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Justicia económica global
Updated: 3 hours 20 min ago

¿Es libre el Tratado del “Libre Comercio” entre EEUU y la UE?

Sat, 29/11/2014 - 13:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Una de las áreas de macroeconomía donde el lenguaje contradice más las realidades que intenta definir es la que se conoce como libre comercio (dentro de la cual se incluye el propuesto Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea). Como en todos los tratados de libre comercio, este tratado es promocionado, por sus promotores, como un tratado que intenta liberalizar el comercio, eliminando barreras que obstaculicen el intercambio comercial. Los principales promotores de estos acuerdos son las grandes empresas transnacionales, definidas erróneamente como multinacionales.

Lo primero que debe aclararse es que de libre comercio estos tratados tienen muy poco. La situación actual a los dos lados del Atlántico Norte ya permite la libre circulación del comercio, habiendo prácticamente desaparecido los impuestos y aranceles que solían dificultar el libre movimiento de productos y servicios. En realidad, tales tratados tienen muy poco que ver con facilitar el libre comercio. Lo que en realidad está detrás de estos tratados es proteger los intereses de dichas empresas frente a las regulaciones de los Estados que intentan proteger a la ciudadanía frente a sus prácticas desleales y dañinas para la población, que afectan a la salud y el bienestar de los ciudadanos, bien como trabajadores, consumidores o como personas que pueden estar sujetas a ofensas ambientales. De ahí que un elemento clave de estos tratados haya sido disminuir estas intervenciones públicas que existen en defensa de los ciudadanos de los países, y establecer tribunales de justicia que tengan mayor potestad y responsabilidad jurídica que los tribunales de cada Estado. Su objetivo es, pues, desarrollar sistemas jurídicos paralelos y con más poder que los tribunales nacionales. De ahí que cuando el gobierno de un Estado firma el tratado cede soberanía a una instancia superior. Las decisiones de sus Tribunales de Justicia pasan a ser secundarias a un Tribunal superior, el Tribunal que establece tal Tratado, siempre bien conocido por sus simpatías hacia tales transnacionales.

Es interesante notar que, por regla general, los partidos que más favorecen estos tratados son partidos conservadores y liberales (las derechas) que siempre se autodefinen como las fuerzas más “patrióticas”, siendo las que casi siempre ceden más la soberanía de sus Estados a favor de las empresas transnacionales. El caso español (incluyendo el catalán) es un claro ejemplo de ello.

La reproducción de las prácticas monopolistas

Un caso claro de ello es lo que está ocurriendo con la altamente monopolizada industria farmacéutica. Esta industria, claramente a la defensiva en estos día de crisis (generada en parte por el Ébola, pues nunca dieron ninguna prioridad a desarrollar la vacuna contra esta enfermedad), desea mantener la cláusula de permanencia de los monopolios, permitiendo a la empresa Gilead Sciences vender su medicamento contra la hepatitis C por 84.000$ (unos 67.000€) en EEUU, cuando este medicamento puede conseguirse por un precio mucho, pero muchísimo, más bajo en otro país (900$, unos 700€). Parecería lógico que en un Tratado de Libre Comercio los productores del mismo fármaco pero a un precio menor pudieran venderlo en el país donde el precio es mucho, pero muchísimo, mayor. Pues bien, la situación es precisamente la opuesta. Se protege a las empresas farmacéuticas que lo venden a un precio mucho más caro, manteniendo su monopolio sobre el mercado. Y a esto lo llaman libre mercado.

En realidad, estos tratados de libre comercio protegen descaradamente a las empresas que venden en varios países, lo que explica que se les llame multinacionales. Ahora bien, este término parecería indicar que son propiedad de varios países, lo cual no son. Son empresas transnacionales, basadas en un país, que a través del Estado en el que están basadas (por regla general, un país de economía más avanzada) ejercen su poder sobre el comercio internacional. Y cuentan con la protección del tribunal que gobierna cada tratado de libre comercio en beneficio suyo. De ahí que acompañando a los tratados de libre comercio siempre haya cláusulas que debilitan la normativa laboral, ambiental y social de los países que forman parte del tratado. Legislación que ha sido aprobada por los parlamentos nacionales resultado de la presión de fuerzas laborales, como sindicatos, o de prácticas políticas progresistas y/o verdes, se dejan de lado por considerarse que limitan el poder de las transnacionales. Y a esto, repito, también lo llaman libre comercio.

En Europa, este Tratado de Libre Comercio representa también una amenaza a los servicios públicos, como los Servicios Nacionales de Salud, que puede considerarse que vulneran el libre comercio de servicios, forzando la privatización de tales servicios. Esta ha sido una de las causas que defensores del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña hayan denunciado dicho tratado. Las compañías transnacionales son plenamente conscientes de que sus acciones pueden ser muy impopulares, lo cual explica la falta de transparencia y opacidad de los preparativos de tal tratado. De ahí la urgencia de que haya una población bien informada para que pueda frenar tales comportamientos en los países afectados y sujetos al tratado. Por desgracia, los mayores medios de información y persuasión no han estado informando sobre los preparativos de tal tratado, en parte debido a la gran influencia que tales transnacionales ejercen en las instituciones políticas y mediáticas de los países. Y a esto, le llaman libertad de prensa. Es característico del discurso y narrativa dominante que la palabra libertad siempre se utiliza para defender los intereses de unas minorías que dominan aquellas instituciones que se presentan como democráticas las primeras (las políticas) y como plurales y libres, las segundas (las mediáticas). La libertad es, pues, la libertad para defender sus intereses. Así de claro.

Artículo publicado en Público.es

vnavarro.org

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Andalucía necesita un cambio y el momento es ahora

Sat, 29/11/2014 - 09:00

Teresa Rodríguez y Diego Cañamero - Público.es

Andalucia_PublicoLa lucha por la autonomía, por la soberanía, por el autogobierno no fueron para que 33 años después sigamos siendo la Comunidad con más paro de la Unión Europea, la más pobre de España, con casi una cuarta parte de los niños y niñas andaluzas por debajo del umbral de la pobreza, un 62% de paro juvenil y tantos otros datos y realidades cotidianas teñidas por el dolor de nuestra gente.

Seis años de interminable crisis dibujan ya un escenario social parecido al de una guerra. Pero las estadísticas no sólo sirven para poner números a una realidad que vivimos día a día, también señalan con el dedo a quienes se han quedado con lo que le han quitado a la mayoría: el número de millonarios ha aumentado un 24% desde el inicio de la crisis. Hay dinero pero lo acapara una minoría que aparece desnuda y sonrojada y crece la desigualdad social como una losa de vergüenza.

Crece el desempleo, el subempleo, la precariedad, los desahucios, crecen las colas de carritos a las puertas de la beneficencia, las largas esperas en las cercanías de los contenedores próximos a los supermercados, crece el número de locales vacíos y polvorientos en las calles comerciales de nuestros pueblos y ciudades, crece el número de clics de ratón en las páginas de compañías aéreas de bajo coste para comprar viajes que son solo de ida de la juventud exiliada. Lo vemos en Madrid, en Cataluña, en Galicia… pero con doble ración de dolor, en nuestra Andalucía.

No ha parido esta tierra de poetas uno que sea capaz de rimar seguir igual con progreso, seguir igual con mejora, seguir igual con pan, techo, trabajo y dignidad para los andaluces y las andaluzas. Hablar de “Régimen” o de “casta” tiene más sentido en nuestra tierra. Van 35 años de gobiernos del PSOE que no nos han sacado del subdesarrollo, pero que sí nos han metido en una maraña de clientelismo y amiguismo en todas las administraciones andaluzas, la oficial y la paralela, donde ya se puede hablar de una burocracia casi hereditaria del “socialismo” andaluz, de una especie de aristocracia del partido.

Andalucía tierra de paro, clientelismo y cobardía. Un año más asistimos a otros presupuestos de la obediencia a los límites impuestos por el Gobierno de Rajoy. Límites que el propio PSOE, ahora envuelto en la bandera del victimismo, contribuyó a fijar con su política económica y su gran coalición con el PP del 135 de la constitución cuando también gobernaba en Madrid. Estos presupuestos son un capítulo más en el interminable ciclo aburrido y desesperanzado de continuidad que sufrimos desde hace tres décadas y media en nuestra tierra. Una situación económica periférica y dependiente que ningún gobierno andaluz ha tenido el valor de combatir en serio. Ni ayer ni hoy. Un pueblo al que quieren dormido y sin querer soñar.

PP y PSOE, Mariano y Susana, Madrid y Sevilla, La Moncloa y San Telmo, los recortes obligados y los recortes por responsabilidad, los sobres y los ERE. Dos caras de la misma moneda. La moneda que nos roban y que engorda sus bolsillos. Parejas supuestamente opuestas y enfrentadas que se necesitan para representar su teatro de sombras. El “y tú más” entre PP y PSOE entre Madrid y Sevilla. Pero la austeridad y la corrupción se mueven por ese eje como si de una línea de AVE se tratase. Solo el falso juego de las diferencias heredado de la Transición mantenía el engaño. Pero ya no más. El rey camina desnudo ante los ojos de todo el mundo y la indignación cura la miopía.

Miopía que sin embargo siguen sufriendo los partidos del Régimen en Andalucía. El PP que espera su turno en la vieja fotografía del bipartidismo donde solo cabía el blanco y el negro. El PSOE que piensa que le vale con las lágrimas de cocodrilo de las supuestas manos atadas desde Madrid y con el recambio cosmético de una Susana Díaz sacada  de la chistera para esconder al Griñán y al Chaves de los ERE. Expresidentes de la Junta de Andalucía escondidos también detrás de sus escaños, que con juicio o sin él, ya han sido considerados culpables por un pueblo que sabe cómo prepararon y sembraron la tierra en Andalucía para que en lugar de trigo y algodón crecieran chorizos.

Hoy el bipartidismo va camino de ser historia, los recambios superficiales no terminan de colar y la gente está dispuesta a ser valiente, a tener esperanza. Se acabaron las aritméticas electorales. Es la hora de atreverse, de dar un paso adelante y construir una alternativa a este Régimen para conquistar el futuro, para ganar Andalucía. Para recuperar el sueño y el impulso de aquel 4 de diciembre. Algunos cambiaron la audacia del “rebélate” por la resignación de un bipartito que ha fracasado en resolver los grandes problemas que afectan a Andalucía. No se podía esperar otra cosa de gobernar con La Troika y el régimen. Y gran parte de la izquierda coherente y honesta empieza a cansarse de templar el gesto cada vez que le preguntan por la utilidad de ese pacto.

2014 ha sido un año de grandes cambios. Tras la masividad de una enorme movilización social que tuvo su cenit el 22 de marzo en Madrid hasta el colapso del bipartidismo, pasando por la crisis de régimen y la renuncia de Juan Carlos, hemos asistido a un terremoto político y social cuyas consecuencias apenas hemos empezado a conocer. El tablero ha saltado por los aires, la partida está abierta y el momento es ahora. Todo el ciclo de movilizaciones abierto con el 15-M, las mareas, las Marchas de la Dignidad, comienzan a dar resultados.

Tenemos que convertir la indignación y la esperanza en cambio político también en nuestra Tierra. Tenemos que ganar el presente y el futuro. Nuestro futuro y el de nuestros hijos y nuestras nietas. El que escribamos entre todas y todos. El que nombremos con nuestro propio acento. No el que nos dicten los de arriba, los de siempre, ya sean de Madrid, de Bruselas o de Berlín. Nos robaron nuestros derechos en el BOE y en el BOJA y tenemos que recuperarlos. Empecemos a andar por el camino de la soberanía, la justicia y la dignidad. Este es nuestro tiempo y empieza ahora.

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El debate de Robert Mundell y Allan Meltzer sobre el futuro del euro

Sat, 29/11/2014 - 07:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

Dos economistas del otro lado del Atlántico discuten el futuro del euro. El primero es Robert Mundell, creador de la moneda única y premio Nobel en 1999 por sus trabajos sobre la optimización de los sistemas monetarios. El segundo es Allan Meltzer, asesor económico de Ronald Reagan en los años 80 y autor se uno de los más voluminosos tratados de la Reserva Federal (1.500 páginas). Mundell y Meltzer tienen posiciones diametralmente opuestas sobre el el futuro del euro.

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Para Mundell, los países europeos más débiles confiaron excesivamente en sus devaluaciones para seguir siendo competitivos, con alta inflación y altas tasas de interés, pero lento crecimiento. El proceso devaluatorio y los acuerdos laborales permitían que los salarios subieran más rápido que los precios. La creación de la moneda única obligaba a los países periféricos a elevar la productividad y moderar los salarios para mejorar la competitividad. Según Mundell, el sentido del euro era ejercer la presión del mercado para desterrar las leyes restrictivas del trabajo que durante décadas fueron una institución europea y una maldición económica.

En un documento del año 2011 Mundell señaló que la realidad estaba siguiendo la teoría. Para Mundell, en plena crisis, una de las grandes ventajas del euro era haber mejorado la disciplina salarial. “En Europa –dijo Mundell-, un país no puede cambiar los tipos de cambio. Por lo tanto, cuando los sindicatos piden aumentos salariales del 10%, y el crecimiento de la productividad es de 2% o 3%, todos saben que ese aumento se traducirá en desempleo masivo o quiebras. La imposibilidad de la devaluación hará que los sindicatos moderen sus demandas”.

