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Justicia económica global
Updated: 5 hours 12 min ago

Acto en rechazo a la “Ley Mordaza”

Tue, 18/11/2014 - 19:35
EL JUEVES 20N DE 17:00 A 19:00 EN LA PUERTA DEL SOL, MADRID
  ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS SOCIALES SE REUNIRÁN EN UN ACTO DE CALLE CON EL OBJETIVO DE VISIBILIZAR  EL RECHAZO A LA LEY MORDAZA (RSLC)  EL 20N ESTA LEY SERÁ APROBADA EN COMISIÓN DE INTERIOR  PARA PASAR A VOTACIÓN EN EL CONGRESO  SU APROBACIÓN DEFINITIVA SE PREVÉ  PARA ANTES DE FINAL DE AÑO.  El acto consistirá en una velada en defensa de la democracia y de la justicia que se centrará básicamente en la lectura de un Manifiesto y la celebración de una Asamblea en la que compartir propuestas y opiniones sobre qué podemos hacer para parar esta ley. El manifiesto recogerá el contenido básico de una Carta que será remitida al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa para que hagan un llamamiento urgente dirigido al Gobierno español a fin de que se retire este Proyecto de ley. Desde la Plataforma No Somos Delito consideramos que estamos en un momento fundamental para que, desde las organizaciones sociales, hagamos un llamamiento contundente para pedir la retirada de una ley que vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, como son el derecho de reunión y de libertad de expresión. Por ello, se invita a las organizaciones que tengan presencia territorial en otras ciudades a realizar actos similares en rechazo a la RLSC en plazas simbólicas de dichas ciudades el mismo jueves 20 de noviembre por la tarde, ya sea replicando la velada y lectura de manifiesto, reuniéndose con mordazas en la boca, difundiendo imágenes del grupo amordazado por redes sociales o como se prefiera. Lo importante es ejercer el derecho a la protesta frente a una ley que nos lo quiere limitar de forma grave. http://nosomosdelito.net/article/2014/11/13/20ndefiende-tus-derechos-defiende-tu-justicia Más información sobre el acto: Proceso de tramitación ¿Por qué el 20 de noviembre? El 20 de noviembre es una fecha clave en el proceso parlamentario de esta ley, ya que una vez que el texto sea aprobado en Comisión de Interior pasará a su votación en el Pleno del Congreso, lo que supone el final de la primera etapa de su tramitación y pasaría entoncesal Senado. Según diversos medios el texto podría ser aprobado en el congreso el 27 de noviembre por lo que se prevé que su aprobación definitiva se produzca antes de final del año. http://nosomosdelito.net/article/2014/10/21/el-gobierno-acelera-los-tramites-de-la-ley-mordaza-en-el-congreso Comunicación a Delegación de Gobierno   El acto va a ser comunicado siguiendo el modelo que se adjunta a este correo de “Aviso de participantes a evento grande o reunion pequeña”. El aviso se hará de forma individual siguiendo el esquema que se plantea en este modelo. Para cualquier duda podéis escribirnos a este correo. Juntas la vamos a parar! Vivir en democracia, depende de tí! Pagina web: http://nosomosdelito.net

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El PP registra una Proposición no de Ley para acelerar la aprobación del TTIP con EEUU

Tue, 18/11/2014 - 18:00

nuevatribuna.es

obama-barrosoEl PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para urgir al Gobierno a que “anime” a la Comisión Europea (CE) a concluir “en plazo” las negociaciones de untratado de libre comercio “ambicioso y completo” con Estados Unidos, velando siempre por que el resultado respete “los intereses de España”.

En la iniciativa, que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, el Partido Popular destaca la “profundidad” de las relaciones “históricas, económicas, políticas y culturales” entre Estados Unidos y Europa, pero defienden el “gran potencial para reforzar los lazos entre los dos bloques” que aún existe.

 

Un tratado de libre comercio e inversiones “ambicioso” contribuiría a “impulsar el crecimiento” a ambos lados del Atlántico, afirman desde el PP

Así, en un momento en que el crecimiento de la Eurozona parece resentirse, un tratado de libre comercio e inversiones “ambicioso” contribuiría a “impulsar el crecimiento” a ambos lados del Atlántico y generar empleo “sin detraer recursos públicos” de otros fines. “El potencial del acuerdo de libre comercio es enorme, ya que podría fomentar el crecimiento sostenible y el empleo para ambas partes”, insiste el PP.

Por eso, plantea al Ejecutivo que emplace a la Comisión Europea a aprovechar las posibilidades de este acuerdo y el “amplio apoyo político” con que cuenta tanto en la UE como en Estados Unidos, y que apoye el “rápido avance” de las negociaciones y su “conclusión satisfactoria” en el “plazo oportuno“, con el objetivo de conseguir un “acuerdo ambicioso y completo” de libre comercio e inversión, “velando por que ello se haga de acuerdo con los intereses de España”.

 

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¿Qué deberían hacer ayuntamientos y diputaciones para impulsar la compra pública ética?

Tue, 18/11/2014 - 13:00
Alberto Martínez – ATTAC Castilla – La Mancha

Llevo años trabajando en proyectos de desarrollo, para que ayuntamientos y diputaciones realicen un consumo ético y transparente. Después de estudiar el papel de las AAPP en el sistema de consumo, pienso que es necesario, implementar una estrategia de adopción de políticas ejemplares de contratación pública, impulsando aquellas propuestas que cumplan criterios sociales, laborales y medioambientalmente responsables.

Por este motivo pienso que podrían ser beneficiosos los siguientes retos para así , avanzar en un nuevo modelo de responsabilidad social desde la óptica de las AAPP :

  1. Seguimiento exhaustivo del cumplimiento del presupuesto presentado y rechazo de las desviaciones presupuestarias en las contrataciones publicas.
  2. Ley de Economía sostenible. Incorporación de políticas con el objetivo de impulsar la sostenibilidad en la gestión de las administraciones y las empresas, así como el impulso de la transparencia y la responsabilidad social.
  3. Garantizar la plena transparencia en los procesos de adjudicación de contratos y obras públicas. La administración responsable de la gestión de los contratos debería quedar adecuadamente identificada, figurando expresamente los nombres y cargos de los responsables en todas las fases del procedimiento administrativo de contratación. Esta información estará a disposición de los ciudadanos en todo momento.
  4. Incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de contratación pública que priorice a las empresas licitadoras que hagan esfuerzos de responsabilidad social dirigida a la inserción laboral de personas con capacidades diferentes (discapacidad) ó en riesgo de exclusión, así como a empresas de economía social.
  5. Evaluación del impacto ambiental y social de las empresas destinatarias de fondos públicos, garantizando que cumplan con los estándares y certificaciones revisando de manera exhaustiva el cumplimiento de los contratos públicos.
  6. Introducción preferencial de productos de comercio local y comercio justo, así como de productos ecológicos en los organismos e instituciones públicas.

La opacidad de cuentas y la corrupción de cargos políticos, han activado mi pensamiento político y coloboran mi idea en la que llevo trabajando desde hace mas de seis años. Los ciudadanos deben cambiar la manera de hacer política. Un nuevo modelo con ideas y soluciones. Por ese motivo , la semana que viene me mojaré como ciudadano publicando mi opinión sobre lo que deberían hacer las administraciones publicas españolas para desarrollar un nuevo modelo de compra pública ética.

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Eduardo Garzón : “Los que mandan hoy día son los poderes económicos”

Tue, 18/11/2014 - 09:00

Francisco RomeroLa voz del sur

El economista Eduardo Garzón imparte en Jerez una conferencia sobre la precariedad juvenil y analiza las fórmulas que deberían emplearse para crear empleo, qué nos encontraremos a la salida de la crisis y qué son los famosos mercados financieros. “Los que más dinero tienen consiguen evadir impuestos, deterioran el Estado del bienestar”

Eduardo Garzón (Logroño, 1988) es un joven economista, miembro del Consejo Científico de ATTAC España y colaborador habitual en varios medios de comunicación como La Marea o andalucesdiario. Este viernes estuvo en Jerez ofreciendo una charla sobre precariedad juvenil organizada por el área de Juventud de Izquierda Unida, pero antes atendió a La Voz del Sur para hablar sobre la crisis y sus consecuencias. ¿Cuándo saldremos? Garzón cree que “va para largo” y que pasarán al menos seis o siete años antes de que la deuda vuelva a estar a “límites razonables”, un factor clave para dejar atrás la recesión.

Viene a dar una charla sobre precariedad juvenil, ¿qué incentivos cree que necesitan las empresas en España para fomentar el empleo juvenil?

Partiría reformulando la pregunta, porque la que me haces es sesgada hacia una única forma de crear empleo. Esa pregunta no tiene en cuenta todas las posibilidades para crear empleo. En España, de cada diez empleos, uno es del sector público. En Suecia son cuatro de cada diez. Hay otra manera de crear puestos de trabajo, puestos que no responden a la lógica de la rentabilidad privada. Cuando hablamos de que un enfermero está sanando a una persona, este es un trabajo que genera utilidad pero no tiene por qué crear una rentabilidad privada. Hay que cambiar el chip, sí que se pueden crear muchos puestos sin que los empresarios tengan que esperar a crear puestos desde la esfera pública: cuidado de ancianos, de niños, rehabilitación de infraestructuras urbanas, rehabilitación de edificios para que sean eficientes energéticamente, reforestación de bosques, cuidado de espacios verdes y también actividades relacionadas con la cultura, musicales e incluso deportivas.

¿Realmente es una salida el autoempleo? ¿Cree que son suficientes las medidas del Gobierno en este sentido?

No solo las veo cortas sino mal encaminadas. La idea no debe ser que una persona se busque una idea y emprenda. España, aunque no se tiene constancia de ello, tiene un nivel de espíritu emprendedor muy elevado. Aunque en cuanto a empresas creadas hay una proporción muy alta de fracaso. En un momento de recesión como este necesitas clientes, pero como la demanda es débil, no los vas a encontrar. La solución no pasa por crear cada uno su puesto. La encuesta del BCE que realiza a pymes revela que el principal problema de las empresas españolas es la falta de clientes. Sabes que por regla general el consumo está caído y las probabilidades de que salga mal es muy alta. La posibilidad de crear trabajo y renta y riqueza tiene que ir por otro lado.

Vamos ya para siete años de crisis, nadie la vio venir y nadie acierta a decir cuando terminará. ¿Cómo saldremos de esta crisis?

Atendiendo a los datos que leo, y al contrario de lo que dice el Gobierno, creo que esto va para largo. El problema fundamental de la economía española es el sobreendeudamiento privado, tanto de familias como de empresas. Esto se llama recesión de balance e impide que la actividad económica salga adelante. Una empresa, cuando tiene ingresos, los destina a saldar deudas y no a contratar trabajadores o a comprar nuevas máquinas. Y en las familias pasa lo mismo. Es un círculo vicioso del que no saldremos hasta que no se reduzca la deuda de familias y empresas. En 2010 empezó a disminuir, pero muy lentamente. A este ritmo necesitaríamos cinco o seis años para llegar a límites razonables de deuda. Necesitamos encontrar otra forma de hacer crecer la economía, una economía que no vaya destinada sólo a crecer sino a satisfacer actividades económicas y sociales de las personas.

Aunque eso de la crisis es relativo, porque las grandes fortunas siguen aumentando su patrimonio…

Que nosotros pagamos los platos rotos lo sabemos cuando vemos que la deuda pública no para de subir. Estamos rescatando a las entidades financieras y lo peor es que en este contexto de crisis hay gente que sale muy beneficiada. El Gobierno disminuye salarios para que la economía sea competitiva. Esto a unas empresas les viene bien porque aumentan mucho los beneficios. La política monetaria del BCE inyecta dinero a la esfera financiera, los operadores financieros hacen negocio, pero en el ámbito financiero y esto crea una burbuja, se inflan las acciones y la valoración de esas personas que tienen ese patrimonio invertido aumenta.

¿Es usted partidario de aumentar la presión fiscal a las grandes fortunas? 

Por supuesto. Pertenezco a una asociación (ATTAC) que busca generar justicia fiscal. Hace 20 años había mas justicia fiscal que hoy. A través de paraísos fiscales las grandes empresas eluden impuestos. Apple, en proporción, paga menos impuestos que una panadería de barrio. Los que más dinero tienen consiguen evadir impuestos, deterioran el Estado del bienestar. La proporción de ingresos fiscales del Estado sobre el PIB es de los más bajos de la UE. Incluso en Grecia ha aumentado, por lo que hay margen para aumentar los ingresos impositivos del Estado.

¿Cómo explicaría qué son los famosos mercados?

Los mercados financieros son entidades financieras que en su inmensa mayoría lo que hacen con el dinero que tienen es invertirlo en algún activo financiero (como la deuda pública). Cuando hablamos de que los mercados nos castigan, eso significa que aquellos operadores que invierten en deuda pública te piden más dinero por tus negocios, quieren que se incremente el pago que les vas a dar cada año. Los operadores financieros, que pueden ser bancos o aseguradoras, utilizan su dinero y el de mucha gente para realizar inversiones en el ámbito financiero. Los accionistas son las personas más acaudaladas del país y del extranjero, entidades con muchísimos beneficios. Para decirlo de forma simple: los mercados son personas muy acaudaladas.

Hoy la percepción que tienen muchos ciudadanos es la de que da igual a quien voten porque terminarán gobernando los mercados, ¿realmente es así?

Sí, los que mandan hoy día son los poderes económicos. Tenemos que hacer lo que sea para satisfacer las necesidades de los mercados. Es una cuestión institucional diseñada hace tiempo. Los estados podrían endeudarse sin demasiados problemas pidiendo préstamos al Banco central, pero con la introducción de la UE se dijo: Ya basta de que los Estados se endeuden con el BCE. Ahora dependen de instituciones financieras que cuando ven que las cosas no van bien, aprietan la soga y el Estado hace recortes de gasto público. El poder en realidad se oculta en los poderes económicos.

Usted que es economista, ¿cree que debería impartirse esta materia en las una materia como economía más a fondo?

Sí, creo que la economía es algo muy importante y habría que aprenderla, pero con un matiz: No hay que enseñar sólo un tipo de economía, como ocurre en las facultades. Yo estudié un tipo de economía que no me ha servido para nada, no me enseñaron todos los tipos que existen por intereses económicos. Sólo se estudia la economía de crear lo mas rápido posible beneficios para empresas privadas. Se deja de lado la economía social, la ecológica… Es importante educar a la gente en la economía pero en todas sus formas.

Hay quien habla de implantar en España el modelo económico de, por ejemplo, países nórdicos, ¿lo ve factible?

No se puede. La economía no es algo que pueda ser aplicada. La economía es. al fin y al cabo, muy diferente en cada Estado. Hay condiciones sociales, culturales e históricas a tener muy en cuenta. Eso no quiere decir que no haya que fijarse en otros países, como por ejemplo en Finlandia en materia de educación, pero no copiarlo todo, sino coger elementos que se pueden aplicar aquí.

@franromerop

Saque de Esquina

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La corrupción es parte del sistema capitalista

Tue, 18/11/2014 - 07:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

Corrupción es soborno. Que funcionarios y políticos profesionales se apropien de fondos públicos. Que se manipulen o distorsionen datos e informaciones en concursos o negocios públicos en beneficio de corruptores y corrompidos. Que se oculten y manipulen datos para no pagar impuestos. Que empresas e individuos tengan ventajas y privilegios en la obtención de contratos y recursos públicos.

Hace unos días, en el Reino de España fueron detenidos más de cincuenta políticos, funcionarios y empresarios por esas prácticas corruptas organizadas. La mayoría, políticos del gobernante Partido Popular. La investigación intenta concretar quiénes cobraron comisiones hasta 250 millones de euros en total por conceder contratos públicos. Es la operación Púnica, pero ya hay otra en marcha, Enredadera…

En España hay unas 1.700 causas por corrupción con cientos de imputados. Nombres ‘ilustres’ de la política, la empresa, las administraciones públicas, la burocracia sindical y las instituciones del Estado aparecen en la larga lista de cientos ya imputados, o que lo serán, en la corrupción que ocupa portadas día tras otro. Como Acebes (que fue ministro de Interior), Rato (ex-vicepresidente económico), Bárcenas (que fue tesorero del Partido Popular), Iñaki Urdangarín, (cuñado del rey Felipe VI), Cristina de Borbón (hermana del rey), Miguel Blesa (que fue presidente de Bankia), Jordi Pujol (presidente del gobierno autónomo de Cataluña más de veinte años).

Pero la corrupción no es solo problema español. En absoluto. Como muestra, en julio de 2003 se destapó una de las mayores tramas de corrupción de Europa. Eurostat, el servicio de estadística de la Unión Europea, había actuado durante años como empresa mafiosa. Doble contabilidad, contratos falsos, contratos inexplicables, aumento contable de costes, ofertas ficticias, fondos secretos, oscuros movimientos de docenas de millones de euros… Y hace unos días, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desveló que se firmaron 548 acuerdos secretos entre el paraíso fiscal Luxemburgo (miembro de la Unión Europea) y 340 grandes empresas… para evadir impuestos. Cuando era primer ministro de ese pequeño país el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker y cuando el ministro español de economía, Luis de Guindos, era responsable financiero de la consultora PwC, una de las cuatro empresas que organizaron las trampas fiscales de cientos de multinacionales para no pagar impuestos o apenas pagar.

¿Cómo no ha de haber corrupción si el Fondo Monetario Internacional contribuyó, tal vez ignorante pero imprudente e irresponsable, a grandes corrupciones? En los noventa, el FMI prestó a Rusia más de 20.000 millones de dólares sin controlar el destino de ese capital y altos funcionarios del gobierno de Yeltsin desviaron 500 millones de dólares, mientras respetables bancos estadounidenses aceptaban abrir depósitos con cantidades obscenas por políticos corruptos y delincuentes similares. Según el Congreso de Estados Unidos, se ocultó por sistema el origen de esas fortunas. El Citibank abrió 350 cuentas secretas con dinero de origen inexplicable y la mafia rusa utilizó el Bank of New York para blanquear 10.000 millones de dólares. Bancos estadounidenses y europeos contribuyeron a blanquear más de 200.000 millones de dólares, fruto del saqueo del patrimonio público ruso tras ser privatizado. Rosa Jansen, ex-vicepresidenta del Tribunal de Utrecht, fue profeta al afirmar entonces que “estamos ante el nacimiento de la corrupción supranacional”. Y muy organizada, cabría añadir.

