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Justicia económica global
Aktualisiert: vor 40 Minuten 43 Sekunden

Ante la Cumbre de Brisbane: empresas transnacionales, argucias fiscales y responsabilidad social

So, 23/11/2014 - 13:00

José Ángel Moreno – Economistas Sin Fronteras

En el momento de publicarse estas líneas se celebra una nueva reunión del G20 en Brisbane, Australia, en la que, entre otros asuntos, los presidentes y primeros ministros del Grupo tratarán un tema crucial: la necesidad de limitar las estratagemas de minimización de pagos impositivos de las empresas transnacionales.

En buena medida, esta optimización fiscal se canaliza a través de prácticas ilegales (evasión fiscal), pero la reunión se centrará en las más sofisticadas prácticas legales: la elusión fiscal mediante las pudorosamente llamadas estrategias fiscales agresivas o de ingeniería fiscal: relocalización del beneficio en países de baja imposición a través de transferencias intraempresariales, ventas por internet que se facturan en países de baja o nula imposición, abusos en acuerdos de doble imposición (en los que los dividendos de filiales no tributan y se inflan, en detrimento de los beneficios de ubicaciones en países de mayor imposición), financiación de filiales con préstamos en lugar de capital (para aprovechar la deducción de gastos financieros), utilización de instrumentos financieros híbridos entre filiales (préstamos participativos que en un país se consideran gastos financieros deducibles y en otro capital) y un largo etcétera… aparte, por supuesto, del uso legal de paraísos fiscales al 1. Para más información, recomiendo encarecidamente el libro de Francisco de la Torre ¿Hacienda somos todos? (Debate, 2014).

Se trata de un tema viejo frente al que los gobiernos de los principales países del mundo -pese a la abundante palabrería al respecto- nunca han querido actuar con decisión. Ninguno quiere imponer exigencias fiscales mayores que otros países para no desincentivar la localización de transnacionales en su territorio. Ninguno quiere penalizar más que otros la competitividad de las empresas instaladas en su ámbito espacial.

Sin embargo, la crisis y sus persistentes efectos están obligando a muchos gobiernos y a los principales organismos internacionales a reconsiderar, al menos oficialmente, su actitud: los recursos públicos son cada vez más insuficientes y cada vez es mayor la desfachatez fiscal de muchas grandes empresas. La OCDE estima que el tipo efectivo del impuesto sobre beneficios de las grandes empresas de la zona es un ridículo 5%; en España, es aún menor: el 3,5%.

La situación ha llegado a tales niveles que la Unión Europea ha iniciado ya diversas medidas de coordinación entre los países miembros, básicamente, de información, contra el secreto bancario y para impedir abusos en acuerdos de doble imposición. El propio G20 encargó en 2012 a la OCDE la elaboración de un informe, cuya primera versión oficial se presentó en la Cumbre de San Petersburgo de febrero de 2013, un Plan de Acción para combatirla que ha recibido el título de Action Plan on Base Erotion and Profit Shifting (que puede traducirse por “Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”). Sus primeras medidas -anticipadas en la  reunión de ministros de Economía del G20 de Cairns (Australia) del pasado 20 de septiembre – son las que se discutirán previsiblemente en la Cumbre de Brisbane.

Sin duda, hay que saludar muy positivamente esta preocupación, aunque no quepa lugar para un excesivo optimismo: puede apostarse sin mucho riesgo a que las medidas prácticas que se acaben adoptando (si se adoptan) no reducirán de forma radical los privilegios fiscales de las grandes empresas. Para ello haría falta una voluntad política y una capacidad de acuerdo internacional que no parecen nada probables.

Estamos, no obstante, ante un problema de gravedad difícilmente exagerable: constituye una auténtica tragedia frente las necesidades que unos impuestos justos podrían remediar, al tiempo que una clara competencia desleal frente a las empresas que no pueden desarrollar prácticas semejantes. Lo que, a su vez, implica consecuencias desfavorables para todos en términos de precio y/o calidad de los productos y servicios afectados. Pero el tema constituye también una buena metáfora de la forma en la que las grandes empresas entienden su responsabilidad social y de sus cada vez más patentes limitaciones.

En efecto, incluso las empresas mejor valoradas en este aspecto consideran perfectamente coherente minimizar todo lo posible su pago de impuestos: una cosa, dicen, es la responsabilidad social empresarial (RSE) -que constituye un fenómeno voluntario- y otra es la responsabilidad legal, que toda empresa responsable, por descontado, debe respetar. Algo que en el ámbito tributario cumple toda empresa que no desarrolle comportamientos ilegales: la ingeniería fiscal no sería más que un intento de acatar eficientemente la ley, obteniendo el máximo beneficio posible de su cumplimiento.

Ciertamente,  las estrategias de elusión fiscal cumplen literalmente la ley, pero ¿son compatibles con la responsabilidad social? De un lado, es evidente el escaso compromiso con la sociedad que revelan: el insultante alcance de su autoproclamada responsabilidad. De otro, y aceptando lo que defiende la propia visión empresarial de la RSE, no está de más recordar que la empresa responsable no se limita a cumplir la ley, sino que trata de ir más allá, de aportar a sus grupos de interés y a la sociedad mayor valor aún que lo que la ley exige.

Los ejemplos son incontables: salarios, igualdad, conciliación, salud y seguridad en el trabajo, contaminación, calidad en el producto, respeto a los derechos humanos, transparencia informativa, acción social… En todos estos casos y en muchísimos más, las empresas presuntamente responsables alardean precisamente de superar voluntariamente los mínimos legales (aunque no siempre, desde luego, sea cierto).

¿Por qué en el ámbito impositivo esta superación de los mínimos (incluso la simple pretensión de que no se manipulen) se considera un planteamiento absurdo? ¿Por qué las grandes empresas prefieren seguir optimizando artificiosamente sus impuestos, mientras que en ocasiones dedican sumas importantes a causas más o menos filantrópicas (lo que se conoce como acción social: mecenazgo, patrocinios, donaciones, actividad de sus fundaciones…)?

La respuesta no es difícil. Por una parte, porque esa superación de los mínimos legales, cuando es significativa, responde inevitablemente a la exigencia social o de grupos de interés concretos. En segundo lugar, porque la empresa no puede decidir el destino de los impuestos que paga, mientras que sí puede hacerlo con su acción social, dirigiéndola hacia las actuaciones que considera más favorables. Finalmente, porque la filantropía cuesta siempre mucho menos que lo que costarían unos impuestos razonables, y además la empresa considera que consigue con ella un rendimiento en términos de imagen y reputación muy superior.

¿Por qué las empresas iban a actuar voluntariamente de otra forma? En eso consiste la RSE voluntaria: en actuar responsablemente sólo cuando la empresa aprecia en ello alguna utilidad diferencial. Por eso muchos pensamos que los aspectos verdaderamente básicos que afectan a la responsabilidad social de las empresas (entre los que figura, por supuesto, una carga impositiva justa) no pueden dejarse a su libre voluntad. Por su propia importancia para la sociedad (porque son una exigencia moral y de justicia), la ley tiene que exigirlos y penalizar su incumplimiento.

Pero al tiempo, no se olvide, la sociedad civil tiene que demandarlos con toda la fuerza de que sea capaz. Y también en el terreno fiscal tiene la presión social alguna posibilidad de conseguir mejoras, si es capaz de cuestionar significativamente la reputación de las empresas. El caso del Reino Unido y de la campaña www.ukuncut.org.uk es muy ilustrativo de esa potencialidad ciudadana de desacreditar las estrategias tributarias de las grandes empresas, con alguna pequeña victoria ejemplar en su haber, como la conseguida frente a Starbucks, que en 2012 decidió unilateralmente incrementar sustancialmente sus pagos impositivos, pese a que podía legalmente pagar menos (como lo había venido haciendo hasta ese momento), a la vista de las implicaciones que sus políticas de ingeniería fiscal la estaban generando en su imagen pública.

En definitiva, frente a toda irresponsabilidad social empresarial importante (como lo es  la fiscal), las únicas alternativas sensatas son ley y exigencia social. Una exigencia que en el campo impositivo debería convertirse en campo de batalla prioritario para  las organizaciones sociales preocupadas por la justicia, dada la abrumadora complejidad en este caso del camino legal, necesitado de una coordinación a nivel internacional que -como antes apuntaba- no parece realista esperar a corto plazo. Aunque ciertamente sería espléndido, pero no poco sorprendente, que  la Cumbre de Brisbane rectificara estas expectativas.

1 Una práctica absolutamente extendida entre las grandes empresas. Según recuerda cada año el Observatorio de la RSC, una inmensa mayoría de las empresas del IBEX 35 los utiliza: según su último informe sobre La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX35, el 94% tenía en 2012 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor
Publicado en eldiario.es

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¿Quién piensas que irá a recoger aceitunas si dais una renta básica?

So, 23/11/2014 - 09:00
Jorge Moruno Danzi – Público.es

Creo que el primer escollo de la renta básica es ante  todo, de tipo ideológico y no económico. ¿Es ético? La ideología moderna del trabajo pesa mucho en nuestros imaginarios, todavía más, cuando la sociedad pensada alrededor del trabajo (del empleo más bien), se desvanece en el aire. Ya lo dijo Hannah Arendt, nos enfrentamos  con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Paradójicamente, parte de quienes se reclaman del marxismo responden de manera conservadora a esta situación, cuando su alternativa es tratar de volver atrás en el tiempo, borrar las letras con el teclado y fosilizar la historia en el mismo punto que ayer desechaban. Son en cambio, los ideólogos de la servidumbre neoliberal quienes aplauden la abolición del trabajo asalariado, con la salvedad de que no piensan en un mundo libre de explotación, sino en otro donde todos seamos una fusión de trabajadores sin derechos y empresarios sin propiedad: Uber es la estrella a seguir, economía colaborativa lo llaman, el común privatizado.

Quizás hay que darle la vuelta al razonamiento de la pregunta sobre las aceitunas: ¿por qué alguien se ve obligado a tener que recoger aceitunas por un mísero salario? Porque no le queda otra y tiene que aceptar el chantaje de hacer o eso o nada, de lo contrario, ya vendrá otro. Existe bajo el embudo del empleo, un excedente de fuerza de trabajo sobre una limitada oferta, lo cual genera competencia para acceder a unos medios de vida cada vez más escasos y decadentes. Repartir miseria es lo único que le queda a un neoliberalismo que no puede ofrecer un volumen de empleo medianamente digno a la población, cuando al mismo tiempo, el empleo sigue siendo la única opción para poder vivir. Eso es la lógica del embudo y la zanahoria.  Lo mismo de las aceitunas, se puede decir para infinidad de trabajos y sueldos precarios. En España el salario ha pasado de representar un 54,5% del PIB en 2006, un 46% en 2011, y a mediados de 2013 un 44,7%. En la UE representaba el 70% en 1975 y un 58% en 2006. El porcentaje de trabajadores con un sueldo igual o inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado del 6% al 10,5% en el periodo 2004-2010. En 2012 ese porcentaje aumenta hasta el 12,25% de trabajadores. -Solo Rumania y Grecia superan a España en riesgo de pobreza de trabajadores. En realidad, ningún fetiche con la RB, con “repartir dinero”,  importa más la tendencia histórica de ir separando una vida segura del hecho de tener o no tener empleo, separar trabajo de empleo, separar en el siglo XXI, producción de riqueza de horas empleadas.