¿Entonces, qué es lo que ha ido mal en Europa? Mundell insiste en que el euro “ha actuado en forma espectacular” y que el problema es el gasto público irresponsable y los déficit excesivos. Si Europa se mueve a “una unión más perfecta”, donde una autoridad central está facultada para imponer una estricta disciplina fiscal a los gobiernos díscolos de la periferia, y Alemania y otros países ricos ayudaran a financiar a sus vecinos del sur hasta que eso ocurra, el euro puede ser salvado y el crecimiento se reanudará. Pero ¿Cuánto tiempo puede transcurrir en este proceso? Mundell no lo dice.

Problema de competitividad

Allan Meltzer está en absoluto desacuerdo con su colega Robert Mundell. Para Meltzer, el problema principal no es el gasto sino la competitividad. Meltzer señala que ha habido un descenso importante de la competitividad en los países periféricos y que esto es un claro y directo legado del euro. “La zona euro no es realmente la unión que Mundell pensó que sería – dice Meltzer – “Grecia y Alemania estaban en mundos muy diferentes antes de la introducción del euro, y se han quedado ahí. Nadie debió creer la historia del euro”.

Para Meltzer, los banqueros centrales y los políticos han abordado la crisis del euro de manera equivocada: “Están machacando el problema de la deuda y eso no es lo que tienen que hacer. El problema mayor es el costo de la producción. Los países del sur no pueden crecer si los costos de producción en España o Italia son 30% más altos que en Alemania, como es ahora el caso”.

Para Meltzer, el problema principal es que Mundell pensó en una convergencia de la productividad – el número de camiones o semiconductores que un trabajador hace por hora – y esto no sucedió. La convergencia se fue en la dirección equivocada: Los salarios aumentaron más rápido en España, Italia, Irlanda y Grecia que en Alemania. Y fueron los alemanes y no los españoles o italianos, los que se hicieron más productivos: de 2000 a 2008, los costes laborales aumentaron un 15% en Alemania, frente al 30% en Italia, 43% en España y el 49% en Irlanda.

Robert Mundell admitió recientemente este problema y admitió que el euro “podría haber dado lugar a una convergencia demasiado rápida de los salarios entre áreas donde la productividad era desigual”

¿Por qué los salarios aumentaron y desafiaron las predicciones de Mundell? Por los bajos tipos de interés que pusieron montañas de dinero al alcance de irlandeses o españoles. Estos países sabían que no podían aumentar su productividad pero pidieron prestado enormes sumas de dinero a tasas de interés irresistiblemente bajas. Esto generó un boom del consumo que impulsó la burbuja inmobiliaria y el gasto vía tarjetas de crédito sin que ningún banquero central detectara la anomalía. Ni el Banco Central de España, Italia o el Banco Central de toda Europa supo ver el peligro que implicaba el torrente de dinero barato.

El enorme flujo del dinero barato -gentileza del euro- permitió realizar aumentos salariales en empresas ineficientes que ayudaron a demoler aún más la productividad. Para Meltzer la situación actual no tiene salida y el euro debe escindirse en dos: un euro duro para Alemania y un euro suave para los países de la periferia (Irlanda, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia) La existencia de un “euro suave”, permitiría a los países de la periferia mejorar la competitividad… y crecer. Sólo en el período de crecimiento es posible hacer reformas. Y si hacen las reformas necesarias, los países del “euro suave” podrán volver a unirse al “euro duro”.

La idea de Meltzer sin duda que tiene más fuerza que la de Mundell, y por eso está siendo considerada por Alemania. El eje del problema es la competitividad y la falta de ésta es lo que llevó a Europa a un insólito problema de deuda soberana nunca visto en las décadas anteriores al estallido de la crisis. Las “devaluaciones competitivas” que aplicaban Italia, Portugal o España antes del euro y que eran considerados un signo de debilidad, se reconocen ahora como una de las principales fortalezas. Recuperar la facultad para devaluar la moneda puede ser el primer paso para superar el actual estancamiento económico que tiene a Europa al borde de la tercera recesión en seis años.

El Blog Salmón

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Se venden los derechos de los ciudadanos

Fri, 28/11/2014 - 13:00

Eduardo Mangada  - Nueva Tribuna

Sobre el patrimonio español cuelga un cartel: Se vende. Desde una vivienda a un parque natural. Se privatizan bienes y servicios con una doble justificación: recaudar fondos que alimenten las arcas vacías de las instituciones públicas y entregar al mercado, a los inversores y gestores privados, los equipamientos y servicios sociales, transformados en mercancía capaz de producir pingües beneficios empresariales. Una desamortización que sonrojaría a Mendizábal.

 Prudencio Morales

Foto: Prudencio Morales

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), con capital 100% municipal, vendió en julio de 2013 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Magic Real Estate-Blackstone, para ser gestionadas por Fidere. El precio de estas viviendas, repartidas en dieciocho promociones en el municipio madrileño, ha sido de 128,5 millones de euros. Un precio por debajo del que se obtendría en el mercado e incluso inferior al fijado por la regulación de las viviendas protegidas. Operación de venta que encierra dos perversiones, o incluso delitos, como son la adulteración de la función social de un bien público y la malversación. Graves pecados políticos que justificaron la denuncia por parte del portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Madrid y que ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción núm. 18 y la presentación de una querella presentada por la Asociación Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas EMVS, cuyo argumento más sólido, al menos políticamente, lo encontramos en el artículo 289 del Código Penal, en el que se establece que “el que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”. Una querella en la que se denuncian una serie de delitos tales como el de sustracción de cosa propia  a su utilidad social, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, todos ellos sustentados en prácticas inmorales (no sé si punibles penalmente) como el abuso de derecho y el fraude de ley.

Pero siendo todo esto condenable políticamente, y espero que judicialmente, lo más grave de toda esta operación se manifiesta como un delito político cuando tenemos en cuenta que estas viviendas están ya ocupadas por ciudadanos de bajos ingresos con un régimen de alquiler, con opción de compra en algunos casos. Tanto el alquiler como el precio de compra estaban tasados desde su adjudicación por el propio ayuntamiento teniendo en cuenta la situación socio laboral de los inquilinos. Actuación que contradice la finalidad última de la EMVS, centrada en “desarrollar la política de vivienda del ayuntamiento de Madrid desde hace más de treinta años. No solo facilita el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades, sino que cumple con otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social”.

Toda una tropelía social impulsada  y ejecutada por el ayuntamiento de Madrid porque ya no solo se venden unos bienes inmuebles sino unos derechos ciudadanos ya reconocidos por el propio ayuntamiento que ahora entrega edificios y personas a un fondo buitre para su mejor negocio.

Pensemos, con un mínimo de seriedad y solvencia intelectual y política, lo siguiente. El ayuntamiento adjudicó estas viviendas en condiciones especiales (en cierto modo subvencionadas) en función de la precariedad económica y laboral de los adjudicatarios con el compromiso de una renovación continuada de los contratos de adjudicación. ¿Alguien cree que una empresa privada, cuya finalidad es el máximo beneficio en el corto o largo plazo, va a transformarse en una fundación benéfica? Esta duda ingenua ya está siendo despejada y puede comprobarse en la actualidad pues se han incrementado los alquileres y el futuro precio de venta, imputando a los actuales usuarios el IBI (no siendo propietarios) y los gastos de comunidad, habiéndose iniciado un acelerado proceso de desahucios violentos y dramáticos ante la más mínima demora en el pago del alquiler.

Nada de extrañar. En mayo de 2013 publiqué en El País un artículo titulado “Réquiem por la vivienda social” en el que recogía unas declaraciones de la alcaldesa Ana Botella (El País, 23-10-12) en las que afirmaba que ya no son necesarias las Viviendas Protegidas o viviendas sociales y, por tanto, el gobierno municipal, a través de la EMVS, no construirá más viviendas de protección oficial. Un manifiesto neoliberal ausente de toda sensibilidad social que se ve corroborado con la venta de estas 1.860 viviendas públicas.

He usado el nombre de “fondo buitre” para calificar a Magic Real Estate-Blackstone y su gestora Fidere con un cierto reparo, pero lo considero adecuado porque si me remonto en la hemeroteca encuentro en El País de 13-09-13 un artículo titulado “Quién compra España”  en el que Fernando Gumicio, fundador de Azora, protesta: “me parece injusto llamarnos así (fondos buitre), es una descalificación, prefiero el término de oportunistas”, defensa que se ve devaluada cuando en el mismo artículo Ismael Clemente, fundador de Magic Real Estate defiende la función de estas empresas con las siguientes palabras: “los buitres en la naturaleza cumplen una función: limpiar la carroña. Aquí también (…)”. Afirmación ciertamente cínica, sobre todo si tenemos en cuenta que en este caso la carroña no solo son los bienes inmobiliarios sino que incluye también a los actuales usuarios de las viviendas sociales. Solo hay que esperar a que vayan caducando los alquileres, se incremente el precio de la opción de compra y las viviendas públicas se transformen en mercancía ajena a cualquier función social contraviniendo el espíritu y la letra de la Constitución y, muchos años antes, de la Ley del Suelo de 1956, en plena dictadura franquista.

Todo lo dicho es un grave atentado contra el Estado social y democrático de Derecho (artículo 1 de la Constitución) perpetrado por el ayuntamiento de Madrid. Pero lo escandalosamente dramático es que un mes después de la operación a que nos referimos el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), cuya titularidad integra corresponde al gobierno de la CAM, vendió 2.935 viviendas incluidas en el Plan Joven promovido por Alberto Ruiz-Gallardón a Goldman Sachs-Azora por un total de 201 millones de euros, con clausulas tan vulnerables para los usuarios como las ya denunciadas para la EMVS.

España se vende. ¿Quién quiere comprarla? Un gran cartel anuncia: Apresúrense, estamos de rebajas por liquidación.

Eduardo Mangana es arquitecto

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La deuda como amenaza

Fri, 28/11/2014 - 09:00

Xavier Caño – ATTAC Madrid

Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de un billón de euros. El 97,1% del PIB. Es decir, de toda la riqueza nacional. La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis; en 2007 era un 36% del PIB y hoy es casi el 100%. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.

En el Reino de España, los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35.000 millones de euros. Casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. O, dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. Y es que la utilización de la deuda no es técnica, inocente, neutral ni imparcial. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para pagar los créditos con los que alimentaron la burbuja inmobiliaria y para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario público.

Que la deuda sea impagable hace imprescindibles moratorias, reestructuraciones, suspensiones y quitas. Medidas normales en el capitalismo, como lo fueron en el feudalismo y antes. En la Babilonia de Hammurabí, hace cuatro mil años, hubo una treintena de reestructuraciones de deuda, incluidas cuatro anulaciones.

Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que reestructuraciones y quitas de deuda son actuaciones frecuentes. Por el Acuerdo de Londres de 1953, 25 países acreedores aceptaron anular un 62% de la deuda externa alemana. Reducción que fue clave para la rápida recuperación y posterior desarrollo de la República Federal Alemana. Reinhart y Trebesch nos ofrecen algunos datos históricos sobre otras reestructuraciones de deuda cercanas; las amplias reducciones de deuda pública de Francia o Italia tras la conflagración mundial del 52% y 36% respectivamente respecto a su PIB de 1934. La deuda fue condonada en su mayor parte, olvidada y, tras la reestructuración, mejoraron las condiciones económicas y ambos países crecieron.

La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en los noventa para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial, había que cumplir las condiciones que imponía el FMI. Que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.

Desde hace tres décadas, es política neoliberal aumentar el endeudamiento de la mayoría de países para controlarlos o incidir en sus políticas. En la vieja Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastrich y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados. Con la caída de ingresos del Estado, por las rebajas de impuestos a los que más poseen y más ganan, los gobiernos recurren a la banca privada que compra sus bonos de deuda a interés más alto. Es el mecanismo de aumento de la deuda pública en Europa y de control que cierra así el círculo del uso torticero de la deuda.

Puesto que el modo clásico de producción flaquea desde hace décadas para obtener los beneficios que pretendía la clase dominante, la deuda pública se ha convertido en manos del poder económico y de sus gendarmes (FMI, BCE, CE…) no solo en mecanismo de control político sino también en medio para conseguir esos anhelados beneficios. En modo de acumulación de capital. Como también lo son la austeridad fiscal por trasvase de rentas de las clases populares a las élites, la corrupción (apropiación ilegal directa del contenido de las arcas públicas) y la especulación financiera desaforada. Si la deuda pública es hoy medio de acumulación, es un modo de explotación y de dominio.

Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente.

Artículo publicado en Centro de Colaboraciones Solidarias

Periodista y escritor

Twitter: @xcanotamayo

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Ni Rajoy ni Pablo Iglesias, el TTIP será tu próximo presidente

Fri, 28/11/2014 - 07:00

Ignacio Pato en Playground.net

Se está negociando un tratado que cambiará tu vida y te lo quieren ocultar

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Un poder en la sombra amenaza con robarle todo el protagonismo a las elecciones generales más calientes de los últimos años. El peligro acecha, pero se está acercando tan silenciosamente que, si no hacemos nada para evitarlo, puede pillarnos completamente desprevenidos.

