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Justicia económica global
Actualizado: hace 1 hora 32 mins

Susan George: “El Tratado de Libre Comercio es un animal peligrosísimo”

Mié, 17/12/2014 - 07:00

Alejandro López de MiguelPúblico.es

Susan George se ha referido en más de una ocasión al acuerdo comercial que Bruselas y Washington negocian con sigilo como el “tratado vampiro”, y este martes ha expuesto su “estrategia Drácula” para acabar con el monstruo: “Si sacamos el vampiro a la luz del día, retrocede y se muere”.

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Con estas palabras, la directora del Transnational Institute de Ámsterdam y una de las caras más conocidas en la lucha contra polémico acuerdo comercial ha sintetizado las ideas y la estrategia a seguir que la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) ha desgranado este martes en Bruselas: aún es posible parar el acuerdo, sólo hay que revelar su verdadera naturaleza, incidir en la letra pequeña de la alianza que la UE y EEUU intentan vender agarrándose a los números más optimistas de un estudio económico elaborado en 2013 sobre los supuestos beneficios económicos que conllevaría para los ciudadanos. “En la hipótesis más optimista esto equivaldría a un café por europeo en el año 2017. Otros estudios avisan de la destrucción masiva de puestos de trabajo”, rebate George. “Tenemos que dejar claro el contenido del TTIP a todos los ciudadanos europeos”, zanja.

Zimmer (GUE): “No se trata del comercio, sino de la democracia, de los derechos sociales y del medio ambiente” La Izquierda Unitaria Europea ha celebrado este martes en Bruselas el seminario Por una agenda comercial de los ciudadanos, Stop TTIP, CETA y TISA, para alertar de los múltiples peligros que a su juicio encierran el tratado de libre comercio entre Bruselas y Washington (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), la alianza comercial entre la UE y Canadá (Comprehensive Economic Trade Agreement, CETA) y el acuerdo sobre servicios que negocian la Unión, EEUU y otros 20 países (Trade In Services Agreement, TISA).

Las negociaciones sobre el TTIP comenzaron hace año y medio, y el grupo parlamentario al que pertenecen IU o Podemos lleva desde entonces mostrando su rechazo al polémico tratado. La presidenta del GUE/NGL, Gabi Zimmer, no ha podido ser más clara: “Nos estamos negando. El GUE está a favor del comercio, pero justo y equitativo. Con el CETA y el TTIP no se trata del comercio, se trata de la democracia, de los derechos sociales y del medio ambiente”. Este martes, su grupo parlamentario se ha rodeado de expertos, representantes sindicales y políticos de ambos lados del Atlántico para explicar su posición y mostrar sus cartas: van a seguir advirtiendo de los peligros del TTIP para que la ciudadanía europea exija que sea rechazado, como ocurrió en 2012 con el polémico Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, ACTA.

George: “El TTIP apoya el petróleo, el ‘fracking’: dará acceso sin restricciones a las materias primas, a lo que está en el suelo”

Conservadores, Socialistas y Liberales defienden los supuestos beneficios del TTIP en la Eurocámara, pero se muestran más reacios a reconocer la falta de transparencia de las negociaciones, o a discutir sobre la cláusula de protección de inversiones (ISDS) que incorpora, y que permitirá a las empresas inversoras demandar a los estados ante paneles arbitrales, y no ante los tribunales nacionales, de considerar perjudicadas sus inversiones por los cambios normativos que realicen estos estados.

Suelen omitir también la existencia de un Consejo de Cooperación Reguladora en el TTIP: una suerte de mesa de negociaciones a la que se sentarán las empresas después de la ratificación del acuerdo, para seguir negociando sobre la marcha distintos aspectos del tratado. Eso, por no hablar del principio de reconocimiento mutuo de estándares que se aplicará en distintos sectores: la UE y EEUU darán por buenos los estándares del contrario en varias áreas en las que interpretarán que estos son similares, por lo que los menos exigentes prevalecerán junto a los más duros, reduciéndose de facto este nivel de exigencia normativa.

“Lo que quieren es discutir las propuestas de los lobbies: es un peligro para la legislación vigente, pero también para el avance regulador en el futuro”, asegura Kenneth Haar, del Observatorio Corporativo Europeo (CEO). “Se van a intentar cargar la regulación. Poco importa lo que sufran los ciudadanos, lo importante es sacar tajada del acuerdo”, zanja George.

“Cuando la gente sepa sobre el TTIP tendrá motivos para rechazarlo”

George: “No quiero que entremos a negociar un aspecto u otro: se tiene que rechazar en su totalidad” La presidenta del think tank Transnational Institute en Ámsterdam asegura que el mayor efecto del TTIP será climático: “Hablamos de la vida sobre la Tierra”. “El TTIP apoya el petróleo, el fracking, dará acceso sin restricciones a las materias primas, a lo que está en el suelo”, explica.