La RB como instrumento de erradicación de la pobreza, como un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar otros modos de vida, nuevas actividades y contribuye a eliminar los estigmas sociales. Si la RB desincentiva el trabajo precario y mal pagado, lo que hay que cambiar es la precariedad. La gente no tiene problemas en trabajar –poiesis-, pero si tiene una RB a lo mejor no tiene que aceptar cualquier condición laboral. En cualquier caso, hay que verlo como un horizonte, por etapas, no de la noche a la mañana, es necesario hacer un gran cambio en el sistema fiscal y desplegar un modelo económico realmente productivo.

Hay que trabajar esa ambivalencia de lo emprendedor, entre la ideología de la servidumbre que lo usa para dividir entre winners y losers, y la potencia de una nueva composición del trabajo fundada sobre la cooperación social. Hoy hay sobre todo, emprendeudores  y no proyectos individuales y colectivos emprendedores. La seguridad de no caer en el precipicio de la exclusión social fomenta la innovación y la creatividad, incluso la iniciativa por sacar adelante ideas ilusionantes. Una sociedad hundida en el miedo y la precariedad no emprende otra cosa más que el camino al subdesarrollo. Como nos recuerda el ya fallecido sociólogo André Gorz, de las miserias del presente saquemos la riqueza de lo posible.

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ATTAC Acordem – Davant la Llei de Seguretat Ciutadana: Un viratge antidemocràtic

So, 23/11/2014 - 07:02

Xerrada-debat amb Alicia García Ruiz, membre del Consell Científic d’ATTAC España. 26 de novembre de 2014, a les 19 h. al Pati Llimona. C. Regomir, 3. Barcelona. Organitza: ATTAC Acordem.

 

Xerrada_Seguretat ciutadana A5

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Marcha de los montes orientales

So, 23/11/2014 - 07:01

MARCHAS DE LA DIGNIDAD 22M

Cartel BuenoMarchamos contra el paro, por el empleo digno. El principal azote de las familias trabajadoras de Los Montes Orientales se vuelve a llamar hoy paro, nuestra comarca destaca tristemente dentro de una tierra, Andalucía, que arrastra generación tras generación el drama de la falta de trabajo.

Los Montes Orientales es una de las comarcas con más paro de Europa. El derecho al trabajo es condición de una vida digna para la clase trabajadora. Pero cuando el paro azota como lo hace aquí, la dignidad de trabajadores y trabajadoras está siendo pisoteada. La escasez de trabajo permite a patronos sin escrúpulos abusar de la mano de obra, imponiendo condiciones cada vez más miserables y haciendo de los convenios papel mojado.

Además,  muchas personas trabajadoras se ven forzadas a emigrar a destinos donde serán explotadas como mano de obra barata. Así lo hicieron nuestros abuelos y padres, y si no lo impedimos, ese será el futuro para las generaciones venideras  en nuestros pueblos. Queremos trabajo, y queremos trabajo digno. Los  montes orientales de Granada se han puesto en marcha y denunciamos la situación que vive Andalucía.

Un 37% de Desempleo con más de un 60% de desempleo juvenil.

Uno de cada cuatro niños andaluces viven por debajo del umbral de la pobreza.

80 familias solo por ser terratenientes cobran más de 100 millones de la PAC.

La corrupción y el saqueo del dinero público es una plaga en nuestra región.

Frente a todo esto la Junta de Andalucía, mantiene en el cajón del olvido desde los años ochenta una Ley de Reforma   Agraria que nunca ha aplicado heredo la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables que jamás expropio nada tiene un impuesto sobre Fincas Infrautilizadas que nunca ha cobrado.

Por todo esto desde las Marchas de la Dignidad de Granada EXIGIMOS:

Cartel dia 27Que se aplique la legislación que ya existe, avalada por el Tribunal Constitucional y de manera inmediata la Junta de Andalucía, ponga en marcha el proceso de reforma agraria que Andalucía necesita.

Que siendo la Junta de Andalucía desde los años ochenta incapaces de recaudar el Impuesto sobre Fincas Infrautilizadas cuando un grupo de terratenientes cobran millones de euros de PAC a cambio de nada y además se les premia con medallas y distinciones no se pueden exigir las 35 peonadas cuando no hay tajo en el campo.

La crisis del capitalismo y las medidas neoliberales de salida de esa crisis, están dejando en el Estado español y en Andalucía un panorama social caracterizado por el paro, la pobreza, la desigualdad, y la emigración, crecientes, que empuja a millones de trabajador@s y a sus hij@s a la exclusión social. Una situación de verdadera EMERGENCIA SOCIAL.

Frente a esto, los gobernantes no solo son incapaces de dar una respuesta adecuada sino que ocultan a los pueblos que el empleo asalariado, el único medio para obtener una renta que permita cubrir las necesidades vitales, no volverá para millones de trabajador@, sencillamente porque el sistema económico capitalista no lo necesita y ponen todo su empeño en precarizar la vida de la gente e instalarlas en el miedo y la angustia ante un futuro más que negro.

Por esta razón el Movimiento contra el Paro y la Precariedad ha tomado la iniciativa de presentar una Iniciativa Legislativa Popular para la implantación en el Estado español de una RENTA BASICA UNIVERSAL, INCONDICIONAL, INDIVIDUAL Y SUFICIENTE, que permita a tod@ cubrir dignamente las necesidades mínimas. Exige su implantación en dos fases. La primera, de inmediata aplicación, afectaría a todos los que no cobren nada o cobren alguna prestación por debajo de su importe (645,33 euros mensuales), y en la segunda fase, su implantación como Derecho universal.

Es una propuesta para hacer justicia, no caridad. Producimos riqueza entre tod@ como para establecer, mediante medidas como esta, un nuevo reparto de la renta que garantice una EXSISTENCIA DIGNA y la recuperación de la libertad REAL a tod@s independiente del llamado mercado laboral, hoy controlado totalmente por el capital. Y un instrumento útil para la lucha social necesaria para alcanzar una sociedad justa, equitativa y profundamente democrática.

El jueves 27 de Noviembre la marcha de los montes  saldrá desde Deifontes a las 10 horas y terminara en Piñar pasando por Iznalloz, es muy importante tu participación jornalero/a, porque marchamos por:

Marcha de los montes

 

Octavillas 1

Octavillas 2 RENTA BASICA COLOR

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Comunicado desahucios y sobreendeudamiento en España

So, 23/11/2014 - 07:00

Jueces para la Democracia

El próximo sábado se cumplen dos años desde la entrada en vigor del RD Ley 27/2012, de 15 de noviembre, sobre medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, cuya principal medida consistió en suspender dos años los procedimientos de ejecución hipotecaria que afectaban a las familias en riesgo de exclusión social y el mandato al Gobierno para que emprendiera de manera inmediata, junto con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Mediante la Ley 17/013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se mantuvo la suspensión de los lanzamientos que ya se contemplaba en el RD Ley de 2012, definiéndose los requisitos legales para considerar a una familia en situación de riesgo de exclusión social en base a parámetros  subjetivos, niveles de renta (tres veces el IPREM) y la carga que implicara el pago de la hipoteca.

Pese a ello, según los datos que ha ofrecido recientemente el Ministerio de Economía, sólo unas 20.000 familias españolas se han beneficiado de las medidas de protección frente al sobreendeudamiento, incluyendo suspensiones de lanzamientos, reestructuración de deuda y daciones en pago, frente a los 346.784 lanzamientos que, según el C.G.P.J, se produjeron en España desde enero de 2008 hasta junio de 2014.

En cuanto al Fondo Social de Vivienda, los 33 bancos que lo componen habían aportado, a mes de enero de 2013, 6.000 viviendas, de las cuales siguen vacías 4.600, cuando según las mismas fuentes del C.G.P.J, desde ese mismo mes hasta junio de 2014, han perdido su vivienda 104.430 familias.

Todos estos datos confirman que, pese a los anuncios del gobierno, sigue sin afrontarse una política global sobre la vivienda en España y la respuesta que debe darse a las familias que, por causa del desempleo y la precariedad, no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o se mantienen en sus viviendas a costa de  sacrificios extremos, cuando, por el contrario, muchas de las entidades que ofrecieron  los préstamos hipotecarios llevando a cabo agresivas prácticas bancarias despreciando el riesgo crediticio, han recibido ingentes cantidades de dinero público y sus consejos de administración ofrecen un lamentable espectáculo de falta de ética.

Por ello, desde Jueces para la Democracia reiteramos una vez más la exigencia de que se apruebe una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que permita a las familias una segunda oportunidad mediante la renegociación de sus deudas, imponiendo a las entidades bancarias, en su caso, medidas de reestructuración y/o dación en pago, así como la necesidad de que el gobierno impulse un Fondo Social que garantice efectivamente el derecho constitucional a una vivienda digna.

De otro modo, la prórroga de los lanzamientos, aunque pueda beneficiar temporalmente a muchos ciudadanos en riesgo de exclusión, no hará sino demorar la solución del problema y cronificar una situación de injusticia social, que genera una gran bolsa de pobreza, y de cuyas causas profundas no son responsables.

14 de noviembre de 2014

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

jpd@juecesdemocracia.es

http://www.juecesdemocracia.es

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‘Canarias Resiste’: 23 de noviembre, a las 18h., concentraciones contra las prospecciones

Sa, 22/11/2014 - 20:46

55Este domingo 23 de Noviembre a las 18:00hs haremos nuestra consulta sobre las prospecciones. Charco de San Ginés, Arrecife. Acude y expresa tu opinión. Tendremos una urna gigante para que puedas hacerlo.

EL MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA LAS PROSPECCIONES CONVOCA CONCENTRACIONES EN TODAS LAS ISLAS CON MOTIVO DEL 23N BAJO EL LEMA ‘CANARIAS RESISTE’

El Movimiento Ciudadano de Canarias contra las Prospecciones, del que forman parte diversos colectivos de todas las islas, no ha querido pasar por alto la fecha del 23 de noviembre, en la que estaba prevista la consulta a la ciudadanía del archipiélago sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias.

A través de este acto, los ciudadanos y colectivos queremos dejar claro que esta lucha no ha hecho más que comenzar, que el Canario es un pueblo que continuará, con apoyos crecientes por todo el mundo, plantando cara a un modelo, como el petrolero, que solo puede dejar destrucción en las islas, y que ha sido impuesto por un gobierno, el del Partido Popular, que pisotea y trata con enorme desprecio a la ciudadanía y el medio ambiente de Canarias.

