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Justicia económica global
Updated: 3 hours 52 min ago

ATTAC Madrid: Manifestación NoSomosDelito

Wed, 11/02/2015 - 07:02

Desde No Somos Delito convocamos una ManiFiesta contra las #LeyesMordaza, este 14F en Madrid a las 12h con el recorrido de Plaza España- Sol.

Ya hay convocadas manifestaciones  en Salamanca, Granada, Perú, Asturias, Sevilla (15F) y sumando… Invitamos a todas las ciudades de España a convocar acciones descentralizadas ese mismo fin de semana. Y a los que estáis en Madrid, os animamos a asistir a la Asamblea del Lunes 9  para preparar La Mani del 14F, necesitamos de vuestras manos para que la Manifestación sea enorme.

Estamos en un momento clave ya que cada vez queda menos para que se aprueben las Leyes Mordaza. Pronto se acabarán los trámites en el Senado y es probable que en marzo-abril comience su puesta en vigor. Su aplicación, aunque sea por unos meses, supone grandes consecuencias para los movimientos sociales. Así que ahora, más que nunca, es el momento de salir a la calle porque que mejor manera de defender nuestro derecho a protestar, que protestando. Tenemos que seguir manifestándonos contra estas Leyes para que no se apliquen si no queremos que mañana nos frían a multas y la represión sea todavía mayor.

Tenemos preparada la respuesta para pararla, pero necesitamos tu ayuda. La ayuda de todas. Este 14F sal a la calle a defender a aquellas a las que quieres, a defender aquello en lo que crees, a defender tus libertades y derechos.

Convocatoria del 14F en Facebook: https://www.facebook.com/events/421114138054260/

¡¡Cuando el Pueblo alza su voz nada lo puede detener!!

El #14F Día de los AMORdazados nos declaramos amantes de la libertad. Manifiéstate!!!

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TTIP: El fin de la democracia y de la soberanía

Wed, 11/02/2015 - 07:00

Sol Sánchez Maroto - Coordinadora de ATTAC España

El próximo lunes 8 de Febrero en Bruselas se inicia la octava ronda de negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones más conocido como TTIP (por sus siglas en inglés). Este Tratado crearía la mayor zona de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio global.

El objetivo declarado de este Tratado es la eliminación de todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre ambas economías, pero su objetivo real se encuentra en las no arancelarias. Y eso significa la eliminación de las trabas a los beneficios de los inversores que supongan las normativas y leyes que regulan y protegen nuestra convivencia y derechos.

¿Y cómo se consigue ejecutar todo eso? En primer lugar a través de la llamada armonización normativa que básicamente consiste en quedarse con la más baja de las protecciones sobre cada materia, vigente en uno u otro lado del Atlántico, y extenderla a ambos. Por eso decimos que los y las perdedoras estamos en ambos bloques, somos las clases trabajadoras, las clases populares y la ciudadanía en general en la UE o EEUU quienes perdemos porque siempre se aplicará la peor de las opciones para nuestros intereses frente a los intereses de las corporaciones transnacionales.

Pero la armonización normativa es solo el principio. La estructura de estos Tratados los dota de una seguridad jurídica aplastante donde los derechos de los grandes inversores quedan clara y nítidamente protegidos pero sus deberes, completamente difuminados. Poseen perversos mecanismos que se convierten en verdaderos jaque mate a los principios democráticos fundamentales, socavan la soberanía, y en definitiva dinamitan el estado de derecho y el derecho de los estados. Dos de ello son, la cláusula de resolución de conflictos inversor estado ISDS (por sus siglas en inglés), y el Consejo de Cooperación Reguladora.

La cláusula de resolución de conflictos entre Inversor y Estado (ISDS)

La cláusula de Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado, ISDS, da potestad a los inversores para impugnar las leyes establecidas en el mejor interés de cada nación, procediéndose en tribunales privados de arbitraje formados por tres abogados, donde se piden compensaciones por las pérdidas reales o “potenciales” que dichos inversores estimen que puedan provocar estas nuevas leyes. Es, de facto, un sistema de justicia privado sólo para el beneficio de las grandes corporaciones transnacionales, que carece de transparencia y burla con suma facilidad los estándares legales internacionales, y donde no hay siquiera igualdad ante la ley porque solo pue- den presentar demandas los inverso- res extranjeros. Sus decisiones son inapelables y no responden ante ninguna instancia superior.

Además aunque los negociadores de la Comisión Europea la quieran vender como accesible incluso a PYMES, difícilmente un pequeño inversor podrá costearse el acceso a este mecanismo. Y es que los costos legales y arbitrales de una disputa en estos tribunales suponen una media de 8M$, que suben con extrema facilidad hasta los 30M$ o incluso los 58M$ que, por ejemplo, le costó la defensa al gobierno filipino en el largo proceso contra el operador aeroportuario alemán Fraport.

Es fácil advertir las consecuencias de “enfriamiento legislativo” que puede suponer la amenaza constante de esos costos por posibles demandas sobre los Estados, y cómo pueden ser la perfecta excusa de gobiernos mediocres o timoratos para no tomar medidas progresistas a favor de sus poblaciones.

Hace décadas, esta cláusula se introducía en los acuerdos comerciales internacionales cuando se hacían con algún país que carecía de un sistema legal fuerte y para evitar casos de abuso. Sin embargo, estos procedimientos legales se han disparado en los últimos diez años y se han demandado a países con un fuerte sistema legal; según datos de CIADI, de 38 casos en 1996, pasamos a 514 casos en 2013.

Y es que ha proliferado una lucrativa “industria” del arbitraje de inversiones, donde la presunta imparcialidad e independencia es totalmente ilusoria: los abogados que componen los equipos jurídicos ganan de media 1.000$/hora y los salarios percibidos por los árbitros llegan al Millón$., las leyes y las demandas están determinadas en gran medida por las mismas firmas de abogados, árbitros e incluso especuladores financieros que ganan astronómicas cifras de dinero con los pleitos. No en vano el 74% de las juntas editoriales en derecho de inversiones están ocupadas por estos mismos abogados, dándole todo el sentido al di- cho popular: quien hace la ley, hace la trampa… Y cada vez hay más interconexiones entre el arbitraje de inversiones y las finanzas especulativas, existiendo ya fondos de inversión que financian los costos de las disputas a cambio de un porcentaje de la indemnización final. Ejemplos de ello son Buford Capital (EEUU) y Jurídica Invesment (UK) que invierten una media de 8M$ y 7,5M$ por caso respectivamente y declaran una rentabilidad de entre 30% – 50%.

Consejo de Cooperación Regulatoria (CCI)

Pero para el gran capital transnacional lo anterior no parece suficiente, y para asegurarse de que posibles cambios de políticas y gobiernos no le agüen la fiesta, incluye dentro de los términos del TTIP la creación de un organismo para la institucionalización y profundización de los términos del Tratado: el Consejo de Cooperación Regulatoria. Esta idea supone un fenómeno nuevo porque reclama para los grandes lobbies corporativos una silla en la mesa donde se dará el visto bueno a las leyes antes siquiera de que se discutan en los parlamentos, y convertirá nuestras ya maltrechas -si no vacías- democracias, en la nada más absoluta.

La propuesta que hizo la propia Comisión Europea en diciembre de 2013 y que fue filtrada incluía características y competencias como: negociación y diálogo permanente (sector privado/ UE/ EEUU) lo que de facto significa Tratado vivo y en continuo crecimiento e implica que si algo como la cláusula ISDS no se incluye inicialmente se pueda añadir de forma posterior a la firma del propio Tratado; mecanismo de alerta anticipada sobre cualquier proyecto legislativo que ade- más podrá ser paralizado; la posibilidad de modificar leyes, normativas y reglamentos anteriores al Tratado que supone que ningún derecho, ninguna protección que creemos hoy consolidada esté realmente a salvo; la vigilancia de los Estados miembros en to- dos los niveles de gobierno pudiendo amonestar desde a la UE a un modesto ayuntamiento; y el derecho de los lobistas a participar directamente en las propuestas de elaboración de las regulaciones.

Altos funcionarios no elegidos y lobistas de las grandes corporaciones, constituirían por tanto un gobierno en la sombra que condicionaría y se im- pondría a la actuación de los gobiernos elegidos por los pueblos europeos democráticamente.

Conclusión

De firmarse el TTIP, soberanía nacional, estado de derecho, separación de poderes y cualquier forma de legitimidad democrática se convertirán automáticamente en conceptos para los libros de historia. Debemos parar este Tratado (y todos aquellos a los que subyace este mismo modelo) porque lo que contiene realmente es un golpe de estado de alcance transatlántico del capital financiero transnacional.

Artículo publicado en Mundo Obrero

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La división de Ucrania y sus efectos colaterales

Tue, 10/02/2015 - 18:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

La ex-república soviética de Ucrania tendría una población cercana a los 50 millones de habitantes y estaría marcada por el estigma del enfrentamiento crónico entre las tendencias filo y fobio-rusas. Así, el segmento de población filorusa estaría formada por los rusohablantes del este y sur del país (incluida Crimea) que apoyaban al régimen oficialista de Yanukóvich, mientras que en el oeste y en el centro del país, dominarían los sentimientos nacionalistas prooccidentales, representados por la ex-Primer Ministra Timoshenko y el ex-Presidente Viktor Yushchenko, quienes consideraban que la ampliación de la permanencia de la base rusa de Sevastopol hasta el 2042 como “una traición a los intereses nacionales”. La agudización de las tensiones latentes entre el oficialismo filo-ruso de Yanukovich y la oposición filooccidental se desataron tras la decisión del gobierno ucraniano de “interrumpir los preparativos” de la firma de un acuerdo de asociación y libre comercio con la UE, convenio que tenía previsto firmarse en la reciente Cumbre de Vilna y que preveía la integración de Ucrania, Moldavia, Georgia y Ucrania según los acuerdos de la cumbre de Praga del 2009, pero en una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (países postsoviéticos) celebrada en Minsk, Putin ya avisó a Ucrania que “tras la firma del tratado de Asociación Ucrania perderá sus barreras aduaneras y será invadida por productos occidentales. Ese desarme arancelario afectaría a Rusia, si Ucrania fuera también miembro de la Unión Aduanera y, resultaría muy peligroso e inaceptable”, instando asimismo a Kiev a sumarse a la Unión Aduanera, que incluye a Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Sin embargo, tras el fallido intento de la adhesión de Ucrania a la tratado de Libre Comercio con la UE, subyacería la grave situación económica ucraniana, plasmada en la necesidad urgente de la actualización del tejido productivo ucraniano a los estándares y requisitos técnicos europeos ( estimada en unos 160.000 millones de dólares en un proceso que se prolongaría hasta 2017, con una inversión de 20 millones $ anuales dedicados en exclusiva a la actualización de los estándares), empresa harto complicada debido al brutal colapso económico que habría sufrido la ex-República soviética y que rozaría ya el umbral del default o suspensión de pagos por lo que la UE habría prometido al Gobierno interino ucraniano un préstamo de 15.000 millones € con el objetivo inequívoco de lograr que su peón, el magnate petrolero Petro Poroshenko, fuera investido nuevo Presidente de Ucrania.

Putin mueve sus peones energéticos

Putin se encargará de desbaratar la hoja de ruta diseñada por la UE y EEUU y procederá a restringir las importaciones metalúrgicas y de productos alimenticios y a aumentar los aranceles aduaneros sobre Ucrania con el objetivo inequívoco de doblegar al sector europeísta ucraniano mediante la asfixia económica y la inanición energética, al tiempo que utilizará el arma del chantaje energético a la UE para resquebrajar la unidad comunitaria, en la certeza de que tanto Alemania como Francia no dudarán en sacrificar a Ucrania en aras de asegurar su abastecimiento energético.
Así, a pesar del acuerdo alcanzado entre Rusia, Ucrania y la UE por el que se comprometían a garantizar el suministro de gas ruso y su tránsito por Ucrania hacia territorio comunitario hasta marzo de 2015, Putin aprovechará la deuda pendiente de Ucrania estimada en unos 2.300 millones $ para mediante un audaz movimiento de sus torres en la partida de ajedrez geopolítica que se estaría desarrollando en territorio ucraniano, reeditar la guerra del Gas ruso-ucraniano del 2006.

Dicha jugada tendrá como efectos colaterales importantes recortes de suministro en varios países de la UE, (el gas ruso abastece en más de un 70% a países como los Países bálticos, Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Grecia, Austria, Hungría y República Checa y más del 80% del total del gas que la UE importa de Rusia pasa por Ucrania), lo que aunado con la intervención del Ejército ruso estacionado en la base de Sebastopol (Crimea), provocará la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas y separadas por el meridiano 32 Este, quedando el Sur y Este del país (incluida Crimea) bajo la órbita rusa mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE, episodio que significará “de facto” el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría Rusia-EEUU regida por el axioma “acción-reacción”.

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El BCE interviene en política para asfixiar a Grecia

Tue, 10/02/2015 - 13:00

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

El BCE ha recordado a los griegos que están internados en una prisión de la que no pueden escapar fácilmente. Y los alcaides del centro penitenciario (también llamado eurozona) no sólo tienen las llaves sino la firme voluntad de que nadie pueda saltar los muros. Ni tampoco mejorar las condiciones de vida en las celdas”. Es el demoledor comienzo del artículo firmado por Íñigo Sáenz de Ugarte, guerra eterna.

Las fuerzas del neoliberalismo, la UE de Merkel, han decidido segar de raíz la rebeldía de Grecia, a través de su BCE, ese llamado Banco Central Europeo que actúa como Banco de los bancos privados. Y que, por su peculiar estatuto no responde ante nadie, ni puede prestar dinero a los Estados directamente sino a sus bancos privados -insistamos- para  que sean ellos los que lo faciliten a los gobiernos, si es el caso, y  se saquen unos dineros con la gestión. Así se diseñó.

El artículo de Guerra Eterna tiene un significativo título: 252 palabras del BCE contra dos millones de votos. Y alude a ese comunicado del BCE del que hablamos anoche, en la entrada anterior del blog, para cortar las alas al nuevo gobierno griego.

“En la noche del miércoles, el Banco Central Europeo ha emitido un comunicado de 252 palabras con el que pretende neutralizar los 2.246.064 votos obtenidos por Syriza en las últimas elecciones. En otras palabras, no es culpa del BCE si los votantes eligieron al partido equivocado. Ya no aceptará la deuda griega como garantía de los préstamos que concede a los bancos de ese país para prestarles dinero con el que salvaguardar su liquidez. Es decir, para que puedan seguir operando con normalidad.

