamente, aquellos que nos han conducido al callejón sin salida en el que nos encontramos: grandes empresas transnacionales, con el apoyo activo de gobiernos e instituciones internacionales. Aquellas compañías que monopolizan el mercado de la energía (Exxon, BP, Chevron, Shell, Total), de la agroindustria (Unilever, Cargill, DuPont, Monsanto, Bunge, Procter&Gamble), de las farmacéuticas (Roche, Merck), de la química (Dow, DuPont, BASF) son las principales impulsoras de la economía verde, a la vez que se configuran nuevas fusiones y adquisiciones empresariales (Grupo ETC, 2011).

Asistimos a un nuevo ataque a los bienes comunes donde quienes salen perdiendo son las comunidades indígenas, campesinas, de pastores, pescadores… del Sur global, cuidadoras de dichos ecosistemas, quienes serán expropiadas y expulsadas de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales que buscan hacer negocio con los mismos. La economía verde privatiza la naturaleza convirtiendo el acceso a la tierra y a los alimentos en transacciones comerciales y a las políticas públicas, que deberían garantizar estos derechos, en competencia de mercado (Ribeiro, 2011).

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, donde se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que posteriormente desembocaría en el Protocolo de Kioto, las empresas transnacionales ya dieron muestras de un lavado de imagen verde para ocultar sus prácticas con un fuerte impacto medioambiental y esquivar responsabilidades. Lo “verde” no es nuevo, pero la economía verde va mucho más allá e implica la neocolonización de los ecosistemas y de la naturaleza y busca transformarlos en mercancías de compra y venta. Una ofensiva resultado de la competencia por controlar los recursos naturales y hacer negocio con “la vida”.

El 99% y nuestro planeta

El agravamiento de las consecuencias sociales de la crisis y la intensificación de las políticas de ajuste han provocado una reacción social de largo alcance. Con las revoluciones en el mundo árabe como aguijón emergió en 2011 un nuevo ciclo internacional de protesta que tiene su elemento motriz en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas que buscan transferir su coste a las capas populares. El leiv motiv de la “rebelión de los indignados” pone en el centro de la diana a quienes son identificados como responsables de la crisis y su gestión. En el caso español, tiene un doble eje constitutivo inseparable: la crítica a la clase política y a los poderes económicos y financieros. A los últimos se les señala como responsables de la crisis económica y a los primeros se les acusa, precisamente, por su servilismo y complicidad con el mundo de los negocios. En Estados Unidos, el movimiento Occupy, en cambio, pone más énfasis en la crítica al poder económico que a la clase política, llevando a cabo un ataque frontal a Wall Street y a la minoría privilegiada simbolizada por el 1%. De todos modos, detrás subyace el rechazo a los dos grandes partidos, a la política de Obama, y a las élites de Washington.

En Europa y Estados Unidos la resistencia indignada se centra en la movilización contra los recortes sociales, las privatizaciones, la banca y el pago de una deuda ilegítima, temas que fueron dominantes en los países de América Latina y en otros continentes del sur en las décadas anteriores. En definitiva la indignación colectiva se expresa como movilización contra los intentos del capital financiero de sacrificar al conjunto de la sociedad para salvarse a sí mismo y de reorganizar el conjunto de las relaciones sociales en beneficio propio.

En la agenda indignada, sin embargo, las cuestiones específicamente medioambientales y la crisis ecológica y climática han jugado un rol secundario, en un momento donde recortes, desmantelamiento de servicios públicos, desahucios, paro y ayudas a la banca dominan el panorama. En cambio, hoy la defensa de los bienes comunes, de los ecosistemas y de la biodiversidad son temas centrales en la agenda de los movimientos sociales en los países del Sur. Muchas de sus comunidades son las primeras en enfrentar las consecuencias del cambio climático (aumento del nivel del mar, sequías, etc.) y el impacto medioambiental de las falsas soluciones promovidas por el capitalismo verde (agrocombustibles, programa REDD, almacenamiento de CO2 bajo tierra).

Colocar la cuestión de la crisis ecológica y climática en tanto que aspecto central de la crisis sistémica contemporánea en la agenda de las luchas sociales indignadas es una cuestión pendiente y estratégica, para poder plantear un proyecto de ruptura consecuente con el actual modelo económico y social. La crisis actual plantea la necesidad urgente de cambiar el mundo de base y hacerlo desde una perspectiva anticapitalista y ecosocialista radical, en el sentido que le dan al término autores como Kovel y Löwy (2008). Indignados y occupiers en su lucha contra la tiranía de la minoría financiera global tienen el reto de enlazar las movilizaciones contra el ajuste estructural y las opuestas a la crisis climática en una perspectiva convergente e integradora entre lo “social” y lo “medioambiental” cuyo nexo debe ser el rechazo a la (in)civilización del capital y a la mercantilización generalizada del planeta y la sociedad. Se trata de poder avanzar así hacia, en palabras de John Bellamy Foster (2009), una imprescindible “revolución ecológica que necesariamente tiene que ser también una revolución social”.