Como si de una distopía de manual se tratase, el Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas en inglés) está siendo negociado en secreto entre el sector privado, la Comisión Europea y Estados Unidos, que trata así de recuperar parte de la hegemonía económica perdida en Europa. Una vez aprobado, gracias a él se materializará la superioridad empresarial sobre los gobiernos, será posible una justicia al gusto de las grandes corporaciones –que podrán llevar a juicio a los estados que traten de frenar sus avances–, la suspensión de derechos laborales, prácticas antiecológicas como el fracking o un avance implacable de la privatización de lo público. El TTIP ya ha sido etiquetado por sus críticos como la puntilla (de lo que nos queda) del estado del bienestar o un cheque en blanco para los causantes de esta crisis.

Este vídeo de la ilustradora Atxe te cuenta en un par de minutos por qué dará igual a quién votes cuando entre en vigor este tratado. No está de más que lo veas y empieces a conocer lo que se nos viene encima.

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Catalunya de la Frontera

Thu, 27/11/2014 - 18:00

Manuel Herrero Villanueva – ATTAC Jerez

En el diccionario hay palabras que te gustan tan solo por su sonido, sin tener en cuenta su significado. A mí me pasa con azul, cariño, sultana, calabaza, morena, cielo, sin embargo a otras les tengo manía, no me gustan. Una de ellas es patria. No me gusta su sonido, pronunciar su “tr” es como si mordiera un cartílago, como cuando arañas una pizarra, me da cierta grima.

Pero tampoco me gusta su significado, cuando la veo en los azulejos de las puertas de los cuarteles, en los monumentos a héroes descerebrados o de padres de los nacionalismos me suena a exclusión, es como si me gritaran que si no enloquezco con sus colores y por ser de su mismo color y de su misma tierra soy un apestado y no tengo hueco en sus dominios.

Puede parecer muy simplista pero para mí es así, el llamamiento a la patria nunca me supo levantar. Dicho esto, para que nadie se llame a engaño, me gustaría reflexionar sobre el asunto Catalunya.

En el simulacro de referéndum que se hizo en Catalunya el pasado 9N votaron 2,4 millones de personas. En las últimas elecciones al Parlamento catalán en noviembre de 2012, 3,6 millones de personas, es decir, han votado un 66 % de los votantes habituales. Esta cifra no es nada despreciable, menos aún sabiendo que los principales opositores a esta consulta tuvieron entre los dos (PP y Ciudatans) 746.000 votos. Así que los comentarios de que esto fue un fracaso no se sostienen con un mínimo de rigurosidad.

Esas cifras permiten por simple lógica afirmar que Catalunya no es un invento de Artur Mas y cuatro iluminados más, que hay un sentimiento nacionalista muy implantado en el pueblo catalán. Es verdad que a ese sentimiento nacionalista se le han sumado en los últimos tiempos algunas cosas que le han servido de altavoz, lo han agrandado, por ejemplo la crisis económica y el rechazo a la política tradicional general. En Catalunya esa desafección se ha ido volcando en un rechazo a los partidos “nacionalistas españoles” PP y PSOE, a lo que hay que añadir la torpe actuación de los líderes regionales de esos partidos.

Pero por más que se puedan encontrar justificaciones de todo signo a los resultados no se puede ignorar que ese sentimiento es real y que hay que darle alguna salida, salida que por una parte no puede escudarse en la legalidad y la Constitución, preceptos estos que los partidos tradicionales se han saltado a la torera cuando les ha dado la gana, y por la otra tampoco puede encontrar un numantino enroque victimista que tan sólo responda culpando de todos los males al nacionalismo español. Diálogo, hace falta mucho diálogo.

Pero después de ese análisis a mí me quedan muchas dudas, por ejemplo, la oportunidad del estallido del sentimiento nacionalista, por los dos lados, dos líderes salpicados de corrupción hasta las cejas, Rajoy y Mas, de pronto se enzarzan en una batalla en la que pringan al Tribunal Constitucional, la Unión Europea, partidos, asociaciones, sin dar la mas mínima solucion. ¿Se está escenificando una pelea entre estos dos líderes para desviar la atención de los votantes hacia otro lado? No lo sé, pero da muy mala espina y no creo en las coincidencias.

Por otro lado me pregunto ¿qué significaría una independencia de Catalunya para nuestra sociedad? ¿Habría menos paro? Por ejemplo. Y es que creo que los problemas de nuestra sociedad no son territoriales. Un parado catalán necesita tanto un trabajo digno como uno extremeño y un corruptor es tan sinvergüenza y se siente tan impune en Premiá de Mar como en Sevilla.

El problema según mi punto de vista es de políticas, CiU es un partido que comparte ideología, y parece que métodos de financiación, con el PP y con el PSOE, han votado con éstos en miles de ocasiones, cuando les ha convenido a ellos, no a su comunidad, presupuestos, planes de inversión, nombramientos, etc. ¿Qué va a cambiar si siguen mandando en una posible Catalunya independiente? Creo que nada.

Se seguirán protegiendo corruptos, se llevarán a cabo políticas que supongan que las grandes fortunas paguen menos impuestos que sus limpiadoras y que se puedan marchar a paraísos fiscales, se seguirán cerrando hospitales públicos para que tengan más negocio las empresas sanitarias privadas, se seguirá privatizando el ciclo integral del agua a favor de AGBAR, perteneciente a la multinacional SUEZ… aunque todo esto lo hagan envueltos en una bandera cuatribarrada y con una barretina encasquetada hasta las cejas.

Artículo publicado en La Voz del Sur

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Cinco preguntas básicas sobre la renta básica

Thu, 27/11/2014 - 13:00

Entrevista

Daniel Raventós - Consejo Científico de ATTAC España

Diagonal

El XIV simposio de la Renta Básica, que se celebrará en Fuenlabrada el 29 de noviembre, reunirá a académicos y economistas de IU-ICV, PSOE y Podemos. Respondemos a varias preguntas recurrentes sobre la renta básica (RB).

¿Cómo encajaría la RB en el ciclo económico actual de crecimiento estancado o ficticio?
Sabido es que los Estados con unos sistemas fiscales más potentes, con mayor presión fiscal y menos dependientes del ciclo han resistido mejor a la crisis. A corto plazo, la RB es anticíclica puesto que mantiene los recursos más estables precisamente en la capa de la población que soporta más el consumo interno y por lo tanto la demanda interna, principal motor económico cíclico. Si nos situamos en una hipotética situación de expansión, al crecer la renta per cápita también lo haría la RB (si está indexada con el umbral de la pobreza, por ejemplo), lo que también frenaría las desigualdades de renta con un sistema fiscal reformado como del que se habla más adelante.

RB y empleo: efectos sobre el mercado de trabajo.
Para abordar los efectos de la implantación de una RB sobre el mercado de trabajo (efectos que también dependerán de la cuantía de la RB) deben contemplarse al menos: los incentivos del trabajo asalariado, el autoempleo, el trabajo asalariado a tiempo parcial y los incrementos salariales de determinadas ocupaciones, y las reducciones salariales de otras. Como resultaría muy largo extenderme en cada uno de estos aspectos (lo hice entre otros sitios en el libro Las condiciones materiales de la libertad, El Viejo Topo, 2007), me limitaré a un aspecto que considero de mucha importancia: el incremento del poder de negociación de los trabajadores.

Además, la RB supondría, en caso de huelga, una especie de caja de resistencia incondicional cuyos efectos para el fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores son fáciles de calibrar. En concreto, el hecho de que en caso de conflicto huelguístico los trabajadores dispusiesen de una RB permitiría afrontar las huelgas de una forma mucho menos insegura que en la actualidad: a día de hoy, dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a reducirse de forma difícilmente soportable si, como acostumbra a ocurrir para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no se dispone de otros recursos.

Los que me resultan incoherentes son los que oponen un hipotético y muy a largo plazo pleno empleo como alternativa a la RB. Una alternativa que, vamos a ser optimistas, nadie contempla antes de 20 años, ¿es una alternativa sensata para las personas que han visto cómo sus condiciones de vida y de trabajo quedaban pulverizadas en estos últimos años?

Pregunta en boga tras la respuesta de Pablo Iglesias en la televisión. ¿Las élites también cobrarían la RB? reformulación un poco más seria: ¿por qué es imprescindible su universalidad (a pesar de que pueda distorsionar el debate)?
Bueno, aquí hay más de una cuestión. Hasta donde me han informado, es cierto que Pablo Iglesias no ha contestado muy acertadamente a esta pregunta. No tiene la obligación de saber a fondo determinados aspectos de la RB, pero creo que sí la tienen sus asesores económicos. Claro que hasta donde yo sé algunos son muy contrarios a la RB y entonces quizás poco puede esperarse por este lado. Estos economistas apuestan más bien por rentas mínimas de inserción y cosas parecidas.

Veamos. Las personas más ricas también cobrarían la RB (si hablamos de universalidad quiere decir justamente esto), pero deberían aportar mucho más de lo que recibirían como RB. La pregunta reiterada una y mil veces era, hasta que se murió, ¿Emilio Botín debe cobrar la RB? Como los muertos no cobran, al menos legalmente, ahora la pregunta es por su hija. Hay dos grandes grupos de personas que hacen esta pregunta: los que no tienen puñetera idea de cómo se financia, que forman el grupo de los no mal intencionados, y el grupo de los que teniendo una cierta idea de cómo se financia la RB, saben que con esta insinuación levantan pasiones contrarias. Son los charlatanes en el preciso sentido de Harry Frankfurt: el charlatán no es necesariamente un mentiroso, simplemente no le interesa si lo que dice o insinúa es verdad o mentira. Frankfurt aseguraba que “una actitud displicente hacia la verdad es más o menos endémica entre el colectivo de publicistas y políticos, especies cuyos miembros suelen destacar en la producción de charlatanería, mentiras y cualquier otro tipo de fraudulencia e impostura que puedan imaginarse”. Yo añadiría entre el grupo de charlatanes à la Frankfurt a muchos economistas de derechas y algunos de izquierdas. Y entiéndase bien, no porque estén en contra de la RB (al fin y al cabo, poco de nuevo se aporta contra la RB que no se haya dicho a lo largo de los últimos 30 años), sino por la forma visceral de oponerse que tiene más relación con los prejuicios que con las razones.

En cuanto a la universalidad, hay muchas razones. Citaré algunas pocas: porque evita la estigmatización de los perceptores, porque también impide la intromisión en su vida, porque ahorra muchísimos recursos en costos de administración que pueden ser empleados en aspectos mucho más interesantes, porque evita la discrecionalidad, porque mitiga algunas tentaciones del pequeño fraude fiscal, porque así es una medida esencialmente preventiva de la exclusión.

¿Es únicamente una prestación monetaria o tiene que acompañarse de otros derechos (acceso a sanidad pública, seguridad social, etc)?
La RB no es contra el Estado de bienestar. En el programa de Podemos, que es la organización que junto con Anova y Bildu ha entendido mejor las potencialidades de la RB, en las últimas elecciones europeas se podía leer: “Derecho a una RB para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La RB no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.”

Adviértase: “No reemplaza al Estado de bienestar”. Es más, debería reforzarse la educación y la sanidad públicas, sin duda. La RB no pretende hacer frente a todos los problemas derivados de un sistema económico depredador y regulado de forma muy favorable a la minoría rica. Hay problemas que deben ser enfrentados mediante otras medidas de política económica. Creo que esto está claro para muchos aunque hay quien todavía argumenta que la RB no acabaría con el capitalismo. ¡Cielos! ¿Es que seriamente alguien puede decir lo contrario?

¿Se puede financiar?
Jordi Arcarons, Lluís Torrens y yo hicimos un estudio para financiar la RB en Catalunya y en Guipúzcoa. Ahora disponemos de una muestra de casi dos millones de IRPFs del conjunto del Reino de España. Esperamos mostrar en breve cómo se puede financiar una RB para el conjunto del Estado y creemos que puede centrar el debate racionalmente. Nuestro objetivo es que se pueda debatir en serio. No a partir de las astracanadas del tipo “una renta básica de tanto multiplicada por 47 millones de habitantes da como resultado tantos miles de millones que a su vez representa un tanto por ciento del PIB… con lo que es imposible de financiar”. Argumento emotivo pero desmañado que es repetido hasta la saciedad. En el mundo en el que vivimos, debatir en serio quizás sea pretender demasiado, pero lo intentaremos. Este proyecto de financiación de una RB puede ser el medio. Nos gustará saber dónde hemos cometido errores, cómo se puede perfeccionar… En el XIV simposio de la RB que se celebrará en Fuenlabrada el próximo 29 de noviembre, en donde habrá académicos y economistas de IU-ICV, PSOE, Podemos… quizás lleguemos a tiempo para ofrecer algún avance de este estudio. En todo caso, antes de acabar el año es casi seguro que tendremos los resultados más importantes.

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“Los 3.000 millones de euros perdonados a las eléctricas es la mayor estafa que ha ocurrido en España”

Thu, 27/11/2014 - 09:00

Laura Ojea - www.energynews.es

plataforma-por-un-nuevo-modelo-energético-84875_300x215“No ha habido una estafa de mayor cuantía en la historia de la corrupción en España” afirma Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organización que agrupa a ecologistas y consumidores, tras saber que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas, “y es la punta del iceberg”.