Como es habitual con el BCE, la decisión está disfrazada con la terminología habitual que siempre se refiere a las normas de la institución. Se levanta una excepción que hacía posible algo imposible: el estatus crediticio de esa deuda ofrecida por los bancos no estaba a la altura de los mínimos exigidos, pero se les había concedido ese derecho como parte del programa de rescate del país. Dado que el nuevo Gobierno ha anunciado que el mantenimiento de ese sistema condena al país a la pobreza y quiere cambiar las condiciones, el BCE dice que la excepcionalidad toca a su fin. ”Actualmente no es posible asumir una conclusión exitosa de la evaluación del programa”, dice el comunicado en ese lenguaje frío que intenta hacer ver que se trata de una decisión forzada por las circunstancias, casi un fenómeno natural inevitable, como la crecida de los ríos que sucede a una fuerte tormenta o deshielo.

El comunicado no es en sí mismo el inicio del Armagedón bancario. Los bancos griegos no dependen por completo de la deuda pública de su país para presentar garantías. Pero el BCE les dice, también con palabras finas, que las necesidades de liquidez de esos bancos tendrán que ser satisfechas por su banco central correspondiente, que es el que tiene su sede en Atenas. No es mi problema. No vengan aquí a pedir ayuda.

¿Está apostando el BCE por una fuga masiva de depósitos, no ya de las grandes empresas, sino también de los ciudadanos? Sería de una irresponsabilidad increíble y además hay que recordar el anterior párrafo. Desde principios de enero, ha habido una retirada importante, no masiva, de fondos del sistema financiero griego, y eso no ha causado el pánico”.  Seguid leyendo aquí, merece la pena, es de lo mejor del día. 

Mario Draghi, recordemos, era vicepresidente y presidente para Europa de Goldman Sachs, la empresa que ayudó a los muy corruptos conservadores griegos a maquillar sus cuentas para entrar en el euro. La decisión actual contra Syriza es totalmente diáfana. A Merkel se le ha acabado la paciencia -tiene poca según vemos- y pretende quitarse de encima, por aplastamiento, a la mosca griega.  Y de paso disipar la nube que en España crece con Podemos.

No nos engañemos, nosotros estamos en la misma cárcel. En ella nos han metido el PP de Rajoy  y el PSOE de Zapatero -cuando aceptó el chantaje-. Debemos tenerlo en cuenta, no son anécdotas. Lo patético es que Pedro Sánchez se haya aprestado a colocarse de lacayo del principal carcelero local. A unos niveles de degradación que, francamente, no entiendo cómo no hacen saltar al partido entero, a las personas decentes que debe haber ahí. Ved, si no, esto, el día que se supo la pérdida de 200.000  empleos en el mes de enero. La firmeza de las convicciones de este tipo también.

Estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, y de los más decisivos. El mando no tolera insurrecciones a sus postulados: tijera y miseria para el lucro de quienes cuentan para ellos.

La democrática UE está abocando a la Grecia de Syriza a buscar el dinero que le niegan (con notable arbitrariedad, ya que Draghi va a repartir una enorme cantidad a su antojo, excluyendo a Grecia) fuera: en Rusia, en China, en inversores privados incluso. La ambición ciega de quien comanda esta Europa va camino de esa devastación. Hasta Obama recomendó facilitar el camino a Grecia para ayudar a su reconstrucción, incluso estima por experiencia que así afrontaría mejor sus deudas. Merkel, Draghi, Rajoy, De Guindos, (con el desustanciado del PSOE de comparsa) buscan la asfixia ejemplarizante.

Asombra que ciudadanos normales sigan apoyando esta sinrazón con sus votos. En España también. Una pesada maquinaria propagandística actúa a favor. Pero no es eximente.

Estamos en una de las más vitales encrucijadas de nuestra historia. Lo más suicida es mirar para otro lado. Porque lo cierto es que todas las cartas están expuestas, no hay engaño ya.

El Periscopio

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Sobre el terror en París

Tue, 10/02/2015 - 09:00

Ignacio Ramonet– Consejo Científico de ATTAC España

Como siempre, la irrupción del terrorismo y su violencia arrolladora obligan a una sociedad a interrogarse sobre sí misma. Igual que Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (o España después de las explosiones de Atocha, en Madrid, el 11 de marzo del 2004; o el Reino Unido después de las bombas en el metro de Londres, el 7 de julio de 2005; o Noruega después de los atentados de Oslo y Utoya el 22 de julio de 2011), Francia se sintió en “estado de shock”.

Y mil interrogantes han surgido de repente. En torno, por ejemplo, a la cohesión nacional. ¿Qué ocurrió para que tres jóvenes nacidos en Francia y educados en las escuelas de la República, hayan sido seducidos por ideas oscurantistas y medievales, y se hayan tornado en verdugos de sus propios conciudadanos? ¿En qué medida la crisis económica y las medidas de restricción del gasto público han acentuado la marginalización de las periferias urbanas y la segregación de sus habitantes, esencialmente inmigrantes, de donde surgieron los tres terroristas? ¿Cómo ha podido la República, que únicamente reconoce a ciudadanos iguales, permitir que se constituyan en su seno comunidades por afinidades religiosas, y que cada vez más se hable de “comunidad musulmana” o “comunidad judía” o “comunidad cristiana”?

Obviamente, en los minutos que siguieron a los atentados, en torno a François Hollande (hasta entonces el presidente más impopular de la V República) se constituyó una suerte de “unión sagrada” de todos los partidos del abanico parlamentario (con la excepción del Front National, extremista de derechas). Y, de inmediato, casi cinco millones de ciudadanos se lanzaron a las calles por todo el país para expresar –en la manifestación más multitudinaria jamás vista– su repugnancia contra la barbarie.

De hecho, las autoridades barruntaban que una acción yihadista estaba en preparación en territorio francés. Desde la víspera de las festividades de fin de año, el nivel de alerta antiatentados había sido alzado a casi el máximo nivel. Se temían represalias. Porque Francia está interviniendo militarmente contra el islamismo radical en por lo menos tres frentes: Malí (“operación Serval”, iniciada el 11 de enero de 2013), República Centroafricana (“operación Sangaris”, lanzada el 5 de diciembre de 2013), e Irak (“operación Chammal”, comenzada el 19 de septiembre de 2014, contra las fuerzas de la organización Estado Islámico, en el marco de una coalición internacional de unos cuarenta países liderada por Estados Unidos). Además, la red yihadista Al Qaeda, y en particular su rama yemenita Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA)1 [1. Los hermanos Kouachi, autores de los atentados contra Charlie Hebdo, admitieron explícitamente que actuaron en nombre de AQPA. Y en un vídeo que se difundió una semana después de la masacre en las oficinas del semanario en París, un comandante de AQPA, Nasr Ibn Ali al Ansi se adjudicó el ataque: “Hemos dejado claro al mundo islámico que quien eligió el blanco, trazó el plan, financió la operación y designó a su emir es la dirigencia de nuestra organización.” El ataque fue una venganza contra la revista por sus caricaturas del profeta Mahoma, señaló.] lanza desde 2009 llamamientos para “castigar a los franceses por combatir a Alá, su mensaje y sus creyentes”. Algo iba pues a ocurrir.

El semanario Charlie Hebdo llevaba años amenazado. En particular desde que, el 8 de febrero de 2006, reprodujo las caricaturas de Mahoma publicadas el 30 de septiembre de 2005 por el diario danés Jyllands-Posten (una de ellas representaba al profeta del islam con un turbante en forma de bomba con una mecha encendida) y que habían desencadenado en todo el mundo musulmán decenas de manifestaciones de repudio, algunas de ellas muy violentas, y amenazas de muerte contra el diario danés y los dibujantes de las caricaturas. Charlie Hebdo no solo reprodujo las ilustraciones danesas sino que, para mayor inri, añadió sus propias imágenes irreverentes realizadas por su equipo de dibujantes.

El objetivo del semanario –que acabó costándole la vida a buena parte de la redacción– era reafirmar la libertad de expresión y la libertad de creación. Obviamente un objetivo muy noble, y que se ha comentado mucho, en Francia y en el mundo, en los innumerables debates de después de los atentados. Como lo han subrayado varios participantes, si bien es cierto que, en las democracias occidentales, la libertad de expresión es una conquista irrenunciable y un derecho fundamental, también es cierto que esa libertad, en esas mismas democracias, no es ilimitada ni infinita, está acotada, circunscrita y restringida por la ley o las costumbres2 [2. En los días siguientes a los atentados de París, el humorista provocador francés Dieudonné –a quien ya en enero de 2014, la Justica francesa había prohibido un espectáculo en Nantes por temor a un “eventual desorden público”, lo cual había sido celebrado por el ministro francés del Interior (Manuel Valls) en los siguientes términos: “La República no puede tolerar el odio hacia el otro, el racismo, el antisemitismo, el negacionismo”– fue detenido por haber escrito, valiéndose de su supuesta libertad de expresión, en su página de Facebook, que se sentía “Charlie Coulibaly” (apellido del autor del odioso atentado antisemita que causó la muerte de cuatro personas en un supermercado kosher de París) y será sometido a juicio, acusado, como lo prevé la ley, de “apología del terrorismo”.].

En cuanto a la blasfemia (ofensa contra la majestad divina), hay que recordar que ha sido la piedra de toque central en el enfrentamiento entre razón y religión en Occidente desde finales del siglo XVIII. En esa época, los autores racionalistas de la Ilustración, y muy particularmente Voltaire, osaron denunciar ese pretendido delito y, arriesgando su vida, combatir la religión como una mera superstición. En los países occidentales, la lucha –esencialmente contra el cristianismo y sus poderosas instituciones– ha sido larga y dolorosa, jalonada de disputas, de juicios, de enfrentamientos, de violencias… téngase en cuenta que, en España, el delito de blasfemia no fue abolido hasta 1988…

Dos siglos han tenido que pasar, en Occidente y entre personas que comparten la cultura (si no la religión) cristiana, para alcanzar el frágil consenso actual3 [3. Regularmente, en los países de tradición cristiana, grupos de militantes cristianos agreden o amenazan a autores que proponen una representación –considerada como “blasfematoria”– de las principales figuras del cristianismo. Por ejemplo, en 2006, una bomba de fabricación casera fue colocada junto al camerino del artista Leo Bassi en el Teatro Alfil de Madrid, poco antes de que comenzara la representación de su espectáculo “La Revelación”. En 2008, un festival punk en Suecia pegó pósters que mostraban a Satanás defecando sobre Jesús en la cruz. La publicación del cartel en el periódico local Östgöta Correspondenten provocó amenazas de muerte de fanáticos cristianos contra el editor en jefe. Y en 2012, el cantautor español Javier Krahe fue sentado en el banquillo acusado de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos por un vídeo titulado “Cómo cocinar un cristo”.] en torno a la cuestión de la blasfemia. Por eso, como también se ha subrayado estos días en Francia, puede resultar a la vez ingenuo y presuntuoso, por parte de algunos caricaturistas occidentales, querer hacer aceptar sin más ni más, así de repente, a los musulmanes la blasfemia anti-islam en nombre de una idealizada “libertad de expresión”. En cierta medida y salvando las distancias, es el dilema de las “guerras napoleónicas”. A principios del siglo XIX, Napoleón se propuso exportar las generosas y avanzadas ideas de la Revolución Francesa. Pero lo hizo a base de cruentas guerras y violencias, arrasando las estructuras jerárquicas (feudalismo, caudillismo) y espirituales (cristianismo) de las sociedades invadidas que no podían entender que semejantes destrucciones fuesen un “progreso”. Resultado: en las más retrógradas de esas sociedades (España, Rusia), los potenciales beneficiarios del nuevo orden napoleónico (campesinos y siervos) se aferraron a sus opresores ancestrales (aristocracia, latifundistas, Iglesias católica y ortodoxa) para defender (con éxito en ambos casos) lo que consideraban ser sus “tradiciones”. Tanto España como Rusia quedaron traumatizadas por esa violenta penetración del progreso en el marco de una invasión extranjera. En ambos casos, la consecuencia fue que las fuerzas más reaccionarias se afianzaron largo tiempo en el poder.

Los colonialismos del siglo XIX resultaron otra suerte de “guerras napoleónicas”, se justificaban pretendiendo “llevar el progreso a sociedades arcaicas”. Fracasaron. Y más cerca de nosotros, los conflictos de George W. Bush en Afganistán y en Irak también fueron, a su manera, “guerras napoleónicas” que pretendían imponer, a base de despiadados bombardeos, “las luces de la democracia a sociedades oscurantistas”. Naufragaron.

Las mentalidades cambian, no cabe duda. Pero cambian más lentamente de lo que se cree. Y el ritmo del cambio no se decreta. Querer acelerarlo a base de provocaciones es, en algunas circunstancias, el mejor modo de ralentizarlo. Lo que llamamos islamismo, o sea el integrismo islámico (y más aún el islamismo radical o yihadismo), no es sino una reacción agónica de defensa frente a la marcha ineluctable de la modernidad. Muy violenta a veces porque sabe que tiene los días contados. Los adelantos de la ciencia y de la técnica van a seguir provocando mutaciones que también afectarán a las religiones, incluido el islam. Ni siquiera unos atentados, por criminales y abyectos que sean, podrán detener duraderamente esa evolución.

Fuente: Le Monde diplomatique.

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La pobreza en España: cómo debería prevenirse

Tue, 10/02/2015 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Acaba de publicarse un artículo en la revista Journal of European Social Policy titulado “The Capacity of Social Policies to Combat Poverty Among New Social Risk Groups”, escrito por Allison E. Rovny, del Centre for European Research (CERGU), de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, que tiene una gran relevancia para un debate existente en España sobre cómo prevenir la pobreza, un tema que adquiere una gran importancia y urgencia en este país, pues es uno de los países con mayor pobreza en la Unión Europea.

El artículo incluye un análisis de cuáles son las políticas públicas más eficaces para prevenir la pobreza en 18 países de la OCDE, el grupo de países más ricos del  mundo, que incluye también a España. La población estudiada incluye los grupos más vulnerables en riesgo de pobreza, incluyendo jóvenes, así como mujeres y hombres en el grupo etario de 55 a 64 años. Las intervenciones evaluadas más importantes son: 1) intervenciones activas orientadas a facilitar la integración de las personas en el mercado de trabajo; 2) intervenciones pasivas, como el seguro de desempleo; 3) medidas de protección y mantenimiento de empleo; 4) programas de ayuda familiar, incluyendo escuelas de infancia públicas; y 5) transferencias públicas, bien de carácter universal o de naturaleza asistencial.

