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Justicia económica global
Updated: 2 hours 3 min ago

Contra el totalitarismo financiero, luchemos por una banca pública, ética y con control social

Tue, 01/07/2014 - 07:00

Antonio Fuertes Esteban – ATTAC Acordem

Alguien dijo “No es posible construir un paraíso social en un infierno económico” habría que añadir que no se puede levantar un Estado social y solidario avalados y dependientes en exclusiva de unas finanzas organizadas por las oligarquías económicas bancarias y con señas de identidad centenarias usureras, corruptas y especuladoras con todo lo divino y lo humano.

El sistema financiero es la sangre que se traslada a través de las comunidades sociales y hace desarrollarse a la economía moderna, pero si esta sangre, como es el caso, está infectada por el virus de la avaricia, la desigualdad y la corrupción y es bombeada desde un corazón privado prestado, parásito del corpus social y a plazos de contador de intereses, depreda a la sociedad y la sumerge en una dependencia de pulsión tanática.

Hemos llegado, por dejación o acción política, de nuestros representantes o de nosotros – todos hacemos política cada día aunque muchos no se aperciban – a dejar las llaves del cuarto de máquinas del barco común en que navegamos en manos exclusivas, privadas que han llegado a mover el barco a su antojo, a veces hacia paraísos fiscales privados. Pero cuando el barco ha escorado debido a la falta de dirección, al descontrol generalizado y han comenzado a abrirse vías de agua que amenazaban con hundirlo, para entonces el capitán, el político, ya no gobernaba el barco. El barco estaba en manos de quien tenía las llaves de la sala de máquinas, la banca, que era la única que podía poner los medios para reflotarlo, eso sí, a costa de todos, de toda la tripulación.

El corpus social necesita generar su propio corazón, sondear en la tierra de los antepasados para buscar el valor de otros tiempos y contagiarlo a los nuevos valores de jóvenes representantes, siempre mandando sobre ellos. Que lideren obedeciendo, como el Sup-comandante Marcos. Y ese corazón ha de estar alimentado de unas finanzas públicas, autónomas del pueblo, gestionadas por honestos servidores públicos y al servicio de una economía para las personas y no en beneficio del 1% de la sociedad.

Hemos de buscar formas de contrapoder en todo, en todos los sectores de nuestra vida, pero una economía de mercado no se puede dejar al control y arbitrio de la casta política y las oligarquías financieras. Hemos de hacer un esfuerzo por generar un inicio de contrapoder contra el gran poder bancario.

Retirar en estos momentos el dinero de la banca tradicional y en especial de los grandes grupos bancarios es desencadenar a las personas y las colectividades políticas de su poder totalizador, inmisericorde y depredador e iniciar un camino de emancipación. Mientras no tengamos una banca pública, llevemos nuestro dinero a pequeñas bancas locales y a la banca ética, combatamos el poder bancario oligárquico, actuemos con inteligencia, auto-poder y como contrapoder.

¿Vamos a dejar que un monopolio de 5 grandes bancos posean a partir de que acaben la privatización de Cataluña Banc y de Bankia, prácticamente el 100% de la gestión de las finanzas de este país? ¿Cómo va a llegar entonces la sangre a los proyectos públicos, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a las pensiones…? porque estos, en su siguiente paso van a ir a por todas, a saco, a hacer negocio ya sin ningún tipo de cortapisa con activos culturales, educativos, de salud, y de longevidad…

Desde ya podemos comenzar a revertir el proceso de totalitarismo económico farsa-democrático. Votemos a los mejores del pueblo unido y sin protagonismos y trepismos y pidámosles una profunda transformación democrática, entre la que necesariamente habrán de contemplar la construcción de un sistema público de finanzas. Sí, unas finanzas públicas, por las que la sociedad no se ha movido y sigue sin moverse en sus reivindicaciones, por la que los partidos no han luchado y con la que algunos políticos y sindicalistas han cohabitado ¿Por eso quizá las élites de estas organizaciones se muestran tan poco fervorosas de la necesidad de la banca pública?

Cada vez que hacemos un plan de pensiones privado (co-gestionados, por cierto en muchos casos por 2 sindicatos), metemos dinero a plazo fijo en la gran banca o invertimos en sus acciones o compramos los bonos que emiten o invertimos en productos especulativos o productos fiduciarios; o simplemente si mantenemos nuestra nómina domiciliada en sus sucursales, estamos actuando como gasolineros que llenan el depósito del trailer que atropella cada día a miles de personas, que desahucia a la gente de sus casas, que se queda con los dineros de los preferentistas, que con sus fondos buitre compra a precio de saldo las viviendas sociales sobre-costeadas para la gente de a pie.

¿Y no va a mover la sociedad por que no privaticen la poca banca nacionalizada que tenemos y que ha sido salvada con el dinero procedente de nuestro sudor? y ello para venderla – a precio, también de saldo y avalada mediante créditos fiscales y esquemas de protección de activos – a los que van a hacer negocio con ella a nuestra costa?

Comencemos a movilizarnos por la no privatización de la poca banca nacionalizada que nos queda, como nos movilizamos en tiempos por la jornada de 40 horas, como nos movilizamos en tiempos contra la dictadura franquista ¡hoy de los bancos! todavía estamos a tiempo de salvar la dignidad!

A todas las fuerzas dignas políticas y sociales de este país: Hay que salvar la banca nacionalizada y vosotros habéis de movilizar para ello.

¡No a la privatización de Catalunya Banc y de Bankia !
¡Por una banca pública, al servicios del pueblo, ética y con control social!!

¡SÍ, SE PUEDE!

http://rexpublicaglobal.blogspot.com.es/
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Impacto de la crisis en el derecho a una alimentación sana y saludable

Mon, 30/06/2014 - 18:00

Josep Maria Antentas / Esther Vivas | Informe SESPAS 2014

Resumen
El artículo analiza el impacto de la crisis en los hábitos alimentarios de la población española, a qué perfiles sociales afecta y qué consecuencias tiene para la salud, basándose en informes oficiales y en la revisión de estudios empíricos. La crisis tiene consecuencias en la alimentación y modifica el comportamiento alimentario. Las familias buscan ahorrar en alimentación. Aumenta la inseguridad alimentaria y los grupos más proclives a verse sumidos en ella son aquellos que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la comida. El recorte en el gasto alimentario va acompañado también de hábitos alimentarios poco saludables que favorecen la obesidad. En consecuencia, puede afirmarse que la crisis contribuye a la vulneración del derecho a una alimentación sana y saludable reconocido por el Pacto Internacional para los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

PalabrasClave
Consumo de alimentos, Obesidad, Hambre, Pobreza, Seguridad alimentaria

Ideas clave
- La crisis modifica los hábitos de consumo alimentarios.

- Aumenta la inseguridad alimentaria.

- La obesidad y los malos hábitos alimentarios afectan a los segmentos sociales más pobres.

- El derecho a la alimentación establecido por Naciones Unidas no está garantizado para todos los ciudadanos del Estado español.

Introducción
En el presente artículo analizaremos el impacto de la crisis en los hábitos alimentarios de la población española, a qué perfiles sociales afecta y qué consecuencias tiene. Nos preguntamos en qué medida, en el actual contexto de crisis, el derecho a una alimentación sana y saludable está plenamente garantizado.

Crisis y derecho a la alimentación
El derecho a la alimentación supone el derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos1. La crisis aumenta la inseguridad alimentaria, es decir, las situaciones en que las personas no consumen lo suficiente para desarrollar una vida activa y sana2. La inseguridad alimentaria es un fenómeno en ascenso, asociada a casos de subnutrición (insuficiente ingesta de alimentos para satisfacer las necesidades de energía alimentaria), de malnutrición (desequilibrio por deficiencia o exceso de energía y nutrientes ingeridos) e incluso de desnutrición (como consecuencia de la falta de ingesta de proteínas, calorías, energía y micronutrientes).

Los grupos más proclives a verse sumidos en la inseguridad alimentaria son aquellos que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la comida3,4. Las dificultades para cubrir las necesidades alimentarias se han disparado a raíz de la crisis. La Federación de Bancos de Alimentos5 calcula haber repartido en 2012 unos 120 millones de kilos de comida, un 20% más que el año anterior, a un total de 1,5 millones de personas, mientras que en 2007 la cifra de beneficiarios era de 700.000. Cáritas6 señala que el número de personas atendidas ha pasado de 370.251 en 2007 a 1.015.276 en 2011. La demanda de ayuda económica para costear la comida es la más solicitada. Un 4% del total de la población española carece de recursos para hacer frente a su alimentación básica diaria7.

La inseguridad alimentaria de la población está relacionada no sólo con la falta de ingresos fruto del desempleo, sino también con el problema de la vivienda que se ha agudizado por la crisis. En Estados Unidos se ha constatado que la inseguridad alimentaria es mayor en las familias que dedican más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda y que tienen atrasos en el pago del alquiler8. La falta de instalaciones adecuadas para cocinar en los hogares de bajo nivel socioeconómico y en infraviviendas (a menudo por impagos de suministro energético) contribuye al consumo de dietas menos variadas y de alimentos preparados4.

La inseguridad alimentaria afecta a personas de todas las edades. Estudios en Estados Unidos muestran cómo, aunque incide menos en los adultos de edad avanzada que en los jóvenes, la inseguridad alimentaria creció entre los primeros un 34% de 2007 a 2010, afectando sobre todo a aquellos con menos ingresos, menos estudios, de minorías étnicas y residentes en Estados sureños pobres9.

Es necesario prestar atención a la situación de la infancia, al ser ésta un periodo fundamental para el desarrollo físico e intelectual de un individuo. UNICEF estima en 2.200.000 los menores que en España viven en la pobreza, una condición social que incluye malnutrición y dietas desequilibradas10. En Cataluña, en 2011 había 50.000 menores de 16 años, un 4% del total, que recibían una dieta pobre y sin la diversidad de nutrientes necesaria para su correcto desarrollo11. Un aspecto específico del impacto de la crisis en la alimentación infantil tiene que ver con los comedores escolares. Por un lado, se ha detectado una tendencia al empeoramiento de la calidad dietética de los menús que revierte la tendencia de mejora experimentada en la última década12. Por otro lado, la crisis ha comportado un aumento de los alumnos que llevan tupper a la escuela al no poder pagar sus familias el coste del comedor escolar. Si bien no existen cifras oficiales ni datos para toda España, según datos de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos (AMPA) de Cataluña entre un 15% y un 20% de las familias han prescindido del comedor13. La irrupción del tupper ha generado preocupación entre los actores sociales sobre su gestión en cuanto a que en algunos casos esto implique dietas desequilibradas.

Cambios en el consumo de alimentos
El cambio de pautas de consumo no es fruto de elecciones individuales descontextualizadas, sino que está condicionado estructuralmente por la situación económica, siendo aquellas personas cuya situación económica es mala, y como tal es percibida, las que modifican más su comportamiento14. Los ciudadanos han cambiado sus hábitos de consumo para recortar gastos. Un 41,2% dice haber modificado sus pautas alimentarias para economizar; una cifra importante, pero que queda sensiblemente por debajo de otras partidas como las del agua, la electricidad y el gas (69,8%), la compra de prendas de vestir (64,2%), el ocio (69,9%) o las vacaciones (66,1%)15. La Encuesta de Presupuestos Familiares de 2012 muestra que la reducción del gasto en alimentación (−0,2%) está por debajo de la reducción media del gasto familiar (−3,2%), aunque el gasto en comer fuera de casa sí experimentó una reducción relevante superior a la media (−7,4%). Entre 2006 y 2012, el gasto en este capítulo descendió un 18,9%, bastante más que la reducción media del gasto familiar total (−6,8%) y que el gasto alimentario doméstico (−4,7%)16.

Los estudios sobre la crisis económica asiática a finales de la década de 1990 muestran que las familias reducen primero el gasto en los alimentos más caros, como los de origen animal, la fruta y la verdura, así como la cantidad de alimentos ingeridos. Después, si el gasto ahorrado no es suficiente, suelen seguir los productos alimentarios básicos. Ello implica que la ingesta de nutrientes específicos suele disminuir antes que la de energía, creando deficiencias en la ingesta de micronutrientes necesarios para el organismo17.

En España los datos indican que, en primer lugar, se producen cambios en el lugar donde se compra. El principal factor que determina hoy la adquisición de alimentos en un establecimiento u otro es el precio. En 2012, un 62,7% de los consumidores valoraba los “buenos precios” para elegir el lugar de compra de la comida, una cifra que en 2007 era sólo del 34,1% y que entre 2007 y 2012 aumentó de manera constante, aunque bajó al 55,3% en 2013. El número de personas que afirman haber modificado la forma de cocinar o comprar para ahorrar ha aumentado de un 44,4% en 2011 a un 52,1% en 2012 y a un 63,4% en 201318.

En segundo lugar, el volumen de alimentos consumidos por persona en el hogar ha experimentado cambios por la crisis. Si en 2008 el consumo aumentó un 6,8% respecto al ejercicio anterior, en 2009, 2010 y 2011 descendió un 1,1%, un 3,1% y un 0,6%, respectivamente, para repuntar en 2012 (0,3%) y 2013 (2,2%), aunque en porcentajes muy inferiores al de 200818. La crisis provoca, por tanto, la reducción del volumen de alimentos adquiridos.

En tercer lugar, se operan cambios en los productos comprados. La evolución del gasto debe ponerse en relación con el patrón de consumo alimentario en España, basado en la dieta mediterránea, a pesar de que en las últimas décadas haya habido signos de un alejamiento de ella19. El consumo de cereales, verduras, hortalizas y legumbres está por debajo de las recomendaciones, mientras que el de lácteos, pescados, carnes magras, huevos, grasas, dulces y embutidos se sitúa por encima de lo recomendado20. Puede constatarse la tendencia a la reducción del consumo de algunos productos más caros en beneficio de otros más económicos. En el caso de la carne, por ejemplo, hay una caída de la adquisición de carne más cara, como la de vacuno, del 6,5% en 2010, el 2,5% en 2011, el 2,6% en 2012 y el 4,5% en 2013, mientras que otras más baratas experimentan aumentos o descensos ligeros; es el caso del pollo (+4,9% en 2010, −0,3% en 2011, +1,8 en 2012 y −1,2% en 2013), de la carne transformada (−0,2% en 2011, +2,3% en 2012 y +0,9% en 2013) y de la congelada (+14,2% en 2011, +0,9% en 2012 y −1,7% en 2013).

El consumo de pescado experimenta también un descenso, aunque ligero: −1,9% en 2011, −1,2% en 2012 y −0,3% en 2013. La evolución de la compra de frutas y verduras es contradictoria y no parece seguir un patrón claro: se redujo el consumo de frutas (−0,8%) en 2011, subió en 2012 (2,7%) y cayó de nuevo en 2013 (−2,2%). En el caso de las verduras y hortalizas frescas se constata un descenso en 2010 (5,2%), un aumento en 2011 (3,7%), otro descenso en 2012 (−0,5%) y un nuevo crecimiento en 2013 (1,8%).

En cualquier caso, estas cifras contrastan con las de años anteriores a la crisis, marcados por una pauta general de aumento del consumo de frutas (10,4% en 2004, 5,2% en 2005, 4,5% en 2006 y 5% en 2007) y verduras y hortalizas (9,2% en 2004, 10,2% en 2005 y 6,3% en 2006). Finalmente, un aspecto a destacar es el aumento del consumo de legumbres desde el inicio de la crisis (revertiendo una tendencia histórica a su disminución iniciada en la década de 1960), precisamente como resultado de los reajustes presupuestarios familiares18.

Dietas poco saludables, obesidad y crisis
Los cambios en el gasto alimentario tienen efectos diversos en términos de salud. Algunos son positivos, como el mencionado aumento de las legumbres; otros también pueden serlo, como es el caso de la reducción de las comidas fuera de casa. Y cambios como la búsqueda de establecimientos más baratos tampoco necesariamente tienen que tener consecuencias negativas en el ámbito de la salud. Sin embargo, en términos generales, como tendencia de fondo, la crisis favorece la compra de productos menos nutritivos, altamente procesados y ricos en calorías, lo que contribuye a fomentar una alimentación poco saludable21. En España ha aumentado el consumo de dulces envasados (galletas, chocolates/cacao y sucedáneos, bollería y pastelería), con un incremento del 3,8% entre 2012 y 201318. El tipo de hogar donde más se consumen está formado por parejas con hijos pequeños y medianos. También en Gran Bretaña, por ejemplo, la crisis ha hecho que las ventas de carne de cordero, verduras y fruta fresca hayan disminuido, mientras que el consumo de productos envasados, como galletas y pizzas, haya aumentado22.