George sostiene que el acuerdo puede dejar sin trabajo a 2 millones de pequeños agricultores en la UE y facilitar una explosión de casos de demandas a estados gracias al ISDS, además de permitir a las empresas imponer de facto una nueva legislación laboral, o de abrir la puerta a las privatizaciones. “No quiero que entremos a negociar un aspecto u otro: se tiene que rechazar en su totalidad”, zanja George.

“Las negociaciones van bastante mal”

Cécile Tubeau, de la ONG Transporte y Medio Ambiente, aseguraba este martes que las negociaciones del TTIP están “algo paradas”, para después afirmar “que van bastante mal”.

Harris: “He estado viviendo con el NAFTA: los europeos tienen muchas razones para estar preocupados”

Tubeu explicó que en áreas como los servicios públicos “hay compromiso cero para avanzar”, y que los negociadores “han hablado bastante sobre telecomunicaciones, pero aún no han tocado muchos temas, y ni siquiera saben cómo empezar a negociar, porque no hay indicaciones políticas”.

Asegura que el grueso de las reuniones sobre las pruebas de seguridad de vehículos, la evaluación de sustancias químicas o las energías renovables no se abordarán hasta 2015, por lo que los negociadores que en la UE lidera Ignacio García Bercero tienen aún mucho trabajo por delante. “Hay intención política en salir del atolladero, pero creo que los reguladores saben que es imposible salir”, aseguraba.

El precedente canadiense

“He estado viviendo con el acuerdo NAFTA [México, Canadá y EEUU]. Los europeos tienen muchas razones para estar preocupados”, asegura Scott Harris, de la ONG Consejo de Canadienses. El activista denuncia que el mecanismo de protección de inversiones del acuerdo NAFTA ya ha llevado a Canadá ante tribunales arbitrales en 35 ocasiones desde 1994, con el consiguiente desembolso de más de 136 millones de euros en costear estos procesos y pagar indemnizaciones.”En Canadá no hay medidas sociales desde que se aprobó el acuerdo”, lamenta.

Harris coincide también con el resto de expertos en que el ISDS únicamente sirve para “dar ventajas a las empresas a las extranjeras”, y asegura que el mecanismo afecta a la función regulatoria de los estados. “El derecho a regular no se protege con estos acuerdos, lo vemos en los australianos, en sus intentos por limitar a las tabacaleras. Cada vez vemos más ejemplos de que se está intentando usar el ISDS contra los estados”. “El simple hecho de que alguien pueda llevarte ante este mecanismo hace que el Gobierno no legisle, que tenga miedo. En Canadá lo estamos viendo con la moratoria del fracking”, afirma.

Harris: “El simple hecho de que alguien pueda demandarte hace que el Gobierno no legisle, que tenga miedo” El activista asegura que hay “aspectos paralelos” entre algunos de los capítulos del TTIP o el CETA, y sostiene que en esencia este tipo de alianzas suelen buscar el mismo objetivo: beneficiar a las empresas y apuntalar el modelo neoliberal. “Quieren hacer posible lo que hoy no lo es: entregar el poder a las multinacionales”, apunta el eurodiputado Oscar Matute (EH Bildu).

“El NAFTA tiene un capítulo sobre energía, el de Reparto Proporcional. Establece Canadá no puede reducir la producción de energía que se exporta a EEUU: estamos atados a un plan energético con ellos”, denuncia Harris.

El Europarlamento, mero observador

Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, recuerda que el presidente Barack Obama tiene intención de saltarse al Senado y al Congreso estadounidenses para acelerar la firma del acuerdo, pero previsiblemente no logrará el apoyo necesario, ya que muchos demócratas y republicanos ven con recelo varios aspectos del tratado.

El PP ha registrado una PNL en la que insta al Gobierno a presionar para concluir las negociaciones

Mientras gobiernos como el de Merkel o Rajoy presionan para acelerar el acuerdo, la oposición a la alianza crece: los sindicatos mayoritarios europeos se niegan a ponerse al nivel de un país que no acepta las directrices de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), las fuerzas políticas denuncian la opacidad de las negociaciones, el enorme peso de los lobbies en las reuniones y el poder que el acuerdo brindará a las empresas , y las organizaciones sociales de los distintos países intentan establecer estrategias comunes, al tiempo que realizan demostraciones de fuerza.

