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Justicia económica global
Updated: 13 min 42 sec ago

Sentencia absolutoria de Aramayona, Ribas e Ibáñez

Fri, 11/07/2014 - 09:00

Absueltos Antonio Aramayona, Marisol Ibáñez y Marga Ribas de las faltas por las que fueron denunciados y acusados por su presencia en el portal de la consejera aragonesa de educación y su negativa a retirarse de aquel lugar.

Mediante sentencia 305/14 de siete de julio de 2014 (cuya copia en pdf se adjunta) relativa al juicio de faltas 84/14, el magistrado Rafael Lasala Albasini, ha resuelto la libre absolución de Marga Ribas y Marisol Ibáñez, a quienes el ministerio fiscal había retirado ya los cargos, y de Antonio Aramayona, para quien el fiscal había solicitado la imposición de una multa de 160 euros.

Consideramos que la sentencia, sustentada en la sentencia 2/2003 del Tribunal Constitucional, supone el claro reconocimiento de que la libertad de expresión, noviolenta y cívicamente ejercida en la vía pública, está por encima de la potestad sancionadora  de los poderes públicos del Estado. En esta línea, se ratifica que, siendo la libertad uno de los valores superiores y la seguridad jurídica uno de los principios configuradores del Estado de Derecho, no siendo ningún poder público ilimitado,  y estando la potestad sancionadora del Estado sujeta a unos estrictos límites, la potestad sancionadora se “deslegitima” si de algún modo se traspasan tales límites.

Ni que decir tiene la importancia que ello tiene para el ejercicio de la libertad de expresión de los tres encausados en el domicilio o despacho de un cargo público (en este caso, la vivienda de la Consejera aragonesa de Educación), sino de toda la ciudadanía que quiera manifestar noviolentamente en la vía pública sus ideas, sus valores, sus reivindicaciones y sus denuncias.

Por otro lado, la sentencia establece que la desobediencia a la autoridad ha de suponer previamente que el acto de esa autoridad cuenta con “una base legal que la sustente”. Tanto el 4 como el 5 de junio (días donde fuimos sancionados) los agentes adujeron como norma legal el artículo 26 h de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, no se dan en la actuación de Antonio Aramayona los casos contemplados como acción contraria a la seguridad ciudadana, por lo que el magistrado no encuentra “base para la emisión de la orden recibida por los agentes”, más teniendo en cuenta el comportamiento cívico y educado que mantuvieron en todo momento tanto Aramayona como los mismos agentes.

Insiste la sentencia en que  tampoco ha habido vejaciones, molestias o coacciones al cargo público en cuyo portal se encontraba (concretamente, la Consejera aragonesa de Educación), ni esta ha interpuesto en algún momento denuncia por tal motivo, por lo que no caben medidas sancionadoras cuyo objetivo fuere prevenir la reiteración de la conducta de Aramayona (estar en ese portal), pues no ha habido una previa denuncia por parte de la Consejera. Más aún, recuerda el magistrado que la señora Consejera aragonesa de Educación desistió en el pasado de la acción penal entablada por ella misma a raíz de un escrache en las inmediaciones de su domicilio, por lo que no parece necesaria protección alguna de una acción que ya antes desistió y ahora no pretende (hasta el momento ni ha denunciado ni se ha querellado ni siquiera ha dado señales de vida por esta causa).

La absolución de Marga Ribas, Marisol Ibáñez y Antonio Aramayona de las faltas contra el orden público no solo refuerzan la reivindicación no violenta de los derechos y libertades fundamentales y la denuncia de las lesiones de tales derechos y libertades en la vía pública por parte de la ciudadanía , sino que ponen en cuestión el concepto mismo de “orden público” en el que sustentan a menudo sus medidas, órdenes y acciones algunas autoridades y poderes públicos del actual Gobierno.

Nos ratificamos en la defensa de la libertad de expresión, de la escuela pública y laica, de la denuncia contra los recortes perpetrados contra el derecho universal a la educación, de los derechos universales y las libertades cívicas fundamentales, y de la libertad y la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos.

Seguimos y seguiremos en esta brega e invitamos a la ciudadanía a hacer lo mismo en los lugares y ámbitos que su conciencia ética y cívica les dicte.

En Zaragoza, a diez de julio de 2014

Antonio Aramayona

Marisol Ibáñez

Margarita Ribas

Vista previa del archivo adjunto Sentencia juicio.pdfDesde ATTAC España celebramos la sentencia absolutoria del compañero y compañeras, y el antecedente que supone para otros casos similares actuales y futuros.
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La parte por el todo: Pablo Iglesias como sinécdoque

Fri, 11/07/2014 - 07:00

Rubén Zaya Grilo – ATTAC Jerez

Permanente. Sistemática. Constante. Continua. Todos los adjetivos de la lista, que podría ser mucho más larga, nos sirven para calificar la presencia de Pablo Iglesias en la totalidad de medios de comunicación españoles, y en no pocos extranjeros. Parece como si el madrileño fuese un ser ubicuo, un ente pseudo-divino capaz de aparecer en todas partes al mismo tiempo, de copar titulares de prensa en papel y en formato electrónico mientras inspira artículos de opinión y editoriales. Desde las elecciones de mayo, resulta poco menos que imposible calcular cuántos litros de tinta se han dedicado al profesor de la Complutense, para convertirlo en un semidiós, una suerte de héroe que ha llegado para liberarnos de todos los males que nos acechan o, también y no con menos insistencia, para hacerlo responsable único de todos ellos y transformarlo en la encarnación de un Lucifer bolivariano.

Todas estas opiniones, las laudatorias y las injuriosas, comparten una característica común que se muestra cada vez más clara: se afanan, de manera calculada en unos casos, ingenua en otros, en hacer de Pablo Iglesias una sinécdoque. Un tropo que, en palabras del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; un género con el de una especie, o al contrario; una cosa con el de la materia de que está formada, etc.”. Así, como ya ocurriera con los yogures y el Danone, o con los refrescos carbonatados y la Coca Cola, cada vez más empieza a usarse el nombre del politólogo como sinónimo de la organización a la que representa.

Las figuras retóricas, que en el mundo de la creación literaria son mucho más que un valor añadido, pueden resultar poco convenientes cuando se trata de analizar la realidad socio-política. Y lo son, creo, porque amenazan con travestirla, con ocultarla tras un velo que nos impide apreciar la riqueza de matices que contiene. La práctica totalidad de titulares de prensa o declaraciones de líderes políticos del bipartidismo aluden a Iglesias como líder de Podemos, y a Podemos como la formación política de Iglesias. Esta asociación, que tiene poco de inocente, pretende convertir en partido político lo que, en realidad, es algo más complejo y mucho más amplio: un movimiento ciudadano, surgido de la indignación de una creciente mayoría ante una situación que mina su bienestar en beneficio de una minoría privilegiada. Esta asociación, decía, trata de encajar en el sistema como una más de sus piezas a un fenómeno que persigue, como mínimo, desordenarlas, buscando una combinación diferente de la que pueda surgir algo nuevo, que responda a las demandas de la ciudadanía y ayude a dar respuesta real a los problemas a los que se enfrenta. Intenta, en definitiva, reconducir una situación desconocida en España hasta la fecha y, por novedosa, potencialmente desestabilizadora.

Desde la perspectiva de los poderes fácticos del régimen político que rige nuestro destino desde hace casi 40 años, esta estrategia tiene lógica y resulta perfectamente comprensible. Tienen miedo real a que se produzca un cambio en el statu quo que ponga en peligro sus privilegios y su propia posición de dominio. Lo que no resulta tan lógico es que, no sólo quienes apoyan el discurso y las propuestas de Podemos, sino el propio movimiento, hagan suya esa misma estrategia. Esa es la impresión que da, al menos, cuando la única cara visible en los medios sigue siendo la de Pablo Iglesias.

No se trata, ni mucho menos, de pecar de ingenuos negando la evidencia. Está claro que el impacto mediático de Iglesias contribuyó, y mucho, a los resultados electorales que Podemos cosechó en los comicios europeos. También lo está que hubiese sido un error renunciar a la única herramienta que podía igualar la contienda, porque se competía con formaciones políticas apoyadas en millones de euros disponibles para propaganda. Pero, asumiendo lo dicho, de lo que se trata es de no resultar incoherentes, de practicar de verdad con el ejemplo la búsqueda de una nueva manera de hacer política que no disocie acción y discurso, de acabar con la impunidad de los partidos tradicionales (esos a los que se viene calificando como “partidos de la casta”) a la hora de incumplir los programas, de dejar de asumir la mentira y la corrupción como características inherentes a los regidores de la cosa pública.

Será difícil seguir creyendo que Podemos no es un partido político si cada vez más se comporta como tal, si la cara de Iglesias no se acompaña de otras, ocupen un sillón en Estrasburgo o pertenezcan simplemente a uno de los cientos de círculos locales que tanto trabajo están realizando, y que se mantienen incomprensiblemente en el anonimato más allá del ámbito estrictamente local. Será difícil que la llama de la esperanza no se vaya apagando a poco si no se hace lo que tanto y tan seguido se defiende: que es el momento de que la ciudadanía sea protagonista. Puede que haya llegado la hora, por ello, de dirigir el foco hacia las bases o, al menos, de ampliar su haz de forma que no solo quepa dentro de su contorno la figura del politólogo madrileño. Porque Pablo Iglesias no es todo Podemos, y Podemos no es solo Pablo Iglesias o, al menos, no debería serlo.

Artículo publicado en lavozdelsur.es

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La parte por el todo: Pablo Iglesias como sinécdoque

Fri, 11/07/2014 - 07:00

Rubén Zaya Grilo – ATTAC Jerez

Permanente. Sistemática. Constante. Continua. Todos los adjetivos de la lista, que podría ser mucho más larga, nos sirven para calificar la presencia de Pablo Iglesias en la totalidad de medios de comunicación españoles, y en no pocos extranjeros. Parece como si el madrileño fuese un ser ubicuo, un ente pseudo-divino capaz de aparecer en todas partes al mismo tiempo, de copar titulares de prensa en papel y en formato electrónico mientras inspira artículos de opinión y editoriales. Desde las elecciones de mayo, resulta poco menos que imposible calcular cuántos litros de tinta se han dedicado al profesor de la Complutense, para convertirlo en un semidiós, una suerte de héroe que ha llegado para liberarnos de todos los males que nos acechan o, también y no con menos insistencia, para hacerlo responsable único de todos ellos y transformarlo en la encarnación de un Lucifer bolivariano.

Todas estas opiniones, las laudatorias y las injuriosas, comparten una característica común que se muestra cada vez más clara: se afanan, de manera calculada en unos casos, ingenua en otros, en hacer de Pablo Iglesias una sinécdoque. Un tropo que, en palabras del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; un género con el de una especie, o al contrario; una cosa con el de la materia de que está formada, etc.”. Así, como ya ocurriera con los yogures y el Danone, o con los refrescos carbonatados y la Coca Cola, cada vez más empieza a usarse el nombre del politólogo como sinónimo de la organización a la que representa.

Las figuras retóricas, que en el mundo de la creación literaria son mucho más que un valor añadido, pueden resultar poco convenientes cuando se trata de analizar la realidad socio-política. Y lo son, creo, porque amenazan con travestirla, con ocultarla tras un velo que nos impide apreciar la riqueza de matices que contiene. La práctica totalidad de titulares de prensa o declaraciones de líderes políticos del bipartidismo aluden a Iglesias como líder de Podemos, y a Podemos como la formación política de Iglesias. Esta asociación, que tiene poco de inocente, pretende convertir en partido político lo que, en realidad, es algo más complejo y mucho más amplio: un movimiento ciudadano, surgido de la indignación de una creciente mayoría ante una situación que mina su bienestar en beneficio de una minoría privilegiada. Esta asociación, decía, trata de encajar en el sistema como una más de sus piezas a un fenómeno que persigue, como mínimo, desordenarlas, buscando una combinación diferente de la que pueda surgir algo nuevo, que responda a las demandas de la ciudadanía y ayude a dar respuesta real a los problemas a los que se enfrenta. Intenta, en definitiva, reconducir una situación desconocida en España hasta la fecha y, por novedosa, potencialmente desestabilizadora.

Desde la perspectiva de los poderes fácticos del régimen político que rige nuestro destino desde hace casi 40 años, esta estrategia tiene lógica y resulta perfectamente comprensible. Tienen miedo real a que se produzca un cambio en el statu quo que ponga en peligro sus privilegios y su propia posición de dominio. Lo que no resulta tan lógico es que, no sólo quienes apoyan el discurso y las propuestas de Podemos, sino el propio movimiento, hagan suya esa misma estrategia. Esa es la impresión que da, al menos, cuando la única cara visible en los medios sigue siendo la de Pablo Iglesias.

No se trata, ni mucho menos, de pecar de ingenuos negando la evidencia. Está claro que el impacto mediático de Iglesias contribuyó, y mucho, a los resultados electorales que Podemos cosechó en los comicios europeos. También lo está que hubiese sido un error renunciar a la única herramienta que podía igualar la contienda, porque se competía con formaciones políticas apoyadas en millones de euros disponibles para propaganda. Pero, asumiendo lo dicho, de lo que se trata es de no resultar incoherentes, de practicar de verdad con el ejemplo la búsqueda de una nueva manera de hacer política que no disocie acción y discurso, de acabar con la impunidad de los partidos tradicionales (esos a los que se viene calificando como “partidos de la casta”) a la hora de incumplir los programas, de dejar de asumir la mentira y la corrupción como características inherentes a los regidores de la cosa pública.

Será difícil seguir creyendo que Podemos no es un partido político si cada vez más se comporta como tal, si la cara de Iglesias no se acompaña de otras, ocupen un sillón en Estrasburgo o pertenezcan simplemente a uno de los cientos de círculos locales que tanto trabajo están realizando, y que se mantienen incomprensiblemente en el anonimato más allá del ámbito estrictamente local. Será difícil que la llama de la esperanza no se vaya apagando a poco si no se hace lo que tanto y tan seguido se defiende: que es el momento de que la ciudadanía sea protagonista. Puede que haya llegado la hora, por ello, de dirigir el foco hacia las bases o, al menos, de ampliar su haz de forma que no solo quepa dentro de su contorno la figura del politólogo madrileño. Porque Pablo Iglesias no es todo Podemos, y Podemos no es solo Pablo Iglesias o, al menos, no debería serlo.

Artículo publicado en lavozdelsur.es

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El Gobierno decreta la privatización del Registro Civil

Thu, 10/07/2014 - 13:00

Julia A. Pérez - Público.es

El Consejo de Ministros de este viernes, 4 de julio, ha aprobado la privatización del Registro Civil de España, bajo la presidencia del registrador de la propiedad Mariano Rajoy, hermano de dos registradores, y siendo ministro de Justicia el yerno de una registradora. No hay noticia de que alguno de ellos se haya abstenido.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para que el Registro Civil sea traspasado a los registradores mercantiles. Son funcionarios, pero sus registros son empresas privadas, que hacen concursos de acreedores y cuyos empleados pasan por despidos colectivos. Ahí quedará la vida jurídica de los españoles esta madrugada, cuando a las 07:00 horas se publique el Real Decreto .