Evento de Facebook: https://www.facebook.com/events/562601200506157/

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Un programa económico para Podemos

Sa, 22/11/2014 - 18:00

Antonio Mora Plazahttp://www.nuevatribuna.es

Es sin duda este partido político –o a punto de serlo legalmente– la gran esperanza de la regeneración democrática para España. Creo que lo es sociológicamente y eso es suficiente por más críticas que se hagan sobre el pasado de sus líderes. No merece la pena entrar en ello. Su eclosión en el panorama político representa las mismas esperanzas que representó el PSOE en la llamada Transición con la muerte del dictador. Se intentó entonces una transición en la que Alianza Popular representaría a la derecha de origen franquista, la UCD el centro político –pero sin base sociológica como se demostró al poco– y el PSOE como único partido de la izquierda. Luego la visión, inteligencia y audacia de Suárez, el presidente de entonces, le llevó a legalizar al PCE y las elecciones del 1982 cambiaron el panorama político. Ahora la situación presenta una cierta analogía, con el PP en un deriva a la derecha de origen franquista, Podemos como futuro partido central de izquierdas y el PSOE como partido de derechas moderno, esa derecha política que jamás ha tenido este país, una derecha democrática, sin apelaciones más o menos encubiertas a golpes de Estado o pronunciamientos que impidieron durante dos siglos que España tuviera una democracia que durara más de un decenio. El PSOE se resistirá a ello por aquello de la imagen y los votos, pero al menos en lo económico no hay ninguna diferencia entre PSOE y PP. Eso ya se ha demostrado con el presidente Zapatero y su mes negro de mayo del 2010; y Rajoy, que ha ahondado más en las criminales políticas de austeridad. Todo ha fracasado en España, Grecia, Portugal y allí donde se ha impuesto. Los supuestos económicos en que se basan estas políticas son un cadáver teórico a pesar de que se sigan enseñando en las facultades de Economía. Hasta el conservador The Economist las ponía en duda en julio del año 2009 –segundo año de crisis reconocida– en un artículo que aparecía en su portada titulado Where it went wrong, and how the crisis is changint it, con un dibujo en la portada en la aparecía un libro derritiéndose, libro titulado Modern Economic Theory. Pues ni el PSOE ni el PP se han enterado y con Rajoy como perrillo faldero de la Merkel.

En el momento actual los datos son escalofriantes: según la EPA para el segundo trimestre del año tenemos 5.622.900 parados, una tasa de paro del 24,47%, con 2.868.900 parados de más de un año y con 1.834.000 hogares con todos sus miembros en el paro. Los datos más actuales han mejorado algo el panorama, pero lo previsible es que vuelva la cosa a empeorar. En el debate de presupuestos el Sr. Montoro –una especie de vampiro miope con rasgos humanoides- se mostraba satisfecho porque la economía ya crecía unas décimas, como si eso fuera a solucionar el problema del paro y sus consecuencias. La herencia que va a recibir Podemos si tuviera que compartir tareas de gobierno o directamente gobernar va a ser terrible. Por ello se ha de afinar mucho en su abordaje. Presento las tareas económicas que, de forma jerarquizada, son en mi opinión las ineludibles a corto y medio plazo:

1) Las consecuencias del paro. Frente a la propaganda de la derecha y del PSOE de que el primer problema de este país es el paro hay que decir que no es cierto, que el primer problema son sus consecuencias. El paro es el segundo. Ya hemos dado los datos según EPA que es la más fiable de los registros porque el paro registrado es siempre menor. No menor importancia tiene el deterioro de la calidad del empleo, con un avance imparable del empleo temporal sobre el indefinido y un alto grado de indefensión por la reforma laboral del PP. Pero lo primero es abordar las consecuencias del paro. Para ello hay que dotar un fondo para dar vivienda y comida a quien no tenga un mínimo en este país. La tarea es difícil de evaluar porque las distintas Administraciones aportan algo, pero es siempre desigual e insuficiente. Podemos evaluó unas cifras en su momento totalmente descabelladas que luego han sido recogidas por la derecha y el PSOE para denigrarlos. Las cifras deben ser más mesuradas aunque nada despreciables. España sí está en condiciones que crear una renta básica determinada por la situación de parado, por una pensión insuficiente o por no tener ninguna fuente de renta. Es tarea difícil porque hay que luchar contra la picaresca, pero es inexcusable su abordaje. Veamos unos datos. Para dar una renta básica a 2.000.000 de ciudadanos a una media de 700 euros al mes en 12 pagas serían necesarios dotar al fondo de 16.800 millones de euros. Parece una cifra grande, pero es inferior a los 24.743 millones que de momento se han dado a Bankia y representa además sólo el 1,6% de déficit dado nuestro billón de euros de PIB. Se calcula que los niveles de fraude fiscal no deben estar por debajo de los 60.000 millones de euros siendo cautos. Pues bien, los 16.800 millones representan sólo el 28% de nuestro fraude fiscal estimado a la baja. Hay que decir que este fondo no sustituiría a las ayudas no contributivas y de rentas actuales, sino que sería complementarias de otras, pero sobre todo destinadas a los que no perciben ninguna renta.

2) La segunda tarea se deriva de lo anterior: combatir el fraude fiscal. Por supuesto que hay que abordar otras tareas encaminadas a modificar la estructura de los impuestos y un control mayor, por ejemplo, en el impuesto de sociedades y en el IVA, pero ello no debe distraer la atención sobre lo básico: lucha contra el fraude, modificación del código penal, más dotación a la Agencia Tributaria para dotarla de personal suficiente, porque estamos muy alejados de los parámetros de inspectores por sujeto pasivo físico o jurídico obligado con respecto a los países de la UE.

3) Eliminar la reforma del PP y aumentar el salario mínimo. La reforma ha deteriorado las condiciones de trabajo y rebajado los salarios. Indirectamente y paradójicamente ha favorecido la contratación temporal en detrimento de la indefinida. Pero lo más urgente es aumentar el ridículo salario mínimo actual de 645,30 euros en 14 pagas. Sólo en la UE lo tienen por debajo Grecia y Portugal. Además, un salario tan mínimo crea empresas-chiringuito por especuladores y echa del mercado a las personas con vocación empresarial y profesionalidad que apuestan por el largo plazo y por fidelizar a sus empleados con retribuciones dignas. Pero no sería suficiente con aumentar notablemente el salario mínimo. He defendido hace tiempo que debiera haber dos salarios mínimos: uno para los contratos indefinidos y otro para los temporales, siendo estos últimos más altos que los primeros. Con ello el empresario tendría dos alternativas reales: contratar con costes mensuales más bajos pero con costes de despido (indefinidos) o con costes mensuales más altos pero sin costes de despido (temporales). Sólo con leyes y decretos basados en la buena voluntad de los contratadores va a hacer cambiar la inercia del deterioro del trabajo, pero sí lo hará vía costes. Además ello puede ser gradual. Supongamos el salario mínimo de los indefinidos estuviera en los 900 euros y los temporales en lo 1100. Si viéramos que no se produce un cambio sustancial en la relación entre contratación indefinida y la temporal no habría más que aumentar la brecha del salario mínimo entre ambos, pero sin bajar el mínimo del indefinido.

4) Aumentar el presupuesto español aumentando los impuestos. Doy a continuación los presupuestos del 2015 con algo de elaboración por mi parte:

2014111017262058664

Estos 322.945 millones de euros representan apenas el 32% de nuestro PIB, cifra extraordinariamente alejada de la media europea y, sobre todo, de los grandes países de la Unión con los que nos debemos comparar. Debemos pasar a los 400.000 millones de euros de ingresos porque esa es la cifra de nuestras necesidades de lo público como país avanzado en lo económico y en las demandas sociales. O debiera serlo. Y ello es posible. Nuestro gap, nuestra diferencia es de 77.000 millones. Simplemente combatiendo el fraude fiscal y poco más estaríamos en la media, aunque aún sin llegar a Francia, Alemania o Italia, por no hablar de los países más avanzados que son los nórdicos y que su relación de ingresos con el PIB está en el 50% y a veces superándolo. En el presupuesto se ha deducido los 13.204,3 millones que aparecen como ingresos en la Seguridad Social porque son aportaciones del Estado y ya figuran en este apartado. También se han deducido las aportaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque es una reserva y no es disponible en principio para el gasto del 2015. No obstante, si se quieren tener en cuenta –según criterios– nuestro presupuesto consolidado entre Estado (con sus Organismos Autónomos, Agencias Estatales, etc.) y Seguridad social es de 331.391 millones, un 33% del PIB, a 7 puntos del deseable 40%, es decir, a 70.000 millones. Pagando los que tienen que pagar ¡incluso sin reforma fiscal!, el asunto quedaría arreglado.

5) Cambiar la política de austeridad por otra más expansiva. Con niveles de inflación casi negativas y con el paro actual es criminal la austeridad. Casi siempre lo es, pero 5 años de austeridad ha matado el crecimiento y la posible creación de empleo. Pero aumentar el empleo no va a ser fácil incluso con una economía vertebrada desde lo público a esa tarea. La construcción, el turismo y la industria de la cultura basada en el idioma español son los mejores candidatos a la creación de empleo porque son sectores donde la necesidad del aumento de la productividad para competir en el exterior no se va a comer la creación de empleo. Además, ni la construcción ni el turismo son exportables o lo son en menor medida que otros sectores, no se puede diferir la actividad al exterior (en el caso del turismo sí lo hacen los tours operator). Con una economía planificada sí podría vertebrarse toda la economía de tal forma que unas tablas input-output permanentemente actualizadas nos darían los niveles de inversión y sectores donde de forma directa más la indirecta se optimizara la creación de empleo. En una economía de sólo mercado esto no es factible. Y esa es la economía que se va a encontrar Podemos si llega a gobernar. Y eso sí que no lo va a poder cambiar. Al menos se necesita algo de política keynesiana, pero para ello es necesario cambiar los presupuestos ideológicos de la señora Merkel y del BCE. En realidad sólo hay que pedir una política económica de aumento moderado del gasto en términos de PIB como ha hecho Obama en USA. Curiosamente sólo China podría darnos a Europa una especie de Plan Marshall como nos dio USA –a España no por la dictadura franquista– al final de la II Guerra Mundial. La Unión Europea y sus políticos están cumpliendo las palabras de Churchill de que los políticos recorren todas las malas soluciones hasta llegar a la buena, aunque habría que añadir que no siempre llegan a ella. De momento aún no se ha llegado a eso. Al menos con Draghi parece que el BCE está cambiando. Primero fue aquello de que haría lo posible para evitar la especulación sobre las deudas, recientemente lo de la retribución negativa de los depósitos de los bancos privados en el BCE -¡ya era hora!- y, por último, la facilidad de crédito de 400.000 millones para los bancos si a su vez lo emplean en créditos a la empresas, aunque esto último se está quedando en nada. Todo muy insuficiente al menos para España. Podemos se tendrá que enfrentar a la Merkel y a sus votantes en Europa y apenas va contar con aliados porque Francia con el Valls está deshaciendo lo que hizo Hollande e Italia no cuenta políticamente.

6) Lo que sí ha de hacerse lo posible es porque el sector financiero (bancos y sobre todo cajas convertidas en bancos) devuelvan lo prestado. Las deudas son de 40.000 y, aunque se han beneficiado tres bancos/cajas y pocos más, ha de considerarse al sector como una sola empresa que debe esa cifra o la que se estime como el total de las ayudas. Dicho de otra forma, que estas ayudas se conviertan formalmente en préstamos del FROB al sector como sector con obligación del sector como tal de devolverlas. Por supuesto que hay que castigar a los bancos y sobre todos a los banqueros responsables, a unos más que a otros –palo y zanahoria–, pero que lo devuelvan con intereses, tarden lo que tarden. Pero el problema principal ahora no es ese, sino que los bancos siguen sin prestar dinero en la medida de las necesidades del país, especialmente a la pequeña y mediana empresa. Desde el 2008 y según FUNCAS, el crédito ha caído en 429.000 millones de euros. Es una cifra brutal. Los gobiernos de Zapatero y de Rajoy -inducidos por el BCE y el Banco de España- cometieron el terrible error de obligar a aumentar la solvencia de los bancos ¡en plena crisis!, cuando la necesidad de crédito era lo prioritario. Con ello han alargado la propia crisis –y con la austeridad presupuestaria– y la han convertido en crónica. Esta es una tarea ineludible a corto, cortísimo plazo. Es evidente que no se puede obligar a la banca a dar crédito si no valora suficientemente la solvencia del prestatario y sería contraproducente hacerlo, pero el Banco de España y el BCE tienen instrumentos suficientes para hacer que el único camino del negocio bancario sea el préstamo. La remuneración negativa del BCE a los depósitos de los bancos es una medida encaminada en esa dirección, solo que no es suficiente. Hay que retirar los decretos sobre la mayor exigencia de solvencia de la banca. A la postre y por desgracia lo que da garantía de solvencia al sistema bancario en su conjunto son nuestros impuestos, cosa demostrada con Bankia y los bancos ayudados desde lo publico (FROB).