Contra la errónea idea de que la corrupción es propia de países poco desarrollados, además de recordar que en toda corrupción hay dos: corruptor y corrompido, es evidente que la corrupción está muy a gusto en los países ricos. Así lo demuestran los numerosos escándalos estallados desde los noventa de Eurostat, Enron, World Com, Parmalat… y otras grandes empresas. O que el presidente Bush y el vicepresidente Cheney estuvieran bajo sospecha antes de ocupar la Casa Blanca. Y también que la mayoría de grandes empresas alemanas se hayan sentado en el banquillo de los acusados en los últimos años. O que Berlusconi utilizara en Italia su mayoría parlamentaria para aprobar leyes de inmunidad que le permitieran escapar de condenas seguras por corrupción…

Lo cierto es que la corrupción ya es otro modo de acumulación de capital del neoliberalismo. Junto con la especulación financiera, la austeridad fiscal y la deuda como medio de dominio. Y se ha instalado en todo el mundo para quedarse. Mientras haya capitalismo.

Xavier Caño Tamayo es periodista y escritor
@xcanotamayo
Xacata

Artículo publicado en  ALAI, América Latina en Movimiento
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
ccs@solidarios.org.es
Twitter: @CCS_Solidarios

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Acoso fiscal a la propiedad inmobiliaria

Mon, 17/11/2014 - 13:00
Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Es un hecho que entre los hábitos arraigados en la sociedad española se encuentra la preferencia por la vivienda propia frente al alquiler. La historia viene de lejos, de la época del franquismo. Tras la guerra civil, los alquileres quedaron congelados al igual que otros muchos precios. Con el tiempo y la inflación, la situación se hizo insostenible para los propietarios. El Gobierno pretendió solucionarlo mediante la división horizontal de la propiedad y la venta de los pisos a los inquilinos, que se enfrentaban a la alternativa de comprar la vivienda que ocupaban, aunque fuese a un precio rebajado, o de desalojarla. Muchas familias se vieron en una situación trágica. Tuvieron que hacer de la necesidad virtud. El desarrollo económico y la transformación de la banca, el desarrollo de las hipotecas y una elevada inflación, posibilitaron a muchas familias la adquisición de piso propio. Incluso años después, en una situación económica más favorable, comenzaron a menudear las segundas viviendas en las que algunos o muchos ciudadanos de clase media encontraron no solo una manera de aumentar su calidad de vida, sino también un medio de materializar su escaso ahorro y su particular plan de pensiones.

Lo cierto es que la propiedad inmobiliaria se ha convertido con el tiempo en el único patrimonio de las clases bajas y medias, por eso se entiende mal el odio que genera en este Gobierno y en sus adláteres. Resulta al menos sorprendente cómo la Comisión Lagares, en su informe, la eligió como diana de la acción recaudatoria, proponiendo toda una serie de medidas fiscales onerosas. Es cierto que la reforma Montoro no ha asumido todas las propuestas, pero sí muchas de ellas. Además, antes de la reforma y sin demasiada publicidad, ha entrado en vigor en 2013 una regularización del catastro que durará hasta 2016 y que va a suponer significativas subidas en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para un número importante de contribuyentes.

La directora general del Catastro -que por cierto ha heredado el cargo de su hermana, cosa insólita en la Administración española- cuenta para la operación con más de 124 millones de euros, cantidad que se explica mal en los actuales momentos de restricciones. Los procedimientos empleados de investigación in situ pueden constituir un ataque a la intimidad de los ciudadanos. Por otra parte, las sanciones que se piensan imponer suscitan muchas dudas jurídicas, ya que los titulares en la mayoría de las ocasiones, al solicitar el correspondiente permiso de obra, han puesto en conocimiento de los Ayuntamientos las modificaciones, y han sido estos los que por dejadez no se las han comunicado al Catastro.

A lo anterior hay que añadir que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 prevén la actualización de los valores catastrales de 1.876 municipios con 9.332.797 inmuebles, de los cuales 7.411.970 verán incrementada su valoración. El IBI ha crecido exponencialmente desde hace años, y ha sido el único gravamen cuya recaudación ha continuado elevándose durante la crisis.

Es curioso que mientras se atacaba, se eliminaba o en todo caso se dejaba reducido a la mínima expresión el impuesto de patrimonio, no se haya tenido el menor inconveniente en elevar de manera sustancial el IBI, que es en definitiva un impuesto sobre la propiedad, solo que parcial e injusto, puesto que solo grava la inmobiliaria, y además carece de progresividad. Los detractores del impuesto de patrimonio, entre los que se encuentran el señor Lagares y el ministro Montoro, aducen que se incurre en doble imposición; ahora bien, por la misma razón o incluso con mayor motivo, deberían manifestarse en contra del IBI. Arguyen también que solo lo pagan las clases medias, lo que no es cierto para el impuesto de patrimonio, pero sí para el IBI.

El proyecto de reforma fiscal para los ejercicios 2015 y 2016, presentado por el Gobierno, incluía al principio una norma sumamente onerosa para la propiedad inmobiliaria: la eliminación tanto de los coeficientes de actualización como de los de abatimiento, aprobados en su momento por Pedro Solbes y actualmente en vigor, con los que se pretendía corregir el efecto de la inflación sobre las plusvalías. En realidad, la norma vigente introducida por Solbes con los coeficientes de abatimiento ya perjudicó a las viviendas antiguas y empeoró su tratamiento fiscal con respecto al que venían disfrutando, al reducir la exención a medida que aumentan los años transcurridos desde 1994 al momento de la venta, pudiendo ocurrir (y así ha sucedido en los años de la crisis) que la plusvalía a pagar fuese mayor, aun cuando hubiese disminuido el precio de mercado y, por lo tanto, el de venta.

Pero la eliminación prevista de los coeficientes de abatimiento junto con los de actualización tendría un efecto casi expropiatorio sobre aquellos contribuyentes que quisieran vender el piso, especialmente si este se adquirió en los setenta o principios de los ochenta. En estos casos, el gravamen podría ascender al 25% del valor del precio de venta, teniendo en cuenta que en moneda actual el precio de adquisición casi ha dejado de ser significativo, e incluso inferior al coste de los muchos arreglos que en un periodo de tiempo tan dilatado habrá tenido que sufrir la vivienda y que difícilmente podría incorporarse al precio de compra. A ello se sumaría la plusvalía municipal que, después de tantos años, es de suponer que alcance una cuantía muy elevada.

La norma afecta exclusivamente a las rentas bajas y medias, ya que los grandes patrimonios recalan en sociedades a las que en numerosas ocasiones se les ha dado la facilidad de regularizar sus activos. El despropósito de la medida forzó al Gobierno a complementar de forma chapucera el proyecto antes de su entrada en el Parlamento, eximiendo a los contribuyentes mayores de 65 años de las plusvalías derivadas de ventas inferiores a 240.000 euros, siempre que las inviertan en una renta vitalicia. Este añadido resulta un tanto sorprendente y contrario al espíritu liberal que el Gobierno preconiza. No se entiende, a no ser que la finalidad sea beneficiar a las entidades financieras, por qué para gozar de la exención se precise entregar el dinero a un banco en lugar de administrarlo personalmente.

La historia no ha terminado ahí, pues, como era de esperar, las críticas y presiones contra la medida han continuado aun dentro del propio Partido Popular durante toda la tramitación parlamentaria, de modo que el Ministerio se ha visto obligado a propiciar una enmienda en el Senado que restituye los coeficientes de abatimiento con la limitación de 400.000 euros, pero mantiene la eliminación de los coeficientes de actualización. Esta postura tan raquítica contrasta con otras medidas, por ejemplo, la de eximir de tributación a las grandes empresas por los dividendos y las plusvalías procedentes de la participación en filiales por encima del 5% y de 20 millones de euros.

www.martinseco.es

Artículo publicado en República.com

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La gran división

Mon, 17/11/2014 - 09:00

Boaventura de Sousa SantosPágina/12

Las elecciones de Brasil llamaron la atención de la comunicación social en todo el mundo. En gran medida, hubo una cobertura hostil para la candidata Dilma Rousseff que fue celosamente seguida por los grandes medios brasileños. El paroxismo del odio anti Partido de los Trabajadores (PT) llevó a una revista de gran circulación, Veja, a dirigirse por una vía probablemente delictiva. El diario The New York Times nunca se refirió a la candidata del PT sin caracterizarla como “ex guerrillera”. Con la misma inconsistencia de siempre, no se le ocurriría a ese periódico –ni a tantos otros que siguen su línea– referirse a Angela Merkel como “ex comunista”, a Barroso como “ex maoísta” o al presidente de China como “el comunista” Xi Jinping.

Los intereses que sustentan a esta prensa corporativa esperaban y querían que la candidata del PT fuera derrotada. El terrorismo económico de las agencias de calificación, de las publicaciones Financial Times y The Economist, de la Bolsa de Valores, intentó condicionar a los votantes brasileños y llegó a una virulencia sorprendente, teniendo en cuenta la moderación del nacionalismo de-sarrollista de Brasil, y el hecho evidente de que son factores principalmente globales (léase, China) los que afectan al ritmo del crecimiento de países como Brasil. ¿Por qué tanta y tan desesperada hostilidad?

Los factores externos. Las razones externas son mucho más profundas que el mero apetito del capital internacional por las grandes privatizaciones del pre-sal y de Petrobras, o que la violenta respuesta del capital financiero a cualquier límite a su codicia, por más moderado que sea. Hoy, Brasil es el ejemplo internacionalmente más importante y consolidado de la posibilidad de regular el capitalismo para garantizar un mínimo de justicia social e impedir que la democracia sea totalmente capturada por los dueños del capital, como sucede actualmente en los Estados Unidos y un poco por todas partes. Y Brasil no está solo. Es apenas el país más importante de un continente donde muchos otros países –Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Uruguay– buscan soluciones con la misma orientación política general, aunque difiriendo en las dosis de nacionalismo o populismo (como Ernesto Laclau, no condeno en bloque ni a uno ni a otro). Por otra parte, estos países han buscado construir formas de solidaridad regional que no pasan por la bendición de los Estados Unidos, al contrario de lo que ocurría antes.

¿Cuál es el significado global de esta rebeldía? Configura una nueva guerra fría, una guerra fría ya no entre capitalismo y socialismo, sino entre un capitalismo neoliberal global –sin vestigio nacionalista o popular– y un capitalismo con alguna dimensión nacional y popular, un capitalismo socialdemócrata o una socialdemocracia capitalista. Este último capitalismo puede asumir muchas formas y puede llegar a estar presente tanto en Rusia como en China, en India o Sudáfrica, o sea, en los llamados Brics. El fin de la Guerra Fría histórica no fue sólo el fin del socialismo en su versión histórica; fue también el fin de la socialdemocracia europea, la única existente en ese momento, porque a partir de entonces el capitalismo ya no se sintió obligado a sacrificar su lucro inmediato para garantizar la paz social, siempre amenazada por la existencia de una alternativa potencialmente más justa. Entonces se declaró, solemnemente, el fin de la historia y la ausencia de alternativas al capitalismo neoliberal.

Así fue cómo la Guerra Fría desarmó a la socialdemocracia europea. Pero, paradójicamente, hizo posible la emergencia de la socialdemocracia latinoamericana. No hay que olvidar que América latina fue una de las grandes víctimas de la Guerra Fría histórica. Durante ese período, el capitalismo sólo hacía concesiones socialdemocráticas dentro de Europa, obligado por la tragedia de las dos guerras mundiales. Fuera de Europa, las zonas de influencia del capitalismo eran tratadas con máxima violencia para liquidar cualquier posible alternativa. Esa violencia abarcaba guerra financiera, ajuste estructural, desestabilización social y política, intervención militar.

La osadía de América latina en los últimos quince años consistió en construir una nueva guerra fría aprovechando, tal como en la anterior, un momento de flaqueza del capitalismo hegemónico. Encerrado desde los años noventa del siglo pasado en Medio Oriente para saciar al insaciable complejo militar-industrial y su avidez de petróleo, el Imperio dejó que avanzaran en su patio formas de nacionalismo y de populismo que, a diferencia de las anteriores, ya no estaban dirigidas a la clases medias urbanas medias, sino a la gran masa de los excluidos y marginados. Tenían, por tanto, una fuerte vocación por la inclusión social. Esta emergencia fue también posible gracias a un descubrimiento copernicano realizado por un gran líder mundial llamado Lula da Silva. Este descubrimiento, simple como todos los descubrimientos genuinos, consistió en ver que el impulso democratizante que venía desde la lucha contra de la dictadura había preparado a la sociedad brasileña para una opción moderada por los pobres. Se trataba de una opción que la Iglesia Católica había asumido durante un tiempo y que luego había abandonado cobardemente. No se trataba de socialismo, sino de un capitalismo sujeto a algún control estatal para desarrollar políticas públicas relativamente desvinculadas de los intereses directos e inmediatos de la acumulación capitalista. Este descubrimiento transformó la naturaleza de la hegemonía en Brasil y rápidamente se volvió hegemónico en el continente. Digo hegemónico porque los propios adversarios tuvieron que utilizar sus términos para enfrentarlo, y porque su vocación inclusiva se expandió rápidamente a otras áreas, particularmente a la inclusión étnica y racial. La sociedad brasileña se volvía más inclusiva en el preciso momento en que se reconocía no sólo como una sociedad injusta, sino también como una sociedad racista, y se disponía a minimizar tanto la injusticia social como la injusticia histórica, étnica y racial.

El hecho de que este descubrimiento no haya quedado confinado a Brasil y se haya expandido a otros países, cada uno con trazos específicos y propios de sus trayectorias históricas, combinado con el hecho de que en otros continentes, por diferentes vías, hayan surgido formas convergentes de rebelión ante el capitalismo neoliberal –al que supuestamente no había alternativas– originó una nueva guerra fría. Esta sufriría un fuerte golpe si Brasil, el país que más avanzó en este sentido, decidiese volver al redil neoliberal y regresar al rebaño, tal como está sucediendo en Europa, que resistió durante algún tiempo el destino que la caída del Muro de Berlín le había dictado.

De ahí, la enorme inversión realizada en pos de la derrota de la presidenta Dilma. Al final, el descubrimiento brasileño reveló una vitalidad que, tal vez, ni sus propios protagonistas esperaban. Pero, obviamente, no hay que esperar que el capitalismo neoliberal global desista. Se siente lo suficientemente fuerte como para no tener que convivir con el statu quo europeo previo a la caída del Muro. Recurrirá al boicot sistemático de toda alternativa, por más moderada e incompleta que sea. Quizá no recurra a las formas más violentas que en el pasado desencadenaron “cambios de régimen” en los países grandes de América latina, y que hoy se limitan a países pequeños como Haití (2004), Honduras (2009) o Paraguay (2012). Serán acciones de desestabilización social y política, aprovechando el descontento popular, financiando organizaciones no gubernamentales (ONG) con posturas “amigas”, proporcionando consultoría técnica para el control de las protestas y, de esa manera, obteniendo información crucial. Esta intervención va a ser más evidente en países como Venezuela y Argentina, dada la urgencia por poner un punto final al antiimperialismo chavista o peronista. Pero en todos los países con gobiernos de centroizquierda se esperan acciones de desestabilización interna.

Los factores internos. La agresividad de los grandes medios, la desesperación que llevó a algunos a incurrir en actos probablemente delictivos, se basa en el interés de la gran burguesía por recuperar el control pleno de la economía y conseguir ganancias extraordinarias con las privatizaciones por realizar. No se trata más que del brazo brasileño de una burguesía transnacional bajo el dominio del capital financiero. Al no haber podido derrotar a la candidata del PT, va a seguir presionando abiertamente por (y es probable que consigan) la conformación de un equipo económico instalado en el corazón del gobierno que satisfaga los “imperativos del mercado”.

El brazo brasileño del capital transnacional arrastró consigo a sectores importantes de la clase media tradicional y hasta de la nueva clase media, que es un producto de las políticas de inclusión de los gobiernos del PT. También estos sectores asumieron el discurso de la agresividad, que transforma al adversario en enemigo. Y ese discurso no se explica sólo por razones de clase. Hay factores que son específicos de una sociedad que fue engendrada bajo el colonialismo y la esclavitud. Son funcionales a la dominación capitalista, pero operan a través de marcadores sociales, formas de subjetividad y sociabilidad que poco tienen que ver con la ética del capitalista weberiano. Se trata de la línea abisal que separa al pobre del rico y que, al estar lejos de ser apenas una división económica, no puede ser superada con medidas económicas compensatorias. Por el contrario, puede ser exacerbada por ellas. Desde la óptica de los marcadores sociales colonialistas, el pobre es una forma de subhumanidad, una forma degradada de ser que combina cinco formas de degradación: ser ignorante, ser inferior, ser atrasado, ser vernáculo o folklórico, ser perezoso o improductivo. El rasgo común a todas ellas es que el pobre no tiene el mismo color que el rico.

El hecho de que el poder político en la época de Lula haya identificado esa línea abisal y haya intentado superarla mediante políticas compensatorias y contra la discriminación racial es un insulto a la nación biempensante y un desperdicio criminal de recursos. En este caso concreto, tuvo además otra consecuencia, el inoportuno encarecimiento del servicio doméstico. Es importante tener en cuenta que el ideario colonialista no es monopolio de las clases dominantes y sus aliados. Habita en las mentes de los que más sufren sus consecuencias. Y, sobre todo, habita las mentes de quienes fueron ayudados a dejar su estatuto de inferioridad, pero que rápidamente se olvidan de esa ayuda para pensar tan bien como piensa la sociedad biempensante, la sociedad que está de este lado de la línea abisal en que acaban de integrarse. Me refiero a sectores de la llamada nueva clase media.