Artículo publicado en Ecología Política
www.esthervivas.com

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Las cinco trampas de la ley del silencio que Gallardón quiere imponer al poder judicial

So, 13/04/2014 - 09:00

Julia Pérez - Público.es

A la cuarta, la vencida. Si hay algo que reforma el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, desde que llegó al poder en 2011 es una ley de largo nombre y muy poderosa: la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es la que regula cómo se administra justicia, cómo se gobierna el servicio público para lograr la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Ruiz-Gallardón ya lleva tres reformas parciales de esta ley por la vía de urgencia; es una vía que elude el correcto control legislativo. Primero reguló la formación y los aspectos “laborales” de los jueces; luego podó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus competencias. Recientemente ha limitado la jurisdicción universal -aquí a través de una iniciativa parlamentaria- y, ahora, toca el grueso de la LOPJ. El ministro llevaba meses intentando que el Consejo de Ministros la aprobara; el viernes 4 de abril, lo consiguió. Comienza el trámite parlamentario de este anteproyecto de ley y éstas son sus claves:

1. Ley del silencio

La reforma de Gallardón impone el silencio a los jueces y las asociaciones judiciales, que no podrán opinar sobre un caso de interés público que esté en trámite. Las asociaciones son un cauce para expresar el sentir de los jueces, que siempre han tenido la prohibición de opinar. Se les cierra también esta puerta. Las asociaciones sólo podrán hacer comentarios “de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados”. El catálogo sancionador es muy amplio.

Esta restricción de un derecho fundamental privaría a la sociedad del criterio de los jueces en asuntos relevantes, lo que dificulta una correcta formación de la opinión pública y se limita el acceso de los medios de comunicación a análisis jurídicos cualificados. Por su parte, el ministerio sostiene que ha estudiado la doctrina constitucional y considera que no coarta el derecho a la libertad de expresión de los magistrados.

La reforma busca silenciar al poder judicial, instituyendo una única voz (la del CGPJ). La limitación es sólo aplicable a jueces y asociaciones judiciales; otro poder público, responsable político o partido podrá opinar sobre casos que se investiguen y criticar actuaciones y resoluciones judiciales sin obstáculo alguno.

Gallardón limita la libertad de expresión de los jueces hasta tal punto que les prohibe realizar comentarios jurídicos o críticas a reformas legislativas de cualquier asunto. En concreto, no podran pronunciarse públicamente, “o mediante otro tipo de comportamientos”, sobre consideraciones jurídicas de cuestiones que sean competencia de otros poderes del Estado.

La reforma permite al CGPJ ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que dejen de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta “perturbada” su independencia judicial, según avanzó ayer Pedro Jiménez de la Cadena Ser. En caso de no ser atendido, se incurrirá en delito contra la Administración de Justicia tras la denuncia del juez afectado. Además, no especifica los criterios objetivos que usaría ese órgano político para ordenar el cese de una conducta, ni existe control judicial alguno de su decisión. Tampoco hay recurso en caso de que el órgano político deniegue el amparo.

2. El fin de los decanos y las juntas de jueces

Hoy sólo existe una figura de elección democrática por los jueces: los decanos del partido judicial. El resto de la jerarquía de la Justicia -153 cargos- es elegida por el Consejo General del Poder Judicial. El nuevo Consejo creado por Gallardón es de elección directa al completo por el Parlamento, a través de un reparto de cuotas entre los partidos, entre aquellos que se presentaron voluntariamente.

Los 42 decanos que hay en España tienen pocas competencias, pero mucha autoritas entre los suyos. De sus reuniones anuales se extraen conclusiones que suponen un aldabonazo para la carrera judicial. Con el fin de esta figura desaparecen las juntas de jueces. Son reuniones de los jueces que convocan los decanos, para adoptar acuerdos en materia de gobierno o respecto a aunar criterios interpretativos.

Decanos y juntas de jueces han sido claves en esta crisis, para aportar soluciones y acordar criterios ante vacíos legales, como la protección de los consumidores ante ejecuciones hipotecarias tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE o a partir de qué porcentaje se puede hablar de un interés abusivo en caso de incobro.