“La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la consulta (…) sobre las compensaciones a determinadas sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica por los denominados costes de transición a la competencia”. Así comienza el Informe jurídico de la Abogacía del Estado que destapa un posible fraude provocado por las puertas giratorias entre el poder político y las grandes eléctricas, según ha publicado El País.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha iniciado una investigación para aclarar por qué el Gobierno del PSOE permitió que prescribiera una deuda de las compañías eléctricas de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en concepto de devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) percibidos en exceso por estas empresas.

Las puertas giratorias

Cote-RomeroCote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organización que denunció el 3 de junio de 2013 en Anticorrupción este fraude, asegura que “de todas las estafas y de todos los casos de corrupción que conocemos hasta la fecha, no hay ninguno de tanta cuantía y demuestra una vez más la connivencia de los dos partidos políticos que nos han gobernado hasta la fecha con las grandes corporaciones energéticas”, y añade, “esto es solo la punta del iceberg porque pretendemos deshacer toda la estafa del sector eléctrico y gasístico que se ha enriquecido a costa de los bolsillos de todos los consumidores y especialmente de las familias españolas”.

Asegura Romero que “si se destapase toda la estafa que hay detrás de las grandes eléctricas, se podría subsanar no solo la pobreza energética en España, sino la pobreza en general”, y añade “según un estudio realizado en 2012, solo en ese año se realizaron 1,4 millones de cortes de suministros a familias sin recursos, dejándoles sin este bien esencial para poder tener una vida digna, y en este contexto, en el que sube la luz, en el que aumenta el número de hogares abocados a la pobreza energética, el Gobierno deja prescribir una deuda multimillonaria. Es una vergüenza”.

Auditoría y los windfall profits

“Ahora nuestro siguiente paso es conseguir que Fiscalía realice una auditoría del sector y especialmente nuestro objetivo es sacar a la palestra los windfall profits, (beneficios caídos del cielo), es decir, unos 3.400 millones de euros al año en beneficios que se llevan limpios la nuclear y la gran hidráulica”, y añade “hemos calculado que ese dinero que ha salido todos estos años del bolsillo de todos los españoles podría suponer una suma en torno a 20.000 millones de euros”.

Los windfall profits se producen por el sistema que funciona en el mercado eléctrico mayorista de electricidad que funciona basado en fijar un precio marginalista. Esto quiere decir que todos los productores que logran vender su electricidad lo hacen al precio del último ofertante, que es el más caro de todos. Y las centrales que se llevan un margen mayor entre precio de venta y coste de producción son precisamente las grandes presas hidráulicas y las centrales nucleares que están, desde hace décadas, amortizadas en su gran mayoría. Pueden ofertar su electricidad muy barata basándose en unos costes minúsculos y sin embargo, cobran lo máximo. Es un “regalo caído del cielo”.

Cronología de la deuda

Los hechos se remontan al año 1997, cuando las eléctricas y el Gobierno del PP pactan una transición de un mercado regulado a uno liberalizado garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. El instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la Competencia, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.

La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el incremento de los precios del mercado eléctrico –en el que tres de las eléctricas ostentan un notorio poder de mercado– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto. Pero el procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a la prescripción de la posibilidad por parte del Estado de obtener su devolución.

Tras la denuncia a Anticorrupción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también llevó a cabo una protesta ante el Ministerio de Industria y la sede de UNESA, en la que decenas de activistas ataviados como cobradores del frac reclamaron a las grandes eléctricas el pago de la deuda de 3.400 millones de euros por la devolución de los CTCs cobrados de más, a lo que concluye Cote Romero, “una vez más se demuestra que son las denuncias ciudadanas las que destapan la corrupción en nuestro país y los supervisores brillan por su ausencia”.

 

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El resurgimiento de la otra España

Thu, 27/11/2014 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo analiza un fenómeno muy importante y relevante en España: la recuperación de otra visión de España, que ha sido históricamente marginada, reprimida e ignorada por la visión dominante de España que es uninacional, radial, con escasa sensibilidad social, poco redistributiva y excluyente de cualquier otra visión de España que no sea la suya.

La Transición de la dictadura a la democracia en España se hizo bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras, herederas de la derecha española (que en el abanico electoral europeo corresponde a la ultraderecha), lo cual explica que el producto de aquella Transición –la democracia española- haya sido una democracia muy incompleta, de muy baja calidad, poco representativa, poco redistributiva, con un escaso desarrollo social, con un elevado nivel de corrupción y sin ningún reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. Esta democracia, producto de dicha Transición inmodélica, está centrada en un Estado uninacional, controlado en la práctica por un bipartidismo muy acentuado que, ayudado por las fuerzas conservadoras radicadas en las periferias, controla todos los aparatos del Estado.

Resultado de esta situación es que la visión más generalizada en la población de lo que es España, sea continuadora de la que históricamente ha dominado en los sucesivos periodos de la historia del país, y muy en especial en los periodos en los que el Estado español ha sido monárquico, siendo la monarquía borbónica el eje y mayor promotor de esta visión uninacional y radial de España, centrada en la capital del Reino, sede del establishment español.

Pero no hay que olvidar que siempre ha habido otra visión de España, una visión diferente y opuesta al Estado borbónico, que ofrece otra concepción de España. Esta otra visión es la de una España republicana, redistributiva, con conciencia social y con un Estado plurinacional reconocedor de la diversidad de España, y a la que se le permitió florecer durante los breves periodos de gobiernos progresistas durante la II República. De ahí que esta visión de España apareciera durante la clandestinidad en la mayoría de partidos de izquierdas españoles que existieron durante la lucha contra la dictadura, realizada en situaciones enormemente difíciles y de gran represión. Tampoco debería olvidarse que el PSOE, más tarde el mayor partido de las izquierdas españolas, había reconocido tal plurinacionalidad del Estado español apoyando el derecho de autodeterminación para cada una de las naciones que lo constituían. Estos partidos, debido a presiones de la Monarquía y del Ejército –herederos del Estado dictatorial establecido mediante un golpe militar-, abandonaron o pusieron en segundo plano ese compromiso con la plurinacionalidad. Y cuando las izquierdas periféricas –de Catalunya y el País Vasco- lideraron un intento de redefinición de la visión de España, dicho intento fue reprimido, ignorado y, finalmente, vetado por el Tribunal Constitucional, como pasó con el Estatut aprobado por el pueblo de Catalunya en 2006.

Ahora bien, este régimen iniciado en el año 1978, resultado de la Transición inmodélica, está bajo una enorme crítica, y está perdiendo rápidamente su legitimidad debido a dos hechos de una enorme transcendencia, resultado de las enormes limitaciones de la democracia española y de las grandes insuficiencias de su Estado del Bienestar.

La confluencia de rechazos

Desde hace ya más de cinco años el Estado central, gobernado primero por el PSOE y después por el PP, ha estado llevando a cabo políticas públicas que no estaban anunciadas en los programas electorales de estos partidos, y que carecen, por lo tanto, de un mandato popular. Estas políticas públicas, que incluyen a) recortes del gasto público y muy en especial del gasto público social -los cuales están empobreciendo de una manera muy marcada el ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar español (uno de los más subfinanciados en la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español)-, y b) reformas laborales encaminadas a disminuir los salarios, son enormemente impopulares. Puesto que estas políticas públicas se están imponiendo a la población en contra de sus deseos, están creando un rechazo hacia el Estado que las promueve y que se percibe como poco representativo de los deseos populares (el eslogan del 15-M “no nos representan” es ampliamente aceptado como suyo por la mayoría de la población española, que también acepta el eslogan de que “no hay pan para tanto chorizo”). Este Estado se percibe como un instrumento de las instituciones financieras y empresariales (la gran patronal) y de las clases pudientes, que siempre han tenido una gran influencia sobre el Estado y sobre los mayores medios de comunicación (que también están perdiendo legitimidad rápidamente). Este enorme rechazo ha sido también causa de que algunos canales televisivos hayan permitido un cierto espacio a las voces críticas que, al representar el sentir de la población, se han convertido rápidamente en enormemente populares, como es el caso de Pablo Iglesias, siendo esta apertura muy rentable para tales canales. La existencia de estos espacios no transforma a los medios en plurales (pues continúan estando muy controlados y siendo poco plurales), sino que estos breves espacios les generan mayor rentabilidad, aunque, aun así, siempre existe el riesgo de que estas voces críticas desaparezcan o sean vetadas. Existe casi una dictadura mediática en España, que explica que la visión de una España uninacional continúe siendo la más generalizada en el resto del país.

Ahora bien, el otro gran hecho, además del rechazo social, es el rechazo a esta visión uninacional de España, que predeciblemente está ocurriendo en Catalunya, donde un porcentaje de la población muy elevado (casi el 80%) desea poder decidir sobre su futuro, incluyendo su relación con este Estado, un Estado que no es visto por un tercio del electorado como un Estado al cual quieran pertenecer.

La confluencia de estos dos rechazos, el social y el nacional, está llevando al fin del régimen iniciado en 1978 como resultado de una Transición inmodélica. Aparece así de nuevo esta otra España, la popular, la republicana, la solidaria, la redistributiva y social, y la plurinacional, todas ellas claramente relacionadas. Hoy están surgiendo movimientos a lo largo del territorio español que están coincidiendo en muchas de sus demandas, consecuencia de tener un adversario común: el Estado uninacional. Y la mayoría de la población de los distintos pueblos y naciones de España los apoya.

La importancia de recuperar la memoria histórica de la otra España

Cuando Pablo Iglesias, en su discurso en el Parlamento Europeo, indicó que estaba orgulloso de que hubieran sido tropas republicanas españolas las que liberaron París, era la voz que reivindicaba la otra España. No me imagino que ningún representante del gobierno español, fuera del PP o del PSOE, hubiera hecho tales declaraciones. Todo lo contrario, gran parte de los representantes españoles han estado ausentes o muy poco visibles en las ceremonias conmemorativas del fin de la II Guerra Mundial, ocultando o ignorando que la España republicana contribuyó a la derrota del nazismo y del fascismo en Europa.

La ausencia de una recuperación de la memoria histórica por parte de los gobiernos españoles ha sido uno de los datos más llamativos e indicadores de la baja calidad de la democracia española. Encuentro, por cierto, repugnantes (y no hay otra manera de decirlo) las declaraciones de Javier Cercas, el escritor y novelista más promocionado por el grupo PRISA y por El País, que en una reciente entrevista en dicho rotativo (15.11.14) define despectivamente a los grupos y personas que han continuado batallando bajo enormes dificultades por la recuperación de la memoria histórica, como parte de una floreciente industria, añadiendo que ello es parte de una manipulación generalizada, utilizando el caso de un conocido impostor que dirigió la Amical de Mauthausen, una asociación de prisioneros de campos de concentración nazis (sin haber estado nunca él mismo en ningún campo), como si la práctica de dicho personaje representara a todos los que luchan para recuperar la memoria histórica de los vencidos. En realidad, Javier Cercas ha sido un gran impostor al manipular la figura histórica del personaje principal de su novela Soldados de Salamina, a fin de promover su visión de aquella guerra, presentando el rechazo del republicano a apretar el gatillo del fusil para matar al fascista como el inicio de una supuesta reconciliación entre las dos Españas, descripción que causó la protesta del hijo real del republicano cuya vida fue manipulada por el novelista Javier Cercas (ver mi artículo “El olvido histórico: causas y consecuencias”, Público, 22.06.13). Ahora, como antes, concluye que todos somos responsables de lo que ocurrió, postura predecible de una persona, hijo de vencedores, que, generalizando, intenta diluir las responsabilidades. Hoy continúa promoviéndose una visión que intenta callar y marginar a la otra España que está hoy apareciendo.

Pero este movimiento de recuperación, de renacimiento y de reencuentro con la memoria histórica de la tradición republicana de la otra España, significa un momento histórico de enorme importancia para este país.

Artículo publicado en Público.es
vnavarro.org

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La ruta del ébola empieza en nuestros coches

Wed, 26/11/2014 - 18:00

Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

Escuché que enfermedades tan graves como la malaria o el dengue eran causadas por la pobreza, y siempre que lo escuché sentí que quien lo decía nos mandaba un mensaje caritativo, ‘ayudemos a esta pobre gente, a que su miseria o falta de higiene no les lleve a condiciones que les enferman’. En cambio, difícilmente escuché que explicaran quiénes y porqué causaron tales pobrezas.
Escuché, en casos como las vacas locas o la gripe A, a las administraciones que corrían a disculpar a las empresas y al modelo agroindustrial pues ‘sin ellas el planeta no podría alimentarse’. Pero ocurrió que, al rastrear el origen de la enfermedad de las vacas locas, se llegó a las granjas donde a esos animales herbívoros se les alimentaba con piensos cárnicos muy baratos. Igual que al investigar la gripe A se llegó hasta las granjas porcinas que la multinacional Smithfield relocalizó en México, donde las exigencias sanitarias son menos estrictas para criar tantos animales en tan poco espacio.

Pero también recientemente pude leer que autores como el estadounidense Robert G. Wallace (University of California, Irvine) trabajan y preconizan sobre la urgente necesidad de abordar el origen de las enfermedades tirando del hilo de los circuitos del capital. Porque en muchos casos nos llevan a una respuesta que no aparece en los tratados ni en las bibliotecas de medicina: un desencadenante de la existencia, expansión y dificultad de control de muchas patologías de nuestra civilización es la codicia por acumular capital.