La Ley 20/2011, del Registro Civil aprobada en la etapa del PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero no determinaba qué funcionario se haría cargo del Registro, donde se custodian los nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos de los españoles. No tenía mucho sentido que el Registro Civil fuera responsabilidad de los jueces, como hasta ahora, pero se pensaba que pasaría a ser responsabilidad de los secretarios judiciales, que sí son funcionarios.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva meses de tira y afloja intentando que el Registro Civil pase a manos de los registradores. Sin embargo, los rumores hacían que el Ejecutivo se echara para atrás en cuanto los secretarios judiciales, los sindicatos y los juristas enseñaban los dientes ante esta medida.

El transcurrir el tiempo creaba una vacatio legis que ha llevado a Gallardón a resolverla vía Real Decreto que, en realidad, está reservada por la Constitución para los casos de urgencia y necesidad.

La decisión ha sido adoptada a espaldas de la mayoría de los operadores jurídicos -sólo un pequeño núcleo de registradores estaba en las deliberaciones- y de los propios funcionarios y trabajadores.

El Real Decreto provocó la protesta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles , del Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej ), de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras de Justicia … Todos ellos trataban la tarde del viernes de salvar ‘in extremis’ esta decisión, que no ha sido presentada en rueda de prensa por el ministro: se ha limitado a difundir un comunicado , tras avanzar la medida en una comparecencia en el Senado el 25 de junio pasado. (Se enlazan las notas de prensa difundidas).

El cuerpo de registradores está formado por los registradores de la propiedad y mercantiles. La atribución del Registro Civil a parte de cuerpo podría suponer un cisma, según este colegio que protesta no ya porque pase a sus manos la vida jurídica de los españoles sino por que no puedan cobrar por expedir la documentación. Para hacerse a la idea, un fallecimiento supone la expedición de al menos 15 certificados con el fin de dar de baja la cuenta corriente del fallecido, su móvil, el consumo de agua, luz, gas…

Nada más conocerse el Real Decreto, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha emitido un comunicado en el que reitera su desacuerdo con la decisión del Gobierno: “Los registradores tendrán que afrontar el coste del nuevo sistema informático sin conocer, de momento, ni el presupuesto del mismo ni las empresas que se encargarán de su desarrollo y mantenimiento”, denuncian.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de Justicia, denunció este viernes la incertidumbre en la que quedarán 2.500 funcionarios que trabajan en los Registros Civiles de toda España. Allí donde la competencia de Justicia no ha sido transferida o la lleva el departamento de Gallardón, el ministerio se ha comprometido a recolocarlos en los juzgados. En el resto de las autonomías no hay ningún compromiso.

El traspaso de estos funcionarios pone en riesgo el empleo de otros 2.500 interinos que trabajan en los juzgados y tribunales.

El Registro Civil está digitalizado desde los documentos de 1870 hasta hoy. El coste de la digitalización ha supuesto para el erario público 130 millones de euros.

La última fase suponía la creación de una plataforma digital que integre todos los registros y que ya estaba siendo planificada de forma discreta por el Ministerio de Justicia desde hace tiempo y que internamente se ha denominado FUTUREG, según fuentes de los funcionarios de registros.

El Gobierno pretende que esta plataforma la financien los registradores y que el servicio sea gratuito para el ciudadano. Ahora, el Ejecutivo de Rajoy pasa este trabajo a los registradores, y deja para un reglamento posterior la fórmula de financiación.

La convocatoria de la empresa que elaborará la plataforma digital -y que cobrará por la prestación permanente- se realizará bajo control de Justicia.

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La cuestión republicana en el centro del discurso destituyente ¿Proceso constituyente o reforma?

Thu, 10/07/2014 - 09:00

Carlos Martínez – ATTAC Andalucía

No se puede comenzar a asumir ya sin más como inevitable el golpe de salón monárquico, producido con motivo de la abdicación del jefe del estado anterior. Tampoco olvidar situar en cabeza de la agenda política la reivindicación republicana, como algo prioritario. En el estado español democracia y república son lo mismo. La monarquía es la herencia del dictador y la cúspide del sistema oligárquico y rentista españolista que en franquismo consolidó y cuyo poder ilegitimo el régimen del 78 no ha sido capaz de desmontar, ni siquiera controlar.La abdicación ha pasado, y la proclamación del nuevo rey se ha consumado y mientras tanto, él y su esposa se pasean tranquilamente, reparten sonrisas y medallas mientras que el régimen les hace una campaña publicitaria sin precedentes dirigida a las clases más humildes y populares, al objeto de hacerles tragar un cuento de hadas de reyes y princesas. A más millones de personas paradas, pobres y desahuciadas, piensan los propagandistas monárquicos –todos los grandes medios de comunicación empresariales y públicos, sin excepción alguna- que unos reyes jóvenes y nuevos harán soñar con palacios a pobre gente que ve con envidia y simpatía a la lozana pareja que piensa en ellos y les brida su misericordia y tal vez su caridad. “Vivan las caenas”. Ese es el objetivo. No se olvide, desposesión popular y recortes han tenido y tienen en la monarquía una muleta capital. El rey ha bendecido todos los recortes y ha sido propagandista de las políticas Troika.

Históricamente y si la historia es la maestra de la vida, está más que demostrado que mientras la dinastía cleptómana de los Borbones reine sobre las “Españas” ni la libertad, ni el federalismo, mucho menos de carácter plurinacional, ni las aspiraciones de justicia y amplios resortes de solidaridad, igualación y reparto, serán posibles.

Los Borbones representan e impusieron a sangre y fuego el estado centralista. Son profundamente reaccionarios y confesionalmente católicos y tienen una larga tradición militarista y de convivencia con estados autoritarios, dictaduras, “dictablandas” y de colaboracionismo con el asesino general Franco.

Pero los Borbones  también forman parte de la alianza de sangre con una oligarquía rentista y bancaria que apoyó la restauración de Alfonso XII. Al inútil del Alfonso XIII le sirvieron dejando a su reino en la miseria y la incultura, para tras 1931 terminar maquinando contra la República y financiando el golpe de estado militar, ultramontano y falangista. Finalmente sosteniendo la monarquía nuevamente restaurada por Franco. Son por tanto, los Borbones, parte del problema. Representando la monarquía, no solo de una forma de estado, sino la imposibilidad de establecer una democracia real y un estado social.

La monarquía es la encarnación de la prohibición neoliberal de caminar hacia el socialismo en democracia y libertad, pues encarna la propiedad inamovible de los recursos públicos en manos privadas. La corrupción institucionalizada y el poder de las grandes empresas y poderosas familias.  La preeminencia de la Iglesia Católica y la quintaesencia de un capitalismo egoísta, especulador, usurero y rentista.

Las clases populares y la gente pobre, ha visto como han robado miembros de la familia real. Como viven a su costa estas personas y como se despilfarra en batallones de la guardia y “multioperaciones” de cirugía estética. Clínicas privadas, para cuidar su salud o parir. Coches y palacios públicos para vivir. Escandalosas vacaciones y una fortuna no justificada. Pero mientras tanto sufren las personas en sus carnes y contemplan como el estado oligárquico español, cada vez representa un papel más injusto para ellos y sus hijos, pero más cómodo para las oligarquías. Cada vez es el reino más miserable, al tiempo que carente de expectativas fiables para las clases populares. Mientras tanto los ricos son más ricos que nunca y pagan menos impuestos que las clases populares.

La monarquía y su Constitución, como mucho permitirán algunas mejores sociales, algunas subidas en pensiones, algunas becas más. Pero jamás consentirán el reparto de la riqueza. La nacionalización de sectores estratégicos,  además de proteger intereses privados basados en el dominio de elementos y medios que son de todos y todas, pero que solo algunos usurpan y disfrutan.

La monarquía es un obstáculo para la justicia social y la libertad, pues su origen no se encuentra en la ciudadanía, sino en los súbditos y el hurto, -aunque sea nominal- de la soberanía al pueblo. Finalmente, la monarquía y el rey son el último eslabón para “legitimar” un posible golpe de estado oligárquico frente a veleidades socializantes, democráticamente alcanzadas o para los derechos de los pueblos sin estado, que comparten por fuerza un monarca.

Por tanto, este asunto, no se puede tomar como cuestión menor. En el estado español, no se puede diferenciar democracia de República.

El estado social y redistribuidor al menos en principio con una educación pública, de calidad y generalizada, solo será posible si se consigue iniciar un proceso constituyente que cambie las reglas del juego y le quite el poder a los oligarcas, para actuar en beneficio del pueblo. Por tanto, sin República, tampoco habrá igualdad.

Plantear solo democracia, es quedarse en la reforma de lo que hay. Es coincidir con muchos grandes partidos del sistema y es no ver que las clases subalternas y dentro de ellas sus segmentos más pobres, no recibirán nada de un régimen medieval que en el caso español se asienta en un capitalismo torpe, cortoplacista y que vive de vampirizar fondos públicos, que ya en varias ocasiones a los largo de los siglos XX y XXI lo han salvado y rescatado de sus quiebras.

Pero es que además la monarquía es la satrapía de un imperio más poderoso con dos cabezas o una doble dependencia colonial: La económica de Alemania y la militar y también económica de los EE.UU. Es decir tampoco habrá independencia  con monarquía, fuertemente ligada a intereses empresariales alemanes, de los EE.UU y de las monarquías reaccionarias del Golfo Pérsico. El jefe del estado es un simple comercial, al servicio de grandes intereses económicos y financieros ¿Hemos pues de dejar en un segundo plano la cuestión monárquica? ¿Hablamos simplemente de una forma de gobierno diferente? No. Hablamos de justicia, de libertad y de lucha contundente contra la pobreza.

Las Marchas de la Dignidad han vuelto a poner el dedo en la llaga, convocando marchas y manifestaciones con motivo de la entrega de los premios Príncipe de Asturias en Oviedo, al objeto de señalar a los enemigos de los pobres, el próximo 24 de Octubre. Los partidos firmantes del Manifiesto del Ateneo preparan una hoja de ruta constituyente y republicana para este otoño próximo. Vamos allá.

 

Socialismo o Barbarie

www.portuarioenexcedencia.com

 

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ATTAC Acordem: Trobada municipalista

Thu, 10/07/2014 - 07:02

Hi ha coses que s’estan movent a Barcelona. Per això et volem convidar a la segona Trobada Popular Municipalista, el dissabte 19 de juliol a La Sedeta (c/Sicília, 321). Ningú és imprescindible però totes som necessàries per aconseguir capgirar Barcelona.

Aquesta II TPM va de com construir una candidatura rupturista, desobedient i democràtica.

Vine a dir la teva i convida a les teves companyes de lluita! Entre totes, #capgirembcn. Més informació a: http://trobadabcn.cat

PROGRAMA —II TROBADA POPULAR MUNICIPALISTA

09:30 h – 10:30 h Arribada i acreditacions

10.00 – 10.30 1. Introducció al municipalisme alternatiu

— Projectes polítics rupturistes a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

10.40 h – 12.30 h 2. Què volem fer a l’Ajuntament de Barcelona?

— Principis d’intervenció política 

— Què volem d’una candidatura rupturista? 

12.30 h – 14.30 h 3. Una candidatura radicalment democrática

— Bloc 1: Metodologia de confecció del programa i les llistes

— Bloc 2: Estructura, mandat, rendició i revocació 

Posada en comú

14:30 h – 16:30 h — Dinar Popular

16.30 h – 17.30 h 4. Crida a desenvolupar els Eixos Programàtics

A Urbanisme i mobilitat

B Municipalització, autogestió i cogestió

C Gestió dels béns comuns i serveis públics

D Participació i decisió: democratització política

E Ciutat antipatriarcal i feminista

F Canvi de model econòmic: justícia social i ambiental

G Llibertats i inclusió a la ciutat

17:30 h – 18:00 h 5. Criteris de relació i interlocució amb altres projectes municipalistes

18:15 h – 18:45 h Conclusions i cloenda

programa_petit

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Comunicado de ATTAC Madrid ante la reforma fiscal del Partido Popular

Thu, 10/07/2014 - 07:00

- Una reforma fiscal que es solo un parche que obvia la situación de injusticia fiscal en España y beneficia a los que más tienen

- Es regresiva, injusta, insuficiente y alejada de una fiscalidad que tenga en cuenta los ingresos y la riqueza individual

- Es electoralista, pues entra en vigor en 2015, año de elecciones municipales, autonómicas y generales

Madrid, miércoles 9 de junio. El Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha una reforma fiscal que presenta como beneficiosa para el país y para la ciudadanía, aunque solo a una parte le supondrá una pequeña reducción del impuesto de la renta, salvo para los ingresos elevados que sí se benefician de la disminución del IRPF a pagar. La rebaja de impuestos, y más cuando son insuficientes, nunca es una buena medida, pues lo necesario no es rebajar impuestos sino establecerlos justos y progresivos según lo que cada cual obtiene y posee.

Sin embargo, la normativa aprobada, además de mantener la vigente inveterada situación de injusticia fiscal, solo es un parche que aumenta la evidente insuficiencia del sistema tributario español. Una insuficiencia que, habida cuenta de la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit presupuestario público, hace temer más recortes que, en definitiva, son violaciones masivas de derechos de la ciudadanía.

La suficiencia fiscal es el principio por el que debieran regirse  las Administraciones Públicas, no gastando según se recauda sino recaudando en función de la satisfacción de derechos y necesidades de la ciudadanía. Por contra, la insuficiencia y regresividad fiscales son una lacra que castiga a los pueblos desde que se inició la rebaja de impuestos a las élites económicas y empezó la disminución de recaudación tributaria. Esta política se ha visto agravada por la austeridad presupuestaria impuesta desde 2010 para reducir los déficit públicos; déficit que se contrajeron en parte por los billonarios rescates bancarios y también por la combinación de menos cotizaciones sociales por el exponencial aumento del paro y el incremento de los gastos en prestaciones de desempleo por ese incremento .

Entre 4.800 y 9.000 millones menos de recaudación

 La reforma fiscal del Gobierno sigue esas tendencias en perjuicio de la mayoría ciudadana, entre otras razones porque se recaudarán 4.800 millones de euros menos en la próxima campaña del IRPF, según cálculo de GESTHA, el sindicato de técnicos de Hacienda. Esta cifra llega a 9.000 millones si se añade la disminución de la recaudación del impuesto de sociedades.

Ésta es una reforma fiscal regresiva, porque reduce los tramos del IRPF de siete a cinco y porque será una buena parte de la clase trabajadora la que finalmente compensará en gran medida la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y grandes empresas.

Según calcula GESTHA, los principales beneficiarios de la reforma apenas son 73.000 ciudadanos que ingresan más de 150.000 euros anuales, que pagarán bastante menos. También con ingresos privilegiados, las rentas anuales de 90.000 euros ahorrarán 2.200 euros, pero quienes ganen 20.000 euros al año, solo reducirán unos 150 euros su impuesto.

