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Attac Planet

Francia da un paso atrás en el TTIP

News from Attac Spain - Tue, 25/11/2014 - 18:00

Daniel AyllónLaMarea.com

El proyecto del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) de EEUU y la UE, que proyecta crear la mayor área comercial del mundo, empieza a hacer aguas. Si bien hace un mes el tratado apenas había recibido críticas políticas de peso, la polémica cláusula (ISDS, en sus siglas en inglés) que remite las disputas entre empresas y los Estados a un tribunal de arbitraje internacional –pieza clave que reivindican las multinacionales– le ha hecho perder apoyos en las últimas semanas. Primero fue el de los socialdemócratas del SPD, socios de gobierno alemán de Angela Merkel. El último ha sido Francia, que este lunes anunció por boca del secretario de Estado de Comercio, Matthias Fekl, que renunciará a firmar el tratado en 2015 señalando directamente al ISDS. Francia y Alemania alegan que los Estados pierden soberanía si se comprometen a aceptar automáticamente que las demandas de las empresas se lleven a un tribunal de arbitraje, socavando así las leyes nacionales.

Juncker

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. COMISIÓN EUROPEA

Estas decisiones han generado tensiones en EEUU, que teme no cerrar el acuerdo antes de que comience la carrera electoral de 2016.

El tribunal de arbitraje es un mecanismo de garantías que permite a las multinacionales recurrir decisiones soberanas de los Estados si considera que pueden afectar a su actividad económica. Por ejemplo: al abrigo de otros acuerdos similares, como el Tratado sobre Inversiones Bilaterales de Australia con Hong Kong, la multinacional Philip Morris llegó a demandar al gobierno australianopor impulsar leyes de regulación del tabaco que, según la compañía, podrían afectar a sus negocios. Demandas similares ya han sufrido gobiernos como el de Ecuador, por parte de multinacionales petroleras, recuerda Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.

Las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo consideran que la actividad de este tribunal restaría soberanía a los Estados. Además de la “sumisión” a las grandes multinacionales que promueve el TTIP, critican la falta de transparencia con la que se está negociando el acuerdo.

“Ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo podemos acceder a los borradores de las negociaciones. Este tratado de libre comercio es un acuerdo nocivo en su totalidad salvo que seas una gran multinacional”, ha denunciado este lunes la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez.

Marcellesi critica que el 90% de los encuentros preparativos que han mantenido los negociadores con la sociedad civil europea haya sido con lobbies de multinacionales, no con ONG u organizaciones de defensa de los derechos de los ciudadanos.

Además de la pérdida de apoyo político y social, el reciente informe TTIP: Desintegración de la Unión Europea, Desempleo e Inestabilidad del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Tufts University (Massachusetts, EEUU) ha puesto en cuestión los cálculos que la UE utiliza como referencia.

Los más optimistas vaticinan una inyección de hasta 119.000 millones de euros, la creación de cientos de miles puestos de trabajo, yun aumento del 0,5% del PIB. Sin embargo, los cálculos de la universidad estadounidense dibujan un panorama totalmente opuesto: la implantación del TTIP podría suponer la pérdida de hasta 600.000 empleos en Europa, además de una renuncia a la soberanía de los Estados en muchas áreas, inestabilidad económica y una caída del PIB.

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“Todas las crisis de deuda terminan en alguna forma de impago”

News from Attac Spain - Tue, 25/11/2014 - 13:01

Entrevista a Bibiana Medialdea – Consejo Científico de ATTAC España

La economista Bibiana Medialdea ha coordinado el libro  Qué hacemos con la deuda, una obra colectiva que analiza la actual crisis de deuda española. En esta entrevista repasamos algunos asuntos sobre los que profundiza el libro: cómo se originó el sobreendeudamiento (público y privado), quiénes son los acreedores, y sobre todo, qué hacer ante un problema que estrangula la economía y nos deja en manos de los acreedores y la troika. Medialdea y el resto de autores (Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche) asumen que la deuda es impagable y conducirá a una quita, por lo que el debate no es pagar o no pagar, sino quién soporta el coste de su reestructuración, y cómo lograr que ésta se haga mediante una decisión democrática. Hablamos con ella de la propuesta de una auditoría ciudadana, y de las experiencias en otros países que también sufrieron crisis de deuda.

¿En qué momento la crisis española se convirtió en una crisis de deuda?

La economía española basó su supuesta “época dorada” en un incremento insostenible del endeudamiento, sobre todo contraído por empresas de los sectores constructor/inmobiliario y financiero. Desde esta perspectiva, la crisis de sobreendeudamiento viene gestándose como mínimo desde mediados de los años noventa.

El próximo año la deuda pública española alcanzará el 100% de PIB, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es un techo, puede seguir aumentando, hay algún punto de no retorno?

Si el origen del endeudamiento fue sobre todo el comportamiento de empresas y bancos, una vez que la situación se vuelve crítica los gobiernos de Zapatero y Rajoy comienzan a traspasar deuda privada, sobre todo del sector financiero, al Estado. Este trasvase, junto con los efectos lógicos de la crisis económica (incremento del gasto en subsidios de desempleo, por ejemplo, pero sobre todo la brutal caída de los ingresos públicos), deterioran a gran velocidad unas cuentas públicas que hasta entonces estaban muy saneadas: si en 2007 la deuda pública sobre el PIB era de aproximadamente el 44%, en 2011 ya suponía más del 77%.

Si el curso de las cosas no se altera -la recesión se profundiza y la recaudación fiscal sigue hundiéndose, seguimos inyectando recursos públicos al sector financiero privado, etc-, por muchos recortes de gasto público que se acometan las cuentas del Estado seguirán deteriorándose irremediablemente. Aunque el origen del problema no fue el endeudamiento público, ahora mismo la situación fiscal ya sí es problemática y seguirá empeorando. Con las graves consecuencias que ello conlleva: pensemos por ejemplo que los recientemente aprobados presupuestos para 2014 ya prevén gastar del orden de un 25% más de recursos públicos en abonar intereses de deuda pública (36.590 millones de euros), que en financiar subsidios de desempleo (26.696 millones).

¿A quién debemos?

Según los datos que publica el Banco de España (incompletos y poco desagregados, todo hay que decirlo), prácticamente el 95% de los títulos de deuda pública están en manos de entidades financieras, españolas o extranjeras. Es a los bancos, fundamentalmente, a donde irán a parar esos casi 37.000 millones de euros presupuestados para pagos de intereses de deuda pública en 2014. Pensemos, entonces, que son mayoritariamente esas entidades, a las que estamos regalando recursos públicos y a las que el BCE (una institución pública, no lo olvidemos) le concede crédito en condiciones privilegiadas, las que ingresan los intereses de deuda pública. Es decir, usan dinero público para lucrarse gracias al problema fiscal que ellos mismos han contribuido a generar.

¿Qué papel ha jugado el rescate bancario en la acumulación de esa deuda pública?

Los cálculos no son fáciles. Por un lado, porque hay que contabilizar partidas de muy distinta naturaleza: transferencias directas, avales, créditos a tipos de interés preferente… No todo puede contabilizarse como si de cantidades homogéneas se tratara. Por otro, hay que tener en cuenta que el rescate bancario dista mucho de haber concluido. Teniendo en cuenta estas limitaciones, haciendo estimaciones que se pueden considerar conservadoras a partir de los cálculos del economista Carlos Sánchez Mato, tendríamos que hasta finales de 2012 el total de ayudas bancarias generadoras de deuda pública rondarían los 138 mil millones de euros. Es decir, como poco estaríamos hablando de algo más del 13% del PIB del país.

Para el rescate bancario ha sido todavía más costoso. Un estudio que publicó en agosto el FMI cifraba el total de la ayuda bancaria (no sólo la generadora directa de deuda pública) en 246.441 millones de euros: aproximadamente un 25% del PIB.

Cuando hablamos de deuda, tendemos a pensar en deuda pública, pero, ¿qué pasa con la deuda privada? ¿Y la deuda de las familias?

Como decíamos, el origen del problema de sobreendeudamiento actual, y aún a día de hoy el mayor volumen de deuda, se concentra en el sector privado; y no precisamente en las familias. Incluso ahora que el Estado ya arrastra una deuda pública importante, al final de 2012 suponía un poco menos de la cuarta parte de la deuda total: un 24%. La deuda de las familias, por su parte, no era más que el 19%. Son las empresas del sector no financiero (con un 31% de la deuda) y las entidades financieras (con un 27%) las que siguen acumulando la mayor parte del endeudamiento: casi el 60% del total.

¿Es posible plantear otra política económica con este nivel de deuda, o el margen de maniobra de cualquier gobierno es demasiado estrecho?

Es evidente que la situación actual de recesión y sobreendeudamiento complica enormemente la formulación de políticas económicas, pero siempre hay margen. Las opciones de política económica dependen de los objetivos que persigan: actualmente se prioriza la recuperación del máximo de deuda por parte de los acreedores y la recuperación (o mantenimiento, según el caso) de los beneficios. Si priorizáramos la generación de empleo y la protección de los grupos sociales más vulnerables, las medidas respecto al pago de la deuda, la recaudación fiscal y el gasto público efectuado, por ejemplo, tendrían que ser diametralmente opuestas a las que hasta ahora se vienen aplicando: si racionalizáramos el pago de la deuda e incrementáramos sustancialmente la recaudación fiscal, sería posible acometer gasto público potente en partidas estratégicas.

La experiencia de otros países

Observando otras crisis de deuda a lo largo de la Historia, ¿qué características comunes encontráis en ellas? ¿Qué lecciones podemos extraer?

La casuística es muy heterogénea y no se pueden sacar conclusiones simplificadoras. Pero diría que hay tres lecciones que no debiéramos perder de vista.

La primera, que siempre que hay una crisis de deuda, es decir, que hay una situación de insolvencia o incapacidad de pago, termina por habilitarse algún tipo de impago. Parece una obviedad pero merece la pena clarificar este punto: cuando la parte deudora no puede pagar, es que no puede pagar y, por tanto, no paga.

La segunda: la forma concreta que toma ese impago determina resultados completamente diversos. En ocasiones la parte acreedora consigue minimizar el impago retrasándolo todo lo posible, a costa de deteriorar las condiciones de vida más básicas del deudor; o consigue unas contrapartidas que claramente compensan el impago asumido (privatizaciones, reformas, nueva deuda, etc.). Otras veces, la parte deudora es capaz de conseguir una renegociación más o menos equitativa de la deuda, en la cual la responsabilidad de la crisis se asume también, aunque sea parcialmente, por la parte acreedora.

La tercera lección es que el resultado concreto de una crisis de deuda, o dicho de otro modo, cómo se reparte la pérdida que de forma inevitable va ligada al quebranto o impago, depende de la correlación de fuerzas entre ambas partes. Es decir, en última instancia es un problema político. Pensemos por ejemplo en dos crisis de deuda que se han saldado con impagos muy relevantes: la deuda alemana tras la Segunda Guerra Mundial y la deuda iraquí una vez que EEUU se hace con el control del país. Aunque la cuestión del pago o el impago se nos presente como un asunto técnico lo cierto es que es eminentemente político.

Entre las crisis de deuda recientes de otros países, ¿cuál sería el caso más similar al español? ¿Y cuál el mejor espejo en que mirarnos?

Ninguno nos sirve para extrapolar de forma directa y completa, y hay que tener cuidado de no idealizarlas, pero sí podemos extraer “pistas” en algunos aspectos concretos.

Por ejemplo, la crisis financiera sueca de principios de los noventa o la más reciente de Islandia nos ilustran cómo, incluso ante un sector bancario técnicamente quebrado y ante la necesidad de inyectar recursos públicos, es posible diseñar fórmulas que minimicen el coste para los contribuyentes, carguen gran parte del coste y la responsabilidad sobre los grandes accionistas y gerentes, y traten de evitar la repetición de los mismos episodios en el futuro.

Por otra parte de nuevo el caso de Islandia, o el de la gestión del gobierno de Roosevelt durante la Gran Depresión estadounidense, nos muestra cómo ante el estallido de una burbuja inmobiliaria que arrastra tanto al sector financiero como a una gran cantidad de familias afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente a sus hipotecas, hay alternativas que permiten sanear entidades bancarias priorizando el “rescate” de las familias.

Por último, las actuaciones del gobierno argentino o ecuatoriano demuestran que es posible y útil hacer valer el poder que se tiene como parte deudora para imponer, de una forma o de otra, condiciones más equitativas para la renegociación de la deuda pública.

Deuda ilegítima y auditoría

¿Por qué consideráis ilegítima una parte de la deuda? ¿Cómo diferenciar esa parte?

El caso de cierta parte de la deuda pública, por ejemplo la destinada al rescate bancario, creo que es bastante claro: una deuda que no se ha contraído por el bien de la colectividad, sino que es resultado de un proceso antidemocrático por el cual los gobiernos, sin llevarlo en sus programas, optan por dedicar recursos públicos a un sector que es el responsable de la crisis y es quien se enriqueció enormemente los años previos. Un desembolso de dinero público que, además, se lleva a cabo sin exigir contrapartidas de importancia, y que por tanto no garantiza que el sector financiero no vaya a repetir las mismas prácticas y vuelva a llevarnos a un desastre similar. Y en un momento de emergencia social como este (desahucios, desempleo, pobreza cada vez más generalizada), en el que los recursos públicos tienen usos alternativos tan claros y tan urgentes. Consideramos que hay razones éticas y políticas para defender que la deuda derivada de ese gasto no puede considerarse pública, que no es toda la ciudadanía quien ha de responder por ella, porque en rigor el gasto que la ha generado no puede tampoco considerarse público.

Hay también gran parte de la deuda hipotecaria que contrajeron familias, una deuda muy sobrevalorada, en ocasiones regulada por contratos con condiciones abusivas, y que era la única fórmula disponible para acceder a una vivienda, que también pensamos que es ilegítima.

Identificar deuda ilegítima entraña primero una tarea política, de decidir democráticamente qué deuda es ilegítima, y posteriormente una tarea técnica, que permita cuantificarla con el máximo rigor posible.

¿Qué consecuencias tendría un impago de deuda? ¿Aun así serían peores las consecuencias de pagarla?

Como decía antes, a lo largo de la historia siempre que hay crisis de deuda hay impagos de un tipo o de otro. Ahora mismo, en la economía española, ya está habiendo impagos. Las empresas que suspenden pagos, las entidades bancarias que quiebran, no pagan. La deuda pública, y la de las familias humildes agobiadas con la hipoteca de su primera vivienda, son las deudas que hasta el momento se están pagando íntegramente (o prácticamente, en algunos, muy pocos casos, se están concediendo daciones en pago a familias). Se trataría por tanto de romper la ficción, de normalizar el escenario del impago, y de que sean criterios de equidad y corresponsabilidad los que sirvan para determinar quién, cuánto y cómo se producen los impagos que de hecho ya están ocurriendo.

¿Cómo reaccionarían los ‘mercados’ en caso de impago? ¿Y los acreedores? ¿Sufriríamos represalias y aislamiento?