3. Estructura jerarquizada y restrictiva

El primer nivel de contacto de los ciudadanos con la justicia está la primera instancia y las Audiencias Provinciales.

La reforma hace desaparecer los juzgados de paz, las Audiencias Provinciales y crea los tribunales de instancia, para que los jueces trabajen de forma colegiada. Pero todo apunta a que el anteproyecto no garantiza la independencia judicial y el principio del juez natural (la garantía de que a uno le juzgará el juez que le toca por la ley, y no un juez o tribunal elegido ad hoc).

En lugar del decano, se crea la figura del presidente del tribunal de instancia. Es elegido directamente por el CGPJ, al estilo de un fiscal jefe.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, habla de estructura “militarizada” y denuncia que tras esta figura se edifica un sistema donde crecerán las influencias de los órganos vinculados al poder político.”El presidente de un tribunal de instancia puede decidir qué juez instruye un asunto o cuál no. En asuntos incómodos para el poder político, se elegirá a un juez en lugar de otro más incómodo”. Este modelo choca directamente con la garantía del juez natural, figura nacida para prevenir el autoritarismo. ¿Instruiría un juez como José Castro o una jueza como Mercedes Alaya asuntos del estilo de los casos Nóos o ERE?

4. Jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo y tijeretazo

La reforma crea jurisprudencia “vinculante”. Esto conlleva un riesgo: petrificar el sistema, ya que es impuesta desde arriba a los juzgados que están en contacto con el ciudadano, que son los que se adaptan más rápidamente a la cambiante realidad social.

No todo el mundo puede llegar al Supremo, la última instancia, entre otras causas porque no todo el mundo tiene la capacidad económica para pagar tasas ni para costear un abogado por un largo periodo de tiempo.

En cambio, el juzgado de primera instancia es el que está más cercano al ciudadano. La Justicia debe adaptar el derecho a esa realidad social, conforme establece el artículo 3 del Código Civil. Sin embargo, han causado cierto recelo en los poderes económicos las últimas experiencias registradas en los juzgados de primera instancia y en las Audiencias Provinciales, con la creación de jurisprudencia que afecta a intereses económicos concretos (cláusulas abusivas en contratos, productos financieros complejos…) de bancos y grandes compañías.

Una jurisprudencia, cuando es de verdad, es siempre vinculante. Pero en muchas ocasiones se toma como jurisprudencia criterios que el Tribunal Supremo aplica a un supuesto concreto y, además, hay contradicciones en las sentencias de una misma sala del Supremo.

La reforma crea la cuestión jurisprudencial previa, cuando los jueces entiendan que la jurisprudencia del Supremo produce situaciones de injusticia o contraria al Tribunal Constitucional. Con esta figura, se corre el riesgo de que los juzgados tarden aún más años en adaptarse a las realidades nuevas que están surgiendo.

Por si fuera poco, el magistrado de Mercantil Manuel Ruiz de Lara observa que la reforma no establece la salvedad de que los jueces dejen de aplicar normas españolas si colisionan con la jurisprudencia comunitaria (artículo 28.1). Eso significa que Gallardón mete el tijeretazo a una dinámica practicada últimamente por numerosos juzgados, que no aplican normativa nacional al colisionar con Directivas Comunitarias (en particular en materia de protección al consumidor, donde Ruiz de Lara planteó el año pasado siete de las 26 cuestiones prejudiciales interpuestas desde España ante el Tribunal de Justicia de la UE).

Audiencia Nacional más poderosa

La reforma amplía el papel de la Audiencia Nacional, tribunal excepcional que estaba llamado a desaparecer con el fin del terrorismo. En cambio, se amplían sus competencias y desaparece la figura del Juez Central de Instrucción, esos seis jueces estrella que durante años han llenado las portadas de los periódicos. Ahora se reemplazan por tres jueces que trabajarán coordinadamente para preservar su trabajo frente a “presiones externas” y agilizar las instrucciones.

La Audiencia Nacional tendrá un cajón de sastre, para llevar allí todos aquellos casos que no se enmarquen en un determinado orden jurisdiccional. Es la Sala de Asuntos Generales.

… Y, como colofón, los aforados

Se limita a los definidos por la Constitución y los Estatutos, pero se extiende a la reina, su consorte y a los príncipes de Asturias. Ninguno de ellos tiene definida una función constitucional -salvo la reina y el príncipe y sólo en caso de regencia-, pero serán aforados ante el Tribunal Supremo.