Ya han logrado reunir dos millones cien mil firmas en contra del acuerdo en dos iniciativas ciudadanas europeas distintas: Bruselas ni siquiera permitió el registro de la primera, y la Plataforma No al TTIP entregó el millón cien mil firmas recabadas para la segunda en la sede de la Comisión Europea este martes, como regalo a su presidente, Jean Claude Juncker, que el mismo día celebraba su 60 cumpleaños.

El Europarlamento ni siquiera puede jugar un papel de observador, ya que sólo siete eurodiputados tienen acceso a algunos de los documentos de las negociaciones, y únicamente se limitará a aprobar o rechazar un tratado que previsiblemente también pasará por los parlamentos nacionales.

La pelota queda en el tejado de la Comisión, que lleva meses desarrollando una tímida estrategia de blanqueo de imagen del acuerdo que según los expertos reunidos por el GUE se intensificará entre enero y febrero, cuando tendrá lugar la octava ronda de negociaciones. La comisaria de Asuntos Interiores, Cecilia Malmström, promete más transparencia, y asegura que desde el 1 de enero todos los eurodiputados podrán acceder a una parte de los documentos -no a los datos más sensibles-, mientras Francia sostiene que no ratificará el acuerdo si este incluye una cláusula de protección de inversiones ISDS.

Categorías: Attac Planet

Se disparan las paradas “fortuitas” de centrales eléctricas de gas natural, carbón y energía nuclear

Mar, 16/12/2014 - 18:00

Antonio M. Vélez - eldiario.es

Las paradas por razones “fortuitas” del parque térmico de centrales eléctricas (plantas de gas natural, carbón y nucleares) se han disparado este año, tras la puesta en marcha, en abril, del nuevo Previo Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), directamente vinculado a la cotización del mercado mayorista de electricidad (conocido como ‘pool’).

Según un cálculo basado en los datos que proporcionó Red Eléctrica (REE) a los agentes del sector en la reunión del Comité de Seguimiento de la Operación del Sistema Ibérico del pasado 12 de noviembre, entre enero y octubre de 2014 han estado parados a lo largo de cada mes y sin aviso previo una media de 2.250 megavatios (MW) del parque térmico, equivalentes a dos plantas nucleares o a cinco grupos de ciclo combinado (gas natural) de tamaño medio.

El aumento de la “indisponibilidad” fortuita, en la terminología de REE, con respecto al mismo periodo de 2013, cuando la media mensual no llegó a los 1.000 MW, es muy significativo: del 133% en un año.

Si se comparan esos 2.250 MW con el total de potencia de origen térmico instalada en España (44.870 MW, de los que más de 25.000 MW son centrales de gas), resulta que, entre enero y octubre, un promedio del 5% del parque de centrales térmicas, el corazón del sistema eléctrico tradicional (sin contar la hidráulica), ha estado parado por causas fortuitas. Un dato a tener en cuenta por quienes critican a las energías renovables por su intermitencia.

Si a esas paradas fortuitas se añaden las que ya estaban programadas (por ejemplo, para el mantenimiento de una central comunicado con antelación a REE o al regulador nuclear, el CSN), el total de potencia térmica parada a lo largo de este año asciende a una media mensual de 3.825 MW. La cifra, un 36% superior a la de hace un año, supone que, cada mes, un 8,5% del parque térmico ha estado fuera de la circulación.

“No afecta a la garantía de suministro”
Fuentes de REE, que no detalla el origen de esas paradas “fortuitas”, subrayan que “la indisponibilidad no afecta a la garantía de suministro, ya que se establecen alternativas de funcionamiento” en el sistema eléctrico.

Dada la sobrecapacidad que desde hace años lastra al parque español de generación, no es el temor a un apagón lo que debería preocupar al consumidor. Otra cosa es el posible efecto que la parada de estas centrales sin explicación aparente podría tener en el precio del pool, sobre el que REE no hace ningún comentario. El hueco que dejan esas plantas que no están operativas se rellena con tecnologías que pueden tener un coste variable más caro, sobre todo, si se trata de MW de origen nuclear, que entran en el pool a coste cero, al igual que la hidráulica y las renovables.

Este año, el mes con más paradas fortuitas en el parque térmico ha sido septiembre. A lo largo de ese mes estuvieron en el dique seco 3.225 MW térmicos, según los datos de REE. Precisamente, los precios del pool experimentaron entonces un fuerte incremento, relacionado con la ausencia de viento, que se ha reflejado en las facturas de noviembre. En septiembre, además, se produjo la parada automática, no programada, de la central nuclear de Almaraz I “debido a la actuación del sistema de protección del reactor por baja presión en el presionador”, según informó entonces el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

“Sí hay un riesgo”

Para Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables y empresario del sector eléctrico, aunque “no se puede establecer una correlación automática, sí hay un riesgo” de que esas paradas sin explicación hayan tenido alguna incidencia en el precio final de la luz.