En cuanto a la deuda pública hay que pagarla, se considere legítima o ilegítima, necesaria o no, justa o injusta. La deuda la dejó Zapatero en torno a los 750.000 millones de euros y Rajoy la ha aumentado en 250.000 millones. En cifras redondas. De no habernos endeudado la crisis hubiera sido mayor porque el gasto hubiera sido aún más insuficiente de lo que es actualmente y porque ello hubiera repercutido negativamente en los servicios públicos. Ya puede olvidarse Podemos de hacer consideraciones sobre la deuda pública porque cualquier intento de impago, incluso de retraso, puede que la paguemos más cara a través de la prima de riesgo o por falta de financiación de la economía privada y de la misma pública. Lo que hay que evitar por todos los medios es convertir la deuda privada en pública, bien sea vía diferencia de intereses, bien sea -como en el caso de la banca- haciendo publica la privada. Eso ocurre con los bancos y cajas, que son empresas privadas pero que se han financiado con dinero prestado por la UE al FROB, que es un organismo público y que cuando se enteró Rajoy de que eso era así se quedó como está: bizco y pasmado.

Hay más cosas que cambiar, tanto con el BOE como las actitudes y las mentalidades. Comparado con esto, la lucha contra la corrupción, con ser imprescindible, se convierte en una acnédota.

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¿Hablamos en serio de Estado federal?

Sa, 22/11/2014 - 09:00

Cesáreo Rodríguez-Aguileraeldiario.es

Banderas-autonomicas_EDIIMA20141117_0813_5Con motivo de la importante crisis política en Cataluña (que afecta al conjunto de España) parece constatarse que ni los independentistas tienen fuerza suficiente para romper, ni el gobierno central podrá escudarse indefinidamente en el inmovilismo legalista. El próximo año será crucial por las varias consultas electorales pendientes que podrían desbloquear un panorama político estancado ya que es prácticamente segura la pérdida de la mayoría absoluta del PP. En estas circunstancias, la denostada “tercera vía” (en realidad, varias, pues no hay una sola posible) podría acabar abriéndose camino. Una vía que, por cierto, parece ser la preferida por la mayoría de los catalanes en caso de concretarse a tenor de los sondeos.

La plasmación más plausible debería ser la del Estado federal, aunque esta propuesta hoy presenta (todavía) algunas debilidades: 1) sus defensores (fundamentalmente el PSOE y el PSC, aunque también IU) no la concretan (es más una consigna propagandística que un proyecto articulado) y 2) el grueso de la opinión pública no sabe muy bien qué implicaría transformar el Estado autonómico en otro federal.

A estas alturas, es evidente que la Constitución de 1978 necesita una profunda reforma que, incluso si se hace, tampoco será por sí sola suficiente para mejorar la calidad democrática y el autogobierno territorial ya que estos factores tienen más que ver con la cultura cívica pluralista y el estilo de la “clase política” que con los cambios normativos. En este sentido, conviene no hacerse demasiadas ilusiones con el poder del cambio constitucional: el personal político y la opinión pública seguirán siendo los mismos y hoy no muestran síntomas de regeneración en un caso y de renovación de mentalidades en otro frente a las fuertes inercias del pasado. En otras palabras, hemos heredado un estilo de hacer política muy elitista por parte de los partidos y una actitud muy delegativa de los ciudadanos en aquellos, al menos hasta la aparición del movimiento del 15-M. Hay significativos síntomas de que esta situación podría cambiar (Podemos, Guanyem y otros), pero esto llevará tiempo.

Por lo que hace a la cuestión territorial, el federalismo no es sólo un tipo de organización del Estado, es también una cultura que no se improvisa y que en España es minoritaria. El principal problema es que el PP no parece tener el menor interés en esta propuesta (que, es más, instintivamente rechaza) ya que el actual Estado autonómico habría ido todo lo lejos que se puede admitir desde su punto de vista.

Una transformación del actual Estado autonómico en otro genuinamente federal implicaría muchos y muy profundos cambios:

  1. Un federalismo en serio supondría convertir las actuales Comunidades Autónomas (CC.AA.) en Estados federados. Esto puede plantear el problema del mapa vigente de las 17: sería razonable reducirlo (por ejemplo, suprimiendo algunas de las uniprovinciales como Madrid, Cantabria, La Rioja y, tal vez, Murcia), pero esto es de hecho casi imposible por los fuertes intereses locales creados.
  2. Las unidades federadas no deberían regirse por Estatutos (en cuya elaboración y aprobación intervienen los órganos centrales), sino por Constituciones, sólo sometidas a la Constitución federal.
  3. El Estado federal aconseja asimismo la federalización del Poder Judicial con un doble circuito de tribunales, algo que podría permitir renovar uno de los aparatos del Estado más corporativos y conservadores existentes en España.
  4. La distribución de competencias debería sufrir un cambio radical en dos sentidos: a) la actual cláusula de reserva (todo lo no asumido por los Estatutos se sobreentiende que pertenece al poder central) debería invertirse (todo lo no asumido por la Federación pertenece a las unidades federadas) y b) el actual modelo confunde y mezcla el reparto de competencias ya que la gran mayoría son de carácter compartido y concurrente, por no hablar del carácter invasivo de las leyes de bases. Con un modelo federal estricto deberían clarificarse mucho más y optar por la exclusividad o federal o de las unidades federadas, reduciendo el área mixta a términos razonables y no intrusivos para el autogobierno territorial.
  5. El modelo de financiación debería corregir el actual desequilibrio entre capacidad de gasto (hoy muy alta para las CC.AA.) y potestad impositiva (bastante menor, pese a los avances de los últimos tiempos) a fin de acercarnos al ideal federal 50%/ 25%/ 25% en los dos capítulos (gastos/ingresos).
  6. El Estado federal debería implicar una reforma total del actual e inservible Senado y lo razonable sería ir hacia una cámara mucho más reducida que la actual y especializada, inspirada en el Bundesrat alemán.
  7. Las unidades federadas deberían tener representación directa en algunas instituciones decisorias de la Unión Europea, como ocurre con los Länder alemanes o las Regiones belgas.

No acabarían aquí los cambios ya que el federalismo aplicable a un Estado tan complicado como España por su variada composición plurinacional tendría que reconocer inevitablemente no ya hechos diferenciales (estos ya están reconocidos en el actual Estado autonómico), sino asimetrías competenciales y esto es lo más difícil de justificar y poner en marcha. Sin embargo, sería el único modo que permitiría que parte de los nacionalistas soberanistas pudiera aceptar, al menos durante bastante tiempo, una solución intermedia. En realidad, el País Vasco y Navarra ya disfrutan de una notoria asimetría (el concierto y el cupo fiscales), el problema es extender de modo singular este criterio a Cataluña sin que suscite un inmediato y automático rechazo en el resto de las CC.AA., y esto hoy es una dificultad objetiva insalvable. La plena asunción de la plurinacionalidad supondría modificar nada menos que el art. 2 de la Constitución (el de más difícil elaboración durante el período constituyente): haría falta un terremoto político (colapso prácticamente total del PP y del PSOE) para que ello fuera posible. Por tanto, este problema persistirá puesto que los nacionalistas soberanistas “periféricos” ya no aceptan tal fórmula de definición de España.

Que muchos dirigentes del PSOE no llevan hasta las últimas consecuencias su asunción formal del principio federal lo muestran declaraciones de Susana Díaz o Joaquín Leguina. Díaz rechaza reconocer cualquier atisbo de “soberanía originaria” a las unidades federadas: pues bien, eso es no entender lo que es la esencia teórica del federalismo. En un Estado federal, los Estados federados carecen ciertamente de personalidad internacional (de soberanía “exterior”), pero conservan una parcela de soberanía originaria interior. Cuando reforman sus Constituciones, el poder central no interviene en absoluto: por ejemplo, Texas o Baviera pueden reformar sus Constituciones sin que Washington o Berlín intervengan, con el único límite de no poder franquear la Constitución federal puesto que es la expresión del pacto común. Por eso están el Tribunal Supremo o el Constitucional para, en su caso, verificar si tales eventuales reformas territoriales encajan o no en la Constitución federal, pero la clave del modelo es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo federales intervienen.

Leguina ha dicho que el Estado central jamás podría ceder por completo a los territorios materias como educación y cultura o administración local: pues bien, en los Estados federales genuinos son típicas materias exclusivas de las unidades federadas en las que la Federación no tiene nada que decir (en Alemania no existe, por ejemplo, un Ministerio federal de Educación y Cultura).

Por tanto, a tenor de las genéricas declaraciones de Pedro Sánchez y de los vagos textos del PSOE (la Declaración de Granada) se deduce que los socialistas aceptarán negociar (probablemente en serio) los puntos 4, 5 y 6 (tal vez incluso el 7), pero, en cambio, no parecen estar por la labor de asumir los puntos 1 y 2 (y no queda claro si podrían atreverse con el 3). Si todo lo que el PSOE puede ofrecer es tan sólo revisar la distribución de competencias, reformar el Senado y mejorar la financiación eso, que sería un paso en la buena dirección, sería totalmente insuficiente puesto que sólo implicaría una modernización del actual modelo. Con estas tres reformas el Estado autonómico se parecería más a un Estado federal clásico, pero le seguirían faltando los otros requisitos que son claves si se quiere asumir hasta las últimas consecuencias la naturaleza del modelo. Ello es así porque el simbolismo de la estatalidad y del constitucionalismo internos de las unidades federadas es muy potente e incluso insoslayable. Si no se asumen también estos factores (políticamente, los más difíciles) la propuesta no servirá prácticamente para nada a estas alturas y no será aceptada por ninguna formación soberanista. Por tanto, la propuesta audaz sería la de plasmar un auténtico Estado federal hasta el final, con los siete puntos señalados. El problema es que no hay (todavía) ni voluntad ni fuerza para plasmar un proyecto así, aunque hora es ya de abrir un gran y profundo debate con concreciones y especificaciones toda vez que la música federal no suena nada mal, pero sin la letra (y la pequeña, en particular) será inútil la oferta.

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Banca en la sombra de China puede desatar el nuevo tsunami financiero

Sa, 22/11/2014 - 07:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

La banca en la sombra creció 5 billones de dólares alcanzando un volumen de 75 billones de dólares (US$75.000.000.000.000) y superando la cifra estimada en octubre por el FMI de 70 billones de dólares. Junto a Estados Unidos y Europa, China es el país donde más ha crecido la banca en la sombra y esta situación adquiere especial relevancia a medida que la economía china se desacelera y la expansión del crédito por las vías no oficiales sigue a gran velocidad.

La banca en la sombra se refiere a los intermediarios de capital de préstamo que operan fuera de las instituciones bancarias tradicionales y por lo tanto están exentos de la regulación financiera y de las supervisiones impuestas a la banca tradicional. Por eso la banca en la sombra se ha convertido en una verdadera maldición del sistema financiero dado que su caracter desregulado representa riesgos excesivamente altos para el sistema financiero mundial. Como este sistema depende en gran medida de la financiación a corto plazo, si se desata un pánico financiero la banca en la sombra puede sobrerreaccionar y generar un tsunami descomunal de retiros de dinero en todo el sistema.