Lo sorprendente es que cuando un aforado abandone su cargo seguirá teniendo este privilegio. Si bien un aforamiento podría resultar lógico para evitar interferencias políticas cuando se ejerce una responsabilidad pública, deja de tener sentido cuando se cesa. Pero la reforma dice que será enjuiciado por el tribunal en el que estaba aforado… para evitar retraso.

 

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Susana Díaz debe eligir entre la Corrala Utopía, el banquero Botín y el apoyo de IU

So, 13/04/2014 - 07:00

Àngels Martínez Castells - Consejo Científico de ATTAC España

Las vecinas de la Corrala Utopía han puesto negro sobre blanco si se gobierna para las personas o para los grandes intereses financieros. Está en tela de juicio si vale la pena luchar por los derechos de la ciudadanía (entre ellos, el derecho a una vivienda, que esa Constitución tan sobada estos días, reconoce). Está en cuestión seguir hundiendo a los de siempre, y que los perdedores ni se atrevan a soñar con dejar de serlo. El miedo a la victoria de las vecinas de La Corrala Utopía significaría una vez más que SÍ SE PUEDE. Y a algunos eso les asusta demasiado porque significa que con pequeños (o grandes y significativos) triunfos, el ejemplo de dignidad puede extenderse y el miedo cambiar de bando.

Y quienes gobiernan la Junta de Andalucía deben tomar partido. No sé si “hasta mancharse” como decía el poeta, pero sí hasta que quede muy claro de parte de quién se está. Y aunque quieran envolverlo en procedimientos y jerga legal, muy mal lo tienen los enemigos de los Derechos Humanos que son, naturalmente, los defensores de Botín…

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, nos dicen los medios, emitirá hoy jueves un decreto por el puede retirar provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda al frente de la que se encuentra Elena Cortés, de Izquierda Unida, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta de Andalucía. Mientras escribo este post IU y PSOE de Andalucía van a reunirse para valorar la profundidad (y gravedad) del desacuerdo. Pero por lo que pueden leer, no sólo…

Esta decisión de Susana Díaz con la que se juega el apoyo de IU al PSOE andaluz se deriva de la entrega en la noche del pasado miércoles a diez familias desalojadas de la Corrala Utopía, que acampaban en la Plaza Nueva de Sevilla, de las llaves de pisos para ser realojadas. La responsable de Vivienda, Elena Cortés, contravino con ello al portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, que opinaba horas antes que el realojo planteado por la Consejería de Fomento y Vivienda para estas familias no es el “correcto”, una vez consultados los Servicios Jurídicos de la Junta. Según el portavoz, hay que poner el “cuentakilómetros a cero” para buscar la fórmula adecuada que dé una solución a esas personas, dentro del “estricto cumplimiento de la ley”. Propone por tanto que se abra una investigación para esclarecer si la adjudicación de viviendas a las familias se ajusta “a los principios de igualdad y legalidad”.

También se ampara en la Ley la Consejería de Fomento y Vivienda: Elena Cortés, comenzó el proceso de realojo de familias desalojadas de la Corrala Utopía en cumplimiento del auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que mandata a las administraciones a “proveer lo necesario” para atender “a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. Asimismo, la Consejería, que “asume el realojo de las familias en situación de exclusión social acreditada o con menores, tal y como exige el auto judicial, continuará en los próximos días el proceso, para el que proveerá los recursos públicos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda, la seguridad y la integridad física de estas personas”.

“¿Quieren romper el pacto?” Susana, piénsalo bien, tienes que elegir entre Botín e IU”.

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso por Málaga, Alberto Garzón, se ha preguntado en su cuenta de Twitter si el PSOE y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, “quieren romper el pacto” en el Gobierno andaluz “por la exitosa lucha antidesahucios de IU”, y otros dirigentes de IU como el coordinador provincial de Córdoba, Pedro García, han llegado a cuestionar la continuidad de IULV-CA en el Gobierno andaluz tras la decisión de Susana Díaz de retirar competencias a la Consejería de Fomento. “Si por hacer lo que decimos y pensamos hay que bajarse del carro, pues nada, hasta aquí hemos llegado, no hay mal que por bien no venga”, ha publicado el también responsable provincial de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba. En la misma línea se ha pronunciado también el histórico dirigente comunista Felipe Alcaraz, que ha defendido expresamente que “si Susana Díaz retira competencias en vivienda pública a IU como represalia por la Corrala Utopía corresponde ver si seguimos en el gobierno Susana, piénsalo bien, tienes que elegir entre Botín e IU”, ha añadido en otro ‘tuit’.