Es interesante subrayar que los resultados de este trabajo confirman aquellos obtenidos por muchos otros trabajos científicos realizados recientemente a los dos lados del Atlántico Norte, y que comienzan a ser ya aceptados por los mayores centros de investigación en Política Económica y Social en el mundo desarrollado. Resaltan, entre otros, los siguientes datos:

– Todas estas intervenciones impactan, de una u otra manera, en el nivel de pobreza de un país. Pero su relevancia depende del grupo vulnerable de la población al cual se apliquen, y también de su complementariedad con otras intervenciones económicas y sociales desarrolladas en el país. Unas medidas pueden ser más eficaces para ciertos grupos que para otros, observación que es una obviedad, pero que no siempre se tiene en cuenta.

– De todas estas intervenciones, unas que son de especial importancia son lasintervenciones relacionadas con el mercado de trabajo. Países con mercados laborales de escasa calidad (como los países del sur de Europa) tienen altos niveles de pobreza, y viceversa, en los países con mercados de trabajo de alta calidad (con un elevado nivel salarial y un alto nivel de protección social), tal como ocurre en los países escandinavos (donde el movimiento sindical y los partidos progresistas han tenido mayor influencia sobre los Estados), la pobreza es muy menor.

– De ahí se deriva que las políticas activas de empleo (que incluyen también la provisión de servicios que facilitan la incorporación al trabajo, así como la integración del trabajador y de su familia en la comunidad en la que vive (tal como la provisión de vivienda, o escuelas para sus niños, o servicios domiciliarios de ayuda a las familias) tienen un gran impacto en la prevención de la pobreza. Estos servicios tienen incluso mayor importancia para facilitar la integración en el mercado de trabajo de la mujer, un punto de enorme relevancia para prevenir la pobreza en la mujer.

– Como parte de las medidas facilitadoras de la integración en el mercado de trabajo, están las medidas que no permiten bajos salarios, bien a través de la ley —el salario mínimo— o bien a través de los convenios colectivos, con una gran capacidad de influencia de los sindicatos. A menor salario mínimo, mayor pobreza, y viceversa. Y a mayor capacidad de influencia sindical, menor pobreza. Salarios pobres son indicadores de baja influencia sindical.

– Las transferencias de fondos públicos de carácter universal, siendo importantes (sobre todo para reducir la pobreza absoluta), tienen mucho menos impacto en reducir la pobreza relativa (que es la más extendida).

– Las transferencias de fondos públicos de carácter selectivo y específico, relacionadas con las condiciones del mercado de trabajo (tales como el seguro de desempleo), pueden ser particularmente eficaces para evitar la pobreza entre personas de los grupos etarios más avanzados (55-64 años). Otro ejemplo son los programas de la Seguridad Social, sin los cuales la mayoría de los pensionistas serían pobres. Las pensiones de la vejez son el caso más claro. Sin pensiones públicas, el 68% de los ancianos serían pobres.

Por cierto, aprovecho estas notas para denunciar el sesgo conservador de muchos medios de información que transmiten información no verídica con la intención de justificar políticas públicas de recortes. Un ejemplo es la información distribuida por la televisión pública catalana, TV3, promoviendo una rueda de prensa de Michele Boldrin, investigador sénior de Fedea (Fundación financiada por la gran banca y empresas del IBEX35), en la que tal economista indica que “Esabsolutamente locura pensar que tú vas a ser un país moderno, que puede crecer, que puede gestionar fases de crisis, si tienes un subsidio de paro ultrageneroso que dura una cantidad de tiempo descomunal”. Esta declaración llena de hipérboles, exageraciones y también falsedades, necesita una corrección, pues una comparación objetiva de las prestaciones de paro españolas con las del resto de países de la Unión Europea encontramos que España tiene unas ayudas situadas en la media de estos países como muestra el estudio Unemployment Benefits in EU Member States publicado por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Los mínimos y máximos de prestación son comparables, como también lo es la duración del beneficio, siendo por otra parte muy inferior al promedio de la UE el porcentaje de trabajadores con cobertura del seguro de desempleo. Lejos de la supuesta exuberancia, los trabajadores españoles están en situaciones de gran pobreza. Esta pobreza es incluso muy acentuada cuando se toma la cantidad que recibe el trabajador que tiene seguro de desempleo, pues, aun cuando el porcentaje de reposición es comparable al promedio de la UE, el salario, en cambio, es mucho menor. Ni que decir tiene que TV3 no ha publicado ninguna corrección, situación que lamentablemente es bastante común en los medios de mayor difusión del país, donde la mayoría de gurús mediáticos en temas económicos son de sensibilidad neoliberal.

Hecha esta aclaración, es importante concluir que a partir de estos estudios se puede entender que aquellos países que tienen menor pobreza adulta e infantil son aquellos que facilitan la ocupación (incluyendo como ocupación remunerada labores realizadas por personas, predominantemente mujeres, que hoy no reciben ninguna compensación), unos salarios altos, un elevado nivel de protección social, extensos servicios de ayuda y apoyo a las familias, con transferencias públicas a aquellas personas que por circunstancias ajenas a su voluntad (como personas discapacitadas, o enfermos, o cuidadores de otras personas) no tienen una renta que les permita vivir con dignidad, lo cual puede significar unas transferencias mayores que las transferencias asistenciales encaminadas a prevenir la pobreza, pudiendo alcanzar niveles semejantes a los que tenía antes de dejar de trabajar.

Estas son las medidas que deberían considerarse y que, por cierto, Juan Torres y yo propusimos en el documento que preparamos a petición de Podemos, “Democratizar la Economía para salir de la Crisis, mejorando la Equidad, el Bienestar y la Calidad de Vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española”, distribuido por el partido como “Un proyecto económico para la gente”, documento que previsiblemente creó gran hostilidad por los portavoces de las estructuras responsables de la gran pobreza que existe en España.

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Artículo publicado en Público.es
vnavarro.org

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Grecia, Europa y deuda

Mon, 09/02/2015 - 18:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

La Comisión Europea descarta una quita de deuda pública griega. Y el Banco Central Europeo, en una actuación inadmisible e irresponsable contra Grecia, no proporcionará más liquidez a bancos griegos. Para forzar otro “rescate”: es decir, más contrarreformas. Pero sobre esa deuda escribió Alejandro Nadal que “los poderes establecidos difundieron mensajes sobre la irresponsabilidad del pueblo griego que nada tienen nada que ver con la realidad económica. Porque los bancos alemanes, franceses y holandeses se lucraron con la burbuja financiera que crearon en la eurozona. Pero cuando ésta reventó, socializaron pérdidas”. Para seguir teniendo beneficios ilegítimos, aunque se hundiera el pueblo griego. Se conoció entonces la deuda griega real y la Troika impuso un rescate a altísimo precio para la ciudadanía griega. Pero no se contó toda la verdad.

Las investigaciones de Nick Dunbar y Elisa Martinuzzilam y escritos de Eduardo Febbro, entre otros, desvelaron la falsificación de las cuentas públicas griegas. Fraude contable perpetrado por la banca Goldman Sachs al servicio del gobierno conservador griego. Para que Grecia pudiera integrarse en el euro.

En 2000, la deuda griega era 103% del PIB, pero Goldman Sachs cambió la deuda cotizada en dólares y yenes por euros con una tasa de cambio ficticia, además de otras maquinaciones. Así redujeron en falso el endeudamiento de Grecia. Goldman Sachs engañó a la Unión Europea, pero nunca respondió ante la ley, protegida por complicidades de instituciones financieras y políticas europeas.

Complicidades como la de Papademos, gobernador del Banco Central griego de 1994 a 2002; de Christoforos Sardelis, jefe de la oficina de gestión de la deuda griega de 1999 a 2004; de Spyros Papanicolaou, que lo reemplazó; de Jean Claude Trichet, entonces presidente del Banco Central Europeo, que negó documentación que hubieran permitido conocer la verdad de esa deuda. O de Mario Draghi, hoy presidente del BCE, vicepresidente de Goldman Sachs para Europa entonces. ¿Draghi no conocía el apaño de las cuentas griegas cuando su banca organizó el montaje? Además, el BCE y otras entidades impidieron auditorías que hubieran desvelado el engaño de esa deuda. Una deuda cuyo manejo por la Troika cumple el papel de dominación como las legiones imperiales de Roma o los ejércitos coloniales del XIX. Así funciona en el sur de Europa.

Ahora que Comisión y BCE niegan el pan y la sal al pueblo griego, retrocedamos a 1954. Para recordar, una vez más, que Alemania salió del profundo hoyo económico en el que estaba hundida por dos guerras mundiales (que ella provocó y empezó) por la solidaridad de veinticinco países acreedores (entre ellos, Grecia y España). Le perdonaron 62% de deuda, prolongaron los plazos de pago del resto y redujeron los intereses. Europa fue generosa y lúcida: si un mes Alemania Federal (entonces) ingresaba menos por exportaciones que los intereses a pagar, éstos se aplazaban.

Pero no solo Alemania. Hubo amplias reducciones de deuda pública a Francia e Italia tras la II Guerra Mundial. Quitas de 52% y 36% respecto a sus PIB de 1934. La deuda de ambos países fue perdonada en gran parte y con esas medidas sus economías mejoraron y ambos países devinieron potencias económicas.

Las quitas son práctica corriente desde hace siglos. ¿Por qué Grecia no ha de tener ese trato? Es de justicia, porque la desastrosa situación de Grecia es el fruto purulento de una cadena de delitos económicos en la que hay implicados muchos poderes. ¿Acaso el origen delictivo de parte de la descomunal deuda griega no la hace parcialmente ilegítima? Y las deudas ilegítimas no se pagan, como formuló en 1927 el jurista y profesor ruso Alexander Sack; nada bolchevique, por cierto.

Por no hablar de las compras de helicópteros de combate y buques de guerra del gobierno conservador griego a Francia y Alemania en los primeros años de la crisis. Compras que la Troika no consideró que debieran anularse. Lo que empapa de ilegitimidad esa deuda por material de guerra.

Grecia saqueada, recesión, despidos masivos, ajustes, retrocesos sociales y miseria. Son los frutos de la trampa y crecimiento de la deuda griega más el rescate y otras injusticias adjuntas. Pero la Comisión y el BCE no parecen dispuestos a una quita, no sea que haya justicia en Europa y cundan la sensatez y la solidaridad financieras con los estados más endeudados.

Perodista y escritor
Twitter: @xcanotamayo

Artículo publicado en CCS, Centro de Colaboraciones Solidarias

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Catálogo de nuevos terroristas según la reforma penal del PP y el PSOE

Mon, 09/02/2015 - 13:01
Pedro Águeda - eldiario.es Con la expuesta intención de hacer frente al fenómeno yihadista, el Partido Popular y el PSOE han pactado una reforma del Código Penal que extiende la definición de “terrorismo” a conductas que nada tienen que ver con los delitos que puedan cometer integristas islámicos, según coinciden los expertos consultados.Más allá de la oposición a la prisión permanente revisable, los socialistas prestan su apoyo a un concepto de terrorismo sobre el que otros miembros de la oposición, activistas y catedráticos de Derecho Penal dan la voz de alarma: el texto de la proposición de ley introduce conceptos tan amplios y vagos que actos que hasta ahora merecían un determinado reproche penal pasarán a ser castigados con la severidad que merece un acto terrorista.

En concreto, la reforma del artículo 573 del Código Penal establece como delitos terroristas los “desórdenes públicos” u otros contra el patrimonio si con ellos se pretende “obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” o, simplemente, “alterar gravemente la paz pública”. Estas son las acciones y grupos susceptibles de ser investigados, detenidos, juzgados y condenados por terrorismo a partir de la reforma acordada por el PSOE y el PP.

Vecinos de Gamonal y otros barrios

Los participantes en los disturbios del barrio burgalés de Gamonal pretendían parar las obras en un bulevar aprobadas por el Ayuntamiento de la ciudad. Lo que hicieron se puede traducir por que algunos protestaron de forma violenta con la intención de obligar a un “poder público” a rectificar y “abstenerse” de llevar a cabo su proyecto.

La afirmación encaja con la nueva redacción del artículo 573 del Código Penal que el PP y el PSOE quieren aprobar. De haber estado en vigor la reforma del Código Penal que han aprobado los dos partidos, los causantes de lesiones a los policías antidisturbios podrían haber sido condenados a 15 años de prisión.

El Ministerio del Interior difundió la supuesta vinculación de algunos violentos llegados de fuera con grupos próximos al terrorismo, aunque los datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León describían a un manifestante residente en el barrio y sin antecedentes, salvo en dos excepciones.

Con la reforma pactada, sucesos como los de Gamonal “activarán la legislación” en esta materia antiterrorista, advierte el catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico. Y añade: “Aparte de la mayor gravedad de la reacción penal, deben mencionarse otras gravísimas consecuencias, como una detención policial por cinco días o la interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial previa”.

Defensores del medio ambiente y los derechos de los animales

¿Alteran gravemente la “paz pública” los activistas que se plantan en Tordesillas todos los años para impedir la celebración del Toro de la Vega? En caso afirmativo, ya existe el primer indicio de terrorismo. ¿No pretenden que las autoridades prohíban la fiesta? Otra respuesta positiva les sitúa directamente en el radar de la lucha antiterrorista.

¿Y las organizaciones animalistas que asaltan granjas donde se maltrata a los animales? ¿No llevan a cabo un delito contra el patrimonio con la intención de cambiar la legislación que no castiga la cría de animales en determinadas condiciones? Con otras dos respuestas afirmativas a estas preguntas, la suerte de los animalistas estará echada cuando se apruebe la reforma del PP y el PSOE, según los penalistas consultados.

El tribunal competente para instruir y juzgar los delitos de terrorismo es la Audiencia Nacional. Siempre cabe la posibilidad de que la redacción ambigua de la ley permita al magistrado instructor rechazar un proceso por terrorismo y derivar las denuncias contra los animalistas a un juzgado ordinario.

Pero antes de que eso ocurra, coincide el catedrático de la Universidad Autónoma Manuel Cancio, los participantes en las protestas podrán ser investigados y detenidos por unidades policiales antiterroristas, sus comunicaciones intervenidas sin autorización judicial previa y, además, su arresto transcurrirá en régimen de incomunicación, incluso por un espacio máximo de cinco días. A lo anterior cabría sumar el tratamiento mediático que Interior aplica a los sospechosos de terrorismo. Según los expertos consultados, la proposición de ley del PP y el PSOE permite todo ello.

Bajo estos mismos parámetros, Fuerzas de Seguridad y jueces tendrían respaldo legal para responder con operaciones antiterroristas contra aquellos que protagonicen actuaciones con fuerza contra la construcción de centrales nucleares y otras obras susceptibles de dañar el medio ambiente. Para ello no será necesario que atenten contra personas, bastará con que lo hagan contra el “patrimonio”.