Las experiencias internacionales nos demuestran que los acreedores internacionales (los “mercados”), son fundamentalmente pragmáticos. Aunque cada caso es diferente, lo normal es que tras un primer momento en que se escenifica la ruptura y el aislamiento, se avienen a negociar una reestructuración de deuda lo más favorable posible. Marcando el límite de hasta dónde está dispuesto a sacrificarse para seguir pagando, el deudor marca la frontera de lo posible. Una vez que el acreedor entiende que ha de asumir esa frontera, se aviene a negociar tratando siempre de maximizar el pago recibido a partir de ese límite impuesto. La experiencia griega, en la cual los acreedores privados terminaron asumiendo una rebaja de aproximadamente el 70% de la deuda pública, es un ejemplo muy reciente: una vez que se asume que el 30% es lo único que se va a poder recuperar los acreedores lo que quieren es recuperarlo.

Proponéis una auditoría ciudadana, pero ¿cómo se articula algo así? ¿A quién corresponde la iniciativa, quién o quiénes serían los responsables de auditar la deuda? ¿Qué validez tendría?

Los detalles de una auditoría dependen de a qué nivel –municipal, de comunidad autónoma o estatal- se articule, y de qué agentes participen en ella. Por ejemplo, no es lo mismo el acceso a la información que se tiene cuando un gobierno está interesado en desarrollar la auditoría (caso de Ecuador) que cuando no participa o de hecho la obstaculiza.

Lo que es seguro es que el proceso de recopilación de información, aunque precisa de un elemento de competencia técnica, ha de ser democrático: se trata de extraer información para que la ciudadanía de forma consciente pueda tomar decisiones que, de hecho, están determinando sus condiciones de vida: ¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando los intereses de deuda pública a los bancos? Que la ciudadanía responda a este tipo de preguntas de forma informada es el objeto de la Auditoría.

¿Una quita de deuda tendría efectos positivos por sí misma, o necesita otras medidas?

Una quita de deuda importante es necesaria, pero por sí sola es insuficiente.

Por una parte, en el plano más inmediato de una gestión de la crisis actual que minimizara el coste sobre la mayoría social, sería necesario insertar las quitas dentro de un esquema de política económica mucho más amplio: reversión de las políticas de austeridad, reforma fiscal potente y muy progresiva, política de rentas distributiva, intensa “represión” al sector financiero, protección social efectiva a los grupos más vulnerables, generación de empleo, etc.

Pero además, no podemos olvidar que la crisis en la que estamos inmersos no es un desgraciado accidente del funcionamiento del sistema. Más bien, la crisis nos ha demostrado a las claras cómo funciona un sistema que se descubre incompatible con la toma democrática de decisiones económicas, el bienestar colectivo y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. Medidas que nos hicieran salir de la crisis reproduciendo las condiciones que nos trajeron hasta aquí no pueden ser consideradas eficaces. Es necesario un replanteamiento más profundo, que cuestione las bases mismas del capitalismo: qué producimos, cómo lo distribuimos, cómo organizamos el trabajo, cuestiones de este tipo.

¿Qué margen de maniobra tiene España sin salir del euro y mientras siga bajo supervisión de la troika?

Bajo los parámetros de la actual UE, con sus Tratados e instituciones, cualquier horizonte de transformación es muy limitado. Ni siquiera hay demasiado margen para una gestión de la crisis más social, más amable. La apuesta por la austeridad y la “devaluación interna” (retroceso salarial) profundiza la recesión económica y la polarización social. Es un desastre para todos los pueblos de Europa, pero en particular para las economías del Sur, supone un avance acelerado hacia la descomposición social: familias desahuciadas, pensiones que pierden capacidad adquisitiva por ley, el fin de las prestaciones básicas universales, desnutrición, generaciones enteras que abandonan el país contra su voluntad… Lo que estamos viendo no es más que el resultado lógico de la disciplina del euro y las políticas que impone la troika.

El dilema, desde mi punto de vista, es más bien si es más fácil cambiar este marco europeo que nos lleva al desastre social rompiendo con él o tratando de transformarlo desde su seno.

¿Qué papel nos corresponde a los ciudadanos?

Forzar el cambio. Transformar el sentimiento generalizado de indignación frente al expolio en una acción política eficaz, que consiga una gestión de lo común democrática y favorable a la mayoría social. Gran parte de la ciudadanía entiende los elementos básicos de la estafa económica y la farsa democrática en que estamos inmersos. Desgraciadamente la crisis lo está dejando muy claro. Pero tenemos pendiente transformar la información y el sentimiento en capacidad efectiva de cambiar las cosas. Estos años de movilización social han sido espléndidos y necesarios, pero tenemos también tareas ineludibles en el terreno político. Aunque el panorama no sea fácil, la política es el único camino.

 

Más información y propuestas, en el libroQué hacemos con la deuda, de Bibiana Medialdea, Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche. También en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, y en la web de la colección Qué hacemos.

Publicado en El Diario.es

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Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD

News from Attac Spain - Tue, 25/11/2014 - 12:08

Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD Con Hugo Ramírez Asamblea de personas trabajadoras en Paro Miércoles 26 de Noviembre. 19h En el Ateneu Popular l’Engranatge c/ AltosHornos 69 local 8-BCN Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

¡PAREMOS EL TTIP!

Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD

Con Hugo Ramírez

Asamblea de personas trabajadoras en Paro

Miércoles 26 de Noviembre. 19h

En el Ateneu Popular l’Engranatge

c/ AltosHornos 69 local 8-BCN

Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

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Las Marchas de la Dignidad vuelven a la calle en una ‘Semana de lucha’

News from Attac Spain - Tue, 25/11/2014 - 09:00

Carmen ReinaEl Diario.es

Los colectivos que componen las Marchas de la Dignidad organizan para la última semana de noviembre una convocatoria de protestas sociales que concluirá con manifestaciones en todas las capitales.

Convocada a nivel estatal entre el 24 y el 29 de noviembre, la ‘Semana de lucha’ de las Marchas de la Dignidad llevará a cabo de manera descentralizada protestas en ámbitos como la sanidad, los desahucios o la educación.

Esta acción servirá para tomar perspectiva del músculo de las Marchas de la Dignidad, que tienen el objetivo de repetir en 2015 la masiva manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 22M.

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El lema ‘Pan, trabajo y techo’ volverá a escucharse en las calles de todo el país la última semana de este mes de noviembre. Será en la denominada ‘Semana de lucha’, organizada por los colectivos que componen la coordinadora de las Marchas de la Dignidad, una acción coordinada a nivel estatal pero que será llevada a cabo de forma descentralizada por la organización de las marchas de cada territorio.

Así, entre el 24 y el 29 de noviembre, las Marchas de la Dignidad han convocado esta ‘Semana de Lucha’, que responde al calendario de acciones aprobado el pasado verano, para llevar a la calle una serie de protestas en los distintos ámbitos sectoriales que tienen cabida en las reivindicaciones de los activistas del 22M.

Se trata así, según fuentes de la organización de las protestas consultadas por eldiarioandalucia, de “sumar las acciones en distintos ámbitos que hasta ahora se han organizado por separado” y, con ello, “unir las protestas parciales en distintos sectores” como pueden ser la lucha contra los desahucios y por el derecho a una vivienda o contra los recortes en sanidad y en educación. Para ello, cada una de las acciones que se desarrollen estará diseñada y protagonizada por los colectivos que luchan a diario en cada uno de los ámbitos.

Los responsables de las Marchas de la Dignidad realizan “un nuevo llamamiento a la movilización social” en la última semana de noviembre donde se producirán en cada capital “movilizaciones por el empleo digno, por una renta básica, por los servicios públicos y de calidad, por el derecho a la vivienda y la dación en pago, por las libertades democráticas, contra los presupuestos restrictivos de las administraciones públicas, contra el pago de la deuda odiosa, el paro, la precariedad, los recortes, el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE) y la corrupción”.

Esta acción coordinada en todo el país servirá, asimismo, para tomar perspectiva del músculo que conservan las Marchas de la Dignidad, que tienen la mirada puesta en repetir la próxima primavera de 2015 la movilización de cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron en Madrid el pasado 22 de marzo como culminación del camino a pie recorrido por los activistas desde todas las comunidades autónomas hasta la capital.

“Salimos a la calle porque nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la mayoría social y los pueblos”, explican los organizadores en el manifiesto de esta ‘Semana de Lucha’. Y citan, entre los motivos de su vuelta a las calles, el desempleo, la pérdida de la vivienda, la marcha de los jóvenes al extranjero para ‘buscarse la vida’, los recortes en salud, educación y dependencia, entre otros argumentos.

“Mientras, el verdadero poder, el que no se presenta a las elecciones, sigue enriqueciéndose y corrompiendo al poder político. Siguen llevándose dinero a los paraísos fiscales, usando tarjetas opacas y regalando decenas de miles de millones de dinero público, dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a bancos y especuladores”, alegan en contra de la corrupción.

Manifestación final el 29N en todas las capitales

La ‘Semana de Lucha’, con protestas sectoriales llevadas a cabo en cada ciudad, culminará el sábado 29 de noviembre con una manifestación. “Llamamos a participar activamente en una movilización por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan”, dicen desde las Marchas.

En Andalucía, los integrantes de las Marchas de la Dignidad han convocado manifestaciones el 29N en las ocho capitales de la comunidad autónoma, de manera simultánea a las 12 horas de ese día, a excepción de Jaén y Almería donde la convocatoria se realizará por la tarde, según se ha acordado en la última asamblea a nivel andaluz de la coordinadora 22M.

“Nuestro objetivo es abarcar todos los ámbitos de acción que siempre han cubierto las Marchas”, señalan las fuentes consultadas que explican cómo, además, la lucha contra la violencia de género tendrá un papel protagonista al producirse esta ‘Semana de Lucha’ en el entorno del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el 25N.

Así, las Marchas de la Dignidad han decidido apoyar y participar activamente en las distintas manifestaciones y acciones que contra los malos tratos y por la igualdad tendrán lugar en cada una de las capitales de Andalucía, como uno más de los ámbitos de esta ‘Semana de lucha’.

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ATTAC Acordem – Els paradisos fiscals: Acabar amb els forats negres de les finances

News from Attac Spain - Tue, 25/11/2014 - 07:03

Xerrada-debat amb Antonio Fuertes, membre d’ATTAC Acordem. 3 de desembre de 2014, a les 19 h., al Centre Cívic Pati Llimona.  C. Regomir, 3. Barcelona. Organitza: ATTAC Acordem.

Els anomenats “Paradisos fiscals” han estat i són un suport necessari per a la blogalització financera. Són territoris que venen la seva sobirania als interessos delictius o il·legítims dels grans capitals i corporacions, que a través d’ells saquegen i desestabilitzen les economies nacionals amb total impunitat i soscaven la democràcia.

Paradisos fiscals A4 (150dpi)

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Maniobras privatizadoras en el Canal de Isabel II

News from Attac Spain - Tue, 25/11/2014 - 07:02

La Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II convoca una concentración contra esta operación opaca de mercantilización del agua.

  • La Junta de Accionistas va a emitir bonos de deuda por valor de 600 millones de euros al tiempo que reparte dividendos entre los accionistas.
  • No justifica el destino de una emisión de deuda que solo beneficia a las grandes multinacionales y a los fondos buitre.
  • Aunque desde 2011 los beneficios del Canal de Isabel II han crecido un 43%, la inversión en infraestructuras cayó un 56%.

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Cuando el Partido Popular vio frustrada su intención de privatizar el Canal de Isabel II en 2011 anunció que lo retomaría antes de que acabara la legislatura. Ese momento está llegando.

El próximo 3 de diciembre Canal Gestión S.A va a asestar un duro golpe a los madrileños al aprobar, previsiblemente, en su Junta de Accionistas la emisión de bonos en el mercado de la deuda por valor de 600 millones de euros para, supuestamente, invertir en unas infraestructuras que nadie ha concretado ni justificado.

Esta operación se va a llevar a cabo con total opacidad, con desconocimiento de la propia Asamblea de Madrid y de la ciudadanía madrileña y se traducirá en un aumento de la deuda de la entidad.

El orden del día de la Junta contempla el reparto de nuevos dividendos entre los accionistas y la modificación de los estatutos sociales para poder remunerar a los miembros del Consejo de Administración en los que no concurra causa de incompatibilidad. Se profundiza, así, en el expolio del Canal y en la estrategia de privatización que está llevando a cabo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la entidad. ¿A quién beneficia esta operación de entrar en el mercado de la deuda, sino a las multinacionales del sector y a los fondos buitre?

Se detraen de los ingresos del Canal ingentes cantidades en concepto de dividendos para los accionistas y se pretende repartir otra porción del “pastel” entre los amiguetes del Ignacio González y Salvador Vitoria, puestos a dedo en el Consejo de Administración. A cambio se hunde a Canal Gestión SA en un deuda peligrosa y en una situación insostenible al disminuir drásticamente los gastos de personal y las partidas destinadas a inversiones, mantenimiento y explotación.

Desde que en 2008 comenzara el proceso de privatización hemos visto cómo transformaban una empresa pública en una Sociedad Anónima en una semana

Desde que en 2011 se creara la Sociedad Anónima Canal Gestión, el Partido Popular ha conseguido que la deuda de la empresa ascienda a 1.168 millones de euros, gracias a movimientos como la compra de Inalsa, con una deuda acumulada de 100 millones de euros. A pesar de que los beneficios en este mismo periodo han ascendido a un 43%, no se han realizado inversiones en infraestructuras. Más bien al contrario: el gasto de esta partida ha decrecido un 56%, la de personal un 12,5% y los beneficios generados han sido repartidos entre los accionistas casi en su totalidad.

Desde que en 2008 comenzara el proceso de privatización hemos visto cómo transformaban una empresa pública en una Sociedad Anónima en una semana; cómo colocaban en el consejo de dirección a personas afines comoSalvador Victoria, José Manuel Serra Peris, imputado como consejero de Bankia, José de Cevallos Aguarón, vinculado a Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A., Antonio de Guindos, imputado por el caso Madrid-Arena o David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas; cómo la representación sindical era expulsada del consejo de dirección; cómo el Partido Popular presionaba a alcaldes para firmar los convenios de adhesión al nuevo modelo de gestión, como desoían la consulta ciudadana en la que 180.000 personas se oponían a la privatización del CYII y cómo nos han negado información referida a la gestión de la empresa hasta en 65 ocasiones.

Cuando el Partido Popular vio frustrada su intención de privatizar el Canal de Isabel II en 2011 anunció que lo retomaría antes de que acabara la legislatura. Ese momento está llegando y la emisión de bonos parece indicar que pretende hacerlo efectivo antes de las elecciones autonómicas y municipales con la misma opacidad que ha rodeado este nuevo expolio de lo público en beneficio de unos pocos.

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II convoca una concentración en la Puerta del Sol contra la mercantilización de un derecho humano como es el agua el domingo 30 de noviembre a las 12h. 

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ATTAC en Asturias: Charlas-debate de Ricardo García Zaldívar sobre el TTIP

News from Attac Spain - Tue, 25/11/2014 - 07:00

Próximamente, ATTAC España estará presente en las charlas-debates que se van a realizar en Oviedo y Cangas de Onís, ambas por el compañero Ricardo García Zaldívar, sobre el “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP), es decir el Tratado de Transatlántico de Comercio e Inversión entre EE.UU y la U.E.