Y lo leí en un artículo de Jean Batou en Viento Sur, que, recogiendo los estudios que durante las últimas semanas se han presentado respecto a la pandemia del Ébola, llega a la misma conclusión: su origen está relacionado con la implementación de un modelo de agricultura diseñado para generar materias primas para el mercado en lugar de alimentos para la población. Pues en palabras de Batou «la transmisión del virus del Ébola de la fauna a las personas está vinculada a las transformaciones cualitativas operadas en el medio ambiente de la región, a causa de la deforestación, del acaparamiento de recursos naturales, del acaparamiento de tierras y de la explosión del monocultivo para la exportación».

Por un lado, y eso ya lo conocíamos de otras enfermedades, el empobrecimiento que ha generado la expansión de la agricultura de monocultivos industriales orientados a la exportación en los países afectados, con la consecuente insuficiencia alimentaria y las limitadas posibilidades sanitarias, están en la base de la dificultad de controlar la expansión del Ébola. Por otro lado -y esta es la gran novedad-, los cambios en el ecosistema de la zona, de un mosaico de pequeña agricultura familiar y biodiversidad, a un uniforme y pobre monocultivo, son los que han favorecido la trasmisión del virus de la fauna portadora a las personas.

En concreto, quienes han seguido el rastro del Ébola han llegado a lugares donde los pueblos se encuentran rodeados de plantaciones de palma aceitera, a partir de proyectos promovidos por los gobiernos correspondientes e impulsados por inversores internacionales (la corporación italiana Nuove Iniziative Industriali y la estadounidenses Farm Land of Guinea, en Guinea Conakry, la empresa Sime Darby de Malasia en Liberia, Addax de Suiza en Sierra Leona, e incluso un fondo de cooperación al desarrollo del Gobierno español acabó siendo utilizado por una empresa canadiense para desarrollar plantaciones de palma en el Congo).

 Wallace, R. G. et al., "Did Ebola Emerge in West Africa by a Policy-Driven Phase Change in Agroecology?", Environment and Planning.

Imágen de la zona de surgimiento del ébola en Guinea, en rojo monocultivos de palma aceitera. Fuente: Wallace, R. G. et al., “Did Ebola Emerge in West Africa by a Policy-Driven Phase Change in Agroecology?”, Environment and Planning.

Y este tipo de monocutivos de palma aceitera o palma africana, se sabe, «atraen especialmente a los murciélagos frugívoros del bosque, anfitriones privilegiados del virus, que después pueden transmitirlo a las personas a través de sus orines, excrementos o saliva».

Sólo nos queda formular unas preguntas para acabar de entender el circuito del Ébola. ¿Por qué en estos países de África -y también en otros lugares- se está despojando a miles de familias de sus tierras donde practican sus cultivos tradicionales?, ¿por qué empresas estatales o extranjeras están apropiándose de estas tierras -muchas veces acompañada de intervenciones del ejército o de la policía para frenar la resistencia de la gente- en un fenómeno de acaparamiento de espectaculares dimensiones? ¿qué negocio comporta la palma africana?

Efectivamente, la palma aceitera que tanto gusta a los murciélagos, produce el maná, el combustible, que mueve todos los grandes negocios: la gasolina.

Artículo publicado en La Jornada de México

Palabre-ando

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Cinco tesis para el cambio político

Wed, 26/11/2014 - 13:00

Agustín Morenowww.cuartopoder.es

El 14 de noviembre el movimiento de Mareas Ciudadanas de Madrid organizó unas Jornadas en la antigua Universidad de San Bernardo para debatir sobre el papel de los movimientos sociales en la nueva situación política. Han participado en ellas una veintena de movimientos como Medsap-Marea Blanca, Marea Verde, Plataforma en Defensa de RTVE PÚBLICA, Plataforma en defensa de la Cultura, Ecologistas en acción, Coca Cola en Lucha, Juventud sin Futuro, ATTAC, FRAVM, Salvemos Telemadrid, Convocatoria Cívica, No Somos Delito, La Comuna, Marchas de la Dignidad, Marea Azul y otras. Entre otros acuerdos están: apoyar un calendario de movilizaciones sectoriales y la semana de lucha del 24 al 29-N de las Marchas dela Dignidad; elaborar un programa de propuestas de los MMSS para dirigir a las fuerzas políticas progresistas que concurran a las elecciones; una llamada a la unidad de todas esas fuerzas de cara a los procesos electorales, incluido el de la Comunidad de Madrid, fundamental para dar cauce a las reivindicaciones de las Mareas y movimientos sociales. Lo que sigue son las notas de mi intervención en nombre de Marea Verde.

El autor del artículo (primero por la derecha), durante su intervención en la mesa ‘Papel de los MMSS en la nueva situación política’, en las jornadas organizadas por Mareas Ciudadanas de Madrid el pasado día 14 / @VenaMareaVerde

El autor del artículo (primero por la derecha), durante su intervención en la mesa ‘Papel de los MMSS en la nueva situación política’, en las jornadas organizadas por Mareas Ciudadanas de Madrid el pasado día 14 / @VenaMareaVerde

 

La Marea Verde viene luchando desde hace tres años contra los recortes y contra la LOMCE. Nuestras demandas se sitúan en dos planos: a) revertir las medidas regresivas derivadas de una reducción de 6.400 millones de euros, incrementando la inversión educativa al tiempo que se fortalece la educación pública; b) conseguir una nueva ley de educación que asegure el derecho a una enseñanza pública, inclusiva, gratuita, democrática, laica y de calidad.

Los movimientos sociales (MMSS) llevan años resistiendo las políticas neoliberales, los recortes y los intentos de desmantelar y privatizar lo público. Esta intensa lucha ha cuajado en un impulso por el cambio político del país dentro de la sociedad española. Este cambio pasa por desplazar a la derecha del poder y para ello es necesario crear nuevas mayorías electorales. Aun siendo muy importante, no basta con echar al PP de los gobiernos, hace falta crear una nueva mayoría social que permita que el cambio político sea real y tenga todo el recorrido que la sociedad española necesita. De lo contrario, si falta la fuerza necesaria para hacer frente a los obstáculos y resistencias que se producirán, las actuales esperanzas se pueden convertir en falsa ilusión y derrota. Para intentar reflexionar sobre esto, planteo cinco ideas para el debate:

  1. Tener claro el objetivo: derrotar a la derecha y quitarla el poder, que ha utilizado para saquear el país y a sus ciudadanos. La prioridad es conquistar el poder para hacer otra política. El objetivo no puede ser ganar en la izquierda. También habría que desterrar un escenario de poder desde la debilidad que llevase a caer en las redes del neoliberales por pragmatismo, a hacer pequeñas reformas ‘lampedusianas’ que no cambien nada de lo esencial. Dicho de otra manera, de nada vale la autosatisfacción por un buen resultado electoral de la izquierda, si no se traduce en poder político e institucional; porque lo que nos robaron con el BOE hay que recuperarlo con el BOE.
  2. Contar con un programa de transformación. La situación en la que va a dejar el PP al país es muy calamitosa. De ahí que una apuesta por el cambio obliga: a) a abordar grandes cuestiones como la deuda, la creación de empleo, la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de los servicios públicos, del estado de bienestar y del tejido industrial, el acceso de todos a la energía, la sostenibilidad ecológica, la apuesta por la cultura…; b) revertir los recortes en educación, sanidad, dependencia, etc.; c) un buen paquete de derogaciones: artículo 135 de la Constitución, LOMCE, reforma laboral y de pensiones, Ley mordaza, etc.; d) el fortalecimiento de la democracia participativa, y la lucha contra la corrupción y por la ejemplaridad en el ejercicio de las responsabilidades públicas. Hacer bandera de un programa de transformación social y de regeneración ética participado en su elaboración por la ciudadanía, que establezca una serie de compromisos claros y concretos de los representantes de las fuerzas de cambio que vayan a las instituciones. La magnitud del saqueo hace que se necesiten cambios profundos y no un simple posibilismo que derive en frustración y melancolía popular.
  3. Necesidad de mantener la movilización. Primero para conseguir la victoria electoral y política, ya que sin movilización no está asegurado que ésta se produzca. Después, para tener fuerza para poder aplicar el programa de cambio y vencer las dudas de unos, las resistencias de otros y las presiones de la troika. Sería un suicidio que todo se fiase al juego de las urnas en la recta final de 2015, después de tres años de intensa movilización. Es por ello necesario impulsar las movilizaciones contra los desahucios, de las mareas, de las marchas de la dignidad y de todos los movimientos y colectivos que resisten a las agresiones sociales y luchan por la recuperación democrática.
  4. Unidad de las fuerzas de progreso. Porque nadie solo puede. Porque para el cambio no sobra nadie, falta mucha gente, para ganar las elecciones, para organizar la nueva política y la reconstrucción necesaria del país. Claro que la unidad suma, porque crea ilusión y compromiso por el cambio, porque evita el enfrentamiento electoral entre las fuerzas políticas afines y porque hace que se aprovechen todos los votos en todas las circunscripciones. Y hay otra cuestión clave: si hay unidad es más fácil que los MMSS se posicionen como tales por estas opciones político-electorales. Si no la hay, la independencia y la pluralidad de los movimientos solo permite dejar libertad de acción, y recomendar que se estudien los programas y se vote a las fuerzas que recojan sus demandas. Y por supuesto, negar expresamente el apoyo a los responsables de las agresiones. Hace falta una mayoría social para cambiar el país, y no solo una mayoría electoral y una vanguardia en el poder.
  5. Autonomía de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son autónomos y deben de seguir funcionando y fortaleciéndose en toda circunstancia política, gobierne quien gobierne. Desde su independencia, son la garantía de seguir defendiendo sus reivindicaciones, no hipotecar su futuro y ayudar a las nuevas fuerzas políticas progresistas a que se atrevan a actuar por la transformación social. Ya se han conocido experiencias históricas donde los movimientos se han arruinado por haberse plegado al poder “amigo” o porque éste les ha instrumentalizado.

Los movimientos sociales son los puntales más sólidos en estos momentos. Porque están pegados al terreno de los problemas concretos y de la gente; porque aglutinan a muchos miles de personas comprometidas con buenas causas y que resisten al neoliberalismo y son capaces de generar mayorías sociales en la opinión pública y en la movilización; porque no solo resisten sino que tienen capacidad de formular propuestas y alternativas. El cambio político que se produzca en España se apoyará en los hombros de los MMSS y de su lucha.

En conclusión, echar al PP es relativamente fácil con mucha movilización en la calle, y con una eficaz maquinaria electoral. Cambiar el país, ser capaces de abrir un proceso constituyente para una Segunda Transición al servicio del pueblo, es otra cosa. Para ello se necesita el apoyo y consenso de mucha gente, movimientos, organizaciones, partidos progresistas. Todas las fuerzas son necesarias para crear una mayoría social y política, que aplique un programa avanzado de gobierno que aborde los principales problemas de unos trabajadores empobrecidos, un país roto, unos ciudadanos desmoralizados y una juventud sin futuro. No podemos permitirnos el lujo de frustrar la ilusión de cambio, como hizo el PSOE de Felipe González después de 1982. Porque de aquellos polvos tenemos hoy estos lodos.

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Alemania saldría del euro y retornaría… ¿al Deutsche Mark?

Wed, 26/11/2014 - 09:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

El euro no está funcionando y si alguien cree que funciona, al menos debe admitir que lo hace muy mal. Esta situación se puede arrastrar por mucho tiempo y generar una larga década perdida para toda Europa al estilo de Japón. Por eso, antes que sea demasiado tarde, un grupo de políticos alemanes está presionando para que Alemania se salga del euro. El plan secreto de Ángela Merkel se puede informar a Bruselas en cualquier momento dado que los alemanes no quieren seguir pagando las deudas y el derroche de sus vecinos del sur. Se piensa idear un mecanismo que permita devaluar la moneda a los países del sur de Europa (Portugal, España, Francia, Italia y Grecia) para ayudarlos a promover el crecimiento y la competitividad, y esto implica necesariamente la creación de un euro#2 que se separe del euro#1. El euro actual pasaría a ser la moneda de los países PEFIG, mientras el euro#2 sería la moneda de Alemania y los países del norte y podría ser visto como la resurrección del Deutsche Mark.

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El plan secreto de Angela Merkel se basa en los razonamientos del economista estadounidense Allan Meltzer, que ha escrito sendos informes sobre la inconveniencia de la moneda única y la necesidad de una solución radical. Dejar el euro a los PIGS, publicó en The Wall Street Journal en 2011. El 2011 y a raiz de la crisis griega, publicábamos Las opciones para resolver el caos financiero ¿quien debe salir primero de la eurozona, Grecia o Alemania?

Para Meltzer lo que Europa necesita es un “sistema de euro de dos niveles”. De lo contrario, “el proyecto europeo está condenado al fracaso”, advierte. Lo cierto es que tras seis años de crisis, Europa va de mal en peor y no puede continuar así por más tiempo, más aún cuando se ha confirmado la inminente tercera recesión europea de la mano de Italia, Francia y Alemania. Si las ventas de Alemania van cuesta abajo es justamente por la caída del poder adquisitivo que ha generado el alto desempleo en el sur de Europa. Una vez más, se hace preciso buscar una solución política a un problema económico.