Una cuestión específica a destacar, por tanto, es el vínculo entre crisis y obesidad. En España, la tasa de obesidad supera la media de la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El 39% de la población presenta sobrepeso y el 23% obesidad (sobrepeso equivale a un índice de masa corporal de 25–29,9kg/m2 y obesidad a más de 30kg/m2)23. Como ya ha sido ampliamente estudiado24, el consumo de productos menos saludables es mayor en los segmentos económicos más bajos, que viven en un entorno muy “obesogénico”. El nivel sociocultural bajo y el entorno desfavorecido influyen en la obesidad4. Los grados más altos de sobrepeso y obesidad se concentran en la población con el nivel de estudios más bajo: mientras el porcentaje de obesidad entre los hombres con estudios primarios es del 29,8% y el de las mujeres del 28,9%, las cifras entre los hombres y las mujeres con estudios universitarios disminuyen hasta el 21% y el 11,4%23.

La crisis provoca un aumento de la pobreza, y ésta entraña más riesgo de obesidad. Mala alimentación y obesidad se asocian a la pobreza, pues la dieta de muchas personas pobres puede superar las necesidades de energía, pero carece de los nutrientes necesarios, al basarse en alimentos de bajo coste con pocos nutrientes y alto contenido en grasas24,25. El menor consumo de vegetales y verduras por parte de los hogares y las regiones con menos ingresos es conocido26, y el desempleo está asociado a un menor consumo de vegetales y frutas y un mayor consumo de comida no saludable y rápida27. Las dificultades económicas provocadas por la crisis conllevan también una reducción de los gastos en actividad física de las familias (que afecta tanto a los adultos como a los niños)22. Todo ello muestra un nexo complejo entre el aumento de la pobreza provocado por la crisis, la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la obesidad28.

Es necesario señalar, sin embargo, la existencia de tendencias en dirección opuesta, como es el creciente interés por la alimentación ecológica, aunque se concentra sobre todo entre las clases medias con estudios. Ésta equivale aún sólo al 1% del mercado alimentario, una de las cifras más bajas de Europa, pero su crecimiento en los últimos 10 años ha sido del 25% de media, uno de los más altos del continente. La crisis no ha frenado su expansión y en 2011 el consumo de alimentación ecológica creció un 7%29.

Conclusiones
La crisis ha modificado los hábitos de consumo y alimentarios. El gasto familiar en alimentación se reduce, aunque menos que otras partidas como energía, ocio o vestimenta. El precio es un factor más influyente que antes en la elección de dónde se compra, el volumen de consumo de alimentos tiende a reducirse y disminuye el consumo de algunos de los productos más caros.

La crisis y los cambios en el consumo de alimentos implican un aumento de la inseguridad alimentaria. Por un lado aumentan las dificultades para conseguir una ingesta de alimentos suficiente para cubrir las necesidades energéticas; por otro, aumentan los hábitos alimentarios poco saludables, que conllevan el incremento de problemas como la obesidad.

Los grupos sociales más proclives a verse sumidos en la inseguridad alimentaria son aquellos que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la comida. Dicha situación afecta a personas de todas las edades, aunque conviene recalcar sus efectos en la infancia al ser ésta un periodo fundamental para el desarrollo físico e intelectual de los individuos. Los hábitos alimentarios poco saludables afectan más a los colectivos en situación de pobreza o desempleo.

Puede afirmarse, por tanto, que la crisis contribuye a vulnerar el derecho a una alimentación sana y saludable de aquellos sectores sociales con menos recursos económicos.

Propuestas y recomendaciones
El gobierno español, como firmante del Pacto Internacional para los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación a todos sus ciudadanos. Sintetizaremos aquí algunas propuestas para hacerlo efectivo:

- La inseguridad alimentaria y otros problemas de alimentación no pueden solucionarse si las medidas dirigidas al sistema alimentario no van acompañadas de una política en el terreno del empleo y la vivienda de expansión de derechos, y no de recortes en el gasto público. Garantizar el derecho a una alimentación sana y saludable requiere un fortalecimiento de los regímenes de bienestar.

- Potenciar y desarrollar los programas específicos para garantizar una alimentación sana y saludable, como la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud) establecida en 2005. Los recortes presupuestarios de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) van en sentido opuesto. Una estrategia global para combatir la alimentación poco saludable debe incluir una intervención formativa (programas de sensibilización y educación, como el PERSEO en las escuelas), informativa (elaboración de guías alimentarias), mecanismos de regulación de la agroindustria (es decir, de la oferta alimentaria), de la publicidad (p. ej., el código PAOS como referencia ética para la publicidad alimentaria dirigida al público infantil) y de la producción (apoyando ciertos productos saludables)30.

- En el terreno de la alimentación escolar, resulta una prioridad garantizar el acceso a los menús, el mantenimiento y la continua mejora de su calidad31.

- Fomentar iniciativas de abaratamiento del coste de verduras y frutas, así como experiencias concretas prácticas que incentiven su consumo entre los segmentos de población con menos ingresos y menor nivel educativo. A título de ejemplo, la iniciativa de la Veggie Mobile en 2008 en Estados Unidos, una tienda móvil que recorría barrios con bajos índices de consumo de vegetales y verduras, consiguió un aumento de su consumo32.

- Abordar el debate sobre grabar productos alimentarios poco saludables como mecanismo disuasorio para los consumidores. Algunos autores33 sostienen que dichos impuestos tendrían un efecto real si su cuantía fuera en torno a un 20%, y que deberían complementarse con medidas de promoción y subsidio de alimentos saludables. Otros autores cuestionan este mecanismo señalando que no tiene ningún efecto educador y que no está claro que provoque cambios permanentes en los hábitos alimentarios, ni que éstos vayan en una dirección saludable34.

- Promover los esfuerzos de solidaridad que una amplia variedad de organizaciones sociales (bancos de alimentos, ONG…) están realizando en favor de quienes viven en la inseguridad alimentaria. Sin embargo, conviene recordar que el papel de las organizaciones sociales no puede ser sustitutivo de las responsabilidades de la administración, y su actividad paliativa por sí sola no puede solventar problemas estructurales.

*Para ver las citaciones referenciadas, consultar la bibliografía del artículo aquí.

Esther Vivas es miembro del Consejo Científico de ATTAC España

http://esthervivas.com/

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Tener empleo no garantiza dejar de ser pobre en Europa

Mon, 30/06/2014 - 13:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

Nadie está a salvo de la pobreza en Europa. ¿Porqué? Porque crece el trabajo de pocas horas, disminuye el salario y se suprimen derechos laborales mientras el paro se hace crónico en buena parte de países. Entonces se cuenta hasta el céntimo, o se va a vivir con los padres o, los más afortunados, alquilan una habitación en piso compartido. Pero no se pueden afrontar gastos imprevistos ni pagar la calefacción en invierno. A duras penas, alimentarse y con frecuencia se recurre a Cáritas o a un banco de alimentos para poder comer los últimos días del mes. Se viste la misma ropa aunque esté deteriorada y se calzan los mismos zapatos con un agujero en la suela. Y ni un euro para ocio: tomar un café en un bar es un lujo…

Tal vez no sea la pobreza de Oliver Twist de Charles Dickens, pero es pobreza.

Al inicio de la crisis, una licenciada universitaria inventó el término ‘mileurista’: jóvenes como ella que, con formación universitaria, solo podían aspirar a trabajos con insuficientes sueldos de 1.000 euros mensuales. Entonces se convirtió en clara expresión del reduccionismo salarial. Hoy, la legión de trabajadores pobres europeos se daría con un canto en los dientes por un sueldo así.

En España y Europa aumentan las trabajadoras y trabajadores con empleo, pero sueldos muy bajos. Salarios de pobreza. Lo que destruye la creencia de que tener un empleo en países desarrollados supone bienestar. Por el contrario, tener un trabajo ya no evita la pobreza en el capitalismo. Parecía ser solo propio del mundo subdesarrollado, pero esa penuria llegó también a Europa.

Y, en el Reino de España, el gobierno del Partido Popular alardea de reducir el número de parados, pero no explica que el paro baja poco y, además, con empleos de salarios miserables. Casi una cuarta parte de personas en riesgo de pobreza de este país tiene un empleo. Pero no la libra de ser pobre. Porque el modelo de crecimiento se basa precisamente en alta precariedad laboral y salarios de miseria. Los fuertes recortes sociales son la otra base del crecimiento para las élites económicas.

Pero no solo hay trabajadores pobres en España. En Francia, tres millones y medio de asalariados necesitan ayuda alimentaria para sobrevivir, porque la pobreza del país ha crecido y ya es superior a la de hace veinte años. En Alemania más de ocho millones de trabajadores ganan menos de 450 euros mensuales. En 1995 el sector precario con sueldos muy bajos era un 15% , hoy es 25%. Una cuarta parte. Rafael Poch nos explicó que “el ‘milagro del empleo’ alemán ha sido por la expansión de trabajos precarios y mal pagados; el mismo trabajo se ha repartido entre más personas al convertir empleos a tiempo completo en otros a tiempo parcial. Hoy en Alemania se trabaja los mismos millones de horas que hace trece años, pero ocupan a tres millones de trabajadores más ”. Que cobran menos, claro.

Todo tiene que ver con la distribución de la riqueza en el mundo. Según un estudio de la banca Crédit Suisse (nada sospechosa de ser roja ni antisistema), la décima parte de la población mundial (unos 700 millones) se reparten el 85% de la riqueza, mientras la mitad de habitantes (3.600 millones) solo posee el 2%. Y un 1% de la población mundial (unos 72 millones de individuos) posee casi la mitad del capital de la Tierra, mientras la otra mitad de recursos y riqueza se reparte entre el 99% restante, unos 7.000 millones de personas. Reparto también desigual, por supuesto.

Esta obscena situación de desigualdad creciente y pobreza es fruto de la agresión neoliberal sistemática. Esa agresión es rescatar el sector financiero con impuestos que paga la ciudadanía. Imponer austeridad presupuestaria a los estados y erigir la reducción del déficit en nuevo becerro de oro. Defender a ultranza los intereses de bancos, fondos de inversión y multinacionales. Recortar el gasto público y reducir derechos sociales y laborales. Y, por supuesto, salarios más bajos, cada vez más bajos. Además de menos reglas de control del sector bancario y más privatización de lo público. Y, como la ciudadanía se rebota, se limitan las libertades civiles y políticas. Más represión.

Harvey lo llama acumulación (de capital) por desposesión (de la mayoría). Y el humorista El Roto lo expone con su clarividente acidez cuando uno de sus personajes grita: Si no se puede devaluar la moneda, devaluemos a la gente.

O se reacciona o el desastre está asegurado.

 

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Malos tiempos para la verdad (mientras nos hundimos)

Mon, 30/06/2014 - 09:00

Ángels Martínez Castells - Consejo Científico de ATTAC España

Uno de los aspectos preocupantes de la situación de desequilibrio total en la que vivimos es la sensación de que en cualquier momento podemos perder pie por la labor de las carcomas en lo que antes creíamos era un suelo mínimamente estable. Queda prohibido a la prensa informar y avisarnos, y si lo hacen, aténganse a las consecuencias. Por donde pisan las clases dominantes van dejando podredumbre, que mina no sólo la verdad sino todos los compromisos, y se torna en su lugar, represión y violencia. Pero cuidado con publicarlo. Quizás en ninguna otra ocasión haya sido tan visible la ausencia de escrúpulos de los cuadros políticos y judiciales que los poderosos del mundo, incluyendo los representantes de los grandes fundamentalismos religiosos, tienen a su servicio.

Al Jazeera informa que un juez egipcio ha condenado hoy mismo a tres periodistas de su cadena a siete años de cárcel tras declararles culpables de varios cargos que incluyen ayudar a una “organización terrorista”, en referencia a los Hermanos Musulmanes, mediante la publicación de mentiras mientras otros once imputados han sido condenados a diez años de cárcel en ausencia. Esta sentencia se produce a pesar de las protestas de algunos gobiernos occidentales y los grupos de Derechos Humanos y la debilidad de las acusaciones, como usar material de comunicación y retransmisión sin licencia. La defensa sigue afirmando que los periodistas nunca debieron ser arrestados y que la fiscalía no ha podido demostrar los cargos de los que les acusa, mientras el director de Al Jazeera English, Al Anstey, ha declarado que el veredicto desafía la lógica, el sentido común y cualquier parecido con la justicia.

Pero poco importa la represión a la prensa. No son buenos tiempos para la verdad y la información cuando el disimulo y la mentira recorren y se enseñorean del mundo. Nadie ha escarnecido como se merecen las declaraciones de Tony Blair sobre el sangriento caos en Irak. El ex-primer ministro británico afirmó que la terrible situación de guerra sin fin no tiene nada que ver con la intervención imperialista que decidieron en marzo del 2003 Barroso, Aznar, Bush y él mismo (el cuarteto de las Azores) en busca de unas armas que no existían. Y aunque al final de su declaración admitía Blair que quizás tomaran entonces “decisiones discutibles”, añadía rápidamente que no se trata ahora de “discutir”, sino de “actuar”. ¿Y actuar cómo? Pues con una nueva “operación” contra Irak y Siria que prosiga con la liquidación de armamento del complejo occidental, con nuevas ventas a precios de escándalo, y con la reapropiación y salvaguarda de fuentes energéticas para sus amigos de los monopolios energéticos y de la seguridad privada, mientras Irak y Siria se desangran.

Declaraciones como las de Blair corrompen, y la podredumbre que generan -de retorno- se instala con cinismo en los lugares más privilegiados de los Estados Unidos. Filipe Diniz recordaba que en un discurso de rasgos fascinantes, Obama se dirigió a los nuevos cadetes de la academia militar de West Point reafirmando la misión histórica y excepcional que deben jugar los Estados Unidos en el mundo: un imperialismo que no está sometido a ninguna limitación política, jurídica, moral o ética. «América (los EUA) deben liderar el escenario mundial… los militares son, y siempre lo han de ser, la espina dorsal de este liderazgo»… Y estas palabras las pronunciaba, para mayor escarnio, un hombre premiado con el Nobel de la Paz.

Nadie podrá informar ni opinar, en los grandes medios, del asco que produce la impunidad de la prepotencia. Tampoco Al Jazeera. Siempre habrá algún juez dispuesto a matar al mensajero, o a otro juez que quiera impartir justicia atribuyendo las responsabilidades a los auténticos culpables, o investigar hasta dónde han llegado las termitas de este sistema corrompido… mientras nos hundimos.

Punts de Vista

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Club de París: pagaremos deuda de la dictadura

Mon, 30/06/2014 - 07:00

ATTAC Argentina

El acuerdo reciente, con el Club de París puede resumirse así: Pagar deuda para poder volver endeudarnos y así poder seguir pagando deuda.

En virtud del mismo, nuestro país reconoce una deuda total de 9.700 millones de dólares (MD) y se compromete a cancelarla en un plazo de cinco años, en principio, dependiendo del ingreso o no de inversiones externas comprometidas por el Club.

La razón inmediata del acuerdo debe buscarse en la necesidad del gobierno de volver a los mercados de capitales para financiarse y para atraer más inversiones, resolviendo, así, la crisis de deuda que compromete su capacidad de pago. Desde 2011 a la fecha, se fugaron del país 23.500 MD. La principal vía la constituyen los pagos de deuda pública (otras son la remisión de utilidades, las importaciones, el atesoramiento y el turismo).

Pero para esa vuelta a los mercados internacionales, el capital transnacional exige al gobierno cumpla previamente con los siguientes requisitos: pagar a los bonistas holdouts que no entraron al Canje (parte de ellos reclaman, en la actualidad, en los Tribunales de Nueva York), pagar la indemnización a Repsol, los reclamos de empresas transnacionales realizados ante el CIADI y al Club de París.

La deuda pública muestra así, más allá de su función usuraria, su carácter de instrumento del capital transnacional para imponer sus condiciones. Vemos también que dicho capital opera ya sea a través de los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, etc), los organismos multilaterales (OMC) como, así también, a partir de los gobiernos de sus países de origen.

En el caso del acuerdo con el Club de París, las negociaciones fueron directamente con los gobiernos que lo integran (que son los acreedores), pero las condiciones exigidas por ellos se relacionan con los intereses de las multinacionales de dichos países. No es un mérito del gobierno haber logrado dejar afuera de las negociaciones al FMI, como ciertos sectores intentan resaltar. El capital transnacional prescindió de él, sin que por ello se vean afectados sus intereses.

No debemos dejar de insistir: la deuda es un cáncer y por eso exigimos investigarla, auditarla, avanzar con los juicios contra la deuda, denunciando la entrega de la riqueza social de los argentinos y poniendo en debate la necesidad de transitar hacia alternativas al actual modelo de desarrollo.

Sin conciencia ni movilización popular los gobiernos sistémicos continuarán pagándola sin cuestionar su legalidad y legitimidad, cediendo cada día más nuestra soberanía. Prueba de ello es que esta semana parte de nuestro futuro se dirime en la Corte Suprema de EE.UU., razón por la cual el conjunto del arco político sistémico viajó a ese país a pedir clemencia y a aclarar que pagar la deuda es política de estado en argentina.