La gran mayoría no obtendrá ningún beneficio

 A finales de los años 80, el tipo impositivo máximo del IRPF en España era 60%, pero antes había sido incluso mayor. Hasta esta reforma fiscal, el tipo máximo era el 52%, hoy es el 47% y se rebajará al 45% en 2016. Un ahorro evidente para quienes tienen más ingresos. Pero los casi doce millones de trabajadores y trabajadoras que ganan 800 euros mensuales no obtendrán beneficio alguno por esta reforma. Un dato significativo si tenemos en cuenta que esos ingresos señalan el umbral de la pobreza en España: 11.300 euros anuales para un hogar de dos personas.

Además, la reforma elimina la deducción por alquiler de vivienda, una medida que afectará sobre todo a la juventud que quiera emanciparse; una juventud que sufre un paro del 57%. Y, por si no fuera bastante, establece que las indemnizaciones, que superen los 2.000 euros por año trabajado, se verán rebajadas por el pago del impuesto al que se verán sujetas.

ATTAC Madrid solo puede aprobar en esta reforma la exención de tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de la dación en pago de la vivienda habitual. Esta modificación corrige la aberración que gravaba a las familias que perdían su hogar por la diferencia entre el valor de adquisición del mismo y el valor que le  adjudicaba el banco.

Se mantienen las deducciones que más rebajan la factura fiscal

 El impuesto de sociedades se rebaja del 30% actual al 25% y lo justifican porque dicen que eliminan  deducciones de esa tributación. Pero mantienen las que más rebajan la factura fiscal (por reinvertir beneficios, invertir en I+D+i, gastos financieros…).

Es sabido que las grandes empresas pagan muy poco desde hace tiempo, mucho menos que las medianas y pequeñas y aún menos que las familias. El tipo efectivo que pagan los grandes grupos consolidados ha estado muy alejado del tipo nominal y eso explica que, según datos de la Agencia Tributaria, las familias aportaron casi un 92% de recaudación en 2011 (último año con datos desagregados), mientras las grandes empresas sólo contribuyeron con apenas un 2% a las arcas públicas. Con esta reforma continuarán pagando poco.

Sin olvidar que 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen delegaciones, filiales o empresas pantalla en paraísos fiscales; escondrijos intocables de millones de euros y de dolares, ocultos para Hacienda. Desde 2010, las empresas del Ibex han aumentado un 8% su presencia en paraísos fiscales, según informa Responsabilidad Social Corporativa.

Una reforma fiscal al servicio del sector financiero y de las grandes fortunas

 Capítulo aparte es la ayuda al sector financiero que certifica la reforma fiscal aprobada. Se mantiene el tipo impositivo de beneficios en el 30% para las entidades bancarias porque rebajarlo al 25%, como al resto de empresas, reduciría los créditos fiscales, calculados con el tipo del 30%; créditos que significan para el sector bancario más de 41.000 millones. Rebajar el tipo impositivo al 25%  supondría para los bancos unas pérdidas de casi 7.600 millones de euros con respecto al regalo que el Gobierno les hizo en diciembre de 2013.

También hay que señalar que las grandes fortunas continúan tributando un 1% por sus cuantiosos depósitos en las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y nada hace la reforma para corregir esa desigualdad fiscal que supone el retraso del pago de impuestos para las rentas más elevadas. También las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) mantienen un régimen fiscal excepcional y pagan menos impuestos.

El reformado IRPF mantiene la injusta dualidad entre rentas del trabajo y del capital y reduce aún más los impuestos por beneficios del ahorro, que también favorece a grandes fortunas, pues los beneficios de capital en depósitos pagan según tres tramos con tipos impositivos muy alejados de los que gravan los ingresos por el trabajo. Baste decir que el tipo máximo es 27% a partir de 24.000 euros anuales de beneficio, lejos del tipo máximo actual en las rentas por el trabajo que es 47%.

ATTAC nació precisamente para luchar por un impuesto sobre las transacciones financieras (entonces, la Tasa Tobin) que no solo recaude sino que actúe como factor disuasorio de la especulación financiera. Quince años después, el capital continúa pagando muy pocos impuestos y la modesta victoria que ha supuesto el acuerdo -aún no aplicado- de establecer un reducido Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) en once países europeos, entre los que está España, queda oscurecida por el ataque que prepara el Tratado de Comercio e Inversión, que Estados Unidos y la Unión Europea negocian en secreto, y podría ser el freno definitivo a los impuestos sobre el capital.

Una reforma estrictamente electoralista

 La reforma fiscal del Partido Popular entra en vigor en 2015, año de elecciones municipales, autonómicas y generales. Una reforma sin duda electoralista que, fiel a la propuesta de cambiar algo para que todo siga igual, favorece a los ricos mostrando a la ciudadanía el señuelo de un ahorro escaso para algunos contribuyentes, pues solo una minoritaria franja recuperará algunos euros en tanto que los casi nueve millones de trabajadores y trabajadoras que cobran de 12.450 a 33.000 euros anuales serán quienes paguen la rebaja fiscal a las grandes fortunas, pues sus tipos impositivos aumentan de un cuarto de punto a un punto. Según estudios realizados por Funcas, el 30% de los contribuyentes no notará nada la rebaja fiscal publicitada en 2015.

La reforma fiscal del Partido Popular es regresiva, injusta e insuficiente y la ciudadanía necesita lo contrario: una fiscalidad justa, progresiva  y suficiente. Una fiscalidad según justicia y razón, que tenga en cuenta los ingresos y la riqueza de cada cual y que recaude para satisfacer los derechos y las necesidades de la ciudadanía y no,al revés, gastar según lo recaudado.

ATTAC Madrid

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¿Para qué sirve el Ejército español?

Wed, 09/07/2014 - 18:00

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Cualquier persona que haya tenido una mínima relación con las Fuerzas Armadas españolas sabe que en ellas trabajan quienes quizá sean nuestros empleados públicos mejor preparados. O, al menos, los que desempeñan su labor en las condiciones más difíciles y peligrosas, como demuestra el número de militares españoles que desgraciadamente han fallecido en acto de servicio en los últimos años. La sociedad lo sabe y por eso recurre a las Fuerzas Armadas cuando ocurren desastres o situaciones de emergencia que necesitan ser atendidas con la máxima disciplina y eficacia. Y buena prueba de ello es que, junto a la Policía y la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas son la única institución que merece un aprobado cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas nos pregunta a los españoles por la confianza que tenemos en las diferentes instituciones.

Sin embargo, el trato que los sucesivos gobiernos vienen dando a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes y el papel que se le ha impuesto en nuestra sociedad son una prueba más de que los intereses que defiende la política gubernamental no son los del conjunto de la población sino los de grupos de poder económico y financiero muy reducidos.

La Constitución española establece en su artículo 8.1 que las Fuerzas Armadas “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Pero eso no se cumple y las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada para que no sea así.

España no es una nación soberana porque las decisiones que se toman sobre las vidas y el patrimonio de sus ciudadanos se toman lejos de aquí y los españoles no podemos decidir acerca de lo que creemos que nos conviene o no.

España tampoco es independiente, precisamente por eso, porque no tiene autonomía para decidir sobre su futuro y porque los gobiernos elegidos por la voluntad popular están condenados de antemano a seguir los dictados de otras potencias extranjeras o incluso de grupos de presión nacionales que actúan por detrás de las instituciones para salvaguardar sus intereses.

La integridad territorial de España está en peligro no solo por las reclamaciones independentistas (que al fin y al cabo son expresión de una preferencia ciudadana) sino también por las desigualdades, por la desindustrialización, por la desertización de nuestra agricultura y por la destrucción del medio ambiente, que en realidad es la desintegración más terrible que puede sufrir un territorio.

Y el ordenamiento constitucional también ha sido pisoteado en multitud de ocasiones, impidiendo que los españoles disfruten los derechos allí establecidos o sometiendo su desarrollo o salvaguarda a los dictados de uno u otro partido político.

Resulta, pues, que nuestra soberanía e independencia y nuestro orden constitucional son violados sin que las Fuerzas Armadas hagan nada, y eso es así porque efectivamente eso ocurre hoy día no a través de agresiones militares sino económicas y financieras ante las que poco o nada pueden hacer los ejércitos convencionales.

Pero lo grave es que en esa situación las Fuerzas Armadas no han permanecido simplemente pasivas sino que se las ha desnaturalizado para convertirlas, por un lado, en una pieza más del entramado militar en el que se basa el poder imperial de Estados Unidos, es decir, en siervas de una potencia extranjera; y, por otro, en un simple negocio más del que se benefician precisamente las grandes empresas y los bancos que han acabado con la soberanía nacional y con nuestra independencia, y que han convertido a la Constitución en un simple papel mojado.

En lugar de ser las garantes de la soberanía y la independencia de la nación española nuestras Fuerzas Armadas han pasado a ser un apéndice de la gran industria militar mundial, dedicándose a desarrollar o producir tecnologías para guerras que los propios industriales van promoviendo con el único fin de justificar y rentabilizar sus inversiones, o fabricando armas para vender al mejor postor, aunque eso se haga a dictaduras que aniquilan los derechos humanos de la manera más vergonzosa e inhumana.

Y por si eso fuese poco, se utiliza a las Fuerzas Armadas para que alimenten constantemente el negocio de la deuda comprando los armamentos más sofisticados, aumentando así sin cesar los intereses que hay que pagar por ello a los bancos. El propio Secretario de Estado de Defensa del gobierno de Rodríguez Zapatero, Constantino Méndez, reconoció que no se debían de haber comprado “sistemas de armas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora” (aunque él mismo suscribió en plena crisis económica, en julio de 2009, un nuevo pedido de 20 nuevos aviones de combate EF-2000 por un valor de 1.400 millones más). Eso es lo que ha hecho que los ejércitos españoles hayan acumulado una deuda cercana a los 30.000 mil millones y que los españoles tengamos que pagar más de 1.000 millones de euros anuales como intereses de la deuda militar.

Ante esta transformación de nuestras Fuerzas Armadas lo gobiernos actúan con la misma estrategia que en otros ámbitos:

- Convierten el gasto militar en algo vergonzante y por ello recurren a trampas contables y mentiras de todo tipo para ocultar su verdadera naturaleza y magnitud porque saben que sería un escándalo que los españoles tuvieran plena conciencia, por ejemplo, de que se dedican miles de millones a armamentos inútiles mientras que faltan cantidades comparativamente irrisorias para que las unidades (si es que queda alguna) sean operativas (ver, por ejemplo, Las trampas que disfrazan el gasto militar en España en La Marea). O para que no se descubra la enorme generosidad a la hora de gastar en favor de la gran industria armamentística cuando al mismo tiempo la restricción de los recursos para el personal ocasiona accidentes y tragedias como las del Yak-42 en Turquía.

- Incumplir las propias leyes españolas y convenios suscritos por nuestro país con tal de exportar armas, por ejemplo, a Israel.

- Y, lo que quizá sea peor, la progresiva invisibilización de los ejércitos para que la población no sepa en qué tipo de negocio corrupto se han convertido, lo que antes llevó a acabar con el servicio militar y ahora, entre otras cosas, al tratamiento tan vergonzoso que suelen dar la clase política y el gobierno a la muerte en acto de servicio de militares españoles.

Mientras que el sacrificio de esos compatriotas merecería en cualquier otro país decente el máximo reconocimiento público, en España se trata de silenciar lo más posible para que la población no sea consciente de lo que nuestros responsables políticos han hecho con las Fuerzas Armadas solo para satisfacer los intereses de una gran industria o la voluntad imperial de Estados Unidos.

No hay que ser militarista, como a veces erróneamente se piensa, para reclamar que los ejércitos desempeñen en nuestra sociedad una función positiva en defensa de las personas, de la democracia y de la paz. Yo creo que hay que ser simplemente demócrata para poner sobre la mesa una exigencia básica: que las Fuerzas Armadas desempeñen en España la función que la mayoría de los españoles deseen y no la que le impongan los poderes económicos y financieros o cualquier potencia extranjera.

Artículo publicado en Público.es
Ganas de escribir

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No hay marcha atrás

Wed, 09/07/2014 - 13:00

Jaime RichartRebelión

Los tiburones, los depredadores, los canallas, los sin concien­cia han llevado las cosas tan lejos que el estallido social ya se ha producido. De momento sólo en formato político.

Es demasiada la ventaja que sacan puñados de individuos de esta sociedad, de una situación cada vez más insoportable. Y, después de haber hecho desaparecer por procedimientos “irre­prochables” a algún periódico molesto, los principales medios impresos de información se han unido al intento de laminación de los movimientos sociales, y más concretamente del ahora principal…

Aun así y vista la cuestión con la debida profundidad y una perspectiva casi telúrica, parece increíble que a estas alturas de la Historia no se hayan encontrado ni buscado otras fórmulas de organizar con equilibrio a la sociedad y cierta libertad que la del “consumo” sin pausa, tasa e interrupción. En la situación que atraviesa este país es indudable que el quid de la cuestión está en las profundas desigualdades, en los privilegios de unos y las carencias vergonzosas de otros, en el saqueo de lo pú­blico, en el tan extendido (pero evitable) sufrimiento, en la in­asistencia debida de la salud, en el carecer de un techo, en el verse obligado a vivir de la caridad o de la filantropía, en el ca­recer de empleo (un problema) o de ocupación (otro problema), en el proponerse este gobierno no dejar a la mujer en libertad para que decida si quiere o no quiere ser madre, en no asegurar el Estado a cada ciudadano y cada ciudadana una vida digna sin la adición a consumir bienes superfluos, en la sensación de vivir una esclavitud ilustrada… mientras grandes puñados de familias humanas viven despreocupadas y a todo tren. Pero partir de la base de que para que todo eso no suceda es preciso que el sector terciario de la economía, los servicios, tenga que ser alimentado como un alto horno, en tiempos que parecen propios del fin de la Historia es ya absolutamente descabellado.

Todo se agota: los mares, los bosques, el petróleo, la vida en equilibrio del planeta, los polos se derriten… Y todavía se hace pasar por que los ci­mientos de la sociedad sigan estando en “el consumo”; que en la so­ciedad todo pase por la compra y por la venta de artefactos camino de aplastarnos. Sí, porque cuando los pode­res y quienes se les en­frentan hablan de empleo, de creación de empleo, de empresa… no piensan en otra cosa que en “servi­cios” (la construcción ya es, o debe ser, marginal habida cuenta que fue la causa de la causa de la catástrofe y los 3 millones de viviendas vacías en este país. Es decir, en el tin­glado consi­guiente que siga consistiendo en eso, en tener di­nero para com­prar y para hacer que esta mermada, recortada y enteca ciuda­danía siga comprando y reemplazando enseres hasta morir. Si no, la economía y por ende la sociedad, no se sostienen… Es disparatado si somos ca­paces de zafarnos, aun­que sólo sea por momentos, de las ca­denas que paralizan a Prometeo.