Desde el estallido de la crisis, la banca en la sombra ha ofrecido préstamos a empresas o personas que tienen problemas para conseguir la financiación bancaria tradicional. Estos préstamos se envasan y se venden en paquetes a inversores que buscan mayor rentabilidad, sin pensar en los riesgos sistémicos. Esto es porque desde los años 90 impera en la banca la idea de que no hay riesgos dado que siempre los gobiernos saldrán al rescate. En el caso chino, las inversiones alcanzaron niveles estratosféricos y pese a que no hay datos oficiales (gran parte de estas operaciones se realizan en total opacidad) se estima que su tamaño puede superar el 60 por ciento del PIB chino.

El tamaño del sistema bancario en la sombra, que incluye fondos de cobertura, fondos de inversión inmobiliaria y los vehículos de inversión fuera de balance, es de aproximadamente el 120 por ciento del producto interno bruto mundial, o una cuarta parte del total de activos financieros. El enorme volumen de estos préstamos generados por estas vías opacas es lo que ha desestabilizado a la economía mundial desencadenando numerosas quiebras bancarias. Hasta el momento, China ha absorbido las pérdidas de la banca, evitando la situación de impago, pero los riesgos de este sistema en medio de la desaceleración económica aumentan de manera acelerada. China no puede mantener el ritmo de crecimiento de los últimos años y esto significará el colapso de la burbuja de crédito y con ello una reacción en cadena por todo el sistema financiero globalmente integrado.

El Blog Salmón

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20-N: “Españoles, el Régimen ha muerto”

Fr, 21/11/2014 - 18:00

Miguel UrbánPúblico.es

“Mil años tardó en morirse,

pero por fin la palmó.

Los muertos del cementerio

están de Fiesta Mayor.

Seguro que está en el Cielo

a la derecha de Dios (…)

los del exilio de fuera

y los del exilio interior

celebraban la victoria

que la historia les robó.”

(Adivina Adivinanza, Joaquín Sabina)

Hace ahora 39 años un dramatizado Presidente del Gobierno de una Dictadura zombie, pero aún asesina, anunciaba la muerte del dictador. Era el primer paso para una Transición pactada desde las alturas. Una Transición sobre la que han descansado demasiados mitos y relatos edulcorados dirigidos a consolidar una estabilidad social, política y económica en beneficio de unas élites que supieron entender los mecanismos necesarios para el tránsito y las posibilidades que abría la “reforma”. Una Transición que, conviene no olvidar nunca, fue profundamente sangrienta, amnésica y que aún hoy tiene pendiente ajustar cuentas con la verdad, la justicia y la reparación, siendo en un juzgado argentino en donde ha encontrado eco, por fin, la querella contra los crímenes del franquismo.

Sin embargo, el “shock austericida” y la marea negra de la corrupción han ejercido de detonadores de los consensos sociales sobre los que pivotaba, hasta ahora, la legitimidad del régimen post-Transición. De esta forma, de la mano de la movilización social y las experiencias reales de auto-organización popular, hemos asistido a una progresiva impugnación del relato oficial de la Transición y, sobre todo, de sus instituciones centrales.

“Todo lo sólido se desvanece en el aire” decía Marx. Hoy muchas de las aparentes certezas inamovibles sobre las que se construyó el sistema político y económico español están en el aire. Como quien no se atreve a mirarse en el espejo para asumir el inevitable paso del tiempo, los guardianes de los muros constitucionales solo se atreven a proponer pequeños arreglos o reformas “express” para satisfacer las demandas de los llamados “mercados”.

El mantra de la reforma asoma hoy otra vez, como entonces, para agitar los fantasmas de los cambios traumáticos o de los “paisajes calcinados” (editorial de El País dixit). Soliloquios repetidos, sin capacidad ya de seducir a quienes han roto ya el pacto de consentimiento con las élites. Menos aún de seducir a quienes han sido capaces de mirar a los grandes partidos y sus corruptores y gritarles: culpables. Es esta ruptura, todavía simbólica, discursiva y actitudinal, lo que podemos entender como el inicio de un lento proceso destituyente que se ha fraguado desde la ya larga ola del 15-M que supuso una impugnación intuitiva, al grito de “democracia real ya” . Pero se trata de ir más allá, de poder articular un movimiento socio-político que desarrolle una impugnación estratégica del régimen. Se trata de romper el candado y el estrecho corsé de la Constitución del ’78. Salir de ese terreno de juego y construir un nuevo espacio y un nuevo tiempo político. Es más que un objetivo: es una necesidad urgente para revertir las políticas de dominación, expolio y de neo-autoritarismo que estamos padeciendo.

Se trata, por tanto, de caminar con la mayoría social hacia unos procesos constituyentes que, efectivamente, devuelvan el protagonismo a la gente que, diariamente, hace que la sociedad funcione. Unos procesos constituyentes que deben enemarcarse en la revolución democrática que las distintas expresiones de movimiento real están practicando en calles, plazas e instituciones y cuyo protagonismo debe mantenerse como expresión y experiencia de poder popular (tal y como recuerda Antoni Aguiló en su artículo publicado ayer mismo). Unos procesos que, además, deben ser un pacto de democracia construido desde, con y por los sectores populares marginados de la vieja política. Un nuevo pacto social que debe incluir nuevas formulaciones y garantías de derechos (sociales, culturales, políticos, sexuales y ecológicos) y de libertades democráticas que permitan hacer efectivo una democratización de la economía y el derecho a decidir sobre todas las cosas (incluyendo el derecho a la independencia de las sociedades que así lo estimen).

En este sentido, el dispositivo puesto en marcha por Podemos es un catalizador necesario para abrir este horizonte de ruptura, también en el campo institucional. Pero no es suficiente. Debe estar acompañado de otros actores del campo popular que han sido, precisamente, quienes han ido construyendo un “sentido común” favorable a la ruptura con las vergonzantes herencias de los lodos de la Transición.

Para que esto sea posible hay una tarea urgente que hay que llevar adelante: echar a los representantes del viejo desorden. Ese es es un paso imprescindible para que otros futuros posibles sean viables. Un buen comienzo sería escuchar a la portavoz del Gobierno en la noche electoral del próximo noviembre anunciando ante las cámaras: “Españoles: el Régimen ha muerto”.

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Caballo de Troya Juncker

Fr, 21/11/2014 - 13:00
Francisco Morote Costa – ATTAC Canarias

Desde el 1 de noviembre pasado, Jean-Claude Juncker, exministro de finanzas, ex primer ministro de Luxemburgo y expresidente del Eurogrupo, preside la Comisión Europea, verdadero gabinete de Gobierno de la Unión Europea.¿Cuales son los méritos que llevaron al Consejo Europeo a proponerle como presidente de la Comisión, y al Parlamento Europeo, con el apoyo fundamentalmente de conservadores, socialistas, salvo el Partido Socialista Obrero Español, y liberales, a elegirle como tal?A simple vista parecería que su hoja de servicios como político, primero luxemburgués y después europeo, sería suficiente, desde la perspectiva meritocrática, para justificar su elección. Pero las apariencias, bien sabido es, engañan. Lo importante es saber no qué cargos ocupó sino qué hizo cuando los ocupó. Solo de esa manera. sabiendo lo que hizo, las medidas que adoptó, las políticas que aplicó mientras fue ministro de finanzas y primer ministro de Luxemburgo o presidente del Eurogrupo, solo así, entenderemos si Jean-Claude Juncker es un político al servicio de las élites o al servicio de la gran mayoría de la ciudadanía.¿Qué caracterizó a Juncker mientras fue presidente del Eurogrupo?

Sin lugar a dudas este político, que goza de la confianza de toda la derecha europea con la señora Merkel a la cabeza, es uno de los máximos responsables de las políticas de dura austeridad, de austericidio, aplicadas por el Eurogrupo a los países a los que, despectivamente, la prensa neoliberal anglosajona denomina PIIGS: Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Políticas de austeridad que se han traducido, en la vida de las clases populares y trabajadoras de esos países, en más desempleo, más precariedad laboral, más pobreza, incluida la laboral, más desigualdad social y más insostenibilidad medioambiental. Ese es, al parecer, el primer mérito del señor Juncker, según los conservadores y liberales europeos y ¡Ay, también! la mayoría de los socialistas europeos, para presidir el órgano del poder ejecutivo europeo.

¿Cual ha sido el segundo mérito del señor Juncker para alcanzar la presidencia de la Comisión Europea?

Para conocerlo hay que retroceder a la época en que Juncker fue ministro de finanzas y primer ministro de Luxemburgo. Durante esos años convirtió a su país en un gran paraíso fiscal y él personalmente llegó a acuerdos secretos con más de 300 empresas transnacionales para que instalaran su sede fiscal en Luxemburgo. De este modo las multinacionales europeas y estadounidenses pasaron de pagar el 20% de impuestos en el resto de los países al 1 ó 2% en el Gran Ducado. Extraordinario mérito que en un espacio económico como la Unión Europea, al servicio esencialmente de los grandes bancos y de las compañías transnacionales, le ha valido el cargo de presidente de la Comisión Europea.

He aquí, pues, el personaje, la misma figura que mientras axfisiaba implacablemente a los PIIGS, abría sus brazos amorosos a las compañías transnacionales, aún siendo conocedor de que los impuestos, miles de millones de euros, que las transnacionales dejaran de pagar en los países europeos en crisis se traducirían en políticas gubernamentales de austeridad, en recortes sin contemplaciones en los servicios públicos, esenciales para la mayoría de la población.

¿Qué nuevos servicios cabe esperar ahora, ya como presidente de la Comisión Europea al servicio de las élites multimillonarias, de este caballo de Troya de las multinacionales, de este probado valedor de los paraísos fiscales?

Pues en pura lógica, conociendo su trayectoria política, la firma del Tratado de Libre Comercio e Inversión de la Unión Europea con los Estados Unidos, aspiración máxima de las grandes empresas multinacionales europeas y estadounidenses. Sería la culminación de una brillante carrera al servicio de las élites económicas que ostentan el poder realmente existente en la Unión Europea y en los Estados Unidos.

Por lo tanto, no cabe esperar que la censura que en el Parlamento Europeo ha suscitado, entre los grupos políticos minoritarios, el conocimiento de las hazañas fiscales del señor Juncker cuando fungía como ministro de finanzas y primer ministro del Gran Ducado, se traduzca en un riesgo mortal para su carrera política.

No, para pararle los pies a este señor y a los que le aúpan hará falta que la ciudadanía europea deje de votar a los partidos políticos que se ponen al servicio de las élites financieras y económicas y lo hagan a aquellas fuerzas políticas dispuestas a enfrentarse, con políticas alternativas, al neoliberalismo rampante que gobierna la Unión Europea.

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Ayotzinapa o la disolución del Estado mexicano

Fr, 21/11/2014 - 09:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Los crímenes en contra de los estudiantes de Ayotzinapa muestran un proceso que está en marcha desde hace tres décadas: la disolución del Estado mexicano. Hoy ya nadie, creo que ni en el gobierno, maneja la tesis de que ese crimen es una hazaña más de la delincuencia organizada. Con el tiempo se aclaró la profundidad del drama: el Estado mexicano es el autor de esta masacre, como lo fue en Tlatlaya y en tantas otras en los últimos años. La advertencia de Peña Nieto sobre el uso de la fuerza debió conjugarse en tiempo pretérito. La fuerza del Estado ha sido usada en innumerables ocasiones porque un Estado en desintegración siente no tener ninguna otra base para sostener el status quo.