Punts de Vista

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El retorno de los combatientes

Sa, 12/04/2014 - 18:00

Alberto Piris – Comité de Apoyo de ATTAC España

Apenas llama ya la atención la noticia de que en alguna base militar (generalmente de EE.UU.) un veterano que luchó en Irak o en Afganistán ha sufrido un repentino acceso de enajenación mental y acto seguido ha desencadenado un mortal tiroteo que a menudo termina en suicidio. El último suceso de este tipo ocurrió el pasado 2 de abril en Fort Hood (Texas), una de las mayores bases del ejército estadounidense, y dejó cuatro muertos (incluido el causante) y casi una veintena de heridos.

Según informaba el diario regional The Dallas Morning News, el soldado estaba siendo tratado de estrés postraumático, aunque el diagnóstico no era definitivo. El general jefe de la base declaró que sufría problemas de depresión y había pedido ser tratado de cierto tipo de trauma cerebral. Sin previo aviso, abrió fuego indiscriminado en varios edificios de la base, que recorrió en un vehículo hasta que en un aparcamiento se le enfrentó una mujer policía militar; alzó las manos pero enseguida extrajo una pistola con la que se disparó en la cabeza.

Los incidentes causados por el retorno a la vida civil de los excombatientes, a causa de los problemas de su readaptación, no son una novedad (ya preocuparon a la ciencia médica al concluir la Primera Guerra Mundial) pero tras las guerras de Irak y Afganistán han cobrado especial relevancia en los medios de comunicación.

La cuestión se planteó también con crudeza concluida la guerra de Vietnam, pero ésta fue una guerra del todo impopular y los que en ella lucharon hubieron de sumar al estrés propio del combate la desalentadora percepción de que su sufrimiento no había sido valorado por los conciudadanos. Fue una guerra especialmente “sucia” y no era fácil analizarla como antecedente para lo que vendría después. Sin embargo, un crítico de cine escribía en 1985, con amargo humor, que “el personaje del excombatiente demente es algo tan típico y común que uno puede imaginarse a los hijos de los veteranos de Vietnam temblando entre las sábanas y preguntándose si su papi les deseará las buenas noches con un beso o con una sierra rotatoria”.

Después, en Irak y Afganistán ya no luchaba un ejército de reacios conscriptos sino las fuerzas profesionales del Estado, bien instruidas, dotadas y preparadas. A pesar de eso, en el primer decenio del presente siglo el índice de suicidios entre los veteranos alcanzó cifras alarmantes, así como las enfermedades mentales y los trastornos de depresión e inadaptación al regresar al hogar.

Los estudios realizados para ayudar a la reinserción de los soldados hacen hincapié en el sentimiento de culpabilidad tan común en los supervivientes, relacionado con la “solidaridad del grupo” inculcada en todo combatiente, sin la que las más cruentas acciones bélicas serían imposibles. Es esa disposición “a morir por otra persona, una forma de amor que ni las religiones son capaces de inspirar”, como escribe Sebastian Junger (Guerra, Crítica 2011) al describir el espíritu de compañerismo de todo guerrero. Culpabilidad no solo por seguir viviendo mientras el compañero moría ante sus ojos, sino también por recordar algo que hizo o que dejó de hacer en momentos críticos, y que ya no puede remediarse.

También influye negativamente el hecho de que el soldado que regresa percibe en ocasiones que tiene poco en común con las personas con las que vuelve a convivir, que en nada se parecen a sus antiguos compañeros con los que estuvo tan estrechamente unido. Esta sensación a veces degenera en hostilidad general hacia los demás, incapaces de entenderle y con los que no puede compartir sus recurrentes fantasmas. Como complicación adicional, es consciente de que durante su ausencia su familia, sus amistades, todo lo que era su mundo siguió activo sin su participación, lo que le inculca una sensación de superfluidad.

No es ajena a este problema la idea básica de que quien ha sido deliberadamente preparado para matar y ha conocido el poder absoluto que confiere un arma de fuego en sus manos corre el peligro de interiorizar esa sensación. Así aleccionaba Patton a sus soldados en Italia: “[Si un enemigo se presenta ante vosotros rindiéndose] tenéis que matarlo. Traspasadlo entre la 3ª y la 4ª costilla. Decídselo a vuestros hombres. Deben tener el instinto asesino. [El enemigo] nos reconocerá como matadores y los matadores son inmortales”. Desde 1943 hasta hoy las cosas han cambiado poco: “El que no puede matar fríamente a un prisionero, no tiene cabida en las fuerzas especiales”, se lee en un manual en vigor para las tropas de élite.