La charla en Oviedo se celebrará en el Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” (Biblioteca del Fontán), el lunes día 1 de diciembre a las 19:00 horas. Organizada por ATTAC Oviedo, con la colaboración de la Plataforma “Asturies no a los Tratados de Libre Comercio”.

Por otro lado, el Grupo Local de ATTAC en Asturias – ATTAC Oriente, ha organizado la charla para el martes día 2 de diciembre a las 18:30 horas en la Casa de Cultura de Cangas de Onís.

Cartel_Attac Oviedo

Cartel_Attac Oriente

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Blockadia et Alternatiba, les deux piliers de la justice climatique

News from Attac France - Mon, 24/11/2014 - 22:27

Que faire de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris - Le Bourget en décembre 2015 ? Les ONG, mouvements sociaux et écologistes se posent toute une série de questions essentielles dont il faut prendre le temps de débattre : que faut-il attendre des négociations ? Sur quoi est-il possible d'influer ? Que faire pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'après Copenhague (2009) ? Quels objectifs se donner ? Comment travailler en profondeur les exigences de transformation écologique et sociale au sein de la population ? Quelles initiatives prendre pour imposer la lutte contre les dérèglements climatiques en haut des priorités politiques tout en évitant de donner plus de forces à ceux qui veulent imposer leurs solutions techno-scientifiques et innovations financières ? Sur quelles bases construire un mouvement pour la justice climatique qui irrigue largement la société, persiste et se renforce à travers et au-delà de la conférence Paris2015 ? Comment s'appuyer sur la réussite des manifestations du 21 septembre 2014 ? Quelle place donner aux mobilisations grandissantes visant à bloquer des projets climaticides et aux initiatives citoyennes visant à expérimenter et mettre en œuvre dès maintenant le monde soutenable et résilient qui sera nécessaire demain ? La liste des questions et des débats en cours au sein des ONG et des mouvements sociaux et écologiques est longue.

En expliquant pourquoi les contours et le contenu (niveau de réduction d'émissions, niveau de financements et forme juridique) de l'accord le plus ambitieux qui pourrait être atteint à Paris en 2015 sont à peu près déjà connus, ce texte essaie de mettre en lumière pourquoi les ONG et les mouvements sociaux et écologiques devraient prendre du recul par rapport aux négociations qui se déroulent au sein de l'ONU. Il s'agit de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites en amont et pendant la conférence de Copenhague en 2009. Pour ce faire il est proposé de concentrer les énergies militantes et citoyennes sur un agenda de mobilisations propres dont la Conférence de l'ONU COP21 serait une étape et une caisse de résonance dans la perspective de transformer durablement le rapport de force en faveur d'une transition écologique et sociale d'ampleur. D'une certaine manière, il s'agit donc, au nom de l'urgence climatique, de ne pas se limiter à des batailles défensives au sein des négociations de l'ONU. Au contraire, l'idée est de renforcer toutes les batailles et propositions offensives et transformatrices que les dynamiques Blockadia et Alternatiba peuvent porter et incarner. Après les manifestations massives, à New York et ailleurs, le 21 septembre dernier, il est ici proposé de faire de Paris2015 un « Seattle des fausses solutions » et un « Cochabamba de la transition écologique et sociale ». Pour engager le débat et poursuivre les discussions déjà en cours, la perspective est clairement énoncée : il s'agit de se donner les moyens de ne pas subir le cours des négociations de l'ONU. Au contraire il est proposé que les ONG et les mouvements sociaux et écologistes deviennent prescripteurs d'opinion et dictent le dernier mot.

Point d'accord juridiquement contraignant à l'horizon !

Pour Laurent Fabius, l'objectif annoncé en septembre 2013 était d'aboutir à « un accord applicable à tous, juridiquement contraignant et ambitieux, c'est-à-dire permettant de respecter la limite des 2 °C » [1]. À New York, en septembre dernier, François Hollande a même dit que l'horizon était d'arriver à la « neutralité carbone » [2]. Au regard de ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est peu dire que c'est mal parti. Si un accord est possible en 2015, il ne sera ni juridiquement contraignant, ni à la hauteur des enjeux. Barack Obama ne veut pas d'accord juridiquement contraignant en matière de climat [3]. Il l'a clairement affirmé à la fin de l'été [4], préférant un instrument juridique souple qui invite les États à définir et annoncer, à intervalles de temps réguliers et de manière unilatérale, leurs propres engagements (réduction d'émissions, financements, etc.) pour une période donnée. À travers ce modèle dit de « Name & shame », chaque pays se verra accorder un satisfecit international si ses objectifs sont jugés suffisants et s'ils sont atteints, et il sera « couvert de honte » dans le cas contraire.

Ainsi, à la contrainte juridique, seule à-même d'instituer une contrainte et un engagement politique, il est préféré une déclaration d'intention regroupant les engagements propres de chacun des États, déclarations dont on sait le peu de poids et de constance qu'ils peuvent avoir. C'est un tournant dans les négociations climat où l'échelon national va primer sur la fixation et la réalisation d'objectifs globaux. Pour Barack Obama et l'administration américaine, les affaires intérieures et les équilibres géopolitiques internationaux priment sur le climat et la nécessité d'aboutir à un accord contraignant. Ils sont rejoints en cela par de nombreux pays, notamment la Chine. Ni François Hollande ni Laurent Fabius ne les ont formellement contredits. Pas plus depuis Paris qu'à New York lors du sommet sur le climat organisé par Ban Ki-moon, le 23 septembre 2014.

Point d'accord ambitieux à l'horizon !

Pour être à la hauteur des enjeux rappelés par la synthèse [5] des rapports du GIEC publiée le 2 novembre dernier, un accord devrait imposer d'importantes réductions d'émissions de gaz à effets de serre (GES) d'ici 2020. En effet, selon un rapport du PNUE [6], si rien ne change, les pays de la planète vont émettre 13 gigatonnes de gaz à effet de serre équivalents CO2 de trop en 2020 (57 gigatonnes au lieu de 44 gigatonnes de CO2) par rapport aux trajectoires acceptables pour conserver une chance raisonnable de pouvoir ne pas dépasser les 2°C de réchauffement climatique maximal d'ici la fin du siècle. Pourtant, à ce jour, aucun pays n'envisage de revoir à la hausse ses engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020. Rien n'indique donc que cet écart entre le souhaitable et le réel se résorbe avant 2020, et il a de fortes chances de s'aggraver après 2020.

En effet, les premiers engagements mis sur la table pour l'après 2020 sont très éloignés des recommandations du GIEC. Ainsi, l'Union européenne [7] s'est engagée à réduire ses émissions d'au moins 40 % d'ici 2030, un objectif que les recommandations du GIEC invitent à atteindre dès 2020. Les États-Unis viennent [8] eux de s'engager à réduire leurs émissions de 26 à 28 % d'ici à 2025, soit un objectif d'à peine 0,4% par an par rapport à 1990. Quant à la Chine, elle s'engage à atteindre un maximum d'émissions avant 2030, ce qui revient à annoncer qu'elle battra record sur record d'ici là. Sur la base des engagements américains et chinois, il n'y aurait à peine que 1 % de chance [9] de ne pas dépasser les 2°C de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Avec le système voulu par les États-Unis et aujourd'hui soutenu bien plus largement, qui permet à chaque État de fixer son propre objectif, il n'est plus question de répartir entre les différents pays un budget carbone maximum préalablement établi en fonction des exigences et recommandations scientifiques. C'est à se demander si les gouvernements ne sont pas tout simplement en train d'abandonner l'objectif des 2°C qu'ils se sont eux-mêmes fixés lors de nombreuses échéances internationales (négociations ONU, G8, G20 etc), et au delà duquel les dérèglements climatiques seraient dramatiques.

Peu de financements à l'horizon !

Il n'y a point d'accord « ambitieux » sans financements conséquents sur la table. Décidé à Copenhague, le Fonds Verts pour le Climat vient à peine de voir le jour. Mais les caisses du fonds restent (presque) vides. Sur les 100 milliards de dollars par an promis pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation et les conséquences des phénomènes climatiques extrêmes, à peine un peu plus de deux milliards de dollars ont été collectés à New York. Les annonces de François Hollande, voulues tonitruantes, sont en fait dérisoires [10], et les modalités de leur utilisation sont très discutables [11]. Depuis, les États-Unis et le Japon ont respectivement annoncé contribuer à hauteur de trois et de un milliard et demi de dollars, sans préciser le nombre d'années sur lesquelles ils seront étalés. D'autres pays (Royaume-Uni, Italie, etc) en on fait de même, sans qu'il ne soit encore possible d'atteindre 10 milliards de dollars. Une somme qui ne sera récoltée que sur plusieurs années. Soit une division par plus de dix comparé à ce qui avait été été promis. À ce jour il n'est par ailleurs pas garanti que ces financements, s'ils se confirment, soient publics, additionnels et disponibles sous forme de dons et non de prêts conditionnés, pas plus qu'il n'est assuré qu'ils soient prioritairement destinés aux populations qui en ont le plus besoin.

Faut-il appeler les États à passer à l'action ?

Nous ne manquons pourtant pas de données et d'études scientifiques pour alerter les chefs d'État et de gouvernement et exiger d'eux qu'ils agissent urgemment. Les derniers rapports du GIEC sont extrêmement alarmants. Il ne se passe pas un mois sans qu'un nouveau record d'émissions de gaz à effet de serre ou de chaleur ne soit battu, comme le montrent les dernières données publiées par l'Organisation météorologique mondiale [12]. Les données et les rapports d'expertise scientifique s'empilent mais ne déclenchent pas de politiques à la hauteur des enjeux, prouvant par là-même qu'il n'existe pas de relation mécanique entre l'accumulation des savoirs scientifiques sur le réchauffement climatique global et la volonté d'en faire un enjeu politique prioritaire. Informer les classes dirigeantes des dernières données disponibles n'a, finalement, pour seule conséquence que d'avoir des classes dirigeantes informées des dernières données disponibles, mais toujours opposées, hélas, à engager la transformation d'un système économique insoutenable.

Les appels invitant les «  leaders » à « passer à l'action » ne manquent pas non plus. Dernier appel en date, les manifestations du 21 septembre dernier dont c'était le mot d'ordre général, extrêmement large, voulu par les organisateurs [13]. Ces manifestations, comme ce fut déjà le cas à Copenhague en 2009, on été massives et déterminées. Elle ont été diverses également de par les exigences exprimées dans les cortèges, y compris pour demander «  un changement de système, pas du climat ». Visiblement, si l'on va au delà des déclarations d'intention, les « leaders » présents au sommet de Ban Ki-moon ne souhaitent pas s'attaquer aux causes profondes du réchauffement climatique [14]. Par conséquent, on se dirige ver les + 4°C, voire les + 6°C d'ici la fin du siècle. Y a-t-il des « leaders du climat » au sein de l'ONU ? Les négociations internationales ont débuté à l'orée des années 1990. Depuis, les émissions mondiales ont augmenté de plus de 60 %, et continuent de croître, année après année. Responsabilité de la Chine, de l'Inde et du Brésil ? Pas seulement : l'empreinte carbone de la France a augmenté de 15 % en vingt ans. Faut-il encore appeler ces « délinquants du climat » [15] à «  passer l'action » ?

Les fausses solutions vont bon train

Quand les chefs d'État et de gouvernement « passent à l'action », ils ont tendance à mettre en œuvre un agenda de fausses solutions. Tout se passe comme si les classes dirigeantes et le business utilisaient les dernières données et les derniers rapports publiés pour justifier des décisions et des initiatives qui, tout en donnant l'impression qu'ils agissent, contribuent à empirer la situation et à renforcer l'emprise de la finance et des multinationales sur nos économies, sur nos vies et sur la nature. Le récent sommet sur le climat organisé par Ban Ki-moon à New York en est un exemple frappant [16]. Il s'est transformé en un salon des fausses solutions.

Pour renchérir l'utilisation des énergies fossiles, on cherchera à donner un prix au carbone par l'entremise de nouveaux dispositifs de marché et de finance carbone alors que le marché européen, pionnier en la matière, s'est révélé inefficace, dangereux, coûteux et non-réformable [17]. Pour optimiser le captage et le stockage du carbone dans les sols et les forêts, il est proposé d'expérimenter de nouvelles pratiques et techniques agro-forestières – y compris le développement de nouvelles cultures génétiquement modifiées – et de les financer à l'aide de nouveaux dispositifs de finance carbone [18]. Pour que les paysans des pays pauvres puissent faire face aux conséquences des dérèglements climatiques, on leur vendra des outils sophistiqués de prévision météorologique et des polices d'assurance. Pour développer les énergies renouvelables, notamment en Afrique, de vastes programmes d'investissements, confiés aux multinationales et aux marchés financiers, seront lancés pour réaliser des méga-infrastructures, destinées à alimenter de grands projets miniers et industriels, et souvent inutiles et inadaptées aux besoins des populations. La liste est malheureusement longue.

Faut-il pour autant abandonner l'ONU ?

S'il apparaît improbable [19] d'obtenir un accord juridiquement contraignant, juste et à la hauteur des enjeux à Paris en 2015 et que ces conférences internationales servent aujourd'hui à promouvoir des fausses solutions, alors ne faut-il tout simplement pas abandonner le terrain de l'ONU ? Certains le pensent et considèrent que les ONG et les mouvements n'ont rien à y faire, pire, se fourvoient à continuer d'assister aux négociations : par leur présence, ils ne feraient que légitimer un espace et des procédures de gouvernement qui institutionnalisent et adoucissent les voix critiques, tout en permettant de faire perdurer un modèle économique international insoutenable et à l'origine des dérèglements climatiques.

Ces critiques ne sont pas infondées, notamment parce que les ONG et les mouvements ont certainement contribué à laisser entendre que les conférences de l'ONU pouvaient véritablement « sauver le climat » et que nous étions finalement tous sur le même bateau. Néanmoins, déserter l'ONU laisserait le champ libre à ceux qui ambitionnent d'étendre l'emprise des multinationales, de la finance et des techno-sciences sur le climat. Quitter l'ONU et ne plus avoir la possibilité de suivre avec précision les négociations reviendrait à accepter que les États puissent se satisfaire d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de financements très en-deçà des exigences. Se retirer de l'ONU cautionnerait l'emprise croissante du secteur privé sur les instances et programmes de l'ONU alors que la société civile clame depuis des années vouloir prendre possession d'une instance supposée incarner ses intérêts, ceux des « peuples des Nations-Unies » [20].

Au sein de l'ONU, une série de batailles… défensives.