Doctor en Sociología del Derecho, universidades de Coimbra (Portugal) y de Winsconsin (EE.UU.).

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Un paraíso fiscal en el corazón de la UE, con PwC como marcapasos

Mon, 17/11/2014 - 07:00

Àngels Martínez i Castells – Consejo Científico de ATTAC España

jean-claude-junxkerYa sabíamos lo fundamental, pero conviene tener datos, nombres, fechas, para que no quede ningún resquicio de duda: Este sistema económico, el capitalismo del siglo XXI, es una estafa organizada por y para unos pocos poderosos, y ni usted ni yo tenemos porque aguantarlos ni seguir costeando su despilfarro. Para ello, el periodismo de investigación, sobre todo si lo acompañan nombres tan relevantes como los de Michael Hudson y Mar Cabra, es fundamental. Y para ponernos al día habrá que seguir con atención El Confidencial que a partir de hoy publicará una serie de reportajes elaborados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y un equipo de más de 80 profesionales de 26 países. Su investigación descubre el “ahorro” de miles de millones en impuestos (también en España), en base a 28.000 páginas de documentos confidenciales. El método utilizado por las empresas y fondos defraudadores: firmar acuerdos secretos con Luxemburgo (sí, el mini-país fundador de la UE, en el corazón de Europa) para reducir casi a la nada sus deberes fiscales (aunque naturalmente, su presencia en el Gran Ducado, como sucede en todos los paraísos fiscales, es poco menos que testimonial). Los nombres de las grandes empresas que rehúyen a Montoro (pero sobre todo se niegan a financiar los servicios sociales) son, según El Confidencial, Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales. El tipo efectivo que pagan, en plena Unión Europea: menos del 1%.

La documentación que estos medios investigan -entre ellos The Guardian (Reino Unido), Süddeutsche Zeitung y NDR (Alemania), la Canadian Broadcasting Corporation (Canadá), Le Monde (Francia), Asahi Shimbun (Japón), Politiken (Dinamarca) o Folha de S. Paulo (Brasil- consiste en cientos de acuerdos fiscales privados y secretos, conocidos como tax rulings o comfort letters, mediante las cuales Luxemburgo ofrece un tratamiento fiscal favorable a las grandes multinacionales. Han conseguido 548 tax rulings, mientras la Comisión Europea no puede tenerlas porque el gobierno de Luxemburgo no se las entrega…. ¿No les recuerda algo todo eso los juegos epistolares del PP y el juez Ruz? Y en más de un sentido, porque por lo que parece, también el Gobierno luxemburgués se ha pasado de listo y rapaz (como Bárcenas, Blesa o Granados) y ha superado los límites de saqueo aceptables.

nueva-sede-de-pwc-en-luxemburgo-foto-ola-christoffersson-svtPersonalmente, lo que más me divierte es volverme a encontrar con PwC (anteriormente PricewaterhouseCoopers), la consultora-auditora que dirige-asesora los procesos de privatización de nuestra sanidad (incluido el programa VISC+ de la Generalitat de Catalunya). Donde haya algo turbio, allí está la PwC. En este caso, con el sobrenombre de “el mago que hace desaparecer los impuestos”. ¿Cómo lo hace? Fácil para el estándard moral de la PwC: se ofrece a representar en Luxemburgo a cientos de estas empresas a las que no les apetece nada pagar impuestos y “les diseñaba complejas estrategias financieras que comprenden préstamos de las matrices luxemburguesas a las filiales de otros países y otras estructuras para transferir beneficios de una parte de la empresa a otra con el fin de reducir o suprimir totalmente los ingresos sujetos al pago de impuestos.” Con sus artimañas logró que FedEx sólo tributara por el 0,25% de sus ingresos y dejaba libre de impuestos el 99,75% restante. Al maná escapista acuden las grandes firmas de todos los sectores. Quizás les suenen los nombres de Accenture, Abbott Laboratories, AIG, Amazon, Blackstone, Deutsche Bank, The Coach, H.J. Heinz, JP Morgan Chase, Burberry, Procter & Gamble, Carlyle o la Abu Dhabi Investment Authority.

Por su parte, las autoridades luxemburguesas aseguran, naturalmente, que el sistema de acuerdos fiscales privados del país es irreprochable. Y tendrán que repetirlo muchas veces para dotar de credibilidad a Jean Claude Juncker, el flamante Presidente de la Comisión Europea que fue primer ministro de Luxemburgo durante más de veinte años, precisamente cuando se aprobaron muchas de las ventajas fiscales del país. Sin embargo, lo que son las cosas, desde su nuevo cargo, ha prometido mano dura con estas artimañas. Algo parecido a la conversión sufrida por Arias Cañete, que es tan diferente ahora como Comisario Europeo de lo que fue hace apenas dos minutos. Sería difícil encontrar a dos políticos menos de fiar para la Comisión Europea.

Sigan leyendo en El Confidencial los detalles concretos de cómo son las empresas proponen cuánto quieren pagar, y cómo los asesores fiscales de PwC (y otros) se las ingenian para conseguirlo. “Es la primera vez que vemos el verdadero funcionamiento de Luxemburgo como un paraíso fiscal”, asegura Richard Brooks, exinspector de Hacienda británico y autor del libro El gran robo fiscal, que ha ayudado a ICIJ a revisar algunos de los documentos.

Y concluyo con esta anécdota que me parecce muy ilustrativa: “El mes pasado, en un prestigioso evento en el Metropolitan Club de Nueva York, Pierre Gramegna, el ministro de Finanzas luxemburgués, afirmó de forma tajante, alto y claro, que Luxemburgo no es un paraíso fiscal. La respuesta que recibió del auditorio fue una sonora carcajada. Lo cierto es que más de 170 de las 500 empresas de la lista Fortune tienen una oficina en el país. Se estima que en 2012 las compañías de EEUU transfirieron 95.000 millones de dólares de sus beneficios fuera de su país a Luxemburgo, sobre los que pagaron 1.040 millones, apenas el 1,1%.” Y ya estoy deseando saber cuánto se nos ha esquilmado al fisco de España. Para hacer aquello tan demagógico, ya saben, de compararlo con los recortes en dependencia, pensiones, sanidad, enseñanza…E ir empujando, poco a poco, a que el miedo cambie de lado.

Punts de vista

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El escándalo del rescate bancario: el caso Geithner

Sun, 16/11/2014 - 18:03

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España

Timothy Geithner fue la persona, dentro de la Administración Obama, que jugó un papel más central en la recuperación del sistema bancario de EEUU. De ahí que sus memorias hayan despertado un interés considerable en EEUU. Durante muchas semanas, tales memorias han sido sujeto de amplios análisis y comentarios, tanto en la prensa de mayor difusión, como en los medios y fórums influenciados por la banca (que son muchos y muy potentes). Ni que decir tiene que, en estos últimos, Geithner ha pasado a estar en el pabellón de los grandes servidores al país, uno de los mayores salvadores de la patria. La gente con mucho dinero siempre tiene la manía de identificar sus intereses con los intereses de la nación, llamada, en ocasiones, la patria.

Me leí las memorias, a pesar de que tengo una sana aversión hacia este tipo de documentos, pero me interesaba averiguar si añadía alguna información sobre las medidas de recuperación bancaria que se me hubiera escapado y que no conociera. Pues no, no descubrí nada nuevo. En realidad, las memorias eran sumamente predecibles y podrían haber sido escritas por cualquier figura protagonista de los rescates bancarios en cualquier país de la Unión Europea, incluyendo España. La gente que protagoniza los negocios financieros es extraordinariamente predecible. Veamos algunas de las actividades predecibles:

1. A pesar de que los datos los tenía delante de sus narices, el Sr. Geithner no anticipó la creación de la burbuja inmobiliaria, y ello a pesar de que era enormemente (repito, enormemente) fácil de ver. El precio de la vivienda estaba creciendo casi exponencialmente, mientras que la media de los ingresos de las familias estaba bajando o estaba estancada. Era obvio que algo estaba pasando y que en algún momento todo el sistema bancario (enriquecido como consecuencia del incremento de la deuda, incremento necesario para poder conseguir las hipotecas) iba a colapsar. El Sr. Geithner no lo vio. ¿Cómo es que no lo vio?

2. Otro desarrollo que tampoco vio fue el peligro de los nuevos instrumentos bancarios. A pesar de las alarmas que vinieron por parte de investigadores en áreas financieras, independientes y críticos con la banca, el Sr. Geithner no reguló ni hizo nada para disminuir la introducción de instrumentos financieros nuevos como los derivados, definidos por uno de estos críticos como armas financieras de destrucción masiva. ¿Cómo es que Geithner no vio ni el peligro de la burbuja inmobiliaria ni el peligro de esas armas de destrucción masiva?

3. Las respuestas a estas preguntas también son fáciles de ver. No vio nada porque estaba sumergido (en realidad, metido hasta la médula) en los círculos financieros. Toda su vida estaba impregnada y se realizaba en los círculos financieros, que eran los círculos donde se estaba cocinando el desastre. Sus vidas privada y pública estaban claramente interrelacionadas con el mundo de los banqueros y financieros de Wall Street. Estos eran sus amigos, que le invitaban a desayunar, a comer, a cenar, a fiestas y a viajes. Ellos eran sus amigos y él era su servidor. Y no tenía ni idea de los problemas de la gente normal y corriente, que estaba ahogada con las hipotecas que no podía pagar. Para él, el centro de la economía (y, por lo tanto, del mundo) era Wall Street. Y a él le había tocado la enorme responsabilidad y honor de salvarlo. Salvar Wall Street pasó a ser su deber patriótico.

4. En aquel escenario puede entenderse que la única alternativa que se le ocurriera para evitar el colapso financiero de EEUU fuera salvar a sus grandes amigos de Wall Street. Así de claro. Y así lo dice (naturalmente, sin referirse a Wall Street como sus amigos), aunque por la narrativa que utiliza aparece un entendimiento y simpatía para los banqueros, mostrando una clara empatía hacia los grandes gestores del dinero acumulado en Wall Street.

5. De ahí que el rescate del sistema financiero consistiera en darles billones y billones de dólares procedentes de las imprentas del Estado. Utilizo la expresión “darles” deliberadamente, pues fue uno de los mayores casos de beneficencia que hayan existido a lo largo de la historia de la humanidad. La única diferencia es que no se llamó a aquella dádiva “beneficencia”, sino rescate. Y la banca y las compañías de seguros fueron salvadas a base de una cantidad de dinero público nunca antes visto en cualquier intervención estatal. Y lo que es predecible es que el Sr. Geithner lo considera como lo razonable, lógico y necesario que tenía que hacerse. Para él era obvio que no había otra alternativa.

6. Ahora bien, de obvio no tenía nada. En realidad, el rescate le ha costado muchísimo, pero que muchísimo dinero, al ciudadano estadounidense, sin que se haya cambiado nada en el sistema bancario que pueda prevenir otro desastre, o que facilite la disponibilidad del crédito. En realidad, el hecho de que la economía estadounidense esté creciendo mucho menos de lo que su potencial le permitiría, se debe precisamente a que el sistema crediticio no funciona bien todavía. Dean Baker ha documentado cómo la situación financiera continúa igual que antes de la crisis. Salvar a Wall Street ha sido salvar un sistema que es corrupto hasta la saciedad, y que es profundamente disfuncional.

7. Y sí que había alternativas. Además, era fácil de ver que sí las había. Se podría haber nacionalizado la banca. Sí, como lo lee. Se podía y se tendría que haber nacionalizado la banca, tal como habían sugerido muchos economistas progresistas no vinculados a la banca, tales como Stiglitz, Baker, Weisbrot, Roubini y una larga lista. Es más, incluso el que había sido el gran gurú neoliberal, Alan Greenspan, había sugerido la nacionalización, pues conocía bien el sistema financiero desde dentro, y no lo veía capaz de salvarse. De ahí que también sugiriera su nacionalización. La diferencia, sin embargo, era que Greenspan quería después privatizar la banca de nuevo, como Guindos y otros han hecho con Bankia. La mayoría, sin embargo, quería nacionalizarla para siempre. No hay duda de que hoy tendríamos sistemas financieros saneados, garantizando el crédito. Y con un coste mucho menor de lo que le ha costado al erario público.

8. La pregunta clave que debe hacerse es: ¿por qué Obama nombró a Geithner? Y la respuesta es también fácil de dar. Porque Obama pensaba como Geithner. Obama es un producto típico del establishment estadounidense. Pensar en él como en el gran reformador es pedirle peras al olmo. Nacionalizar la banca no estuvo, ni por un minuto, en su escenario de intervenciones. Ninguno de sus amigos se lo hubiera aconsejado. Hubiera aparecido como un bolchevique digno de olvido o desprecio. Y ahí estaba la victoria del sistema ideológico promovido por la banca. Todo lo que afecte negativamente a sus intereses está fuera de lo que la sabiduría convencional define como “razonable”. Y así estamos.

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Atículo publicado en Público.es

vnavarro.org

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Llamamiento 29N: A la calle, que ya es hora

Sun, 16/11/2014 - 13:00

ImprimirLas MARCHAS DE LA DIGNIDAD volvemos a salir a la calle para gritar bien alto PAN, TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD. Salimos a la calle porque nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.

Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Cientos de miles de familias han perdido su casa. Gran parte de la juventud se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero. A las mujeres nos quieren quitar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. A los pueblos les niegan el derecho a decidir. Siguen recortando en salud, educación, dependencia… Han engañado a nuestros mayores con la estafa bancaria de las preferentes. Estamos asistiendo al robo de derechos y al empobrecimiento generalizado de la mayoría social y todo en nombre del pago de una deuda ilegítima y odiosa que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas.

Mientras, ellos, siguen mangoneando, la corrupción campea a sus anchas. Siguen llevándose dinero a los paraísos fiscales, usando tarjetas opacas y regalando decenas de miles de millones del dinero público, el dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a los bancos y especuladores. Nos quieren hacer tragar un “Tratado de Libre Comercio” entre la UE y EE.UU. (TTIP) que se negocia secretamente y que beneficia a las grandes multinacionales a costa del pueblo. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y la criminalización. Ahora, incluso, pretenden robarnos la libertad para manifestarnos y expresarnos poniéndonos una mordaza que blinde el abuso policial. No sólo están aprovechando la crisis para recortar derechos sociales, también intentan suprimir libertades democráticas. A este sistema corrupto e indecente le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social.

Pero no lo vamos a consentir. Nos vamos a rebelar. Porque este sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable. Porque esta crisis-estafa está significando un gigantesco drama humano. Porque no queremos ser cómplices de su militarismo y sus guerras de rapiña. Porque no queremos ser parte de sus sucios negocios especulando con la salud y la vida de millones de personas.

Tras el millón y medio de personas que estuvimos el 22 de marzo en Madrid fuimos a rodear sus parlamentos el 21 de junio, les hemos sacado tarjeta roja a los poderosos en Asturias y ahora volvemos de nuevo a la lucha.

Hacemos un nuevo llamamiento a la movilización social en la semana del 24 al 29 de noviembre en la que hemos convocado movilizaciones por el empleo digno, por la renta

básica, por los servicios públicos y de calidad, por las libertades democráticas, contra el pago de la deuda odiosa, el paro, la precariedad, los recortes, el TTIP, la corrupción, el régimen del 78 y la represión, y por supuesto el 25 contra la violencia hacia las mujeres. Os llamamos, especialmente, a protestar el 29 de noviembre donde se convocarán manifestaciones en todas las capitales de provincia. 

Os llamamos a participar activamente en una movilización por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. Seguimos exigiendo que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan y colaboran con las políticas de la Troika. 

PAN, TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD

EXIGIMOS:

- No al pago de la DEUDA: ilegal, ilegítima y odiosa 

Derecho a VIVIENDA para tod@s

- Empleo DIGNO con DERECHOS o Renta básica

- Servicios públicos para todas las personas

Organiza en tu entorno: Barrio, distrito, municipio, actividad laboral o de estudios… y participa en esta tarea, en la que nos proponemos parar esta agresión salvaje a nuestros DERECHOS, recuperar cuantos nos han sido esquilmados y conquistar todos y cada uno de los DERECHOS que las personas con DIGNIDAD somos acreedor@s. 

Tod@s a Madrid el 29 de noviembre de 2014 

6 columnas caminando de toda la Región de Madrid, llegaran a la Manifestación: Atocha a las 17 h. – Cibeles a las 18 h. – Sol 

Marchas de la DIGNIDAD 22M 

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CONTACTO: 

Resumen de enlaces redes sociales:

- Correo electrónico: marchasdignidad@gmail.com

- Blog: http://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/

- Facebook: Madrid Marchas de la Dignidad 22M

- Twitter: @MadridMarchas22

cartel

 

Llamamiento 29N – PDF

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España dispone de caspa para usar y exportar

Sun, 16/11/2014 - 09:02

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

Despertar al día y a la semana con Ana Botella en plena charla con la Virgen de la Almudena, rogándole nos brinde “la fortaleza necesaria para superar cualquier amenaza a la libertad y unidad de nuestro país”, marca. Apolíticosvarios andan también muy preocupado con Catalunya y entre sus pesadillas a odiar se encuentra el presidente Artur Mas. De cuanto sucede en España, solo hablan de eso. “Va contra la ley”, argumentan. Irrefutable. La ley es lo primero, sobre todo en este país que la respeta con fruición.

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El escritor Mario Vargas Llosa activo opositor a la consulta que calificó de ataque a la democracia incluso en The York Times.