¿Es la familiaridad de los veteranos con las armas de fuego la que hace posibles incidentes como el antes mencionado? Haber matado “legalmente” en el campo de batalla ¿puede crear un peligroso hábito para la convivencia civilizada entre ciudadanos? ¿Es la ciega disciplina militar la que, al adiestrar al individuo para la guerra, lo convierte en un asesino potencial? Todo esto son cuestiones abiertas sobre las que psicólogos y militares trabajan sin encontrar una respuesta definitiva. Ésta, sin embargo, es de apabullante sencillez: “la guerra” es la única causa del problema. Mientras sea un instrumento aceptado al servicio de la política de los Estados o de los grupos que luchan por el poder, seguirá habiendo excombatientes traumatizados por la experiencia bélica, que en un momento de enajenación siembren en derredor la muerte y la desolación que conocieron en el campo de batalla.

Artículo publicado en República.com

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La renta básica estaría muy bien, pero la garantía de empleo estaría mejor

Sa, 12/04/2014 - 13:00

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Aunque hace mucho tiempo que se propuso la renta básica universal como medida para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, no ha sido hasta hace poco que ha cobrado importancia en los debates académicos e incluso en la agenda política y mediática. Esta propuesta consiste en que el Estado conceda a todo ciudadano, independientemente de su situación particular, un ingreso fijo que le permita cubrir sus necesidades vitales. De esta forma nadie se vería obligado a encontrar cualquier tipo de trabajo o ingreso para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad. No se trata de una medida ajena a nuestras sociedades desarrolladas; al fin y al cabo, derechos como la educación o sanidad públicas conforman una especie de renta básica universal, sólo que en vez de que el Estado ofrezca una renta monetaria sin contraprestación ofrece un servicio básico no monetario.

Tampoco se trata de una medida utópica ni disparatada: vivimos en economías que generan suficiente riqueza y renta como para que nos podamos permitir una renta básica universal. Así lo demuestran numerosos estudios científicos que prueban la viabilidad de esta política siempre que existan los mecanismos redistributivos adecuados, y así lo demuestran casos reales aunque muy limitados como el de Alaska, el de Irán, el de la ciudad de México, o el que se pretende aprobar en Suiza. La renta básica universal no es un problema de recursos; se puede aplicar si hay voluntad política.

Sin embargo, se trata de una propuesta que se puede mejorar en su concepción. Si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están trabajando y nuestro deber como sociedad es evitar que por culpa de ello pasen penurias, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. No tiene sentido que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos no están cubiertas. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los servicios de ocio y cultura, que se cuiden las infraestructuras, pavimento y fachadas de muchos barrios de nuestras ciudades, que se reforesten enormes extensiones de terreno, que se cuide la fauna y la flora de nuestro entorno, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, etc…

Por lo tanto, mucho mejor que otorgarle un ingreso fijo a todos los ciudadanos es otorgarle el derecho a trabajar si así lo desean (si no lo desean o no pueden, entonces que reciban una renta básica). El Estado podría financiar y planificar esta garantía empleo a través de programas concretos, aunque en última instancia podrían ser las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas o cualquier otro tipo de organización las que gestionaran las actividades en cuestión debido a que son las que tienen la experiencia sobre el terreno. La remuneración del trabajo debería ser fija por número de horas; por ejemplo, 10 euros la hora. De esta forma se establecería un ancla de precios para evitar tensiones inflacionistas. Al mismo tiempo, se lograría que ninguna persona trabajase en el sector privado por menos de 10 euros la hora, ya que de ser así siempre podrían abandonar su trabajo para formar parte del programa de garantía de empleo.

Los beneficios para la sociedad serían notables porque se cubrirían muchas más necesidades no cubiertas, pero al mismo tiempo los beneficios para las personas inscritas en la garantía de empleo también serían importantes, y no sólo de carácter económico. Estas personas pasarían de estar inactivas (sin hacer otra cosa que esperar sentados en el sofá a encontrar trabajo como ocurre en la actualidad) a formar parte de un grupo que realizaría una función social. Conocerían a más personas, se socializarían, aprenderían las habilidades y conocimientos intrínsecos a sus nuevas tareas (pudiendo luego crear su propio negocio al margen de la garantía de empleo si así se lo propusiesen), se enriquecerían con las opiniones y puntos de vista de sus compañeros, se divertirían, etc.