Habituales en desahucios, escraches y protestas contra las privatizaciones

Desde que existe la Plataforma Antidesahucios, más de 1.000 desalojos han sido abortados en España. Es decir, en un millar de ocasiones, un grupo de personas ha impedido a la comisión del juzgado, eventualmente apoyada por la policía, ejecutar el mandamiento de desahucio.

Traducido al nuevo texto legal, los activistas han impedido a un poder público realizar una acción. Y para hacerlo han incurrido en desórdenes públicos. Si no han sido graves, se enfrentan a una multa que puede alcanzar los 30.000 euros, según la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En el caso de que se trate de hechos graves, deberán atenerse a los delitos de terrorismo que recogerá el nuevo artículo 573 del Código Penal.

¿Qué diferencia una resistencia a la autoridad susceptible de multa de otra de carácter grave? Aquí entra la reforma del Código Penal que ha aprobado el PP en solitario y que no alude, en principio, al terrorismo. Según el nuevo texto, cometerá un acto grave de desórdenes públicos el que se niegue a abandonar un lugar, solo a través de la resistencia pasiva, sin necesidad de que recurra a la violencia.

Las actuaciones contra los desahucios dejan a menudo imágenes de activistas abrazados entre sí y retirados a rastras por los antidisturbios. Para el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, la reforma antiterrorista es la tercera pata de “un trípode de excepción”, que se completa con la Ley de Seguridad Ciudadana y el resto de la reforma del Código Penal.

Algo similar ocurriría con los escraches, que también ha popularizado en España la PAH. Con la campaña que emprendieron, los activistas pretendían presionar a los políticos para que votaran a favor de una Iniciativa Legislativa Popular en favor de la dación en pago. Su objetivo declarado, por tanto, era “obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

De nuevo aparece la renovada redacción del artículo 573 del Código Penal por los grupos socialista y popular. La misma situación se repetiría con aquellos que se vieran envueltos en “desórdenes públicos” al protestar contra la privatización de Aena o el Canal de Isabel II, como apunta el catedrático de la Universidad Autónoma Manuel Cancio.

Ciberactivistas

Los activistas en la red que han traspasado la línea, según el actual Código Penal, también tienen su apartado en la reforma del artículo 573. Esos delitos que ejecutan pasarán ahora a ser terrorismo “cuando se cometan con alguna de las finalidades descritas en el apartado anterior”, es decir, para obligar a los poderes públicos a realizar algo o a dejar de hacerlo, alterar gravemente la paz pública o “desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional”.

Esta última intencionalidad, aplicable no solo a los hackers, adquiere cierta relevancia cuando se habla de ellos. En el caso de que uno o varios de estos hackers decidan asaltar los archivos informáticos de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, estarán incurriendo en un delito de terrorismo, según la próxima legislación española.

El artículo 197 bis del Código Penal actual castiga con prisión de entre seis meses y dos años a quien, “por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático”.

Con el texto que presentan el PSOE y el PP, los hackers podrán ser perseguidos por eso mismo en calidad de presuntos terroristas. Así será cuando obtengan informaciones violando la seguridad informática de personas o instituciones. En ocasiones se trata de espionaje empresarial o piratería informática, pero en otras se ha tratado de obtener información relevante para los ciudadanos por la gravedad de los hechos que hacen aflorar. De no haber sido sustraídos y entregados a los medios de comunicación, nunca se hubieran conocido.

En el campo que afecta a los ciberactivistas, el abogado y director jurídico de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), Carlos Sánchez Almeida, destaca el caso de los imputados en un juzgado de Gijón por tumbar la web de la Junta Electoral Central durante las protestas del 15M realizadas en 2011 en fechas no autorizadas por su proximidad a las elecciones autonómicas y municipales. Con el próximo Código Penal, advierte el letrado, podrían ser acusados de un delito de terrorismo.

Tuiteros, al límite

La próxima legislación antiterrorista abarcará los delitos cometidos por quienes difundan “públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo”.

Esos delitos, como se menciona anteriormente, no tienen por qué estar vinculados necesariamente con el terrorismo yihadista y podrían cometerse durante una protesta que derive en altercados. En este sentido, Sánchez Almeida destaca la “ambigüedad” de la expresión “sean idóneos” como soporte para perseguir como terroristas infinidad de mensajes difundidos a través de las redes sociales, como ha ocurrido en algunas de las convocatorias post-15M.

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Razones para que se ayude a Grecia y al resto de países del sur

Mon, 09/02/2015 - 09:00

Juan Murillo Sarabia -ATTAC Madrid

Grecia, cuna de la Democracia, está en una situación de emergencia nacional. ¿Culpables los ciudadanos? No. Culpables los dirigentes de anteriores gobiernos que han conducido al país a la situación de endeudamiento en que se encuentra. Como en España, Grecia ha tenido sus Bárcenas, sus Blesas, sus Púnicas, etc., etc.

Una deuda odiosa o ilegítima en Derecho Internacional es una teoría jurídica que se ha puesto en práctica muchas veces a lo largo de la historia. Sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos de un país no tiene por qué ser pagada y no es exigible su devolución. En todo caso, las deudas podrían ser consideradas personales y deberían responder de ellas quienes las hubieran contraído, -sea el monarca, presidente, el director del banco central nacional, ministros, etc.- y no el Estado en su conjunto. El concepto de deuda odiosa, por ejemplo, ha sido utilizado innumerables veces por los Estados Unidos para no hacerse cargo de las deudas contraídas por países que pasaban a su órbita, véase la independencia ficticia de Filipinas como ejemplo, o mas reciente, la administración de Irak por EE.UU en 2003, que se negó a pagar las deudas con Francia.

La incontestable victoria de Syriza en Grecia responde al sentimiento de un pueblo que ha percibido con claridad como el totalitarismo financiero, (TROIKA) aliado con la corrupción interna de gran parte de los dirigentes, les ha llevado a la situación económica en que se encuentran que es bastante parecida a la situación de un país que ha sufrido una guerra. Tsipras ha ganado porque está dispuesto a luchar para que 300.000 personas en situación de exclusión tengan electricidad gratuita, para que los procesos de privatización de sectores estratégicos como la electricidad o puertos y aeropuertos sean suspendidos, para que la cobertura sanitaria llegue a todo el mundo, para que funcionarios despedidos sean readmitidos.

En España, el gobierno del PP con el presidente Sr, Rajoy a la cabeza y toda la corte de voceros interesados y pagados que no cesan de lanzar e impulsar el mensaje del “casi” milagro de la recuperación española, milagro que, en todo caso, se referirá a determinados oligopolios o grupos transnacionales, (Bancos, Ibex) que mejoran sus márgenes de beneficio en tanto que las expectativas de la ciudadanía permanecen estancadas con un paro gigantesco, un 60% de la juventud sin trabajo, unos servicios públicos cada vez más precarizados. Nos cuentan que se han creado 127.000 empleos cuando la realidad es que se han perdido 900 millones de horas de trabajo, las dos cifras son verdad. Lo que sucede es que Rajoy llama “empleo” a un contrato de 2 horas semanales. Y no lo dudemos, LA DEUDA ESPAÑOLA VA A SEGUIR CRECIENDO, porque esa es la herramienta que mengua o elimina la soberanía de los pueblos.

Nuestro actual presidente, el Sr. Rajoy del Partido Popular, cada equis días rinde cuentas ante la Sra. Merkel de la que es discípulo aventajado, en esa exigencia hipertrofiada del recorte y la austeridad para el ciudadano a fin de pagar inexorablemente la deuda. No se si nuestro presidente lo sabe, pero lo que si es seguro es que la Sra. Merkel no quiere recordar el Acuerdo de Londres de 1953 en el que a Alemania se le perdonó el 62 % de su deuda por 25 países, entre ellos España. Fueron 22.600 millones de marcos correspondientes al periodo entre la 1ª y 2ª guerra mundial, y 16.200 millones de marcos de posguerra. El resto, Alemania lo terminó de pagar 57 años después, el 3 de octubre de 2010.

Yaris Varufakis, ministro negociador griego, ni siquiera esta pidiendo una quita. Solo quiere renegociar unas condiciones inasumibles por un nuevo acuerdo ligado al crecimiento del país con una Grecia dentro del euro.

No perdamos de vista a Grecia ni un minuto.

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Se acelera la deflación en Europa

Mon, 09/02/2015 - 07:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

La deflación en los 19 países de la zona euro que utilizan la moneda única se está acelerando. En Alemania, la economía se ha deslizado por primera vez en deflación desde julio de 2009. En enero, los precios en la zona euro fueron 0,6 por ciento inferiores a los niveles de hace un año. Este es otro signo de las tendencias recesivas que amenazan con profundizar la crisis en la eurozona. Toda la zona euro podría caer en una espiral de caída de precios y salarios.

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Si bien la caída de los precios del petróleo fue un factor clave en el descenso del índice general de precios, la tasa de disminución fue mayor a lo esperado. Se estima que los precios continuarán cayendo durante los próximos meses a medida que la inversión y el consumo privado se contrae. La caída de la inversión y el consumo propagado por el alto desempleo empujan a Europa a una nueva crisis. Sólo una vez en la historia ha sufrido Europa una caída general de precios y fue en julio de 2009 tras el colapso del sistema financiero de septiembre de 2008. Pero mientras en 2009 la deflación tuvo una duración muy breve, esta vez amenaza con ser prolongada. Varios países europeos continuarán a lo largo del año con caídas en los precios.

El índice de precios de la eurozona se encuentra muy por debajo de las metas establecidas por el Banco Central Europeo que están en torno al 2 por ciento anual. Por eso que mientras la energía más barata es una muy buena noticia para los países que son importadores netos de petróleo, como lo es la zona euro, el peligro de un período prolongado en deflación hace potencialmente más dañino este nuevo flagelo que comienza a sufrir Europa donde la deuda pública y privada se convierten en el gran problema.

La deflación hace que el pago de los préstamos sea una carga más pesada dado que la deuda se encarece mientras los ingresos se reducen. Este fue el motivo central por el cual Mario Draghi lanzó su nuevo plan de estímulo cuantitativo hace diez días. Con este plan, el BCE comprará bonos de los gobiernos por 60 mil millones de euros durante un mínimo de 18 meses. El objetivo es empujar la inflación hacia arriba, algo insólito para un banco central dado que su política principal siempre ha sido controlar la inflación.

Que los bancos centrales se muevan en la dirección opuesta: a empujar la inflación, demuestra lo mal que están las cosas y lo incierta que se ve la salida de la crisis. Esto confirma que las políticas de austeridad impulsadas por Angela Merkel y promovidas por la troika han sido un fracaso.

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¿Qué lobbies manejan los hilos del TTIP?

Sun, 08/02/2015 - 18:00

Ekaitz CancelaLa Marea

El tratado de libre comercio (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue forjándose en lo más oscuro de las instituciones de ambos lados del Atlántico. El pasado 2 de febrero comenzaron las octavas jornadas de su negociaciones en Bruselas, que durarán hasta el 8 del mismo mes. Mientras la opinión pública empieza a ver las orejas del lobby, grupos de presión, think tanks o firmas de abogados y relaciones públicas al servicio del poder privado llevan dos años moviendo en la sombra los hilos de un tratado que afectara a millones de personas.

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Un grupo de activistas entregaron una iniciativa contra el TTIP firmada por más de un millón de personas / Friends of the Earth Europe. 05 de febrero de 2015.

Durante la preparación de las negociaciones entre finales de 2012 y principios de 2013 , el Departamento de Comercio de la Comisión Europea fue presionado por 298 “partes interesadas”, de las cuales 269 correspondían al sector privado. Además, el 92% de las reuniones que la Comisión tuvo a puerta cerrada fue con corporaciones de presión empresariales. Esto deja en 26 los encuentros con grupos de interés público y significa que por cada cita con un sindicato o conjunto de consumidores se producían 20 con empresas y federaciones industriales. Así lo denunció el pasado verano el Corporate Europe Observatory. También, que los 25 grupos que más presionaron correspondían a lobbies de la industria.

Agrupadas bajo “organizaciones paraguas”, las compañías más poderosas del planeta presionan a los poderes políticos para asegurarse de que sus polémicos intereses no se vean afectados. Desde el ACEA, grupo del sector automovilístico que representa a BMW, Ford, Renault, Volskwagen y otras muchas -cuyas acciones de lobby no han pasado desapercibidas- hasta el CEFIC, el conglomerado de farmacéuticas donde se esconden laboratorios como BASF o Bayer.

Pero sin duda, BusinessEurope (federación de empleadores) y la Mesa Redonda Europea de Industriales son los lobbies más fuertes de la Unión Europea. Esta última fue fundada en 1983 para influir en políticas que favorecieran cada vez más a las grandes empresas transnacionales. Suyos son los éxitos del Mercado Único, las Redes Transeuropeas o algunos aspectos clave del Tratado de Maastricht, donde ya en 1991 dejó sus huellas sobre las bases de lo que sería en el futuro la Unión Económica y Monetaria.

Este grupo de presión industrial, actualmente presidido por el CEO de la compañía de gas francesa Air Liquide, engloba a los magnates de las multinacionales europeas más importantes. Entre sus selectas filas hay cuatro españoles: Cesar Alierta (Telefónica), Pablo Isla (Inditex), Antonio Brufau (Repsol) e Ignacio S. Galán (Iberdrola). A diferencia de la mayoría de grupos de presión en Bruselas, la ERT (por sus sigas en inglés) no hace lobby en detalles legislativos, sino que gracias a su libre acceso a comisarios y parlamentarios centra la influencia en llenar la agenda de la UE con proyectos favorables a la globalización, y por tanto, a las multinacionales.

También en América, compañías que engloban a Apple, Blackberry, Microsfot o IBM presionan con el nombre de Digital Europe para lograr sus fines. Especial mención merece la potente maquinaria americana de lobby que la Cámara de Comercio de EEUU ejerce sobre el TTIP. Sólo en 2014, su gasto en cabildeo ascendió a 124 millones de dólares. En su sede en España (AmCham) hemos podido ver a lo largo del último año a todo el establishment español. Monsanto, McDonald’s o Procter & Gamble son los representados de este gigante americano que también trabaja estrechamente con la ERT en los temas que más interesan a sus miembros, ahora, el Tratado de Libre Comercio.

Pero si hay una industria que se ha esforzado en influir a políticos europeos y americanos, esa es la agroindustrial. De las 560 reuniones con la Dirección General de Comercio que se han llevado a cabo, este sector ha protagonizado 113. Más encuentros que el lobby farmacéutico, médico, financiero y automovilístico juntos. “Se trata de tirar hacia abajo los derechos laborales, ambientales y supeditar la democracia al comercio para abaratar el precio de sus productos y servicios”, afirma sobre este sector a La Marea el portavoz de Equo, Florent Marcellesi, desde Bruselas.