Un pueblo al que se ha usado y manipulado en sus sentimientos desde distintos flancos, se expresa. Con cortapisas. Tantas que desvirtúan cualquier resultado. ¿Qué esperaba Rajoy que ocurriera el 9N? ¿Tenía algún plan posterior? ¿Disponen de él la caterva de exaltados que piden soluciones drásticas? Escuchar mentar al 23F al representante de UPyD, el partido transgénico -el que marcó la senda de los partidos transgénicos, con más precisión- vuelve a situarnos en nuestra realidad. La que corrobora ver a un Nobel de Literatura, originario del Barrio de Miraflores de Lima, como un alma errante tratando de impedir que los catalanes opinen en una urna. España dispone de caspa para usar y exportar.

Cada hecho de entidad al que nos enfrentamos, nos devuelve a nuestra idiosincrasia. Somos herederos directos de aquella España medieval y conquistadora que desollaba herejes para imbuirles la fe cristiana. La que sentaba al Papa –incluso corrupto- y a todas las divinidades y santos en la mesa de las decisiones sociales. Ana Botella este domingo, los condecoradores de vírgenes, las damas de la mantilla y el rosario que infieren dolor hasta a los enfermos, son de la misma ralea. Es la odiosa España –hay otra- que, sumida en el oscurantismo, considera la medida recta de todas las cosas los genitales masculinos. Y que suele demandarlos para, siempre, apoyar la violencia desde el poder.

La mirada del Cardenal Cisneros en la interpretación del actor Eusebio Poncela en la serie ISABEL de RTVE.

La mirada del Cardenal Cisneros en la interpretación del actor Eusebio Poncela en la serie ISABEL de RTVE.

¿El respeto a la ley? ¿El que tuvieron Zapatero y Rajoy cambiando la Constitución a las órdenes de los mercados neoliberales en 3 días de agosto? Quizás se refieren al que demuestra sin ir más lejos el partido en el gobierno de casi todo, el PP, con varias bandas de (presuntos) saqueadores en su seno. Por no hablar de su caja B troncal cuya existencia afirma hasta el juez, y la legión de mentirosos demostrables. Y la de los hipócritas de doble moral que rezuman en la más fértil cosecha.

Sobre la unidad de España no debo opinar, soy muy radical en ese punto: no comprendo el amor por obligación y, si se tercia, a insultos y golpes. Y en el fondo me sobran todas las fronteras físicas, solo mantendría las que pudieran aislar la injusticia y la iniquidad. Ahora bien, que pongan el foco en la votación de Catalunya como problema fundamental de España, es perverso.

Metidos en un lodazal de inmundicia de proporciones inauditas, no damos abasto para detener cada nueva remesa que nos lanzan desde los poderes públicos. Asuntos que deberíamos resaltar – importantes – quedan sepultados por toneladas de mugre surtidas a diario. ¿Qué menú nos ha traído el día y la semana? Indigerible una vez más. Las medidas de ahorro del gobierno con los parados, a los que, según informa en este diario Ana Requena, quieren tener un año sin cobrar antes de facilitarles la dádiva de apenas 400 euros, por 6 meses y una sola vez. El resto del tiempo que acudan al colchón familiar, a la caridad o a tapiarse el estómago. 400 euros al mes, qué dispendio, cuando alguna de sus señorías puede gastar el doble en relax durante un fin de semana en Canarias, por ejemplo.

Pasarnos a las puertas giratorias del poder. A la abogacía del Estado –ese cuerpo en ascenso meteórico desde el 20 de Noviembre de 2011-. La entidad no se persona en la investigación de la Caja B del PP porque no quiere su jefa: Marta Silvia Lapuerta –destacada miembro de la familia conservadora-. Según informa la Cadena SER, era secretaria de Sacyr en los días de la entrega –firmada- de 200.000 euros al PP de Cospedal. Casi de inmediato –por pura casualidad bien sabemos-, el contrato de la gestión de basuras con su filial en Toledo aumentó en 11 millones de euros. La deuda legítima que dicen tantos políticos responsables que tenemos que pagar sin emitir ni un reparo.

Vivimos en una situación insostenible, por cualquier lado que lo miremos. Robo a corrupción armada, tarjetas black, cursos de formación inexistentes, EREs tapadera, descaro mayúsculo que justifica jolgorios con dinero público mientras se priva de comedores escolares a los niños, o de enfermeras. Se cercena la ciencia. O se raciona la salud y hasta la vida, no dando tratamientos a enfermedades “caras”. Posponiéndolos de continuo y seleccionando a quién le toca vivir o morir.

Y ahí siguen. Aplicando el cilicio a la sociedad. Soberbios. Con su mirada torva capaz de las mayores injusticias. Apasionados ejecutores de la ley del embudo. Embaucadores de personas poco atentas a su papel en la vida.

Esta caspa añeja y mohosa sepultó a lo largo de la historia cuantos movimientos innovadores se producían, muchas veces pioneros en el mundo conocido. Es tanta que pesa. Nacida de herpes o llagas, de la grasa o suciedad, no dejan de ser escamas que puede aventar un gran viento de cordura y decencia.

Artículo publicado en eldiario.es

El Periscopio

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La Ley de Seguridad Ciudadana veta el espacio público a la ciudadanía y es contraria a los estándares de derechos humanos

Sun, 16/11/2014 - 07:02

Con ocasión de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Rights International Spain ha hecho llegar sus consideraciones a la luz de los estándares de DDHH a los distintos grupos parlamentarios.

Rights International Spain (RIS) se ha puesto en contacto con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a fin de hacerles llegar sus consideraciones acerca del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que actualmente se debate en el seno de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

A juicio de la organización, esta reforma legislativa es injustificada e innecesaria e incluye restricciones desproporcionadas de los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, así como una regulación insuficiente para la protección del principio de no discriminación en las identificaciones y otras diligencias policiales.

El espacio público deja de ser un espacio de participación política

En materia de libertad de reunión, preocupa que “el espacio público deje de ser un espacio de participación política” debido a las sanciones que castigarían distintas formas de protesta pacífica, como la ocupación de determinados inmuebles o las manifestaciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas Parlamentarias de las Comunidades Autónomas. También resulta alarmante que el Proyecto de Ley exija la autorización de hecho como requisito para ejercer el derecho de reunión pacífica.

La Ley de Seguridad Ciudadana también vulneraría la libertad de expresión, sobre todo en lo que respecta a las infracciones consistentes en el “uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, en “injurias o faltas de respeto y consideración a loa agentes de la policía” o en “escalamiento de monumentos”, sin poner en peligro personas o bienes. Todos estos comportamientos, aseguran, se encuentran amparados por el derecho internacional de los derechos humanos.

“Restricciones desproporcionadas y excesivas”

Las consideraciones de la organización son compartidas con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, quien ha mostrado recientemente preocupación por “las restricciones desproporcionadas y excesivas al derecho de reunión pacífica que supone” esta reforma legislativa, restricciones que pueden llegar a socavar “la existencia misma de los atributos de pluralismo, tolerancia y mentalidad abierta necesarios a cualquier sociedad democrática”.

Según Patricia Goicoechea, Directora Adjunta de RIS, “la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, si se aprueba, supondrá un grave retroceso en materia de derechos humanos; la sociedad española dejará de poder ejercer libertades cruciales para el normal funcionamiento de la democracia”. Asimismo, advierte, en relación con las infracciones que castigarían el “uso de imágenes” de agentes de la policía, que “parece que el Gobierno está intentando evitar por cualquier vía que se sigan usando fotografías como base probatoria en los procedimientos contra agentes por abusos y malos tratos en manifestaciones”.

No existen garantías frente al uso de perfiles basados en la apariencia étnica

La organización también destaca las lagunas de la norma en materia del principio de no discriminación, pues no se establecen garantías frente al uso, por parte de los agentes, de perfiles basados en la apariencia étnica o en otro tipo de sesgos discriminatorios. “Además de ser discriminatorias, estas prácticas estigmatizan y criminalizan a una parte de la sociedad española en función de su aspecto físico”, ha apuntado en este sentido Goicoechea.

Pueden consultar el documento completo con las consideraciones de RIS en este enlace.

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Cambio de época: a 25 años de la caída del Muro de Berlín

Sat, 15/11/2014 - 18:00

Atilio Boron - ALAI, América Latina en Movimiento

Lejos del fin de la historia, el poder mundial atraviesa una crisis compleja: entre la decadencia de la hegemonía estadounidense y un incipiente multilateralismo.

El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín. Poco después el contagio o efecto dominó derrumbaría ya no muros sino a los regímenes supuestamente socialistas erigidos como resultado de la nueva constelación geopolítica emergente a fines de la Segunda Guerra Mundial hasta que, entre fines de 1991 y comienzos de 1992, el proceso culminaría con la desintegración de la Unión Soviética. Estos acontecimientos dieron lugar a eufóricas declaraciones por parte de gobernantes, políticos, periodistas e intelectuales del mal llamado «mundo libre»: fervientes promesas de paz y prosperidad se escuchaban en Washington, Bonn, Londres y París, las que en el asfixiante clima neoliberal de los 90 se repetían hasta el hartazgo en América Latina y el Caribe.

El Muro de Berlín y la Puerta de Brandeburgo

El Muro de Berlín y la Puerta de Brandeburgo

En esta fragorosa batalla de ideas pocos textos pudieron captar el clima ideológico imperante en las metrópolis del capitalismo con más precisión que el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, originalmente publicado en 1992. En esa obra se argumentaba que la Guerra Fría había terminado, y que su resultado final marcaba el triunfo definitivo de la democracia liberal y el capitalismo de libre mercado a lo largo y a lo ancho del planeta.

Un cuarto de siglo después las tesis centrales del libro fueron impiadosamente refutadas por la historia: primero, ésta no terminó sino que se aceleró, tornándose a la vez más compleja y truculenta. La Guerra Fría, luego de un paréntesis, retomó impulso con la renovada virulencia que vemos en estos días; y ni la democracia liberal ni el capitalismo de libre mercado han triunfado. Por el contrario, atraviesan una crisis que no pocos se atreven a calificar de terminal. Surgen teorizaciones y prácticas que hablan de nuevas formas de democracia que superan las limitaciones de su versión liberal (plasmadas, por ejemplo, en las constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela) a la vez que proliferan los análisis que demuestran que el capitalismo ha chocado contra una frontera ecológica insuperable.

¿Qué ocurrió después de la caída del Muro? En el plano estrictamente doméstico, Alemania Federal anexó a la República Democrática Alemana y, menos de un año más tarde, el 3 de octubre de 1990, el canciller Helmut Kohl proclamó la reunificación. Ésta se llevó a cabo con un apenas solapado ánimo de venganza. En los demás países, una vez desaparecida la Unión Soviética, sus pueblos pudieron preservar su identidad nacional. En el caso alemán, en cambio, la reunificación intentó borrar hasta las más insignificantes huellas de la RDA.

Como comenta Maxim Leo, un joven periodista que creció en la RDA, «nuestro país dejó de existir y nosotros también». Lo que vino después fue una satanización de toda aquella experiencia, simbolizada en dos detestables rasgos del viejo sistema: la Stasi, temible policía secreta, el Muro de Berlín, y la rusticidad de los automóviles Trabant. ¿Hubo algo más? Sin duda, y eso es lo que hoy en Alemania se describe como «Ostalgia», porque «Ost» significa «Este» en alemán. ¿Nostalgia de qué? De varias cosas: había trabajo para todos, la vivienda era barata, la atención médica era gratuita y de calidad y existía un muy buen sistema educacional accesible para todos.

Muro+México-EEUU

Sección del Muro Estados Unidos – México

Como recuerda el periodista Wolfgang Herr, «no todo era tan malo antes y no todo es tan bueno ahora». Pese a los «paisajes floridos» que demagógicamente prometiera el canciller Kohl (producto de la euforia del momento, según lo reconoció años después) aquellos paisajes todavía hoy no se divisan. La brecha que separaba las dos regiones antes de la reunificación apenas si se ha atenuado en algunos aspectos, pero se ha acentuado en otros. El ingreso per cápita de las cinco provincias orientales equivale a las dos terceras partes de sus congéneres occidentales, un aumento si se considera que antes de la reunificación eran el 43%, pero hace varios años que esta brecha ha dejado de cerrarse y parece haberse cristalizado en aquella proporción. Y la tasa de desempleo en el este es casi el doble que la registrada en el oeste.

Un año después de la caída del Muro, el 61% de los alemanes orientales se consideraban a sí mismos simplemente como alemanes; cuatro años más tarde este porcentaje se redujo al 35% a causa de la desilusión causada por la unificación. Brechas que se acentuaron en relación con los derechos de la mujer, el escaso apoyo en términos de guarderías y jardines infantiles, acceso a la salud y educación. Una encuesta revelaba, en 2009, que solo el 12% de los alemanes orientales creía que se había alcanzado el mismo nivel de vida que en las provincias occidentales, mientras que el 86% decía que no. Sin duda, ahora gozan de libertades que antes no tenían pero en el capitalismo alemán, como en cualquier otro, esas libertades tropiezan con enormes dificultades a la hora de ser realizadas.

Pueden salir a voluntad de Alemania, porque ya no está el Muro, pero sus ingresos no se lo permiten. Pueden ir todos los días al KDW, la famosa tienda de departamentos que relumbraba como un sol del otro lado del Muro, pero no tienen dinero para adquirir lo que allí está a la venta.

Gasto militar

En el terreno internacional la caída del Muro fue el preludio del derrumbe de la Unión Soviética y el inicio del breve y turbulento «unipolarismo» estadounidense. Lo ocurrido en Berlín fue exaltado por los tanques de pensamiento y los intelectuales orgánicos del imperio como el alumbramiento de un nuevo orden mundial que, aseguraban, duraría todo un siglo. Eso pensaban los integrantes del Proyecto del Nuevo Siglo Americano, que habrían de sufrir un rudo despertar la mañana del 11 de setiembre de 2001 cuando todas sus ocurrencias, que no ideas, se derrumbaron junto con las Torres Gemelas de Nueva York.

La caída del Muro y todo lo que se precipitó después modificó radicalmente la realidad internacional. Los famosos «dividendos de la paz» prometidos por George Bush padre y Margaret Thatcher, gracias al fin de la Guerra Fría y la presunta disminución del gasto militar, se esfumaron de la noche a la mañana.

Cuando se produce la implosión soviética, en 1992, el presupuesto militar de Estados Unidos equivalía al de los 12 países que le seguían en la carrera armamentista. Cuando en 2003 se decide la invasión y posterior ocupación de Irak el gasto norteamericano ya era equivalente al de los 21 países que le seguían en ese rubro.

Muro+Israel-Cisjordania_2

El Muro Israel-Palestina

Las complicaciones de esa guerra, sumadas a la intensificación de las operaciones en Afganistán, hicieron que, para 2008, el gasto militar de los Estados Unidos sólo pudiera ser igualado si se sumaban los presupuestos militares de 191 países. En 2010 la erogación estadounidense en armas y pertrechos ya superaba al gasto militar de todos los países del planeta, quebrando la barrera psicológica del billón de dólares. Otra consecuencia de la caída del Muro, en el plano internacional, fue desencadenar la expansión de la OTAN hacia el Este, desde las nuevas provincias alemanas y también desde países como Polonia y la ex Checoslovaquia y, en general, de todos los que tenían fronteras con Rusia. Proceso, vale aclarar, que en días recientes se acentuó con la instalación de nuevas bases militares en Letonia, Lituania, Estonia, Rumania y Polonia, países altamente dependientes del suministro del gas ruso.

El Muro de Berlín fue caracterizado por la crítica del «mundo libre» como el «muro de la infamia». A lo largo de su historia (13 de agosto 1961 – 9 de noviembre 1989) murieron al intentar cruzarlo 136 alemanes. Es el único muro del cual se habla, soslayando la presencia de otros que demostraron, y demuestran todavía, ser mucho más letales que el alemán. Piénsese que en el que separa Estados Unidos de México mueren cada año cerca de 500 personas. Que hay otro muro de la infamia en la Ribera Occidental, erigido por Israel para contener a los palestinos y cuyas víctimas también se cuentan por cientos. El gigantesco Muro del Sahara Occidental, construido por Marruecos, un incondicional aliado de Occidente, para aislar a la región controlada por el Frente Polisario, y el alambrado construido en Melilla para impedir que desde ese enclave español los africanos puedan ingresar a Europa, son otros tantos ejemplos de una infamia que es ocultada ante los ojos de la opinión pública internacional. Sí, cayó el Muro de Berlín y se acabó su ignominia, pero quedan varios en pie, solo que blindados por el silencio cómplice del pensamiento dominante y su enorme aparato propagandístico al servicio del capital.

- Dr. Atilio Boron, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini  (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013. www.atilioboron.com.ar Twitter: http://twitter.com/atilioboron Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002<

(Publicado en la Revista Acción del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Nº 1158

Segunda Quincena de Noviembre 2014)

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Experiencias internacionales de Empleo Garantizado

Sat, 15/11/2014 - 13:00

Eduardo Garzón - Consejo Científico de ATTAC España

A lo largo de todo el siglo XX numerosos países han aplicado diversos programas de Empleo Garantizado (EG), aunque las características de los mismos varían mucho de una experiencia a otra. Las diferencias son de cobertura, de diseño, de duración, de volumen, de perfil del participante, etc, pero lo que todos los programas mantienen en común es la esencia del EG: intervención directa del Estado en la creación de empleos públicos orientados a satisfacer necesidades económicas y sociales al mismo tiempo que se alivia la pobreza derivada del desempleo. Normalmente los programas se han llevado a cabo como respuesta a una situación de crisis, pero no únicamente ha sido así (ni tiene por qué serlo). Ninguno de ellos ha sido un EG universal, dirigido a todos los desempleados, pero algunas de estas experiencias han tenido un alcance muy importante y unos resultados muy satisfactorios.