S'il est sans doute préférable de ne pas abandonner le terrain de l'ONU, encore faut-il caractériser, avec lucidité et sans se voiler la face, ce qu'il est possible de faire sur ce terrain, et à quelles conditions. En un sens, faisons preuve de réalisme et de pragmatisme : tenons compte du fait que ces négociations ne se déroulent pas à l'extérieur d'une situation géopolitique, économique et financière qui en détermine largement les limites. Commençons par reconnaître et accepter que la majorité des batailles à mener au sein de l'ONU sont des batailles défensives. Des batailles pour ne pas trop perdre. Des batailles pour que les objectifs de réduction d'émissions et les niveaux de financements soient les moins pires possibles. Des batailles pour que les conséquences des dérèglements climatiques sur les populations les plus démunies soient mieux prises en compte. Des batailles pour stopper l'expansion de la finance carbone et des solutions techno-scientifiques. Des batailles pour combattre l'emprise des intérêts privés sur les négociations. Ce sont autant de batailles essentielles. Mais ce sont des batailles défensives au sens où elles portent sur un agenda de négociations que les gouvernements se sont donnés et qui n'est pas celui que les ONG, les mouvements et les populations veulent imposer aux gouvernements.

Ces batailles ne sont pas en mesure d'intéresser et de mobiliser au delà des cercles avertis car, en plus d'être souvent exprimées dans le langage codé des négociations, elles ne donnent pas immédiatement à voir le projet de société qui est envisagé, promu et défendu. Au contraire, compte tenu de l'imbrication des négociations dans de puissants rapports de force géopolitiques et de l'inaction des gouvernements, ces batailles peuvent être décourageantes et générer de la frustration et de la déception. Frustration et déception dont on ne sait qu'elles ne peuvent être les moteurs de l'engagement citoyen. Enfin, ces batailles sont défensives car il n'y a plus de pays ou de groupes de pays avec lesquels les mouvements pour la justice climatique pourraient partager une stratégie commune et passer alliance. Bien-entendu, il reste bien quelques pays avec lesquels il est possible d'essayer de bloquer ou de renforcer tel ou tel point spécifique des négociations. Mais c'est autre chose que de partager une stratégie commune. Ainsi l'Union européenne n'est désormais plus légitime pour incarner un rôle d'exemple [21], tandis que les pays de l'Alba (Bolivie, Equateur, Venezuela etc.), bien que toujours véhéments dans les discours, n'ont plus la volonté de transformer en profondeur les négociations [22]. Pas plus que l'alliance des petites îles (Aosis - Alliance of Small Island States) qui comprend de riches îles-État comme Singapour très intégrées au cœur du capitalisme mondial.

Des batailles défensives aux batailles offensives

Dès lors que faire ? Que faire pour qu'à la sidération [23] on n'ajoute pas le découragement et l'impuissance ? Vaste question à laquelle il n'y a pas de réponse aisée et définitive. Bien-entendu, les récentes mobilisations sur le climat, comme les manifestations massives du 21 septembre dernier [24] ou le succès du processus Alternatiba [25], sont des dynamiques positives sur lesquelles prendre appui. Néanmoins, ce ne sont pas les premières mobilisations citoyennes réussies en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. En mêlant une manifestation réussie (100 000 personnes), un sommet alternatif de qualité et des actions de désobéissance civile massives, la mobilisation citoyenne lors de la conférence de Copenhague fut une très grande réussite. Et pourtant, une grande part des représentants d'ONG et des militants des mouvements sociaux et écologistes sont repartis avec la gueule de bois.

Venus « sauver le climat », encouragés en cela par une série d'ONG ayant fait de Copenhague «  le sommet de la dernière chance », ils ne pouvaient qu'être déçus du résultat des négociations. Tout comme la majorité de toutes celles et tous ceux qui, restés dans leurs pays, regardaient cette conférence avec un œil attentif. Pourtant le résultat des négociations de Copenhague était prévisible pour qui voulait bien tenir compte des réalités géopolitiques mondiales. Or, le climat ne sera pas plus sauvé à Paris qu'il ne l'a été à Copenhague. Pas plus qu'il ne sera possible d'y obtenir un accord ambitieux et contraignant. Bien sûr, on peut refuser de voir les choses en face et appeler de nouveau, comme le font certains, à se mobiliser pour «  sauver le climat » à Paris, sans préciser les contours des objectifs que l'on se donne. Comme cela n'arrivera pas – les contours d'un éventuel futur accord et les engagements des pays sont pour l'essentiel déjà connus – une nouvelle gueule de bois serait assurée et nous connaîtrons un reflux des mobilisations et implications citoyennes dans les mois qui suivront. Bis repetita après Copenhague.

Une autre option consiste à ne pas se raconter d'histoire. Oui, bien sûr, il faut « passer à l'action ». Mais les mouvements pour la justice climatique ne peuvent se satisfaire que les gouvernements et le secteur privé « fassent quelque chose » (« Do something »). Ils ne peuvent se satisfaire de l'agenda étroit des négociations et des dynamiques actuelles concourant à un accord qui ne sera pas à la hauteur des enjeux. Non, ce que nous voulons, c'est tout changer ! (« We want to change everything »). Pas parce que cela nous amuse. Pas parce que nous préférons nous fixer des objectifs très ambitieux plutôt que de mettre en œuvre une stratégie des petits pas – stratégie qui montre toutes ses limites en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Pas non plus parce que nous vivons dans l'illusion du grand soir ou du petit matin. Nous voulons « tout changer » parce que c'est la crise climatique et la nécessaire justice climatique qui l'exigent, lorsqu'on en tire toutes les conséquences. Comme le montre Naomi Klein dans son nouveau livre [26], c'est notre modèle de développement, le capitalisme néolibéral et ses exigences de rentabilité économique et financière, qui est insoutenable et qu'il faut transformer en un système qui vise, non pas le maintien d'un modèle de croissance infinie, mais l'harmonie entre les humains et la nature et qui réponde aux besoins de la majorité [27].

« Changer le système », mais pas avec n'importe qui !

Justement, en matière de climat, si rien n'a été fait qui ne soit à la hauteur des enjeux, c'est parce que les véritables solutions à la crise climatique entrent nécessairement en conflit avec le modèle économique dominant et l'idéologie qui le porte. Sobriété et efficacité énergétique, décentralisation et démocratisation des systèmes énergétiques, souveraineté alimentaire et agro-écologie paysanne, relocalisation des productions et des consommations, égalisation des modes de vie dans le cadre d'une politique du bien-vivre et de décroissance de l'empreinte écologique, coopération et solidarité économiques, etc. Les solutions aux dérèglements climatiques se heurtent frontalement aux politiques de compétitivité et aux politiques de libéralisation des échanges et des investissements qui génèrent une mise en concurrence accrue des populations et des territoires les uns avec les autres. Là où les premières s'appuient sur des principes de respect des grands équilibres écologiques et de coopération entre les populations pour construire un avenir commun, les politiques de compétitivité et de libéralisation font primer les exigences de rentabilité économique et financière sur tout le reste, y compris les exigences climatiques.

Pour « sauver le climat », il ne peut y avoir d'accommodements raisonnables avec les modes de développement productivistes insoutenables. Il est nécessaire de s'adresser aux causes structurelles des dérèglements climatiques. À ce compte-là, il ne peut y avoir de jeu gagnant-gagnant avec ceux qui défendent un modèle économique basé sur les énergies fossiles, à commencer par les multinationales du pétrole. Il faut l'assumer. Et les bloquer là où leur agenda avance. Ainsi, en est-il des accords de libre-échange et d'investissements que l'UE négocie respectivement avec le Canada (CETA) et les États-Unis (TAFTA), , qui visent à étendre la production et le commerce des hydrocarbures non conventionnels (sables bitumineux, gaz et pétrole de schiste) des deux côtés de l'Atlantique. Les politiques de libre-échange et d'investissements structurent nos économies et nos sociétés de telle sorte qu'elles deviennent très fortement dépendantes des importations et exportations d'énergies fossiles, tout en réduisant les capacités de mise en œuvre de véritables politiques de transition énergétique [28]. Pour imposer nos solutions, il faut faire refluer l'agenda du business as usual. Tout le monde n'a pas intérêt à changer de système. Nous n'avons pas intérêt à ce que tout le monde continue à agir [29].

Décentrer notre stratégie : de la COP21 à Paris2015

Une transformation si profonde des sociétés et des économies ne se fera pas en deux coups de cuillère à pot. C'est une évidence. Nous ne l'obtiendrons pas et nous ne l'imposerons pas lors d'un conférence de l'ONU telle que la COP21 de Paris2015. C'est une autre évidence. Est-ce suffisant pour en délégitimer l'horizon et ranger cette ambition sous le paillasson du réalo-pragmatisme qui nous inviterait à nous restreindre à ce qui pourrait être avalisé par des chefs d'État si peu ambitieux et si peu exigeants ? À l'inverse de certains, nous ne le croyons pas. Au contraire. ONG et mouvements sociaux et écologistes devraient se fixer pour objectif de réencastrer les négociations et politiques portant sur le climat dans une bataille généralisée visant à transformer profondément le capitalisme néolibéral productiviste et dévastateur qui sévit partout sur la planète. Le fait qu'il n'y ait pas grand chose de tangible, pas grand chose à gagner, et rien qui ne soit à la hauteur des enjeux, dans les négociations, rebat les cartes. La majorité des organisations de la société civile l'a d'ailleurs montré lors de la conférence de Varsovie en 2013 en décidant de quitter les négociations [30]. Par ailleurs, certaines institutions internationales, comme la Banque mondiale, ont décidé de ne pas attendre un accord international au sein de l'ONU pour mettre en œuvre leurs projets [31] en matière climatique, et nous invitent donc à ne pas se focaliser uniquement sur les conférences de l'ONU sur les dérèglements climatiques.

En continuant à agir comme ils le font, les gouvernements disent à l'opinion publique internationale qu'il n'y a pas grand chose d'ambitieux à gagner lors de la COP21. Ce faisant, ils offrent l'opportunité à la société civile de délaisser les « texts and brackets » [32] des négociations pour se concentrer sur une stratégie de long terme, dont Paris2015 ne serait qu'une étape, qu'une caisse de résonance, visant à transformer durablement le rapport de force en faveur d'une transition écologique et sociale d'ampleur. En quelque sorte, c'est au nom de l'urgence de l'action pour le climat qu'il faudrait urgemment ne plus se focaliser sur la Convention climat de l'ONU, ne plus se perdre dans la technicité des négociations. Ainsi, il serait possible de dégager du temps et de l'énergie pour prendre du recul et se servir de Paris2015 comme d'un moment clef dans la perspective d'accumuler de la force et de l'énergie qui nous seront absolument nécessaires dans les mois qui suivront. Bien-entendu, ceci ne signifie pas qu'il faille se désintéresser complètement des négociations et de l'ONU. Cela signifie au contraire qu'il faudrait utiliser ce rendez-vous pour décentrer l'attention, pour imposer notre propre agenda et pour mener toute une série de batailles clefs gagnables et qui ne se jouent pas nécessairement à l'intérieur de l'ONU. En un sens, passer de l'appellation COP21 à Paris2015 revient à ne pas réduire la lutte contre le changement climatique aux négociations de l'ONU, et au contraire à l'élargir à toute une série de problématiques et conflits en cours qui n'y sont pas systématiquement rattachés.

De la justice climatique à Alternatiba et Blockadia

Les bilans d'après Copenhague des coalitions Climate Justice Action [33] et Climate Justice Now ! [34]pointaient déjà la nécessité de ne plus faire dépendre la construction d'un mouvement global pour la justice climatique de l'agenda des sommets globaux : après le succès de l'action de désobéissance civile non violente Reclaim Power [35] du 16 décembre 2009, engagement avait été pris de décentraliser et démultiplier l'organisation d'assemblées des peuples, au niveau local et régional [36]. Contre les projets climaticides et pour mettre en œuvre des solutions directes, il s'agissait de s'appuyer sur des formes de solidarités translocales – des solidarités entre des luttes ou des alternatives ancrées sur les territoires – comme vecteur de la construction d'un mouvement global. Ce défi, colossal, est toujours présent : comment relocaliser et ancrer nos imaginaires et nos mobilisations dans des expériences et des réalités concrètes, y compris de la vie quotidienne [37], dans la perspective de redécouvrir notre puissance d'agir collective ? Une puissance d'agir qui sera d'autant plus forte, et plus large, si nous sommes en mesure de nous dégager d'une logique de sensibilisation et de mobilisations citoyennes qui repose sans doute trop sur une heuristique de la science et de l'expertise : il ne suffit pas de savoir que le réchauffement climatique est là pour passer à l'action. Si l'empilement des rapports d'expertise n'implique pas mécaniquement des mesures et des politiques à la hauteur des enjeux, il ne déclenche pas non plus la mobilisation citoyenne générale. Au contraire, cette seule approche génère sans doute plus de sidération que d'engagement.

Deux dynamiques citoyennes nous semblent contribuer à ce processus de relocalisation des luttes et des imaginaires tout en conservant la perspective d'un mouvement global pour la justice climatique se confrontant aux causes structurelles du réchauffement climatique. La première s'appuie sur les « frontline struggles », ces luttes qui visent à stopper l'expansion de la frontière extractiviste (des hydrocarbures de schiste aux nouveaux projets miniers) et la construction de nouvelles infrastructures inutiles, imposées et inadaptées (aéroports, autoroutes, barrages, stades, etc.). À la suite des puissantes mobilisations en Amérique du Nord contre la construction de nouveaux pipelines visant à exporter le pétrole issu des sables bitumineux d'Alberta (Canada), nous pourrions appeler cette dynamique de mobilisation internationale Blockadia [38]. Sur l'autre versant se situe la dynamique d'innovation, de développement, de renforcement et de mise en lumière des expériences alternatives concrètes, qu'elles soient locales ou à prétention régionale et globale-, et qui visent à transformer profondément nos modèles de production et de consommation jusqu'ici insoutenables. En empruntant le terme au processus lancé en octobre 2013 à Bayonne (Pays Basque) par Bizi ! et des dizaines d'organisations basques, espagnoles et françaises, nous pourrions, par extension, appeler Alternatiba cette dynamique citoyenne à l'oeuvre, sous des formes différentes, aux quatre coins de la planète.

Ces deux dynamiques incarnent clairement un virage éco-territorial des luttes sociales, pour reprendre le terme que la sociologue argentine Maristella Svampa [39] utilise pour caractériser l'essor des luttes en Amérique latine qui mêlent langage écologiste et pratique de la résistance et de l'alternative inscrite dans des territoires. Le territoire n'est pas ici un confetti qu'il faudrait sauver des dégâts du productivisme, de l'industrialisation ou de la mondialisation néolibérale. Il est au contraire l'espace à partir duquel se construisent résistances et alternatives, c'est-à-dire à partir duquel se pense et s'expérimente le dépassement des modèles économiques, financiers et technologiques insoutenables actuels. Ici, aucun égoïsme du type « je ne veux pas de ce projet chez moi, ailleurs, je m'en fiche » : la préservation, la promotion et la résilience de tous les territoires représentent l'horizon d'ensemble. D'une certaine façon, les mobilisations contre les gaz et pétrole de schiste, en France et dans de nombreux autres pays, qui clament « Ni ici ni ailleurs » [40], notamment lorsqu'elles se doublent d'exigences de transition énergétique radicale, participent de cette même logique.