A la deuda se la enfrenta con todos los argumentos políticos y jurídicos a nuestro alcance o se sucumbe ante ella. Los partidos políticos sistémicos nos quieren convencer que la deuda es manejable si se aplican políticas “serias”. Algunos desde el campo popular, incluso, nos dirán que el gobierno kirchnerista se ha enfrentado con valentía al FMI y a los acreedores y, que ha logrado desendeudar al país.

Más allá del discurso, la deuda no es “manejable” y, no existe la posibilidad del desendeudamiento. Los números de la última década lo demuestran. En 2001 la deuda pública era de 144.212 MD. Hoy, luego de haberse pagado más de 173.000 MD desde 2003, la deuda es de 240.000 MD. Estamos frente a una gigantesca estafa, un mecanismo de succión de recursos producidos por trabajo argentino.

Para ir finalizando, la deuda reclamada por el Club de París es una deuda odiosa, contraída, mayoritariamente, durante la Dictadura cívico-militar, sobre la que la justicia argentina ya se expidió en la causa “Olmos”. Es una deuda utilizada para someter a nuestro pueblo mediante el terrorismo de estado, con la complicidad de los acreedores, por lo que no puede pretenderse, válidamente, que sea él quien la pague. Nada tiene de valientes ni de soberanos renegociarla, más allá de las condiciones de pago obtenidas (muy cuestionables, por cierto).

Por todo lo dicho, desde ATTAC Argentina estamos en contra del acuerdo con el Club de París, y por una Auditoria de la Deuda Pública, por la salida del CIADI y el rechazo a sus laudos que se traducen en más deuda, y por la construcción de una nueva arquitectura financiera regional (Banco del Sur, SUCRE, Banco del ALBA) como primeros pasos indispensables para la construcción de un proyecto anticapitalista, que ponga el centro en la satisfacción de las necesidades populares.

Argentina, 11 de junio de 2014

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Luchando contra la privatización del agua en el contexto de la austeridad

Sun, 29/06/2014 - 18:00

Satoko Kishimoto / Olivier Petitjean - Transnational Institute

Alianzas locales, estrategias paneuropeas y alternativas. 

A pesar de la oposición explícita de centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas, la crisis de la deuda soberana ha dado un nuevo impulso a la privatización de los servicios de agua en muchos países europeos. En España, Portugal, Grecia e Italia, los países más golpeados por la crisis, la privatización del agua ha vuelto a la agenda. La Comisión Europea –en tanto que integrante de la Troika– ha insistido en que se privaticen los servicios de agua en Grecia y Portugal, lo que parece contrario a la supuesta neutralidad de la Unión Europea en el tema de la propiedad y gestión pública o privada de los servicios colectivos de agua.1 Los programas privatizadores se imponen en un momento en el que hay poco apetito por la privatización del agua en los municipios a causa de las experiencias decepcionantes en Europa y el resto del mundo. Sin embargo, la Troika se ha aprovechado de la crisis financiera para promocionar la privatización como solución a los problemas de presupuesto a los que se enfrentan los Estados y municipios europeos.

Democracia frente a privatización

En 2012, grupos de la sociedad civil y sindicatos europeos pidieron a Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, que retirara las demandas de privatización de servicios públicos como requisito para conceder los préstamos de rescate.2 Ese mismo, año la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), que representa a ocho millones de trabajadores y trabajadoras, decidió impulsar una campaña para una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre el derecho al agua.

La ICE es una herramienta creada en el marco del Tratado de Lisboa, que permite a la ciudadanía europea reclamar a la Comisión que formule propuestas legislativas si se consigue la firma de un millón de personas. Se estableció una amplia alianza de sindicatos y ONG, llamada Right2Water,3 y se organizaron importantes campañas en muchos países. En noviembre de 2013, Right2Water se convirtió en la primera ICE de éxito, al recoger 1,66 millones de firmas válidas en 28 países de la Unión Europea. Right2Water tenía tres demandas: asegurar el derecho de todos los ciudadanos al agua y al saneamiento, que no se liberalicen los servicios de agua y obligar a la Unión Europea a redoblar sus esfuerzos fuera de Europa fomentando la cooperación entre organismos públicos.

En febrero de 2014, se celebró en el Parlamento Europeo una audiencia pública con todas las partes interesadas para discutir las demandas del comité ciudadano de Right2Water. Durante la audiencia, muchos eurodiputados criticaron a la Comisión por imponer condiciones de privatización a los países azotados por la crisis. La Comisión emitió una respuesta oficial el 19 de marzo y, aunque se mostró reacia a emprender cualquier acción legislativa –tal como proponía la ICE–, tuvo que reconocer a regañadientes que el agua es un “bien público” y que los gobiernos locales son los últimos responsables de proveer este servicio.4 El comité ciudadano de la ICE consideró que esta respuesta seguía siendo insuficiente y criticó a la Comisión por su falta de responsabilidad democrática.5

Mientras tanto, dando un giro de 180 grados, el comisario de la Unión Europea Michel Barnier había anunciado, en junio de 2013 que el agua se excluiría del proyecto de directiva relativa a concesiones de la Unión Europea. Barnier reconoció en una carta6 que esta decisión se vio influida por “la primera Iniciativa Ciudadana Europea y que 1,5 millones de personas firmen una petición sobre el agua”. La ICE Right2Water ha finalizado ya, pero la movilización continúa.7 Las lecciones de la ICE Right2Water son valiosas para el movimiento: la movilización de base visibilizó políticamente las demandas ciudadanas a escala europea y este logro nos permite continuar presionando a la Comisión para que instaure unas políticas distintas en torno al agua.

Tesalónica: resistencia local y solidaridad europea

Los planes para privatizar los servicios de agua en la ciudad griega de Tesalónica –aceptados por el Gobierno griego bajo presiones de la Unión Europea– han dado lugar a una fuerte oposición local. Varios alcaldes de la zona están dispuestos a comprar la participación del 51 por ciento de la compañía que estaba destinada a inversores extranjeros. Un grupo de ciudadanos y sindicatos, la Iniciativa 136, ha intentado incluso subvertir el proceso participando en la propia licitación. La Iniciativa 136 pide que el servicio público de agua, EYATH, se transforme en una cooperativa cuyos propietarios sean los usuarios y las usuarias.8 Esta ‘compra ciudadana’ tenía también la intención de incluir una gestión más democrática y participativa del servicio de agua. Por desgracia, esta propuesta original no fue aceptada por la agencia griega de privatización, TAIPED.

Al comprobar que los canales políticos oficiales no les aportaban ninguna influencia en el proceso de toma de decisiones, los opositores decidieron organizar un referendo popular sobre la privatización del agua en Tesalónica, inspirándose en iniciativas parecidas en Italia, España y Alemania. Ciudadanos y sindicatos se han organizado en torno a la coalición Soste to Nero para decir no a la privatización del agua y a la venta de EYATH. Presionados por los electores, varios alcaldes locales (incluido el de Tesalónica) anunciaron su apoyo al referendo y Soste to Nero pidió apoyo a nivel europeo. La FSESP encabezó la coordinación de los donativos financieros y de los voluntarios y voluntarias para participar en la iniciativa como observadores internacionales. El referendo tuvo lugar el 18 de mayo de 2014, coincidiendo con las elecciones locales, a pesar de los obstáculos planteados a última hora por el Gobierno griego. En el referendo participó un total de 218.002 ciudadanos y ciudadanas, y el 98 por ciento de estos votantes dijo no a la privatización.9

Suez Environment, la multinacional francesa, es la principal licitadora de los servicios de agua de Tesalónica, junto con la controvertida empresa israelí Mekorot. Los opositores esperan que el resultado del referendo les convenza para retirarse del proceso. “El pueblo ha hablado. Esperamos que el Gobierno griego, la Troika y los licitadores como Suez y su socio griego Ellaktor nos escuchen”, manifestó Jan Willem Goudriaan, vicesecretario general de la FSESP.

Lazio, Italia: alternativas nacidas de la resistencia

En marzo de 2014, el gobierno de Lazio –la región que incluye Roma, con una población total de 5,7 millones de habitantes– aprobó una ley regional que declara que el agua es un servicio de interés público y que, por lo tanto, no puede ser objeto de ninguna licitación pública obligatoria. Este es el resultado de una campaña larga y combativa, apoyada por una petición popular firmada por 37.000 ciudadanos y ciudadanas, y 40 municipios.

Como la población italiana rechazó la participación obligatoria del sector privado y que se sacara provecho de los servicios de agua en un referendo nacional en 2011, las campañas locales han continuado la lucha para aplicar este resultado a nivel local. En este contexto, la nueva ley en Lazio ha sido acogida como el ejemplo perfecto para implantar el espíritu del referendo. La ley facilitará la gestión del agua sin ánimo de lucro y animará a los municipios a introducir la participación pública en la toma de decisiones sobre su gestión.

Un movimiento europeo contra la privatización del agua

Las luchas por la justicia del agua en Europa han demostrado que la resistencia popular local y las estrategias europeas pueden reforzarse mutuamente para desafiar las presiones no democráticas cuyo fin es privatizar. Los referendos y otras formas de consulta popular como la ICE han resultado ser de una utilidad estratégica para denunciar las políticas de austeridad antidemocráticas. Estas iniciativas también han proporcionado una vía efectiva hacia nuevas formas de activismo, orientadas a una reapropiación de los servicios públicos por parte de la ciudadanía, a menudo en alianza con los sindicatos.

Por otro lado, están surgiendo propuestas concretas sobre cómo organizar el agua pública de forma democrática, lo que aporta un impulso adicional a la lucha contra la privatización. El intercambio de experiencias y el apoyo mutuo entre ciudades europeas y movimientos locales ha sido fundamental en los éxitos alcanzados. Las redes de servicios públicos como Aqua Publica Europea y las ‘asociaciones público-públicas’ ofrecen tanto una alternativa creíble a la privatización como una red paneuropea de apoyo para los movimientos locales de resistencia.

1. Article 345 of the EU Treaties (ex Article 295 EC) requires the Commission to be neutral on public or private ownership of companies: “The Treaties shall in no way prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership.” Article 345 TFEU (ex Article 295 EC)
2. http://www.tni.org/article/ec-stop-imposing-privatisation-water
3. http://www.right2water.eu/
4. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_en.htm5. http://www.right2water.eu/news/press-release-commission-lacks-ambition-r…
6. http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speeches/2013…. The directive would not directly force municipalities to privatise, but could lead to privatisation since municipalities that have some form of private participation in their water supply, even a small amount, would have to offer their water contracts for EU-wide bidding.
7. http://www.right2water.eu/news/campaign-%E2%80%98right2water%E2%80%99-ov…
8. It has been calculated that each household in Thessaloniki would have to pay 136 euros for a share in the water service, hence the name of the initiative.
9. http://www.epsucongress2014.eu/epsu-welcomes-resounding-no-water-privati…

Olivier Petitjean es co-fundador y editor del Observatorio de las Multinacionales, un website de investigación dedicado a monitorear los impactos de las empresas transnacionales francesas en todo el mundo. http://multinationales.org/

Satoko Kishimoto era participante activa de movimientos ambientalistas y juveniles de Japón en la década de 1990. Satoko comenzó a trabajar con el TNI en el año 2003, con ocasión del III Foro Mundial del Agua, celebrado en la ciudad japonesa de Kyoto. El TNI organizó allí un exitoso seminario sobre alternativas a la privatización del agua, que se convirtió en el punto de partida del proyecto Derecho al Agua.

 

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Cuando los dictadores son buenos

Sun, 29/06/2014 - 13:00

Pascual Serrano - www.mundoobrero.es

Mientras los gobiernos europeos y la élite gobernante acusan de ausencia de democracia a Venezuela, de ataques a la libertad de expresión a Ecuador o de atropello a las empresas a Argentina, se arrastran ante las cleptocracias del Golfo.

Dos informaciones el mismo día y en el mismo periódico (Expansión, del día 19 de mayo de 2014) muestran la hipocresía de los poderes políticos y económicos europeos. La primera de ellas (“El Rey don Juan Carlos anima a Arabia Saudí a apoyar a España”) es sobre la visita de Juan Carlos de Borbón, su esposa y tres ministros españoles al Palacio Real de Arabia Saudí para reunirse con el vicepresidente heredero, Moqren bin Abdelaliz. El objetivo era apoyar y facilitar las relaciones empresariales con la dictadura saudí, en especial el AVE entre Medina y La Meca, el metro de Riad y “otras obras de infraestructura portuarias y de transporte”. La ministra de Fomento, Ana Pastor, expresaba su orgullo por la participación española en “este gran proyecto”.

La otra noticia (“Deutsche Bank captará 8.000 millones y dará entrada a Qatar en su capital”) es que “Deutsche Bank ha recurrido a la familia real de Qatar para asegurar la colocación de la emisión de acciones”. Paramount Services Holding, el fondo de inversión de la familia real catarí inyectará 1.750 millones de euros. No es la primera vez que la cleptocracia de Qatar invierte su dinero en bancos occidentales. Según señala el diario, “Qatar Holding, el brazo inversor de Qatar Investment Authority, y Challenger, el vehículo inversor de Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani, el antiguo primer ministro del país [por supuesto también miembro de la familia real], invirtieron 6.100 millones de libras en Barclays en 2008”. “El fondo soberano de Qatar también tiene importantes participaciones en Credit Suisse, Bank of America y Agricultural Bank of China”, añade el periódico Expansión.

Mientras los gobiernos europeos y la élite gobernante acusan de ausencia de democracia a Venezuela, de ataques a la libertad de expresión a Ecuador o de atropello a las empresas a Argentina, se arrastran ante las cleptocracias del Golfo, son agasajados en sus palacios, les gestionan el dinero de su saqueo y recurren a las inversiones que las familias reales han amasado con el petróleo de su pueblo. Mientras los gobiernos europeos promueven resoluciones en el Europarlamento o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra los gobiernos latinoamericanos, las monarquías del Golfo pueden apropiarse de todos los ingresos del petróleo con su aplauso. Para ellos, cuando los gobiernos latinoamericanos elegidos en las urnas usan sus recursos naturales para mejorar su salud o educación son dictaduras que generan inseguridad jurídica para nuestras inversiones.

Su cinismo es tal, que si algún gobernante de la región no les gusta, sirio o libio por ejemplo, nos dicen que es un violador de derechos humanos y que debemos ir con nuestras bombas y aviones a socorrer a su pueblo. Para los de su agrado, como acabamos de ver, reservan las cajas fuertes de sus bancos y los brazos abiertos de nuestros ministros y monarcas.

Quizás va siendo hora de que nos demos cuenta de que nuestros bancos y nuestros gobiernos tienen en común con unos sangrientos dictadores más de lo que pensábamos.

 

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Antonio Aramayona: “Soy un perroflauta motorizado”

Sun, 29/06/2014 - 09:00

Raúl Gay - eldiario.es

Hay en Zaragoza un señor en silla de ruedas que cada mañana se planta delante de un portal. No pide limosna: pide una educación pública de calidad. Se llama Antonio Aramayona, @antaramayona, es profesor jubilado y su cara se ha convertido en los últimos meses en parte del paisaje del centro zaragozano. Cada mañana se coloca delante de la vivienda de la consejera de Educación, Dolores Serrat (PP). Nada más. Aparca su silla frente al portal, cuidando de no tapar el escaparate de la tienda contigua, y espera.

Espera a que la consejera le atienda, espera a que le escuche, a que cambie sus políticas de recortes… y espera a ser multado. Porque en la España de 2014 manifestarse está cada vez más complicado: no sólo arrestan a piquetes o a personas que llevan una bandera republicana, no sólo multan a quienes gritaban contra los recortes en una marcha ciudadana. También multan al retrón que se coloca 2 horas al día delante de un portal.

A final de 2013, Delegación del Gobierno sancionó con 200 euros al antiguo profesor. En el escrito, le acusaban de “presunta responsabilidad en negativa a abandonar el portal de la consejera de Educación a requerimiento de los agentes denunciante”. Ahora la policía le espera en la puerta de la consejera y amenaza con imponerle una multa diaria, por desobediencia. Antonio Aramayona no replica a los agentes ni recurre estas sanciones. Tampoco paga. En su momento, explicó por escrito a Delegación los motivos de su protesta.

No está solo. Cada día, se suman personas en su protesta. Le hacen compañía durante un rato, charlan y se hacen una foto, que luego sube a su blog ( disclaimer: fui una de esas personas la pasada semana). Cuando cumplió 1 año de protesta, decenas de ciudadanos se acercaron para mostrar su apoyo.

Aramayona responde vía email a las preguntas:

¿Cómo te describirías?

Soy un perroflauta motorizado, sin flauta y sin perro, pero con una silla de ruedas con motor. Mi discapacidad, hace más de ocho años, fue tasada en el 65%. Desde esa fecha hasta ahora me ha dado un ictus, un infarto y ya tengo angina de pecho estable. He pasado trece veces por quirófano y he sufrido varias amputaciones, principalmente la pierna derecha por encima de la rodilla.