La primera experiencia (y la más conocida por su éxito) fue la llevada a cabo por el gobierno de Roosevelt en el marco del New Deal entre 1933 y 1936. Estos programas lograron emplear a 13 millones de personas, de los cuales 8,5 millones formaron parte del proyecto Administración del Progreso de Trabajos (WPA por sus siglas en inglés). Gracias al WPA se construyeron 1.045.850 kilómetros de carreteras, 78.000 puentes, 125.000 construcciones militares y civiles, 1.126 kilómetros de pistas de aterrizaje en aeropuertos, se distribuyeron 900 millones de almuerzos calientes para niños, se habilitaron 1.500 guarderías, se dieron conciertos frente a una audiencia total de 150 millones de personas, y se crearon 475.000 trabajos de arte. El WPA transformó y dinamizó los Estados Unidos (Wray, 2012). En palabras de Taylor (2008, 2):

“Ellos (los empleados en el EG) construyeron carreteras, escuelas, puentes y presas. El Cow Palace en San Francisco, el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York, el aeropuerto nacional de Whasington, DC, el Pabellón Timberline en Oregon, el Puente de Accionamiento Exterior en la orilla del lago Chicago, el Paseo del Río en San Antonio… Sus trabajadores cosieron prendas, rellenaron colchones y repararon juguetes; sirvieron comidas calientes a estudiantes de colegio; cuidaron a los enfermos; entregaron a caballo libros de texto en remotas aldeas; rescataron a víctimas de inundación, pintaron murales gigantes en las paredes de hospitales, universidades, juzgados y ayuntamientos; representaron obras de teatro y realizaron actos musicales frente a numerosas audiencias; y escribieron guías de visita para los cuarenta y ocho estados que incluso hoy continúan siendo modelos para lo que un libro de esas características debe ser. Y cuando las nubes de una guerra mundial se avecinaron sobre los Estados Unidos, fueron estos trabajadores del WPA los que modernizaron la armada y las bases aéreas y se prepararon para satisfacer las necesidades militares de la nación.”

Buena parte de las actividades englobadas en estos programas de empleo del New Deal consistían en construir nuevas y grandes infraestructuras y construcciones (civiles y militares). Esto es algo que en aquellos años era necesario, pero que hoy día no lo es. Los programas recientes de EG se han orientado más a servicios personales y empresariales que a la construcción directa de edificios e infraestructuras. Por ejemplo, en India el objetivo del Programa Nacional Rural de Garantía de Empleo fue satisfacer las necesidades de la población rural, considerada una de las más desfavorecidas del país. Otro ejemplo: el Plan Jefes y Jefas que comenzó en 2005 en Argentina está destinado a proveer servicios y bienes básicos a los vecindarios más empobrecidos. Es importante hacer notar que los beneficios de los participantes no se limitan únicamente a la obtención de un ingreso monetario (Tcherneva, 2012). En una encuesta que se realizó a los empleados en este programa se les preguntó por qué estaban satisfechos con el programa de empleo. El hecho de recibir un ingreso se situó en quinta posición, por detrás de poder hacer algo, trabajar en buen ambiente, ayudar a la comunidad y aprender (gráfico 1).

grafic

En el cuadro 1 se exponen todas las experiencias de EG llevadas a cabo a lo largo del siglo XX y XXI.

Cuadro 1. Experiencias internacionales de EG

País Año Descripción del programa Argentina 2002 en adelante Programa para cabezas de familias (Jefes de Hogar): ofrecido a hogares con niños. Jornada de 18 y 20 horas por semana. Australia 1940-1970 Servicio Keynesiano de empleo de la Commonwealth, con el objetivo de mantener un 2% de tasa de desempleo. Contraste con el duradero 9% de los años 90 y el 4% actual. Bolivia 1986-90 Fondo Social de Emergencia para obras públicas e infraestructuras. Botswana 1980 en adelante Programa de Alivio basado en el Trabajo y Programa Intensivo Rural de Obras Públicas. Chile 1975-1987 El programa mínimo de trabajo eran programas de obras públicas, desarrolladas para combatir el 30% de desempleo, y empleó hasta el 13% de la fuerza laboral. Corea 1997-8 Plan maestro para combatir el desempleo: programas de trabajos públicos de emergencia para trabajadores poco cualificados en respuesta a la crisis asiática. Estados Unidos 1933-1936 Programas de trabajo público en el marco del New Deal (WPA, PWA, CWA). Francia Conceptualizado en 1984, probado en 2005 “Contratos de transacción profesionales”, propuesto por Jacques Attali en 1984. Se llevaron a cabo programas piloto en seis distritos (2005) y actualmente están siendo evaluados antes de ser adoptados oficialmente en todo el país. Ghana 1988 en adelante Programa de acción para mitigar los costes sociales de ajuste, englobando ampliamente proyectos de construcción intensivos en trabajo. India 1972, 2005 Esquema Maharashtra de Garantía de Empleo: trabajo manual garantizado a cualquier participante. Programa Nacional Rural de Garantía de Empleo: ofrece 100 días de empleo a hogares rurales. Indonesia Relanzado en 1998 Padat Karya: programas de alivio de la pobreza y medidas de emergencia para crear empleos en respuesta a la crisis asiática, proyectos de infraestructura de pequeña escala. Marruecos Desde 1961 La Promoción Nacional ha estado funcionando exitosamente durante más de 45 años. El programa se centra en el desarrollo de las comunidades rurales, el Sahara y las provincias del sur. México 1995 en adelante Programa de Empleo Temporal: desarrollo comunitario a través de trabajo poco cualificado para infraestructura social y productiva. En 2000 el programa había incrementado en un millón de beneficiarios. Nepal 1989 Proyecto de desarrollo en la irrigación de Dhaulagiri. Perú 1991-5 Programa de apoyo al ingreso temporal, un programa de trabajo que se centra fundamentalmente en mujeres (se emplearon de una vez a 500.000). Sudáfrica 2004 en adelante El programa de expansión de trabajos públicos busca reorientar el gasto presupuestario actual de forma que se maximice la creación de empleos en los sectores medioambiental, social y de infraestructuras. Sri Lanka 1985 en adelante Autoridad de desarrollo nacional familiar: orientada a comunidades urbanas y desarrollo de infraestructuras. Suecia 1938-1970 Programa centrado en la “socialización de la inversión” y ofrecida como alternativa al Estado del bienestar enfatizando el “derecho a trabajar” más que el “derecho al ingreso”. Las tasas de desempleo se mantuvieron por debajo del 3% hasta finales de los 80, cuando el programa fue desmantelado. Zambia 1991 en adelante Micro proyectos pensados para los pobres y orientados al mantenimiento de la infraestructura existente.

Fuente: Antonopoulos et al, 2011

Todos estos ejemplos demuestran que efectivamente es posible poner en práctica la teoría. Es cierto que nunca se ha aplicado un EG universal, pero ello responde más a enfrentamientos políticos e ideológicos que a limitaciones económicas o técnicas. Es innegable que en nuestras sociedades hay mucho trabajo que realizar, y mucha gente desempleada. Lo único que hay que hacer es diseñar y organizar los programas de empleo, así como establecer los mecanismos de financiación.

Bibliografía:

1. Antonopoulos, R. Papadimitriou, D y Toay, T. (2011). “Direct Job Creation for Turbulent Times in Greece”, en The Levy Economics Institute.

2. Taylor, N (2008). American-Made: The Enduring Legacy og the WPA: When FDR Putt he Nation to Work, Old Saybrook, CT: Tantor Media.

3. Tcherneva, P. (2012). “Evaluating the economic and enviromental viability of Basic Income and Job Guarantee”, en Environment and employment: A Reconciliation, edited by Philip Lawn, Routledge, Londres.

4. Wray, L. (2012). Modern Money Theory. A primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, Palgrave Macmillan, Nueva York.

Artículo publicado en lamarea.com

Saque de Esquina

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Privatización: expolio, prevaricación y corrupción

Sat, 15/11/2014 - 09:00

Pedro Luis Angostonuevatribuna.es

yanohaynadamasquerobarCreo que a nadie escapa que los intermediarios, salvo excepciones, sólo sirven para encarecer el producto final. Así ocurre con las patatas, con la vivienda, con los móviles, con los servicios públicos y con la representación política. Bajo el eufemístico nombre de “externalización” se esconde una práctica que consiste en entregar una parte esencial de un servicio público a un grupo privado generalmente compuesto por amigos, poderosos o asimilados. El grupo al que se le concede la externalización de las radiografías de un hospital, la cocina de un grupo escolar o la lavandería de un centro de ancianos, no arriesga absolutamente nada: Durante el tiempo que estipule el contrato o subcontrato tendrá que hacer radiografías, dar de comer o lavar la ropa a cargo de los presupuestos del Estado por una cantidad que conoce de antemano. La labor del grupo agraciado nunca consistirá en abaratar costes al Estado, sino en maximizar sus beneficios con el dinero que se le ha concedido. Para ello tiene varios  caminos que se juntan en uno solo, disminuir la calidad del producto final, reducir el número de trabajadores que hasta su llegada prestaban el servicio, bajar sus sueldos y hacerles trabajar más horas bajo amenaza de despido siempre procedente. La externalización es, por tanto, un chollo, una regalía económica que cae en manos de una empresa determinada –a menudo esa empresa se constituye ad hoc para la concesión, avisada de antemano por quienes pueden y quieren- sin que los miembros de la misma pongan en riesgo su capital, pero sí, y mucho, la calidad del servicio prestado.

Después de muchos años aplicando la receta neoliberal, las empresas que viven de las externalizaciones de servicios públicos, de contratas y subcontratas, se han multiplicado por un millón y ahora mismo son una enorme sanguijuela que chupa la sangre del Erario sin prestar los servicios que antes ofrecía la gestión directa, pero que, por el contrario, si han servido para crear grandes corporaciones, grupos de presión y nuevos millonarios. Hoy es sabido que la gestión privada de la Sanidad, la recogida de  basuras o el suministro de agua –por poner sólo sectores muy visibles- es más cara e ineficaz que cuando todos los dineros públicos son administrados por funcionarios públicos especializados en la cuestión. Hace dos años, el nada “sospechoso” sindicato CSIT-UP ponía en comparación el coste por persona y año de un hospital de gestión privada como la Fundación Jiménez Díaz, que ascendía a 736 euros, con el coste del vapuleado y ejemplar Hospital Público de la Princesa, que no llegaba a los 480 euros. Es decir, que el coste de la cama hospitalaria en un hospital público, según informaba el diario Público el 5 de diciembre de 2012, era un 74% más barata que la de un hospital privado. Entonces, siendo esto así, ¿por qué se externaliza, por qué se privatiza? No existe ningún estudio serio que demuestre que la gestión privada abarata el servicio, sin embargo son cientos los estudios empíricos que dicen lo contrario: El gasto sanitario por persona en Estados Unidos, con bolsas de exclusión impresionantes y gestión privada, ascendía en 2013 según la OCDE a 6.540 euros, mientras en España, con un servicio hasta hace poco eminentemente público y sin exclusiones, no superaba los 2.361, cifras que no merecen comentario porque hablan por sí solas. Por otra parte, estamos todos, todos los que sufrimos en nuestras carnes la privatización del agua, de las basuras, de la luz, del teléfono, mirando los recibos cada mes desde hace años comprobamos estupefactos como venimos siendo objeto de un saqueo constante y creciente sin que apenas tengamos más recurso que el de indignarnos al hablar con un robot o una explotada empleada telefónica que no tiene ninguna capacidad resolutoria y que una y otra vez nos dice –so riesgo de ser despedida- que no nos puede pasar con su superior, quizá porque donde ella o él trabajan no hay ningún superior, porque la sede física de las empresas que se están apropiando de lo público se han evaporado, evanescido, virtualizado, de modo que no hay manera de ir a un mostrador o un despacho y decirles en directo a los responsables lo que uno piensa o lo que a uno aqueja. La privatización es, por ello, una cuestión ideológica y una cuestión de amigos. No hay más objetivo en ella que el negocio y la corrupción.

Se privatiza porque la derecha nunca creyó en servicios públicos ni en sectores estratégicos, creyó, y cree, en los privilegios, en los chanchullos y en los dividendos a costa de los más. Si se cumpliese por completo su programa, ahora mismo los hospitales públicos estarían en manos de Boi Ruiz, las escuelas en poder de los salesianos y las Universidades serían del CEU, quedando para las clases menestrales los centros de beneficencia tal como eran en el siglo XV pero con rayos X y, en algunos casos, anestesia. La única razón que impele a los privatizadores a expoliar el patrimonio de todos es el lucro personal, la maximización del beneficio, la conquista de los presupuestos generales del Estado en beneficio propio. No niego que esa razón –la búsqueda del beneficio personal, del lucro incesante- pueda servir para gestionar una mercería, un supermercado o una tienda de camisas, pero desde luego es por esencia perversa a la hora de gestionar los servicios públicos porque el veinte o treinta por ciento de beneficio que pretenden sacar, se extrae de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores, suponiendo además un encarecimiento del servicio prestado que se refleja de modo oneroso en las cuentas públicas.

Recientemente hemos sabido que la otrora empresa pública ENDESA, la mayor del estratégico sector eléctrico español hoy en manos de la empresa pública italiana ENEL, ha repartido un escandaloso dividendo de 15.000 millones de euros. La empresa creció en los años ochenta y noventa hasta ser privatizada completamente a principios de siglo. Esos 15.000 millones, de no haberse cometido el crimen privatizador, hoy habrían ido a engrosar las arcas públicas. Lo mismo podemos decir de Tabacalera, Red Eléctrica, Telefónica, Gas Natural, Repsol, Argentaria, Aldeasa, Aceralia, CASA y hasta un centenar de empresas que desde 1996 hasta hoy han dejado de contribuir al Erario para hacerlo a la cuenta de resultados de bancos, cajas y corporaciones multinacionales de los cinco continentes. ¿Nos ha beneficiado en algo su privatización? De ninguna manera, pero sí y mucho a los beneficiarios de la venta, de la privatización téngase en cuenta que sólo el dividendo que repartirá ENDESA cubre las tres cuartas partes de lo obtenido por las ventas de todas las empresas públicas hasta 2006. Además, esa privatización salvaje ha permitido, al dejar al Estado sin presencia ninguna en la banca, las telecomunicaciones, los combustibles o la electricidad, la formación de oligopolios privados que actúan sin control e imponen precios según les viene en gana sabedores de su poder y de la impunidad de que gozan.

Hoy, más que ayer, se impone la gestión pública de los servicios esenciales como garantía de buena gobernanza, equidad y justa redistribución de la riqueza, pero además, cada día se hace más ineludible, ante el abuso de que somos víctimas casi todos por la tiránica manera de actuar de las grandes corporaciones privadas, la creación de una banca pública de primer orden –se podría haber hecho con los restos de Caja Madrid y Caixa Catalunya- que dinamice el crédito a las pequeñas empresas y las familias; la constitución de un ente público de energía que demuestre la falacia del déficit tarifario y actúe al servicio del bien común; la creación de un Servicio Estatal de Farmacia que combata, en todos los ámbitos, los excesos insoportables y arruinadores  de los grandes laboratorios y el fortalecimiento, ineludible si queremos ser un país con futuro, de la Enseñanza pública, laica y de calidad frente al modelo católico que llevamos padeciendo desde que en el año 560 Recaredo, rey de los visigodos, se convirtió al cristianismo.

Además de ser un modelo del pasado que sólo actúa al llamado del beneficio sin riesgo, las privatizaciones, externalizaciones, las contratas y subcontratas múltiples, están en la raíz de la mayor parte de los casos de corrupción que asolan nuestro país. Es inexcusable, pues, dejar bien claro en la próxima Constitución que rija nuestros destinos, que determinados servicios son exclusivamente de titularidad y gestión pública. De otro modo, siempre estaremos sumidos en la prevaricación interminable, pues es ese el delito que comete, entre otros muchos, el gobernante que privatiza: Tomar una decisión a sabiendas de que va contra el interés general.

Foto: Prudencio Morales

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PP, PSOE, UPyD y CiU unidos a favor de un tratado negociado en secreto entre la UE y EE.UU.

Sat, 15/11/2014 - 07:02

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Los cuatro partidos apoyaron el tratado de comercio que la Comisión Europea negocia en secreto con EE.UU.· CiU votó en contra de hacer un referéndum sobre el tema con PP, PSOE y UPyD · Artur Mas negó en el Parlamento conocer las negociaciones a pesar de que días antes CiU las había apoyado en el Congreso · Los medios de comunicación catalanes y españoles han ocultado el pacto que beneficiará a Ferrovial, ACS y al Banco de Santander.

El día que CiU, PP, PSOE y UPyD se unieron para evitar que la ciudadanía pudiera decidir sobre su futuro económico, ningún periódico hizo mención en su portada y la noticia tampoco abrió ningún telediario. Pero los hechos son reales, tuvieron lugar el 6 de mayo de 2014 y ahora os explicaremos las enormes consecuencias que puede tener. Y cuando decimos “enormes” hablamos del mayor ataque a la democracia que se haya vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si piensas que es una exageración, lee este texto hasta el final.

Captura-de-pantalla-2014-11-10-a-las-20.07.30

Captura-de-pantalla-2014-11-10-a-las-19.48.23El 25 de junio de 2014 David Fernández abría el melón en el Parlamento y preguntaba a Artur Mas sobre algo llamado “TTIP”, un tratado de comercio que la Comisión Europea negocia con Estados Unidos rodeada de un secretismo denunciado por cientos de organizaciones de todo el mundo. Dirigiéndose a al Presidente, el diputado de la CUP dijo:

- Nos gustaría abrir un debate sobre uno de los aspectos más escondidos, silenciados y amordazados de la coyuntura europea que es el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) que anula la democracia (…) Desde esta perspectiva de secuestro y ataque a la soberanía política y económica, nos gustaría saber cuál es el posicionamiento del Presidente y por extensión del Gobierno respecto al futuro tratado.