Élargissement et radicalisation pour imposer la transition écologique et sociale

De notre point de vue, si ces deux processus ont des points de départ distincts, ils ouvrent des espaces qui sont source à la fois d'élargissement et de radicalisation des dynamiques citoyennes pour la justice climatique. Elargissement parce qu'en s'appuyant respectivement sur l'opposition à un projet dévastateur qui touche notre quotidien, et sur le développement d'expériences qui améliorent notre quotidien et donne à voir le monde de demain, ces deux processus rendent possibles l'inclusion de franges de la population qui ne s'impliqueraient pas dans des espaces militants classiques. Il n'y a point besoin d'être expert-e-s en climatologie ou science de l'environnement pour s'impliquer dans ces dynamiques. Ce sont par ailleurs deux processus qui autorisent la juxtaposition de pratiques, tactiques et stratégies diverses et variées [41] : il est possible de s'engager sans avoir à se conformer à un moule militant souvent perçu et vécu comme trop étroit. Cet élargissement est également un processus de radicalisation, ne présageant pas de la « radicalité » des participants : se confronter à la puissance des promoteurs des projets climaticides ou à la difficulté de déploiement des alternatives concrètes à grande échelle, permet de toucher du doigt que la lutte contre le changement climatique n'est pas soluble dans un grand récit de l'unification de l'espèce humaine, du dépassement de tous les clivages.

Hydrocarbures de schiste, expansion de la frontière extractiviste, grands et petits projets inutiles, accords de libre-échange et d'investissements, dispositifs de financiarisation de la nature, agro-industrie et OGM, nucléaire, accroissement des inégalités, lobbying effréné des multinationales, banques climaticides, les luttes locales et les batailles globales pour affaiblir tous ceux qui entravent la lutte contre les dérèglements climatiques ne manquent pas. Tout comme les batailles pour mettre en œuvre des expériences alternatives concrètes : souveraineté alimentaire et agroécologie paysannes, circuits-courts, relocalisation de l'économie, partage du travail et des richesses, isolation des logements, reconversion sociale et écologique de la production en assurant le maintien des emplois, réappropriation et promotion des biens communs, réparation et recyclage, réduction des déchets, transports doux et mobilité soutenable, éco-rénovation, énergies renouvelables, etc. Du côté des dynamiques Blockadia et Alternatiba, il est clairement assumé que la transition écologique et sociale nécessite de profonds changements structurels que les élites rejettent pour ne pas transformer un système politique et économique qui assure leur domination et leur puissance. Pour faire refluer l'emprise des multinationales et des intérêts privés sur nos vies, la nature et notre avenir, appuyons-nous donc sur ces luttes et ces alternatives afin de les renforcer et de les rendre incontournables.

Faire de Paris2015 un « Seattle des fausses solutions » et un « Cochabamba de nos solutions » !

Faire de Paris2015 un « Seattle des fausses solutions » revient à travailler pour que Paris2015 soit un moment fondateur du mouvement pour la justice climatique comme Seattle et Cochabamba le furent pour le mouvement altermondialiste, afin d'ébranler, et enterrer si nous le pouvons, toutes ces promesses techno-scientifiques et néolibérales consistant à affirmer que de nouvelles technologies, des investissements de multinationales et des mécanismes de marché peuvent solutionner la crise climatique. La référence à Seattle fait écho aux actions de désobéissance civile dont nous avons besoin pour démontrer l'illégitimité de toutes les fausses solutions qui sont promues lors des conférences de l'ONU sur le changement climatique. La référence à Cochabamba [42] renvoie elle à l'un des moments fondateurs des luttes contre les multinationales visant à se réapproprier l'eau qui a conduit à plus de 180 cas de remunicipalisation de l'eau dans le monde en quinze ans [43]. Cela revient à faire de Paris2015 un moment, parmi d'autres, de la construction d'un mouvement international pour la justice climatique qui soit capable de se mobiliser dans la durée et d'accumuler de la force, d'engranger des petites et des grandes victoires tout en racontant une histoire mobilisatrice. Moins focalisés sur « les texts and brackets » [44], et plus sur notre propre agenda, sur la construction de nos « actions et alternatives ».

Cette référence à Seattle n'est pas nouvelle. Déjà à Copenhague, en 2009, nous avions évoqué un « Seattle-like-moment », en nous appuyant sur une mobilisation citoyenne massive et dynamique, mêlant à des initiatives classiques (manifestation, sommet des peuples etc.) des actions de désobéissance civile d'ampleur (l'action Reclaim Power du 16 décembre) et une articulation plutôt réussie entre l'intérieur et l'extérieur des négociations. Néanmoins, en positionnant la grande manifestation le week-end situé entre les deux semaines de négociation, et les actions en amont de la fin du sommet, que ce soit à Copenhague ou ailleurs, la société civile internationale raconte peu ou prou la même histoire, quel que soit son mot d'ordre : « à vous les gouvernements d'agir pour lutter efficacement contre les dérèglements climatiques ». Cela revient à donner les clefs aux gouvernements et attendre qu'ils agissent. Puisqu'ils n'agissent pas, pas assez, ou pas dans la bonne direction, la fatigue et la déception ne peuvent que l'emporter à la fin.

Avoir le dernier mot !

Une autre option consisterait à construire les différents temps de mobilisation de manière à avoir le dernier mot à Paris. Si nous décidons de faire de Paris2015 une étape de la construction de la mobilisation pour la justice climatique, une caisse de résonance pour faire avancer nos luttes et emmagasiner de la force, alors pourquoi ne pas positionner l'apex des mobilisations à la fin des négociations ? Ainsi, la colère née des errements et des limites des négociations pourrait nourrir les manifestations et les actions massives de désobéissance civile que nous pourrions organiser en fin de négociations. Nous pourrions galvaniser les énergies lors des tous derniers jours : « vous, les gouvernements, vous parlez et négociez pour le pire, vous les multinationales utilisez les négociations pour maintenir votre emprise sur notre futur, nous, les peuples, nous marchons et nous agissons pour changer de système et nous ne lâcherons jamais ». Une telle proposition ne signifie pas abandonner toute volonté d'influer sur l'ONU, les États et les négociations. D'une part parce qu'il est tout à fait envisageable d'organiser des mobilisations décentralisées tout au long de l'année 2015 en ce sens, y compris lors du début des négociations. D'autre part parce que positionner les mobilisations massives lors des derniers jours laisse l'opportunité de faire dérailler les négociations s'il est jugé pertinent de le faire.

Par contre, une telle proposition raconte une toute autre histoire que celle consistant à manifester au cœur des deux semaines de négociations pour faire pression sur l'ONU, les États et les négociations. S'il suffisait de manifester quelques jours avant la clôture des négociations pour influer sur le résultat, Copenhague, lieu de la plus grande manifestation jamais organisée sur les défis climatiques à l'époque, aurait eu un tout autre résultat. Différer le gros des mobilisations citoyennes à la fin de la COP21 de Paris2015, c'est se donner la possibilité de dicter le dernier mot et de ne pas le laisser à d'autres. C'est abandonner le rôle de spectateur et de commentateur auquel nous sommes cantonnés dans les dernières heures des négociations et, au contraire, utiliser l'incertitude qui les entoure, pour devenir prescripteur d'opinion en imposant notre grille de lecture, et nos perspectives, dans l'espace public. Point de déception et de gueule de bois en fin de négociations, mais au contraire l'énergie et la détermination générées et communiquées par des mobilisations citoyennes réussies. De quoi construire au lendemain de Paris2015, dans nos pays, territoires et secteurs respectifs, ce que la déception et la gueule de bois ne permettent pas de faire. Car « nous ne lâcherons plus jamais » !

Remerciements : ce texte n'aurait jamais vu le jour sans les très nombreuses discussions menées dans Attac France, avec de nombreuses organisations associatives et syndicales et de nombreux chercheurs ou experts sur ces questions, menées ces dernières années. Il doit beaucoup aux discussions, remarques et critiques de Nicolas Haeringer, Geneviève Azam, Christophe Aguiton, Jeanne Planche, Txetx Etcheverry et de nombreux autres que je ne peux nommer ici. Bien-entendu, je suis le seul responsable des propos qu'il comprend.

Photo : Olivier Tétard, licence Creative Commons by-sa 2.0.

[1] Discours de Laurent Fabius - Présentation du rapport du GIEC (30 septembre 2013) - http://attac.org/l/46h

[2] Entendu comme un niveau d'émissions de gaz à effet de serre «  compatible avec des capacités d'absorption de la planète  ».

[3] Notons par contre que des accords hyper contraignants sont recherchés en matière de commerce et d'investissements.

[4] Voir : http://attac.org/l/46g

[5] http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf

[6] http://www.unep.org/pdf/UNEPEmissionsGapReport2013.pdf

[7] La société civile exige entre 55 % et 80 % de réductions d'émissions d'ici à 2030 pour les «  pays développés  ».

[8] Voir : http://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-combes/121114/climat-lannonce-etats-unis-chine-est-elle-historique-pas-vraiment

[9] http://www.chrishopepolicy.com/2014/11/the-us-china-climate-deal-dont-get-carried-away/

[10] Climat : effets d'annonce et vrais renoncements - https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/climat-effets-d-annonce-et-vrais

[11] «  Le fonds vert sera une opportunité considérable pour les entreprises, pour aller vers la transition énergétique. Le fonds vert sera aussi une opportunité de croissance  ».

[12] Voir : http://attac.org/l/46i

[13] Voir cette analyse critique - Face au changement climatique, une nécessaire clarification stratégique - http://blogs.mediapart.fr/edition/transition-energetique/article/190914/face-au-changement-climatique-une-necessaire-clarification-strategique

[14] Voir cette analyse : http://www.mediapart.fr/files/Memo_Sommet_Ban_Kimoon.pdf

[15] À Durban, en 2012, Anjali Appadurai, étudiante canadienne a déclaré : «  vous avez négocié tout au long de ma vie  » et «  «  vous avez omis de prendre des engagements, vous avez manqué vos objectifs, et vous avez cassé des promesses  »

[16] Voir : https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/nouveaux-mecanismes-financiers

[17] Voir : https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/articles/il-est-temps-de-mettre-fin-au-marche-du-carbone-europeen

[18] Voir cette note sur l'alliance pour «  l'agriculture intelligente face au climat  » : http://www.mediapart.fr/files/Note_Climate_Smart_Agriculture_vfin.pdf

[19] Les négociations se déroulent dans le cadre de la plateforme de Durban, adoptée fin 2011. Selon le New York Times, Todd Stern, le négociateur en chef des États-Unis a affirmé à Davos début 2012, que cette plateforme était «  prometteuse pour ce qu'elle ne dit pas  ». Un de ses collaborateurs a précisé ce point en affirmant qu'elle ne faisait pas mention des responsabilités historiques ou des émissions par tête, et que ne sont pas différenciés les pays développés et les pays en développement  ».

[20] Voir le préambule de la Charte des Nations-Unies : http://www.un.org/fr/documents/charter/preamb.shtml

[21] Qu'on l'ait critiqué – c'est notre cas – ou appuyé, le leadership européen en matière de lutte contre les dérèglements climatiques reposait sur deux piliers : des objectifs de réduction d'émissions et un marché du carbone européen (ETS) considéré comme l'instrument de choix pour réaliser ces réductions. En 2014, les objectifs de réduction d'émissions pour 2020 et 2030 sont inconséquents, et le marché du carbone est défaillant et irréformable.

[22] Sans même évoquer ici les contradictions entre leurs engagements internationaux et leurs politiques nationales.

[23] Les défis climatiques sont souvent perçus comme éloignés des capacités d'action quotidienne de la majorité de la population

[24] Christophe Aguiton, Après le succès de la marche pour le climat de New York, trois défis pour le mouvement pour la justice climatique https://france.attac.org/se-mobiliser/vers-la-cop21/article/apres-le-succes-de-la-marche-pour

[25] Alternatiba continue d'avancer, http://blogs.mediapart.fr/blog/alternatiba/271014/alternatiba-continue-d-avancer

[26] 'This Changes Everything : Capitalism vs the Climate' est sorti mi-septembre aux États-Unis et dans plusieurs pays anglo-saxons. L'ouvrage sera disponible en France au printemps 2015, aux éditions Actes Sud.

[27] Voir la déclaration signée par Attac France sur www.france.attac.org

[28] Voir cette note d'analyse : https://france.attac.org/IMG/pdf/fiche_ttip_climat_energie.pdf

[29] Face au changement climatique, une nécessaire clarification stratégique - http://blogs.mediapart.fr/edition/transition-energetique/article/190914/face-au-changement-climatique-une-necessaire-clarification-strategique

[30] Climat : les mouvements et ONG quittent les négociations – Explications  ! http://blogs.mediapart.fr/blog/attac-france/211113/climat-les-mouvements-et-ong-quittent-les-negociations-explications

[31] En l'occurrence la mise en œuvre d'un prix mondial du carbone à travers la connexion des expériences locales, nationales et régionales des marchés et des taxes carbone.

[32] Littéralement les «  textes et parenthèses  ». Dans les négociations, les propositions de texte d'accord comportent initialement des parenthèses pour toutes les parties qui ne sont pas validées. Il est devenu classique de se moquer de ces «  brackets  » souvent plus conséquentes que la partie du texte validée.

[33] Climate Justice Action était un réseau d'activistes promoteurs d'actions directes durant la conférence de Copenhague : http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_Justice_Action

[34] Climate Justice Now  ! est l'une des deux coalitions internationales de réseaux et d'organisation, avec le CAN, reconnues par les Nations-Unies et qui insiste sur l'importance de la justice sociale et bataille contre les «  fausses solutions  », y compris la finance carbone - http://www.climate-justice-now.org/fr/

[35] Voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_3Jh5pyiR30

[36] Voir ce texte d'Olivier de Marcellus, militant suisse engagé dans CJN et CJA : http://www.commoner.org.uk/?p=88

[37] Jade Lindgaard, Je crise climatique, Editions La Découverte, Paris, 2014

[38] C'est également le terme choisi par Naomi Klein dans son nouveau livre.

[39] Maristella Svampa, Consenso de los Commodities, Giro Ecoterritorial y Pensamiento crítico en América Latina, http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo59.pdf

[40] Voir Maxime Combes, Let's frack the fracking companies, http://www.ejolt.org/2012/09/global-frackdown-on-fracking-companies/

[41] Le mouvement contre les gaz de schiste ne pourrait avoir obtenu de tels succès s'il n'avait pas pu faire cohabiter des pratiques et des tactiques différentes : guérilla juridique, pression politique, action de terrain, manifestations, actions de désobéissance.

[42] Voir par exemple

Franck Poupeau, «  La guerre de l'eau. Cochabamba, Bolivie, 1999-2001  », Agone, no 26-27:133-140,‎ 2002

[43] Voir ce rapport notamment publié par l'Observatoire des multinationales : http://www.tni.org/briefing/here-stay-water-remunicipalisation-global-trend

[44] Littéralement «  les textes et parenthèses  » : au sein de l'ONU, lorsqu'un document est rédigé, il comprend un grand nombre de parties entre parenthèses, qui sont autant de parties sur lesquelles l n'y a pas encore d'accord.