Allan Meltzer y su euro en dos niveles

Nacido en 1928, y con 86 años, Allan Meltzer es conocido por ser el autor de una historia monumental de la Reserva Federal, en dos volúmenes y 1.500 páginas para contar la política monetaria de los Estados Unidos hasta 1969. Meltzer recibió elogios de Allan Greenspan y fue asesor de Ronald Reagan pese a su alergia al trabajo de los gobiernos. Ahora es el presidente saliente de la Sociedad Mont Pelerin, el club creado por Friedrich von Hayek y Milton Friedman en 1947 que marca la fundación del neoliberalismo con sus tesis de reducir los Estados, y dar amplios poderes a los capitales privados.

Allan Meltzer señala que Europa sólo puede ser salvada por un sistema de Euro en dos niveles. Un euro fuerte para Alemania y otros países del norte de Europa; y un euro más débil para los países del Mediterráneo y la periferia. De esta manera, algunos estados no se verán obligados a asumir las deudas de los demás, mientras que los otros deberán aplicar reformas sin necesidad de invocar a cada paso multas externas.

Países como Italia, Francia, Portugal, Grecia y España podrían devaluar sus moneda y mejorar la competitividad. Meltzer reconoce que estos podrían enfrentar consecuencias dolorosas, por ejemplo en la forma de retiro de capitales y dinero en efectivo. Sin embargo, minimiza este efecto dado que considera que esta es la única oportunidad para que los países hagan una reforma estructural. Además, considera que la salida del gran bloque monetario puede ser solo temporal. Si Francia eleva tanto su competitividad que reduce los excedentes de Alemania, podrá retornar rapidamente al bloque principal.

Hay dos razones que podrían empujar a Alemania a pronunciar un inesperado Auf Wiedersehen a la moneda única. En primer lugar, la situación económica en Alemania es menos optimista de lo que parece desde otros países de la eurozona. Las estimaciones para el PIB han sido recortadas cuatro veces en el año y el índice de confianza empresarial sigue en caída libre. Pese a que los costos del endeudamiento están en mínimos históricos, la inversión también se ha desplomado y el estancamiento se consolida. Por otra parte, el crecimiento de los grupos anti-Europa como Marine Le Pen en Francia, han anunciado sus planes de una salida del euro con lo que han ganado gran cantidad de seguidores, lo que indica que el euro es una moneda impopular en varios países. Meltzer cree necesaria esta “opción pragmática” de abandonar el euro antes que sea demasiado tarde.

El Blog Salmón

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El 29 de novembre TOTES LES LLUITES AL CARRER!

Wed, 26/11/2014 - 07:02

Totes som víctimes directes d’una corrupció que ha suposat l’embutxacament de milers de milions de diners públics, diners que han anat a parar a mans dels bancs, d’especuladors i a paradisos fiscals. Mentrestant, nosaltres, els de baix, els damnificats, ens veiem obligats a pagar un deute odiós.

El 29 de novembre TOTES LES LLUITES AL CARRER!

Les MARXES DE LA DIGNITAT tornem a sortir al carrer per cridar ben fort PA, TREBALL, SOSTRE i DIGNITAT. Davant d’una situació extremadament difícil i d’emergència social, no podem oblidar que la nostra lluita és al carrer, i al carrer és  han de sonar les veus dels pobles,de la classe treballadora i de la majoria social, que vol un món més just, lliure i igualitari.

El 29 de novembre TOTES LES LLUITES AL CARRER!

Perquè totes i cadascuna de nosaltres som classe treballadora, precaritzada i menyspreada, perquè totes som aturades a les quals se’ns nega el dret a un treball digne, perquè totes som joves abocades a buscar-nos la vida a l’estranger, lluny de la nostra terra, lluny dels que ens estimen i estimem. A totes i cadascuna de nosaltres, se’ns està negant el dret a l’habitatge, a totes se’ns retalla en sanitat, en educació,  en dependènciai a totes ens retallen les pensions. Totes som criminalitzades i patim la repressió d’un sistema que ens roba les llibertats i que ens emmordassa  quan alcem les veus per reclamar els nostres drets. A tots i totes se’ns està negant el dret a decidir.

Totes som agredides per un model patriarcal que fomenta el maltractament cap a la dona, negant-nos  el dret a decidir sobre el propi cos i sobre la nostra vida. Totes som persones immigrades i per molt que insisteixin, cap de nosaltres és il·legal i a cap de nosaltres se’ns pot negar el dret a una vida digna. Tots totes som Mohamed Abagui, Idrissa Diallo, Alik Manukyan, abusats, maltractats i morts a dins del Centre d’Internament per a Estrangers, i totes tots tenim l’obligació d’assenyalar el racisme, el classisme, el feixisme i la xenofòbia;  juntes hem de cridar ben fort que no volem aquests tipus  de centres a les nostres ciutats i exigir el tancament dels CIE.

Totes som víctimes directes d’una corrupció que ha suposat l’embutxacament de milers de milions de diners públics, diners que han anat a parar a mans dels bancs, d’especuladors i a paradisos fiscals. Mentrestant, nosaltres, els de baix, els damnificats, ens veiem obligats a pagar un deute odiós i il·legítim que no hem generat;  i ara  ens volen fer empassar un tractat de lliure comerç entre la UE i els EUA (TTIP), que negocien en secret i que beneficia les grans multinacionals a costa  de drets democràtics, socials i econòmics, com també de recursos públics i mediambientals, bloquejant polítiques ecologistes que promouen el respecte per la natura i la sostenibilitat del planeta.

Diguem NO al pagament del deute. Diguem NO al TTIP.

Exigim la derogacióde les reformes laborals i la retirada immediata de totes i cadascuna de les retallades. Per una jornada de treball de 30 hores!

Demanem que es garanteixi el dret  al treball, a l’educació, a la sanitat, a l’aliment, al transport, a l’habitatge, a l’energia i a les pensions dignes per a totes les persones, sigui quina sigui la seva  procedència. Així com també una Renda Garantida de Ciutadania.       

Diguem també NO a la repressió de les lluites socials i laborals. No a la llei mordassa.

No al feixisme, la xenofòbia, el racisme i la sevaimpunitat. Volem papers per a tothom i volemtancar els CIE.

Rebutgem les polítiques patriarcals que humilien la dona trepitjant els seus drets i fomenten la violència vers elles.

Eliminem d’arrel la corrupció, promoguem una veritable reforma fiscal, lluitem contra el frau i assenyalem els veritables culpables per tal d’exigir responsabilitats.

Defensem uns serveis públics, universals, gratuïts i de qualitat. Defensem nous models com els que es proposen a la ILP per un nou sistema educatiu.

Garantim l’exercici del dret a decidir de tots els pobles. Com també el dret a decidir sobre totes aquelles coses que afecten directament o indirectament les nostres vides. Volem decidir-ho tot!

El 29 de novembre, que totes les veus siguin una!

Perquè totes estem per tot i perquè tot ha de ser per a totes!

http://www.kaosenlared.net/

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Marruecos: ¿Por qué boicotear el Foro Mundial de Derechos Humanos de Marrakech?

Wed, 26/11/2014 - 07:00

ATTAC Marruecos

img-7-small580Marruecos será la sede de la segunda edición del Foro Mundial de los Derechos Humanos (WHRF), que tendrá lugar en Marrakech del 27 al 30 de noviembre de este año. La celebración de este evento coincide con la política de amordazar las libertades civiles de las autoridades marroquíes. Las actividades de varias ONG marroquíes estan prohibidas, a otras no se les permite acceder a los espacios públicos que han reservado con antelación. Últimos ejemplos: la prohibición de un curso de formación para periodistas organizado por el Centro Ibn Rushd el 2 de noviembre, la prisión de un joven rapero, la prohibición de una caravana de solidaridad con los emigrantes en Tánger, la prohibición de reuniones sindicales para preparar la huelga general del 29 de octubre, represión de los trabajadores, los movimientos sociales y los estudiantes, persecuciones de las víctimas de microcrédito, violencia contra, discriminación y deportaciones de emigrantes, etc… Estos son algunos ejemplos de la larga lista de actos arrogantes de las autoridades y su intento de criminalizar la lucha por los derechos humanos y sociales.

ATTAC Marruecos ha sufrido durante años violaciones de derechos humanos. El Estado nos priva de nuestro derecho a renovar nuestro registro legal a pesar de los contenciosos iniciados hace más de dos años para hacer valer nuestros derechos .. El Estado, mediante la organización de un foro internacional sobre derechos humanos, quiere ocultar esta deriva y las violaciones.

Al mismo tiempo, el gobierno continúa imponiendo políticas neoliberales que destruyen los derechos económicos, sociales y culturales de la inmensa mayoría de los ciudadanos. El plan de ajuste estructural, la austeridad, la deuda, los acuerdos de libre comercio y la privatización de los servicios públicos están profundizando la pobreza, el desempleo, la inseguridad y el analfabetismo. Estas políticas son la antítesis misma de las bases de los derechos humanos.

El Estado quiere aprovechar la presencia de las instituciones financieras internacionales, de las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, para mejorar su imagen. Este foro es una oportunidad para que las instituciones supuestamente democráticas hagan ostentación de unas leyes estatales que son una burla. El Estado va a movilizar a sus ONG “gubernamentales” para presumir de su llamado “progreso democrático” y así legitimar la represión de las libertades.

¿Qué legitimidad puede tener un foro de este tipo en el que participan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponen políticas destructivas a escala global? ¿Qué credibilidad puede tener un foro de gobiernos que aplican una austeridad que condena a las personas a la pobreza y la exclusión?

Este foro, dominado por los donantes internacionales y los gobierno no se puede compararse con el Foro Social Mundial (FSM), que tiene como objetivo construir alternativas populares a las instituciones financieras internacionales y los imperialistas. Este Foro es boicoteado por varias redes militantes, como la Marcha Mundial de Mujeres, Vía Campesina, la red ATTAC Internacional, CADTM, ASDHOM, etc.

La naturaleza de los organizadores del foro, el enorme presupuesto asignado al mismo, muestran que Marruecos se prepara para acoger de nuevo un festival del despilfarro, la ostentación y compromisos sin futuro.

En nuestra opinión, asistir a este Foro no sirve para nada, pero ayuda a camuflar la política represiva en curso.

Sobre la base de todos estos elementos, ATTAC Marruecos se niega a participar en este foro, y considera que los derechos humanos exigen la movilización popular más amplia. ATTAC Marruecos está dispuesta a participar en todas las formas de acción al exterior del Foro para denunciar el deterioro de las libertades civiles en Marruecos, en colaboración con todas las voces que resisten a la opresión en nuestro país.

8 de noviembre 2014

 

ATTAC Marruecos, sección en el país magrebí de la Asociación por el impuesto sobre las transacciones financieras y la ayuda a los ciudadanos (ATTAC) celebró el pasado 2 de marzo su V Congreso Nacional en Rabat, eligiendo como su secretario general a Omar Aziki.

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García

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Francia da un paso atrás en el TTIP

Tue, 25/11/2014 - 18:00

Daniel AyllónLaMarea.com

El proyecto del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) de EEUU y la UE, que proyecta crear la mayor área comercial del mundo, empieza a hacer aguas. Si bien hace un mes el tratado apenas había recibido críticas políticas de peso, la polémica cláusula (ISDS, en sus siglas en inglés) que remite las disputas entre empresas y los Estados a un tribunal de arbitraje internacional –pieza clave que reivindican las multinacionales– le ha hecho perder apoyos en las últimas semanas. Primero fue el de los socialdemócratas del SPD, socios de gobierno alemán de Angela Merkel. El último ha sido Francia, que este lunes anunció por boca del secretario de Estado de Comercio, Matthias Fekl, que renunciará a firmar el tratado en 2015 señalando directamente al ISDS. Francia y Alemania alegan que los Estados pierden soberanía si se comprometen a aceptar automáticamente que las demandas de las empresas se lleven a un tribunal de arbitraje, socavando así las leyes nacionales.

Juncker

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. COMISIÓN EUROPEA

Estas decisiones han generado tensiones en EEUU, que teme no cerrar el acuerdo antes de que comience la carrera electoral de 2016.

El tribunal de arbitraje es un mecanismo de garantías que permite a las multinacionales recurrir decisiones soberanas de los Estados si considera que pueden afectar a su actividad económica. Por ejemplo: al abrigo de otros acuerdos similares, como el Tratado sobre Inversiones Bilaterales de Australia con Hong Kong, la multinacional Philip Morris llegó a demandar al gobierno australianopor impulsar leyes de regulación del tabaco que, según la compañía, podrían afectar a sus negocios. Demandas similares ya han sufrido gobiernos como el de Ecuador, por parte de multinacionales petroleras, recuerda Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.

Las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo consideran que la actividad de este tribunal restaría soberanía a los Estados. Además de la “sumisión” a las grandes multinacionales que promueve el TTIP, critican la falta de transparencia con la que se está negociando el acuerdo.

“Ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo podemos acceder a los borradores de las negociaciones. Este tratado de libre comercio es un acuerdo nocivo en su totalidad salvo que seas una gran multinacional”, ha denunciado este lunes la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez.

Marcellesi critica que el 90% de los encuentros preparativos que han mantenido los negociadores con la sociedad civil europea haya sido con lobbies de multinacionales, no con ONG u organizaciones de defensa de los derechos de los ciudadanos.