A lo que Artur Mas respondió:

- Señor Fernández, usted mismo decía que muchas de las cosas que se deben de estar hablando no están al alcance público y le tengo que decir que tampoco están al alcance de este Gobierno …

Pero Artur Mas mentía a David Fernández porque pocas semanas antes, en el Congreso CiU se unía a PP, PSOE y UPyD para defender el TTIP, el tratado de libre comercio entre Europa y EEUU. Consciente de este hecho Fernández replicó:

- Señor Presidente … la respuesta es aún más inquietante que la pregunta …

Efectivamente, es preocupante que Artur Mas diga en el Parlamento que la información sobre el TTIP “no está al alcance” del Gobierno cuando su partido, unos días antes se unió al PP, al PSOE ya UPyD para impedir que se hiciera un referéndum sobre el tema, tal como pedía el grupo de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA). Es preocupante que Mas diga que no tiene información cuando días antes, el Congreso de los diputados, el representante de CiU, Jordi Xuclà, defendía el TTIP abiertamente:

- El TTIP es seguramente una de las mejores iniciativas del presidente Obama mirando a Europa. Es un acuerdo ganador-ganador en el fortalecimiento del libre comercio en el mundo libre …

A su vez, en el mismo debate, el diputado de UPyD, Alvaro Anchuelo compartía con Xuclà su entusiasmo por el TTIP:

- Hay importantes sectores en los que España es competitiva y pueden mejorar sus intercambios con el TTIP.

¿A qué sectores se refiere Anchuelo? Al pequeños comercios? Los autónomos? Veámoslo:

- Podrán mejorar sus intercambios empresas de obras públicas, infraestructuras, o transporte aéreo o servicios financieros donde España tiene importantes multinacionales …

Captura-de-pantalla-2014-11-10-a-las-19.31.28-244x300El representante del PSOE, Félix Lavilla dejó clara la postura de su partido:

- Nosotros decimos “si” al TTIP. Los socialistas tenemos una posición clara porque beneficia a nuestro país, beneficia a la UE … Este tratado tiene un potencial enorme para crear empleo y generar crecimiento en Europa.

Finalmente, la diputada del PP, María Miguélez, lo deja claro:

- El TTIP es una de las cosas más importantes que comercialmente le sucederá en España. Nosotros creemos en la capacidad de las empresas españolas que están construyendo el metro de Lima o la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow …

Otra vez la defensa del TTIP tiene como beneficiarias las grandes empresas. El metro de Lima lo construyen dos “empresas españolas”: FCC y ASC, la empresa deFlorentino Pérez. La ampliación del aeropuerto de Heathrow la hace Ferrovial, empresa implicada en el escándalo de financiación de CiU en el Palau de la Música. Pero seguimos adelante con la defensa del acuerdo que hace la diputada del PP:

- Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el acuerdo se firme lo antes posible porque creemos que es bueno para España …

Estas alabanzas del TTIP en el Congreso, sin embargo, no son el resultado de que estos partidos quisieran explicar a la población sus beneficios. Estas que hemos leído son las respuestas a una moción presentada por el grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) en la que se pedía, entre otras cosas, que la aprobación del TTIP fuera sometida a referéndum. Ante esta petición CiU, PP, PSOE y UPyD votaron en contra de hacer este referéndum.

Captura-de-pantalla-2014-11-10-a-las-19.32.13-285x300La primera pregunta que hay que hacerse ante esto es: ¿cómo es que si el TTIP generará tanta riqueza y empleo, sus defensores llevan las negociaciones en secreto? Y también hay que preguntarse: ¿Cómo es que los partidos que defienden el TTIP no hacen ruedas de prensa explicando a la ciudadanía el proyecto? ¿Cómo es que ningún partido intenta atribuirse el mérito de su aprobación? Y por último: ¿cómo es que los medios de comunicación no explican casi nada al respecto? Si, según dice el PP “este acuerdo es una de las cosas más importantes que le pasará a España” porque  todo el mundo calla y sólo dan explicaciones cuando una moción en contra los obliga a hacerlo?

Julian Assange, fundador de Wikileaks apunta una respuesta: “Los gobiernos tienen pánico que la ciudadanía hable de este tratado”. ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanto secretismo? Veamos los detalles de lo que muchos consideran el mayor ataque a la democracia europea desde la Segunda Guerra Mundial.

El TTIP (versión oficial)

Empecemos por el principio. La Comisión Europea explica en su web que el TTIP es “un tratado de comercio que se está negociando con los Estados Unidos (EEUU) con el objetivo de “eliminar los obstáculos comerciales para facilitar la compraventa de bienes y servicios entre la UE y los EEUU”. Para conseguir este objetivo el TTIP propone eliminar la “regulación innecesaria” y las “barreras burocráticas”. Según la Comisión Europea si se eliminan estas “reglas innecesarias” la economía europea podrá crecer 119.000M€ cada año y generar millones de puestos de trabajo.

Antes de continuar con el TTIP, sin embargo, es necesario ver quién es la “Comisión Europea” que hace estas promesas. La Comisión Europea es el equipo de gobierno de la UE y actualmente está integrado por miembros del PP y los socialistas europeos, que después de las elecciones, pactaron para gobernar Europa. Haciendo un paralelismo a nivel local, la Comisión Europea es como un gobierno de España integrado por PP-PSOE. El presidente de la Comisión Europea es Jean Claude Juncker, del PP europeo.

Explico esto porque se tiende a ver la Comisión Europea como un órgano neutro cuando no lo es y porque es importante saber que quien impulsa el TTIP es un gobierno integrado por el PP y los homólogos europeos del PSOE.

Captura-de-pantalla-2014-11-10-a-las-19.32.53-196x300Ahora sí, volvamos al TTIP. La Comisión Europa propone “eliminar la regulación innecesaria”. Pero a qué “regulaciones innecesarias” se refiere? Normalmente pone el siguiente ejemplo: “Un coche fabricado en la UE tiene que pasar los controles de seguridad de la UE. Pero aunque la UE haya dado por bueno, el coche tendrá que volver a pasar controles de seguridad en los EE.UU., a pesar de que la normativa de seguridad es similar”, lo que encarece el producto. La propuesta de un mismo procedimiento sirva para EEUU y para la UE tiene mucho sentido. Pero el TTIP va mucho más allá de la seguridad de los coches y se extiende a toda la regulación: alimentos, medio ambiente, productos químicos y todo lo que aprueban los parlamentos toda Europa.

Entonces con el TTIP una prohibición contra el fracking aprobada por el Parlamento de Cataluña podría ser calificada como una “barrera burocrática” y ser abolida? Un salario mínimo podría ser considerado una “regla innecesaria” que podría ser obviada? Los contrarios al TTIP creen que sí y hablan abiertamente de “ataque a la democracia”. Pero hasta qué punto está justificada esta apreciación? Veámoslo.

¿Quién está detrás el nacimiento del TTIP?

La organización Corporate Europe –dedicada al estudio de las interacciones entre empresas y parlamentarios europeos– bautizó el TTIP como “la constitución de las multinacionales”. Si miramos quienes son sus “padres fundadores” esta definición no es descabellada.

Uno de los primeros rastros del TTIP lo encontramos en 1995 en Sevilla cuando se celebró una reunión bajo el título “Diálogos Empresariales Transatlánticos”. La reunión estaba convocada por el Secretario de Comercio estadounidense y el vicepresidente de la Comisión Europea. Entre los invitados a estos “diálogos” estaban los representantes de Goldman Sachs, BP, Ford, Xerox, Phillips, Repsol y el fabricante de armamento Dresser Industries. El objetivo de la reunión era “posibilitar que los líderes empresariales de ambos lados del Atlántico identifiquen las claves sobre el comercio entre Europa y EEUU” y “indicar los pasos que se deberían seguir para reducir el costo de hacer negocios “. Es decir: los empresarios se reunieron para decirle a la UE ya los EE.UU. lo que tenían que hacer en materia comercial.

Captura-de-pantalla-2014-11-10-a-las-19.33.37-228x300Desde entonces los “líderes empresariales” no han dejado de presionar a los gobiernos de EEUU y la UE para “indicar los pasos” y luchar contra las “reglas innecesarias”. Después de años y millones de euros invertidos en lobby, en 2011 Barack ObamaAngela Merkel y el entonces presidente de la Comisión Europa, Durao Barroso, crean un ente llamado “Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento”. El objetivo de este grupo es “examinar a fondo las oportunidades” de hacer un tratado de comercio entre EEUU y la UE. Finalmente, en febrero de 2013, este “grupo de alto nivel” recomienda a la UE y EEUU iniciaron las negociaciones del TTIP.

Cómo se negocia el TTIP?

Tanto EEUU como la UE han designado un representante suyo para llevar las negociaciones. El “negociador jefe” en nombre de los EE.UU. es Daniel Mullaney y el de la UE es Ignacio García Bercero. Las negociaciones sobre el TTIP se realizan, como veremos, en decenas de reuniones en ambos lados del Atlántico, pero la parte más visible de estas negociaciones son las “rondas de negociación”. La primera “ronda” tuvo lugar en Washington el 7 de julio de 2013 y hasta el día de hoy se han celebrado 7 rondas, la última el 3 de octubre en Maryland (EE.UU.).

¿Quién participa en estas “Rondas de negociación”?

Una de las primeras reacciones de diversos sectores de la sociedad -tanto en la UE como en EEUU- fue poner el foco en la opacidad con la que se empezaron a llevar a cabo las “negociaciones” y las “rondas”.

En Europa uno de los primeros que pidió información concreta fue Corporate Europe Observatory quien a finales de 2013 pidió a la Comisión Europea la lista de los participantes en las conversaciones preparatorias de las negociaciones del TTIP.

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Tras varias negativas la Comisión Europea se vio obligada a dar una lista con las 130 reuniones que habían tenido lugar hasta el momento. Según la información de la propia Comisión Europea, de las 130 encuentros, 119 (un 93%) fueron entre miembros de los gobiernos y grandes multinacionales: Morgan Stanley, General Motors, British Telecom, Met Life, Ford, Nokia o la British Bankers Association , entre otras.

Las negociaciones del TTIP también incluyen varios “grupos asesores”. Según Corporate Europe estos “grupos asesores” están “dominados por la industria”. Un hecho que reconocen los mismos grupos industriales, que se han mostrado satisfechos que los “grupos asesores” hayan adoptado “una perspectiva empresarial” y que “hablen un lenguaje empresarial”. En el otro costa del Atlántico las cosas son similares. Según el observatorio Public Citizen, que lleva 40 años trabajando en el Congreso de EE.UU., el 84% de los “asesores” en las negociaciones del TTIP en EEUU representan a la gran industria, donde encontramos la farmacéutica Abbot, el gigante agroalimentario Cargill o los fondos de inversión Capital Partners.

30 años de opacidad

Cuando Corporate Europe hizo pública la lista donde se veía que los participantes en las negociaciones eran básicamente grandes grupos multinacionales, los negociadores de EEUU se pusieron nerviosos y pidieron explicaciones a la parte europea sobre la “confidencialidad” de las negociaciones. Para tranquilizarlos el negociador europeo, García Bercero, envió una carta a su homólogo norteamericano Daniel Mullany. En la carta, con fecha de 5 de julio de 2014, Bercero informaba a los norteamericanos que “todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años”. Esto incluye, incluso, a los diputados del Parlamento Europeo ya que, según Bercero, los documentos sobre las negociaciones del TTIP quedarían fuera de la Regla 1049/2001 que establece que todos los documentos de las instituciones europeas deben ser públicos. Todos excepto los del TTIP, porque tendremos que esperar 30 años …

¿Pero es bueno para la nuestra economía?

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Pero quién puede preocuparse de la opacidad cuando estamos ante un boom económico que generará millones de puestos de trabajo? Según la Comisión Europea (recordemos, gobernada por los homólogos europeos de PP y PSOE) el TTIP generará “unos ingresos extra de 545€ por hogar” en toda Europa y más de un millón de puestos de trabajo, con un incremento anual del PBI de un 0,5%. Estas cifras están contenidas en un estudio realizado por la Comisión Europea que tenía como objetivo “aportar información sobre la conveniencia de abrir las negociaciones sobre el TTIP”.

Pero este informe no convence a todos. Por un lado, y con respecto al hipotético beneficio de 545€ por hogar, el economista Dean Baker, del Centro para la Investigación en Política y Economía, publicaba en el diario The Guardian: “que en realidad no se podía esperar más de 50€ al año por hogar”… Y eso teniendo en cuenta que los beneficios se repartan de manera homogénea: beneficiará el TTIP por igual a un empleado de un McDonalds que a un ejecutivo de la banca de inversión? Baker lo duda.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Manchester y experto en tratados de comercio, Clive George, pone en cuestión estos datos: “En primer lugar, estas previsiones responden al escenario más optimista de los tres que recoge el documento. En segundo lugar se obvia que, de confirmarse, estos resultados tardarán 10 años en ser operativos, según reconoce el mismo informe”. Así, el incremento quedaría “no en un 0,5% sino en un 0,05% anual repartido en 10 años en el mejor de los casos”.

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Pero si las ganancias esperadas son tan escasos, qué interés tienen los impulsores del TTIP? Según Clive George la ganancia está en la desregulación que permitirá que las empresas privadas se hagan con los servicios públicos europeos. Así lo explica Michael Hudson, de la Universidad de Missouri: “La UE y EEUU se encuentran inmersos en un escenario post-burbuja en el que ya no pueden ganar dinero prestando dinero” y por ello “han elegido convertirse en rentistas neo -feudals con la intención de comprar carreteras para poner peajes”, un ejemplo que se hace extensivo a todo el sistema público europeo, incluyendo “escuelas, cárceles y hospitales”.

En este sentido un artículo del diario británico The Independent advertía que con el TTIP “los servicios públicos están en primera línea de fuego ya que uno de los principales intereses del TTIP es permitir a las empresas de EE.UU. hacerse con los servicios públicos europeos”. Una amenaza bastante real como para que el gobierno escocés, presidido por Alex Salmond, haya exigido al gobierno de Londres que “proteja el sistema público de salud de la amenaza del TTIP” ante la amenaza que “gran compañías sanitarias de EEUU se hagan con el servicio público de salud “.

La propaganda del TTIP

Como hemos visto antes, el TTIP está en fase de negociación y las disputas a su alrededor parecen de carácter estrictamente ideológico. Así, por un lado tenemos una coalición PP-PSOE a la europea que augura un boom económico y por otro, un creciente número de opiniones que advierten de los peligros del TTIP.

Ante este escenario, puede ser útil ver los resultados que han dado otros tratados similares, como por ejemplo el NAFTA, el tratado del libre comercio entre Canadá, EEUU y México, en el que se inspira el TTIP.

Las promesas del NAFTA

El NAFTA se aprobó en 1994 y fue presentado a los habitantes de los países participantes como una “oportunidad histórica”. Veinte años después, sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que se prometió.

En un estudio publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) con sede en Washington, el impacto del NAFTA en México es indiscutiblemente negativo. El subdirector del CEPR y profesor de economía de la Universidad de Michigan, Mark Weisbrot fue claro: “el tratado fue un terrible error considerando cualquier indicador económico y social”

En EEUU el impacto del NAFTA tampoco es muy alentador. Con motivo del 20 aniversario del NAFTA el influyente diario digital The Huffington Post titualava: “La economía de EEUU ha perdido 700.000 puestos de trabajo a causa del NAFTA”. En este sentido el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía en The New York Times en 2006 una columna titulada “Promesas incumplidas” donde analizaba el impacto del NAFTA: “Libre comercio no implica crecimiento”. E iba más allá: “El NAFTA no ha cumplido las fervientes expectativas de sus defensores”. Según Noam Chomsky, del Massachusetts Institute of Tecnology “el NAFTA ha profundizado en las desigualdades y ha sido un mecanismo para transferir una enorme cantidad de riqueza desde las clases bajas y medias hacia las cuentas bancarias del 1%”. Según Stiglitz esto obedece a que “el NAFTA ocultaba una serie de nuevos derechos para las empresas, que debilitan la democracia en toda América del Norte”. Si, habéis leído bien: “una serie de nuevos derechos para las empresas, que debilitan la democracia en toda América del Norte”.

El fin de la democracia

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La afirmación de Stiglitz se materializa en una cláusula del TTIP llamada ISDS (las iniciales de Investor-State Dispute Settlement), un instrumento que permite que las multinacionales pongan demandas contra las decisiones de los estados. Según la Comisión Europea el objetivo de la ISDS es “encontrar un equilibrio entre el derecho de los Estados a regular y la necesidad de proteger a los inversores”. La idea es que si un inversor considera que una ley de un parlamento democrático perjudica sus intereses, pueda recurrir a una instancia superior que haga de mediador entre el estado y el inversor.

Pero para ello no existen los sistemas legales de cada país? La Comisión Europea lo vuelve a dejar claro: “El hecho de que un país cuente con un sistema jurídico sólido no siempre garantiza que los inversores extranjeros estén protegidos adecuadamente” y por eso el ISDS “garantiza a los inversores un foro al que acudir cuando quieran reclamar una indemnización”. Se puede decir más claro? Si, Markus Beyries lo hizo.

Markus Beyries es director de European Bussines, una federación de patronales europeas donde encontramos la CEOE y a las ceoes de cada estado europeo. Beyries alabó el TTIP diciendo que “las diferencias regulatorias deben ser eliminadas”, haciendo referencia a las “reglas innecesarias” de las que hablaba la Comisión Europea. Pero Beyries va más allá y completa su frase: “debemos prevenir que surjan regulaciones nuevas”.

Esta frase de Beyries implica un salto cualitativo. Ya no estamos hablando de modificar “regulación innecesaria” para “evitar la burocracia”. De lo que estamos hablando es de impedir que los parlamentos democráticos hagan nuevas leyes. Y el ISDS es la herramienta que permite al TTIP acabar con la democracia.

El ISDS ya está en funcionamiento en otros tratados de comercio que ya están en vigor y que están siendo utilizados contra las decisiones de los parlamentos democráticos. Vemos 3 ejemplos recogidos por el investigador John Hilary:

1) La compañía energética sueca Vattenfall reclama al gobierno alemán 3.700 millones de euros por su decisión de abandonar gradualmente la producción de energía nuclear a raíz del desastre de Fukushima.