Es lo que sucedió a finales del año pasado, cuando la parada de dos centrales nucleares y la ausencia de viento propiciaron una escalada de precios que dinamitó la subasta eléctrica de diciembre de 2013, anulada por el Gobierno, que eliminó el antiguo sistema de precios (basado en unas pujas trimestrales) e impuso el nuevo.

No obstante, desde una gran eléctrica aseguran que “la mayoría de las indisponibilidades de este año corresponde a centrales de gas y carbón”, que son las últimas que entran en el pool (de hecho, son las que marcan el precio final que cobra cada planta), “por lo que el impacto en los precios es limitado”.

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Fort Apache – La Europa de los paraísos fiscales

Mar, 16/12/2014 - 13:00

http://www.hispantv.com

Más de 300 multinacionales, entre ellas, Pepsi, Ikea o Deutsche Bank, se han beneficiado de acuerdos, bendecidos por las autoridades fiscales luxemburguesas, que les han permitido eludir pagar gran cantidad de impuestos.

Las compañías podían llegar a pagar un 2% sobre sus ganancias, frente al 28,6% que rige en Luxemburgo (o el 21% de media europea si se tiene en cuenta que muchas de esas cantidades tendrían que tributar en el país europeo donde se genera la actividad económica de la empresa, no en Luxemburgo).

Estos acuerdos se firmaron mientras el actual presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Junker, era primer ministro y ministro de economía del país.

Actualmente en Europa se consideran paraísos fiscales Gibraltar, Suiza, la Isla de Man, la Isla de Jersey, Mónaco, Malta, la propia Luxemburgo y, la tan de moda en España, Andorra.

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Plataformas ciudadanas, ONG, activistas: las voces que se rebelan contra “la mordaza”

Mar, 16/12/2014 - 09:00

Raúl Rejóneldiario.es

La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados dedica un puñado de artículos a las faltas y sanciones que se podrán aplicar a los manifestantes y acciones de protesta contra decisiones y medidas del Gobierno. Los grupos que se baten habitualmente en esos frentes –de la vivienda, el medio ambiente o el trabajo– temen que la poda del derecho de manifestación acalle la contestación ciudadana contra la acción política.

Uno de los colectivos que se ha distinguido por sus  acciones de protesta –especialmente alimentadas durante la crisis– ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su férrea oposición a la batería de desahucios que ha conllevado la depresión económica se tradujo en sentadas en bancos que ejecutaban hipotecas u oficinas públicas de vivienda.

Carlos Macías, de la PAH en Barcelona, avisa de que su grupo “ha ido ya por delante de la misma ley mordaza”. “Nos hemos adaptado para evitar infracciones”, asegura. Se refiere a que, a partir de que el Gobierno presentó el anteproyecto de ley, la plataforma ha modificado sus protestas: “Ahora en lugar de ocupar oficinas las bloqueamos”, explica. “Le hemos dado la vuelta al texto y esquivamos las acciones que traen aparejadas sanciones”, cuenta Macías. Con todo, subraya: “No vamos a quedarnos en casa cuando hay necesidad de protestar”. De hecho, “seguiremos adelante con la desobediencia civil que paraliza los desahucios. Son ilegales y continuaremos evitándolos”.

La ley “afecta a la población en general en cuanto a sus derechos”, analiza María Serrano, portavoz de Política Interior en Amnistía Internacional (AI). Serrano detalla que el nuevo marco legal “ofrece menos garantías y más sanciones”. AI incide en que se ha allanado el camino para que los ciudadanos que protesten sean multados: “Se favorece la vía administrativa y se le otorga la presunción de veracidad a la policía a la hora de sancionar. Si se quiere recurrir, hay que ir a la vía judicial y pagar las tasas”.

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La PAH ocupa el punto de información de la Sareb en el Barcelona Meeting Point de 2013. / Enric Català

Serrano se muestra preocupada por varios aspectos que, a su juicio, se ven exacerbados por la Ley de Seguridad Ciudadana. “La sanción de difundir imágenes de las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones, por ejemplo, que ha sido un elemento clave para denunciar abusos policiales”. Y todavía más: “Todo el asunto de la falta de consideración con los agentes, ¿cómo se va a medir?”, se pregunta. En su opinión, “todo el derecho de manifestación se ve menguado. Ahora se podrá multar a personas que intervengan en una manifestación espontánea por no estar comunicada aunque no sea violenta”.