Además de la pérdida de apoyo político y social, el reciente informe TTIP: Desintegración de la Unión Europea, Desempleo e Inestabilidad del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Tufts University (Massachusetts, EEUU) ha puesto en cuestión los cálculos que la UE utiliza como referencia.

Los más optimistas vaticinan una inyección de hasta 119.000 millones de euros, la creación de cientos de miles puestos de trabajo, yun aumento del 0,5% del PIB. Sin embargo, los cálculos de la universidad estadounidense dibujan un panorama totalmente opuesto: la implantación del TTIP podría suponer la pérdida de hasta 600.000 empleos en Europa, además de una renuncia a la soberanía de los Estados en muchas áreas, inestabilidad económica y una caída del PIB.

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“Todas las crisis de deuda terminan en alguna forma de impago”

Tue, 25/11/2014 - 13:01

Entrevista a Bibiana Medialdea – Consejo Científico de ATTAC España

La economista Bibiana Medialdea ha coordinado el libro  Qué hacemos con la deuda, una obra colectiva que analiza la actual crisis de deuda española. En esta entrevista repasamos algunos asuntos sobre los que profundiza el libro: cómo se originó el sobreendeudamiento (público y privado), quiénes son los acreedores, y sobre todo, qué hacer ante un problema que estrangula la economía y nos deja en manos de los acreedores y la troika. Medialdea y el resto de autores (Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche) asumen que la deuda es impagable y conducirá a una quita, por lo que el debate no es pagar o no pagar, sino quién soporta el coste de su reestructuración, y cómo lograr que ésta se haga mediante una decisión democrática. Hablamos con ella de la propuesta de una auditoría ciudadana, y de las experiencias en otros países que también sufrieron crisis de deuda.

¿En qué momento la crisis española se convirtió en una crisis de deuda?

La economía española basó su supuesta “época dorada” en un incremento insostenible del endeudamiento, sobre todo contraído por empresas de los sectores constructor/inmobiliario y financiero. Desde esta perspectiva, la crisis de sobreendeudamiento viene gestándose como mínimo desde mediados de los años noventa.

El próximo año la deuda pública española alcanzará el 100% de PIB, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es un techo, puede seguir aumentando, hay algún punto de no retorno?

Si el origen del endeudamiento fue sobre todo el comportamiento de empresas y bancos, una vez que la situación se vuelve crítica los gobiernos de Zapatero y Rajoy comienzan a traspasar deuda privada, sobre todo del sector financiero, al Estado. Este trasvase, junto con los efectos lógicos de la crisis económica (incremento del gasto en subsidios de desempleo, por ejemplo, pero sobre todo la brutal caída de los ingresos públicos), deterioran a gran velocidad unas cuentas públicas que hasta entonces estaban muy saneadas: si en 2007 la deuda pública sobre el PIB era de aproximadamente el 44%, en 2011 ya suponía más del 77%.

Si el curso de las cosas no se altera -la recesión se profundiza y la recaudación fiscal sigue hundiéndose, seguimos inyectando recursos públicos al sector financiero privado, etc-, por muchos recortes de gasto público que se acometan las cuentas del Estado seguirán deteriorándose irremediablemente. Aunque el origen del problema no fue el endeudamiento público, ahora mismo la situación fiscal ya sí es problemática y seguirá empeorando. Con las graves consecuencias que ello conlleva: pensemos por ejemplo que los recientemente aprobados presupuestos para 2014 ya prevén gastar del orden de un 25% más de recursos públicos en abonar intereses de deuda pública (36.590 millones de euros), que en financiar subsidios de desempleo (26.696 millones).

¿A quién debemos?

Según los datos que publica el Banco de España (incompletos y poco desagregados, todo hay que decirlo), prácticamente el 95% de los títulos de deuda pública están en manos de entidades financieras, españolas o extranjeras. Es a los bancos, fundamentalmente, a donde irán a parar esos casi 37.000 millones de euros presupuestados para pagos de intereses de deuda pública en 2014. Pensemos, entonces, que son mayoritariamente esas entidades, a las que estamos regalando recursos públicos y a las que el BCE (una institución pública, no lo olvidemos) le concede crédito en condiciones privilegiadas, las que ingresan los intereses de deuda pública. Es decir, usan dinero público para lucrarse gracias al problema fiscal que ellos mismos han contribuido a generar.

¿Qué papel ha jugado el rescate bancario en la acumulación de esa deuda pública?

Los cálculos no son fáciles. Por un lado, porque hay que contabilizar partidas de muy distinta naturaleza: transferencias directas, avales, créditos a tipos de interés preferente… No todo puede contabilizarse como si de cantidades homogéneas se tratara. Por otro, hay que tener en cuenta que el rescate bancario dista mucho de haber concluido. Teniendo en cuenta estas limitaciones, haciendo estimaciones que se pueden considerar conservadoras a partir de los cálculos del economista Carlos Sánchez Mato, tendríamos que hasta finales de 2012 el total de ayudas bancarias generadoras de deuda pública rondarían los 138 mil millones de euros. Es decir, como poco estaríamos hablando de algo más del 13% del PIB del país.

Para el rescate bancario ha sido todavía más costoso. Un estudio que publicó en agosto el FMI cifraba el total de la ayuda bancaria (no sólo la generadora directa de deuda pública) en 246.441 millones de euros: aproximadamente un 25% del PIB.

Cuando hablamos de deuda, tendemos a pensar en deuda pública, pero, ¿qué pasa con la deuda privada? ¿Y la deuda de las familias?

Como decíamos, el origen del problema de sobreendeudamiento actual, y aún a día de hoy el mayor volumen de deuda, se concentra en el sector privado; y no precisamente en las familias. Incluso ahora que el Estado ya arrastra una deuda pública importante, al final de 2012 suponía un poco menos de la cuarta parte de la deuda total: un 24%. La deuda de las familias, por su parte, no era más que el 19%. Son las empresas del sector no financiero (con un 31% de la deuda) y las entidades financieras (con un 27%) las que siguen acumulando la mayor parte del endeudamiento: casi el 60% del total.

¿Es posible plantear otra política económica con este nivel de deuda, o el margen de maniobra de cualquier gobierno es demasiado estrecho?

Es evidente que la situación actual de recesión y sobreendeudamiento complica enormemente la formulación de políticas económicas, pero siempre hay margen. Las opciones de política económica dependen de los objetivos que persigan: actualmente se prioriza la recuperación del máximo de deuda por parte de los acreedores y la recuperación (o mantenimiento, según el caso) de los beneficios. Si priorizáramos la generación de empleo y la protección de los grupos sociales más vulnerables, las medidas respecto al pago de la deuda, la recaudación fiscal y el gasto público efectuado, por ejemplo, tendrían que ser diametralmente opuestas a las que hasta ahora se vienen aplicando: si racionalizáramos el pago de la deuda e incrementáramos sustancialmente la recaudación fiscal, sería posible acometer gasto público potente en partidas estratégicas.

La experiencia de otros países

Observando otras crisis de deuda a lo largo de la Historia, ¿qué características comunes encontráis en ellas? ¿Qué lecciones podemos extraer?

La casuística es muy heterogénea y no se pueden sacar conclusiones simplificadoras. Pero diría que hay tres lecciones que no debiéramos perder de vista.

La primera, que siempre que hay una crisis de deuda, es decir, que hay una situación de insolvencia o incapacidad de pago, termina por habilitarse algún tipo de impago. Parece una obviedad pero merece la pena clarificar este punto: cuando la parte deudora no puede pagar, es que no puede pagar y, por tanto, no paga.

La segunda: la forma concreta que toma ese impago determina resultados completamente diversos. En ocasiones la parte acreedora consigue minimizar el impago retrasándolo todo lo posible, a costa de deteriorar las condiciones de vida más básicas del deudor; o consigue unas contrapartidas que claramente compensan el impago asumido (privatizaciones, reformas, nueva deuda, etc.). Otras veces, la parte deudora es capaz de conseguir una renegociación más o menos equitativa de la deuda, en la cual la responsabilidad de la crisis se asume también, aunque sea parcialmente, por la parte acreedora.

La tercera lección es que el resultado concreto de una crisis de deuda, o dicho de otro modo, cómo se reparte la pérdida que de forma inevitable va ligada al quebranto o impago, depende de la correlación de fuerzas entre ambas partes. Es decir, en última instancia es un problema político. Pensemos por ejemplo en dos crisis de deuda que se han saldado con impagos muy relevantes: la deuda alemana tras la Segunda Guerra Mundial y la deuda iraquí una vez que EEUU se hace con el control del país. Aunque la cuestión del pago o el impago se nos presente como un asunto técnico lo cierto es que es eminentemente político.

Entre las crisis de deuda recientes de otros países, ¿cuál sería el caso más similar al español? ¿Y cuál el mejor espejo en que mirarnos?

Ninguno nos sirve para extrapolar de forma directa y completa, y hay que tener cuidado de no idealizarlas, pero sí podemos extraer “pistas” en algunos aspectos concretos.

Por ejemplo, la crisis financiera sueca de principios de los noventa o la más reciente de Islandia nos ilustran cómo, incluso ante un sector bancario técnicamente quebrado y ante la necesidad de inyectar recursos públicos, es posible diseñar fórmulas que minimicen el coste para los contribuyentes, carguen gran parte del coste y la responsabilidad sobre los grandes accionistas y gerentes, y traten de evitar la repetición de los mismos episodios en el futuro.

Por otra parte de nuevo el caso de Islandia, o el de la gestión del gobierno de Roosevelt durante la Gran Depresión estadounidense, nos muestra cómo ante el estallido de una burbuja inmobiliaria que arrastra tanto al sector financiero como a una gran cantidad de familias afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente a sus hipotecas, hay alternativas que permiten sanear entidades bancarias priorizando el “rescate” de las familias.

Por último, las actuaciones del gobierno argentino o ecuatoriano demuestran que es posible y útil hacer valer el poder que se tiene como parte deudora para imponer, de una forma o de otra, condiciones más equitativas para la renegociación de la deuda pública.

Deuda ilegítima y auditoría

¿Por qué consideráis ilegítima una parte de la deuda? ¿Cómo diferenciar esa parte?

El caso de cierta parte de la deuda pública, por ejemplo la destinada al rescate bancario, creo que es bastante claro: una deuda que no se ha contraído por el bien de la colectividad, sino que es resultado de un proceso antidemocrático por el cual los gobiernos, sin llevarlo en sus programas, optan por dedicar recursos públicos a un sector que es el responsable de la crisis y es quien se enriqueció enormemente los años previos. Un desembolso de dinero público que, además, se lleva a cabo sin exigir contrapartidas de importancia, y que por tanto no garantiza que el sector financiero no vaya a repetir las mismas prácticas y vuelva a llevarnos a un desastre similar. Y en un momento de emergencia social como este (desahucios, desempleo, pobreza cada vez más generalizada), en el que los recursos públicos tienen usos alternativos tan claros y tan urgentes. Consideramos que hay razones éticas y políticas para defender que la deuda derivada de ese gasto no puede considerarse pública, que no es toda la ciudadanía quien ha de responder por ella, porque en rigor el gasto que la ha generado no puede tampoco considerarse público.

Hay también gran parte de la deuda hipotecaria que contrajeron familias, una deuda muy sobrevalorada, en ocasiones regulada por contratos con condiciones abusivas, y que era la única fórmula disponible para acceder a una vivienda, que también pensamos que es ilegítima.

Identificar deuda ilegítima entraña primero una tarea política, de decidir democráticamente qué deuda es ilegítima, y posteriormente una tarea técnica, que permita cuantificarla con el máximo rigor posible.

¿Qué consecuencias tendría un impago de deuda? ¿Aun así serían peores las consecuencias de pagarla?

Como decía antes, a lo largo de la historia siempre que hay crisis de deuda hay impagos de un tipo o de otro. Ahora mismo, en la economía española, ya está habiendo impagos. Las empresas que suspenden pagos, las entidades bancarias que quiebran, no pagan. La deuda pública, y la de las familias humildes agobiadas con la hipoteca de su primera vivienda, son las deudas que hasta el momento se están pagando íntegramente (o prácticamente, en algunos, muy pocos casos, se están concediendo daciones en pago a familias). Se trataría por tanto de romper la ficción, de normalizar el escenario del impago, y de que sean criterios de equidad y corresponsabilidad los que sirvan para determinar quién, cuánto y cómo se producen los impagos que de hecho ya están ocurriendo.

¿Cómo reaccionarían los ‘mercados’ en caso de impago? ¿Y los acreedores? ¿Sufriríamos represalias y aislamiento?

Las experiencias internacionales nos demuestran que los acreedores internacionales (los “mercados”), son fundamentalmente pragmáticos. Aunque cada caso es diferente, lo normal es que tras un primer momento en que se escenifica la ruptura y el aislamiento, se avienen a negociar una reestructuración de deuda lo más favorable posible. Marcando el límite de hasta dónde está dispuesto a sacrificarse para seguir pagando, el deudor marca la frontera de lo posible. Una vez que el acreedor entiende que ha de asumir esa frontera, se aviene a negociar tratando siempre de maximizar el pago recibido a partir de ese límite impuesto. La experiencia griega, en la cual los acreedores privados terminaron asumiendo una rebaja de aproximadamente el 70% de la deuda pública, es un ejemplo muy reciente: una vez que se asume que el 30% es lo único que se va a poder recuperar los acreedores lo que quieren es recuperarlo.