Las reuniones secretas de los grupos de presión

El 82% de los encuentros celebradas por la Dirección General de Agricultura son con lobbies agroindustriales de gran alcance, que como Cargill o la Asociación Americana de la Soja poseen documentados antecedentes en la lucha contra la seguridad y sostenibilidad del medioambiente. Desde presionar en contra de los etiquetados de alimentos favorables al consumidor hasta cabildear en contra de la prohibición de pesticidas dañinos con la naturaleza. “El hecho de que la Comisión Europea trabajara de manera tan estrecha con estos agresivos grupos mientras preparaba las negociaciones del TTIP es una buena razón para preocuparse acerca del futuro que le espera a la naturaleza”, afirma Marcellesi.

En función del grupo de presión, las políticas del tratado internacional sobre las que se quiere influir varían, pero el objetivo final de todos estos lobbies es la “cooperación normativa”. Un concepto de sonido inocente que propone alejar los asuntos más contenciosos del TTIP del examen público, ya que sólo se discutirían una vez firmado el tratado, mediante pactos secretos y acuerdos a puerta cerrada. Los parlamentos nacionales y las instituciones electas no podrán intervenir plenamente, y se limitará peligrosamente el debate público.

Diversas organizaciones contrarias al tratado avisan de que cualquier intento futuro de establecer medidas más sostenibles y favorables a los derechos laborales serán desestimadas por las multinacionales como una “barrera contra el comercio”. Las corporaciones empresariales más fuertes -denuncian- han estado presionando para incorporar este idílico escenario incluso antes de que las negociaciones comenzaran. Así lo muestran la filtración de diversas cartas remitidas a la Comisión Europea por BussinesEurope o US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de EEUU).

Otro problema que destacan los opositores del TTIP es que muchos lobbies ni siquiera están inscritos en el registro de transparencia europea, concretamente, más del 30% de los sectores privados que han presionado a la Dirección General de Comercio durante el inicio de las negociaciones: 94 empresas, entre las que encontramos nombres como Walmart, Walt Disney, General Motors o France Telecom.

Un caso concreto de esta opacidad es el que ha llevado a varias organizaciones a presentar una denuncia contra Goldman Sachs. En el Registro de Transparencia Europea, el gasto en representación ante instituciones europeas que esta compañía declara es de 50.000 euros, una cantidad muy baja teniendo en cuenta que en Estados Unidos refleja una inversión en este aspecto 58 veces mayor. Las ONG denunciantes también alegan que el importe que se declara en este registro no cuadra con el que reflejan las firmas de relaciones públicas que le prestan servicio, ya que estas afirman haber recibido pagos de Goldman Sachs por un valor de más de 450.000 euros, una cantidad 9 veces superior a la que el banco de inversión dice gastar en lobby.

Filtraciones que delatan a las multinacionales

A la falta de conocimiento sobre quiénes se reúnen con los políticos europeos se suman las continuas filtraciones sobre oscuras demandas que los grupos de presión realizan. Los ejemplos van desde los documentos que ha publicado Filtra.la o Wikileaks, hasta el informe presentado por el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y ClientEarth, que muestra cómo una propuesta secreta de los lobbies químicos podría dañar la legislación protectora de productos tóxicos.

También, el hecho de no reflejar los temas que se tratan durante las reuniones entre lobbistas y políticos preocupa a las organizaciones de la sociedad civil. Durante el periodo inicial de negociaciones, sólo 5 de los 298 grupos indicaban los temas que se trataban en las reuniones.

Todo esto sucede mientras la Comisión Europea afirma que no hay “ningún secreto”. Las organizaciones, de nuevo, denuncian que no sólo hay un interés por no publicar la lista de reuniones con los lobbistas, sino que cuando son exigidas se envían con meses de retraso y con amplios signos de censura. Un ejemplo es la petición de información que Corporate Europe Observatory envió en abril de 2013 para obtener una visión general de los contactos que la Comisión había mantenido con la industria durante los preparativos del TTIP. Los documentos llegaron 14 meses después de la presentación de la solicitud (si bien el derecho de la UE requiere una respuesta en un plazo de 15 días laborables) y además, en los informes la Comisión había blanqueado o ennegrecido partes comprometidas. “Si la Comisión Europea se tomara en serio el cabildeo y la transparencia publicaría las listas de todas las reuniones con los grupos de presión en su sitio web”, critican desde el CEO.

La inexistencia de un debate público acerca del TTIP

En España pocos han sido los medios privados que han informado sobre el Tratado. De hecho, El Mundo sólo recoge en su hemeroteca 18 noticias relacionadas con el TTIP durante los dos años de negociación. En El País, durante los últimos dos meses sólo hay cuatro referencias: dos son cartas al director y otras dos son tribunas abiertas que reflejan las voces de sus partidarios, una de ellas la firman Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, y Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio.

La falta de conocimiento de la opinión pública nacional sobre las consecuencias de este polémico tratado, a pesar de las campañas de organizaciones contrarias a este, quedó en evidencia cuando la Comisión realizó una consulta sobre el criticado mecanismo de arbitraje entre Estados e Inversores (llamado ISDS). De las 150.000 respuestas ciudadanas recibidas, sólo el 2 por ciento venían de España.

“Cuanto más se informa al público de lo que está en juego con el TTIP, más impopular se vuelve el acuerdo, porque la gente entiende que tiene mucho que perder”, afirman desde el Corporate Europe Obsevatory en relación a la falta de información que hay en los medios sobre las consecuencias negativas de este tratado. Quizá sea por ello por lo que la Comisión Europea elaboró una estrategia de comunicación para “comunicar de manera adecuada” las ventajas del Tratado. En un documento filtrado se refleja el contexto del TTIP, los retos principales de su comunicación, así como los mensajes y objetivos sobre los que debe de girar el discurso de las partes interesadas en su firma.

Como afirma el Premio Nobel Paul Krugman en el New York Times. “Hay razones para apoyar este Tratado y razones para oponerse a él. Pero cuando la Cámara de Comercio de Estados Unidos hace de un acuerdo muy complicado su gran prioridad, y ofrece falsedades para justificarlo, deberíamos sospechar de que hay asuntos perversos ocultos en la letra pequeña”.

*Consulta toda la información sobre el TTIP en el dossier monográfico del número de febrero de La Marea

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LA GRÁFICA

Sun, 08/02/2015 - 13:00

Raúl Ciriza – ATTAC Navarra

Algunas personas que militamos en ATTAC llamamos a gráficas como esta: LA GRÁFICA. Así, con mayúsculas. Esta, por ejemplo, está extraída de un informe de la OCDE, organización nada sospechosa de mantener una ideología contraria a la dominante (en ciertos círculos es conocida como “el club de los países ricos”). Y si las llamamos LA GRÁFICA es porque, cada vez que las hacemos presentes, desnudamos gran parte de las mentiras neoliberales que constantemente oímos por ahí. Expliquemos la que hoy nos ocupa:

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Si miramos en donde pone Spain, veremos una barrita azul y, más arriba, un punto naranja. La barrita azul nos indica cuánto dinero -en cash, contante y sonante- del que procede de beneficios sociales del Estado es recogido por el 20% más pobre de la población. Proyectamos en el eje horizontal y vemos que ese gasto supone algo más de un 10% de los recursos. El punto naranja, en cambio, se refiere al 20% de población más rica, y si hacemos el mismo ejercicio observamos que consume más o menos el 25% de los beneficios sociales.

O sea, que LA GRÁFICA generada por la OCDE –organización sin sesgo contracultural- nos indica que, en España, el 20% de población más rica se pule un 25% del dinero destinado a beneficios sociales, mientras que el 20% de población más pobre solo consume la mitad.

Hasta aquí la explicación científica de LA GRÁFICA.

El riesgo, una vez expuesta esta realidad, es que ahora nos enredemos en enumerar todas las lecturas que se pueden extraer de este dato. La injusticia de que ese cash, obtenido de los impuestos que esforzadamente pagamos, no se destine a favorecer a quien más lo necesita sino que se escurra hacia la gente cuyas necesidades básicas están sobradamente colmadas. No voy a caer en esa tentación de hablar sobre lo obvio, lo que todo el mundo advierte.

Lo que toca, ahora, es encontrar usos que dar a LA GRÁFICA. Por ejemplo, podríamos imprimirla en un cartel enorme y colgarla en las paredes de todos esos bares donde se argumentan mentiras sobre el gasto social que produce la inmigración en España; o en todas las sucursales bancarias donde se quejan por el gasto a las arcas públicas que supone la exclusión social; o en todas las oficinas donde habita el convencimiento de que debería ser privado, por eficiente, el sistema de atención a la tercera edad.

O podría cobrar vida propia, LA GRÁFICA, y saltar automáticamente a tapar todas las pantallas cada vez que una televisión afirma que se acaba el dinero para las pensiones. Debería caer del cielo, como un aerolito, sobre la cabeza de ese tertuliano que asegura que es imposible pagar un subsidio a tanta gente parada. Imaginemos a LA GRÁFICA mutada en superheroína y abofeteando con rabia a quienes recortan las ayudas a comedores escolares; golpeando con sus puños a quienes cierran, para ahorrar, baños públicos en los parques; degollando a quienes hacen políticas que dificultan el acceso a rentas básicas de inclusión.

O imaginemos qué haría LA GRÁFICA en la puerta de El Corte Inglés, en ese momento en que una persona de bien se agarra la cartera porque el mendigo que pide en la puerta tiene mala pinta. Y mientras, inocentemente, deja paso a ese matrimonio adinerado que denosta lo público y que, cargado de bolsas, mira al mundo por encima del hombro.

Una de las misiones de ATTAC es desenmascarar esas ruedas de molino que los grandes medios nos obligan a tragar. Con datos, con rigurosidad y con certezas. Para ser más libres y para armarnos frente a este sistema que solo produce soledad e indefensión.

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252 palabras del BCE contra dos millones de votos

Sun, 08/02/2015 - 09:00

Iñigo Sáenz de Ugarte - eldiario.es

El BCE ha recordado a los griegos que están internados en una prisión de la que no pueden escapar fácilmente. Y los alcaides del centro penitenciario (también llamado eurozona) no sólo tienen las llaves sino la firme voluntad de que nadie pueda saltar los muros. Ni tampoco mejorar las condiciones de vida en las celdas.

En la noche del miércoles, el Banco Central Europeo ha emitido un comunicado de 252 palabras con el que pretende neutralizar los 2.246.064 votos obtenidos por Syriza en las últimas elecciones. En otras palabras, no es culpa del BCE si los votantes eligieron al partido equivocado. Ya no aceptará la deuda griega como garantía de los préstamos que concede a los bancos de ese país para prestarles dinero con el que salvaguardar su liquidez. Es decir, para que puedan seguir operando con normalidad.

Como es habitual con el BCE, la decisión está disfrazada con la terminología habitual que siempre se refiere a las normas de la institución. Se levanta una excepción que hacía posible algo imposible: el estatus crediticio de esa deuda ofrecida por los bancos no estaba a la altura de los mínimos exigidos, pero se les había concedido ese derecho como parte del programa de rescate del país. Dado que el nuevo Gobierno ha anunciado que el mantenimiento de ese sistema condena al país a la pobreza y quiere cambiar las condiciones, el BCE dice que la excepcionalidad toca a su fin. ”Actualmente no es posible asumir una conclusión exitosa de la evaluación del programa”, dice el comunicado en ese lenguaje frío que intenta hacer ver que se trata de una decisión forzada por las circunstancias, casi un fenómeno natural inevitable, como la crecida de los ríos que sucede a una fuerte tormenta o deshielo.

El comunicado no es en sí mismo el inicio del Armagedón bancario. Los bancos griegos no dependen por completo de la deuda pública de su país para presentar garantías. Pero el BCE les dice, también con palabras finas, que las necesidades de liquidez de esos bancos tendrán que ser satisfechas por su banco central correspondiente, que es el que tiene su sede en Atenas. No es mi problema. No vengan aquí a pedir ayuda.

¿Está apostando el BCE por una fuga masiva de depósitos, no ya de las grandes empresas, sino también de los ciudadanos? Sería de una irresponsabilidad increíble y además hay que recordar el anterior párrafo. Desde principios de enero, ha habido una retirada importante, no masiva, de fondos del sistema financiero griego, y eso no ha causado el pánico.

Llegados a este punto, hay que recordar las sabias palabras del entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, que dijo en una comparecencia en el Parlamento que iniciar un ‘bank run’ (fuga masiva de depósitos por los ciudadanos) quizá no sea una decisión racional, pero unirse a ella cuando ha comenzado (quizá sin que se conozcan exactamente las razones) sí puede ser una decisión perfectamente racional. En esos casos, nadie quiere ser el idiota que se quedó en casa pensando que esa reacción era exagerada para descubrir más tarde que todos los demás han ido corriendo al banco y formado ya colas interminables. King lo sabía bien porque eso es lo que pasó en el banco Northern Rock en 2007. No había ocurrido nada parecido en el Reino Unido en los 150 años anteriores.

Y ahora pongámonos en la piel de los griegos que aún tienen cantidades de dinero relevantes en sus bancos y especulemos con lo que pueden empezar a pensar cuando vean los titulares el jueves.

Ya antes de que se conociera la decisión del BCE, Bernardo de Miguel explicaba desde Bruselas que la ofensiva de Tsipras y Varufakis iba a ser frenada en seco: “El gobierno alemán se ha encargado de minar el terreno que pisará Varoufakis en la última etapa de una gira europea que ya parece irremisiblemente condenada al fracaso”. A ello había que sumar los primeros comentarios, procedentes de fuentes anónimas, que indicaban que el BCE se oponía de forma tajante al plan esgrimido por Varufakis para cambiar la gigantesca deuda por dos tipos de bonos nuevos, ligados al futuro crecimiento del país.

Grecia pedía tiempo para negociar y para eso necesitaba que el BCE mantuviera asegurada la liquidez de los bancos griegos durante los meses entre el abandono del programa de rescate y un nuevo acuerdo que fuera posible en junio. Italianos y franceses no dieron muchas esperanzas, pero al menos acogieron sin hostilidad las ideas que escucharon del primer ministro griego y su ministro de Finanzas. Antes de la reunión de este jueves en Berlín entre Schäuble y Varufakis, los alemanes ya mostraron signos de que no estaban dispuesto a moverse ni un centímetro. No tenían de qué preocuparse. El BCE se iba a ocupar de dar el tiro de gracia a la gran evasión de Varufakis.