Esta especie de desafío es dramático y forma parte del calle­jón sin salida que es el capitalismo y más concretamente el fi­nanciero. La otra “aporía” (en filosofía, dificultad insuperable que se opone a la razón) es la práctica imposibilidad de distri­buir la riqueza sin atentar contra la libertad de mercado. Es la paradoja de Aquiles y la tortuga: si se presiona fiscalmente lo necesario al dinero para una distribución equitativa de la ri­queza no es posible impedir, dentro del régimen de libertades económicas que propugna el capitalismo, la fuga de capitales, ni que sus poseedores escondan el capital debajo de un ladrillo. Aun haciendo desaparecer los paraísos fiscales es pre­cisa, siempre dentro de los parámetros de la economía tal como es concebida y aplicada, una conciencia social muy desarro­llada para no hacer improductivo el dinero o no destinarlo ex­clusi­vamente al lujo -no ya al bienestar- propio y personal. Y esta conciencia no existe en general dentro del sistema y mu­cho menos en España. Y esto no tiene solución o la solución re­quiere una elevación a otro plano de la conciencia y el paso de los siglos.

Desde luego si los futuros gobernantes imaginan que la solu­ción pasa por hacer fluir el crédito, en crear o sostener empre­sas para que la gente compre más coches y más casas, más co­sas y más humo… se equivocarán también. Lo que necesita este país y el mundo occidental es un cambio drástico de filosofía de vida, un retorno al aprecio de las cosas que no tienen pre­cio y sí infinito valor: la Naturaleza, la amistad, la conversación, las artes y las ciencias, el recreo y la ociosidad creativa. Si no buscan por ahí las soluciones, sus esfuerzos se­rán baldíos y este país y quizá el mundo entero acabarán como el rosario de la aurora y todo habrá sido inútil.

De todos modos, si es cierto que hasta ahora homo homini lu­pus (el hombre es lobo para el hombre) -Hobbes- y que todo ha ido en dirección contraria a la deseada por los bien naci­dos, es decir, enriquecerse unos pocos a costa de la inmensa mayoría, también pudiera suceder (al menos desde un punto de vista an­tropoló­gico o sociobiológico) otra cosa. Y es que lo que lla­mamos “cri­sis” pueda no ser consecuencia de un propósito perverso sin más. Quién sabe si no estamos ante la culminación de un pro­ceso inconsciente de quienes tienen las claves del po­der y por supuesto las del acceso al dinero, orientado instinti­vamente al frenado brusco del “consumo”, hasta ayer salvaje. Pero tampoco convirtiendo todo en mercancía, incluida salud y medicina (el propósito consciente), es posible continuar. Ya lo “tenemos” todo. Lo que nos corresponde ahora es encontrar la fórmula para que “todo” llegue a todos sin que el consumo, el despilfa­rro y el crédito para satisfacer a ambos sean el eje alre­dedor del que inevitablemente deban gravitar la economía y a la postre el pensamiento de estas sociedades y de quienes las integramos.

Creo, humildemente, con la humildad de quien no pretende nada excepto argumentar con la razón pura y preservar en lo posible a las generaciones futuras, que estos movimientos so­ciales emergentes que sus adversarios sitúan convencional­mente en la izquierda, habrán de tener en cuenta todo esto que digo. Que lo deberán tener en cuenta… si desean soluciones, que habrán de ser muy complejas para el trance complejo que atraviesan estas sociedades complejas, y tener una gran ampli­tud de miras una vez que estén al frente del Poder.

En definitiva, que el reto no está en el empleo, en crearlo y tenerlo, para consumir y luego para que el consumo a su vez sea el factor de la creación de empleo; que el reto está en conseguir una sociedad solidaria sin que esos factores sean indispensables por inevitables; que el reto de la sociedad está en conseguir que todo el mundo esté ocupado en su afición y en hacer del ocio creativo el fin de la sociedad, no en tener empleo y dejarse la piel para que otros vivan con opulencia. En suma, que el principio rector del individuo y de cada sociedad ya no sea el funesto y pésimamente interpretado ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente.

Jaime Richart es Antropólogo y jurista.

 

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La reforma fiscal de Montoro es claramente electoralista

Wed, 09/07/2014 - 09:00

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

La reforma fiscal de Montoro que entrará en vigor en 2015 es una medida claramente electoralista (algo que ya ha señalado la Comisión Europea al considerarla muy sospechosa por estar tan próxima a las elecciones municipales). Hay dos motivos principales para argumentarlo:

1)      El impacto en la recaudación fiscal será mínimo. Según los técnicos de Hacienda se recaudará sólo un 6,8% menos en comparación con el año 2014. Esto quiere decir que el ahorro para los contribuyentes también será exiguo, del orden de 173 euros al año de media. Por lo tanto, se trata de una reforma superficial, encaminada más a poder vender que se han bajado los impuestos que a otra cosa.

2)      El objetivo que dice perseguir el gobierno (mejora de la capacidad adquisitiva de la población) parece una broma de mal gusto cuando este mismo gobierno aumentó el IRPF notablemente nada más llegar al poder, subió el IVA, los impuestos de los carburantes, tabaco y bebida, no para de recortar en educación, sanidad, subsidios, prestaciones sociales, sueldos y pensiones. Después de más de dos años minorando el flujo de ingresos que recibimos los ciudadanos o directamente extrayendo dinero de nuestros bolsillos nos vienen con el cuento de que lo que pretenden con esta reforma fiscal es aumentar nuestra capacidad adquisitiva. No cuela.

No podemos olvidar que el IRPF afecta sólo a aquellas personas que tienen rendimientos del trabajo o del capital, los cuales suman 19,3 millones en una población de 46. El resto de ciudadanos ni siquiera se ve beneficiada de esta “rebaja impositiva”. Por lo tanto, intentan vender como una estupenda noticia que les bajen un poco el IRPF a unos pocos mientras el resto de figuras impositivas –que afectan a toda la población, como el IVA– no disminuyen sino que incluso continúan aumentando.

Además, esta reforma fiscal ni siquiera es progresiva (justa en términos fiscales, donde pagan más proporcionalmente los que más renta tienen), sino que la reducción de impuestos afecta tanto a los menos acaudalados como a los más pudientes. Sobre todo si tenemos en cuenta que se les ha bajado el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades únicamente a las grandes empresas y que las rentas del capital (que sólo son percibidas por una pequeña capa de la población –la más adinerada) también tributan menos. Un ejemplo claro: tras la reforma, quien obtenga más de 1.000.000 de euros en dividendos por sus acciones pagará proporcionalmente igual que un trabajador o autónomo que gane 50.000 euros. Y no olvidemos que sólo el 11% de la población tiene acciones que cotizan en bolsa y que además está conformada por las familias con más recursos.

Por si fuera poco, cuando uno rebusca entre todas las medidas incorporadas en la reforma fiscal se encuentra con numerosas subidas de impuestos que han pasado desapercibidas. Montoro sólo se ha centrado en anunciar dónde va a bajar los impuestos, pero no dónde los va a subir.

¿Dónde van a aumentar los impuestos?

-En las indemnizaciones por despido improcedente. En la actualidad la ley permite que cuando un trabajador es despedido de forma improcedente no tenga que pagar impuestos por el dinero que recibe en forma de indemnización (para el resto de despidos sí hay obligación de tributar por las indemnizaciones). Cuando esta reforma entre en vigor, en todos los tipos de despidos habrá que pagar impuestos por la indemnización recibida (excepto en las indemnizaciones por debajo de los 2.000 euros). Es decir, se trata de una subida de impuestos encubierta.

-En los alquileres de vivienda. La legislación actual permite a todo aquel que viva en alquiler pagar menos impuestos por IRPF (especialmente los jóvenes con bajos ingresos). A partir de 2015 la cuantía que podrán dejar de pagar en impuestos será menor, y mucho menor en el caso de los jóvenes con pocos ingresos. Por lo tanto la recaudación aumentará; es una subida de impuestos.

-En la obtención de ingresos irregulares. Aquellos contribuyentes que reciben ingresos con periodos de generación superior a un año o que son obtenidos de forma irregular pueden hoy día pagar menos impuestos por IRPF. Tras la reforma, la cuantía que pueden dejar de pagar será menor. Otra subida de impuestos.

-En las ganancias de dividendos. Hoy día quien obtiene dividendos no paga impuestos por los primeros 1.500 euros. Si recibe 1.500 euros o menos en dividendos, no paga impuestos. Si recibe más de 1.500 euros, sólo paga impuestos por los euros que excedan esa cantidad. Tras la aplicación de la reforma fiscal habrá que pagar impuestos por todos los euros recibidos en forma de dividendos. Es otra subida de impuestos.

-En las aportaciones a planes de pensiones privados. La legislación actual le permite pagar menos impuestos en IRPF a todo aquel que contraiga un plan privado de pensiones. La cantidad máxima que pueden utilizar para luego pagar menos impuestos es de 10.000 euros, mientras que tras la reforma fiscal será de 8.000 euros. Es decir, que estos contribuyentes ahora tendrán que pagar algo más en impuestos.

-En la reducción de rendimientos del trabajo. En la actualidad todo aquel trabajador que ingrese 6.500 euros procedentes de rentas diferentes del trabajo y que gane más de 14.450 euros goza de una bonificación que les permite pagar algo menos de impuestos. Esta bonificación desaparece con la aplicación de la reforma fiscal.

Saque de esquina

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Legitimidad perdida del sistema

Wed, 09/07/2014 - 07:02

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violar el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos, pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos o miles.En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la criminalidad de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la élite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la ONU ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por veinte votos a favor, catorce en contra y trece abstenciones. De los catorce votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales.En ese panorama, documentos revelados por Wikileaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y cincuenta países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera. Facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese TISA se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y once países costeros del océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el saqueo.La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido de que, si se firma el TISA, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y, si se acuerda el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y estados que propone ese tratado es una patente de corso para que las multinacionales impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar una avalancha de sufrimiento colectivo.Gobiernos y voceros al servicio de las élites arguyen que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa las más de las veces, la ciudadanía no solo tiene el derecho sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos.Periodista y escritorArtículo publicado en alainet.orgxacata.wordpress.com
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La Deuda vista por Éric Toussaint

Wed, 09/07/2014 - 07:00

Conferencia pública de Éric Toussaint en una plaza en Madrid, organizada por Podemos Caudal.

Éric Toussaint es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia

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Michel Foucault: una nueva imaginación política

Tue, 08/07/2014 - 18:00

Amador Fernández-Savater – eldiario.es

Una escena puede servirnos para arrancar esta reflexión sobre la actualidad del pensamiento político de Michel Foucault, en el treinta aniversario de su muerte.

A finales de 1977, socialistas y comunistas discuten la elaboración de un “programa común” para presentarse conjuntamente a las elecciones generales francesas de marzo 1978.

Ha llegado ya el momento, piensan algunos, de traducir la revuelta de Mayo del 68 en una victoria electoral e institucional a través de la necesaria “unidad de la izquierda”. Es hora de la “política con mayúsculas” y de las cosas serias, tras tanta autogestión, tanta democracia directa y tanta autoorganización, inconsistentes para transformar la realidad.

Al mismo tiempo, dos publicaciones organizan un encuentro entre personas comprometidas en la intervención en ámbitos específicos de la sociedad como la educación, la asistencia sanitaria, el urbanismo, el medio ambiente o el trabajo.

Michel Foucault, tal vez la estrella más luminosa en el firmamento intelectual del momento, acude al encuentro y se inscribe en el taller “medicina de barrio”. Le Nouvel Observateur (nº 670) recoge sus impresiones al finalizar los trabajos en una breve entrevista titulada: “Una movilización cultural”. Entre otras cosas, Foucault dice:

“Yo escribo y trabajo para personas como las que están ahí en ese taller, gentes nuevas que plantean preguntas nuevas. Son las preguntas de las enfermeras o de los guardias de prisiones las que deberían interesar a los intelectuales. Son infinitamente más importantes que los anatemas que se lanzan a la cabeza los profesionales de la intelectualidad parisina. ”

“Durante los dos días de intensos debates y discusiones profundamente políticas, ya que se trataba de cuestionar las relaciones de poder, de saber, de dinero, ninguno de los treinta participantes del grupo ‘medicina de barrio’ usó las palabras ‘marzo 1978′ o ‘elecciones’. Esto es importante y significativo. La innovación ya no pasa por los partidos, los sindicatos, las burocracias, la política. Se trata de un cuidado individual, moral. Ya no preguntamos a la teoría política qué hacer, ya no son necesarios los tutores. El cambio es ideológico, y profundo”.

“Un gran movimiento se ha activado durante estos últimos quince años, del que la anti-psiquiatría es el modelo y Mayo del 68, un momento. En las capas que una vez garantizaban la felicidad de la sociedad, como por ejemplo los médicos, ahora hay poblaciones enteras que se vuelven inestables, que se ponen en movimiento, en búsqueda, fuera del vocabulario y las estructuras de costumbre. Es una… no me atrevo a decir revolución cultural, pero sin duda una movilización cultural. Políticamente irrecuperable: se siente que en ningún momento el problema para ellos cambiaría si hubiese un cambio de gobierno. Y eso me alegra.” 

El gesto es altamente provocador. Para el filósofo más grande, un modesto taller es más relevante que la discusión sobre el “programa común” de socialistas y comunistas, es ese taller lo que está en línea directa con Mayo del 68 y no la posible victoria electoral del frente de izquierdas, la invención política pasa por un pequeño grupo de gente que se muestra indiferente al cambio eventual de gobierno. Como si estar “a la altura del momento” consistiese en colocarse muy abajo, como si “la política con mayúsculas” se escribiese en realidad con minúsculas.

Provocador sí, pero no caprichoso. El gesto de Foucault es perfectamente coherente con sus desarrollos teóricos de la época. ¿Qué entendía entonces Foucault por poder (si no se trataba del poder político)? ¿Cómo pensaba las resistencias (por fuera del paradigma del partido)? ¿En qué consistía para él una aportación intelectual a las prácticas de emancipación (si no pasaba por firmar manifiestos u opinar sobre la coyuntura)?

Poder, saber y resistencias son tres problemas fundamentales a lo largo de toda la trayectoria del filósofo francés. No soy especialista en su obra, ni me atrevería a intentar restituir en unas pocas líneas toda la complejidad de su meditación sobre estos problemas, pero querría apuntar algunos elementos para tratar de entender mejor dónde residía el valor de esa “movilización cultural” y en qué sentido me parece que la seguimos necesitando hoy.

En primer lugar, la cuestión del poder

“En el pensamiento y el análisis político, aún no se ha guillotinado al rey”, escribe Foucault en 1976. ¿Qué significa eso? Foucault alude aquí a la figura de un poder majestuoso, concentrado en un lugar determinado, siempre lejano y en lo alto, que irradia verticalmente su voluntad sobre sus súbditos/víctimas.

Se sustituye al rey por el Estado, el imperio de la ley o la dominación de clase, pero se reproduce una forma de entender el poder: una especie de “sala de mandos” situada en la cúspide de la sociedad. Todo el trabajo de Foucault apunta a romper ese esquema conceptual/mental.