En México el Estado de todos y para todos fue una aspiración que cristalizó en algunos artículos de la Constitución de 1917. Esos fueron los artículos de los derechos sociales, los que garantizaban la propiedad de la tierra comunal y ejidal, así como los derechos de los trabajadores. Ese anhelo también estaba plasmado en los preceptos relacionados con la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas dentro de los límites del territorio, así como de los recursos naturales en el subsuelo de la plataforma continental.

La ofensiva en contra de esos preceptos fundamentales del Estado mexicano arrancó tan pronto concluyó el congreso constituyente de 1917. Las raíces de la disolución del Estado mexicano emanado de la Revolución de 1910 están en los pactos que frenaron la movilización de masas ligada a la lucha armada. Y aunque ya desde los años cuarenta se puso en marcha una verdadera contrarrevolución, no fue sino hasta 1982 que las clases dominantes encontraron el aliado que habían esperado. La crisis de la deuda permitió destruir los cimientos del Estado mexicano, forzando la subordinación a un nuevo modelo económico que profundizaría la explotación de las masas.

Lo que quedaba del Estado de todos fue reemplazado y sólo quedó el Estado como espacio de rentabilidad del capital. Las ‘leyes de la economía’ se convirtieron en eficaz mecanismo de dominación, leyes supuestamente objetivas frente a las que la izquierda institucional no hizo nada. Incapaz de hacer una crítica del discurso del capital (la teoría económica), se vio obligada a renunciar a la posibilidad de identificar y abrir trayectorias alternativas. No pudo o no quiso darse cuenta que esas leyes económicas del neoliberalismo representaban la degradación última de la política.

El modelo económico que se impuso en México a tiros y jalones en las últimas tres décadas tiene dos características centrales. Primero, no puede ofrecer desarrollo económico y social porque el inmovilismo del Estado es la antítesis de las lecciones de la teoría del desarrollo económico. Segundo, es un modelo diseñado para recompensar la rapacería de una clase en la que se concentra cada vez más la riqueza y el poder económico.

Hoy las muestras de la desintegración se encuentran ante todo en la renuncia del Estado mexicano a ser el espacio privilegiado para dirimir controversias. No sólo en términos de proporcionar justicia a los más débiles, sino incluso para resolver los conflictos entre las diferentes esferas del capital. Para decirlo con Gramsci en su ensayo La conquista del Estado (publicado en L’Ordine Nuovo, 1919) el Estado mexicano hasta dejó de ser el espacio que unifica y disciplina a la clase dominante.

Las señales de la disolución están por todas partes. El poder ejecutivo está marcado por su ineficiencia y su profundo letargo, salvo cuando se trata de provocar y amenazar con el uso de la fuerza ‘legítima’. En las secretarías de estado se mueven papeles de un escritorio a otro, pero no hay comunicación con el mundo real. El poder judicial se ha hundido desde hace años en la corrupción y venalidad de sus funcionarios: la justicia cuesta dinero y el que no lo tiene debe olvidar sus aspiraciones de trato justo frente a la ley. El Poder Legislativo es un lugar en el que senadores y diputados se reúnen no para deliberar, sino para pasar lista y acatar instrucciones de cúpulas sometidas a intereses espurios. Los partidos políticos son tristes correas de transmisión del orden del capital y no ofrecen alternativas ni oposición democrática. Incluyo aquí a todos los partidos de las izquierdas institucionales que, por si fuera poco, hoy se han visto salpicadas por los crímenes de Ayotzinapa.

Es importante analizar la dinámica de la crisis orgánica del Estado mexicano. Las transiciones históricas son casi siempre violentas. En esos procesos sobrevienen con frecuencia los llamados y convocatorias de las juntas de notables para sacarle las castañas del fuego a los poderes establecidos. Serán las expresiones de un orden moribundo que todavía no es reemplazado por un nuevo estado de cosas. El devenir histórico está marcado por la incertidumbre y será necesario analizar cuidadosamente la situación para innovar responsablemente a cada paso del camino. Pero sin lugar a dudas será necesario avanzar hacia un mundo en que la sociedad política se someta plenamente a la sociedad civil.

Twitter: @anadaloficial

Artículo publicado en La Jornada

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Esther Vivas: “Es fundamental reeducarnos en lo que comemos y cómo lo comemos”

Fr, 21/11/2014 - 07:00

Lucía VillaPúblico

La periodista e investigadora Esther Vivas publica El negocio de la comida, un libro que bucea en las entrañas de nuestra alimentación para denunciar los perjuicios derivados de un sistema que produce contaminación, pobreza, hambre, desigualdad y enfermedades.

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Llenar la nevera, más allá de calmar estómagos, puede resultar a veces un práctico ejercicio para remover consciencias. Esta es en parte la sensación que queda después de leer El negocio de la comida (Icaria editorial, 2014), un exhaustivo ensayo de la periodista e investigadora Esther Vivas, que desgrana una a una las devastadoras y en la mayoría de casos ignoradas consecuencias de nuestros hábitos de alimentación. Desde la especulación en el precio de los alimentos básicos como el trigo o el arroz, hasta las condiciones laborales de las agricultoras… un recorrido de la tierra al plato por el que la autora denuncia los impactos que el sistema del agronegocio tiene sobre la sociedad, la economía, la salud, el medio ambiente, la igualdad o la pobreza, y en el que, pese al panorama desesperanzador, se exponen modelos de alternativas viables.

En ‘El negocio de la comida’ denuncia todas las consecuencias que arrastra un sencillo alimento. Después de leerlo da la sensación de que uno no puede salir a comprar sin contribuir a empobrecer ciertos países, contaminar el medio ambiente, enriquecer a especuladores o enfermarse… ¿De verdad es posible un consumo de alimentos responsable?

Evidentemente cuando uno analiza en profundidad el modelo agroalimentario y mira a las entrañas de ese sistema dominado por la agroindustria y los supermercados, a veces puede generar una situación de impotencia por los impactos tan negativos. Desde mi punto de vista lo que es fundamental es tener la información. Tener otras miradas de este sistema agroalimentario y a partir de ahí poder forjar un criterio propio para, a partir de la información, poder pasar a la acción. Necesitamos datos para poder decidir por nosotros mismos. El libro trata de analizar en profundizar la cara oculta de este modelo agroalimentario para indignarnos y poder plantear alternativas al mismo.

Da la impresión, por la dimensión de lo que cuenta, que un cambio de modelo tardaría mucho en llegar…

Yo creo que se pueden empezar a cambiar las cosas aquí y ahora. Una vez conocí a una persona que me decía que cuanto más conocía el funcionamiento de los supermercados y la gran distribución, menos compraba en ellos. Nuestra toma de conciencia implica cambios en nuestra vida cotidiana, siempre en función de nuestras inquietudes y necesidades, claro. Pero los cambios, otras prácticas en el consumo, se pueden, muchas de ellas, llevar a cabo y de hecho varias ya funcionan. Experiencias de grupos y cooperativas de consumo, huertos urbanos, consumo ecológico son iniciativas en auge hoy en día y que demuestran que otros modelos son posibles.

En su libro señala un beneficiario claro del mercado alimentario: las multinacionales y grandes empresas. Es innegable su responsabilidad, pero ¿qué hay de los Gobiernos? ¿Por qué no se están haciendo las normativas adecuadas?

En definitiva lo que vemos es que la administración actúa al servicio de los intereses del agronegocio y de los supermercados. La dinámica de puertas giratorias que vemos en otros ámbitos como el energético, también se dan en la agricultura y la alimentación. Sin ir más lejos, la actual directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la señora Ángela López de Sá Fernández, estuvo durante diez años en la directiva de Coca Cola. Hay un claro conflicto de intereses pues, entre quien está al frente de una agencia que tiene que cuidar de nuestra seguridad alimentaria y que viene de una empresa privada que utiliza algunos aditivos alimentarios en sus productos que dejan mucho que desear.

¿Y al resto de la sociedad, nos importa lo que comemos?

Lo que vemos en el contexto de crisis del sistema político y económico es que a pesar de que tomamos conciencia de la supeditación de las políticas sociales y económicas a los intereses de la banca y el poder económico, no sucede lo mismo con el análisis que hacemos de lo que comemos y cómo lo hacemos. La lógica de la usura que impera en las políticas de vivienda, por ejemplo, con el apoyo de la mayor parte de la clase política, es la que también se da en las políticas agroalimentarias. En definitiva se mercantilizan derechos y necesidades básicas, ya sean viviendas, salud, educación o alimentos.

Muy a menudo se señala a EEUU cuando hablamos de hábitos de alimentación poco saludables. En España siempre se ha aplaudido la dieta mediterránea. Es un país donde a las cadenas de comida rápida les cuesta más asentarse, no gustan tanto. Sin embargo los índices de obesidad infantil no dejan de crecer. Un 20% de los niños españoles son obesos. ¿Qué está pasando en España?

La dieta mediterránea se ha visto sustituida poco a poco por un modelo de alimentación fast food, con azúcares añadidos, grasas saturadas y alimentos procesados que tienen un impacto en nuestra salud. Además esto se ha agudizado con la crisis económica, en la que la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias ha llevado a gastar más en comida, pero a comer menos y de peor calidad. Varios estudios evidencian cómo alimentos congelados, bollería, etc, han aumentado su consumo en los últimos años de crisis.

Esto es curioso, porque, aunque la carne y el pescado sí son más caros, otros muchos productos no. Un paquete de lentejas, por ejemplo, es más barato y alimenta a más personas, además de ser más sano, que una pizza congelada.

Sí, yo creo que aquí hay dos elementos. En primer lugar si cogemos una cesta de la compra más saludable, donde no sólo haya fruta y verdura, sino también pescado, carnes, leche, etc. y lo comparamos con una cesta de productos congelados, con bollería, helados, ésta sale más barata, según un informe reciente publicado en Reino Unido.

Pero sí que es cierto que se podría comer bien gastando menos. Lo que pasa a menudo es que no sabemos, no nos han enseñado a cocinar ni a comer de una manera saludable. Y muchas veces hay una tendencia a comprar alimentos procesados porque consideramos que son mejores y porque son los más fáciles y rápidos de comer. Desde este punto de vista, yo creo que es fundamental una cierta reeducación en lo que comemos y cómo lo comemos.

Aquí se ve también una clara cuestión de clase social vinculada a nuestra alimentación. En general, las familias con menos recursos tienden a tener una alimentación de menor calidad, por una cuestión económica, pero también por un elemento educativo, cultural, de no valorar la alimentación.

Sin embargo la gastronomía vive un momento álgido. Por todos lados hay programas y concursos televisivos sobre cocina, blogs de recetas, guías de restaurantes, rutas y ferias. Cocinar está de moda… ¿Esto puede ayudar a cambiar los hábitos de una sociedad?

Bueno, se han puesto de moda unos determinados shows culinarios, pero que se quedan en el espectáculo y no profundizan en la educación y en unos criterios saludables para nuestra alimentación. Pero sí que es cierto que en la sociedad ha ido creciendo el interés por preguntarse qué comemos, o en apostar por una alimentación de más calidad, pero acostumbra a ser un interés de determinadas clases sociales, con personas con determinados estudios, que tienden a invertir y a apostar por una comida de calidad, pero no es una tendencia que llegue al conjunto de la población. Porque depende más de una inquietud individual que de unas políticas activas por parte de la administración. El reto está en que este cuestionamiento del modelo agroalimentario que empieza a aflorar en algunos sectores sea accesible al conjunto de la población, fruto de unas políticas que promocionen comer bien.