Como en los tiempos de las cartas de Trichet a los gobiernos del sur de Europa, el BCE ha tomado una decisión política con la que determinar las decisiones políticas de las autoridades políticas de un país miembro de la eurozona. Estas son las reglas de la eurozona. Los gobiernos no pueden influir en las decisiones del BCE, porque es una institución independiente. El BCE sí puede influir en las decisiones de los gobiernos, porque estos sólo cuentan con la legitimidad democrática que dan los votos, y esa es una divisa que cotiza muy bajo en las instituciones europeas.

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Iniciativas sociales y partidos políticos se unen en un compromiso para la derogación de la Ley Mordaza

Sun, 08/02/2015 - 07:00

AlbaVnosomosdelito.net

Madrid-.4 de febrero. El Ateneo de Madrid acogió ayer el acto por la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde grupos parlamentarios de la oposición, exceptuando a UPyD, CIU y PSOE, y partidos sin representación parlamentaria como Podemos firmaron un compromiso con la ciudadanía de derogación de la ley en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura.

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En este encuentro, al que asistieron más de 300 personas como testigos del acto de firma, participaron organizaciones sociales de toda índole (sindicatos, ong’s, partidos y colectivos ciudadanos) en una asamblea abierta al público en la que se compartieron propuestas y compromisos entorno a un mismo objetivo: parar la Ley Mordaza. En la asamblea, los representantes de diferentes iniciativas sociales hablaron sobre las implicaciones de esta ley y de cómo se vulneran derechos fundamentales que son propios de un sistema democrático.

ateneo_4Greenpeace, La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Defiende a quien defiende, Avaaz, Las Marchas de la Dignidad22M, Democracia Real Ya y Madres contra la Represión señalaron como esta ley lo que busca es reprimir el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación. “En un momento crítico en el que señalamos a la oligarquía energética y a los intereses que dañan al medio ambiente, vemos amenazada nuestra actividad con sanciones para los activistas más comprometidos, nos quieren fundir a multas”, denunció Miguel Ángel Soto de Greenpeace.

Amnistía Internacional y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información apuntaron la amenaza que esta ley supone hacia derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. “Pone en riesgo derechos fundamentales, impidiendo que periodistas y ciudadanos puedan grabar y difundir injusticias”, señalo María Serrano de Amnistía Internacional.

La Asociación Libre de Abogados (ALA) y Legal Sol 15M advirtieron de la limitación que esta ley supone a nuestro acceso a la Justicia. “Esta ley no viene sola sino que va acompañada de un paquete de reformas como el código penal, la ley de tasas, la ley de asistencia jurídica gratuita o la ley de enjuiciamiento criminal, con las que se señala a quien roba en un supermercado pero no a quien comete grandes fraudes”, Alejandro Gámez de ALA.

SOS Racismo, Pueblos Unidos Cáritas y la Plataforma del Tercer Sector alertaron del ataque directo hacia los derechos de las personas migrantes y en situación de vulnerabilidad social. “Los inmigrantes se ven doblemente afectados por estas leyes, que dividen a las personas, en ciudadanos de primera y de segunda”, según explicó Isabel  Elenku de SOS Racismo.

Por último, Ganemos Madrid, Confederación Pirata y ATTAC se pronunciaron sobre cómo esta ley afecta a la política social y económica. “Esta gran cascada de leyes en el plano económico van en paralelo a una serie de tratados de libre comercio e inversiones con los que pretenden robarnos nuestros derechos para ponerlos al beneficio de la élite financiera”, recordaba Sol de ATTAC.

14f_amordazados_1El encuentro confluyó en un compromiso firme y unitario adquirido por todas las personas asistentes: parar la ola de represión, la estrategia del miedo y estado policial del gobierno, saliendo a la calle porque “no tenemos miedo a ejercer nuestros derechos y ante la represión ni un paso atrás”. De este compromiso, salió también un acuerdo inmediato, el acudir todas a la manifestación del 14 de febrero convocada por No Somos Delito contra las Leyes Mordaza.

Desde un principio, estaba previsto que el Congreso fuese el lugar de escenificación de este encuentro en rechazo a la Ley Mordaza pero por motivos que explicó Ricardo Sixto, portavoz de Izquierda Unida, esto no fue posible debido a que el Partido Socialista por motivos de agenda canceló de forma unilateral la celebración de este acto para el día 3 de febrero y vetó la posibilidad de que el grupo parlamentario de IU solicitara esta sala, impidiendo así que este encuentro se celebrara en el Congreso en la fecha programada.

La Plataforma No Somos Delito, insistió en que la Casa del Pueblo no es patrimonio de ningún partido y apeló a que se eviten pactos a puerta cerrada y se facilite la asistencia y participación real de la ciudadanía en los asuntos públicos. “El Parlamento no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía y su reacción es criminalizarnos con una ley que impone multas desorbitadas por parar desahucios como hace la PAH, por proteger el medio ambiente como hace Greenpeace, por defender el acceso a una sanidad pública y universal como hace la marea blanca o los afectados por la hepatitis c, por luchar contra la manipulación mediática como los trabajadores de RTVE o TeleMadrid, por defender nuestros derechos laborales como Coca Cola en lucha o por sobrevivir como los migrantes que cruzan la valla de melilla”, apuntaba No Somos Delito en su intervención.

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Para la Plataforma, un ejemplo de seguridad ciudadana es cuando el gobierno garantiza a todas las personas el acceso a derechos fundamentales como son una vivienda digna, una educación y sanidad pública para todas, un salario digno o el acceso a la cultura,  “y nada de eso se nos está garantizando, al revés, nos lo están arrebatando”. Por este motivo, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, sindicatos y partidos políticos hicieron ayer un llamamiento conjunto a  toda la ciudadanía a manifestarse el 14 de febrero. “El 14 F nos declaramos amantes de la libertad y salimos a la calle a decirles que no queremos vivir AMORdazados, que no tenemos miedo y porque no somos delito” es el mensaje de la Plataforma.

*Video del Acto (firma de partidos): https://www.youtube.com/watch?v=px_2Xkra2mg

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Urgente: nueva era, nuevas soluciones II

Sat, 07/02/2015 - 18:00

Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

Favorecer una adecuada evolución puede evitar la revolución. Tras los primeros planteamientos, continúan las propuestas para el “nuevo comienzo”. Un cambio de rumbo es posible.

La democracia genuina, la solución. La Constitución de la UNESCO establece en su preámbulo que la humanidad debe ser guiada por “principios democráticos”: justicia, libertad, igualdad y solidaridad “intelectual y moral”.

Una democracia que aumente la seguridad alimentaria y medioambiental, la equidad económica, los derechos de los inmigrantes, el acceso de todos a la educación… y la participación, gracias a la moderna tecnología de la comunicación.

La democracia consiste en situar las riendas del destino en las manos de “Nosotros, los pueblos…”. Para ello, hay que asegurar la permanente implicación ciudadana. Actualmente, las elecciones nos cuentan pero luego no contamos, no nos tienen en cuenta y los programas son incumplidos, mientras las mayorías electorales  absolutas se imponen al poder legislativo  e incluso al judicial.

El “mandamás” de la partitocracia nombra a quien quiere sin escuchar a los de su propio grupo. La función fundamental consiste en asegurar la reelección utilizando todos los medios al alcance. Ahora mismo, estamos asistiendo a grandes tensiones institucionales (el FM,  por ejemplo) y al acoso de los “mercados” a quienes representan (en España y Grecia) la traducción política de los movimientos sociales.

Para el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de todos es ineludible un contexto democrático:

1. A escala mundial, especialmente a través de la refundación de un Sistema de las Naciones Unidas que represente a “los pueblos”, donde el veto se sustituya por una votación ponderada, formando parte de la Asamblea General un 50% de representantes de la sociedad civil y añadiendo al actual Consejo de Seguridad uno socioeconómico y otro medioambiental.

2. A escala regional: en la Unión Europea, fortalecer urgentemente la actual unión monetaria con una adecuada unión política y económica, poniendo en práctica la excelente Declaración de Derechos Fundamentales de Europa aprobada en el Europarlamento en el año 2000; en los Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia de un clamor mundial contra las arbitrariedades del Partido Republicano, reordenar la vida política de tal manera que los Estados Unidos pueden ejercer el liderazgo mundial que todavía les corresponde, pero con pautas aceptadas por todos, que eliminen la tradicional deriva antidemocrática del Partido Republicano; en América Latina, fortalecer la CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe), como emancipación de la larga y dolorosa dependencia que han sufrido, teniendo plena capacidad para aportar nuevas fórmulas de gobernanza; fortalecer en África las buenas tendencias actuales de la Unión Panafricana; y lo mismo en la Liga Árabe, tan falta de arraigo todavía; las asociaciones en el  inmenso continente asiático reclaman,  más que en ningún otro caso, la existencia de una autoridad moral y efectiva de ámbito planetario.

3. A escala nacional, asegurar que se cumplen las pautas propias de un sistema auténticamente democrático, a cuyo efecto sería relevante y oportuno adoptar la Declaración Universal de la Democracia, redactada hace unos años, que ya cuenta con numerosos y destacados firmantes y que se halla actualmente en curso de perfeccionamiento para su presentación a las Naciones Unidas.

4. A escala local, destacar muy especialmente el papel progresivamente importante de las ciudades…

5. A escala personal, de tal manera que el comportamiento cotidiano esté orientado por principios que reflejen la convicción básica de la igual dignidad de todos los seres humanos.

Derecho a decidir, derecho a saber. Por ello, junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, es muy importante que los gobernantes conozcan con detalle la Declaración de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, que establece   nítidamente los derechos relativos a las comunidades indígenas, a las minorías, a los discapacitados, a la mujer, a los segmentos sociales más vulnerables, a la educación y a la autodeterminación, precisando en su capítulo quinto que las únicas circunstancias en que es admisible su práctica es al término de una situación de dominio militar o colonial.

Transiciones múltiples.

1. De una economía basada en la especulación, la deslocalización productiva y la guerra a una economía basada en el desarrollo global sostenible y humano, en la que la evasión fiscal y los paraísos fiscales se hallen completamente eliminados.

2. De una cultura de dominio, imposición y violencia a una cultura de encuentro, conversación, conciliación, alianza y paz. De la fuerza a la palabra: esta es la gran inflexión histórica donde la nueva era se consolida. Cultura del esfuerzo, de la imaginación, de una vida digna para todos.

A grandes rasgos, los principales desafíos son: crecimiento demográfico, más por el descenso de la mortalidad que por el ascenso de la natalidad; alimentación y agua potable; atención a la salud, teniendo en cuenta  los  gastos farmacéuticos y sanitarios propios de las enfermedades crónicas, debido a la mayor longevidad; total equiparación de la mujer, piedra angular del futuro que anhelamos; medio ambiente (desechos, reciclado y recaptura del anhídrido carbónico), con un gran fomento de las energías renovables; calidad de vida: vivienda, pensiones, nuevos tipos de trabajo, empleo y ocupación, con posible disminución de la jornada laboral y “flexitime”; tráfico de drogas, que debe regularse para terminar de una vez con la siniestra delincuencia y criminalidad de las mafias.

Para todo ello, es necesaria la realización, mediante el fomento en todos los países de la I+D+i, de prioridades indiscutibles para la correcta gobernación:

1. Alimentación para todos (agricultura, acuicultura, biotecnología).

2. Agua potable al alcance de todos (adecuada gestión del consumo, recolección, desalinización…).

3. Servicios de salud para todos.

4. Medio ambiente (recaptura y reducción de la emisión del anhídrido carbónico; vehículos eléctricos; transporte teleférico…).

5. Educación para todos.

6. Solución pacífica de los conflictos.

Los cambios radicales del “cómo” y “dónde” propios de la era digital en relación a la educación en general y a la superior en particular, no deben afectar y menos reducir la importancia esencial del “qué”, el “por qué” y “para qué”. Para contribuir a la formación de seres humanos “libres y responsables” (que en esto consiste la educación) y no especialistas y técnicos en habilidades y destrezas, es necesaria una educación en la que la filosofía y las actividades artísticas, que promueven la creatividad, sean esenciales.

En el caso concreto de España, un “plan país” podría ser convertirse en pocos años en la “California de Europa”. La posibilidad adicional de un “pacto ibérico”, que comprendería una península y cuatro archipiélagos, facilitaría no sólo el fomento del turismo y de la segunda residencia, sino una asistencia sanitaria de primerísima calidad, con centros de investigación de prestigio mundial. España, por su historia y situación geográfica, está llamada a ser, no cabe duda, un gran punto de “encuentro” entre los países africanos, latinoamericanos y árabes.

Ahora, es posible. Ahora es posible gracias al poder ciudadano que, en muy poco tiempo, prevalecerá sobre el “gran dominio” (militar, financiero, mediático, energético y digital) actual. A este respecto, es de destacar el papel movilizador, catalítico, que corresponde a las comunidades científica, académica, artística, intelectual, creadora, en suma. Para su fomento, se prevé la celebración de un gran Foro Mundial, que reciba las aportaciones de universidades, consejos científicos, asociaciones artísticas, medios de comunicación, empresas… Es tiempo de acción. El Papa Francisco, un gran referente de nuestro tiempo, exclamó recientemente: “¿Qué se hace contra el escándalo de la pobreza? Menos palabras, más acción”. Más acción. La participación ciudadana, por primera vez factible, cambiará el mundo, identificando y haciendo realidad nuevos paradigmas. La Academia Mundial de Artes y Ciencia (WAAS) está llevando a cabo  una encomiable labor a este respecto.

“Sé tú el cambio”, es el gran reto que nos lanzó el Mahatma Ghandi. Ahora serán  miles de millones los que, progresivamente, asumirán una conciencia global, una ciudadanía global, expresando sus opiniones libremente, en particular jóvenes que, en palabras de José Luis Sampedro, deben “cambiar de rumbo y nave”.

En la conferencia mundial indicada deben programarse, cuando todavía es tiempo, las bases del “nuevo comienzo”. Disponemos de muy buenos análisis pero debemos aplicar a tiempo los remedios.

Ex ministro de Educación y ex director general de la Unesco

Artículo publicado en Público.es

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Mariano Rajoy el afortunado

Sat, 07/02/2015 - 13:00
Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Sí, el presidente del gobierno español tiene motivos para sentirse afortunado. La suerte está últimamente de su lado, y seguramente sea así durante los próximos meses. ¿Cómo es posible que afirme esto cuando el desgaste político y electoral de su gobierno y partido ha alcanzado cotas nunca vistas? Bueno, porque el hecho de que tenga suerte no quiere decir que le esté yendo bien. De hecho, atendiendo al tema en el que me voy a centrar, lo que ocurre es que la suerte le permite que no le esté yendo tan mal. Veamos por qué.