En lugar de un poder que se concentra o se deduce de las grandes figuras (Estado, ley, clase), Foucault nos propone pensarlo como un “campo social de fuerzas”. El poder no desciende de un punto soberano, sino que viene de todos los lados: millares de relaciones de fuerza atraviesan y configuran nuestra forma (práctica) de entender la educación, la salud, la ciudad, la sexualidad o el trabajo.

Esas relaciones de fuerza no se codifican únicamente en términos jurídicos (lo que se puede y no se puede hacer según la ley), sino que consisten en una pluralidad infinita de procedimientos extra-legales que funcionan ajustando los cuerpos y los comportamientos a normas (diferentes de una ley). Pensemos por ejemplo en una prisión: su ley explícita dice que se trata de un espacio para la reinserción del preso en la sociedad, pero mil procedimientos cotidianos producen algo bien distinto: un marcaje, una estigmatización del delincuente como delincuente, una exclusión. El análisis exclusivamente jurídico del poder es ciego a esas fuerzas determinantes.

En ese campo social de fuerzas hay, sin duda, “puntos de especial adensamiento”: el Estado, la ley, las hegemonías sociales… Son los nodos más grandes de la red de poder. Pero Foucault nos propone pensarlos (invirtiendo radicalmente la perspectiva normal) como “formas terminales”. Es decir, no tanto causas como efectos del juego de las relaciones de fuerza. No tanto instancias primeras y generadoras, como segundas y derivadas. Perfiles, contornos, puntas de un iceberg… Los aparatos estatales, las leyes y las hegemonías sociales son las figuras visibles que se recortan sobre el fondo oscuro y en permanente ebullición de la pelea cotidiana.

Formas terminales, pero no pasivas. Las figuras visibles del poder son el resultado del campo social de fuerzas y se apoyan en él, pero a la vez lo fijan (aunque nunca definitivamente). Es decir, encadenan distintas relaciones de fuerza concretas y locales produciendo de ese modo efectos globales y estrategias de conjunto. Una cita muy clara de Foucault al respecto, discutiendo con el marxismo dominante en los años 70: “No me parece que sea la clase burguesa (o tales o cuales de sus elementos) la que impone el conjunto de las relaciones de poder. Digamos que esa clase las aprovecha, las utiliza, las modifica, trata de intensificar unas y de atenuar otras. No hay, pues, un foco único del que todas ellas salgan como si fueran por emanación, sino un entrelazamiento de relaciones de poder que, en suma, hace posible la dominación de una clase social sobre otra, de un grupo sobre otro”.

En la famosa entrevista de Jordi Évole a Pepe Mujica, el presentador catalán le preguntó al presidente uruguayo si había cumplido su programa electoral: “Qué va”, contestó riendo Mujica, “¿usted cree que un presidente es un rey que hace lo que quiere?” Y le vino a dar a Évole una pequeña “lección foucaultiana” explicándole cómo lo que puede y no puede hacer el poder político está condicionado por el campo social de fuerzas (el entramado jurídico que construye el neoliberalismo a su medida, los mismos deseos y expectativas de los sujetos sociales, etc.).

El poder no es un objeto que se encuentre en un lugar privilegiado que se pueda ocupar o asaltar: el paradigma revolucionario hegemónico en el siglo XX entra aquí en crisis. Sin relación con el campo social de fuerzas, ese lugar está vacío y ese poder es impotente. Hay que repensarlo todo de nuevo, no para desechar la exigencia revolucionaria, sino para reactivarla desde una mirada nueva.

En segundo lugar, la cuestión de las resistencias

“Allí donde hay poder, hay resistencias”, reza una célebre máxima foucaultiana. La idea de que el poder no se concentra en un único punto (los dirigentes, la casta política, etc.), sino que se genera y brota desde todos los rincones de la sociedad no es una tesis pesimista sobre la omnipotencia de la dominación. Al contrario: definir el poder como una relación de fuerzas significa entenderlo como la relación entre una acción y otra acción. Una acción de mando y otra acción que le responde. La fuerza no se ejerce sobre un objeto pasivo, sino sobre otra fuerza siempre capaz de acción y de una respuesta no previsible.

En una entrevista de 1977, Foucault llama “la plebe” a todas esas resistencias. En primer lugar, la plebe es una respuesta concreta, local y situada a un procedimiento de poder igualmente concreto, local y situado. Ahí está de hecho su potencia: responde al poder allí donde se ejerce y no en otro lado. “La plebe es menos el exterior de las relaciones de poder que su envés, su límite, su contrapunto; es lo que responde a cualquier avance del poder con un movimiento para deshacerse de él”.

En segundo lugar, la plebe no es una realidad sociológica (aquellos que comparten condición social o intereses), sino más bien una falla en las identidades dadas. No es el pueblo, ni los pobres, ni los excluidos: “hay plebe en los cuerpos, en las almas, en los individuos, en el proletariado, también en la burguesía, pero con una extensión, unas formas, unas energías y una irreductibilidades diversas”. No hay división binaria entre el bloque de poder y el bloque de las resistencias: poder y resistencia lo atraviesan todo (y a cada uno).

Por último, la plebe no es una sustancia, sino una acción. “La plebe no existe pero hay plebe”. Como cuando decimos “la amistad no existe, pero hay pruebas de amistad”. Es algo que pasa o simplemente no existe. Es un hecho, una manifestación, un acontecimiento.

¿Puede “organizarse” la plebe, una realidad tan móvil, heterogénea y compleja? La respuesta es sí. Igual que el poder encadena y entrelaza distintas relaciones de fuerza concretas y locales produciendo estrategias globales, las resistencias pueden ser “codificadas estratégicamente” produciendo efectos generales: revoluciones.

¿Cómo? Se trata de evitar al menos dos inercias a la hora de pensar la organización: 1) la simplificación (sólo puede organizarse lo idéntico) y 2) la separación (para organizarse hay que “salir” de los lugares concretos donde las resistencias se desarrollan). Los “sujetos políticos” que hemos conocido a lo largo del siglo XX (el partido político o el grupo armado) siguen ese modelo: pensándose a sí mismos como la cabeza y la articulación de las resistencias, se construyen en realidad como espacios homogéneos, cerrados y aislados de los mundos donde las resistencias viven.

¿Entonces? Se trataría de reimaginar la organización en términos de “circulación” entre los distintos puntos de resistencia. Asumir el carácter disperso y situado de las resistencias, no como un obstáculo a conjurar, sino como una potencia. Pensar, no de qué manera englobar las resistencias bajo formas centralizadas y sin relación orgánica con sus mundos, sino cómo construir “lazos transversales de saber a saber, de un punto de politización a otro, los cruces y los intercambiadores”.

La plebe se organiza comunicando y extendiendo sus prácticas de resistencia. Seguramente, si Foucault disfrutó tanto esos talleres de 1978 fue porque abrían un espacio donde las resistencias podían encontrarse y compartir sin poner entre paréntesis sus diferencias y sus mundos propios.

 Y por último, la cuestión del saber

“Cada vez que intenté hacer un trabajo teórico, lo hice a partir de elementos de mi propia existencia, siempre en relación con procesos que yo veía desarrollarse en torno a mí”, explica Foucault. Para elucidar la experiencia vivida, Foucault podía irse realmente lejos en el tiempo y el espacio (siglos remotos, personajes oscuros, textos perdidos), pero toda su erudición está puesta al servicio de pensar los “problemas, las angustias, las heridas y las inquietudes” del presente.

Es la diferencia entre pensar al pie de la calle y pensar al pie de la letra. En el pensar al pie de la letra, los libros remiten a libros. En el pensar al pie de la calle, los libros resuenan con los problemas de la vida individual y colectiva.

Uno sale más fuerte, más inteligente, más alegre después de leer a Foucault y sin embargo él no hace sino complicarlo todo. ¿Cómo es posible? Mi intuición es esta: la alegría en el pensamiento no tiene que ver con lo reconfortante de las conclusiones a las que se llega, sino con el hecho de descubrirnos capaces de llegar a un sitio por nosotros mismos. Es una experiencia que deja una huella duradera: si hemos sido capaces de pensar algo (lo que sea) por nosotros mismos, podremos volver a hacerlo.

Es lo contrario de lo que Foucault llamó “la posición profética”, asociándola a menudo al marxismo: un pensamiento movilizador que en realidad consigue la desmovilización del pensamiento. ¿Cómo? 1) Confundiendo la necesidad histórica y los objetivos a alcanzar, como si estos estuviesen ya escritos en el curso mismo de lo real (“llega el fin del capitalismo”, etc.); 2) tapando “el aspecto sombrío y solitario de las luchas”: las dificultades, las contradicciones y los claroscuros de la realidad, las fases de silencio e invisibilidad en las que una lucha no goza del protagonismo mediático o la atención de los focos; y 3) buscando todo el rato nuestra adhesión a unas tesis, pero sin requerirnos ningún tipo de trabajo personal.

En lugar de la posición profética de superioridad, que es como la voz en off que describe lo que pasa sin que sepamos nunca de donde sale, Foucault entiende la teoría como una “caja de herramientas”. No como un sistema teórico válido siempre, sino como un instrumento adecuado para descifrar la lógica propia de una relación de fuerzas concreta. No como un diagnóstico cerrado y perfecto, sino como lentes que uno debe aprender a graduar por sí mismo. Un pensamiento inacabado que requiere (en los dos sentidos) la activación del otro. “Querría producir efectos de verdad que sean tales que puedan utilizarse en una batalla posible, conducida por quienes lo deseen, en formas por inventar y organizaciones por definir, dejo esa libertad al término de mi discurso a quien quiera hacer algo con ella”.

El intelectual (cualquiera) que entiende la teoría como una caja de herramientas no es un gurú, un oráculo ni un guía, sino lo que Foucault llamó un “intelectual específico”. No el portavoz de valores universales, sino de situaciones concretas. No quien traza líneas a seguir, sino quien aporta herramientas que pueden usarse libremente. No la voz en off que todo lo sabe, sino la prolongación de la potencia de una lucha.

Pensar en plural

En esos talleres de 1978 se desarrollaron discusiones “profundamente políticas”, pero sin embargo Foucault preferió hablar de “una movilización cultural”. ¿Por qué? Creo que lo que Foucault percibió allí fue una modificación en las maneras de ver y pensar. Es decir, un cambio cultural o de paradigma. Algunos elementos de la “nueva imaginación política” que él reclamaba.

Podríamos tal vez definir así uno de esos elementos: pensar en plural. Por ejemplo, no entender el poder como un monopolio del Estado, sino como un campo social de fuerzas. No entender las resistencias como un monopolio de los partidos políticos, sino como posibilidades al alcance de cualquiera, en cualquier lugar. No entender el saber como un monopolio de los especialistas y las Voces Explicadoras, sino como una caja de herramientas sin autor ni propietario, de la que todos podemos servirnos y a la que todos podemos aportar.

Nuestro momento histórico es por supuesto muy distinto de los años 70, pero ¿no sigue siendo imperiosa la necesidad de pensar en plural, sin centro? ¿Pensar y hacer el cambio social, no como algo que pasa por un solo plano (partidos-elecciones-poder político), sino a través de una pluralidad de tiempos, espacios y actores?

Un criterio para distinguir entre “vieja política” y “nueva política” podría ser, mejor que un simple criterio temporal, esta clave: pensar en plural o pensar en uno mismo (como centro).

Así, la vieja política sería aquella que re-centraliza todo el tiempo, absorbiendo todas las energías sociales en torno a unos pocos tiempos, lugares y actores. Esos pocos centros acumularían poder a costa de la pasividad y la desertización del resto (siempre en nombre de la eficacia, etc.).

Por su lado, la nueva política sería la que que vacía una y otra vez el centro potenciando lo demás. La que abre posibilidades de intervención política en lugar de acotarlas a unos espacios privilegiados, la que multiplica las capacidades de cualquiera (de hacer, de decir, de pensar) en lugar de producir espectadores, la que activa conversaciones y no monólogos.

Una de las lecciones foucaultianas que podemos recoger hoy es que la madurez del pensamiento político no consiste en pasar de lo pequeño a lo grande o en “saltar” de las calles a las instituciones (ni en lo contrario), sino en guillotinar por fin al rey e inventarnos lenguajes y mapas para empujar un cambio que será (en) plural o no será.

Textos relacionados:

“Fuerza y poder. Reimaginar la revolución”

“Notas para una política no estadocéntrica”  

“El anarquismo como catapulta: entrevista con Tomás Ibañez”

Algunas referencias que sirvieron para este artículo:  

La voluntad de saber, Michel Foucault, editorial siglo XXI

Un diálogo sobre el poder, Michel Foucault, Alianza Editorial

El poder, una bestia magnífica, Michel Foucault, Siglo XXI

Foucault y el poder, Gilles Deleuze, Errata Naturae

Esto no es un programa, Tiqqun, Errata Naturae

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Medios de comunicación, internet y cambio democrático

Tue, 08/07/2014 - 13:00

Ramón Zallo Elguezabal - Vientosur.info

En el imaginario progresista los media tienen funciones de desarrollo democrático. Se les atribuyen subfunciones de distribución de información profesional, entretenimiento constructivo y generación de opinión pública que redundarían en vínculo social, actualización de las identidades culturales y nacionales, vigilancia y contrapeso en tareas de legitimación institucional, mediación social y auto-regulación sistémica.

Desajuste histórico de los media

Sin embargo, es una constatación colectiva que los media tradicionales han dado la espalda a la diversidad social, a las tareas de vigilancia de los poderes (solo acompañan al gobierno o a la oposición afín) y a la función de espejo y mediación social. En general, y a pesar de los profesionales, producen una información intencional que mezcla hechos, opinión y propaganda debido a sus fuertes y funcionales lazos, especialmente en el modelo mediterráneo mediático (interdependencia de medias y partidos, sin perjuicio de su funcionalidad para las élites económicas por la vía de la propiedad, la publicidad o la financiarización).

Hay un factor que facilita esa deriva. Casi sólo una elite económica puede saltar la barrera de entrada de la fuerte inversión para producir comunicación masiva. Desde ahí lo normal es que gestionen un interés colectivo en beneficio de parte. No hay, así, una correspondencia entre la foto de la estructura social o del mapa electoral y el mapa de la propiedad del sistema de medios.

Esta anomalía de las sociedades democráticas apenas si tenía remedio en el campo de la prensa. Las empresas privadas han sido demasiado poderosas y no forma parte de la tradición occidental la existencia de medios públicos de prensa. A lo más cabía conquistar espacios desde la profesión en forma de Consejos de Redacción.

El proceso de democratización de los medios pudo abrirse camino en Europa mediante la apuesta por los servicios públicos en el momento de la emergencia, primero de la radio y luego de la TV. Sin embargo, cuando se asentaron los servicios públicos, algunos se gubernamentalizaron y se produjo una demanda de apertura del espacio de RTV a los capitales privados. Iniciado este último proceso en los 70-80 sin estar resuelta la crisis de identidad y legitimidad de los servicios públicos, la desregulación favorable a los intereses privados abocó, de nuevo, a un dominio privado de los espacios mediáticos y a una minorización de los medios públicos.