Soy un perpetuo aspirante a filósofo, intento constantemente aproximarme al mundo y a la vida con otra mirada. He procurado siempre enseñar apasionadamente filosofía y ética en distintos Institutos de Secundaria de Madrid y Zaragoza.

Durante 20 años he estado escribiendo cada semana un artículo de opinión en El Periódico de Aragón, colaboro en otras publicaciones, principalmente sobre educación y política, y he escrito unos cuantos libros.  Soy socio activo, entre otras asociaciones, de ATTAC, DMD y Europa Laica. Desde 2007, mi vida va sobre ruedas.

¿Cómo surge esta forma de protesta?

Respetando las formas tradicionales de protesta -manifestaciones, concentraciones, escritos…- considero que estar diariamente en plena calle y apostado en el portal del político responsable directo de unas medidas que atentan contra algunos servicios sociales básicos y esenciales es la forma más contundente y efectiva, dentro de la noviolencia, de defender la escuela pública y denunciar los recortes educativos o cualesquiera otros derechos fundamentales y libertades ciudadanas.

¿Cuáles son los problemas de la educación en Aragón?

Los mismos que en cualquier otra parte del país: recorte en becas de comedor, de adquisición de material escolar, masificación en las aulas, reducción del profesorado, recortes en presupuestos, estructuras y servicios, becas universitarias… Hay que añadir el problema de las localidades con escasa población, cada vez más envejecida, que requieren educación para sus niños y niñas con la misma calidad y dedicación, en un marco geográfico muy extenso.

¿Qué pides a la consejera?

Que rectifique en los recortes perpetrados, que potencie verdaderamente la escuela pública en lugar de la privada/concertada/confesional, que se vaya unas semanas a un rincón perdido del Pirineo y piense en la diferencia entre instrucción y educación, que en un centro de enseñanza deben impartirse conocimientos racionales y científicos, y no creencias.

Le pido también que confeccione su propio cartel y se aposte en el portal del domicilio de alguno de sus jefes del Partido Popular para exigir una política fiscal en la que paguen los ricos, las grandes empresas y entidades financieras, pues en tal caso habría dinero de sobra para conseguir una escuela pública y laica de calidad, así como unos servicios cabales y positivos en educación, sanidad, pensiones, atención a la dependencia, etc.

¿Has llegado a hablar con ella, aunque sea cuando entra a su casa?

Una mañana masculló un “buenos días”, como respuesta a mi “buenos días” mientras abría el portal, siempre escoltada por unos cuantos guardaespaldas. Otra mañana, creo que me dijo “hasta luego” al salir rauda y veloz del portal. La he visto otras veces fugazmente con algunos familiares, pero no ha saludado. Ni siquiera ha preguntado qué hacía allí o qué quería aquel perroflauta motorizado.

¿Vas a pagar las multas?

No. Esas multas están impuestas por defender un derecho fundamental: el derecho a una educación universal, pública, laica, gratuita en todos los ámbitos y aspectos, sin discriminaciones y en igualdad de condiciones.

El poder que impone esas multas ha adoptado antes unas medidas atentatorias contra ése y otros derechos fundamentales. Ese poder se convierte por ello en ilegítimo, al igual que son ilegítimas sus acciones sancionadoras.

Ni pago, ni reconozco, ni recurro esas multas. Que detraigan ese dinero de mi pensión. Así quedará aún más flagrante que se trata de un expolio, de un robo.

¿Te has sentido apoyado este año?

Raramente he estado solo en ese portal de la consejera aragonesa de Educación. Durante esos trece meses hemos recibido muchos ánimos y muchos apoyos. Estoy plenamente convencido de que somos millones los ciudadanos y las ciudadanas disconformes con los recortes efectuados en educación por el Gobierno del Partido Popular.  Quiero subrayar especialmente la presencia casi constante en el portal de Marisol Ibáñez y Marga Ribas, igualmente sancionadas y citadas al juicio del 3 de julio.

¿Has recibido críticas de otros ciudadanos?

Sí, no nos ha faltado de nada. Dejando aparte a algunas personas de ideología rayana en el fascismo y el franquismo puro y duro, no son pocas las personas que han mostrado su disconformidad con nuestras demandas sobre una educación pública o laica o ambas. Insultos ha habido, pero de forma excepcional.

Curiosamente, jamás nos ha insultado alguien mirándonos a la cara; quienes insultan lo hacen pasando velozmente y sin detenerse.

¿Hasta cuándo estarás en el portal de la consejera?

Hasta que la educación de este país sea realmente pública, laica y de calidad. Hasta que me resten fuerzas y vida. Hasta que la educación sea reconocida como un derecho inalienable, intocable y fuera de cualquier parámetro contable economicista, pues de ella depende el presente y el futuro de su ciudadanía, de cualquier edad y condición.

Hasta que en la educación queden incluidos todos y cada uno de los aspectos y ámbitos de la formación cabal e íntegra de cada persona y la educación sea considerada un derecho y una obligación intocables, inalienables, realmente generadora de personas libres, autónomas, críticas, solidarias, deseosas de saber y de conocer.

Antonio Aramayona es miembro de ATTAC España

La Utopía es posible

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¿En qué consiste la exención de plusvalía en la dación en pago de la reforma fiscal de Montoro?

Sun, 29/06/2014 - 07:00

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Como más de un lector del blog me ha preguntado en qué consiste exactamente la exención de plusvalía en la dación en pago que recoge la reforma fiscal de Montoro, ofrezco aquí una explicación sencilla y breve para que pueda ser entendida fácilmente por cualquiera.

Imaginemos que una persona compra una vivienda por 200.000 euros. Una vez transcurra el tiempo, el precio de mercado de la vivienda (que es el precio al que se podría vender porque alguien lo pagaría para comprar la casa) cambiará (normalmente al alza, especialmente en épocas de burbuja inmobiliaria). Si este propietario decide vender o regalar la casa, tendrá que pagar impuestos por el aumento en el precio de la vivienda, porque se supone que si el precio de la vivienda ha aumentado, el propietario se ha lucrado. Supongamos que para entonces el precio ha aumentado a 230.000 euros. Entonces la plusvalía (ganancia patrimonial) es de 30.000 euros, que es el aumento en el precio de la casa desde la compra hasta el cambio de titularidad (lo que el propietario “ha ganado” gracias a la tenencia de esa propiedad). Esa cantidad será la base para luego aplicar el impuesto que habrá de pagarse.

La legislación tributaria obliga siempre a pagar impuestos por ese concepto de plusvalía (tanto por IRPF como por plusvalía municipal). Se entiende que el propietario tiene ahora más riqueza y por lo tanto tiene que pagar impuestos por esa nueva riqueza. Esto también afectaba a aquel propietario de la vivienda que quería entregarla para poder saldar sus deudas hipotecarias (dación en pago). Algo que se considera injusto porque esa persona no era precisamente “más rica” sino todo lo contrario: busca vender la casa porque no tiene suficiente dinero para pagarla de forma íntegra.

En junio de 2012 se reformó la legislación de forma que si el propietario que entregaba las llaves de su casa no tenía ningún tipo de ingresos, sólo una vivienda en propiedad, y una deuda hipotecaria contraída para comprar la casa, quedaba excluido de pagar impuestos por la plusvalía. Se trataba de favorecer (un poco) a los que menos recursos tenían. El problema era que no afectaba a todos los hipotecados: por ejemplo, con que un miembro de la unidad familiar tuviera algo de ingresos (por muy exiguos que fuesen) o con que la casa se hubiera hipotecado para montar un negocio y no para adquirirla, se seguirían viendo obligados a pagar el impuesto por la plusvalía.

Con la nueva reforma fiscal de Montoro podrán librarse de pagar este impuesto (tanto en IRPF como en plusvalía municipal) todos aquellos propietarios que no tengan suficientes bienes para saldar la deuda y evitar la entrega de la vivienda (no sólo los que cumplan los requisitos mencionados antes). Es decir, se extiende esa bonificación fiscal no sólo a los hipotecados más extremos sino a todos los hipotecados que no tengan suficiente dinero para pagar la hipoteca. Se trata de una noticia positiva en términos fiscales para estas personas, pero claramente insuficiente: el hecho de pagar un poco menos de impuestos a la hora de entregar las llaves de tu casa no soluciona el drama económico y social que supone tener que abandonar tu propia casa por no poder pagar la hipoteca.

Saque de Esquina

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¿Democracia participativa en un movimiento electoral?

Sat, 28/06/2014 - 18:00

Tomás Rodríguez-Villasante – Periódico Diagonal

Entendemos que la estructura que se propone más adelante es una vía mixta entre un sistema electoral con primarias, basado en los votantes, pero con poca articulación de los activistas y sus posibles deliberaciones y aportaciones; y por otro lado un sistema de círculos de activistas –lo que llamamos “grupos motores” nosotros– cuya función suele ser más el dinamizar las democracias de base que el representar a la gente. Un sistema democrático es bueno que tenga distintas instancias de poderes según lo que se requiere para las distintas tareas que se han de realizar, y que por definición son complejas. Ni parece conveniente que haya un solo comité, círculo, o grupo decisorio de todo; ni que los grupos o círculos de base se erijan en representantes, cuando son voluntarios y no elegidos. Una asamblea local puede llegar a un 5% o máximo 10% de la población, y esto ya estaría muy bien. Pero si se quiere llegar al 99%, o al menos al 66% de simpatizantes de un proceso de cambio, hacen falta sistemas más abiertos de legitimidad. No es bueno confundir los sistemas electorales y representativos, con los sistemas de activistas surgidos de las iniciativas de la gente. Los dos son necesarios, cada cual tiene caminos experimentados y se pueden articular. Da igual que el comité o círculo de delegados venga de los círculos de base o de primarias, igual se puede burocratizar, y hay ejemplos históricos de sobra. Lo que parece necesario es mantener las diversas vías de legitimación abiertas y complementarias. Y estas vías o columnas de trabajo pueden ir cumpliendo diversas actividades, tanto institucionales como instituyentes. Lo que es más complejo es cómo se articulan entre sí según las circunstancias.

Un sistema alternativo puede tener unas bases asamblearias, pero sin mitificarlas. Por ejemplo, para que pueda participar mucha gente no deben ser más de 2 o 3 asambleas al año, y con propuestas claras de temas y funcionamiento. Pueden tener varias partes en su desarrollo, donde además de una explicación inicial y de rendición de cuentas, puede haber luego un reparto en grupos pequeños que puedan analizar y proponer, para al finalizar tomar algunas decisiones que sean centrales hasta la siguiente Asamblea por lo menos. Los electos, los círculos o los asesores, deben rendir cuentas y pueden hacer propuestas, y sobre estas se puede abrir los debates, con una dinamización adecuada, a un publico más amplio que los activistas, siendo lo más inclusivos posible. Si los círculos, por ejemplo, recabaron iniciativas de sectores de la población no organizados o de movimientos, éstas pueden enriquecer los debates y las propuestas.

Una “democracia de iniciativas” es mucho más interesante y democrática que solo una “democracia de control”. Si solo nos planteamos controlar a los electos, del propio partido o de otros, ya les estamos dejando toda la iniciativa a los que han salido representantes, y solo queda ver si lo hacen bien o mal y cambiarlos. Lo que se propone con las iniciativas de base –en los mejores sistemas de las planificaciones participativas se hace– es partir de la agenda de la gente, al menos para los asuntos más de fondo (programas, planes anuales), y debatir cómo se pueden articular y viabilizar. Esta es una base no tanto para resolver los problemas del día a día, sino para no desviarse del proceso de fondo, contando con las aportaciones más amplias posibles.

La tarea de los “grupos motores” no suele ser tratar de ser representativos, sino activos. Esta es una función esencial que prueba la dinámica no clásica de un movimiento. Si la gente quiere ser representativa debe presentarse a elecciones de tipo primario o definitivo, pero hace falta mucha más gente que no quiera esa función sino la de dinamizar los procesos. Y hay mucha gente dispuesta a estas funciones de formación-acción, de activismo en movimientos, de preparar los debates para programas y planes, etc. Si solo hay personas dispuestas a ir en las listas electorales, eso es un partido clásico, y tendrá el mismo futuro que los otros partidos que ya se conocen. El ritmo de estos grupos o círculos no puede ser de reuniones muy frecuentes, pues la gente tiene otras cosas que hacer –trabajos, movimientos, familiares, etc.–, pero al menos mensualmente deben seguir con las actividades que se auto-programen.

Otra cosa es una agenda del día a día, pues muchos problemas se plantean sin estar previstos. Un movimiento que quiera resolver los problemas de la gente ha de tener sistemas ágiles de respuestas. Una cosa es el poder ‘legislativo’, de ‘planificación’, o el ‘judicial’ que puede tomarse sus tiempos de deliberación y resolución, y otra cosa es contar con un ‘ejecutivo’ que resuelva cotidianamente. Es claro que el ‘ejecutivo’, los candidatos electos, han de seguir el programa, los planes, que se han debatido en las asambleas a propuesta de los círculos, y que han de rendir cuentas de sus actuaciones dentro de ese marco. Pero en el día a día han de tomar muchas resoluciones que no pueden esperar a los ritmos más lentos de las asambleas o de las primarias. En ese sentido han de tener una cierta autonomía para interpretar los acuerdos previos programáticos. Pero como puede haber fallos ha de ser posible tanto la revocación –si es grave la decisión– como la rotación para no acostumbrar a las personas sentirse como profesionales de la política.

Las candidaturas electorales son personas que se infiltran en un sistema que no está pensado desde la participación activa de los sectores de base. En ese sentido han de cumplir perfiles mediáticos para poder ser elegidos, pero al tiempo han de responder a mandatos ‘imperativos’ para que no se acostumbren a actuar por su cuenta. Los grandes problemas que hay que resolver tienen que ver con que las personas más persistentes en las reuniones, y más maquinadoras para conseguir puestos, suelen medrar en los partidos, y suelen acabar por imponer sus clientelas de arriba abajo. Practicar una buena formación-acción de base, vínculos con los movimientos sociales, y rendición de cuentas pueden ser formulas para que se aminoren estas tendencias elitistas. Y como se ha de contar con asesores, pues cada cual no sabe de todo, que estos equipos de asesores del día a día sean mixtos, pues la inteligencia colectiva es también un valor que deben aprender los cargos electos igual que las demás personas.

Asesores mixtos es una forma de formar equipos donde algunos expertos en algunas temáticas –medios de comunicación, legislación, economía, formación, etc.– pueden articularse con delegados o voluntarios que surgen de la base social, es decir, de los círculos y asambleas. Según los recursos disponibles habrá algunos profesionales pagados para estas funciones, pero puede haber otros que sean voluntarios. La complejidad jurídica de los sistemas en donde están infiltrados los electos los van a coartar por todos lados. Por eso han de actuar con doble eficiencia: hacia dentro de las instituciones con expertos en ellas para no quedar bloqueados; por fuera de las instituciones para seguir construyendo formación-acción con la gente y con los movimientos. Y en esta segunda parte tanto los asesores como los grupos motores suelen jugar un papel fundamental de extensión.

Propuesta

Es posible compatibilizar las vías para las tomas de decisiones ejecutivas del día a día con las deliberativas de participación social sobre formación, vinculación con movimientos y programas, que pueden realizarse en tiempos más dilatados. Proponemos cuatro vías de actuación o columnas de trabajo en paralelo que pueden interrelacionarse entre sí.

A) Candidaturas. Como se ha venido haciendo se basan en sistemas de primarias abiertas. De donde saldrán responsabilidades de gobierno o de oposición. Según los resultados que se obtengan en las distintas elecciones habrá ingresos para garantizar el funcionamiento de toda la estructura.

B) Asesorías. Pueden haber tres o más equipos asesores pero consideramos imprescindibles un equipo multimedia, otro jurídico-económico y un tercero de formación-acción para dinamizar círculos y asambleas para ir introduciendo un estilo de democracia participativa. Cada equipo debería contar con personas especialistas –profesionales y/o activistas– y algunos delegados/as de los círculos con experiencia en los respectivos temas. Se regirán por un ‘libro de estilo’ acorde con los principios de la democracia participativa. Los equipos deben existir al menos a nivel federal, autonómico y de grandes municipios. Habrá que evaluar qué gastos llevaría su funcionamiento.

C) Círculos. Una primera tarea sería la de Formación-acción para la dinamización local o del sector temático correspondiente, y recoger las iniciativas que surjan desde la gente, de abajo hacia arriba. La segunda tarea sería la vinculación con movimientos sociales de acuerdo a estrategias locales partiendo de mapeos de los procesos existentes. Una tercera tarea puede ser debatir los programas de Podemos y preparar planes anuales operativos. Las personas pertenecientes a los círculos de Podemos deberán hacer constar alguna forma de identidad y conexión para hacer posible las tareas y el estilo acordado.

Los círculos deberán impulsar la formación y debates presenciales e incluir algún sistema telemático para incorporar el máximo de personas e iniciativas.

Los acuerdos de cada círculo se comunicarán mediante una ficha preestablecida a los círculos de coordinación autonómica o federal.