Rajoy nunca ha tenido un proyecto para mejorar la economía de España. Como mucho ha tenido algunas ideas o pistas de cómo hacerlo, pero siempre han quedado inconexas entre sí y desestructuradas, y nunca han conformado un plan sólido y organizado de cómo relanzar la actividad económica. Nunca se ha preocupado por transformar un modelo productivo tradicionalmente basado en la construcción y en el turismo de bajo valor añadido, ni de combatir los enormes niveles de oligopolio en determinados sectores económicos, ni de potenciar y facilitar la innovación empresarial, ni de lograr un sistema financiero que esté verdaderamente al servicio de las familias y de las empresas y no del casino financiero, etc.

Lo único que ha tenido en mente el gobierno de Rajoy que se le pueda parecer a algo así es la devaluación interna con el propósito de mejorar la competitividad de la economía. Es decir, la reducción de la capacidad adquisitiva de la población para que comprásemos menos en el extranjero y para que vendiésemos más en el extranjero. Pero es que ni siquiera le ha funcionado. Aunque las exportaciones han aumentado algo, las importaciones lo han hecho más, y hoy día cada vez sale más dinero de España del que entra por la vía comercial. Por lo tanto, la única estrategia que tenía Rajoy para reactivar la economía ha fallado. Parece un chiste, pero no lo es. La gestión económica del gobierno ha sido verdaderamente pésima.

Y, sin embargo, el gobierno ha tenido suerte porque le ha salido algo que no había planeado y contra lo que precisamente había legislado: la recuperación económica (aunque muy débil) a través de la demanda interna (consumo e inversión de las familias, empresas y sector público). En la actualidad lo poco que crece la economía española es gracias al aumento de la demanda interna, al mismo tiempo que el sector exterior (lo que perseguía Rajoy) está frenando el crecimiento. Paradojas de la vida. Aunque, claro, eso no le impide al gobierno venderlo como un éxito propio, cuando precisamente su gestión ha ido en contra de la demanda interna al reducir salarios y recortar todo tipo de prestaciones públicas. Debido a ello, estamos en condiciones de afirmar que la economía crece algo a pesar de la gestión de Rajoy, no gracias a ella.

¿Por qué la demanda interna se ha recuperado a pesar de la política de Rajoy? Por una combinación de factores entre los que destacan: 1) la caída de los precios (en el año 2014 el precio de la mitad de los productos se redujo), que ha animado el consumo (¡a costa del ahorro familiar!); 2) el abaratamiento de los costes de financiación (logrados gracias al Banco Central Europeo, no al gobierno) que le ha dado un respiro al crédito; 3) la caída del precio del petróleo (ha disminuido más de un 50% en apenas seis meses), que ha abaratado el coste de producción de muchas empresas; 4) y al histórico récord registrado en cuanto a visitas turísticas (el año pasado recibimos casi 65 millones de turistas). De todos estos factores, el único al que podría haber contribuido de forma intencionada la política de Rajoy es el último, al haber abaratado la mano de obra y por lo tanto los precios, haciendo más atractivo nuestro país frente a los turistas extranjeros. No obstante, los conflictos geopolíticos en el norte de África y la recuperación económica de Estados Unidos y del Reino Unido parecen ser factores que explican mejor por qué ingresamos más por turismo. Por otro lado, la política de Rajoy podría haber contribuido de forma no intencionada al primer factor, pero con un coste muy grande: la reducción del ahorro de las familias (en el tercer trimestre de 2014 los españoles sólo ahorraron un 4,4% de su renta disponible, el nivel más bajo en el período estival desde 2007).

Por último, el anuncio de la medida monetaria que llevará a cabo el Banco Central Europeo (Expansión Cuantitativa o Quantitative Easing) conseguirá que los indicadores financieros (primas de riesgo, índices bursátiles, bonos privados…) muestren su mejor cara, de forma que ello pueda contribuir a mejorar la confianza empresarial con el resultado final de reactivar algo la actividad económica (y quizás, con suerte, crear algo de empleo), aunque sólo sea a corto plazo hasta que estallen las burbujas financieras que la propia medida alimenta.

En definitiva, el gobierno de Rajoy lo ha hecho desastrosamente mal en materia económica, pero a pesar de ello determinados factores externos como la política del Banco Central Europeo, el abaratamiento del precio del petróleo y el desorbitado influjo de turistas están consiguiendo que los daños no sean tan graves como seguramente serían sin su presencia. Está por ver si estos factores terminan cobrando tanta fuerza como para que los efectos positivos lleguen a buena parte de la población. Si ello ocurriese, no sería exagerado concebir en unos meses un panorama político y electoral menos dañino para el gobierno y su partido que el actual.

Artículo publicado en Andalucesdiario.es

Saque de Esquina

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¿El TTIP ha muerto? Un regalo de Syriza a todos los pueblos de Europa

Sat, 07/02/2015 - 09:00

“Puedo asegurar que un Parlamento donde Syriza tenga la mayoría nunca ratificará este tratado” Georgios Katrougkalos. Ministro de Exteriores de Grecia.

Albano Dante Fachin PozziCafè amb llet

La noticia es sin duda una de las más relevantes de lo que llevamos de año y sus consecuencias se dejarán sentir en medio mundo: “Syriza no ratificará el TTIP”. Con este título la influyente agencia de noticias EuroActiv anunciaba una decisión que, como todo lo que tiene que ver con el TTIP, ha sido silenciada e ignorada por los grandes medios españoles. A pesar de su extrema importancia en España de momento la única portada donde se ha reflejado este crucial anuncio ha sido la de Menéame. ;-)

El anuncio, hecho por el ministro griego de Exteriores, Georgios Katrougkalos, es muy contundente:

“Puedo asegurar que un Parlamento donde Syriza tenga la mayoría nunca ratificará este tratado. Esto es un regalo no solo para el pueblo griego sino para todos los pueblos europeos”

Y aquí está el quid de la cuestión: aunque el TTIP es un tratado a nivel global que pretende reformar las reglas del comercio de todos los países de la UE con Estados Unidos, el hecho de que un solo país de la UE se niegue a ratificarlo significaría el fin de dicho tratado.

Habrá que estar atentos a la evolución de este anuncio. Los poderes económicos y políticos favorables al TTIP son enormes. Gobiernos como el de Alemania, Estados Unidos o España son algunos de los principales impulsores del TTIP. Paralelamente, las corporaciones transnacionales más importantes del mundo ven en el TTIP una oportunidad enorme para aumentar sus beneficios. Es en este escenario que el nuevo gobierno de Syriza está dispuesto a usar su derecho a veto para enterrar un tratado que hace años se intenta imponer desde los más altos poderes políticos y económicos mundiales.

¿Podrá Grecia, un pequeño país acosado por las deudas frenar a las más grandes potencias económicas? Desde un punto de vista democrático sí. El Parlamento griego, haciendo uso de su soberanía puede. Ahora habrá que ver el respeto que tienen por esta soberanía y por la democracia todos los grandes poderes a punto de perder una oportunidad de oro para sus intereses.

Sin duda la batalla que queda aún por librar será muy larga y difícil. Una batalla que requerirá –como siempre cuando se trata de enfrentarse al poder– enormes dosis de movilización popular. Ni Syriza, ni Varoufakis ni todos los Tsipras del mundo podrán hacer nada sin un pueblo (sin unos pueblos) organizados y conscientes.

Veremos que pasa.

PD: Esta decisión debe leerse también en clave española. Podemos (a quien tantas veces se ha relacionado con Syriza) ha manifestado en diversas ocasiones su oposición al TTIP. Si el partido de Pablo Iglesias mantiene esta postura, una victoria de Podemos en las próximas elecciones generales podría ser el golpe definitivo al TTIP

Twitter @_cafeambllet

PD2: En España, hasta el momento, el TTIP cuenta con el apoyo del PP, el PSOE, CiU, el PNV i UPyD. En contra del TTIP se han posicionado IU, ICV-EUiA, Amaiur, ERC i CUP.

Para saber más: 

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Declaración de las organizaciones de la sociedad civil sobre la cooperación reguladora en el TTIP

Sat, 07/02/2015 - 07:00

Comunicado de prensa – 4 de febrero del 2015 – Bruselas

TTIP: La cooperación reguladora es la herramienta definitiva para impedir o debilitar las futuras normas de interés general para los ciudadanos, los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian la “cooperación reguladora” en las negociaciones del tratado transatlántico TTIP, ya que esta representa una amenaza para la democracia y una tentativa de poner los intereses de las grandes empresas por encima de la protección de los ciudadanos, de los trabajadores y del medio ambiente.

Febrero 2015 – Declaración de las organizaciones de la sociedad civil sobre la cooperación reguladora en el TTIP

TTIP-TISA-CETA Las organizaciones abajo firmantes, manifestamos aquí nuestra gran inquietud y nuestra firme oposición a la dirección de las negociaciones del TTIP sobre la reglamentación de ámbitos vitales, como los productos químicos, las normas alimentarias, los servicios públicos, las condiciones de trabajo y la regulación financiera.

Los negociadores de la Union Europea (UE) han afirmado varias veces que el TTIP no constituye una amenaza para las leyes y las normas que nos protegen y que protegen nuestro medio ambiente. (1)

Sin embargo, las últimas posiciones de la Comisión Europea sobre el capitulo “Cooperación Reguladora” de las negociaciones del TTIP (2), obtenidas a través de filtraciones, han aumentado nuestra preocupación. La Comisión propone un sistema cuyo resultado solo puede ser más límites al desarrollo de normas de interés general. Estas normas deberán pasar sistemáticamente por el filtro del ‘comercio y la inversión’. El capitulo también da a los lobbies industriales un poder sin precedentes sobre cualquier nueva reglamentación que pudiera tener un impacto en el comercio y la inversión. La propuesta da prioridad al “comercio y la inversión“, y los coloca por encima del interés general. La propuesta daría un poder enorme a un pequeño grupo de funcionarios no elegidos, autorizándoles a parar o debilitar las reglamentaciones y las normas, incluso antes de que las instituciones democráticamente elegidas, como los parlamentos, puedan tener expresar su opinión. Eso debilitaría nuestro sistema democrático.

La Comisión pide más “compatibilidad” entre las leyes a los dos lados del Atlántico, y un “ámbito regulador propicio a la competencia”. Como muestra un informe del Parlamento Europeo de Julio 2014, esta compatibilidad llevaría a una “armonización a la baja”. (3).

TTIP. El texto de la Comisión sugiere que cualquier nueva ley debería estar justificada por nuevos datos o evidencias científicas, si lo pida un gobierno o una empresa. La propuesta de la Comisión refleja también la demanda de los industriales de crear un “Organismo de Cooperación Reguladora”. Su objetivo sería facilitar un sistema de información previa, a través de consultas, y de influencia sobre el desarrollo de nuevas leyes.
Además, según la propuesta de la Comisión, el mundo de los negocios americano e europeo tendrá aun más voz en la mayoría de las leyes elaboradas en Bruselas, en las capitales de la UE, en Washington y en los Estados americanos. La Comisión parece haber incorporado ampliamente la demanda de los lobbies empresariales para “coescribir las leyes” (4).

La propuesta de la Comisión para la cooperación reguladora amenaza con debilitar las normas a corto y largo plazo a los dos lados del Atlántico, a escala de los Estados federales americanos, de la Union Europea y de sus Estados Miembros. Limita el proceso democrático de toma de decisiones reforzando la influencia de las grandes empresas sobre las reglamentaciones.
Un informe del Centro de Derecho Internacional por el Medio Ambiente de enero de 2015, muestra por ejemplo como la cooperación reguladora podría probablemente retrasar, e incluso parar, el refuerzo de las protecciones contra los productos químicos y los pesticidas. (5)

La cooperación reguladora podría incluso constituir un ataque gradual al principio de precaución, abriendo lenta pero totalmente las puertas a los OGMs, los nano materiales y los alteradores hormonales (6).

Por todas estas razones, exigimos que los negociadores saquen la cooperación reguladora de las negociaciones del TTIP.
Firmada por