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Ante la Cumbre de Brisbane: empresas transnacionales, argucias fiscales y responsabilidad social

News from Attac Spain - Sun, 23/11/2014 - 13:00

José Ángel Moreno – Economistas Sin Fronteras

En el momento de publicarse estas líneas se celebra una nueva reunión del G20 en Brisbane, Australia, en la que, entre otros asuntos, los presidentes y primeros ministros del Grupo tratarán un tema crucial: la necesidad de limitar las estratagemas de minimización de pagos impositivos de las empresas transnacionales.

En buena medida, esta optimización fiscal se canaliza a través de prácticas ilegales (evasión fiscal), pero la reunión se centrará en las más sofisticadas prácticas legales: la elusión fiscal mediante las pudorosamente llamadas estrategias fiscales agresivas o de ingeniería fiscal: relocalización del beneficio en países de baja imposición a través de transferencias intraempresariales, ventas por internet que se facturan en países de baja o nula imposición, abusos en acuerdos de doble imposición (en los que los dividendos de filiales no tributan y se inflan, en detrimento de los beneficios de ubicaciones en países de mayor imposición), financiación de filiales con préstamos en lugar de capital (para aprovechar la deducción de gastos financieros), utilización de instrumentos financieros híbridos entre filiales (préstamos participativos que en un país se consideran gastos financieros deducibles y en otro capital) y un largo etcétera… aparte, por supuesto, del uso legal de paraísos fiscales al 1. Para más información, recomiendo encarecidamente el libro de Francisco de la Torre ¿Hacienda somos todos? (Debate, 2014).

Se trata de un tema viejo frente al que los gobiernos de los principales países del mundo -pese a la abundante palabrería al respecto- nunca han querido actuar con decisión. Ninguno quiere imponer exigencias fiscales mayores que otros países para no desincentivar la localización de transnacionales en su territorio. Ninguno quiere penalizar más que otros la competitividad de las empresas instaladas en su ámbito espacial.

Sin embargo, la crisis y sus persistentes efectos están obligando a muchos gobiernos y a los principales organismos internacionales a reconsiderar, al menos oficialmente, su actitud: los recursos públicos son cada vez más insuficientes y cada vez es mayor la desfachatez fiscal de muchas grandes empresas. La OCDE estima que el tipo efectivo del impuesto sobre beneficios de las grandes empresas de la zona es un ridículo 5%; en España, es aún menor: el 3,5%.

La situación ha llegado a tales niveles que la Unión Europea ha iniciado ya diversas medidas de coordinación entre los países miembros, básicamente, de información, contra el secreto bancario y para impedir abusos en acuerdos de doble imposición. El propio G20 encargó en 2012 a la OCDE la elaboración de un informe, cuya primera versión oficial se presentó en la Cumbre de San Petersburgo de febrero de 2013, un Plan de Acción para combatirla que ha recibido el título de Action Plan on Base Erotion and Profit Shifting (que puede traducirse por “Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”). Sus primeras medidas -anticipadas en la  reunión de ministros de Economía del G20 de Cairns (Australia) del pasado 20 de septiembre – son las que se discutirán previsiblemente en la Cumbre de Brisbane.

Sin duda, hay que saludar muy positivamente esta preocupación, aunque no quepa lugar para un excesivo optimismo: puede apostarse sin mucho riesgo a que las medidas prácticas que se acaben adoptando (si se adoptan) no reducirán de forma radical los privilegios fiscales de las grandes empresas. Para ello haría falta una voluntad política y una capacidad de acuerdo internacional que no parecen nada probables.

Estamos, no obstante, ante un problema de gravedad difícilmente exagerable: constituye una auténtica tragedia frente las necesidades que unos impuestos justos podrían remediar, al tiempo que una clara competencia desleal frente a las empresas que no pueden desarrollar prácticas semejantes. Lo que, a su vez, implica consecuencias desfavorables para todos en términos de precio y/o calidad de los productos y servicios afectados. Pero el tema constituye también una buena metáfora de la forma en la que las grandes empresas entienden su responsabilidad social y de sus cada vez más patentes limitaciones.

En efecto, incluso las empresas mejor valoradas en este aspecto consideran perfectamente coherente minimizar todo lo posible su pago de impuestos: una cosa, dicen, es la responsabilidad social empresarial (RSE) -que constituye un fenómeno voluntario- y otra es la responsabilidad legal, que toda empresa responsable, por descontado, debe respetar. Algo que en el ámbito tributario cumple toda empresa que no desarrolle comportamientos ilegales: la ingeniería fiscal no sería más que un intento de acatar eficientemente la ley, obteniendo el máximo beneficio posible de su cumplimiento.

Ciertamente,  las estrategias de elusión fiscal cumplen literalmente la ley, pero ¿son compatibles con la responsabilidad social? De un lado, es evidente el escaso compromiso con la sociedad que revelan: el insultante alcance de su autoproclamada responsabilidad. De otro, y aceptando lo que defiende la propia visión empresarial de la RSE, no está de más recordar que la empresa responsable no se limita a cumplir la ley, sino que trata de ir más allá, de aportar a sus grupos de interés y a la sociedad mayor valor aún que lo que la ley exige.

Los ejemplos son incontables: salarios, igualdad, conciliación, salud y seguridad en el trabajo, contaminación, calidad en el producto, respeto a los derechos humanos, transparencia informativa, acción social… En todos estos casos y en muchísimos más, las empresas presuntamente responsables alardean precisamente de superar voluntariamente los mínimos legales (aunque no siempre, desde luego, sea cierto).

¿Por qué en el ámbito impositivo esta superación de los mínimos (incluso la simple pretensión de que no se manipulen) se considera un planteamiento absurdo? ¿Por qué las grandes empresas prefieren seguir optimizando artificiosamente sus impuestos, mientras que en ocasiones dedican sumas importantes a causas más o menos filantrópicas (lo que se conoce como acción social: mecenazgo, patrocinios, donaciones, actividad de sus fundaciones…)?

La respuesta no es difícil. Por una parte, porque esa superación de los mínimos legales, cuando es significativa, responde inevitablemente a la exigencia social o de grupos de interés concretos. En segundo lugar, porque la empresa no puede decidir el destino de los impuestos que paga, mientras que sí puede hacerlo con su acción social, dirigiéndola hacia las actuaciones que considera más favorables. Finalmente, porque la filantropía cuesta siempre mucho menos que lo que costarían unos impuestos razonables, y además la empresa considera que consigue con ella un rendimiento en términos de imagen y reputación muy superior.

¿Por qué las empresas iban a actuar voluntariamente de otra forma? En eso consiste la RSE voluntaria: en actuar responsablemente sólo cuando la empresa aprecia en ello alguna utilidad diferencial. Por eso muchos pensamos que los aspectos verdaderamente básicos que afectan a la responsabilidad social de las empresas (entre los que figura, por supuesto, una carga impositiva justa) no pueden dejarse a su libre voluntad. Por su propia importancia para la sociedad (porque son una exigencia moral y de justicia), la ley tiene que exigirlos y penalizar su incumplimiento.

Pero al tiempo, no se olvide, la sociedad civil tiene que demandarlos con toda la fuerza de que sea capaz. Y también en el terreno fiscal tiene la presión social alguna posibilidad de conseguir mejoras, si es capaz de cuestionar significativamente la reputación de las empresas. El caso del Reino Unido y de la campaña www.ukuncut.org.uk es muy ilustrativo de esa potencialidad ciudadana de desacreditar las estrategias tributarias de las grandes empresas, con alguna pequeña victoria ejemplar en su haber, como la conseguida frente a Starbucks, que en 2012 decidió unilateralmente incrementar sustancialmente sus pagos impositivos, pese a que podía legalmente pagar menos (como lo había venido haciendo hasta ese momento), a la vista de las implicaciones que sus políticas de ingeniería fiscal la estaban generando en su imagen pública.

En definitiva, frente a toda irresponsabilidad social empresarial importante (como lo es  la fiscal), las únicas alternativas sensatas son ley y exigencia social. Una exigencia que en el campo impositivo debería convertirse en campo de batalla prioritario para  las organizaciones sociales preocupadas por la justicia, dada la abrumadora complejidad en este caso del camino legal, necesitado de una coordinación a nivel internacional que -como antes apuntaba- no parece realista esperar a corto plazo. Aunque ciertamente sería espléndido, pero no poco sorprendente, que  la Cumbre de Brisbane rectificara estas expectativas.

1 Una práctica absolutamente extendida entre las grandes empresas. Según recuerda cada año el Observatorio de la RSC, una inmensa mayoría de las empresas del IBEX 35 los utiliza: según su último informe sobre La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX35, el 94% tenía en 2012 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor
Publicado en eldiario.es

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¿Quién piensas que irá a recoger aceitunas si dais una renta básica?

News from Attac Spain - Sun, 23/11/2014 - 09:00
Jorge Moruno Danzi – Público.es

Creo que el primer escollo de la renta básica es ante  todo, de tipo ideológico y no económico. ¿Es ético? La ideología moderna del trabajo pesa mucho en nuestros imaginarios, todavía más, cuando la sociedad pensada alrededor del trabajo (del empleo más bien), se desvanece en el aire. Ya lo dijo Hannah Arendt, nos enfrentamos  con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Paradójicamente, parte de quienes se reclaman del marxismo responden de manera conservadora a esta situación, cuando su alternativa es tratar de volver atrás en el tiempo, borrar las letras con el teclado y fosilizar la historia en el mismo punto que ayer desechaban. Son en cambio, los ideólogos de la servidumbre neoliberal quienes aplauden la abolición del trabajo asalariado, con la salvedad de que no piensan en un mundo libre de explotación, sino en otro donde todos seamos una fusión de trabajadores sin derechos y empresarios sin propiedad: Uber es la estrella a seguir, economía colaborativa lo llaman, el común privatizado.

Quizás hay que darle la vuelta al razonamiento de la pregunta sobre las aceitunas: ¿por qué alguien se ve obligado a tener que recoger aceitunas por un mísero salario? Porque no le queda otra y tiene que aceptar el chantaje de hacer o eso o nada, de lo contrario, ya vendrá otro. Existe bajo el embudo del empleo, un excedente de fuerza de trabajo sobre una limitada oferta, lo cual genera competencia para acceder a unos medios de vida cada vez más escasos y decadentes. Repartir miseria es lo único que le queda a un neoliberalismo que no puede ofrecer un volumen de empleo medianamente digno a la población, cuando al mismo tiempo, el empleo sigue siendo la única opción para poder vivir. Eso es la lógica del embudo y la zanahoria.  Lo mismo de las aceitunas, se puede decir para infinidad de trabajos y sueldos precarios. En España el salario ha pasado de representar un 54,5% del PIB en 2006, un 46% en 2011, y a mediados de 2013 un 44,7%. En la UE representaba el 70% en 1975 y un 58% en 2006. El porcentaje de trabajadores con un sueldo igual o inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado del 6% al 10,5% en el periodo 2004-2010. En 2012 ese porcentaje aumenta hasta el 12,25% de trabajadores. -Solo Rumania y Grecia superan a España en riesgo de pobreza de trabajadores. En realidad, ningún fetiche con la RB, con “repartir dinero”,  importa más la tendencia histórica de ir separando una vida segura del hecho de tener o no tener empleo, separar trabajo de empleo, separar en el siglo XXI, producción de riqueza de horas empleadas.

La RB como instrumento de erradicación de la pobreza, como un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar otros modos de vida, nuevas actividades y contribuye a eliminar los estigmas sociales. Si la RB desincentiva el trabajo precario y mal pagado, lo que hay que cambiar es la precariedad. La gente no tiene problemas en trabajar –poiesis-, pero si tiene una RB a lo mejor no tiene que aceptar cualquier condición laboral. En cualquier caso, hay que verlo como un horizonte, por etapas, no de la noche a la mañana, es necesario hacer un gran cambio en el sistema fiscal y desplegar un modelo económico realmente productivo.

Hay que trabajar esa ambivalencia de lo emprendedor, entre la ideología de la servidumbre que lo usa para dividir entre winners y losers, y la potencia de una nueva composición del trabajo fundada sobre la cooperación social. Hoy hay sobre todo, emprendeudores  y no proyectos individuales y colectivos emprendedores. La seguridad de no caer en el precipicio de la exclusión social fomenta la innovación y la creatividad, incluso la iniciativa por sacar adelante ideas ilusionantes. Una sociedad hundida en el miedo y la precariedad no emprende otra cosa más que el camino al subdesarrollo. Como nos recuerda el ya fallecido sociólogo André Gorz, de las miserias del presente saquemos la riqueza de lo posible.

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ATTAC Acordem – Davant la Llei de Seguretat Ciutadana: Un viratge antidemocràtic

News from Attac Spain - Sun, 23/11/2014 - 07:02

Xerrada-debat amb Alicia García Ruiz, membre del Consell Científic d’ATTAC España. 26 de novembre de 2014, a les 19 h. al Pati Llimona. C. Regomir, 3. Barcelona. Organitza: ATTAC Acordem.

La nova Llei de Seguretat Ciutadana tensiona severament els principis i garanties d’expressió i funcionament democràtics. El seu paral·lelisme amb les noves formes d’activisme polític i de protesta social és inquietant. Davant Això, és necessari un debat públic sobre la noció de “Seguretat”. i els seus usos polítics, no sempre destinats a protegir el ciutadà.

Xerrada_Seguretat ciutadana A5

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Marcha de los montes orientales

News from Attac Spain - Sun, 23/11/2014 - 07:01

MARCHAS DE LA DIGNIDAD 22M

Cartel BuenoMarchamos contra el paro, por el empleo digno. El principal azote de las familias trabajadoras de Los Montes Orientales se vuelve a llamar hoy paro, nuestra comarca destaca tristemente dentro de una tierra, Andalucía, que arrastra generación tras generación el drama de la falta de trabajo.

Los Montes Orientales es una de las comarcas con más paro de Europa. El derecho al trabajo es condición de una vida digna para la clase trabajadora. Pero cuando el paro azota como lo hace aquí, la dignidad de trabajadores y trabajadoras está siendo pisoteada. La escasez de trabajo permite a patronos sin escrúpulos abusar de la mano de obra, imponiendo condiciones cada vez más miserables y haciendo de los convenios papel mojado.

Además,  muchas personas trabajadoras se ven forzadas a emigrar a destinos donde serán explotadas como mano de obra barata. Así lo hicieron nuestros abuelos y padres, y si no lo impedimos, ese será el futuro para las generaciones venideras  en nuestros pueblos. Queremos trabajo, y queremos trabajo digno. Los  montes orientales de Granada se han puesto en marcha y denunciamos la situación que vive Andalucía.

Un 37% de Desempleo con más de un 60% de desempleo juvenil.

Uno de cada cuatro niños andaluces viven por debajo del umbral de la pobreza.

80 familias solo por ser terratenientes cobran más de 100 millones de la PAC.

La corrupción y el saqueo del dinero público es una plaga en nuestra región.