Es conveniente que haya círculos de ámbito local, autonómico y federal. Al menos en estos últimos debería haber círculos por sectores temáticos.

Desde los ámbitos federal y autonómico se les preguntará a los círculos locales sobre las cuestiones programáticas y de planificación.

D) Asambleas. Se realizarán en torno a dos asambleas a lo largo del año, con la finalidad de establecer rendición de cuentas de candidatos/as, asesores/as y círculos; y para la aprobación de programas y priorizar planes operativos anuales. Otra tarea de estas asambleas puede ser la elección de delegados/as para formar parte de los equipos asesores y para los círculos autonómicos y federales. Estas delegaciones serán rotativas periódicamente, y pueden ser revocadas por las asambleas.
El funcionamiento de las asambleas puede ser mediante talleres abiertos a la población en base a las propuestas presentadas por los distintos círculos.

Se trata de un debate que precisa de adecuación a las prácticas más que a teorías previas que nos suelen hablar de lo que no debemos hacer más que de lo que ha sido un éxito.

Tomás Rodríguez-Villasante Prieto es activista, profesor emérito de la UCM y miembro del CIMAS

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Lo que el Presidente Barroso se calló

Sat, 28/06/2014 - 13:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España 

En la última reunión de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Presidente de la Comisión Europea, el Sr. José Manuel Durão Barroso, después de haber ofrecido el discurso oficial, y durante el periodo de preguntas y respuestas, dio su versión del porqué España está en la situación en la que se encuentra. Según el Presidente Barroso, España sufre la mayor crisis financiera y económica que ha tenido durante su época democrática, con un desempleo enorme (el más elevado de la Unión Europea junto con Grecia), debido a la incompetencia del Banco de España e, indirectamente, del gobierno Zapatero, que no supieron prever la burbuja inmobiliaria, suspendiendo en su responsabilidad como reguladores de las instituciones financieras españolas. Según el Sr. Barroso, y en contra de lo que el Presidente Zapatero había indicado en múltiples ocasiones de que “el Banco de España era el mejor del mundo (…) y que el sistema financiero español era el que estaba en mejores condiciones” (una percepción, por cierto, ampliamente sostenida por el establishment español, es decir, la estructura de poder financiero, económico, y mediático del país), tanto el Banco de España, BE, como el gobierno Zapatero habían fracasado tanto en la percepción del estado del sector financiero español como en su comportamiento como agentes reguladores del sector.

Es refrescante ver a una autoridad como el Sr. Barroso hacer una declaración de este tipo, señalando directamente y sin tapujos que el Sr. Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) no había hecho bien su trabajo y que él, nombrado por el gobierno Zapatero, y el Banco de España eran los responsables del inicio de la crisis financiera que nos llevó a una crisis económica de primera magnitud.

Como era de esperar, el establishment financiero y político español se ha levantado en armas (simbólicamente hablando) para defender a MAFO y al BE frente a estas acusaciones. Dicha respuesta ha sido liderada por el mayor banquero del país, el Sr. Emilio Botín, que dirige el mayor banco del país y uno de los más grandes de Europa. Todos, unánimemente todos, han criticado al Sr. Barroso y defendido a MAFO y al BE, indicando que el comportamiento de ambos fue ejemplar. Ni que decir tiene que admiten que puede que se hicieran algunos errores de menor importancia, pero por lo demás, el BE actuó como tenía que haber actuado, como el competente regulador de las instituciones financieras del país. Es un indicador de la simbiosis y complicidad de las instituciones reguladas y de la agencia que las regula que, incluso hoy, el sector financiero no admita ninguna responsabilidad, defendiendo al BE, que en realidad ha demostrado ser un lobby de la banca.

La predecible “incompetencia” del Banco de España

Ahora bien, era obvio que, como unos pocos señalamos (ver las páginas económicas de los blogs de Juan Torres, www.juantorreslopez.com, y Vicenç Navarro, www.vnavarro.org, así como el libro de Vicenç Navarro y Juan Torres, Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero, Editorial Espasa), el gobernador del BE y el equipo dirigente de esa agencia reguladora (nombrados políticamente) estaban haciendo una labor pésima. En realidad, y en contra de lo que constantemente acentúa la sabiduría convencional (de que es difícil prever las burbujas), la aparición de la burbuja inmobiliaria era fácil de prever (y hubiera sido fácil desinflar). Los propios técnicos del Banco de España habían alertado ya en varias ocasiones del peligro de que se generara tal burbuja, criticando la excesiva complacencia y pasividad del BE, dirigido por sus gobernadores Jaime Caruana, nombrado por el Presidente Aznar, y MAFO, nombrado por el Presidente Zapatero.

Repito que no era difícil ver que algo no funcionaba bien. Es decir, que se estaba generando una burbuja enorme. A los estudiantes de Políticas Públicas se les enseña, ya en el primer año, que si los precios de la vivienda crecen mucho más que los salarios, el sector financiero tiene un problema grave. Aparece lo que se llama una burbuja. Y esto era lo que estaba pasando en España. En realidad, las rentas del trabajo como porcentaje del PIB (que en España son el mayor motor de la economía, pues son el centro de la demanda) iban bajando, no subiendo, lo cual determinaba su necesidad de endeudarse. De ahí el enorme crecimiento del sector financiero y su gran rentabilidad (que atrajo a la banca europea, sobre todo alemana y francesa). Fue este crecimiento, la burbuja, la que, al explotar, creó la gran recesión. Y era sumamente fácil ver que ello iba a ocurrir. Solo el establishment financiero, económico, político y mediático español, adicto al dogma neoliberal, no vio (o no quiso ver) lo que se le venía encima.

Que el gobierno Aznar no viera que se estaban creando las bases de este problema era predecible. Su ideología neoliberal era la esencia de su ser. Lo que es más preocupante es que fuera un gobierno, en teoría socialista, el que también compartiera dicho dogma. Es más que sorprendente que todos los economistas de la administración Zapatero fueran del pensamiento neoliberal (como resultado de sus orígenes, enraizados en el sector financiero). MAFO fue muy representativo de este tipo de economistas. Su fe neoliberal explica no solo su pasividad frente a las alarmas que le hacían llegar sus técnicos, sino su énfasis en desregular el mercado de trabajo (un tema que, por cierto, no le correspondía por su responsabilidad institucional). La reforma laboral que MAFO deseaba, encaminada a reducir los salarios (aunque nunca esa reforma se presentó como tal), y que el gobierno realizó, empeoró todavía más la situación, como los hechos han demostrado.

Valga añadir que cuando yo alerté en El País (en la época en la que todavía no se me vetaba en tal rotativo) de que el descenso de las rentas del trabajo estaba creando un problema económico grave, todos los que eran o habían sido personajes del equipo de Zapatero me contestaron negando que ello fuera cierto. Lamento, por España, que los hechos hayan mostrado que era yo el que llevaba razón. Las facilidades en el crédito contribuyeron a que las familias se endeudaran. Pero detrás de ese endeudamiento estaba su necesidad de hacerlo como consecuencia del descenso de sus rentas.

Lo que Barroso se calló

Mientras que Barroso llevaba razón en su crítica al BE por lo ocurrido en España, no la tenía cuando eximió a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al gobierno Merkel de cualquier responsabilidad por lo ocurrido en España. En realidad, estos comparten en gran medida las responsabilidades por la crisis. La evidencia de que ello es así es hoy robusta y abrumadora. La Comisión Europea fue la que, con sus políticas neoliberales impuestas a España, empeoró la distribución de las rentas, favoreciendo a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando, como ya he indicado, el problema de demanda que estuvo detrás de la bajada del crecimiento económico y, más tarde, de la recesión. El Banco Central Europeo, el mayor lobby que tiene la banca europea, dominada por la alemana, dejó a los Estados sin ninguna protección frente a la especulación de los mercados financieros (es decir, la banca), y el gobierno alemán fue el que protegió a la banca alemana, que acumuló enormes beneficios debido a su participación en el expolio de España, a base de su colaboración en las actividades especulativas. Es más, hoy dicho gobierno continúa siendo el mayor promotor de las políticas de austeridad, llevando a los países periféricos de la eurozona al austericidio. Todo esto, el Sr. Barroso no lo citó.

Artículo publicado en Público.es
vnavarro.org

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Parar el crimen globalizado

Sat, 28/06/2014 - 09:00

Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

-Sofía, ¿y qué dijo Obama a tu reclamación?

Cuando le contó de los cánceres y leucemias de los niños y niñas de su barrio en Córdoba (Argentina), de los abortos de sus vecinas, cuando le mostró las fotos de malformaciones y le explicó cómo anda la gente con pañuelos en el rostro para disimularlas. ¿Qué le respondió el presidente más poderoso del mundo cuando Sofía le interpeló?

Con todos esos precisos detalles se lo pudo explicar, pues Sofía Gatica, recibida por Obama tras ser reconocida con el premio Goldman (el premio nobel alternativo), tiene memoria y no tiene miedo. Tiene vivencias que duelen, eso tiene. Pero realmente, ¿qué tiene Obama? ¿Miedo o en su en su defecto incapacidad para enfrentarse a una corporación estadounidense como Monsanto? Porque los campos que rodean el barrio de Sofia y muchos millones de hectáreas por otros lugares, son campos de soja transgénica de Monsanto que varias veces al año son fumigadas dede avionetas con el glifosato, pesticida también propiedad de Monsanto. Un negocio de muchas cifras responsable de lo que un informe del Ministerio de Salud cordobés ha corroborado: en las zonas donde se siembran transgénicos y se utilizan sus agroquímicos, la tasa de cáncer duplica al promedio nacional.

Para doblegar ese miedo, para construir capacidad es que esta semana nos movilizamos.

Por los pueblos fumigados de Argentina; por las más de mil costureras muertas en el derrumbe de las fábricas textiles en Rana Plaza (Bangladesh) donde sus manos y horas servían hacinadas a los intereses de grandes corporaciones del textil; por los 34 mineros muertos a tiros de la policía que defendió con puntería, en Marikana, al noroeste de Sudáfrica, los intereses de la multinacional Lonmin Platinum; por las comunidades que en Chiapas ven como Coca Cola es quien mejor y mayor acceso tiene al agua potable; por quienes, como esclavos del s.XXI, permanecen años a bordo de barcos thailandeses en faenas de captura de pescados que alimentarán a los langostinos criados en piscifactorías de grandes multinacionales y que se convertirán en coloridos coktails de platos de medio mundo; por las aves que caen, los peces que se ahogan, los árboles que lloran, las gentes que huyen de sus selvas en cuanto Shell, Chevron o Repsol ponen sus zarpas en ellas.

Por tanta Vida afectada por las corporaciones, urge adoptar medidas efectivas que permitan controlar sus ansias y sus codicias.

Porque no sólo es que Obama tenga o no tenga voluntad de detener los atropellos de una multinacional sino que la legislación existente está pensada para todo lo contrario, para aplanar las sendas de estos mastodontes insensibles. Si avanzan tan rápido, invictos e inviolables, también es por dos motivos. El primero, una «arquitectura de la impunidad» que, como una cuadrilla de guardaespaldas, les otorga una protección total mediante acuerdos incluidos en los tratados de libre comercio o las reglamentaciones de instituciones internacionales como el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio. El segundo, ese mantra capitalista, esa fe neoliberal que, anunciando que el interés propio es el mejor mecanismo para promover el interés general, viste a estas multinacionales con trajes acorazados.

Un primer paso puede darse gracias al empeño de muchas organizaciones y movimientos sociales y su campaña http://www.stopcorporateimpunity.org/ centrada en presionar la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que esta semana se está celebrando en Ginebra, y que incluye, en uno de los puntos a tratar, el debate sobre la “instauración de mecanismos eficaces para el seguimiento y evaluación de los impactos generados por las grandes corporaciones”. Y sobretodo puede permtir dar los primeros para la urgente necesidad de construir propuestas valientes y concretas para garantizar que el cumplimiento de los derechos humanos sea norma inviolable por parte de las empresas transnacionales.

El reto es claro: obligar a quien no quiere ser obligada a respetar lo que no quieren respetar.

Artículo publicado en La Jornada de México

Palabre-ando

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La patria desmoronada

Sat, 28/06/2014 - 07:00

Luis García Montero – Comité de Apoyo de ATTAC España

El patriotismo es un sentimiento sobre el que conviene desconfiar. Dan miedo las cosas que a lo largo de la historia se han justificado en nombre de las patrias. Pero incluso los menos permeables a las consignas patrióticas necesitamos un grado de vinculación sentimental con la sociedad en la que vivimos. Es importante que nos salude con simpatía el portero del edificio, nos trate bien el camarero del café a media mañana, nos merezcan un mínimo de respeto las instituciones y no nos provoquen vergüenza los políticos que protagonizan las noticias de la radio o del televisor.

Vivir en España significa ahora recordar una y otra vez el famoso soneto de Quevedo: “Miré los muros de la patria mía, / si un tiempo fuertes ya desmoronados”. Muy fuertes no han sido nunca los muros de la España en la que me ha tocado vivir, pero incluso alguien tan poco patriota como yo ha podido sentir alegría durante años al comprobar que el país moderaba su dependencia de la caverna, dignificaba su cultura, su educación, su sanidad, y vivía en busca de unos derechos cívicos decentes. Ay, la vida es sueño, por pasar de Quevedo a Calderón. O esperpento, por pasar de Calderón a Valle-Inclán.

Miro a España y veo índices espectaculares de pobreza infantil, familias angustiadas y condenadas a la marginación, una brecha entre ricos y pobres cada vez más grave y un futuro laboral mezquino para los jóvenes. Veo también infantas imputadas, políticos corruptos, partidos con dinero negro, cuentas en Suiza, sindicalistas en la cárcel, recortes, universidades estranguladas, colegios con alumnos desnutridos, hospitales en los huesos, políticos precocinados y muchas, muchas mentiras. Resulta difícil no tener el sentimiento de sobrevivir en una nación desmoronada.

Supongo que hay quien disfruta con el espectáculo. A mí no me divierten las desgracias de una infanta, ni las vergüenzas de un mal alcalde cazado, ni los ridículos de un Tribunal de Cuentas, ni las sospechas que planean sobre la Justicia. Me duele, además, la dimisión de un eurodiputado amigo como Willy Meyer, persona a la que quiero y respeto. Todo me desmorona, me desordena, me entristece.

Y en este desmoronamiento la cara suele tener una cruz que profundiza el mal. Las prisas del Gobierno por aforar al Rey Padre serían una simple discusión de procedimiento si no apuntasen de lleno a la realidad oxidada de la Justicia española, algo de difícil solución y más graves que los deslices del ciudadano Juan Carlos de Borbón. El Gobierno desconfía de la independencia de un juez honrado y desvía los posibles casos al Tribunal Supremo, porque sabe que el poder judicial no es independiente en España y está al servicio de los partidos del Régimen. Esto sí envilece la vida democrática: las sospechas de un Gobierno sobre los jueces de la nación y su confianza razonable en la actitud sumisa del Poder Judicial.

Sospechas y confianzas, todo revuelto en el país desmoronado. El Gobierno pervierte el lenguaje para mentir y mancha con una trampa lingüística todo lo que toca. Afirma que defiende los derechos de la mujer cuando promueve una ley sobre interrupción del embarazo que supone una agresión dogmática sobre su libertad. Vende como medida electoralista una reforma fiscal y una rebaja de impuestos que en realidad suponen nuevos privilegios para las rentas más altas y nuevas infamias contra la clase media y los sectores más débiles de la sociedad. Llama responsabilidad de Estado a la perpetua improvisación en manos de unos insensatos.

Sus actitudes desacreditan la política, generan lodo. Pero el lodo juega a su favor. La gente desprecia la política, opina de manera suicida sobre la inutilidad de la política, olvidándose de que la política es muy eficaz a la hora de preparar las corrupciones, humillar a la Justicia y generar medidas que favorezcan la acumulación de la riqueza en pocas manos, la degradación laboral y el empobrecimiento de la mayoría.

Por eso hay tristezas que dan calor. Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, acaba de dimitir al hacerse público que participó en un plan de pensiones facilitado por el Parlamento Europeo. Dinero en una SICAV y en paraísos fiscales… En el mismo plan han participado Arias Cañete, Rosa Díez, Elena Valenciano y otros muchos diputados europeos. Puede tratarse de una costumbre, un malentendido, un desconocimiento, un error, una mezquindad más de la eurozona. En cualquier caso, se trata de un asunto que no es asumible así como así en una idea ética de la democracia. Sin poner en duda la decencia de la persona, se puede reconocer la inconveniencia de la práctica. Y eso es lo que ha hecho Willy Meyer al dimitir, demostrando que no todos los políticos son iguales. No son iguales, como tampoco son iguales sus votantes. Una decisión sólida en medio del desmoronamiento.