ACEP – Associacao para a Cooperacao Entre os Povos (Portugal)
Action for Breast Cancer Foundation (Malta)
ActionAid
Afri (Action from Ireland)
Afrika Kontakt (Dinamarca)
AITEC (Francia)
Alliance D19 D20 (Belgica)
Alliance for Cancer Prevention (Reino Unido)
Alternatiba Eraikitzen
Alter Summit
Les Amis de la Confederation paysanne (Francia)
Arbeitsgemeinschaft bauerliche Landwirtschaft (AbL) (Alemania)
Associacao de Combate a Precariedade – Precarios Inflexiveis (Portugal)
ATTAC Austria
ATTAC Bizkaia (Pais Bascy)
ATTAC Dinamarca
ATTAC Francia
ATTAC Alemania
ATTAC HELLAS
ATTAC Hungria
ATTAC Irlanda
ATTAC Portugal
ATTAC España
Biofuelwatch (Reino Unido / Estados Unidos)
Both ENDS
Breast Cancer (Reino Unido)
Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) (Alemania)
Campaign for Real Farming (Reino Unido)
The Cancer Prevention & Education Society (Reino Unido)
CEE Bankwatch Network (Republica checa)
CEIM (Centro de Estudios e Investigacion sobre Mujeres) (España)
Center for Encounter and active Non-Violence (Austria)
Center for Environmental Information and Education (CEIE) (Bulgaria)
Center for Sustainable Development of the Mountain (Bulgaria)
Center for Transport and Energy (CDE) (Republica checa)
CHEM Trust (Reino Unido)
CIEL
CIG – Confederacion Intersindical Galega
Collectif anti-gaz de schiste de Clapiers (Francia)
Collectif citoyen IDF Non aux petroles et gaz de schiste et de couche (Francia)
Collectif d’action contre l’accord general pour le commerce des services (Loupian-
Bouzigues, Francia)
Collectif Roosevelt (Francia)
Compassion in World Farming (UE)
Confederacion Intersindical (España)
Confederation Paysanne (Francia)
Corporate Europe Observatory
CNCD-11.11.11 (Centre National de Cooperation au developpement) (Belgica)
Danish Eco Council
Earth Open Source (Reino Unido)
Ecologistas en Accion (España)
Ecoforum for Sustainable Development Association (Bulgaria)
EcoNexus (Reino Unido)
Economistas sin Fronteras (Espana)
ECOS (UE)
Ecoworld Rhodopes (Bulgaria)
ELA (Pais Basco)
ENSEMBLE! (Francia)
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte (Espana)
Esperanto Radikala Asocio Onlus (Italia)
Estonian Seamen’s Independent Union
EUrope NEWnited Serviceteam (UE)
European Federation of Building and Wood Workers (EFBWW)
European Federation of Journalists (EFJ)
European Federation of Public Service Unions (EPSU)
European Information-Human Rights Center (EIHRC)
European Transport Workers’ Federation
Fair Trade Hellas (Grecia)
Fairwatch (Italia)
Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, FOCSIV (Italia)
Finance Watch
Finnish NGDO platform to the EU
Finnish TTIP Info Network
Finnwatch (Finlandia)
Forum Unwelt und Entwicklung (Alemania)
Food & Water Europe
foodwatch
Foundation for Ecological Education and Training (Bulgaria)
Foundation for Environment and Agriculture (FEA) (Bulgaria)
Fracking Free Ireland
France Amerique Latine (FAL)
France Nature Environnement
Friends of the Earth Austria (GLOBAL 2000)
Friends of the Earth Bulgaria – For the Earth (Za Zemiata)
Friends of the Earth Czech Republic (Hnuti Duha)
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth Estonia – Estonian Green Movement (ERL)
Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth France
Friends of the Earth Hungary (Magyar Termeszetvedők Szovetsege (MTVSZ)
Friends of the Earth – CEPA (Republica slovaka)
Future for Borino (Bulgaria)
GAIA – Grupo de Accao e Intervencao Ambiental (Portugal)
Gen-ethisches Netzwerk e.V. (GeN)
Global Justice Now (Reino Unido)
GMWatch (Reino Unido)
GRAIN
Green Action (Croacia)
Green Institute (Grecia)
HEAL (UE)
Highlands and islands against fracking (Reino Unido)
IBD Initiative Burger fur Demokratie (Alemania)
Initiativ Liewensufank a.s.b.l. (Luxemburgo)
Inititative K136 (Grecia)
Inter-Environnement Wallonie (Belgica)
Iuridicum Remedium (IuRe) (Republica checa)
Keep Ireland Fracking Free
Latvian Green Movement (Letonia)
Lithuanian Seamen’s Union
LobbyControl (Alemania)
May Day (Dinamarca)
Mehr demokratie! Deutschland
Mehr demokratie! Osterreich
Mujeres de Negro contra la guerra (Espana)
Munich Environment Institute (Umweltinstitut Munchen e.V.)
NABU e.V. (Alemania)
National Justice & Peace Network (England & Wales)
Not For Shale Ireland
Observatory on Debt in Globalisation (Debtwatch) (Espana)
OBV-Via Campesina Austria
Oikos – Cooperacao e Desenvolvimento (Portugal)
PAN Europe
Plataforma Nao ao Tratado Transatlantico (Portugal)
Platform Aarde Boer Consument (Paises Bajos)
Polish Green Network (Polonia)
PowerShift e.V (Alemania)
Pro Ethical Trade Finland
The Puntarji – movement for active citizenship (Eslovenia)
Quaker Council for European Affairs
Quercus – National Association for Nature Conservation (Portugal)
Reseau Environnement Sante (Francia)
Seaports NSZZ Solidarność (Polonia)
Seeds Action Network – SAN Germany
SIndikat žerjavistov p.d. – Luka Koper (Eslovenia)
Social Europe Malta – Front Against TTIP
Solidarity and Cooperation CIPSI (Italia)
Solidary Bulgaria
Stichting Schaliegasvrij Nederland (Shale-gas free Netherlands)
StopTTIP UK
SumOfUs
Sussex Against TTIP
Terra Nuova (Italia)
Transform! Europe
Transnational Institute (Paises Bajos)
UK National Hazards Campaign
UNI Europa
Union syndicale Solidaires (Francia)
USO (España)
VHUE e.V. (Alemania)
War on Want (Reino Unido)
WECF Germany
WECF France
WECF The Netherlands
WEED – World Economy, Ecology & Development (Alemania)
Werkstatt Okonomie, Heidelberg (Alemania)
WIDE+ (Europa)
Women’s International League for Peace and Freedom Netherlands (WILPF NL)
Xnet (España)
ŽALI.LT (Lituania)

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Desmontajes y agujeros en el sistema

Fri, 06/02/2015 - 18:00

Jaume Asenseldiario.es

Una serie de ficción como The Wire -La Escucha- se hizo famosa por mostrar al telespectador los fallos y vicios de las instituciones -gubernamentales, mediáticas, policiales- del sistema norteamericano. La crudeza y verosimilitud de su trama removía estómagos y no dejaban a nadie indiferente. En Catalunya, un desasosiego parecido se ha producido con la emisión a regañadientes en Tv-3 del documental Ciutat Morta. Lejos de ser un relato de ficción, allí se muestra un caso de presunta corrupción policial, judicial y política sucedido en el 2006. Su difusión ha sido una suerte de puñetazo en la conciencia de una sociedad acostumbrada a mirar para otro lado, de quienes no creen que episodios como el narrado se produzcan en sus ciudades.

El premiado documental se estrenó en el 2013. Hasta entonces el 4F era - como reconocen sus creadores, Xapo Ortega y Xavier Artigas- “solo una pintada en la pared”. Se proyectó en más de 15o emisiones y una veintena de festivales, incluido el de Donostia. No obstante, fue la enorme expectación creada por las resistencias a emitirlo en el canal público lo que le ha convertido en un éxito sin precedentes. La movilización previa en la red y la censura judicial de cinco minutos de su metraje hicieron el resto. El fragmento mutilado revelaba la reprimenda de un juez hacia el entonces jefe de Información de la Guardia Urbana.

Tras su emisión, en la misma madrugada, centenares de personas salieron a la calle para reclamar la reapertura del caso. Desde entonces, el filme ocupa un espacio central en las redes sociales y el debate público. La práctica totalidad de los partidos, de hecho, se ha hecho eco del clamor ciudadano y han reclamado explicaciones. Incluso el Parlament ha aprobado una declaración institucional en la que reclama a la Fiscalía una investigación. Esa exigencia se volverá a escuchar hoy a la tarde en las calles de Barcelona.

Ciutat Morta cuenta la versión silenciada sobre un trágico incidente sucedido el 4 de febrero del 2006. Durante una actuación de la Guardia Urbana en una fiesta de un edificio municipal abandonado, el agente Salas recibió un impacto en la cabeza que le dejó postrado en una silla de ruedas. En un primer momento, el alcalde Clos relató en rueda de prensa que la lesión fue el resultado del lanzamiento de una maceta desde el balcón del edificio.

Esa versión apuntaba a una responsabilidad del propio ayuntamiento, propietario del mismo, y hubiera llevado a la absolución de los condenados detenidos a pie de calle. Con el tiempo, quizás por ello, apareció otra versión. Se indicaba que la herida era consecuencia de una piedra lanzada desde la calle, lugar en el que se encontrarían los detenidos.

Una vez dictada la condena, resultó que dos de los agentes que mantuvieron esa tesis fueron a su vez considerados culpables en otro caso de mentir y torturar a un joven latinoamericano con el que discutieron en una discoteca. A fin de encubrir los malos tratos, le acusaron falsamente de ser un traficante de drogas. En el curso de la investigación se descubrió que se trataba de un montaje policial. En realidad, era el hijo del cónsul honorario de Noruega en Trinidad y Tobago, que estaba cursando estudios universitarios en Barcelona. A partir de entonces, se multiplicaron las sospechas sobre la objetividad de sus declaraciones en el caso del 4F.

En un clima de fuerte presión emotiva, la versión avalada por los compañeros del herido fue la pieza esencial para tratar como culpables a unos acusados que siempre se declararon inocentes. En el examen judicial de su credibilidad poco importó la posición comprometida, y no desinteresada, en la que estos se encontraban. O que alguno de los acusados, como la poeta Patricia Heras, no fueran arrestados en el lugar de los hechos. Después de haber sufrido un accidente de bici, Heras tuvo la mala fortuna de dirigirse al mismo hospital donde estaba el agente lesionado. La Guardia Urbana declaró que la identificó por su singular peinado como uno de los agresores. En el 2011, tras escribir unos poemas póstumos,  la joven se suicidó en una de sus salidas de prisión. La otra historia dramática es la de Rodrigo Lanza, que cumplió íntegramente los 5 años de prisión de la condena por su negativa a confesarse culpable ante los funcionarios penitenciarios.

Más allá de las trágicas consecuencias de los hechos, el caso tenía todos los ingredientes para despertar indignación. Entre los puntos negros de la investigación estaba la limpieza de la escena del crimen por parte de un vehículo municipal antes de la llegada de la policía científica. Ésta no pudo, así, recoger los restos de una maceta que -según una enfermera del SAMUR- se encontraban al lado del herido.

La justicia, a su vez, se negó a escuchar otros testigos que no fueran los de los policías afectados o que se apartaran de la versión oficial. Y se archivó con pocas contemplaciones las denuncias de tortura. Como señalaba uno de los abogados, Gonzalo Boye, tampoco se prestó demasiada atención a dos médicos forenses que alegaron que la versión de la piedra era absolutamente incompatible con la lesión provocada. Por último, infundió gran desconcierto que los condenados por torturas -testigos clave para el caso- recibieran una jubilación anticipada por una supuesta incapacidad permanente que les permitía burlar la condena de más de 8 años de inhabilitación. A pesar de su juventud, de los exámenes médicos que superaron para ocupar su puesto, una misteriosa y repentina patología psiquiátrica fue el pretexto para concederles un sueldo de por vida de casi 2.000 euros mensuales.

Como en The Wire, la impresión inquietante que causa tal cumulo de irregularidades proyecta una imagen  maligna del sistema. Y de las instituciones encargadas de remover las situaciones de injusticia. Para empezar abre el foco del debate alrededor de la actuación de los cuerpos policiales, la credibilidad que obtienen en sede judicial y el papel de los medios.  En Catalunya, de hecho, en poco tiempo se han acumulado varios incidentes funestos en los que la presión ciudadana y la aparición de nuevas pruebas han puesto en tela de juicio la versión oficial. Buena muestra de ello son actuaciones como la de Esther Quintana, que perdió un ojo fruto del impacto de una bala de goma disparada por un antidisturbios. O la de Juan Andrés Benítez, fallecido con posterioridad a una reducción de los Mossos. No por casualidad, la ocultación durante tres días de la autoría de los atentados del 11-M en Madrid por parte del Gobierno del PP está todavía enraizada en la memoria colectiva de una ciudadanía cada vez más dispuesta a exigir su derecho a saber.

Uno de los factores que generan desconfianza y desvirtúan el funcionamiento de los grupos de poder son los prejuicios bajo los que suelen actuar. Con un simple rastreo en los foros policiales se puede comprobar la animadversión que sienten algunos agentes hacia ciertos colectivos. En lugar de inspirar empatía, ciertos calificativos despectivos allí de uso frecuente -como “perroflauta”- reflejan una imagen de descrédito. Y les aleja de la imparcialidad profesional exigida por la ley.

Esa cultura policial no tendría mayor relevancia si no fuera porque, en ocasiones, pueden influir decisivamente en el resultado de un juicio. E incluso llevar a un inocente a la cárcel. A priori, la palabra de un policía debe valer igual que la del resto de ciudadanos. En la práctica, en cambio, tiende a imponerse un principio de veracidad policial en los tribunales propio del ámbito administrativo. En la esfera penal, no pocos acusados provenientes de ciertos entornos sociales ven como para ellos se invierte el sentido de la presunción de inocencia. Y es que, a pesar de su independencia y especialización, tampoco los togados son inmunes a los prejuicios clasistas o de otra índole. A menudo, no resulta igual que quien se sienta en el banquillo provenga de las clases acomodadas o sea un extranjero indocumentado.

Buen ejemplo de ese doble rasero es quizás la  reciente absolución de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre y las condenas de casi 4 años de prisión de los detenidos a raíz del desalojo de Can Vies en Barcelona.  En el primer caso, la palabra de la política influyó más que la de los agentes de tráfico que le acusaban de haberse dado a la fuga. En el segundo, en cambio, el juez Yañez dio mayor credibilidad a los agentes que detuvieron a una fotoperiodista que cubría los disturbios que a los  numerosos vecinos del lugar donde fue detenida.

A la luz de estos elementos, las lecciones que arroja el caso del 4F son la prueba de que la infalibilidad de quien ejerce el poder es un espejismo que debe desmontarse cotidianamente. Las versiones oficiales, de hecho, ya no se aceptan  acríticamente como antaño. Tampoco se conceden tan alegremente los indultos a quien, aprovechando su posición de poder, se corrompe o comete abusos. Aunque persista la ceguera judicial, existe en la sociedad un incipiente cambio de mentalidad. El marco hegemónico de la cultura de la transición se resquebraja y los ciudadanos ya no están tan dispuestos a ser engañados. En el fondo, una genuina democratización de los estamentos policiales y judiciales exige un cuestionamiento profundo de hábitos y esquemas mentales. Esto supone aceptar lo obvio: exigir la verdad, perder la ingenuidad y tener los ojos abiertos, son las actitudes indispensables en una democracia para desmontar las tramas institucionales de impunidad. Y el mejor homenaje a Patricia Heras.

Jaume Asens es abogado y vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona e integrante del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y del Grupo de estudio de la exclusión y el control social GRECS.

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Comunicado de ATTAC Francia

Fri, 06/02/2015 - 13:25

Golpe de fuerza inadmisible e irresponsable del BCE contra Grecia.

El Banco Central Europeo (BCE) anunció el miércoles 4 de febrero que detenía las operaciones normales de refinanciamiento de los bancos griegos. Para acceder a las operaciones de liquidez del Banco Central, los bancos no podrán dar como garantía las obligaciones del Estado griego.  Los bancos griegos se ven así privados de su principal fuente de recursos de financiamiento del BCE.

ATTAC CONDENA FIRMEMENTE ESTA DECISION DEL BEC

La decisión es inaceptable porque el BCE ha sobrepasado su mandato. Ha suspendido el financiamiento de los bancos griegos con la simple presunción (según su comunicado) que no podrá tomarse ningún acuerdo con el nuevo gobierno griego en lo concerniente a la reestructuración de la deuda.   ¿Cómo el BCE, institución que no tiene legitimidad democrática, puede tomar una medida tan política mientras que las negociaciones solo han comenzado?

La decisión es ilegítima, porque el BCE se opone a la aplicación del programa político que ha resultado escogido por los electores griegos. Una vez más, el BCE, se erige en defensor de los acreedores de Grecia para imponer la búsqueda de un programa de ajuste que arruine al pueblo griego y se traduzca en un alza de la deuda griega.

La decisión del BCE es irresponsable porque podría generar un pánico bancario cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para Grecia y la zona euro en su conjunto.

ATTAC  pide que le BCE suspenda su decisión, y que las propuestas del nuevo gobierno sean escuchadas y aplicadas. Solo es aceptable una reestructuración de la deuda griega, incluida una condonación de la misma. El poder exorbitante de la  Troika y de los acreedores debe cesar.

https://france.attac.org/

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