Proponéis una auditoría ciudadana, pero ¿cómo se articula algo así? ¿A quién corresponde la iniciativa, quién o quiénes serían los responsables de auditar la deuda? ¿Qué validez tendría?

Los detalles de una auditoría dependen de a qué nivel –municipal, de comunidad autónoma o estatal- se articule, y de qué agentes participen en ella. Por ejemplo, no es lo mismo el acceso a la información que se tiene cuando un gobierno está interesado en desarrollar la auditoría (caso de Ecuador) que cuando no participa o de hecho la obstaculiza.

Lo que es seguro es que el proceso de recopilación de información, aunque precisa de un elemento de competencia técnica, ha de ser democrático: se trata de extraer información para que la ciudadanía de forma consciente pueda tomar decisiones que, de hecho, están determinando sus condiciones de vida: ¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando los intereses de deuda pública a los bancos? Que la ciudadanía responda a este tipo de preguntas de forma informada es el objeto de la Auditoría.

¿Una quita de deuda tendría efectos positivos por sí misma, o necesita otras medidas?

Una quita de deuda importante es necesaria, pero por sí sola es insuficiente.

Por una parte, en el plano más inmediato de una gestión de la crisis actual que minimizara el coste sobre la mayoría social, sería necesario insertar las quitas dentro de un esquema de política económica mucho más amplio: reversión de las políticas de austeridad, reforma fiscal potente y muy progresiva, política de rentas distributiva, intensa “represión” al sector financiero, protección social efectiva a los grupos más vulnerables, generación de empleo, etc.

Pero además, no podemos olvidar que la crisis en la que estamos inmersos no es un desgraciado accidente del funcionamiento del sistema. Más bien, la crisis nos ha demostrado a las claras cómo funciona un sistema que se descubre incompatible con la toma democrática de decisiones económicas, el bienestar colectivo y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. Medidas que nos hicieran salir de la crisis reproduciendo las condiciones que nos trajeron hasta aquí no pueden ser consideradas eficaces. Es necesario un replanteamiento más profundo, que cuestione las bases mismas del capitalismo: qué producimos, cómo lo distribuimos, cómo organizamos el trabajo, cuestiones de este tipo.

¿Qué margen de maniobra tiene España sin salir del euro y mientras siga bajo supervisión de la troika?

Bajo los parámetros de la actual UE, con sus Tratados e instituciones, cualquier horizonte de transformación es muy limitado. Ni siquiera hay demasiado margen para una gestión de la crisis más social, más amable. La apuesta por la austeridad y la “devaluación interna” (retroceso salarial) profundiza la recesión económica y la polarización social. Es un desastre para todos los pueblos de Europa, pero en particular para las economías del Sur, supone un avance acelerado hacia la descomposición social: familias desahuciadas, pensiones que pierden capacidad adquisitiva por ley, el fin de las prestaciones básicas universales, desnutrición, generaciones enteras que abandonan el país contra su voluntad… Lo que estamos viendo no es más que el resultado lógico de la disciplina del euro y las políticas que impone la troika.

El dilema, desde mi punto de vista, es más bien si es más fácil cambiar este marco europeo que nos lleva al desastre social rompiendo con él o tratando de transformarlo desde su seno.

¿Qué papel nos corresponde a los ciudadanos?

Forzar el cambio. Transformar el sentimiento generalizado de indignación frente al expolio en una acción política eficaz, que consiga una gestión de lo común democrática y favorable a la mayoría social. Gran parte de la ciudadanía entiende los elementos básicos de la estafa económica y la farsa democrática en que estamos inmersos. Desgraciadamente la crisis lo está dejando muy claro. Pero tenemos pendiente transformar la información y el sentimiento en capacidad efectiva de cambiar las cosas. Estos años de movilización social han sido espléndidos y necesarios, pero tenemos también tareas ineludibles en el terreno político. Aunque el panorama no sea fácil, la política es el único camino.

 

Más información y propuestas, en el libroQué hacemos con la deuda, de Bibiana Medialdea, Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche. También en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, y en la web de la colección Qué hacemos.

Publicado en El Diario.es

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Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD

Tue, 25/11/2014 - 12:08

Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD Con Hugo Ramírez Asamblea de personas trabajadoras en Paro Miércoles 26 de Noviembre. 19h En el Ateneu Popular l’Engranatge c/ AltosHornos 69 local 8-BCN Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

¡PAREMOS EL TTIP!

Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD

Con Hugo Ramírez

Asamblea de personas trabajadoras en Paro

Miércoles 26 de Noviembre. 19h

En el Ateneu Popular l’Engranatge

c/ AltosHornos 69 local 8-BCN

Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

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Las Marchas de la Dignidad vuelven a la calle en una ‘Semana de lucha’

Tue, 25/11/2014 - 09:00

Carmen ReinaEl Diario.es

Los colectivos que componen las Marchas de la Dignidad organizan para la última semana de noviembre una convocatoria de protestas sociales que concluirá con manifestaciones en todas las capitales.

Convocada a nivel estatal entre el 24 y el 29 de noviembre, la ‘Semana de lucha’ de las Marchas de la Dignidad llevará a cabo de manera descentralizada protestas en ámbitos como la sanidad, los desahucios o la educación.

Esta acción servirá para tomar perspectiva del músculo de las Marchas de la Dignidad, que tienen el objetivo de repetir en 2015 la masiva manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 22M.

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El lema ‘Pan, trabajo y techo’ volverá a escucharse en las calles de todo el país la última semana de este mes de noviembre. Será en la denominada ‘Semana de lucha’, organizada por los colectivos que componen la coordinadora de las Marchas de la Dignidad, una acción coordinada a nivel estatal pero que será llevada a cabo de forma descentralizada por la organización de las marchas de cada territorio.

Así, entre el 24 y el 29 de noviembre, las Marchas de la Dignidad han convocado esta ‘Semana de Lucha’, que responde al calendario de acciones aprobado el pasado verano, para llevar a la calle una serie de protestas en los distintos ámbitos sectoriales que tienen cabida en las reivindicaciones de los activistas del 22M.

Se trata así, según fuentes de la organización de las protestas consultadas por eldiarioandalucia, de “sumar las acciones en distintos ámbitos que hasta ahora se han organizado por separado” y, con ello, “unir las protestas parciales en distintos sectores” como pueden ser la lucha contra los desahucios y por el derecho a una vivienda o contra los recortes en sanidad y en educación. Para ello, cada una de las acciones que se desarrollen estará diseñada y protagonizada por los colectivos que luchan a diario en cada uno de los ámbitos.

Los responsables de las Marchas de la Dignidad realizan “un nuevo llamamiento a la movilización social” en la última semana de noviembre donde se producirán en cada capital “movilizaciones por el empleo digno, por una renta básica, por los servicios públicos y de calidad, por el derecho a la vivienda y la dación en pago, por las libertades democráticas, contra los presupuestos restrictivos de las administraciones públicas, contra el pago de la deuda odiosa, el paro, la precariedad, los recortes, el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE) y la corrupción”.

Esta acción coordinada en todo el país servirá, asimismo, para tomar perspectiva del músculo que conservan las Marchas de la Dignidad, que tienen la mirada puesta en repetir la próxima primavera de 2015 la movilización de cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron en Madrid el pasado 22 de marzo como culminación del camino a pie recorrido por los activistas desde todas las comunidades autónomas hasta la capital.

“Salimos a la calle porque nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la mayoría social y los pueblos”, explican los organizadores en el manifiesto de esta ‘Semana de Lucha’. Y citan, entre los motivos de su vuelta a las calles, el desempleo, la pérdida de la vivienda, la marcha de los jóvenes al extranjero para ‘buscarse la vida’, los recortes en salud, educación y dependencia, entre otros argumentos.

“Mientras, el verdadero poder, el que no se presenta a las elecciones, sigue enriqueciéndose y corrompiendo al poder político. Siguen llevándose dinero a los paraísos fiscales, usando tarjetas opacas y regalando decenas de miles de millones de dinero público, dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a bancos y especuladores”, alegan en contra de la corrupción.

Manifestación final el 29N en todas las capitales

La ‘Semana de Lucha’, con protestas sectoriales llevadas a cabo en cada ciudad, culminará el sábado 29 de noviembre con una manifestación. “Llamamos a participar activamente en una movilización por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan”, dicen desde las Marchas.

En Andalucía, los integrantes de las Marchas de la Dignidad han convocado manifestaciones el 29N en las ocho capitales de la comunidad autónoma, de manera simultánea a las 12 horas de ese día, a excepción de Jaén y Almería donde la convocatoria se realizará por la tarde, según se ha acordado en la última asamblea a nivel andaluz de la coordinadora 22M.

“Nuestro objetivo es abarcar todos los ámbitos de acción que siempre han cubierto las Marchas”, señalan las fuentes consultadas que explican cómo, además, la lucha contra la violencia de género tendrá un papel protagonista al producirse esta ‘Semana de Lucha’ en el entorno del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el 25N.

Así, las Marchas de la Dignidad han decidido apoyar y participar activamente en las distintas manifestaciones y acciones que contra los malos tratos y por la igualdad tendrán lugar en cada una de las capitales de Andalucía, como uno más de los ámbitos de esta ‘Semana de lucha’.

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Maniobras privatizadoras en el Canal de Isabel II

Tue, 25/11/2014 - 07:02

La Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II convoca una concentración contra esta operación opaca de mercantilización del agua.

  • La Junta de Accionistas va a emitir bonos de deuda por valor de 600 millones de euros al tiempo que reparte dividendos entre los accionistas.
  • No justifica el destino de una emisión de deuda que solo beneficia a las grandes multinacionales y a los fondos buitre.
  • Aunque desde 2011 los beneficios del Canal de Isabel II han crecido un 43%, la inversión en infraestructuras cayó un 56%.

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Cuando el Partido Popular vio frustrada su intención de privatizar el Canal de Isabel II en 2011 anunció que lo retomaría antes de que acabara la legislatura. Ese momento está llegando.

El próximo 3 de diciembre Canal Gestión S.A va a asestar un duro golpe a los madrileños al aprobar, previsiblemente, en su Junta de Accionistas la emisión de bonos en el mercado de la deuda por valor de 600 millones de euros para, supuestamente, invertir en unas infraestructuras que nadie ha concretado ni justificado.

Esta operación se va a llevar a cabo con total opacidad, con desconocimiento de la propia Asamblea de Madrid y de la ciudadanía madrileña y se traducirá en un aumento de la deuda de la entidad.

El orden del día de la Junta contempla el reparto de nuevos dividendos entre los accionistas y la modificación de los estatutos sociales para poder remunerar a los miembros del Consejo de Administración en los que no concurra causa de incompatibilidad. Se profundiza, así, en el expolio del Canal y en la estrategia de privatización que está llevando a cabo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la entidad. ¿A quién beneficia esta operación de entrar en el mercado de la deuda, sino a las multinacionales del sector y a los fondos buitre?

Se detraen de los ingresos del Canal ingentes cantidades en concepto de dividendos para los accionistas y se pretende repartir otra porción del “pastel” entre los amiguetes del Ignacio González y Salvador Vitoria, puestos a dedo en el Consejo de Administración. A cambio se hunde a Canal Gestión SA en un deuda peligrosa y en una situación insostenible al disminuir drásticamente los gastos de personal y las partidas destinadas a inversiones, mantenimiento y explotación.

Desde que en 2008 comenzara el proceso de privatización hemos visto cómo transformaban una empresa pública en una Sociedad Anónima en una semana

Desde que en 2011 se creara la Sociedad Anónima Canal Gestión, el Partido Popular ha conseguido que la deuda de la empresa ascienda a 1.168 millones de euros, gracias a movimientos como la compra de Inalsa, con una deuda acumulada de 100 millones de euros. A pesar de que los beneficios en este mismo periodo han ascendido a un 43%, no se han realizado inversiones en infraestructuras. Más bien al contrario: el gasto de esta partida ha decrecido un 56%, la de personal un 12,5% y los beneficios generados han sido repartidos entre los accionistas casi en su totalidad.

Desde que en 2008 comenzara el proceso de privatización hemos visto cómo transformaban una empresa pública en una Sociedad Anónima en una semana; cómo colocaban en el consejo de dirección a personas afines comoSalvador Victoria, José Manuel Serra Peris, imputado como consejero de Bankia, José de Cevallos Aguarón, vinculado a Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A., Antonio de Guindos, imputado por el caso Madrid-Arena o David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas; cómo la representación sindical era expulsada del consejo de dirección; cómo el Partido Popular presionaba a alcaldes para firmar los convenios de adhesión al nuevo modelo de gestión, como desoían la consulta ciudadana en la que 180.000 personas se oponían a la privatización del CYII y cómo nos han negado información referida a la gestión de la empresa hasta en 65 ocasiones.

Cuando el Partido Popular vio frustrada su intención de privatizar el Canal de Isabel II en 2011 anunció que lo retomaría antes de que acabara la legislatura. Ese momento está llegando y la emisión de bonos parece indicar que pretende hacerlo efectivo antes de las elecciones autonómicas y municipales con la misma opacidad que ha rodeado este nuevo expolio de lo público en beneficio de unos pocos.

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II convoca una concentración en la Puerta del Sol contra la mercantilización de un derecho humano como es el agua el domingo 30 de noviembre a las 12h. 

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