Artículo publicado en Público.es

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Argentina: El fallo de la Corte Suprema de EEUU y los “fondos buitres”, paradigma de la estafa de la Deuda Pública

Fri, 27/06/2014 - 18:00

María Elena Saludas – Coordinadora de ATTAC Argentina

El lunes 12 de junio 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos se expidió con un fallo adverso hacia Argentina, dando a conocer su decisión de no abordar el caso sobre un supuesto trato discriminatorio del Estado argentino entre los bonistas que ingresaron al canje y los que eligieron la vía del litigio.

Apenas 48 horas después el máximo tribunal decidió levantar la suspensión (stay) de las medidas cautelares “pari passu” (tratamiento igualitario entre acreedores). Esta cláusula conocida, también, como RUFO (Rights Upon Future Offers), que vence en enero de 2015, garantiza a quienes ingresaron al canje de deuda (2005/2010) recibir iguales mejoras que las que reciban los holdouts (los que no ingresaron).

La suspensión levantada hubiera permitido al Gobierno negociar con los “fondos buitres” un acuerdo mejor (al ofrecido en los canjes anteriores) sin que haya una catarata de juicios contra el país, amparados en la cláusula “pari passu”. Es decir, que existe la posibilidad de que el 92,4% de los acreedores, que sí ingresaron al canje, inicien demandas para obtener pagos semejantes que, según estimó el Ministro de Economía Alex Kicillof, “podrían superar los 100 mil millones de U$S” (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/248948-68419-2014-06-19.html).

El levantamiento de la suspensión cierra la posibilidad de una negociación, entrando a un “default técnico”, ya que, bloquea el intento anunciado por el Ministro de Economía de la Argentina (Kicillof) de cambiar la jurisdicción de pago de los bonos para el próximo 30 de junio 2014 e incluye, también, alternativas de embargos sobre bienes del Estado.

La estrategia de negociación y pago (porque somos “pagadores seriales” y las “deudas hay que honrarlas”) era y es la propuesta del Gobierno, apoyada por el arco político opositor (salvo contadas excepciones) que incluso viajaron a Washington, en un acto vergonzante de entrega, para reforzar lo que denominaron “una causa nacional”.

Toda esta explicación, que suena compleja, es la que circula en la “mass media” con el agregado de los opinólogos de turno, en su mayoría economistas sistémicos que tuvieron que ver también, con el proceso de endeudamiento (blindaje, megacanje). Como dice un economista amigo “en economía todo pareciera complejo pero, lo que hay que resolver es sólo una ecuación: quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores”.

Hoy, vaya paradoja, estamos al tope de debate sobre la Deuda Pública en Argentina. Nunca ha corrido tanta tinta al respecto. Sin embargo, no se está debatiendo lo que queda al desnudo a partir de estos acontecimientos: la deuda es un cáncer, cuánto más pagamos más debemos y es un instrumento de dominación.

Y, lo lamentable, también, es que se está desaprovechando una extraordinaria oportunidad, de explicar y probar con claridad la ilegitimidad e ilegalidad de la Deuda Pública Argentina. Este “default técnico”, en el que es probable que entremos, debería transformarse en una decisión unilateral de suspensión de pago de la Deuda Pública, incluso dejar sin efecto el acuerdo con el Club de París, hasta tanto se realice una auditoría integral, con participación ciudadana, que determine que parte de la misma es ilegal e ilegítima. Lo que podría ser además, un ejemplo para el mundo entero, ya que permitiría, articular luchas y formar un “club de deudores”. Así, como los poderosos del planeta se unen en instituciones como el G8, el G20, el Club de París es preciso y, con urgencia, que los pueblos se unan para luchar contra este injusto sistema que explota tanto a los pueblos, como a la naturaleza a partir de diferentes mecanismos, uno de ellos es la Deuda Pública.

¿Por qué es preciso auditar inmediatamente? Porque este instrumento nos permitirá poner en evidencia las irregularidades y la estafa de la deuda pública argentina. Parte de estos estudios ya han sido realizados. Contamos con la investigación conocida como causa “Olmos”, a partir de la sentencia de la misma se dio por probada la ilicitud de la Deuda Externa contraída durante el período 1976/82 y, se estableció la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que la contrajeron y la corresponsabilidad de las Instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (183 miembros el año 2001) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Más … (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aprobaron préstamos ilícitos y fraudulentos |1| . La deuda de este período, a través de las sucesivas reestructuraciones, continua vigente y, es parte importante de la deuda del reciente acuerdo con el Club de París (9.700 U$S), a pesar de que podría haber sido declarada su nulidad absoluta de acuerdo a la doctrina de “deuda odiosa”.

Haciendo un poco de historia: recordemos que en 1976, año en que usurpa el gobierno la dictadura cívico- militar, la deuda externa era de unos 8.000 millones de U$S. Sólo 7 años después, cuando retorna la democracia, la deuda era de 45.000 millones de U$S. O sea, en años de la dictadura la deuda pública se multiplicó por cinco. Dicha deuda se contrajo para: financiar la fuga de capitales y para costear la represión sobre el movimiento obrero con el objetivo de diezmar el alto grado de organización popular y generar terror en el conjunto de la población. Durante este período las deudas privadas, también fueron estatizadas.

Como señalábamos, al comienzo de la democracia (1983) la deuda externa alcanzaba la cifra de 45.000 millones de U$S. Llegamos así, a la década de los años ´90 con total hegemonía neoliberal, con la convertibilidad (1 peso = 1 dólar), las privatizaciones: para pago de la deuda, siguiendo el recetario del FMI y el BM y, con las conocidas consecuencias de desempleo estructural, marginación, empobrecimiento, desarticulación del aparato productivo y la extranjerización de la economía. La Deuda Externa, en ese período alcanza la cifra de 147.000 millones U$S. Vale recordar, también, que el famoso Plan Brady (´93/94) dio comienzo al endeudamiento con bonos para financiar déficits fiscales, de esta forma se modifica el tipo de acreedor, de Bancos a tenedores de Bonos (Fondos de Inversión; Previsionales… etc).

Llegamos así al 2001 con el estallido de la convertibilidad, la recesión y la profunda crisis económica que lleva a la caída del gobierno de De la Rua (Alianza). El gobierno provisorio que lo sucede declara el no pago de la deuda en manos privadas (54% del total), aunque no incluye la deuda con las Instituciones Financieras Internacionales (BM, FMI y BID) que siguieron percibiendo, rigurosamente, los pagos entre 2001 y la renegociación con canje de bonos de 2005.

La suspensión unilateral, que duró 38 meses, fue uno de los factores que contribuyeron para que el Estado saliera de la asfixia financiera que le imponían los servicios de la deuda y, estar en mejores condiciones para enfrentar la crisis económico-social.

Con el objetivo, siempre, de regresar al mercado internacional de capitales se inicia el Canje 2005 y, posteriormente su reapertura en 2010, lo que permite cambiar deuda por bonos atados a la inflación y al crecimiento. Si bien, con estos canjes hubo una quita del 43,3%, esta quita fue compensada con creces en pocos años, en especial a través de los pagos de los cupones ligados al crecimiento del PBI. A partir de mecanismo del canje gran parte de la deuda externa termina transformándose, vía bonos, en deuda intra-Estado: ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) / Banco Central Banco Central El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. R.A. / Banco Nación Argentina).

Este breve recorrido histórico tiene dos objetivos. Primero, explicar lo que son los “fondos buitres”: fondos de inversión que luego del default de 2001 compraron sus bonos a un 20 % de su valor nominal y rechazaron la propuesta de Canje 2005/2010. El más relevante, en esta oportunidad, es el fondo financiero especulativo NML Elliot (Paul Singer) que, en 2008, compró bonos defaulteados, emitidos durante el Blindaje y el Megacanje, por 42 millones de dólares y, en 2014, a partir de una tasa de retorno del 1.608% de ganancia, el valor de esos bonos se eleva a más de 800 millones de dólares. Es importante aclarar, que pudieron demandar a la Argentina ante un Juez neoyorquino a partir de los derechos que el Estado Nacional concedió a los acreedores al momento de emitir los bonos.

Entre los derechos concedidos por el Estado Nacional están: la prórroga de jurisdicción a Nueva York, la renuncia a oponer la inmunidad soberana o la cláusula de acreedor más favorecido. Estos derechos que son una constante respecto al endeudamiento de los ´90 y, también, durante la década kirchnerista deben ser anulados. La prueba de sus efectos los tenemos hoy. Sin embargo, con la idea de darle “tranquilidad” a los acreedores y seguridad a las inversiones externas directas (IED) se mantuvieron sin modificar, siendo que son una entrega de Soberanía jurisdiccional y legislativa. Hoy, se hace referencia a este tema como una de “las herencias del neoliberalismo”. Efectivamente, esta cláusula, tiene su origen en la modificación del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la dictadura cívico militar, pero no existe una sola explicación válida para justificar la no modificación de la misma cuando hubo oportunidad de hacerlo, por ejemplo, a fines de noviembre de 2013, cuando se debatió y aprobó la reforma y unificación del nuevo Código Civil y Comercial. Teniendo en cuenta que durante estos debates hubo testimonios de organizaciones y movimientos que durante años vienen denunciando esta situación y que aconsejaban su modificación: http://ccycn.congreso.gov.ar/export/hcdn/comisiones/especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/buenosaires/pdfs/155_Javier_Echaide.pdf

Es un gran error ceder la jurisdicción a Nueva York, como en este caso, como así también, en el caso de resolución de controversias entre inversionista y Estado que remite al CIADI CIADI Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.

Más.. (Tribunal del Banco Mundial) en cumplimiento de las clausulas que contiene, el capítulo de Inversiones, de los más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) que Argentina tiene firmados y que continúan en vigencia.

En segundo lugar, este breve recorrido histórico intenta poner en evidencia que cuanto más pagamos más debemos. Que la Deuda Pública es un condicionante de nuestra economía y, que el supuesto “desendeudamiento público” no ha sido tal. Ya que, según la propias declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde 2003 a la fecha, se pagaron 173.733 millones de U$S. Sin embargo, pese a esos pagos, partiendo de una deuda en 2002 de 144.212 millones de U$S, hoy la misma asciende a la suma de 240.000 millones de U$S. Lo que demuestra, claramente, que la deuda es una gigantesca estafa, un mecanismo de succión de recursos producidos por trabajo argentino. Su origen es ilegal e ilegitimo y, ya la hemos pagado varias veces.

Desde el gobierno y la oposición sistémica se coincide en que hay que regresar al mercado internacional de capitales y para ello hay que hacer buena letra. Por ese motivo en los últimos meses se efectuó el pago de 5 demandas internacionales en el CIADI presentadas por empresas transnacionales (677 millones de U$S), se indemnizó a REPSOL por la “nacionalización” del 51% del capital accionario de YPF (más de 10.000 millones de U$S entre capital e intereses), se acordó de manera secreta con el Club de París (9.700 millones de U$S).

Sin embargo, este buen comportamiento solo parece servir para que a los 240.000 millones de U$S de deuda pública haya que incorporarle lo reclamado por los “fondos buitres” (15.000 millones de U$S si se incorporan los que aún no están litigando), con la posibilidad, también, que haya que sumar más de 100.000 millones de U$S producto de las demandas de los acreedores que se acogieron a las reestructuraciones del 2005/2010. Clara evidencia de que la solución no es seguir pagando.

Reiteramos lo manifestado al comienzo. Como primera medida, es preciso suspender los pagos de la deuda pública hasta tanto una Auditoria integral y con participación ciudadana determine qué tramos de la misma son ilegales e ilegítimos. Ejemplo emblemático, en este sentido, es el camino marcado por Ecuador, cuando en 2007 por decreto 472 del presidente Rafael Correa, dispuso una Auditoría de la Deuda Pública, llevada adelante por una comisión especial (CAIC) que permitió calificar de “ilegal, ilegítima y corrupta” a parte de la deuda externa. En nuestro país, reiteramos, contamos para esta medida, con el invalorable aporte hecho por Alejando Olmos en la denominada causa “Olmos”, donde en la sentencia se dio por probada la ilicitud de la Deuda Externa contraída durante el período 1976/82. Como así también, causas penales que se llevaron adelante con pruebas contundentes vinculadas a los canjes de deuda, al plan Brady y, en especial, al Megacanje que incrementó la deuda en más de 55.000 millones de dólares.

Por otro lado, es preciso denunciar y desmontar el andamiaje jurídico que permite remitirse a tribunales extranjeros cediendo, de esta forma, soberanía a favor de los fondos buitres, de los fondos de inversión especulativa, de las corporaciones transnacionales, cuyo objetivo es el lucro, cada día más exacerbado, en el marco de la profunda crisis capitalista global.

Nuestro país debe transitar hacia una política de autonomía e independencia, que podría generalizarse, si en la región se retoman algunos temas de agenda como puede ser el debate de una Nueva Arquitectura Financiera, con la puesta en real funcionamiento del Banco del Sur y con la creación de un Fondo del Sur. Este Fondo se podría constituir con el aporte de las reservas de cada país de Nuestramérica y, su objetivo sería de financiar alternativas al actual modelo productivo que estén al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de los intereses de las corporaciones transnacionales.

Denunciar la estafa que significa la deuda pública es parte, también, de este proceso de denuncia del actual modelo productivo agro –exportador – extractivista. No se puede pensar que durante este siglo XXI tendremos alimentos cuando sólo se prioriza el monocultivo de soja transgénica, en mano de corporaciones transnacionales o cuando se habla de industrialización de la ruralidad y no de Soberanía Alimentaria. No se puede pensar que tendremos Soberanía Energética firmando acuerdos con grandes petroleras como Chevron (la más contaminadora del planeta) para la extracción de petróleo y gas no convencional a partir de la depredadora técnica de fractura hidráulica.

Urge poner en debate estos temas a partir de campañas de sensibilización y consultas populares. Tenemos un acumulado histórico de experiencias en este sentido. Centenares de mesas de votación se instalaron en 2001 cuando se puso en marcha el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) por un Seguro de Empleo y Formación. Muchas más en el 2003, cuando después de años y meses de instalación del tema, llevamos adelante la Consulta Popular contra el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) donde votaron más de 2.300.000 personas. Es preciso retomar estas prácticas que han dejado huella en nosotros/as.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se está impulsando la iniciativa de una Campaña hacia una Consulta Popular por la Soberanía sobre los Bienes Comunes. Se comienzan a unir y apropiarse de ella cientos de movimientos sociales, ambientales, religiosos, políticos, de pueblos originarios, mujeres y jóvenes. El objetivo es poner en debate el actual modelo de desarrollo, que es funcional al pago de una ilegítima e ilegal Deuda Pública, que está vinculado, estrechamente, al modo de inserción global de nuestros países (del Sur global). Que nos lleva, también, a luchar contra la ideología del Libre Comercio (LC) en todas sus formas: Tratados Bilaterales de Inversión (TBIS), CIADI, TLC Unión Europea / MERCOSUR.

Esta es una manera de ejercitarnos en prácticas reales de democracia participativa. La democracia es práctica, es acción colectiva. Impulsar estas campañas nos ayuda a preguntarnos quiénes deciden, si tenemos Soberanía Energética, Financiera, Alimentaria o si tenemos que construirlas en un proceso hacia la Soberanía Popular y la Emancipación Social.

Notas
|1| Ver http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/e/ee/Deuda_externa_sentencia_Ballesteros.pdfMaría Elena Saludas (CADTM – AYNA / ATTAC – Argentina)
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Pagar más o menos impuestos en un mundo trucado para que otros no paguen

Fri, 27/06/2014 - 13:00

Ana Tudela Floreshttp://latule.com

fotoHaciendaPongan la mente en blanco. No piensen en las dos subidas de IVA que han sufrido durante la crisis y la reclasificación de productos y servicios que ahora pagan el tipo general. No piensen en la subida del IRPF que se agarró a su nómina desde 2012 y que ahora les van a bajar por capítulos sin devolverles el susto, ni en las decenas de miles de millones de euros entregados a entidades financieras a fondo perdido por agujeros que alguien no controló (aunque cobraba por ello). No piensen en los recortes en Sanidad o Educación pero, sobre todo, no quieran entender el fraude que se esconde tras las SICAVs ni saber quién bloqueó su inspección; ni cómo la banca, al quedarse con miles de pisos de las inmobiliarias cuando estalló la burbuja, se restó cifras astronómicas de un IVA que nadie había pagado quitándolos del fondo común. No se pregunten en qué consisten los paraísos fiscales, qué había tras la amnistía fiscal ni por qué David Beckham fue el primer gran beneficiario de una norma tributaria que se dijo que se creaba para atraer a científicos y premios Nobel.

Vivan felices con los anuncios de devolución de los sacrificios que nos hacen desde el Gobierno y no lean, no se les ocurra leer el libro ¿Hacienda somos todos? de Francisco de la Torre (Debate, 2014), al que dedico hoy la sección El domingo libro. No vaya a ser que, avanzando por sus páginas, aten cabos entre lo que ocurría antes y durante la crisis, lo que ha pasado en su bolsillo y lo que ha entrado (o no ha salido) de otros. No vaya a ser que descubran que este fondo común, al que cada vez aportan más, está lleno de rotos desde hace mucho y que ahora, cada vez que se remienda uno, se dejan saltar las costuras por otro sitio sin que en la Agencia Tributaria tengan medios (ni se los den) para tanto hilván.