Todo ello hay que enmarcarlo en los procesos de la globalización e internacionalización de los flujos comunicativos de los años 70, la liberalización de los sistemas públicos con concentración privada y formación de Grupos de los 90 y la financiarización de los media en la década pasada (una toma de control directa de los media desde el mercado financiero).

Pero la más reciente digitalización en accesos a la información, en lugar de ampliar la demanda de información pagada, ha acelerado la crisis de las empresas de prensa, radio y de no pocas televisiones. A la caída de la difusión de pago y de la publicidad, se añade la inadaptación de la información y del periodismo a la sociedad actual y al cambio digital de usos.

Es decir, a principios del siglo XXI de nuevo estamos en las mismas que a principios del siglo pasado. Pero la competencia les viene a los medios de un doble foco: los nuevos intermediarios digitales -los “señores de las redes”- y el usuario tecnológicamente competente que casa uso de la red y visibilidad social.

Deterioros democráticos

Paralelamente a este mapa insatisfactorio, percibido como tal por la población, se ha producido una crisis de legitimación de las democracias representativas por distintas razones: demandas ciudadanas insatisfechas, rutinas electorales e institucionales, partitocracias, corrupciones, divisiones de poderes sólo formales, decisiones orientadas por el capital financiero desde fuera del sistema democrático, inoperancia de la gestión vertical o paternalista de la opinión pública…

Se ha ido produciendo, así, una oleada de desafección social cuando no de indignación activa, mezclada con un nuevo interés por lo público y colectivo. Desafección no equivale a desinterés ciudadano. La solidaridad es un valor en alza. Tras el 15M va tomando cuerpo la exigencia de tránsito desde la democracia procedimental a la representativa, deliberativa y participativa. El 22M lo ha dejado claro.

Se dan las condiciones para una ciudadanía cívica que exige nuevas reglas para lo colectivo: transparencia,responsiveness -respuesta a las demandas ciudadanas- y accountability -rendición de cuentas-. Pero, además, los ciudadanos reclaman el derecho a participar, afirmándose como comunidad que se autogobierna. Es un cambio de concepto. La delegación asignada a electos estaría condicionada a la interacción social para las decisiones colectivas.

Mientras que la mera gobernanza escucha a los actores sociales y el sistema institucional asume las decisiones sobre los recursos, una democracia deliberativa, aun partiendo de la representación por delegación, la apuraría (listas abiertas, responsabilidad ante electorados, consultas frecuentes y sin miedo, descentralizaciones…) y atendería a los procesos locales de participación, ampliando los ámbitos de codecisión en sociedades de alto nivel de conocimiento.

Por ello, la crisis de legitimación democrática y el desplazamiento de la política por las finanzas es paralela a la crisis de funcionalidad del sistema de medios tradicional, y ambas afectan a una autorregulación estable del sistema. ¡Houston, tenemos un problema!

La era digital y sus oportunidades

A modo de rotura de ese doble nudo gordiano –crisis mediática y crisis democrática- los usos sociales de la digitalización en curso ponen en cuestión la verticalidad de las comunicaciones y afloran formas comunicativas horizontales que desplazan, en parte, a los media convencionales generando nuevos focos para la confección de la agenda informativa. Ésta deja de estar solo en las manos de los media. Asimismo emergen nuevas formas de entretenimiento que ya no pasan necesariamente por las industrias culturales profesionalizadas. Les disputan el tiempo social de atención los social media, la comunicación a pares, loscommons, la “cultura libre”, el video amateur (Youtube) o las redes protocolizadas por los nuevos intermediarios digitales como los mediadores no editoriales (plataformas como Facebook o Twitter) y los grandes buscadores que compactan toda clase de accesos, incluida la información de los media.

El resultado no es la resolución de los problemas del modelo mediático sino una fragmentación con globalización hiperconcentrada en pocas plataformas y, paradójicamente, una horizontalización social del mapa de comunicaciones.

La opulencia comunicativa de la era digital, el interés de la ciudadanía por la información y su capacidad de generar contenidos –se ha apropiado de la tecnología– trae una proliferación de comunidades virtuales –todo lo débiles que se quiera– y un nuevo tipo de autoorganización en miríadas de redes que conforman una multitud cada vez más inteligente. Paralelamente, surgen medios on line, baratos y eficaces, que espolean a los grandes media a un periodismo más profesional y comprometido.

Con Internet cabe así mayor participación, debate y deliberación. Pero su rol no es automático; es ambivalente mientras no se traslade a la sociedad como tal, a la geoesfera. La red puede ser una fantástica herramienta pero tiene su cruz para la democracia: la información no contrastada, la propaganda, el manejo de emociones de la inmediatez, las estrategias de desinformación…. Así es que los consensos y las hegemonías en los proyectos colectivos no pueden ser la suma o cruce de opiniones en una ciberdemocraciaclicktivista, sino el resultado, desde procedimientos aceptados, del contraste político entre legitimidades confirmadas en la representación y en la movilización. La red puede ayudar cualitativamente a la autoorganización social, pero no sustituir a la democracia.

En suma, una nueva comunicación de una democracia deliberativa pasaría por un doble rasero: por un lado, la democratización de la red y de la estructura de medios de comunicación, con la promoción de la información y comunicación multimedia on line de calidad y la exigencia de un pluralismo comunicativo organizado, incluyendo el desarrollo de los servicios públicos, así como una comunicación horizontal que permita multiplicar los espacios codecisionales. Por otro lado, se trata de relegitimar la democracia representativa mediante calidad (listas abiertas, fiscalización de electos); derecho de consultas en los distintos ámbitos de decisión; descentralización y gobernanza multinivel; y la promoción de la autoorganización social participativa.

Todo ello redundaría en la renovación del contrato de ciudadanía, en la recuperación del lugar de la información periodística y en un nuevo y libre espacio de comunicación social horizontal.

Ramón Zallo Elguezabal es Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

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Comunicado de prensa: Manifiesto «Última llamada»

Tue, 08/07/2014 - 09:00
07/07/2014 / asociaciontouda

La sociedad, y especialmente los nuevos partidos y proyectos alternativos, tienen que tomar conciencia de los límites del crecimiento

ÚLTIMA LLAMADA: UN MANIFIESTO POR LA TRANSFORMACIÓN DE MODELO FRENTE A LA CRISIS ECOLÓGICO-SOCIAL

Ada Colau, Alberto Garzón, Juan López de Uralde, Pablo Iglesias o Xosé Manuel Beiras entre los más de 250 primeros firmantes

“Última llamada” es el título de un manifiesto hecho público hoy en el que se reclaman propuestas de cambio más audaces para hacer frente a una crisis ecológica que afecta a todos los ámbitos y provoca injusticias sociales. Más de 250 académicos, intelectuales, científicos, activistas y políticos han firmado un documento dirigido especialmente a los proyectos sociales y políticos alternativos. No valen recetas antiguas, es precisa una gran transformación.

ultima-llamada-v0-2-640x927Ada Colau, Alberto Garzón, Antonio Turiel, Antonio Valero, Arcadi Oliveres, Belén Gopegui, Cayo Lara, Enric Duran, Esther Vivas, Ferrán Puig Vilar, Florent Marcellesi, Joan Herrera, Joan Martínez Alier, Joaquín Araujo, José Manuel Naredo, Juan Diego Botto, Juantxo López de Uralde, Justa Montero, Marina Albiol, Olga Rodríguez, Pablo Iglesias Turrión, Teresa Forcades, Teresa Rodríguez, Xosé Manuel Beiras o Yayo Herrero figuran entre las personas que han suscrito el documento.

“Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible”, explica el manifiesto. Se agotan los recursos naturales y energéticos y se rompen los equilibrios ecológicos de la Tierra. La crisis ecológica no puede esperar ni es un tema parcial.

“Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías ecoeficientes, ni una supuesta “economía verde” que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales”. En el manifiesto se subraya la necesidad de una gran transformación que rompa con las inercias del modo de vida capitalista, basado en el consumo, y con los intereses de grupos privilegiados.

Pensadores y escritoras, representantes de movimientos sociales, del ámbito feminista y el universitario, de sindicatos y partidos políticos se han suscrito este documento abierto que quiere llamar la atención sobre la oportunidad que se abre en la actualidad.

El manifiesto hace referencia al “despertar de dignidad y democracia que supuso el 15M”, que “está gestando un proceso constituyente que abre posibilidades para otras formas de organización social”.

Pero es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las implicaciones que suponen los límites del crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces, reclama el documento. No valen antiguas recetas, porque “la crisis de régimen y la crisis económica sólo se podrán superar si al mismo tiempo se supera la crisis ecológica”.

“Última llamada” subraya la urgencia para emprender la gran transformación. “A lo sumo tenemos un lustro para asentar un debate amplio y transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables”.

El manifiesto, que pretende abrir un amplio debate en los proyectos sociales y políticos en construcción, aspira a “ganar grandes mayorías para un cambio de modelo económico, energético, social y cultural.”

El manifiesto puede leerse en y firmarse online

 

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Guanyem Barcelona y más…. ¡Conquistémosla!

Tue, 08/07/2014 - 07:00

Antonio Fuertes Esteban – ATTAC Acordem

Las fuerzas ciudadanas están avanzando claramente en diversos frentes y la sociedad está comenzando a esperanzarse en que otras formas de hacer política son posibles. La alternativa Podemos ha sido crucial en esta visión de cambio que de momento está sirviendo para, aparte de conseguir votos para el avance de las fuerzas populares, agitar el cóctel de la izquierda social y política que bien pudiera ser el detonante de un futuro posible Frente popular de cambio. En Barcelona y dentro de la tradición comunitaria y municipalista la gente que impulsa Guanyem Barcelona pretende ejercer de revulsivo para este tipo de cambio, también a nivel municipal. Muchos nos sentimos atraídos por este fenómeno que está empoderándose del espacio político ciudadano y que de hecho despierta ya gran interés en los medios, muchas veces para cargárselo, es verdad, pero que hablen bien o mal de nosotros, lo positivo es que se hable. A veces ellos mismos se echan tierra encima y se desacreditan con sus difamaciones.

Ada Colau, siendo la cara más visible de Guanyem, ha declarado que es una portavoz más y que no ha sido suya la idea de lanzar este reto adelante. Hay otros actores de gran tradición en el grupo impulsor de esta iniciativa y yo apuesto porque uno de los mentores de esta idea ha sido Joan Subirats, economista y politólogo, que desde la UAB y el IGOP lleva muchos años investigando y formando a generaciones de personas, que algunas de ellas han acabado en la política activa o en posiciones de valor o liderazgo en entidades diversas de la sociedad civil.

En mi caso y creo que en el de la entidad en que estoy, apoyaremos el avance de Guanyem Barcelona. No obstante me gustaría situar un tema de contenido de unidad política, y es el de la necesidad y al mismo tiempo la limitación de la escala municipalista. Creo que ganar un ayuntamiento no necesariamente es conquistar el destino de una ciudad y de sus ciudadanos, en eso todos y todas estaremos de acuerdo, ya que sabemos que aparte de personas, importantísimo, los proyectos necesitan fuentes económicas y estas claramente no están en nuestras manos.

Empoderarnos en esferas municipales significará necesariamente combatir políticas estatales como la nueva legislación estatal sobre comunidades locales, que vacía de contenido y de medios a los poderes próximos al ciudadano, sufrir la privatización palmaria de todos los grandes poderes financieros, incluidas todas las cajas bancarizadas y a punto de acabar su reconversión total en bancos; luchar contra La Caixa, Banco de Sabadell, Santander, BBV,…etc por el control de la esfera económica, y para ello habrá que defender, crear o reforzar alternativas financieras como una necesaria Banca pública, ética y con control social y diversas formas de iniciativas sobre finanzas éticas y solidarias, si no queremos acabar siendo acreedores de los usureros.

No, ganar Barcelona no es conquistarla, es subir un escalón o varios escalones. Podríamos decidir sobre la re-municipalización del agua o sobre políticas de viviendas sociales, o sobre los usos del espacio público, que no es poco, o sobre re-asignación más social de los propios recursos municipales, pero no conquistar una visión panorámica ni que la ciudadanía pueda decidir lo que sería necesario sobre la asignación de recursos a la educación, sanidad o servicios sociales (por hablar de aspectos que se gestionan por consorcios en la ciudad), faltaría la otra parte, la Generalitat, sometida a una deuda de 60.000 millones de euros directos y 190.000 millones por su participación en la deuda del Estado. Aún menos podríamos influir para decidir sobre el “austericidio”, las prestaciones públicas o sobre la creación de empleo.

Habría que reapropiarse de los recursos materiales, lo cual no es de momento factible en el mundo actual del poder sistémico del fundamentalismo de mercado, al menos si en instancias más altas que la municipal, no hay instituciones que toman medidas, reguladoras, reapropiadoras, controladoras y supervisoras al servicio del pueblo, y los tribunales de justicia no sufren una profunda mímesis popular.

La alternativa municipalista es necesaria para ejercer en primera línea la democracia directa en unas cosas, o consultiva en otras, participativa a fin de cuentas. Puede ser un aprendizaje ciudadano de primera magnitud y ese es para mí su valor máximo, puede empoderar a las personas, hacerlas partícipes de un proyecto colectivo. Sin embargo hay otra cosa que nadie dice, se ha de acabar necesariamente, si algunas personas llegan a ser ediles o alcaldes, en la necesidad de educar al pueblo en la democracia y sus límites en el mundo actual del capitalismo globalizado y en las alternativas existentes para combatir el poder plutocrático a escala glocal (local y global).

Posiblemente el Mundo lo hemos de comenzar a conquistar desde los ayuntamientos, o no, pero esto no debe de significar la finalidad del proyecto, ya que así fomentaríamos ciudadanía de cortas miras y comunidad “democrática de intereses”. Veamos si no el caso suizo “la democracia más modélica” por su democracia local participativa, pero en que sus “excelsas” ciudades en donde deciden sus gentes, son centros mantenedores del paradigma plutocrático a través de sus paraísos fiscales, su foro de Davos, su Banco Internacional de pagos de Basilea y sobre todo su insolidaridad probada con el proyecto Europeo, del que se sirve, o su des-humanización al votar un 90% de sus ciudadanos en contra del acceso social y ciudadano de los emigrantes. El enfoque de amor a lo propio, no puede convertirse en el fin preeminente, este enfoque puede acabar en una comunidad de interés como por ejemplo Basilea.

Hace ahora dos días, en un programa de radio catalán, del que no citaré el nombre, oí a un tertuliano de Guanyem Barcelona presentar su proyecto de forma solvente, he de reconocer que hubo un comentario que no consideré oportuno, el único de la entrevista. En un momento determinado expresó la necesidad de este proyecto y de sumergirse en él. a mí me pareció entender que como una necesidad de salir de aquellos procesos del ” bla, bla, bla,…” dijo, de que si la globalización, la economía financiera y bla, bla, bla,..etc.