Una propuesta: imaginémonos que todos los comedores colectivos públicos apuestan por una alimentación ecológica, de proximidad campesina, en las escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, etc. Todo esto nos permitiría no sólo comer bien, sino reactivar todo el sistema productivo campesino a escala nacional y por lo tanto sería una apuesta tanto a nivel social como económica.

En su libro, para explicar todos los factores que influyen en nuestra alimentación y sus alternativas, pasa por los movimientos feminista y ecologista y por otros movimientos ciudadanos y de soberanía popular. ¿No se entienden los unos sin los otros para cambiar lo que comemos y cómo comemos?

Bueno, la mercantilización de lo que comemos es sólo un ejemplo más de cómo el sistema capitalista convierte nuestras necesidades en privilegios y en objeto de negocio por parte de unas pocas empresas. Es fundamental enmarcar la demanda de otros hábitos de consumo en un cuestionamiento global del sistema. De aquí que el movimiento por la soberanía alimentaria, por el comercio justo, por un mundo rural vivo es imprescindible que se unan con otros actores sociales para un cambio de rumbo de este sistema.

También es cierto que ha surgido un nuevo mercado en torno a lo alternativo. Vemos con frecuencia productos etiquetados como “justos” o “ecológicos”. ¿Hay trampa?

Lo que vemos es que el capitalismo, los supermercados, las grandes empresas se visten de verde y de solidario si esto les cubre determinado nicho de mercado o les permite una estrategia de márqueting empresarial. Pero que pongan en sus estantes, o que abran líneas de productos ecológicos o de comercio justo, no implica una transformación o un cambio de estas políticas. No se trata de comprar sólo un producto etiquetado como ecológico o como justo, sino que tenga un componente de transformación social añadida. Hay productos etiquetados como ecológicos pero que igual vienen de América Latina, ¿Dónde está la justicia ecológica con un producto que tiene miles de kilómetros a sus espaldas, a pesar de que su cultivo sea libre de agroquímicos?

Entrevista en Publico.es

esthervivas.com

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El cambio climático y su impacto en el bienestar de las poblaciones

Do, 20/11/2014 - 18:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Uno de los fenómenos que definirá con mayor intensidad el siglo XXI será el impacto que los cambios irreversibles del clima tendrá en el bienestar de las poblaciones (y muy en particular de las poblaciones urbanas). Frente a esta realidad es urgente subrayar que:

1. Tales cambios no son solo amenazantes para el futuro, sino que los estamos sufriendo ya ahora mismo, afectándonos no solo a medio y largo plazo, sino en este momento.

2. Es obvio que las sociedades, tanto las más desarrolladas económicamente como las menos desarrolladas, no están preparadas para responder a dicha amenaza.

3. Tales cambios climáticos exigirán (y ya están exigiendo) transformaciones muy sustanciales en nuestras sociedades, que significarán cambios en la manera como están organizadas y gobernadas. Dichas modificaciones significarán una reflexión colectiva sobre el tipo de sociedad en el que deseamos vivir. Ello implicará una lucha de intereses que se asemejará y multiplicará las luchas generadas para resolver las crisis económicas y financieras actuales.

4. El sistema económico vigente en la mayoría de países desarrollados y en vías de desarrollo, caracterizado por el sistema de propiedad privada de los mayores medios de producción, distribución y financiación está dificultando la respuesta necesaria para responder a la amenaza que representa el cambio climático, requiriéndose un cambio sustancial en las relaciones de poder derivadas de este sistema económico y de su gobernanza económica y política. Para prevenir la agudización del problema, así como para alcanzar la ­­reducción del daño, y conseguir su adaptación a los cambios climáticos, se requerirá una democratización de dicha gobernanza, con cambios en los tipos de producción, consumo y distribución.

5. Estos cambios exigirán una transformación también en los partidos políticos y movimientos sociales –como los sindicatos- comprometidos con el bienestar de las clases populares, que serán los grupos sociales probablemente más afectados negativamente por estos cambios climáticos irreversibles.

6. Las áreas de mayor conflicto serán las que se centren en los cambios en los sistemas de producción, consumo y distribución de recursos. La enorme concentración de recursos (incluido de capital y de renta) en manos privadas es incompatible con el proyecto reformador de protección de las clases populares frente a los daños climáticos.

7. Tales cambios no significan necesariamente una disminución de la actividad económica, sino un cambio sustancial de dicha actividad, con una considerable redistribución del tiempo de trabajo y un cambio de los tipos de producción y consumo.

8. En el mundo hay un enorme déficit de actividades que se requieren para desarrollar el enorme potencial de los seres humanos, actividades que pueden o no ser remuneradas. No puede aceptarse el principio de que deben dejarse, sin cubrir, las necesidades de desarrollo humano a fin a proteger a las poblaciones de los cambios climáticos. La creatividad humana ha mostrado históricamente que puede desarrollar una compatibilidad entre recursos y necesidades humanas, sin afectar negativamente al clima.

9. No se puede aceptar que algunas poblaciones y algunos trabajadores tengan que llevar la carga de prevenir el deterioro climático mediante marginación o desempleo. Los cambios necesarios tienen que ir juntos, y decidirse democráticamente. En realidad, la corrección del cambio climático y la preparación de las sociedades frente a esta amenaza requerirán una gran cantidad de empleo y actividad económica, incluso después de la necesaria distribución del tiempo de trabajo y del tipo de trabajo.

10. El establecimiento de una sociedad sostenible significa una expansión de actividades económicas existentes, como  más y mejor transporte público, el rediseño y mantenimiento de formas de energías renovables (habidas y por haber), el mantenimiento y rediseño de las viviendas, la creación de nuevas formas de utilización de energías no contaminantes, la reducción del CO2y otros productos contaminantes, el rediseño de los puestos de trabajo para que sean menos estresantes y más satisfactorios, y otras actividades.

11. Todas las formas de regulación de los cambios para reducir el cambio climático que se han basado en el mercado han fracasado estrepitosamente. La prevención de la contaminación a base de la compra y venta de los derechos de contaminación ha sido un enorme desastre (y no hay otra manera de definirlo). Ninguno de los principales avances conseguidos en la historia reciente de la humanidad se ha basado en mecanismos mercantiles. El desarrollo de derechos políticos, sociales y laborales (con conquistas para los movimientos obreros, feministas o ecológicos) se ha conseguido históricamente como resultado de acciones políticas e intervenciones públicas.

12. Como consecuencia, se requiere que, de forma urgente e inmediata, se establezca una amplia alianza de fuerzas políticas, sociales y sindicales para alcanzar la necesaria democratización de las instituciones políticas, que abarcan desde las instituciones representativas a las de participación masiva y directa, que relacione todas las problemáticas que tienen una causa común, cuestionando un sistema económico, político y social que antepone los intereses de acumulación de la riqueza y de las rentas a la satisfacción de los derechos humanos, de los cuales la pervivencia en un mundo mejor es primordial.

(Estas notas están basadas –aunque modificadas y/o expandidas- en las notas presentadas por Asbjørn Wahl, asesor de la Norwegian Union of Municipal and General Employees, debatidas en la reunión del Left Labor Project, en la ciudad de Nueva York, 18.09.14).

Artículo publicado en Público.es

vnavarro.org

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ATTAC Jerez: Charla en Córdoba sobre la estafa de la luz

Do, 20/11/2014 - 14:16

La estafa de la luz 2LA ESTAFA DE LA LUZ. POR UNA AUDITORÍA DE SU DEUDA.

- Las empresas eléctricas de España son las más rentables del continente (porcentaje medio de beneficio con respecto a facturación de un 22% frente a un 13% en Europa)

- El precio de la luz en España es el más caro de Europa. En Portugal es un 53% inferior para los consumidores domésticos y un 15% para el sector industrial.

- Todos los consumidores les debemos a las empresas eléctricas 27.000 millones de euros que los estamos pagando a plazos.

- El sistema eléctrico destina 200 millones de euros a ayudar a personas en situación de necesidad (Bono social) y 700 millones de euros a empresas como cementeras Portland, metalúrgicas Alcoa o Asturiana de Zinc, químicas Solvay o Ercros y siderúrgicas Acerinox o Arcelor Mittal.

- Los consumidores domésticos y pequeño comercio pagan cuatro veces más que las industrias para sufragar los costes del sistema eléctrico.

OBJETO DE LA CHARLA – Explicar cómo funciona el sistema eléctrico

- Cómo se fijan los precios de la electricidad de sus dos componentes: – Compraventa de electricidad-mercado diario

- Costes fijos del sistema: peajes de acceso – Quién paga estos costes

- Origen de la deuda

Inmediatas

REIVINDICACIONES CIUDADANAS

- Auditoría del déficit de tarifa – Destinar a consumidores sin recursos el dinero destinado a cementeras, metalúrgicas y químicas (servicio de interrumpibilidad) – Exigir que los peajes de acceso se repartan de forma más equitativa.

A medio y largo plazo

Debate en profundidad sobre cómo se debe retribuir a las empresas intervinientes y qué tipo de energía queremos para el futuro.

http://attacjerez.wordpress.com/

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El color del dinero – Renta Básica Universal VS Trabajo Garantizado

Do, 20/11/2014 - 13:00
Entrevista en Vídeo

La Renta Básica Universal es una cantidad del dinero que cada ciudadano tiene derecho a percibir del Estado, incluso si no tiene ninguna ocupación remunerada. Este ingreso debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas. Entre las ventajas que citan sus partidarios, están la revalorización de la capacidad de trabajo, ya que nadie tendría que aceptar trabajos precarios por necesidad.

 Asimismo destacan que su implantación reduciría al mínimo la economía sumergida. Sus detractores, por el contrario, afirman que acabaría con la cultura del esfuerzo, generaría inflación y fraude y provocaría que los trabajos más duros fuesen realizados siempre por los inmigrantes sin ciudadanía.La teoría del Trabajo Garantizado tiene unas bases muy diferentes. Consiste en la obligación del Estado de proporcionar un puesto de trabajo a todo aquel que lo quiera, con el objetivo de lograr el pleno empleo y que todos los ciudadanos tengan una fuente de ingresos.Los defensores de esta doctrina afirman que, a diferencia de la RBU, no genera tensiones inflacionistas y fomenta valores más saludables para la sociedad. Las principales críticas al Trabajo Garantizado son que exige una gran estructura burocrática y genera fuertes costes ambientales.

INVITADOS:
Javier Martínez, Analista del Observatorio de Justicia Fiscal Global

Eduardo Garzón, Economista

Ver vídeo en http://www.hispantv.com.es/detail/2014/11/10/296269/color-dinero-renta-basica-universal-vs-trabajo-garantizado

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El poder popular ante el nuevo ciclo electoral

Do, 20/11/2014 - 09:00

Antoni AguilóPúblico.es

Durante la Transición, la sociedad sufrió un proceso de vaciamiento del poder popular por parte de las élites que tutelaron el régimen del 78. La toma de las plazas en mayo de 2011 fue el disparador de una conciencia expansiva de ruptura con el consenso constitucional heredado. La cultura de la Transición comenzaba a resquebrajarse y el poder popular resurgía tras décadas de domesticación.