Algunos de esos rotos son o han sido leyes mal diseñadas que abrían un enorme espacio a la trampa (como la libertad de amortización para las empresas hasta marzo de 2012 o el sistema de módulos); otros son o han sido una clara connivencia del poder político con las élites económicas (la Ley Beckham, las SICAV); otros, en el país del con IVA o sin IVA, simple y llanamente fraude; y finalmente, otros llegan por un sistema fiscal internacional diseñado para quien puede elegir dónde fabrica, dónde vende y dónde no paga impuestos.

Un mundo para multinacionales en el que nos hacen a todos los europeos rescatar a Irlanda de la orgía de la banca pero permiten al país mantener su Impuesto de Sociedades en el 12,5% en una competencia desleal con sus vecinos de Europa que tiene, por un lado, dos tipos de beneficiarios: la propia Irlanda y las multinacionales que radican allí sus sedes para pagar menos impuestos; y por otro lado, unos perjudicados: los contribuyentes de los países donde se genera buena parte del beneficio, que no ven un euro en impuestos por esa ganancia.

El libro de Francisco de La Torre, inspector de Hacienda y jefe del Equipo de Inspección de Madrid, es un buen libro. Una obra sobre impuestos que se puede leer sin que se le ponga a uno la tez amarilla y cara de actuario, un libro para sorprenderse mirando a través de los ojos de alguien que vive en las tripas del sistema y sabe contarlo y hasta levantar una sonrisa con sus anécdotas por los domicilios sociales radicados en pisos inexistentes.

¿Hacienda somos todos? es un catálogo de motivos de por qué la recaudación de los grandes impuestos en España está como está pero también una crítica armada de datos hasta los dientes de cómo está diseñada la fiscalidad en el mundo y quién puede y quién no escaparse del Fisco. Enumerar el catálogo de desequilibrios sería largo e injusto, fuera de bromas, les recomiendo leer este libro.

El Impuesto de Sociedades

Voy a centrarme en dos. El primero, uno de los impuestos que modifica ahora el Gobierno de Mariano Rajoy y al que la importancia para los bolsillos de millones de españoles por la rebaja del IRPF le ha restado protagonismo: el Impuesto de Sociedades. Para empezar, viaje por este túnel del terror en forma de gráfico deslizando el ratón desde 2007, el año en que España se creía rica, hasta el pasado ejercicio. Y note a qué espalda se ha ido cargando mayor peso de una recaudación a la que habían puesto grilletes los rescates a la banca, los intereses por la deuda pública disparados junto a la prima de riesgo o las prestaciones por desempleo.

El Impuesto de Sociedades se derrumbó en 2008. Pasó, en un solo año, de aportar cerca de 45.000 millones de euros a la recaudación de los grandes impuestos de la Agencia Tributaria a quedarse en 27.000 millones. ¿Crisis? En julio de 2008 se pagaba por los resultados obtenidos en 2007, año en que, según la Central de Balances del Banco de España, se obtuvieron los mejores resultados de la historia empresarial española. Sin embargo, la cuantía declarada ante la Agencia Tributaria pasó de 177.514 millones en 2007 (correspondiente sobre todo a beneficios de 2006), a 111.612 millones en 2008. Huele a fraude, sabe a fraude. ¿Qué será?

Como cada vez que se menciona esta palabra alguien se revuelve y alude a la crisis como único motivo, Francisco de La Torre facilita en su libro un gráfico que he colocado en la parte superior de esta reseña, junto a la portada de ¿Hacienda somos todos? y que replico aquí.

Gráficodensidad

El gráfico pertenece a los profesores David López-Rodríguez (Banco de España) y Miguel Almunia (University of Warwick) y es parte de una investigación en la que se vio que, como explica De La Torre:

“El número de empresas aumenta de forma inexplicable al borde de los 4,7 millones de euros de facturación, que determina la obligación de auditar cuentas, y de forma aún más espectacular al llegar a los seis millones de euros. Dicho de otra manera, empresas que facturarían 6,01 millones de euros, declaran 5,99 millones. Este pico existe únicamente en las empresas españolas. La razón es que, a partir de un volumen de operaciones de seis millones de euros, las empresas pasan a estar controladas por las Unidades Regionales de Gestión de Grandes Empresas, encuadradas en el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria. Muchos directivos de estas empresas consideran  que la probabilidad de sufrir una inspección es mucho más elevada si se facturan 6,01 millones de euros”.

No cabe mucha duda. En España, hay fraude en el impuesto de Sociedades. Unido a la crisis y a la falta de medios para combatirlo, se obtiene un cóctel letal para las arcas públicas que se ha intentado paliar con subidas de los tributos de los que no hay forma de escapar, como el IVA o el IRPF. Pero ni la crisis ni el fraude explican tampoco la totalidad de lo ocurrido. También hubo una importante contribución desde el BOE.

A finales de 2010, mientras España dejaba caer la mandíbula ante el plante de los controladores y el cierre del espacio aéreo, en las cocinas de Moncloa se aprobaba un beneficio fiscal exclusivo para las grandes empresas que “como es natural, pasó relativamente desapercibido. (…) La idea era sencilla: las nuevas inversiones se podían amortizar libremente, es decir, se podían pasar a gastos de golpe”, restarse de los impuestos a pagar. El objetivo teórico era fomentar el aumento de la inversión y con ello el empleo, pero se eliminó el requisito de mantenimiento del mismo, qué cosas. La realidad fue que empresas cuya actividad necesita de una inversión constante, como las telefónicas o las eléctricas, convirtieron en gasto, es decir, restaron de lo que aportaban al fondo común, gigantescas cantidades ligadas a su actividad diaria, no a nuevas inversiones para crear empleo. La medida se suprimió en marzo de 2012 pero con los nueve meses que estuvo en vigor le sirvió para hacer un roto a la Hacienda Pública de 1.400 millones de euros.

Las facilidades a las grandes empresas y sobre todo a las multinacionales no son cosa de errores de la crisis ni algo exclusivo de España. A las empresas se les dan facilidades para invertir e internacionalizarse y al final se han creado monstruos algunos de los cuales prácticamente no pagan en ningún lado. Sólo un ejemplo de los que se explican en el libro.

En España, para evitar que las empresas paguen dos veces por el mismo beneficio, se eliminó la obligación de pagar impuestos por la ganancia que obtenían filiales en el extranjero, con la filosofía de que ese dinero ya habría pagado allí donde se había generado. Al mismo tiempo, con la intención de promover la inversión y la internacionalización, se permitió a las empresas deducirse los gastos financieros cuando se invertía fuera a crédito. ¿Qué ha ocurrido con la mezcla de ambas normas?Ganar dinero fuera de España no paga impuestos e invertir fuera sí resta. ¿De dónde resta, si no puede ser de los impuestos por los beneficios generados fuera, puesto que no se paga por ellos? Claramente, de los impuestos por los beneficios generados aquí, que sí están sujetos a gravamen. “Un cóctel explosivo. (…)”, dice De la Torre. Al bolsillo de los españoles nos cuesta dinero que nuestras multinacionales inviertan y hagan negocio fuera.

Esto en sí no es fraude pero lo ha facilitado, porque además se han permitido los préstamos entre empresas del mismo grupo. Basta con poner la sede de la filial financiera en un país donde se paguen pocos impuestos y hacer que esa filial preste al resto del grupo allí donde haya beneficio. La matriz se restará los gastos financieros y la filial pagará una cantidad mínima por ingresarlos. ¡Bingo!

“Las filiales españolas tenían una cuenta de resultados equilibrada; cobraban dividendos de las demás filiales del grupo y pagaban intereses a la filial financiera del grupo. El único detalle era que los dividendos no tributaban y los gastos sí deducían. Esto llevaba a que los beneficios de toda la actividad en España no pagasen”.

Esto es lo que se denomina subcapitalización y “era tan común en las filiales de multinacionales en España que algunas empresas abandonaron otros sistemas de fraude porque, el que cometía todo el mundo, era generar artificialmente pasivos financieros intragrupo. Cuando la multinacional Praxair aceptó de conformidad la comisión de un delito continuado y tuvo que pagar la friolera de 264 millones de euros, también se detectó la práctica de generar estos gastos financieros irreales con la única finalidad de obtener una deducción fiscal. Lo que más sorprende no es la escasísima tributación por los beneficios, ni el importe que tuvo que pagar la multinacional, sino que a partir de 2004 se fueran abandonando otras prácticas fraudulentas para simplemente generar gastos financieros artificiales, porque era más fácil.

¿Quieren saber el colmo de este campo sin puertas de la tributación en un mundo globalizado? La sanción a Praxair es absolutamente excepcional. “En la Ley General Tributaria del año 2003, aprobada en la primera legislatura del PP, la sanción más dura, del 150%, estaba reservada a los trabajadorescon sueldos inferiores a la obligación de declarar que mintiesen a sus retenedores”. Es decir, el mayor castigo en proporción era por inventarse hijos o situaciones familiares inexistentes frente al empleador para pagar menos impuestos. “Mientras, la ingeniería fiscal de las multinacionales tenía riesgo de sanciones cero”. La situación ha cambiado, al menos en lo que se refiere a la facilidad de fraude permitida desde la ley, al modificarse la deducibilidad de los gastos financieros.

Otra cosa es que la solución tardía y drástica vaya a hacer pagar justos por pecadores a empresas que podrían haber utilizado la deducción de gastos financieros o la libertad de amortización realmente para invertir, crecer y crear empleo si hubiera habido limitaciones en la norma y más control.

Parece que no se escucha demasiado a los inspectores. Entre las recomendaciones que éstos hacen está la eliminación de las deducciones, causantes de que el tipo del 30% del Impuesto de Sociedades actualmente en vigor (25% para pymes), en la práctica sea muy inferior. El Gobierno ha dicho que en su rebaja del tipo nominal recién anunciada va a quitar, como recomiendan los inspectores, deducciones. Pero no ha dado detalles, a ver qué dice mañana. De momento ha dicho que mantiene la deducción por inversión en I+D y se ha inventado dos nuevas. Una es la reserva de capitalización, que viene a ser mandar beneficio a una caja para poder tirar de ella cuando se necesite financiación en lugar de acudir a la banca. Veremos qué hace con esta posibilidad el Ibex 35.

Capítulo aparte merece y tiene (de hecho, dos) los impuestos que paga y los que se ahorra la banca, a la que hemos apuntalado con nuestra contribución al fondo común.

SICAVS, EL CHOLLO DE LAS GRANDES FORTUNAS

Aunque no sepan exactamente en qué consiste su funcionamiento, los españoles entienden las SICAVs como un instrumento para que el dinero de los ricos pague pocos impuestos, el 1%. En realidad ese porcentaje corresponde al Impuesto de Sociedades que pagan las sociedades de inversión colectiva conocidas como SICAVs, porque en teoría en el momento en que se hace líquida la inversión hay que pagar por la plusvalía el correspondiente gravamen al ahorro. El drama de las SICAVs que describe De La Torre es el consentimiento de un claro fraude sobre lo que dice la norma para aprovecharse de la baja imposición para el Impuesto de Sociedades que se otorgó a este instrumento con la intención de fomentar el ahorro. Porque se trataba de ahorro colectivo, no de crear zonas seguras en las que aparcar grandes fortunas. Por eso la norma pide que la SICAV tenga un mínimo de 100 partícipes y una inversión mínima de 2,4 millones de euros.

En la práctica, en la mayoría de estas sociedades, aunque se cumple con el número mínimo de partícipes, casi el 100% de la propiedad está en manos de una sola persona o un grupo reducido, normalmente de la misma familia. El resto de partícipes los aportan las gestoras o bancos y, dado su papel de acompañamiento, se les conoce como mariachis. Como recuerda el libro, en otros ámbitos a esa figura se la denomina “testaferro”. ¿Qué ocurrió cuando se intentó contener este fraude? Cuenta De la Torre:

“Cuando se realizó un plan de inspección masivo a las SICAV en 2004 y 2005, entre los centenares inspeccionadas muchas no cumplían los requisitos de cien partícipes o inversores reales. (…) El resultado de las inspecciones no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda y la trasladaron a la CNMV. Esto se hizo mediante la aprobación de una enmienda de CiU el mismo día en que se aprobaba el matrimonio gay, el 30 de junio de 2005, enmendando la Ley 23/2005. Según las crónicas parlamentarias, esta medida se aprobó ante un 10% de los parlamentarios que habían estado en el anterior debate y con el voto a favor de PSOE, CiU, PP y otros nacionalistas, y sólo con el voto en contra de Izquierda Unida”. (…) “En las pocas ocasiones en que la CNMV ha considerado que una SICAV no cumplía los requisitos, le ha dado un plazo para que busque nuevos inversores. Incluso se ha dado el caso de que una SICAV que ha quedado con un solo partícipe (por cierto, muy conocido) no ha perdido su condición de institución e inversión colectiva; se ha creado la novedosa categoría de “institución de inversión colectiva unipersonal””.

Mientras no se saque el dinero de la SICAV casi no se pagan impuestos pero además, hasta el último trimestre de 2010, no se pagaban ni cuando se  retiraba parte de la inversión. Se permitía efectuar reducciones de capital y saltarse la aportación al Fisco.

Por otro lado, quienes tengan la tentación de defender los privilegios de las SICAV por la temida fuga de capitales, tienen un pormenorizado detalle en el libro de realmente cuánto invierten en valores españoles estas sociedades y cuál sería su efecto para un país con las necesidades financieras del nuestro.

Con estos y otros ejemplos del libro, y volviendo al esquema de reparto de la tributación actual, duele cuando De La Torre cita el artículo 31.1 de la Constitución:

“1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrán alcance confiscatorio”.

También la cita con la que se inicia el libro:

“Los impuestos son el precio que pagamos por la Civilización” (Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos); “En la selva no existen” (añadido posterior de Robert Wagner, político estadounidense).

Lo que ocurre es que, algunos, viven muy bien en la jungla.

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Los Golpes de Estado no son lo que eran

Fri, 27/06/2014 - 09:00

Rosa María Artal - Comité de Apoyo de ATTAC España

Un tribunal egipcio ha condenado a tres periodistas de Al Yazira a penas de entre 7 y 10 años de cárcel acusados de difundir noticias falsas para favorecer las tesis de los Hermanos Musulmanes. Ganadores de las elecciones tras la primavera árabe que derrocó a Mubarack , les plantaron un golpe de Estado y allí se quedaron con sus miserias. Los autoproclamados salvadores de la patria han promulgado condenas a muerte en tal número a miembros y simpatizantes del gobierno depuesto que debería causar alguna reacción internacional. Pues no, o no precisamente la esperada.

Ayer mismo leía horrorizada que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se presentó por sorpresa en El Cairo a rendir pleitesía al dictador Al Asisi, el autor del golpe de Estado. La administración Obama ha considerado que ya era hora incluso de descongelar la ayuda militar a Egipto por valor de 420 millones de dólares. Donde haya la paz de los beneficios que se quiten escrúpulos. De haberlos.

El alto cargo estadounidense ha viajado después a Irak que también anda revuelto estos días. La mejor jugada de la invasión de 2003, el objetivo -aprovecharse del petróleo de Irak-, lo ha puesto en peligro la milicia (suní) que salió cuando abrieron la caja de Pandora.  Mientras se matasen entre ellos no había mayor problema, pero es que ahora ha entrado en riesgo el negocio de los occidentales. Uno de los promotores de aquello, Tony Blair, ha declarado que ambas cosas no tienen relación alguna, no faltaba más, pero que ahora toca “actuar”. Angels Martínez Castells lo precisa: “con una nueva “operación” contra Irak y Siria que prosiga con la liquidación de armamento del complejo occidental, con nuevas ventas a precios de escándalo, y con la reapropiación y salvaguarda de fuentes energéticas para sus amigos de los monopolios energéticos y de la seguridad privada, mientras Irak y Siria se desangran”. Realmente los pobres sirios lo tienen crudo, les dan por todos los lados. Los irakíes también están siendo sufridas víctimas.

Siguen los enfrentamientos en Ucrania, en ese golpe de Estado ultraderechista -nazi, para ser precisos- que apoyaron tan contentos la UE y EEUU de nuevo.  Malo que la otra parte del conflicto sea la Rusia de Putin, otro prodigio de democracia. Y que se confundan los términos del conflicto.

Y en Tailandia también hubo en Mayo otro levantamiento militar que se pulió al gobierno legítimo. La comunidad internacional ha pasado del tema. Pero leo que estos golpistas son a la vieja usanza: han puesto en marcha una campaña que se llama “devolver la felicidad al pueblo” con un himno y todo con el mismo título. ¿Y cómo? dando en abierto todos los partidos del Mundial de Fútbol. Y un amplio programa de festejos lúdicos. El ejército dictatorial prefiere ser llamado “Consejo Nacional para la paz y el Orden”.  Y busca por encima de todo recuperar el turismo, que suele ser algo timorato con estas cosas de los golpes de Estado. Los gobiernos no, como vemos, pero a la gente no suelen gustarle los tiros, cárceles y ejecuciones cuando están de vacaciones.