Mucho me temo que si de entrada estos procesos del “bla, bla, bla,…” no son tenidos en cuenta, al día siguiente de la “conquista del municipio” nos interrogarán y si no sabemos encararlos, nos explotarán en plena cara.

Por el municipio comunitario, sí, pero también global – modificando hábitos de decisión, pero también de comercio, relación inter-ciudades, transacionales,…. con otros municipios afines con el que federar y intercambiar políticas y ejercer contrapoder real y colectivo al capitalismo financiero.

Por el municipalismo de visión global como una de las formas hacia el cambio global e integrado en los espacios de contrapoder altermundistas internacionales.

http://rexpublicaglobal.blogspot.com.es

 

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Una casta profesional apoya la privatización del Sistema Sanitario Público

Mon, 07/07/2014 - 18:00

Manuel Martín Garcíaactasanitaria.com

Una gran alianza socioeconómica (Club Gertech) viene desarrollando desde hace tiempo, y de manera invisible para la población y los trabajadores sanitarios, una serie de iniciativas destinadas a fragmentar y hacerse con el sistema sanitario público. En esta alianza privatizadora participan algunas universidades, centros de investigación, empresas de informática y tecnología sanitaria, laboratorios farmacéuticos, fondos de inversión internacional (especialmente de USA y China) grupos de comunicación… que conforman un gigantesco lobby de presión que está controlando la política sanitaria los gobiernos de Rajoy y de la casi totalidad de las comunidades autónomas.

Entre los principales objetivos de esta plataforma podemos destacar la voluntad de:

  1.  Controlar toda la información generada por el Sistema Sanitario Público en relación con el estado de salud de la población, recursos disponibles, actividades desarrolladas y su funcionamiento.
  2.  Quedarse con una gran parte del presupuesto sanitario público.
  3.  Obligar al Sistema de Salud Público a adquirir sus costosos productos tecnológicos.
  4.  Controlar la planificación estratégica (compra de recursos, procesos asistenciales, sistemas de información, etc.), la gestión de los centros sanitarios (nuevas formas de gestión Ley 15/97) y el funcionamiento de los servicios asistenciales (Unidades de Gestión Clínica).

Misión privatizadora de la Unidades de Gestión Clínica

Como parte esencial de esta estrategia, las Unidades de Gestión Clínica (UCG) tienen encomendada la misión de privatizar la gestión de los servicios asistenciales hospitalarios y de atención primaria, modificando su estructura organizativa y funcional.

 Resulta paradójico que las UGC se presenten como la fórmula para integrar el funcionamiento de los recursos asistenciales y dar participación y poder de decisión a los profesionales y trabajadores de los mismos, cuando la realidad es que están destinadas a fraccionar los centros en múltiples empresas (con la finalidad de discriminar las rentables económicamente para los inversores privados) y reforzar el control de la administración a través de unos directores nombrados “a dedo” por las gerencias con capacidad para contratar, incorporar nuevos productos y ampliar o restringir las carteras de servicios. Por último, las UGC contarán con Consejos de Dirección en los que se integrarán representantes de los colaboradores e inversores sector privado.

Aunque parece que, por ahora, estas Unidades no tendrán entidad jurídica propia (como contemplaban las propuestas iniciales de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y de la Conselleira de Sanidade de Galicia, Rocío Mosquera) que las transformaría en auténticas empresas independientes; sin embargo parece que sí tendrán presupuesto propio, personal laboral (gracias a un cambio en el Estatuto Marco realizado en verano para para que pasara inadvertido), que percibirá unos incentivos económicos vinculados al ahorro, y gozarán de autonomía y capacidad para vender sus productos a otros servicios o centros, creando el mercado sanitario interno reclamado por el Informe Abril.

Actuación complementaria

Paralela y complementariamente, este lobby está consiguiendo imponer a los gobiernos del PP (con su colaboración entusiasta) una serie de nuevas medidas encaminadas a avanzar en la privatización como: Cambiar la Estrategia de Atención a Enfermos Crónicos, orientándola a la utilización de aparatos tecnológicos instalados en los hogares en lugar de cuidados por personal especializado; privatizar el Sistema de Información del Sistema Sanitario Público para ponerlo al servicio de las multinacionales sanitarias (Historia Clínica Electrónica, redes informáticas de comunicación entre niveles y profesionales, sistemas para informar y dar citas a los pacientes, Call Center etc.); ceder al sector privado el control de los programas y actividades de investigación financiadas con fondos del sistema sanitario público; apoyo a la implantación y difusión de las innovaciones tecnológicas (frente a la promoción y prevención a cargo de la Atención Primaria); o la cesión a empresas de consultoría y multinacionales sanitarias de la formación del personal sanitario. Todo ello sin renunciar a los repagos; la colaboración público privada de la construcción y gestión de los nuevos centros (PFI); la privatización de los servicios, que eufemísticamente llaman externalización; la potenciación de los conciertos con el sector privado; etc.

Grupos profesionales colaboran activamente en la estrategia

Algunos grupos profesionales, con escasa presencia e influencia en los profesionales asistenciales, están apoyando la implantación de las Unidades de Gestión Clínica a cambio de prebendas y de mantener sus privilegios personales y corporativos:  FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas); SEDISA (Asociaciones Profesionales y Sociedad de gerentes y directivos de los centros sanitarios públicos); Foro de la Profesión, integrado por los responsables de grupos de presión, como la Organización Medica Colegial (OMC), Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Conferencias de Decanos de Medicina y Estudiantes de Medicina. de fuerte perfil conservador.

Todas estas organizaciones comparten un batiburrillo de medidas destinadas a desmantelar y privatizar la sanidad como el Proyecto “Amphos”, “25 propuestas para mejorar la sostenibilidad del Sistema Sanitario”, o el “Pacto por la Sanidad”:
Cambiar la gestión de los centros a través de las Unidades de Gestión Clínica; trasformar los hospitales en empresas autónomas; laboralizar a los trabajadores sanitarios; promover el autocuidado del enfermo mediante tecnologías instaladas en sus domicilios; desarrollar la medicina personalizada, de acceso imposible a toda la población, según reconoce la propia industria; libre elección de centro sanitario para facilitar el mercado sanitario interno; desarrollar una estrategia de Investigación-Desarrollo-Innovación (I+D+I) con fondos y recursos mayoritariamente públicos pero con una influencia del sector empresarial privado; reducir las plantillas de los centros públicos; incrementar las externalizaciones de servicios; generalizar las nuevas formas de gestión privada de acuerdo a la Ley 15/1997; promover la gobernanza de los centros por “expertos” sin participación profesional; introducir ticket moderadores para limitar el acceso de los pacientes a los servicios; cobrar la alimentación y la hostelería de los pacientes hospitalizados; controlar el uso de los recursos; revisar el sistema de atención a crónicos, hospitalización a domicilio.. y todo ello bajo el paraguas de un Pacto Estatal por la Sanidad destinado a hacer cómplices de estas medidas a una parte de las organizaciones profesionales, sindicatos y partidos políticos.

Cambio solapado

Estas medidas suponen un cambio solapado del actual modelo sanitario establecido por la Ley General de Sanidad: Universal, equitativo, accesible y redistributivo, basado en la promoción de la salud y la Atención Primaria

  •  Perpetúa el modelo hospitalo-céntrico en detrimento de la Promoción de Salud, de la Atención Primaria y de la Atención a la Dependencia. El nuevo modelo de atención de crónicos se basa en la difusión generalizada de recursos tecnológicos, en lugar de los cuidados prestados por personal sanitario y cuidadores.
  •  Impulsan y favorecen el uso intensivo de las tecnologías (responsables del crecimiento del gasto sanitario irracional): La multiplicación del gasto sanitario en pruebas tecnológicas y servicios especializados puede condicionar la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, incrementar la iatrogenia y las desigualdades de salud. Las nuevas tecnologías son muy costosas e inaccesibles en muchos casos a toda la población.

Algunos grupos profesionales, con escaso apoyo dentro del sector respaldan estas estrategias. Algunos de los dirigentes profesionales que apoyan estas medidas tienen conflictos de intereses con la industria tecnológica, los laboratorios, las empresas multinacionales, los fondos de inversión (beneficiarias del cambio) y el Ministerio de Sanidad (impulsor del mismo). No obran “por el bien de la Sanidad”, sino por el de sus intereses particulares y el de las organizaciones en las que están, que como la OMC se sustenta debido a la obligatoriedad de colegiación.

Por una alianza social y profesional

Es urgente consolidar una gran alianza social y profesional en Defensa del Sistema Sanitario Público. Un potente lobby privatizador, con la colaboración de un pequeño aunque influyente grupo profesional, pretende apoderarse del presupuesto sanitario público promoviendo diferentes estrategias como colaboración público privada; el apoyo con fondos públicos de las innovaciones tecnológicas; el control estratégico del sistema; la externalización de los servicios; la trasformación de los centros sanitarios en empresas; cambios en la financiación y el repago de la asistencia sanitaria.
El sector sanitario debería hacer patente su rechazo a esta estrategia (que pone en riesgo el propio Sistema Sanitario Público, el derecho a la asistencia sanitaria de la población y unas condiciones de trabajo dignas de los trabajadores sanitarios) y apoyar una gran alianza social y profesional en defensa de la sanidad pública.

Médico de Atención Prímaria y Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

 

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Monumentos faraónicos en medio de la pobreza. El mundial de Brasil

Mon, 07/07/2014 - 13:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

El Mundial de Fútbol está a punto de terminar. Brasil, uno de los países más desiguales del mundo y con mayor pobreza de América Latina, ha vivido unas semanas de fantasía durante las cuales 32 países han competido para conseguir el título de Campeón Mundial de Fútbol. Brasil, que ha ganado este campeonato nada menos que cinco veces, intenta ganarlo una vez más, satisfaciendo el “orgullo patrio”, ese sentimiento tan utilizado por las estructuras de poder financiero, económico, mediático y político, para conseguir la adhesión y sumisión de las clases populares a su liderazgo. El nacionalismo futbolístico juega un papel muy importante en garantizar la pasividad y complicidad de las masas hacia el establishment (la estructura de poder) en cualquier país. El supuesto que sostiene este nacionalismo es que si gana el equipo nacional quiere decir que el país va bien y está bien dirigido. El fútbol es no solo una gran distracción, sino un gran elemento de engaño nacional.

Hubiera sido útil para aquellos que intentan recuperar la decaída popularidad de la Monarquía en España que el día de la coronación del nuevo Rey, Felipe VI, hubiera coincidido con la victoria del equipo español en Brasil. Esto no ocurrió y el establishment español se movilizó inmediatamente para indicar que la profunda derrota del hasta ahora campeón mundial, el equipo español, era una mera anécdota, algo que les pasa a todos, incluso a los hijos de las mejores familias.

En Brasil hay indicios de que las clases populares no están cayendo en esta trampa y se están resistiendo a la manipulación. En 2008, cuando se eligió a Brasil como la sede del Mundial del 2014, la mayoría de la poblaciónestaba de acuerdo con la decisión (74%). Este año, el porcentaje pasó a un 48%. Una causa de este colapso del apoyo fue la toma de conciencia de los costes (11.000 millones de dólares) que han conllevado estas inversiones, en Estadios e instalaciones suntuosas, incluyendo grandes hoteles, a costa de disminuir los gastos públicos sociales. En las constantes movilizaciones que han tenido lugar durante los juegos (una de ellas, de 10.000 personas pertenecientes a la Asociación de los Sin Techo, cortó hace unos días la autopista que llevaba al Estadio Arena Corinthians, uno de los monumentos faraónicos construidos para el Mundial) aparece claramente esta percepción. Uno de los estandartes señalaba el número de viviendas y escuelas que podrían haberse construido con el dinero utilizado para edificar cada estadio (200 escuelas públicas por el Estadio de Maracaná, como ejemplo). Y han aparecido muchos grafitis con expresiones orientadas a la población extranjera (Uno de los más repetidos es Fuck the World Cup!, Fuera el jodido mundial). Y las protestas no van a disminuir, en realidad, han iniciado un movimiento en contra de los Juegos Olímpicos (otra muestra faraónica) que están programados en Río de Janeiro, también en Brasil, dentro de dos años a partir de ahora, en el 2016). Ni que decir tiene que los partidos de la oposición en Brasil, la mayoría de derechas, están intentando utilizar esta rebelión popular para desacreditar y deslegitimar al gobierno del Partido de los Trabajadores, tal como ha denunciado el propio Maradona en la cadena TELESUR. Pero tales movilizaciones se han generado por un malestar popular, crítico del Estado brasileño, por las prioridades que ha mostrado a través de sus políticas públicas, tanto en la preparación faraónica de tales juegos como en los gastos en preparación de las Olimpiadas en Río de Janeiro (ver mi artículo “La otra cara del Mundial de Fútbol”, Público 15.06.14)

La protesta internacional

Una nueva dimensión de la protesta que se está convirtiendo en un movimiento internacional es que se hagan estas celebraciones en países donde hay una clara violación de los derechos humanos, como es el caso de Qatar, un país dictatorial, con un sistema de gobierno feudal. La ofensa de tener el Mundial en 2022 en Qatar es semejante a que se hiciera en Sudáfrica durante el periodo del Apartheid, o en Corea del Norte hoy. En cambio, apenas ha habido protestas en los mayores medios. La riqueza de Qatar se basa en la explotación del petróleo, realizada por trabajadores carentes de cualquier tipo de derechos laborales, sociales y políticos, que viven y trabajan en condiciones de esclavitud. Según el libro de Nathalie Baptiste Foreign Policy in Focus y su artículo “Soccer is Democratic. The World Cup is Oligarchy”, CounterPunch, 20.06.14 (del cual extraigo gran parte de los datos presentados en este artículo), ya ha habido más de 200 trabajadores accidentados y muertos en la construcción de los estadios. Un régimen puede ser enormemente opresivo, alcanzando niveles de crueldad y, en cambio, ser respetable si tiene dinero y está aliado con los gobiernos occidentales.

La dirección del Barça, un club históricamente conocido por su tradición democrática antifascista, es hoy el máximo promotor de Qatar. Su camiseta, que solía promocionar UNICEF, hoy promociona Qatar. Y su dirección ha sido el instrumento utilizado por aquel gobierno medieval para comprar votos que aseguraron la elección de Qatar como sede del Mundial dentro de seis años. Es la conversión de un club que, de ser un punto de referencia para las fuerzas democráticas del mundo, se ha transformado en un portavoz (legal) de un país feudal. Así de claro.

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra

Artículo publicado en Público.es
vnavarro.org

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Renta Básica de Ciudadanía y sostenibilidad medioambiental

Mon, 07/07/2014 - 09:00

José A. Pérez – ATTAC Madrid

Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Y el primer paso en este objetivo consiste en poner fin a la pobreza, garantizando que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer realidad su derecho a llevar una existencia digna.