El clamor del 15-M volvió a poner sobre la mesa el desarrollo de un poder popular autónomo capaz de subvertir los viejos códigos políticos e invertir el poder de las clases dominantes. Tras su débil impacto en las elecciones de 2011, algunos se apresuraron a desacreditarlo e incluso a darlo por muerto. Sin embargo, desde sus inicios el 15-M advirtió que “vamos despacio porque vamos lejos”. Cuatro años después, las consecuencias electorales del 15-M muy probablemente se dejarán sentir en los comicios de 2015. El nuevo ciclo electoral significa una oportunidad de diálogo con el poder surgido en calles y plazas para fortalecerlo, pero también para debilitarlo. Así, y en vista del probable cambio en la correlación electoral de fuerzas señalado por la mayoría de encuestas y sondeos publicados, ¿cuáles son, a mi modo de ver, los principales desafíos a los que se enfrenta el poder popular?

El reto de articular lo insurreccional con lo electoral. En el 15-M conviven dos grandes corrientes: una insurgente, autogestionaria, centrada en una perspectiva de largo alcance que hace hincapié en la participación extrainstitucional y en las tendencias horizontales comprometidas con la democracia radical, asamblearia y sin líderes; y otra más inmediatista con formas de participación híbridas que combinan tendencias horizontales con otras de carácter vertical (jerarquización, burocratización, centralización, etc.). Esta última  permite entender  por qué han surgido formaciones como Podemos, Ganemos o el Partido X, que optan por la política institucional incorporando novedosos elementos de carácter horizontal.

El reto consiste en aprovechar la ventana electoral de oportunidad para llevar a cabo el cruce del poder institucional con el radical-popular. La radicalización democrática tiene que combinar ejercicios de democracia radical (prácticas de autoorganización desde abajo, autogestión, asambleas populares, etc.) con procesos de democracia participativa y representativa. La PAH y la CUP son ejemplos de ello. La PAH reúne a activistas antidesahucios, abogados, desempleados y trabajadores migrantes, y combina la acción directa (escraches, ocupación de sucursales bancarias, acciones de sensibilización, etc.), con medidas de presión tradicionales, como la ILP, desbordando la lógica clásica de movilización. La CUP, por su parte, ha sabido conjugar presencia institucional con presencia en la calle, situándose en la primera línea parlamentaria en cuestiones como la lucha contra los desahucios, la corrupción, las balas de goma, etc., y llevando a la cámara catalana tanto las reivindicaciones como el vocabulario de los movimientos sociales.

El reto de mantener la autonomía. Las victorias recientes no han venido de las instituciones representativas, sino de la organización popular y la lucha en las calles. No hay que olvidar que las conquistas más importantes para la democracia se consiguen mediante lo que Boaventura Santos llama la acción rebelde, subalterna y colectiva. ¿Quién ha logrado cambiar el sentido común político de buena parte de la sociedad? El 15-M. ¿Quién consiguió que Islandia juzgara a los responsables de la crisis? El movimiento ciudadano. ¿Quién frenó la privatización de la sanidad pública en Madrid? La Marea blanca y el TSJM. ¿Quién se enfrentó al uso indiscriminado y superfluo del dinero público en Gamonal? El movimiento vecinal.

El poder popular tiene que evitar dejarse instrumentalizar o acaparar por siglas. Cabe recordar el fracaso del proyecto Suma de IU, denunciado por asambleas del 15-M como un intento de fagocitación, así como la pérdida de fuelle de Alternativas desde abajo, diluida en fenómenos como Podemos y Ganemos. Si Podemos aspira a ser una palanca del poder popular habrá que arrastrarlo hacia la radicalización democrática promoviendo, por un lado, la autonomía de sus círculos como contrapoderes sociales que hagan política desde la calle y contribuyendo, por otro, a crear instituciones que construyan poder comunitario, fracturen la partidocracia y asuman como suyas las aspiraciones de los movimientos emancipadores.

El reto de desarrollar una sabiduría del nosotros. Dice un proverbio ewe que “la sabiduría es como un baobab: nadie puede abrazarla solo”. Conceptos como asamblearismo, ruptura democrática, horizontalidad, autogestión, etc., no serán realmente efectivos sin una pedagogía de la escucha, del consenso y la complementariedad que permita modificar nuestros hábitos arraigados en el individualismo, el conformismo y la competitividad.

La consolidación de un proyecto colectivo de transformación (que dispute las elecciones pero vaya más allá) pasa por crear las bases de una nueva cultura política capaz de materializar el poder popular en los ámbitos cotidianos: la educación, la salud, el trabajo, etc. La conquista del Estado no significa la conquista del poder social. El barrio, la calle y la plaza pública se han reconstituido en los últimos años como epicentro del antagonismo social y de clase. Por eso el mayor reto de este próximo ciclo electoral consiste en crear nuevas narrativas políticas que supediten el poder de las urnas al poder institucionalmente huérfano de la calle. ¿Podremos?

Filósofo político y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Investigador de la UIB

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Carta a las y los jóvenes de México

Do, 20/11/2014 - 07:02

Boaventura de Sousa SantosLa Jornada

Me dirijo a todos mis amigos y a todas mis amigas de México. Si me permiten, me dirijo en especial a ustedes los jóvenes y las jóvenes de México.

Una conmoción atraviesa todo el mundo por el horror de la masacre de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y en particular por el horror de los detalles con que se ha cometido esta acción. Comprendo su gran angustia, rabia y perplejidad: ¿Qué tipo de sociedad es esta que permite que gente aparentemente normal como nosotros cometa crímenes tan detestables? ¿Qué Estado es este que parece infiltrado hasta los huesos por la narcoviolencia? ¿Qué democracia es esta que invita a la resignación ante enemigos que parecen demasiado fuertes para poder ser combatidos, mientras se aprueban leyes que criminalizan la protesta pacífica (como las leyes bala y mordaza)? ¿Qué policía es esta que es cómplice con la desaparición forzada y tortura de ciudadanos inocentes? ¿Qué política educativa es esta que persigue a la educación rural y no permite que estos jóvenes sean héroes por la vida comunitaria que promueven, sino mártires por la muerte horrorosa que sufren? ¿Qué comisiones de derechos humanos son esas que existen en ese país, que están ausentes y omisas ante crímenes de lesa humanidad mientras que los verdaderos activistas de derechos humanos son asesinados? ¿Qué mundo es este que sigue elogiando el Presidente de la Republica por el simple y único relevante hecho de haber entregado al imperialismo la última riqueza del país que restaba en manos de los mexicanos?

Sé que son demasiadas preguntas, pero lo peor que podría pasar sería que Ustedes se dejasen dominar por la magnitud de ellas y se sintieran impotentes. La contingencia de nuestra vida y de nuestra sociedad está dominada por dos emociones: el miedo y la esperanza. Sepan Ustedes que esta violencia desatada se dirige a su resignación, dominados por el miedo y, sobre todo, por el miedo de la esperanza. Los poderosos criminales saben que sin esperanza no hay resistencia ni cambio social. Sabemos que es difícil escapar al miedo en condiciones tan dramáticas como las que viven. El miedo no se puede eliminar, pero lo importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder enfrentarlo y superarlo eficazmente, a eso le llamamos: Esperanza. Ustedes tienen la fuerza para salir de esta pesadilla, resistir a la ilegalidad y violencia institucionalizadas y construir una alternativa de esperanza. Para eso es necesario organización, respaldo popular y una clara visión no solamente política, sino también ética de una sociedad donde sea posible vivir con dignidad y en paz.

Hay varias opciones y no me sorprende que Ustedes las contemplen todas. Sé que algunos buscan criar zonas autónomas, libres de opresión y de dominación. Tales zonas liberadas son fundamentales como espacio de educación, para que Ustedes muestren unos a los otros que es posible vivir de manera cooperativa y solidaria para que cada uno y cada una pueda decir: yo soy porque tú eres. Pero más allá de las zonas liberadas es necesario enfrentar el poder político, económico y cultural que oprime y aterroriza. Para eso hay dos opciones básicas y estoy seguro que Ustedes analizan las dos con mucho cuidado: por un lado, la lucha armada, por otro, la lucha pacífica, legal e ilegal. Si me permiten, les digo que la historia muestra que la primera es irrenunciable solamente cuando no hay otra posible alternativa. La razón es simple: la lucha armada difícilmente tiene respaldo popular si obliga a sacrificar la vida para defender la vida. La pregunta es ¿hay espacio de maniobra para una alternativa pacífica? Humildemente pienso que sí porque la democracia mexicana, a pesar de estar muy herida y violada, está en nuestro corazón, como bien demuestran sus luchas contra tantos y sucesivos fraudes electorales. Miren la experiencia del sur de Europa, donde el desespero de los jóvenes está dando lugar a innovaciones políticas interesantes, partidos-movimientos que asumen internamente los procesos de democracia participativa, donde los rostros conocidos son voceros de procesos de deliberación muy creativos en que participan miles de ciudadanos y ciudadanas. Y subrayo, ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, en muchos países, y México no es excepción, las tradiciones de lucha tienen estilos bastante autoritarios, estilos machistas verticales. Hay que profundizar a ese nivel la democracia participativa, sobre todo cuando sabemos que las mujeres han sido tantas veces blancos privilegiados de los sicarios. ¿Será posible en México un nuevo partido-movimiento organizado por las jóvenes y los jóvenes? Ustedes saben la respuesta. Mejor aún, Ustedes son la respuesta. No va ser fácil porque los señores del poder van intentar criminalizar su lucha pacífica. Hay que asumir el costo de la resistencia pacífica aunque ésta sea declarada ilegal, asumir ese riesgo en nombre de la esperanza. El miedo de la ilegalidad tiene que ser enfrentado con la convicción de la ilegalidad del miedo. Ahí está la esperanza.

Un abrazo solidario.

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No Somos Delito: Convocatoria de prensa

Mi, 19/11/2014 - 22:10

-CONVOCATORIA DE PRENSA-

El 20N organizaciones y colectivos sociales se reunirán con cientos de velas en Sol como rechazo a la Ley Mordaza.

Hora: 17.00 pm – 19 pm

Lugar: Puerta del Sol

Día: Jueves 20 de noviembre

nosomosdelito

Madrid.-19 de noviembre. La Plataforma No Somos Delito informa de que organizaciones de juristas y colectivos sociales se reunirán este jueves a las 5 pm en una vigilia con velas en la madrileña plaza de Sol para exponer su rechazo al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que está siendo tramitado de forma exprés en el Congreso a pesar del rechazo de toda la oposición. El acto consistirá en una velada en defensa de la democracia y de la justicia  que se centrará básicamente en la lectura de un Manifiesto y una reunión pacífica a modo de vigilia con velas encendidas para velar por el cumplimiento de nuestros derechos.

El manifiesto recogerá el contenido básico de una Carta firmada por más de 15 organizaciones sociales y de juristas que será remitida al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (quien ya ha mostrado su preocupación por la Ley) para que haga un llamamiento urgente dirigido al Gobierno español a fin de que se retire este Proyecto.

Carta al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa – PDF

Declaración 20N No Somos Delito – PDF

 

Entrevistas:  

Alba Villanueva Navasquillo- email: a.villanavas@gmail.com - tlf 637873607

 

VER NOTA DE PRENSA 

https://www.youtube.com/watch?v=cuT-HcHChc0&list=UUQA03dtuq0YNw6OhFfB2eew

https://www.youtube.com/watch?v=6bHkOwneEVc&list=UUQA03dtuq0YNw6OhFfB2eew

 

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