Frente a todo esto la Junta de Andalucía, mantiene en el cajón del olvido desde los años ochenta una Ley de Reforma   Agraria que nunca ha aplicado heredo la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables que jamás expropio nada tiene un impuesto sobre Fincas Infrautilizadas que nunca ha cobrado.

Por todo esto desde las Marchas de la Dignidad de Granada EXIGIMOS:

Cartel dia 27Que se aplique la legislación que ya existe, avalada por el Tribunal Constitucional y de manera inmediata la Junta de Andalucía, ponga en marcha el proceso de reforma agraria que Andalucía necesita.

Que siendo la Junta de Andalucía desde los años ochenta incapaces de recaudar el Impuesto sobre Fincas Infrautilizadas cuando un grupo de terratenientes cobran millones de euros de PAC a cambio de nada y además se les premia con medallas y distinciones no se pueden exigir las 35 peonadas cuando no hay tajo en el campo.

La crisis del capitalismo y las medidas neoliberales de salida de esa crisis, están dejando en el Estado español y en Andalucía un panorama social caracterizado por el paro, la pobreza, la desigualdad, y la emigración, crecientes, que empuja a millones de trabajador@s y a sus hij@s a la exclusión social. Una situación de verdadera EMERGENCIA SOCIAL.

Frente a esto, los gobernantes no solo son incapaces de dar una respuesta adecuada sino que ocultan a los pueblos que el empleo asalariado, el único medio para obtener una renta que permita cubrir las necesidades vitales, no volverá para millones de trabajador@, sencillamente porque el sistema económico capitalista no lo necesita y ponen todo su empeño en precarizar la vida de la gente e instalarlas en el miedo y la angustia ante un futuro más que negro.

Por esta razón el Movimiento contra el Paro y la Precariedad ha tomado la iniciativa de presentar una Iniciativa Legislativa Popular para la implantación en el Estado español de una RENTA BASICA UNIVERSAL, INCONDICIONAL, INDIVIDUAL Y SUFICIENTE, que permita a tod@ cubrir dignamente las necesidades mínimas. Exige su implantación en dos fases. La primera, de inmediata aplicación, afectaría a todos los que no cobren nada o cobren alguna prestación por debajo de su importe (645,33 euros mensuales), y en la segunda fase, su implantación como Derecho universal.

Es una propuesta para hacer justicia, no caridad. Producimos riqueza entre tod@ como para establecer, mediante medidas como esta, un nuevo reparto de la renta que garantice una EXSISTENCIA DIGNA y la recuperación de la libertad REAL a tod@s independiente del llamado mercado laboral, hoy controlado totalmente por el capital. Y un instrumento útil para la lucha social necesaria para alcanzar una sociedad justa, equitativa y profundamente democrática.

El jueves 27 de Noviembre la marcha de los montes  saldrá desde Deifontes a las 10 horas y terminara en Piñar pasando por Iznalloz, es muy importante tu participación jornalero/a, porque marchamos por:

Marcha de los montes

 

Octavillas 1

Octavillas 2 RENTA BASICA COLOR

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Comunicado desahucios y sobreendeudamiento en España

News from Attac Spain - Sun, 23/11/2014 - 07:00

Jueces para la Democracia

El próximo sábado se cumplen dos años desde la entrada en vigor del RD Ley 27/2012, de 15 de noviembre, sobre medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, cuya principal medida consistió en suspender dos años los procedimientos de ejecución hipotecaria que afectaban a las familias en riesgo de exclusión social y el mandato al Gobierno para que emprendiera de manera inmediata, junto con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Mediante la Ley 17/013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se mantuvo la suspensión de los lanzamientos que ya se contemplaba en el RD Ley de 2012, definiéndose los requisitos legales para considerar a una familia en situación de riesgo de exclusión social en base a parámetros  subjetivos, niveles de renta (tres veces el IPREM) y la carga que implicara el pago de la hipoteca.

Pese a ello, según los datos que ha ofrecido recientemente el Ministerio de Economía, sólo unas 20.000 familias españolas se han beneficiado de las medidas de protección frente al sobreendeudamiento, incluyendo suspensiones de lanzamientos, reestructuración de deuda y daciones en pago, frente a los 346.784 lanzamientos que, según el C.G.P.J, se produjeron en España desde enero de 2008 hasta junio de 2014.

En cuanto al Fondo Social de Vivienda, los 33 bancos que lo componen habían aportado, a mes de enero de 2013, 6.000 viviendas, de las cuales siguen vacías 4.600, cuando según las mismas fuentes del C.G.P.J, desde ese mismo mes hasta junio de 2014, han perdido su vivienda 104.430 familias.

Todos estos datos confirman que, pese a los anuncios del gobierno, sigue sin afrontarse una política global sobre la vivienda en España y la respuesta que debe darse a las familias que, por causa del desempleo y la precariedad, no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o se mantienen en sus viviendas a costa de  sacrificios extremos, cuando, por el contrario, muchas de las entidades que ofrecieron  los préstamos hipotecarios llevando a cabo agresivas prácticas bancarias despreciando el riesgo crediticio, han recibido ingentes cantidades de dinero público y sus consejos de administración ofrecen un lamentable espectáculo de falta de ética.

Por ello, desde Jueces para la Democracia reiteramos una vez más la exigencia de que se apruebe una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que permita a las familias una segunda oportunidad mediante la renegociación de sus deudas, imponiendo a las entidades bancarias, en su caso, medidas de reestructuración y/o dación en pago, así como la necesidad de que el gobierno impulse un Fondo Social que garantice efectivamente el derecho constitucional a una vivienda digna.

De otro modo, la prórroga de los lanzamientos, aunque pueda beneficiar temporalmente a muchos ciudadanos en riesgo de exclusión, no hará sino demorar la solución del problema y cronificar una situación de injusticia social, que genera una gran bolsa de pobreza, y de cuyas causas profundas no son responsables.

14 de noviembre de 2014

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

jpd@juecesdemocracia.es

http://www.juecesdemocracia.es

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‘Canarias Resiste’: 23 de noviembre, a las 18h., concentraciones contra las prospecciones

News from Attac Spain - Sat, 22/11/2014 - 20:46

55Este domingo 23 de Noviembre a las 18:00hs haremos nuestra consulta sobre las prospecciones. Charco de San Ginés, Arrecife. Acude y expresa tu opinión. Tendremos una urna gigante para que puedas hacerlo.

EL MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA LAS PROSPECCIONES CONVOCA CONCENTRACIONES EN TODAS LAS ISLAS CON MOTIVO DEL 23N BAJO EL LEMA ‘CANARIAS RESISTE’

El Movimiento Ciudadano de Canarias contra las Prospecciones, del que forman parte diversos colectivos de todas las islas, no ha querido pasar por alto la fecha del 23 de noviembre, en la que estaba prevista la consulta a la ciudadanía del archipiélago sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias.

A través de este acto, los ciudadanos y colectivos queremos dejar claro que esta lucha no ha hecho más que comenzar, que el Canario es un pueblo que continuará, con apoyos crecientes por todo el mundo, plantando cara a un modelo, como el petrolero, que solo puede dejar destrucción en las islas, y que ha sido impuesto por un gobierno, el del Partido Popular, que pisotea y trata con enorme desprecio a la ciudadanía y el medio ambiente de Canarias.

Evento de Facebook: https://www.facebook.com/events/562601200506157/

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Un programa económico para Podemos

News from Attac Spain - Sat, 22/11/2014 - 18:00

Antonio Mora Plazahttp://www.nuevatribuna.es

Es sin duda este partido político –o a punto de serlo legalmente– la gran esperanza de la regeneración democrática para España. Creo que lo es sociológicamente y eso es suficiente por más críticas que se hagan sobre el pasado de sus líderes. No merece la pena entrar en ello. Su eclosión en el panorama político representa las mismas esperanzas que representó el PSOE en la llamada Transición con la muerte del dictador. Se intentó entonces una transición en la que Alianza Popular representaría a la derecha de origen franquista, la UCD el centro político –pero sin base sociológica como se demostró al poco– y el PSOE como único partido de la izquierda. Luego la visión, inteligencia y audacia de Suárez, el presidente de entonces, le llevó a legalizar al PCE y las elecciones del 1982 cambiaron el panorama político. Ahora la situación presenta una cierta analogía, con el PP en un deriva a la derecha de origen franquista, Podemos como futuro partido central de izquierdas y el PSOE como partido de derechas moderno, esa derecha política que jamás ha tenido este país, una derecha democrática, sin apelaciones más o menos encubiertas a golpes de Estado o pronunciamientos que impidieron durante dos siglos que España tuviera una democracia que durara más de un decenio. El PSOE se resistirá a ello por aquello de la imagen y los votos, pero al menos en lo económico no hay ninguna diferencia entre PSOE y PP. Eso ya se ha demostrado con el presidente Zapatero y su mes negro de mayo del 2010; y Rajoy, que ha ahondado más en las criminales políticas de austeridad. Todo ha fracasado en España, Grecia, Portugal y allí donde se ha impuesto. Los supuestos económicos en que se basan estas políticas son un cadáver teórico a pesar de que se sigan enseñando en las facultades de Economía. Hasta el conservador The Economist las ponía en duda en julio del año 2009 –segundo año de crisis reconocida– en un artículo que aparecía en su portada titulado Where it went wrong, and how the crisis is changint it, con un dibujo en la portada en la aparecía un libro derritiéndose, libro titulado Modern Economic Theory. Pues ni el PSOE ni el PP se han enterado y con Rajoy como perrillo faldero de la Merkel.

En el momento actual los datos son escalofriantes: según la EPA para el segundo trimestre del año tenemos 5.622.900 parados, una tasa de paro del 24,47%, con 2.868.900 parados de más de un año y con 1.834.000 hogares con todos sus miembros en el paro. Los datos más actuales han mejorado algo el panorama, pero lo previsible es que vuelva la cosa a empeorar. En el debate de presupuestos el Sr. Montoro –una especie de vampiro miope con rasgos humanoides- se mostraba satisfecho porque la economía ya crecía unas décimas, como si eso fuera a solucionar el problema del paro y sus consecuencias. La herencia que va a recibir Podemos si tuviera que compartir tareas de gobierno o directamente gobernar va a ser terrible. Por ello se ha de afinar mucho en su abordaje. Presento las tareas económicas que, de forma jerarquizada, son en mi opinión las ineludibles a corto y medio plazo:

1) Las consecuencias del paro. Frente a la propaganda de la derecha y del PSOE de que el primer problema de este país es el paro hay que decir que no es cierto, que el primer problema son sus consecuencias. El paro es el segundo. Ya hemos dado los datos según EPA que es la más fiable de los registros porque el paro registrado es siempre menor. No menor importancia tiene el deterioro de la calidad del empleo, con un avance imparable del empleo temporal sobre el indefinido y un alto grado de indefensión por la reforma laboral del PP. Pero lo primero es abordar las consecuencias del paro. Para ello hay que dotar un fondo para dar vivienda y comida a quien no tenga un mínimo en este país. La tarea es difícil de evaluar porque las distintas Administraciones aportan algo, pero es siempre desigual e insuficiente. Podemos evaluó unas cifras en su momento totalmente descabelladas que luego han sido recogidas por la derecha y el PSOE para denigrarlos. Las cifras deben ser más mesuradas aunque nada despreciables. España sí está en condiciones que crear una renta básica determinada por la situación de parado, por una pensión insuficiente o por no tener ninguna fuente de renta. Es tarea difícil porque hay que luchar contra la picaresca, pero es inexcusable su abordaje. Veamos unos datos. Para dar una renta básica a 2.000.000 de ciudadanos a una media de 700 euros al mes en 12 pagas serían necesarios dotar al fondo de 16.800 millones de euros. Parece una cifra grande, pero es inferior a los 24.743 millones que de momento se han dado a Bankia y representa además sólo el 1,6% de déficit dado nuestro billón de euros de PIB. Se calcula que los niveles de fraude fiscal no deben estar por debajo de los 60.000 millones de euros siendo cautos. Pues bien, los 16.800 millones representan sólo el 28% de nuestro fraude fiscal estimado a la baja. Hay que decir que este fondo no sustituiría a las ayudas no contributivas y de rentas actuales, sino que sería complementarias de otras, pero sobre todo destinadas a los que no perciben ninguna renta.

2) La segunda tarea se deriva de lo anterior: combatir el fraude fiscal. Por supuesto que hay que abordar otras tareas encaminadas a modificar la estructura de los impuestos y un control mayor, por ejemplo, en el impuesto de sociedades y en el IVA, pero ello no debe distraer la atención sobre lo básico: lucha contra el fraude, modificación del código penal, más dotación a la Agencia Tributaria para dotarla de personal suficiente, porque estamos muy alejados de los parámetros de inspectores por sujeto pasivo físico o jurídico obligado con respecto a los países de la UE.

3) Eliminar la reforma del PP y aumentar el salario mínimo. La reforma ha deteriorado las condiciones de trabajo y rebajado los salarios. Indirectamente y paradójicamente ha favorecido la contratación temporal en detrimento de la indefinida. Pero lo más urgente es aumentar el ridículo salario mínimo actual de 645,30 euros en 14 pagas. Sólo en la UE lo tienen por debajo Grecia y Portugal. Además, un salario tan mínimo crea empresas-chiringuito por especuladores y echa del mercado a las personas con vocación empresarial y profesionalidad que apuestan por el largo plazo y por fidelizar a sus empleados con retribuciones dignas. Pero no sería suficiente con aumentar notablemente el salario mínimo. He defendido hace tiempo que debiera haber dos salarios mínimos: uno para los contratos indefinidos y otro para los temporales, siendo estos últimos más altos que los primeros. Con ello el empresario tendría dos alternativas reales: contratar con costes mensuales más bajos pero con costes de despido (indefinidos) o con costes mensuales más altos pero sin costes de despido (temporales). Sólo con leyes y decretos basados en la buena voluntad de los contratadores va a hacer cambiar la inercia del deterioro del trabajo, pero sí lo hará vía costes. Además ello puede ser gradual. Supongamos el salario mínimo de los indefinidos estuviera en los 900 euros y los temporales en lo 1100. Si viéramos que no se produce un cambio sustancial en la relación entre contratación indefinida y la temporal no habría más que aumentar la brecha del salario mínimo entre ambos, pero sin bajar el mínimo del indefinido.

4) Aumentar el presupuesto español aumentando los impuestos. Doy a continuación los presupuestos del 2015 con algo de elaboración por mi parte:

2014111017262058664

Estos 322.945 millones de euros representan apenas el 32% de nuestro PIB, cifra extraordinariamente alejada de la media europea y, sobre todo, de los grandes países de la Unión con los que nos debemos comparar. Debemos pasar a los 400.000 millones de euros de ingresos porque esa es la cifra de nuestras necesidades de lo público como país avanzado en lo económico y en las demandas sociales. O debiera serlo. Y ello es posible. Nuestro gap, nuestra diferencia es de 77.000 millones. Simplemente combatiendo el fraude fiscal y poco más estaríamos en la media, aunque aún sin llegar a Francia, Alemania o Italia, por no hablar de los países más avanzados que son los nórdicos y que su relación de ingresos con el PIB está en el 50% y a veces superándolo. En el presupuesto se ha deducido los 13.204,3 millones que aparecen como ingresos en la Seguridad Social porque son aportaciones del Estado y ya figuran en este apartado. También se han deducido las aportaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque es una reserva y no es disponible en principio para el gasto del 2015. No obstante, si se quieren tener en cuenta –según criterios– nuestro presupuesto consolidado entre Estado (con sus Organismos Autónomos, Agencias Estatales, etc.) y Seguridad social es de 331.391 millones, un 33% del PIB, a 7 puntos del deseable 40%, es decir, a 70.000 millones. Pagando los que tienen que pagar ¡incluso sin reforma fiscal!, el asunto quedaría arreglado.