2) En uno de los múltiples casos de ISDS presentados contra Canadá después de la entrada en vigor del NAFTA, este país fue obligado a revocar su prohibición sobre el aditivo para combustible MMT bajo presiones de la compañía estadounidense Ethyl .

3) La tabacalera estadounidense Philip Morris reclama al gobierno australiano miles de millones de dólares como indemnización por tomar una medida política en materia de salud pública que obliga a vender los cigarrillos en paquetes sin publicidad.

Como se puede ver, no estamos hablando de pequeños países del tercer mundo. Estamos hablando de que las grandes multinacionales detienen la acción de los parlamentos de grandes y supuestamente poderosos países. Pero gracias al ISDS estos parlamentos quedan supeditados a este tipo de “justicia para multinacionales”, con tribunales estrechamente ligados a estas mismas multinacionales y donde, curiosamente, los estado no pueden demandar las multinacionales.

¿Qué podemos hacer?

En 1993, pocos días antes de la firma del tract NAFTA Noam Chomsky escribió: “Los tratados de libre comercio anulan los derechos de los trabajadores, de los consumidores y de las futuras generaciones (…) reduciendo la democracia a sus formas más vacías para que la voluntad de los dueños se pueda llevar a cabo sin ninguna interferencia “.

El pasado 17 de marzo de 2014, Susan George comenzó su conferencia sobre el TTIP en Bilbao diciendo: “Hoy os daré muchas noticias malas, pero empezaré con una buena: ganaremos esta batalla y para ello debemos usar el estrategia del vampiro: sacar a la luz estas negociaciones para matar a su plan “.

La buena noticia es que la presión popular puede detener el TTIP. La presión popular está haciendo que gobiernos de varios países europeos empiecen a ver peligrar sus expectativas electorales debido a su apoyo al TTIP. Como hemos visto antes, las negociaciones del TTIP están llevando a cabo de espaldas al Parlamento Europeo y la Comisión ha negado incluso que este parlamento pueda tener capacidad de intervención en las negociaciones. Así la votación sobre el TTIP el Parlamento Europeo no será debatida sino que los grupos sólo podrán elegir entre votar a favor o en contra. No se podrán hacer enmiendas ni se podrán debatir puntos concretos. Actualmente el Parlamento Europeo está dominado por el PP Europeo y por los socialistas europeos pero como decimos, las presiones domésticas podrían hacer que la unidad a favor del TTIP se rompiera ya que el Parlamento Europeo no hay  “disciplina de voto”. Otra brecha que se abre para detener la aprobación del TTIP es que uno de los estado de la UE se niegue a aprobarlo, lo que provocaría su paralización. En todos estos escenarios, la movilización ciudadana, la presión política y la toma de conciencia sobre lo que significa el TTIP serán herramientas imprescindibles. En la columna de la izquierda os facilitamos las fuentes utilizadas en la elaboración de este trabajo así como un listado de organizaciones implicadas en esta lucha. Esperamos que os sea útil.

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Pocas horas antes de cerrar la presente edición saltaba la noticia: el presidente de la Comisión Europea,Jean Claude Juncker -del PP europeo- firmó un pacto secreto con 340 multinacionales con el objetivo de que estas pagaran sólo un 2% de impuestos. Juncker, ferviente defensor del TTIP, se enfrenta ahora a una grave crisis que podría afectar su presidencia y a las mismas negociaciones del tratado europeo.

La noticia saltaba este viernes 7 de noviembre después de que el Consorcio Internacional de Periodistasfiltrara más de 28.000 documentos que demuestran que Juncker, en su etapa como primer ministro de Luxemburgo, firmó acuerdos secretos para permitir eludir millones de euros en impuestos. Entre las empresas implicadas encontramos a Apple, Amazon, Ikea, Burberry, el Deutsche Bank y Pepsi. En total 340 empresas.

El diario digital el diario.es explica que “la investigación, llamada Luxembourg Leaks LuxLeaks y en la que participaron periodistas de 26 países, ha tenido acceso a 28.000 páginas de documentos que demuestran cómo las grandes empresas” se apoyaban en Luxemburgo y en las sus leyes fiscales flexibles, pero también en las deficiencias de la reglamentación internacional para transferir “a este país” sus beneficios a fin de que no fueran objeto de impuestos, o al menos muy débilmente”, es decir, con tipos inferiores a la 1%, según publica el diario francés Le Monde, que participa en la iniciativa junto al británico The Guardian, el alemánSüddeutsche Zeitung, el japonés Ashahi Shimbun o el español El Confidencial.

Los acuerdos contaron con la colaboración de PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las ‘Big Four’ (cuatro firmas de auditoría y consultoría del mundo), que diseñaba complejas estrategias financieras que comprendían préstamos de las matrices luxemburguesas a las filiales de otros países y otras estructuras para transferir beneficios de una parte de la empresa a otra para reducir o suprimir totalmente los ingresos sujetos al pago de impuestos.

En clave catalana, hay que recordar que PwC es la misma empresa que está asesorando al Gobierno de la Generalitat para sacar adelante el proyecto Visc+ con el que se pretende vender datos de los historiales médicos de los usuarios de la sanidad pública a empresas privadas.

El escándalo, que está haciendo temblar a la política europea, ha sido portada en periódicos de todo el mundo. En España, ni El País, ni El Mundo, ni el ABC lo llevaban en portada. Los diarios económicos El Economista y Expansión dedicaban este viernes su portada a las preocupaciones de las agencias de rating raíz del ascenso de Podemos pero se dejan el ‘Caso Juncker’.

3 puntos básicos y una advertencia final · Per Àngels M. Castells (Economista)

1) Someter la política a la economía privada, destruye también la posibilidad de que la sociedad se dote de servicios públicos y de políticas más igualitarias. Las grandes multinacionales que dictan los tratados a los estados no están ni por la igualdad de oportunidades ni por una redistribución de la renta más equitativa, sino por mercantilizar los bienes y servicios más básicos, privando el acceso a los mismos a una parte cada vez más grande de la ciudadanía.

2) Los Tratados abarcan lo fundamental de nuestras actividades y necesidades: empleo, transporte, comunicación, datos incluso de nuestras historias clínicas, servicios legales, subvenciones, educación, salud, residuos, agua, distribución de energía y comercio digital , y puede también implicar una mayor desregulación de unos mercados financieros descontrolados y hipertróficos.

3) Pretenden marcar el no retorno del control ciudadano y la política sobre sectores fundamentales para el desarrollo humano, impidiendo una sociedad con una democracia real. En este sentido, el TISA contiene cláusulas que vetan la posibilidad de recuperar o regular de nuevo un sector que ya haya sido liberalizado.

Alerta!

La democracia está en peligro porque con estos tratados la ciudadanía ya no puede decidir nada realmente importante y, mucho menos, la regulación de los grandes poderes económicos. No sólo la posibilidad de hacer políticas de corte socialdemócrata se convierte en un imposible, sino que la aceleración de las desigualdades entra en una dinámica suicida … tal y como ya está sucediendo. Porque mientras se negocian los tratados ya los están imponiendo y han comenzado a ser una cruda, difícil y autoritaria realidad. Su germinación en nuestra sociedad, a costa de nuestros servicios públicos, nuestros derechos y nuestras condiciones laborales, ya está costando desarraigo, precariedad, violencia, salud y vidas humanas.

Hay que ponerse de pie y luchar. Por nuestra democracia y para nuestra salud.

Algunos enlaces para saber más sobre el TTIP:

Este es el vídeo que hemos hecho sobre el TTIP.

(Actualmente con cerca de 400.000 visitas entre la versión en castellano y la versión en catalán. Envíalo a tus contactos!)

Organizaciones contra el TTIP:

· Campanya No al TTIP

· ATTAC España

· Amigos de la Tierra

· Manifiesto No al TTIP

· Firmantes del manifiesto No al TTIP 

Artículos sobre el TTIP:

· Para saber más del TTIP (y combatirlo mejor) (Àngels M. Castells)

· TTIP y CETA: tratados de comercio devastadores para el empleo y la economía (eldiario.es)

· Análisis desde la Sanidad de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) (Punts de Vista)

· 50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio (Alberto Garzón y Desiderios Cansino)

· Wikileaks sigue desvelando secretos del TIPP y el poder de la industria farmacéutica (Àngels M. Castells)

· Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales (Diagonal)

· 7 preguntas sobre el TTIP cuya respuesta deberías conocer (eldiario.es)

· El riesgo de incluir un mecanismo de solución de controversias inversores-estados en las negociaciones de un Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (Amigos de la Tierra)

· Tractat de lliure comerç entre EUA i UE [CAT] (Vicenç Navarro)

 

NOTA: Si quieres que incluyamos algún enlace en la página envíanos un correo a cafeamblletcatalunya@gmail.com

 

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¡Enlazar no es delito! ¡No al canon AEDE!

Sat, 15/11/2014 - 07:00

canonaede-attacEl año que viene, muchos de los artículos que en la actualidad pueden leerse en esta página y en otras webs no se podrán publicar debido a que la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y la implantación del llamado canon AEDE lo podría dificultar, si no imposibilitar. Esta medida supone una mordaza para toda la comunicación por Internet, y en especial para las organizaciones sin ánimo de lucro que, como ATTAC, trabajan por la difusión de la información crítica de calidad entre la ciudadanía y la educación popular.

ENLAZAR NO ES DELITO. CITAR ES UN DERECHO. EL LIBRE ACCESO A LA CULTURA Y A LA INFORMACIÓN, LA BASE DE UNA DEMOCRACIA.

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El pueblo unido

Fri, 14/11/2014 - 18:00

Augusto Zamora - Comité de Apoyo de ATTAC España

Desde que fue compuesta, en 1975, para la lucha contra la dictadura militar de Chile, la canción del grupo chileno Quilapayún, pasó a convertirse en el himno oficioso de las luchas populares de las izquierdas latinoamericanas y también de España. Es conocida la grabación tomada a los presidentes de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Honduras y Nicaragua cantando, como si estudiantes de los 70 fueran, la canción de Quilapayún, en medio de un mar enfervorizado de personas que celebraban la victoria de Rafael Correa.

Ha sido la capacidad de los dirigentes de las fuerzas progresistas latinoamericanas de forjar unidades, lo que ha hecho posible el milagro de derrotar electoralmente a la derecha y ganar, una vez sí y otra también, a los búnkeres políticos tradicionales. No fue camino fácil. En los años del fuego, en la clandestinidad, la represión y la guerra, las ideologías podían más que las realidades. Allende fue, en la era moderna, el primero en crear un consenso entre las disímiles –y opuestas- fuerzas de izquierda chilenas, para forjar una alianza que pasaría, heroica y trágicamente, a la historia latinoamericana como la Unidad Popular. Una alianza de fuerzas de izquierda, progresistas y populares para ganar el gobierno –que se ganó en 1970-, ya que no el poder, que es una cosa más taimada e implacable, como demostró el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

No habría que esperar mucho tiempo para que otro movimiento guiado por la conciencia de unidad tomara el gobierno y -entonces sí- también el poder. En julio de 1979, seis años, dos meses y dieciséis días después del sangriento derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende, una insurrección nacional, promovida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrotaba y destruía hasta los cimientos una dictadura de cuarenta años. El sandinismo había logrado aquella hazaña gracias a que, primero, supo reunificar, en febrero de 1979, a las tres fracciones en que se había dividido. Luego, a que fue capaz de reunir a amplios y dispersos sectores antisomocistas en un Frente Patriótico Nacional, que juntaba desde socialcristianos progresistas hasta comunistas archi-radicales. La revolución sandinista empezó a resquebrajarse con la asunción de políticas sectarias, que llevaron a la disolución paulatina de la unidad progresista. Al final, el FSLN se quedó solo y su soledad estaría en la raíz de la traumática derrota electoral de 1990.

En 1989, el “caracazo” despertó la inquietud de un oficial enviado, junto a decenas más, a reprimir a la población hambrienta. Hugo Chávez tuvo la inmensa virtud de ser capaz de reunir en un único movimiento a las diseminadas fuerzas sociales venezolanas, hasta constituir el Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego, en Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, El Salvador, la fórmula de unidad determinaría el triunfo electoral –y las victorias posteriores- de las coaliciones populares.

Las fuerzas de la unidad no se han quedado intramuros. Los gobiernos progresistas latinoamericanos impulsan, con más voluntad que nunca, la unidad regional, de la que nació la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), primer organismo regional sin la presencia sulfurosa de EEUU. El hecho es histórico y ha tenido resultados prometedores para la integración regional. Uno de ellos, poco recogido en los medios de prensa, es que esa ola de triunfos electorales de las coaliciones populares y el reforzamiento general de los sistemas democráticos, ha convertido a Latinoamérica en la única región en paz del mundo y donde los países resuelven pacíficamente sus controversias por vías diplomáticas o jurisdiccionales, como se constata en el anuario de la Corte Internacional de Justicia.

Los procesos de convergencia no han sido, ni son, ni serán, procesos fáciles. La forja de alianzas requiere capacidad de renunciar a lo que, en última instancia, no dejan de ser cuestiones tácticas o adjetivas vis-a-vis los objetivos estratégicos y esenciales. El primero de ellos es arrancar las mayores cuotas posibles de gobierno a las fuerzas tradicionales y conservadoras, con siglos acumulados detentando poder y  gobierno.

Quien no entienda esta regla de hierro de la política sabe poco de política. Como bien decía el -posiblemente-, último político renacentista de Europa, Giulio Andreotti, “el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene”. La izquierda ha solido desgastarse en cainitas luchas despiadadas, para solaz y disfrute de la derecha. Parte fundamental del patrimonio de las izquierdas nacionales y mundiales ha sido dilapidado en guerras sectarias (“yo soy dueño de la verdad, tú, un traidor”) sirviendo en bandeja de plata el gobierno, el poder, las tarjetas de créditos  y hasta los mariscos a la derecha.

Cuando las izquierdas son capaces de entrar en procesos de maduración política, entienden que los adversarios reales no son sus hermanos ideológicos, sino esa casta que cobra coimas, trafica con los dineros públicos, tiene cuentas en paraísos fiscales y vende sin sonrojo las riquezas y recursos del país a voraces poderes extranjeros. Cuando demuestran a los ciudadanos que son capaces de crear consensos, las izquierdas multiplican exponencialmente sus posibilidades de ser y de hacer política en mayúscula.

Maceradas las divergencias, es posible crear consensos y programas claros que fijen los objetivos a favor de los desfavorecidos y excluidos, asumiendo así, de forma inteligente y práctica, las responsabilidades adquiridas con los sectores olvidados. En ese escenario, sus potencialidades electorales se multiplican y consolidan, permitiéndoles alcanzar el gobierno, no ya de manera residual, sino como fuerzas políticas consolidadas a las que no es posible ningunear. Alcanzar cuotas amplias de gobierno hace posible poner en marcha y ejecutar procesos de cambio desde los cuales es viable  arrancar –es el verbo preciso- cuotas cada vez mayores de poder a los búnkeres nacional-derechistas. Y, por fin, devolver a los excluidos los derechos económicos, sociales y culturales que les han sido arrebatados: sus derechos a salud, educación, trabajo, vivienda, cultura, dignidad…

La historia es una suma de momentos efímeros, como las glorias. Quien hoy tiene noventa, mañana tendrá diez o tendrá nada. Hay quienes, por no entender, no logran ser siquiera chispas; otros, entendiendo el momento, logran darle eternidad a lo efímero. La lucha por el respeto objetivo y real de los derechos humanos ha sido larga, dura, difícil y llena de retrocesos, como los que se viven ahora. Pero ahora hay una posibilidad cierta de cambiar la situación y las posibilidades del cambio dependerán de la madurez con que actúen las organizaciones y fuerzas políticas y sociales, de izquierda y progresistas.

Puede que sea este el momento en que las fuerzas de izquierda españolas deban girar sus ojos hacia la otra orilla del Atlántico, no para verla con miradas condescendientes, sino para, desde la humildad, aprender. Con miradas que asuman las reglas básicas que han permitido reelegirse a Evo Morales con el 61% de votos, ganar unas duras elecciones a Dilma Rousef y, con casi total seguridad, posibilitar un nuevo triunfo al Frente Amplio uruguayo.

Podríamos pensar, entonces, en que no sería remota la posibilidad de ver a un presidente de gobierno español cantando (herejía entre las herejías para los hijos de la OTAN), con unos cuantos presidentes latinoamericanos, la canción de Quilapayún, de que el pueblo unido jamás será vencido. Porque, efectivamente, los pueblos que saben construir y mantener la unidad son invencibles. Dar la talla no es fácil, pero ese es el reto actual de la izquierda política y social española, que vuelve a moverse entre el ser de la realidad y la nada de los ascetas, con el riesgo de terminar como en el Simón del Desierto, del irreverente maestro Luis Buñuel, al pie de la columna, disputando sobre hipóstasis, anástasis y apocatástasis.

Profesor de Relaciones Internacionales

Artículo publicado en Público.es

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Si los empresarios tienen un plan para crear empleo ¿cómo es que no lo han aplicado ya?

Fri, 14/11/2014 - 13:00

José Antonio Pérez – ATTAC Madrid

En octubre, el paro creció en 79.154 personas respecto a septiembre. En total, hay 4.526.804personas inscritas en las oficinas de desempleo. Cifra que supera la que Mariano Rajoy encontró al llegar al Gobierno. Y a todo esto, la gran patronal del Ibex dice ahora que tiene un plan para crear 2, 3 millones de empleos. Si esto es posible ¿por qué no lo han puesto en práctica? Al fin y al cabo, ellos son los creadores de empleo según la doctrina neoliberal.