Además, el propio diseño de la garantía de empleo, al estar dirigida a aquellos sectores de la población que no tienen ingresos o que tienen muy pocos, minimiza notablemente el riesgo de inflación. Cuando se intenta hoy día inyectar dinero en la economía para aumentar los ingresos de la ciudadanía y por lo tanto la actividad económica, siempre se hace a través de programas de gasto público o reducción de impuestos que afectan a la mayor parte de la población y sin discriminar demasiado entre niveles de renta. Cuando esto ocurre, se está regando masivamente la economía con dinero y por eso las tensiones inflacionistas pueden aparecer con mayor probabilidad. Sin embargo, la aplicación de la garantía de empleo vendría a transferir dinero sólo a las capas más bajas de la población, de forma que al mismo tiempo que estas personas salen de la pobreza se estaría irrigando la economía mediante una especie de riego por goteo, disminuyendo el riesgo de inflación.

En resumen, las ventajas de una garantía de empleo son superiores a las de un programa de renta básica toda vez que minimiza los riesgos inherentes al aumento convencional del gasto público.

Artículo publicado en Andalucesdiario.es 
Saque de Esquina

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Los éxitos de Rajoy que maravillan al mundo

Sa, 12/04/2014 - 09:00

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

El presidente del gobierno español acaba de declarar que “fuera de España nos miran como ejemplo de cómo salir de la crisis”. Trata, una vez más, de convencer a los españoles de que su gestión económica está siendo un éxito y que nos lleva a superar los problemas económicos de los últimos años. No solo nos asegura que salimos de la crisis sino que además lo hacemos de modo ejemplar.

Ya he comentado en artículos anteriores que los datos no confirman esta idea tan optimista y que más bien se puede creer que se trata de una estratagema, inicialmente planteada por Botín y otros miembros de la gran patronal para tratar de evitar una derrota estrepitosa en las próximas elecciones europeas del Partido Popular, que tan magníficamente defiende sus intereses, y para generar también una oleada de buenas expectativas que pudiera impulsar cambios en la conducta de los sujetos económicos.

Debo decir que nada me gustaría más que poder afirmar que el cambio de tendencia es cierto y para bien pues, como todo el mundo, tengo cerca personas que lo pasan mal y que necesitan cuanto antes encontrar empleo y recibir ingresos suficientes. Lo que ocurre, sin embargo, es que los datos son obcecados y no hay posibilidad de pasar por alto lo que de verdad está suponieno la gestión del gobierno de Rajoy.

Daré a continuación una rápida visión de sus resultados en algunos aspectos que me parecen más relevantes para el buen funcionamiento de la economía y para el bienestar de las personas. Aunque sé que los datos son siempre aburridos he optado por presentarlos sin comentarios porque creo que hablan por sí solos de lo que está sucediendo con esta economía española que Rajoy dice que es un ejemplo para el resto del mundo.

Situación económica general

El PIB español en 2013 era 23.330 millones de euros más bajo que el de 2011 cuando Rajoy empezó a gobernar.

El consumo de los hogares en 2013 fue 23.430 millones de euros más bajo que en 2011.

La renta disponible bruta española de 2013 fue 773 millones más baja que la de 2011.

La deuda pública española a finales de 2013 fue 224.221millones de euros mayor que la de 2011.

El crédito a empresas de los bancos españoles en 2013 fue 230.229 millones de euros menos que en 2011 y el destinado a los hogares 110.753 millones de euros.

La tasa de morosidad de los bancos fue del 13,6% en 2013 (197.000 millones de euros en créditos irrecuperables) frente al 7,61% en 2011.

La contribución al crecimiento interanual de la demanda externa (exportaciones/importaciones) fue del 0,4 en el cuarto trimestre de 2013 frente a 2,8 en el cuarto trimestre de 2011.

El indicador de clima económico (media aritmética del nivel de la cartera de pedidos, expectativas de producción y nivel de existencias cambiado de signo) fue de 93,8 en 2013 frente a 102,2 en 2011.

El índice de cifra de negocios general de 2013 fue de 91 frente a 98,9 en 2011. El de comercio de 90,2 en 2013 frente a 98 en 2011. Y el de otros servicios de 92,2 en 2013 frente a 100,8 en 2011. Es decir, todos peores en 2013 que en 2011.

La inversión de las empresas se ha reducido algo más del 15% desde finales de 2011 cuando comenzó a gobernar Mariano Rajoy.

Ocupación y actividad

En el cuarto trimestre de 2013 había en España 1.022.300 personas ocupadas menos que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 355.900 mujeres ocupadas menos en España que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 210.800 jóvenes de entre 16 y 24 años ocupados menos que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 252.200 personas ocupadas en la industria menos que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 231.000 hombres activos menos que en el cuarto trimestre de 2011.

El volumen de población empleada em grandes empresas se ha reducido un 9% en 2013.