Sin duda, uno de los grandes retos a los que debe hacer frente la humanidad es aprender a conciliar la sostenibilidad de la vida humana con la del resto de especies vivientes en un mundo cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable y aire limpio para atender las necesidades humanas ha alcanzado un punto crítico que compromete el propio equilibrio climático del planeta. Incluso los alimentos podrían escasear si, en aras del exclusivo interés automovilista, se destina gran parte de la producción cerealista a la fabricación de agrocombustibles. Es de todo punto impensable que el actual modelo de crecimiento de los países ricos pueda ser imitado por el resto de la población planetaria. Si bien se plantea aquí una duda moral: ¿con qué legitimidad podríamos, desde un mundo rico y despilfarrador, pedir a los países pobres que abandonen sus deseos de reproducir las estructuras económicas del Primer Mundo?

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Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Es preciso revisar la noción sociopolítica del Bienestar que ha imperado hasta ahora. No hablamos de suprimir las prestaciones sociales del Estado del Bienestar para que sea la iniciativa privada la que provea los servicios, como propugna el neoliberalismo. Lo que precisa una profunda revisión conceptual es esa forma de entender el bienestar sólo desde la óptica del crecimiento de los niveles económicos y de consumo de la población.

Como señala María Novo en El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa: “La Renta Básica de Ciudadanía plantea un cambio de paradigma respecto del modelo economicista imperante en nuestras sociedades. Nos sitúa ante una nueva cosmovisión, más ambiental, más sostenible, en la que lo que importa no es solamente el rendimiento de la economía sino la calidad de vida de todos los seres humanos”. La profesora Novo considera que la adopción de un ingreso garantizado sería una medida “de gran impacto en la configuración de nuestras sociedades, que incentivaría la participación ciudadana en la vida política y la reorientación de nuestra vida comunitaria hacia valores distintos, cuando no alternativos, a los que propone el mercado”.

En efecto, cifrar el bienestar general tan sólo en el tamaño del PIB es una pobre visión de la realidad. El PIB incorpora como valor positivo todas las ineficacias del sistema. Por ejemplo, un automovilista que se dirige a una playa ubicada en una de esas macrociudades costeras destinadas al turismo masivo, y que, tras varias horas de viaje, se encuentra en pleno embotellamiento de tráfico, puede que necesite tomar un calmante para sus nervios mientras contempla humear el tubo de escape del vehículo paralizado delante del suyo. Todo esto, situado en las antípodas del bienestar de ese automovilista, coopera eficazmente a incrementar el tamaño del PIB sin aportar ni un ápice de calidad real de vida. De igual forma, la contaminación de la atmósfera o las mareas negras ocasionadas por accidentes de petroleros son ineficacias que obligan a efectuar costosas operaciones de limpieza que también puntúan positivamente en los indicadores económicos.

Por otro lado, computar positivamente en el balance contable el agotamiento de recursos naturales parece una locura, pero es exactamente es lo que hacen los países con reservas de combustibles fósiles al computar los ingresos de su venta en el PIB. Una persona que recibiera en herencia un gran depósito conteniendo un millón de litros de petróleo procuraría conocer con exactitud el estado de su riqueza y, cada vez que abriera el grifo, anotaría el débito como una disminución de su capital. Sin embargo, la disminución de recursos de un país queda anotada como beneficio nacional. Bajo la óptica de una economía centrada exclusivamente en el mercado, todo tiene un precio, pero nada tiene un valor. Esto resulta catastrófico para los recursos naturales, pues el valor medioambiental de las masas forestales, por ejemplo, es considerablemente superior al precio que alcanza la madera vendida.

Si un hombre pasea por los bosques, por amor a ellos, la mitad de cada día, corre el riesgo de que le consideren un holgazán; pero si se pasa todo el día especulando, cortando esos bosques y dejando la tierra desnuda antes de tiempo, se le aprecia como ciudadano laborioso y emprendedor. ¡Como si el único interés de una ciudad por sus bosques fuera talarlos! 

Adelantado a su tiempo en muchas cosas, Henry David Thoreau demostró una gran preocupación por el medio natural. Dos de sus obras, Walden y Vida sin principios, deberían figurar entre las Sagradas Escrituras del movimiento ecologista. Pese a vivir en una época en que no había surgido  la inquietud medioambiental. Por entonces, la Tierra tenía todavía la capacidad de absorber, sin inmutarse demasiado, el impacto producido por la avidez del modelo de crecimiento depredador made in USA que Thoreau contemplaba ya desde su rincón de Concord (Massachussets).

La avidez forma parte de la condición humana, y las excepcionales circunstancias para el desarrollo económico que se dieron en esa zona del mundo sirvieron en bandeja la adopción del modelo de crecimiento sin tasa que hoy conocemos. Sería luego, al generalizarse y exportarse a escala mundial, cuando se agudizaría la contradicción entre dos visiones del oíkos: la economía (oíkonomos) y la ecología (oíkologos). Un conflicto similar al que se daría en un edificio de viviendas donde la razón del vecindario (económica) se enfrenta a la razón de la vivienda (ecológica) hasta el punto de que la primera amenaza con la destrucción de la segunda.

Necesitamos que un nuevo paradigma, el de la sostenibilidad ambiental, moral y material, sea el rector del comportamiento humano. El economicismo ya no puede seguir siendo la única fuente normativa de nuestras vidas, pues los problemas humanos son mucho más complejos El filósofo, antropólogo y sociólogo francés, Edgar Morin, refiriéndose a la crisis cultural que se produjo ya en los años 1968-1970, señaló que esa crisis “demuestra que el bienestar no sólo produce mejor estar, sino también malestar; que el crecimiento de las necesidades materiales, unido a la atomización individual de la vida, despierta necesidades afectivas profundas, las cuales, reprimidas /controladas en la civilización occidental, se han vuelto errantes y divagatorias”.

Se han propuesto métodos más refinados que el PIB para medir la satisfacción real de necesidades, entre ellos el concepto de Bienestar Económico Neto, que Paul Samuelson ofrece como alternativa al PNB. En esencia, consiste en detraer del producto todo aquello que no crea satisfacciones generales, como el armamento, el crecimiento de la burocracia, los nuevos sistemas de autopistas urbanas. Algo similar al Índice de Bienestar Económico Sostenible propuesto por Herman Daly y John B. Cobb. En la versión de James Tobin y William Nordhaus  este Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) se determina con la fórmula:

ISEW = [personal consumption + non-defensive public expenditures - defensive private expenditures + capital formation + services from domestic labour - costes de la degradación medioambiental – depreciación del capital natural]

Empleando el sentido común, deberíamos ser capaces entre todos de doblegar la soberbia economicista y sus mitos. Por ejemplo, esa figura de la mano invisible, fuerza misteriosa y taumatúrgica que rige el mercado y a través de él perfecciona el mundo, es una invención de Adam Smith, que utiliza esa metáfora una sóla vez al comienzo del capítulo II del Libro IV de La Riqueza de las Naciones. El razonamiento smithiano parte de la suposición de que “cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para el capital que tenga. Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la sociedad. Sin embargo, la persecución de su propio interés lo conduce natural o mejor dicho necesariamente a preferir la inversión que resulta más beneficiosa para la sociedad”.

Considera Smith que “el ingreso anual de cualquier sociedad es siempre exactamente igual que el valor de cambio del producto anual total de su actividad, o más bien es exactamente lo mismo que ese valor de cambio […]. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera él sólo persigue su propia seguridad; y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo él busca sólo su propio beneficio, pero una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos”.

“El corazón tiene razones que la razón no conoce”, decía Blaise Pascal. ¿Debería ser el corazón el que gobernase el mundo? Al menos esa es la aspiración confesada por un economista tan prestigioso como Paul Samuelson: “Puedo albergar un sueño. Al igual que Martin Luther King, sueño con una economía humana que sea al mismo tiempo eficaz y respetuosa con las libertades personales (si no con las empresariales). Gran parte de las decisiones sobre la producción y el consumo conllevan la utilización del mecanismo de mercado; pero pueden mitigarse las peores desigualdades sociales que se crean al depender de las fuerzas del mercado —incluso con la existencia de igualdad de oportunidades— con los poderes de transferencia del Estado democrático. ¿Acaso no ejerce ningún efecto sobre la eficacia una equidad incrementada mediante la acción del Estado de bienestar? Sí, se producirá algún intercambio entre un incremento de la producción total y un incremento de la igualdad, algún intercambio entre la seguridad y el progreso. Yo denomino al compromiso optimizador resultante economía con corazón, y sueño con que se mantenga asimismo como economía con cabeza”.

“La economía política —sostiene Samuelson en su clásico Curso de economía— debe servir a los deseos de la humanidad. No es necesario que los hombres se hallen encadenados al simple crecimiento material, a menos que ellos lo deseen”.

Un ingreso mínimo garantizado para todas las personas o Renta Básica de Ciudadanía, podría constituir también una forma justa de remunerar a quienes se abstuvieran de causar mayores perjuicios medioambientales. No importa que los motivos de esa abstención fueran de índole ética o respondieran al ejercicio de un perezoso derecho al ahorro del esfuerzo personal. Pagarles el ingreso mínimo incondicional sería una compensación por los beneficios que el conjunto de la sociedad obtendría gracias al menor tamaño de la huella ecológica que dejan sobre la Tierra las gentes que transitan sobre ella con paso leve.

De hecho, existen precedentes como las indemnizaciones que concede el Gobierno británico a los agricultores que no cultiven la totalidad de la superficie de sus tierras, dejando espacios reservados al desarrollo de la vida silvestre en zonas consideradas sensibles desde un punto de vista ecológico. Algunos granjeros reciben modestas subvenciones por conservar en sus tierras los muros de piedra, los pantanos y otros elementos no rentables desde el punto de vista económico pero ecológicamente beneficiosos.

En 1997, Oilwatch lanzó en Kyoto la idea de mantener los combustibles fósiles bajo tierra merece “créditos de carbono”. Así, en el campo petrolífero Ishpingo-Tambococha-Tiputini, situado en el Parque Nacional Ysuní, en Ecuador, se ha pedido que alrededor de 920 millones de barriles de crudo pesado permanecer bajo tierra a perpetuidad o a través de una moratoria sine die, en un área ocupada por grupos indígenas que posee una biodiversidad única.

Además de respetar la Naturaleza y los derechos humanos, mantener este petróleo en el subsuelo significaría evitar los 410 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono que produciría la quema de ese petróleo. El gobierno ecuatoriano ha solicitado a nivel internacional una parte del dinero como compensación por los ingresos monetarios que no recibiría al mantener el petróleo en el subsuelo. Si este proyecto tuviera éxito podría trasladarse a otros lugares, por ejemplo en el territorio U’Wa de Colombia y en algunas de las peores minas de carbón en el mundo en China y la India o en el Delta del Níger, donde la extracción de petróleo y el gas quemado en el proceso se efectúa por la compañía Shell a costa de muchas vidas humanas.

“Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero son los Gobiernos quienes tienen que cambiar radicalmente el modelo”. ¿Es suficiente este argumento para quedarse cruzado de brazos sin hacer nada? Tampoco los contemporáneos de Thoreau hicieron demasiado caso a sus advertencias. Pero él no pertenecía a la clase de filósofos que piensan de una manera en la academia y actúan de forma muy diferente en su vida privada. Henry prefirió pasar a la acción “directa” por una vía éticamente impecable, es decir, actuando de manera que las consecuencias directas del acto recaigan sobre uno mismo: comenzó por negarse a pagar impuestos a un Gobierno que mantenía la esclavitud y había declarado una guerra ilegítima a Méjico. Un acto por el que fue encarcelado y a raíz del cual escribió el libro sobre Desobediencia Civil que se convertiría en el texto de referencia para figuras como M. Gandhi, Bertrand Russell, Martin Luther King así como para los millares de personas que utilizaron esta vía pacífica de acción política civil.

En defensa de los surfistas

En lo que se refiere al consumo, Thoreau redujo voluntariamente su ingresos monetarios al apartarse cuidadosamente de toda actividad susceptible de degradar energía convirtiéndola en trabajo innecesario. “Durante más de cinco años, me mantuve, pues, sólo con el trabajo de mis manos; y descubrí que podía atender a todos los gastos de mi subsistencia trabajando unas seis semanas al año”, cuenta en Walden.
La figura del surfista de Malibú fue acuñada por los detractores del ingreso garantizado en el ámbito académico anglosajón. Con ella se pretende caricaturizar a un hipotético individuo, virtuoso del surfing, que, en caso de que se implantase un ingreso garantizado, se dedicaría a subsistir con ella sin hacer ninguna otra cosa que no fuera jugar con su tabla sobre las olas de la playa californiana de Malibú. La caricatura del surfista impenitente puede resultar simpática en un debate de salón, pero no todo el mundo es capaz de desenvolverse con la suficiente habilidad y arrojo como para aventurarse con una frágil tabla en las agitadas aguas del océano. Sea en las playas de Malibú o en las más cercanas de Tarifa y Caños de Meca.

Los críticos con la Renta Básica de Ciudadanía no debieran preocuparse tanto ante la posibilidad de que algunas personas decidieran imitar a Thoreau y se conformaran con la renta mínima como única fuente de ingresos. Puede que vivieran desarrollando actividades de baja agresividad medioambiental, incluido el windsurfing en las playas de Tarifa o Malibú.

Si tal caso se diera, los miembros de este minoritario grupo de rentabasicistas no deberían ser demonizados. Antes bien, su decisión convendría recompensarla con la medalla al mérito civil planetario en reconocimiento de su ejemplar conducta. En efecto, quienes voluntariamente aceptasen vivir con tan reducido poder adquisitivo llevarían, por fuerza, una forma de vida medioambientalmente mucho más virtuosa que la del común de los consumidores. Para empezar, como una renta mínima no permite efectuar el dispendio de comprar y mantener un automóvil, estos “minimalistas económicos” tendrían que efectuar sus desplazamientos a pie o en transportes colectivos. Dejarían así de contribuir al calentamiento global del clima producido, en gran medida, por el tráfico diario de millones de automovilistas.

Carnet de paro

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Enfoque – Argentina y la OEA frente a los fondos buitre

Mon, 07/07/2014 - 07:00

HispanTV – Nexo Latino

Argentina tiene hasta el 31 de julio para lograr un arreglo en la negociación con los ‘fondos buitre’ que obtuvieron un fallo a su favor de la Justicia norteamericana y evitar que el país caiga en un cese de pagos técnico de su deuda pública. 

El lunes la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha reunido de forma extraordinaria para analizar el ataque de los ‘fondos buitre’ contra la Argentina y la repercusión que tendrá el caso en el sistema financiero global. El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, y el canciller, Héctor Timerman, han presentado ante el Consejo de la OEA los detalles del estado actual del conflicto con un grupo de fondos especulativos y analizado las “consecuencias sistémicas” de esa batalla legal.La administración de Cristina Fernández de Kirchner atraviesa críticas horas debido a que, por un fallo judicial estadounidense, podría caer en una suspensión de pagos transitoria a partir del 31 de julio.Invitados: Jorge Fonseca, Catedrático de Economía Aplicada de la UCM, Carlos Sánchez-Mato, economista y presidente de ATTAC Madridhttp://www.hispantv.com/detail/2014/07/01/278375/enfoque-argentina-oea-frente-fondos-buitre
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