El cinismo de las élites, ya sean políticas o empresariales, no parece tener límite. La gran patronal, tanto la de los empresarios corruptos incrustados en la dirección de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como la que para obtener beneficios le basta ser monopolística y explotadora de recursos materiales y humanos, defiende por principio que el Estado no debe inmiscuirse en sus asuntos. Salvo, eso sí, en lo que respecta a los métodos represivos sobre el trabajador: leyes precarizadoras del contrato laboral y acción policial en caso de protesta.

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George Grosz: Los pilares de la sociedad, 1926

Esa patronal paga sueldos suculentos a los teóricos de sus laboratorios de ideas y a muchos columnistas de la prensa salmón para que difundan una de las ideas fuerza del neoliberalismo: “el Estado debe abstenerse de toda acción política de fomento del empleo, porque el empleo lo creamos nosotros, los empresarios”.

Uno de esos laboratorios de ideas o think tank es el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), sostenido por las 18 mayores empresas españolas. Entre sus ideólogos se encuentran los máximos responsables de Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e Iberdrola y el Instituto de la Empresa Familiar. Entidad esta última que acaba de celebrar su XVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Alicante, bajo los auspicios de notables autoridades, como el Rey, el presidente del Gobierno y Sonia Castedo, la doblemente imputada alcaldesa de la ciudad mediterránea.

Esta distinguida grey se descuelga ahora con el feliz anuncio de que tienen un plan a través del cual sería posible crear empleo. Así lo afirma en su informe ‘España 2018′, un plan de choque con medidas de carácter económico e institucional que permita la creación de 2,3 millones de empleos hasta 2018, y la reducción de la tasa de paro por debajo incluso del 11%.

Y la pregunta que haría el observador socrático es: si ese plan es posible, y si los empresarios son, según la doctrina imperante, los creadores de empleo ¿por qué no lo han puesto ya en práctica? ¿Por qué no han hecho ya uso de su prerrogativa doctrinal y contratado, a través de sus empresas, a esos dos millones largos de personas. Porque no sólo no lo han hecho, sino que ahora vuelven la mirada hacia el tan criticado Estado pretendiendo situar la pelota sobre su tejado.

Entre otras medidas, le piden al Gobierno que combata con denuedo y eficacia la economía sumergida. No, no hablan de las cuentas que muchos empresarios tienen en paraísos fiscales, sino de los parados sospechosos de trabajar en la economía negra. Para ello, el CEC pide que se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal. Estas cifras sitúan a España con tasas de empleo irregular que duplican las de países como Alemania, Francia y Holanda.

Y es aquí de nuevo cuando el observador se queda atónito: si estos dirigentes del CEC son capaces de identificar el número de empleos sumergidos es porque conocen a los empleadores que fomentan este tipo de prácticas. Luego son los empresarios los que deberían empezar por limpiar sus casas  y regularizar los contratos de estos empleados ocultos. Porque el primer interesado en huir de las trampas del desempleo y disponer de un contrato de trabajo “en blanco” es el propio trabajador. Que vería así reconocidos, entre otros, sus derechos de jornada, vacaciones remuneradas, indemnización en caso de despido y, por supuesto, su cotización a la Seguridad Social generadora, a futuro, del salario diferido de jubilación.

Y sigo insistiendo en que los consumidores deberíamos declarar un boicot a las empresas de CEOE por su continua labor de zapa de los cimientos del tejido social, propugnando continuos recortes de nuestros salarios y condiciones laborales. Así como a las multinacionales como Pepsi, Ikea, Burberry, Amazon, British American Tobacco o McGraw-Hill, que desvían beneficios a Luxemburgo para no tributar en España.

Carnet de Paro

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La armadura jurídica del TTIP

Fri, 14/11/2014 - 09:00

Juan Hernánez Zubizarreta – Viento Sur

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) es un acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pretende eliminar las barreras arancelarias entre los dos socios y las barreras reglamentarias – las normativas básicas en materia social, medioambiental… – que limitan la acumulación de riqueza de las grandes corporaciones.

Los componentes fundamentales del TTIP son el acceso al mercado, las normas regulatorias, las cuestiones reglamentarias y las barreras no arancelarias; abarca aspectos materiales y formales.

Entre las cuestiones materiales nos encontramos con propuestas relacionadas con la quiebra de los derechos laborales y la normativa europea medioambiental, la desregulación del sector financiero, la apertura al mercado privado de los servicios públicos –el agua, la electricidad, la educación, la salud, el trasporte, la protección social…-, el blindaje de las patentes farmacéuticas, el consumo de productos modificados genéticamente, la contratación pública…

En estas líneas vamos a tratar sobre los aspectos formales y principios jurídicos del TTIP que forman parte de la armadura jurídica que limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. La herencia normativa del capitalismo global – los contratos, normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral y resoluciones de los tribunales arbitrales que conforman la nueva lex mercatoria - condiciona el devenir de las mayorías sociales; así, por poner un ejemplo, el gobierno del presidente Evo Morales y el pueblo boliviano han padecido esta lógica normativa imperial. El TTIP no es sólo un acuerdo comercial, es un nuevo tratado fundacional al servicio de las corporaciones transnacionales.

La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es una arquitectura construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del Tratado; además, su opacidad, su falta de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales que constituyen el Estado de Derecho, deben ser conocidos, desmontados y reapropiados por las mayorías sociales.

La cadena de control normativo que construye el TTIP se puede desglosar en diversos eslabones.

Contexto jurídico sobre el que actúa el TTIP. Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas -Derecho duro-, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica – Derecho blando o Soft law-.

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados regionales y bilaterales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales.

Por otra parte, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad implican un verdadero golpe de Estado; estos dos textos actúan como vasos comunicantes, ya que, por un lado elevan a la cúspide de la pirámide normativa comunitaria el déficit público y la deuda pública –y, por tanto, la generalización de medidas de ajuste en contra de las mayorías sociales- y, por otro, se establece una intervención técnica de las instancias comunitarias al margen de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. El debate parlamentario y la deliberación quedan subordinados a reglas rígidas y automáticas establecidas en el diseño de las políticas presupuestarias.

El TTIP forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Además, resulta evidente la debilidad democrática de las instituciones económicas globales, incluidos los tribunales arbitrales alejados de los poderes judiciales

La falta de legitimidad democrática del TTIP. Elsecreto y la opacidad son elementos constituyentes del TTIP. Las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Desconocemos los negociadores, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”; se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

El modelo institucional de la UE no se adapta a los modelos tradicionales de democracia parlamentaria. El papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es secundario en el devenir del TTIP. Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación”. Es decir, se están saltando su propia legalidad. Las prácticas en torno a la elaboración del TTIP colisionan con la propia normativa comunitaria.

Lo que no es secundario es el papel central de los lobbies económicos que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes y de sus representantes políticos. Los asesores, las reuniones, las propuestas y la vinculación del poder político con las empresas transnacionales forman parte “del poder legislativo” de donde emana el TTIP. La opacidad y el secreto no existen para el gran capital.

El Iter normativo del Tratado. Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía (transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios…). Ahora bien, el resultado final de la norma, en este caso del TTIP, es de una gran seguridad jurídica y de obligado cumplimiento. Todo lo contrario que la normas de derechos humanos, cuya tramitación o iter normativo está muy abierta a las propuestas y al debate, pero su resultado final es de una seguridad jurídica muy frágil. ¿Se puede comparar un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo con un tratado de comercio o inversiones entre la Unión Europea y cualquier país de la periferia del planeta?

La tramitación del TTIP fulmina los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas – se suprimen la normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión – provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones.

Por otra parte, la inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la incorporación de los anexos al TTIP, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el círculo infernal de la arquitectura de la impunidad.

El principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones y entre transnacionales e instituciones, implica que lo que no se obtenga en el seno de la Organización Mundial de Comercio se obtendrá por medio de tratados o acuerdos comerciales o de inversiones de carácter bilateral o regional; esta tupida red da lugar a que cada acuerdo o tratado sea la base para el próximo, lo que genera un modelo de perpetua negociación. Esta guerra tan asimétrica provoca que el abandono de un tratado tenga preparado su sustituto; de ahí que el rechazo debe ser frontal al modelo de comercio e inversiones impuesto por el capital y las empresas transnacionales.

El TTIP combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera – arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea. Si la legislación laboral es más tuitiva en la Unión Europea, se aplican las normas de EEUU que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de “comprarse y venderse”. La compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo, la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres… chocará con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones.

Esta técnica clásica del modelo neoliberal se combina con la re-regulación de los derechos de las transnacionales. Si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora con el TTIP se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales europeas y estadounidenses. El Estado es imprescindible para la acumulación de riqueza del capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. El TTIP fortalece los derechos de las mismas.

Convergencia regulatoria. Además de la armonización de regulaciones por el método de la desregulación antes mencionado, los lobbies transnacionales adquieren por medio del TTIP una presencia insospechada. El Consejo de Cooperación Reguladora -formado por los responsables que establezcan las agencias de EEUU y la Comisión de la UE- es un filtro regulatorio de todas las normas comunitarias – pasadas, presentes y futuras- que colisionen con el Tratado y que implica la presencia directa e indirecta de los lobbies transnacionales. Actúa al margen de los Estados e instituciones; es un poder legislativo supranacional fuera de todo control democrático.

Las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de normas tipo. Además del poder fáctico, los lobbies tendrán presencia directa o indirecta en la elaboración de las normas.

La convergencia regulatoria afecta, además, a todas la Administraciones Públicas (locales, autonómicas y centrales); a la legislación básica, a la ejecución de la misma y a los actos delegados. Las excepciones y defensas genéricas de los derechos sociales que el TTIP prevé quedan subordinadas a “que no comprometan las ventajas derivadas del acuerdo”; la coherencia regulatoria implica que todo tipo de estudio de impacto medioambiental o social, toda evaluación de daños… no debe establecer más “rigor del estrictamente necesario”, es decir, deben ser coherentes con los derechos de las empresas transnacionales.

Por otra parte, la transparencia requiere consultar toda medida potencial a proveedores e inversionistas como si fueran “representantes públicos”, y por último, se pueden ampliar temas no incluidos en el tratado por la vía del nexo normativo al margen del procedimiento de aprobación del mismo; es un texto abierto al servicio de las transnacionales.

Principios normativos del tratado. Son principios demoledores –abiertos a la interpretación creativa y expansiva de despachos de abogados y árbitros favorables al poder corporativo- para los intereses de las mayorías sociales y que dotan de una gran fortaleza a los derechos de las empresas transnacionales. Además, otros principios jurídicos como el abuso de derecho, el enriquecimiento injusto… quedan subordinados al carácter imperativo de los principios recogidos en el TTIP.

Quiebra del principio de igualdad desde las relaciones de poder.

Una interpretación fundamentada en la equidad implica tratar igual a los iguales, pero no igual a los desiguales. No permitir cláusulas de acción positiva a favor de los sectores sociales y económicos más desfavorecidos de los países empobrecidos, significa, en realidad apuntalar prácticas discriminatorias. Firmar contratos, aprobar tratados de comercio e inversiones y aceptar ajustes estructurales bajo la falsa premisa de la igualdad entre las partes, es situar a las relaciones asimétricas de poder en el centro de la técnica jurídica.

El TTIP se sustenta en esta interpretación del principio de igualdad: tratar igual a las empresas transnacionales y a las pequeñas empresas nacionales, lo que es esencialmente discriminatorio.

Trato Justo y Equitativo.Es un concepto jurídico indeterminado que puede adolecer de cierta inseguridad material; pero, enmarcado y dirigido a la protección del inversor extranjero frente al Estado receptor, queda perfectamente delimitado. Por tanto, el Estado receptor no puede discriminar al inversor extranjero y deberá tratarle de manera justa y equitativa. ¿Tratar igual a los desiguales es justo y equitativo?

Trato Nacional.Es un principio central en el funcionamiento del TTIP. Toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe extenderse a los extranjeros. Es decir, los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado ya que implica quebrar el principio de trato nacional. El apoyo de la administración a empresas de economía solidaria o a circuitos cortos de producción se debe extender a las empresas transnacionales de los agronegocios. Con el trato nacional, por otra parte, la privatización de un servicio público hace muy difícil la reversibilidad del mismo.

Nación Más Favorecida. Las ventajas que acuerden mutuamente dos Estados en un tratado bilateral – o entre Estados en un tratado regional- se extiende automáticamente a los tratados que éstos celebren con otros Estados donde se incluya la cláusula de nación más favorecida, cláusula generalizada en la mayoría de los tratados bilaterales. La idea es que en base al principio de no discriminación no se lesione al inversor extranjero. Lo acordado en el TTIP marca, por sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, pautas generales para el comercio mundial.

La cláusula paraguas. Permite a las empresas demandar a los Estados no solo por incumplimientos del Tratado si no por incumplimientos contractuales de un acto soberano no comercial, como las políticas públicas. Bajo semejante régimen las empresas pueden contrarrestar las políticas sanitarias, de protección del medio ambiente, de regulación de las finanzas, de las relaciones laborales… reclamando a los Estados daños y perjuicios ante tribunales extrajudiciales de carácter arbitral. La soberanía de los parlamentos queda supeditada a la cláusula mencionada.

Expropiación directa o indirecta e indemnizaciones rápidas, adecuadas y eficaces. Incluye cláusulas sobre las indemnizaciones en caso de expropiaciones u “otras medidas de efecto equivalente”. Se parte de considerar que toda medida, ley, reglamento, acto administrativo… que provoque daño en el patrimonio del inversor debe ser compensado. Además debe tenerse en cuanta tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, una inversión paralizada por el poder público debe ser compensada tanto por la cantidad gastada como por el futuro beneficio dejado de percibir.

Mecanismos de resolución de diferencias inversor –Estado

Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo amplia su labor a conflictos entre Estados y particulares. Las empresas transnacionales – personas de Derecho Privado que representan intereses particulares- pueden demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales. Prevalece el interés particular sobre el interés general.

Es un sistema paralelo al poder judicial – se trata de tribunales privados- favorable a las empresas transnacionales que queda al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Es una justicia para ricos. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal por la que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Las transnacionales eligen la jurisdicción, existen dificultades para que las audiencias sean públicas y no se requieren agotar los recursos internos nacionales. Es más, puede ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral.

Desde el punto de vista material, se aplican exclusivamente las normas del Tratado y no normas sobre derechos humanos.

El procedimiento arbitral no es neutral. Así, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se encuentra en el seno del Banco Mundial y los árbitros son jueces y abogados, indistintamente. Quince árbitros resolvieron el 55% de las disputas arbitrales en el 2011 y el coste medio de un arbitraje es de ocho millones de dólares; tres firmas de abogados se reparten el 55% de los casos. El procedimiento arbitral es muy costoso, lo que beneficia a las grandes corporaciones transnacionales.

Son numerosos los estudios que ratifican la vulneración de los espacios públicos regulatorios. Los Estados han visto recurridas sus políticas públicas en áreas como el medioambiente, la salud, los derechos laborales, el agua, la agricultura… donde empresas transnacionales han obtenido laudos arbitrales por valor de miles de millones de dólares y muchos más que siguen pendientes de resolución. Además, abandonar esta armadura jurídica no será fácil, ya que se suelen prever prórrogas de jurisdicción de más de 10 años; es decir, que aunque se diera una hipotética denuncia del TTIP por una de las partes, este continuaría en vigor.

Por último, la “amenaza” del recurso transnacional ante tribunales privados provoca, sin duda, el enfriamiento normativo por parte de los parlamentos y de las Administraciones: por ejemplo, se acepta el fracking para evitar futuras demandas arbitrales. Probablemente ni se discuta en los Parlamentos, formalizándose, de esta manera, el enfriamiento normativo. Buena coartada para los partidarios del TTIP que se refugian en las obligaciones impuestas para avalar – sin debate alguno- los objetivos del mencionado Tratado.

Existe un mecanismo añadido al mecanismo de diferencias entre inversor y Estado y que se aplica al conjunto del acuerdo. Permite que las corporaciones privadas actúen, en defensa de sus genéricos intereses, contra los poderes públicos nacionales, autonómicos, regionales y locales. Se pueden recurrir las decisiones políticas que atenten contra el Tratado, siendo sus decisiones de aplicación inmediata y sin apelación. Así, la decisión el Consejo Constitucional de Francia, al declarar conforme a la constitución la ley que prohíbe el gas esquisto, puede dar lugar a la interposición – por un potencial inversor o conjunto de inversores favorables al gas esquisto- de una queja por atentar contra el contenido del TTIP. Es un sistema de arbitraje privado que sustrae de competencias a las instituciones del Estado para el ejercicio de las políticas públicas.

Existe a su vez la posibilidad de generar un panel de arbitraje para resolver los conflictos ambientales y laborales que actúa al margen de las jurisdicciones nacionales y que pierden competencias a favor del sistema arbitral. En el caso del TTIP no está clara su función, pero se puede presuponer que sea un mecanismo de actualización de las armonizaciones regulatorias entre EEUU y la UE. La vigencia y la amplitud del derecho de huelga pueden interpretarse por paneles arbitrales más que por las jurisdicciones nacionales.

Algunas pautas de cómo reinterpretar la armadura jurídica neoliberal que se construye en torno al TTIP

Desde la perspectiva jurídica, el TTIP colisiona frontalmente contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se puede invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior; así, el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros Tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas y de Derecho Internacional General.

Se debe efectuar el control de constitucionalidad de los tratados y verificar si existen vicios insanables en su celebración y aprobación, que generan su nulidad.

Hay que restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los Parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. Y promover normas internacionales que no refuercen la fuerte asimetría existente entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino que, por el contrario, puedan servir para poner los derechos de las personas y los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que los de las grandes empresas. Ahí cobran todo su sentido propuestas alternativas como el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales.

Hay un último principio que se deduce de toda la impunidad transnacional que el TTIP regula. Es un Tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a consta de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos- se regula de manera transversal a lo largo de todo el TTIP.

Juan Hernández Zubizarreta es Profesor de la Universidad del País Vasco

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