5) Cambiar la política de austeridad por otra más expansiva. Con niveles de inflación casi negativas y con el paro actual es criminal la austeridad. Casi siempre lo es, pero 5 años de austeridad ha matado el crecimiento y la posible creación de empleo. Pero aumentar el empleo no va a ser fácil incluso con una economía vertebrada desde lo público a esa tarea. La construcción, el turismo y la industria de la cultura basada en el idioma español son los mejores candidatos a la creación de empleo porque son sectores donde la necesidad del aumento de la productividad para competir en el exterior no se va a comer la creación de empleo. Además, ni la construcción ni el turismo son exportables o lo son en menor medida que otros sectores, no se puede diferir la actividad al exterior (en el caso del turismo sí lo hacen los tours operator). Con una economía planificada sí podría vertebrarse toda la economía de tal forma que unas tablas input-output permanentemente actualizadas nos darían los niveles de inversión y sectores donde de forma directa más la indirecta se optimizara la creación de empleo. En una economía de sólo mercado esto no es factible. Y esa es la economía que se va a encontrar Podemos si llega a gobernar. Y eso sí que no lo va a poder cambiar. Al menos se necesita algo de política keynesiana, pero para ello es necesario cambiar los presupuestos ideológicos de la señora Merkel y del BCE. En realidad sólo hay que pedir una política económica de aumento moderado del gasto en términos de PIB como ha hecho Obama en USA. Curiosamente sólo China podría darnos a Europa una especie de Plan Marshall como nos dio USA –a España no por la dictadura franquista– al final de la II Guerra Mundial. La Unión Europea y sus políticos están cumpliendo las palabras de Churchill de que los políticos recorren todas las malas soluciones hasta llegar a la buena, aunque habría que añadir que no siempre llegan a ella. De momento aún no se ha llegado a eso. Al menos con Draghi parece que el BCE está cambiando. Primero fue aquello de que haría lo posible para evitar la especulación sobre las deudas, recientemente lo de la retribución negativa de los depósitos de los bancos privados en el BCE -¡ya era hora!- y, por último, la facilidad de crédito de 400.000 millones para los bancos si a su vez lo emplean en créditos a la empresas, aunque esto último se está quedando en nada. Todo muy insuficiente al menos para España. Podemos se tendrá que enfrentar a la Merkel y a sus votantes en Europa y apenas va contar con aliados porque Francia con el Valls está deshaciendo lo que hizo Hollande e Italia no cuenta políticamente.

6) Lo que sí ha de hacerse lo posible es porque el sector financiero (bancos y sobre todo cajas convertidas en bancos) devuelvan lo prestado. Las deudas son de 40.000 y, aunque se han beneficiado tres bancos/cajas y pocos más, ha de considerarse al sector como una sola empresa que debe esa cifra o la que se estime como el total de las ayudas. Dicho de otra forma, que estas ayudas se conviertan formalmente en préstamos del FROB al sector como sector con obligación del sector como tal de devolverlas. Por supuesto que hay que castigar a los bancos y sobre todos a los banqueros responsables, a unos más que a otros –palo y zanahoria–, pero que lo devuelvan con intereses, tarden lo que tarden. Pero el problema principal ahora no es ese, sino que los bancos siguen sin prestar dinero en la medida de las necesidades del país, especialmente a la pequeña y mediana empresa. Desde el 2008 y según FUNCAS, el crédito ha caído en 429.000 millones de euros. Es una cifra brutal. Los gobiernos de Zapatero y de Rajoy -inducidos por el BCE y el Banco de España- cometieron el terrible error de obligar a aumentar la solvencia de los bancos ¡en plena crisis!, cuando la necesidad de crédito era lo prioritario. Con ello han alargado la propia crisis –y con la austeridad presupuestaria– y la han convertido en crónica. Esta es una tarea ineludible a corto, cortísimo plazo. Es evidente que no se puede obligar a la banca a dar crédito si no valora suficientemente la solvencia del prestatario y sería contraproducente hacerlo, pero el Banco de España y el BCE tienen instrumentos suficientes para hacer que el único camino del negocio bancario sea el préstamo. La remuneración negativa del BCE a los depósitos de los bancos es una medida encaminada en esa dirección, solo que no es suficiente. Hay que retirar los decretos sobre la mayor exigencia de solvencia de la banca. A la postre y por desgracia lo que da garantía de solvencia al sistema bancario en su conjunto son nuestros impuestos, cosa demostrada con Bankia y los bancos ayudados desde lo publico (FROB).

En cuanto a la deuda pública hay que pagarla, se considere legítima o ilegítima, necesaria o no, justa o injusta. La deuda la dejó Zapatero en torno a los 750.000 millones de euros y Rajoy la ha aumentado en 250.000 millones. En cifras redondas. De no habernos endeudado la crisis hubiera sido mayor porque el gasto hubiera sido aún más insuficiente de lo que es actualmente y porque ello hubiera repercutido negativamente en los servicios públicos. Ya puede olvidarse Podemos de hacer consideraciones sobre la deuda pública porque cualquier intento de impago, incluso de retraso, puede que la paguemos más cara a través de la prima de riesgo o por falta de financiación de la economía privada y de la misma pública. Lo que hay que evitar por todos los medios es convertir la deuda privada en pública, bien sea vía diferencia de intereses, bien sea -como en el caso de la banca- haciendo publica la privada. Eso ocurre con los bancos y cajas, que son empresas privadas pero que se han financiado con dinero prestado por la UE al FROB, que es un organismo público y que cuando se enteró Rajoy de que eso era así se quedó como está: bizco y pasmado.

Hay más cosas que cambiar, tanto con el BOE como las actitudes y las mentalidades. Comparado con esto, la lucha contra la corrupción, con ser imprescindible, se convierte en una acnédota.

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Blockupy: 3000 Teilnehmer_innen bei Umzugsaktion zur EZB

News fo Attac Germany - Sat, 22/11/2014 - 17:21
An die 3000 Menschen haben am heutigen Samstag im Rahmen des Blockupy-Festivals in Frankfurt am Main gegen die europaweiten Verarmungsprogramme und die autoritäre Krisenpolitik der Troika aus Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds demonstriert. Unter dem Motto "Umzug zur neuen EZB – wir packen mit an!" zogen sie vom Paulsplatz in der Innenstadt zum neuen Gebäude der EZB im Frankfurter Ostend. Viele Demonstrierende – darunter zahlreiche aus anderen europäischen Ländern – trugen beschriftete Umzugskartons mit sich, um der EZB symbolisch all das zurückbringen, was ihrer Ansicht nach auf den Müllhaufen der Geschichte gehört: Verelendung, die Privatisierung öffentlicher Finanzen und Güter, die Zerstörung der Gesundheitssysteme, eine rassistische und sexistische Spaltung der Gesellschaft sowie Kriege zur Ressourcensicherung. Europäische Zentralbank mit Farbe als Krisenakteur markiert Bei der EZB im Ostend angekommen, überwanden hunderte Aktive die Absperrung um das Gebäude und luden ihre Umzugskartons mit dem Politik-Müll direkt vor dem Eingang der Zentralbank ab. Aktive markierten die EZB zudem mit den Blockupy-Farben Rot, Grün und Blau als Krisenakteur. "Mit unserer Aktion haben wir deutlich gemacht: Wir werden uns nicht gewöhnen. Denn weiterhin gilt: Die Kürzungspolitik tötet. Die Herrschenden verschärfen ihre – jetzt softer verpackten – Strukturprogramme. Sie wollen die Troika-Politik schleichend zum Normalbetrieb machen: Minijobs und Hartz IV, autoritäre Politik und Sozialabbau, rassistische Abschiebung und Privatisierung öffentlicher Güter. Die Krise soll zur Lebensform werden", sagte Blockupy-Sprecher Sebastian Drewlo. "Dem setzen wir unseren Widerstand entgegen und streiten weiter für unsere Alternativen: Demokratie von unten und grenzüberschreitende Solidarität mit den Opfern der Krisenpolitik." Die aktivistische Demonstration war Teil des Blockupy-Festivals "Talk, dance, act – runter vom Balkon!" in Frankfurt. Bis Sonntag noch beraten die Teilnehmenden weitere Schritte gegen die europaweite Verarmungspolitik, feiern miteinander und stimmen sich ein auf den Protest gegen die Eröffnungsfeier der EZB. Keine ungestörte Feier der EZB-Verarmungspolitik am 18. März Wie am gestrigen Freitag bekannt wurde, plant die EZB ihre offizielle Eröffnung nun für den 18. März. Das Blockupy-Bündnis kündigt an, die Feier mit massenhaften Aktionen Zivilen Ungehorsams zu behindern. "Dieser Festakt wird nicht ungestört über die Bühne gehen, dafür werden wir sorgen", sagte Blockupy-Sprecher Roland Süß. "Die EZB ist die treibende Kraft der Troika, wenn es darum geht, eine autoritäre und unsoziale Kürzungspolitik in den von der Krise besonders betroffenen südeuropäischen Ländern durchzusetzen. Wir werden nicht zulassen, dass sich diejenigen selbst beweihräuchern, die ganze Gesellschaften in Armut stürzen und Demokratie zerstören."

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Blockupy ist Teil eines europaweiten Netzwerks und wird koordiniert von vielfältigen sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Parteien und Flüchtlingsinitiativen aus  Italien, Spanien, Griechenland, Belgien, Niederlande, Dänemark Frankreich und anderen Ländern. Das bundesweite Blockupy-Bündnis wird getragen von  Aktivistinnen und Aktivisten verschiedener emanzipatorischer Gruppen und Organisationen, darunter die Interventionistische Linke, Attac, Occupy Frankfurt, Gewerkschaften, Jugend- und Studierendenverbände, das Erwerbslosen-Forum Deutschland, die Partei Die Linke, das Netzwerk Friedenskooperative und das Bündnis "Ums Ganze".
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La campagne d'adhésion se poursuit !

Attac Québec - Sat, 22/11/2014 - 16:00

ATTAC-Québec est une association citoyenne indépendante, non partisane, qui ne reçoit rien des gouvernements ou des fondations privées. Elle fonctionne grâce aux cotisations de ses membres, individus et organismes, grâce à la générosité de donateurs et grâce à l'engagement sans faille des citoyennes et citoyennes qui s'y impliquent.

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  • propose des activités de formation et d'éducation populaire, des conférences, des publications, une émission de radio hebdomadaire, un bulletin et une infolettre, entre autres, qui permettent à ses membres et à quiconque s'y attarde de mieux comprendre les enjeux soulevés et d'agir ; consultez son plan d'action 2014-2015 ;
  • est un beau projet d'appropriation citoyenne de connaissances et d'analyses critiques sur l'économie et la mondialisation en général, qui donne une capacité d'action aux personnes ;
  • croit à la force de la concertation et participe au travail de coalitions qui partagent les mêmes préoccupations et se mobilisent pour la justice sociale, la démocratie, les services publics et le bien commun ;
  • est une association entièrement indépendante, non partisane et qui ne reçoit rien des gouvernements ou des fondations privées ; il est peu coûteux d'y adhérer : individus (15$/an), organismes (50$/an), étudiants, sans emploi (10$/an) ;
  • bénéficie de la solidarité du réseau international d'ATTAC qui compte des groupes similaires dans une quarantaine de pays.

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  • organiser et promouvoir des activités : journées d'étude, formations, conférences, cafés ATTAC, etc. ;
  • soutenir notre émission de radio hebdomadaire sur les ondes de CKRL à Québec ;
  • payer les dépenses courantes : frais de location de salles, papeterie, photocopies, timbres, téléphone, frais techniques pour nos outils Web, etc. (nous nous efforçons de multiplier les partenariats pour réduire ces coûts) ;
  • payer le déplacement de conférenciers invités ;
  • permettre à unE représentantE de participer à certaines rencontres nationales ou internationales (au sein du réseau ATTAC, dans les forums sociaux, etc.) ;
  • rendre possible éventuellement un poste de coordination (un ou deux jours/semaine).

Alors passez à l'ATTAC ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir d'y répondre.

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Nouvelles de l'Assemblée générale 2014

Attac Québec - Sat, 22/11/2014 - 15:30

C'est avec enthousiasme et en témoignant de leur reconnaissance envers tout le travail accompli par ATTAC-Québec, le rapport d'activités en attestant, que les membres, réunis en assemblée générale à l'UQAM le 15 novembre dernier, ont adopté le plan d'action 2014-2015 de l'association.

Wedad Antonius a été élue au CA, succédant à Monique Jeanmart, qui continue de coordonner notre Bulletin. Les quatre autres personnes dont le poste était en élection, désireuses de poursuivre leur implication, ont été réélues. Le CA se compose ainsi de : Claude Vaillancourt, Jacques Bouchard, Chantal Santerre, Wedad Antonius, Dominique Bernier, Catherine Caron, Théo Flamand, Francis Lagacé, Roger Lanoue, Michaël Lessard, Marie-Sophie Villeneuve.

Nous vous invitons à lire le texte sur la conjoncture, signé par Claude Vaillancourt, qui a ouvert cette assemblée présidée par Michèle Asselin.

Des membres présents à l'AG sont prêts à s'impliquer pour mener des actions créatives et nous rendre plus visibles dans les manifestations. Ça vous intéresse ? Faites-nous signe pour que nous vous mettions en contact (quebec@attac.org). De nouvelles personnes se sont aussi montrées intéressées à joindre l'équipe de formation - super ! - n'hésitez pas si ça vous intéresse et, aussi, invitez-nous !

Après l'AG, deux ateliers, celui sur l'austérité et celui sur la fiscalité, ont permis de mieux comprendre quelques notions sur chacun de ces sujets et, surtout, d'échanger et de partager questions et réflexions (le troisième atelier prévu a dû être annulé pour cause de maladie).

La campagne d'adhésion se poursuit ! Passez à l'ATTAC, si ce n'est déjà fait, et passez le mot pour encourager vos amiEs à nous soutenir !

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Le Grain de sable à CKRL 89,1 FM

Attac Québec - Sat, 22/11/2014 - 13:00

Diffusée tous les samedi en direct de 13 h à 14 h, Le Grain de sable est une émission de radio réalisée par des militantEs d'ATTAC à Québec. Pour connaître le programme des émissions et les écouter en podcast, consultez le blogue de l'émission et suivez l'équipe sur Facebook.

Voir en ligne : http://legraindesableqc.wordpress.com/
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