Y en Europa, en España que nos duele más cerca, no sé lo qué han hecho, pero las pérdidas son tan grandes y las manipulaciones tan de manual que cualquiera sabe qué está pasando.

Sin embargo, creo que tenemos un problema gravísimo por encima de todos: Podemos, Pablo Iglesias en concreto. Anda la gente de bien muy alterada con él, con ellos. Mañana escribo de eso.

El Periscopio

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¿Bruselas contra la evasión fiscal de las multinacionales?

Fri, 27/06/2014 - 07:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

“Bruselas arremete contra la ingeniería fiscal de las multinacionales”. Un titular impactante en El País del miércoles día 11 para la “crónica” del corresponsal de El País, que nos contaba que el comisario europeo de la Competencia, investiga las ayudas de Estado a las multinacionales Apple, Starbucks y Fiat que reciben de los países miembros de la UE Irlanda, Holanda y Luxemburgo. Y explicaba que estas multinacionales apenas pagan impuestos en los otros socios europeos como España, Francia o Alemania y que “se las arreglan” para canalizar sus ingresos hacia un paraíso fiscal o algún otro país que les permita pagar muy poco al fisco. Hasta ahí la noticia resumida.

En la tertulia matutina de El Cercano, me pidieron que comentara esta noticia. Pero, habiendo publicado ya algunos cientos de páginas, en papel y en digital, para describir y denunciar esos asuntos, pensé que mejor apuntar solo algunas ideas y reflexiones.

Y lo primero que se me ocurre es que llama la atención el repentino activismo de una Comisión europea que tiene los días contados tras las recientes elecciones europeas. Titular aparte, se trata de un mero anuncio de una pretendida investigación que ya podría haberse iniciado hace muchos años.

Segundo, esta es una vieja práctica de los grandes grupos empresariales multinacionales, a la que la OCDE calificó como “transferencia de precios”, que consiste en contabilizar los costes y los beneficios en la filial situada en el país con fiscalidad más baja, no donde se genera el producto o el servicio. Esa es una de las utilidades de los conocidos como paraísos fiscales; por cierto, una denominación que la Comisión europea ha ignorado siempre en sus documentos; y como el FMI siempre habló de centro financiero offshore (extraterritorial o para no residentes), es decir, que concede a los no residentes ciertos privilegios fiscales o, sobre todo, de opacidad, la dificultad o imposibilidad de conocer el verdadero titular de una sociedad mercantiles domiciliada o el titular de una cuenta bancaria (ejemplo típico: Suiza).

Tercero. El problema de la prensa española dominada hoy por la banca (léase “Papel mojado”, un libro de la revista satírica Mongolia) es que sus periodistas- los que aún conservan el puesto- nos trasladan este tipo de “noticias” como se las entrega Bruselas, sin añadirle el más mínimo análisis crítico. (Ejemplo: El País y el Grupo Prisa, en continua la renegociación de sus elevadas deudas bancarias, que las avala uno de los principales bancos globales el HSBC, ligado a la larga lista Falciani o al narcotráfico mejicano según informe del Senado estadounidense).
Cuarto esa “ingeniería fiscal” descubierta ahora por la comisión europea es la misma que practican las multinacionales españolas, como demuestra el último informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (integrado por ONGs y algún sindicato). Según las propias memorias anuales, que 33 de las grandes empresas del IBEX 35 (94 %) tienen filiales en conocidos paraísos fiscales, que han crecido un 60 % de 2009 a 2011. Las filiales de los bancos españoles han aumentado un 80 % en ese mismo periodo; lo que no les ha impedido recibir sustanciosas ayudas del Estado español, como he dejado constancia en este blog.

La Europa Opaca de las Finanzas

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Manifestación en Sevilla. Solidaridad contra la represión. Libertad para Carlos, Carmen, Ana y Tamara. Frente a la represión, solidaridad internacional.

Thu, 26/06/2014 - 21:49

Equipo de Comunicación – ATTAC Andalucía

Desde ATTAC Andalucía nos sumamos a esta iniciativa, que difundimos entre todos nuestros compañeros y compañeras y a los que llamamos a participar en la medida de lo posible.

El inminente ingreso en prisión, por tres años, de Carmen y Carlos por participar en un piquete en la huelga general del 29 de marzo de 201, es un paso más en la escalada represiva del Estado Español contra las luchas y movilizaciones en la calle. Ana y Tamara, de Pontevedra, se encuentran en la misma situación, así como centenares de piquetes a espera de juicio por participar en las últimas huelgas.

En Sevilla, en apoyo a todas estas personas, en solidaridad contra la represión, convocamos una manifestación el próximo viernes 27, a las 20h, desde el Parlamento andaluz.

Ana y Tamara han sido condenadas a 3 años y un día por participar en una protesta junto a otras 60 personas en una jornada de huelga en Pontevedra. Ellas reconocieron que estaban allí. No así que echaran pintura en la piscina, daños cifrados en 1200 euros de multa. Ellas fueron las condenadas.

Carlos y Carmen reconocieron haber participado en un piquete informativo en la huelga general de Marzo de 2012 cuando la dueña del local alerta a la policía y ellos mismos se identifican ante esta. Tampoco ellos en ningún momento declaran, ni consta en la sentencia, que las pegatinas y pintadas en el local las hicieran ellos. Resultado de condena a 3 años y un día, y 3000 euros de multa. Se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores. Carmen no obstante se personó tiempo después en el establecimiento y se ofreció a reparar los daños trabajando.

Dos casos parecidos, que pueden formar parte de una estadística creciente de encarcelamientos que los movimientos sociales, los colectivos que defienden causas que representan a la ciudadanía, que se movilizan y hacen uso del derecho a reunión y manifestación, consideran injustos . Igual de injustos los casos de Isma y Miguel, participantes en las marchas del 22M, y que recientemente han salido de prisión tras 80 días.

El pasado año 2013, quedaron registradas algo más de 1000 sanciones económicas donde Andalucía fue la comunidad autónoma que registró un mayor número de ellas, y todas relacionadas con los derechos de reunión y manifestación. En estos momentos, hay más de 50 juicios pendientes, por participar en piquetes, que afectan a más de 200 personas.

Stop Represión Granada y Castro del Río, el pueblo de Carlos, han organizado una campaña masiva recabando apoyos contra la criminalización de la protesta social. Entre los apoyos obtenidos encontramos desde personalidades del pensamiento crítico como Noam Chomsky, a personas del ámbito de la cultura como Miguel Ríos o Pilar Bardem, así como desde el activismo de la PAH, como es el caso de Ada Colau.

Una vez cursada la orden de ingreso inmediato en prisión, se ha puesto un dispositivo en marcha para sumar firmas para la tramitación de un indulto, que en solo dos semanas ha recogido más de 15.000 firmas. Se han sumado desde las instituciones el rector de la universidad de Granada, El Defensor del Pueblo andaluz, la diputación de Córdoba, y recientemente, el Parlamento de Andalucía.

En apoyo desde Sevilla, se han organizado asambleas para decidir acciones conjuntas para sumarse a cuantas movilizaciones estén previstas con el lema FRENTE A LA REPRESIÓN, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.

Imágenes integradas 1Evento facebook: (1) MANIFESTACIÓN SEVILLA: ¡FRENTE A LA REPRESIÓN, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL!

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Culpables, millonarios e impunes

Thu, 26/06/2014 - 18:00

Carlos Jiménez Villarejo – Comité de Apoyo de ATTAC España

En el inicio de un pormenorizado examen de los “delitos de cuello blanco”, se cita un fundamentado informe con motivo de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, en el que se afirma: “El capitalismo moderno ha emulado este sistema de castas”, refiriéndose a los brahmanes indios. Castas que hoy, en España, sin exceso alguno, es un calificativo aplicable también a dirigentes políticos del PP y del PSOE.

Estamos ante un doble reto:

La desigualdad social existente, consecuencia de las políticas de austeridad dictadas desde las instituciones comunitarias y aplicadas dócilmente por los gobiernos del PSOE y del PP

y

el secuestro de la honradez democrática en el Estado español.

La situación actual tiene varios puntos de partida:

La Unión Europea, desde hace mucho tiempo, ha renunciado a reconocer y defender derechos humanos para convertirse en una plataforma del capital que controla los mercados y los gobiernos de los Estados.

Ya nadie puede creerse que sus principios constitutivos presidan las políticas comunitarias.

Basta con recordar el abandono y la traición de principios como “derechos humanos de minorías”, “economía social de mercado”, transformada luego en una “economía de mercado abierta y de libre competencia”, “pleno empleo y progreso social”, el “combate de la exclusión social”, la “erradicación de la pobreza”, la “igualdad de los ciudadanos” y así sucesivamente.

Son necesarios profundos cambios normativos para que la UE deje de ser la máxima expresión del poder del “fundamentalismo del mercado” a través de sus políticas económicas neoliberales que generan desigualdad social y económica y pobreza, con especial incidencia en la infancia.

Esas políticas han conducido a que los Gobiernos de España, conservadores y socialistas, hayan renunciado y traicionado el mandato constitucional de “remover los obstáculos”(Art. 9.2) para garantizar una “igualdad efectiva”.

1. EL DESAFÍO DE LOS RICOS

En 2013, los 30 consejeros mejor retribuidos de las empresas españolas, cobraron anualmente una media de 4,25 millones de euros (CNMV). Un par de ellos, Botín y Alierta, pasaron impunemente por el banquillo de los acusados.

Solamente en las empresas del Ibex 35, 881 consejeros y directivos se beneficiaron de planes de pensiones –o “paracaídas dorados”, según la terminología anglosajona– que alcanzaban elevadísimas sumas.

Las empresas con mayor número de consejeros y directivos beneficiados con contratos blindados son:

Repsol: 296.
Grifols: 94.
BBVA: 90.

Los que se conocen con contratos más elevados son:

  • ACS: Florentino Pérez goza de un blindaje por valor de 13,6 millones de euros

Y entre los consejeros y directivos ya cesados, son de destacar los siguientes:

  • Telefónica: el ex consejero delegado Julio Linares percibió 24,7 millones de euros;
  • Ferrovial: el ex consejero Joaquín Ayuso cobró 8,1 millones de euros;
  • FCC: el ex consejero Baldomero Falcones percibió 7,5 millones de euros;
  • Indra: el ex consejero Regino Moranchet cobró 9,1 millones de euros.

Pero, hay más, los consejeros y directivos mejor retribuidos de las empresas del Ibex 35 cobraron, de media, 75,5 veces más que los empleados de sus respectivas empresas. De ellos, 87 cobraron anualmente más de un millón de euros (entre sueldos y planes de pensiones).

Estas son algunas de las empresas donde la desigualdad salarial es más escandalosa:

  • Inditex: los consejeros y directivos cobran 366 veces más que el gasto medio por empleado.

En las empresas que se citan a continuación, la distancia entre el sueldo de consejeros y directivos y el de los empleados es la que se cita:

  • FCC: 299.
  • Ferrovial: 151.
  • Telefónica: 123.
  • Banco Santander: 117.
  • ACS: 116.
  • Acciona: 105.
  • BBVA: 104.
  • Indra: 100.

Esta es nuestra economía de mercado, que cada vez puede calificarse menos de social. Es un régimen que incrementa fuertemente la desigualdad, además de que los ciudadanos, trabajen o no, son privados de derechos laborales y prestaciones sociales básicas para tener una vida no ya digna, sino sencillamente acorde con la dignidad humana.

Es, sencillamente, ofensivo y cruel con la mayoría de los ciudadanos.

Algunos pueden entender que, afortunadamente, los viejos tiempos del capitalismo industrial ya pasaron. Pues no lo parece. Por ello, recobran actualidad, con algunas salvedades, las palabras de Engels: “La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada, hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras que la gran mayoría de sus individuos no están apenas garantizados, o no lo están en absoluto contra la más extrema penuria”.. Aquella brutal realidad vuelve a estar presente a consecuencia de los políticas económicas y sociales neoliberales, que extienden a amplias capas sociales lo que a mediados del XIX afectaba principalmente a la llamada clase obrera.

Mientras, los gobiernos del PSOE y del PP, impusieron, con apoyos de CiU y PNV, reformas legales que han reducido a una gran parte de la sociedad a la penuria, una reforma laboral que es un continuado golpe de estado constitucional, paro, ausencia de prestaciones sociales, privación de asistencia sanitaria, ausencia de suficientes recursos educativos, etc.

Por ello, es natural que la tercera fortuna del mundo, Warren Buffet, diga: “Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando”.

Pues no, no la ganarán porque aquí están los trabajadores, los parados, el pueblo para impedirlo y hacerles retroceder.

Para exigir e imponer un orden más justo.

Donde la riqueza no esté tan concentrada y se reduzca drásticamente la pobreza.

Ello exige una dirección política en nuestro país que no esté asociada a los intereses de los poderosos –como lo acreditan las puertas giratorias, ejemplo de ello, ¿qué hace Borrell en Abengoa?–, que no gobierne a través de sistemas de corrupción y que sea controlable directamente por el pueblo soberano, porque se han olvidado de que solo el pueblo es soberano.

Los gobernantes, si no sirven al pueblo, son una casta que debe ser desplazada y, cuando proceda penalmente, perseguida y condenada.

2. LA COMPLICIDAD DE LOS CORRUPTOS
Datos, siempre provisionales, dado el constante aumento de la corrupción:

1.661 procesos por corrupción.

Más de 500 imputados (de ellos 100 banqueros).

Solo unos 15 en prisión (es justo decirlo, la mayoría en Baleares).

Situación injusta e insostenible.

¿Por qué no dimiten los responsables públicos imputados por corrupción, como Magdalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones, por el fraude de los ERE?

¿Por qué no dimiten los altos cargos y ministros del Gobierno del PP, cuando ya se ha acreditado la relación de algunos de ellos con la caja B de la trama Gürtel?

Aquí estamos para denunciarlo y expulsarlos de la política que, de ser una actividad digna si se ejerce honradamente y al servicio de los intereses públicos, se transforma en un modo de vida que transgrede los principios éticos y se convierte en un modo inmundo de ejercer la política que repele a la conciencia ciudadana.

En cuanto a los cargos públicos electivos o de designación política, basta ya de profesionalización de la política. Como exige la Convención de NNUU contra la corrupción, debe establecerse la ”rotación” temporal en los cargos electivos; y, desde luego, techos salariales, con plena transparencia de sus retribuciones y accesibilidad inmediata a dichos datos por los ciudadanos.

En cuanto a los partidos políticos, dos exigencias fundamentales:

· Que la Ley de Partidos se adapte a la Convención de NNUU contra la corrupción. Es decir, que exija a sus miembros que obren con“integridad, honestidad y responsabilidad” para que pueda “ejercer sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida”.

 · En cuanto a la financiación privada de los partidos, suprimir la de los préstamos o créditos por las entidades financieras, en cuanto generan un grado de endeudamiento con la banca y la consiguiente dependencia fáctica de ella, lo que es incompatible con el ejercicio imparcial de sus funciones constitucionales.

 

3. LAS DEBILIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA
3.1. La prohibición de “restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. Principio que abre la puerta a la plena libertad de movimientos de capitales, especialmente, en los mercados financieros y, a partir de ahí, el flujo permitido y amparado por la UE hacia paraísos fiscales como cauce del fraude fiscal nacional e internacional y la ocultación y blanqueo de capitales producto de negocios delictivos, particularmente la corrupción.

3.2. Una desarmonizacion fiscal que determina que la carga fiscal se traslade de las empresas a los trabajadores, incrementándose la desigualdad económica y social y la pobreza.

3.3. Las empresas están autorizadas a deslocalizar los capitales, actuando libremente en un mercado único, lo que favorece especialmente a la banca que puede operar en cualquier lugar de la UE, con productos financieros complejos, que favorecen el fraude a ahorradores e inversores.

3.4. ¿Cuándo se hará aplicación de la previsión del Art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales que contempla la privación de la “propiedad privada” por razones de “utilidad pública”¿.Ya ha llegado el momento.

Mientras, el Banco Central Europeo, centro de las políticas económicas y monetarias, es”independiente”, es decir, no puede ser controlado por los ciudadanos europeos. El círculo de la impunidad está muy bien cerrado.

Por todo ello, Podemos está dando una gran batalla democrática y contribuiremos a derribar los muros que la alianza de los políticos corruptos y los ricos han construido para impedir la plena soberanía de nuestros pueblos.

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Carlos Jiménez Villarejo, eurodiputado de Podemos y exfiscal Anticorrupción

El título de este artículo, Culpables, millonarios e impunes, es el de un capítulo de la obra de Laura Zúñiga Rodríguez Poder y delito: escándalos financieros y políticos. Salamanca: Editorial Ratio Legis, 2012.

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