Tipo de ocupación

En el cuarto trimestre de 2013 había 1.329.900 personas ocupadas con jornada a tiempo completo menos que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 139.600 hombres y 141.000 mujeres ocupadas con contrato de jornada a tiempo parcial más que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 164.100 personas subempleadas (por su nivel de formación) más que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 el número de mujeres con título de doctoras que estaban subempleadas se había multiplicado por cuatro respecto al cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 155.400 personas con titulación superior o de doctorado subempleadas más que en el cuarto trimestre de 2011.

Al finalizar el cuarto trimestre de 2013 se habían hecho 859.800 horas extraordinarias no pagadas más que al acabar el cuarto trimestre de 2011. El número de horas extraordinarias pagadas bajó en 193.200.

Paro

La tasa de paro en 2013 fue del 26,4% frente al 21,6 en 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 622.700 personas paradas más que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había 880.800 personas que llevaban más de dos años buscando trabajo más que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 el 14,25% de los hogares tenían a todos sus activos en paro, mientras que en el cuarto trimestre de 2011 ese porcentaje era del 12,11%.

Salario y condiciones de vida

En los convenios celebrados en 2013 el aumento salarial pactado fue del 0,65%. En 2011 del 2,3%.

En 2013 el 38,7% de las familias españolas declaraba llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad frente al 29% en 2011.

En 2013 el 42,1% de los españoles declaraba no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 37,6% en 2011. Y el 10,9% que había tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en 2013 frente al 7,9% en 2011.

El 70% de los hombres y el 60% de las mujeres trabajan a tiempo parcial sin desearlo, porque no encuentran empleo a tiempo completo.

El coste salarial por hora del empleo a tiempo parcial es un 44% más barato que el del empleo a tiempo completo.

Afiliaciones a la Seguridad Social

En marzo de 2014 había en España 661.979 personas afiliadas a la Seguridad Social menos que en enero de 2012, cuando Rajoy empezó a gobernar. Y si se toma la cifra como media anual, 1.205.517.

En marzo de 2014 había en España 596.925 personas afiliadas a la S.S. como asalariadas menos que en enero de 2012.

En marzo de 2014 había 842.071 personas afiliadas como ocupadas a la S.S. menos que en diciembre de 2011.

La relación entre afiliados a la S.S. y pensionistas en marzo de 2014 (2,27) es peor que la de diciembre de 2011 (2,47).

Creación y destrucción de empresas

En marzo de 2014 las empresas resgistradas en el régimen general con trabajadores a fin de mes eran 21.705 menos que en enero de 2012, según los datos del Ministerio de Trabajo. Si se descuentan las que solo tienen un trabajador, 33.747 menos. Si se computa el total de empresas, según el INE, en el cuarto trimestre de 2013 había 113.733 empresas menos que en el cuarto trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre de 2013 había en España 373 empresas de más de 100 trabajadores menos que en el cuarto trimestre de 2011.

En el mes de febrero de 2011 el número de empresas creadas respecto al mes anterior (que es el indicador que recoge la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE) creció un 11,7% y el de empresas disueltas aumentó un 28,9%. En 2013 las creadas solo aumentaron un  0,2% y el de disueltas creció un 35,2%.

En 2013 se produjeron 9.708 procesos concursales de empresas frente a 6.486 en 2011.

La variación mensual del Índice General del Comercio Minorista entre los meses de diciembre y noviembre, eliminando tanto el efecto de calendario como la estacionalidad, fue 5,5 puntos más bajo en diciembre de 2013 (–3,5%) que en diciembre de 2011 (2%).

En resumen

Soy plenamente consciente de que se podrían traer con alfileres algunos otros indicadores y verle las tripas a algunas de las cifras que acabo de exponer para encontrar en ellos indicios de que se está cambiando la dinámica de nuestra economía. Es lo que nos vienen diciendo desde hace varios trimestres, o incluso años. Pero ni siquiera eso empañaría a mi juicio la conclusión más importante que se puede sacar de la realidad que acabo de esbozar: Rajoy no solo no ha mejorado la situación de la economía española sino que la ha empeorado y destrozado. Ye el daño que le ha producido es tan grande que resultará imposible aliviarlo limitándose solo a esperar que vaya cambiando la tendencia en la medida en que supuestamente lo está haciendo. Es necesario un cambio mucho más firme y acabar de una vez con las políticas que han arruinado a España y que siguen dispuestas a seguir haciéndolo solo para hacer aún más ricos a los mismos de siempre.

Artículo publicado en Público.es
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