Convertir el conflicto laboral en conflicto de orden público

Amnistía Internacional pone el acento, por último, en la criminalización de ciertos colectivos debilitados. Su portavoz recuerda que la ley permitirá sancionar a “víctimas de trata” si “insisten en ofrecer servicios de prostitución en zonas como parques. Ellas no pueden escoger ni decidir dónde ejercer”, avisa Serrano.

Y si un grupo ha visto cómo el articulado de la ley mostraba síntomas de “haber pensado en nosotros”, es el del  activismo ecologista. Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, analiza que, más allá de que “se convierta a los manifestantes en un riesgo para la seguridad”, el Ejecutivo ha incluido acciones propias de su asociación. “El escalamiento de edificios se mantiene como infracción aunque haya pasado de falta grave a leve en la revisión del texto”.

Otro punto que se les ajusta como un guante es el de “las manifestaciones en infraestructuras críticas como centrales nucleares, puertos o aeropuertos”, señala el portavoz de la ONG. Esas acciones pueden ir desde “graves a muy graves”. En estos días se está juzgando a 16 activistas de Greenpeace y un fotógrafo por una de estas protestas en la central nuclear de Cofrentes (Valencia). “Desplegar pancartas, ocupar espacios es nuestra manera de defender el medio ambiente”. Es un ataque “al derecho de expresión y manifestación”, remata Soto.

Incluso el movimiento sindical se siente incómodo. Inmerso en su campaña contra las acciones legales que afectan a huelguistas (“la huelga no es delito”), la ley mordaza es vista como una “mordaza al movimiento sindical”, según la perspectiva de la secretaria confederal de Movimientos Sociales de CCOO, Empar Pablo Martínez. “Convertirá el conflicto laboral en un conflicto de orden público”.

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El estancamiento de los salarios aumenta la brecha entre ricos y pobres según la OIT

Mar, 16/12/2014 - 07:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

El estancamiento de los salarios en los países desarrollados pese al continuo aumento de la productividad confirma que una parte cada vez mayor del ingreso es recaudada por la clase capitalista mientras el porcentaje que reciben los trabajadores sigue disminuyendo. Esto es resultado de la competencia corporativa cicatera y no de la mano de obra barata de China, asegura la Organización Internacional del Trabajo en este informe publicado el viernes.

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Los salarios medios de los países desarrollados han crecido sólo un 0,4 por ciento desde el año 2009 a pesar de un aumento del 5,3 por ciento en la productividad de los trabajadores. A nivel mundial, los salarios están convergiendo lentamente hacia la baja, cerrando la brecha con los países pobres. El crecimiento de los salarios en las economías desarrolladas fue un 0,1 por ciento en 2012 y 0,2 por ciento en 2013, mientras que las economías en desarrollo registraron aumentos de 6,7 por ciento y 5,9 por ciento respectivamente.

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En Grecia, Irlanda, Italia, Japón, España y Gran Bretaña, los salarios reales cayeron por debajo de los niveles de 2007 en 2013. Italia y el Reino Unido han visto un período sin precedentes de la caída de los salarios reales. En particular, de acuerdo con la Comisión de Salarios, los salarios británicos cayeron en forma más acusada que en ningún momento desde que comenzaron los registros en 1964. En los dos países avanzados con la mayor desigualdad de ingresos, España y Estados Unidos, la pérdida de empleos y recortes salariales representa casi todo el aumento de la desigualdad.

Aumenta brecha de desigualdad

Pero el hecho más devastador del informe es el siguiente: “En general, en el grupo de las economías desarrolladas, el crecimiento del salario real va a la zaga del crecimiento de la productividad laboral en el período 1999 a 2013.” Esto significa que a lo largo de este período de 14 años, la proporción de ingreso nacional que va a la clase trabajadora se redujo, mientras que la proporción del ingreso que va al 0,1 por ciento más rico aumentó de manera constante.

El informe de la OIT cita ciertos peligros en las políticas que se están aplicando en Europa: “Si muchos países con estrechos vínculos económicos o dentro de un área geográfica grande (como la Unión Europea) persiguen simultáneamente una política de “moderación salarial “, el resultado será probablemente un déficit en la demanda agregada…” En otras palabras, al reducir los salarios se suprime el consumo y quedan menos compradores de bienes lo que aumenta más el desempleo y potencia la deflación.

Según la OIT, la creciente brecha entre los salarios y la productividad significa que los hogares están recibiendo una “proporción menor del crecimiento económico, mientras que los dueños del capital se están beneficiando más”. Este análisis se hace eco de un debate público de este año, en parte impulsado por el libro de Thomas Piketty El Capital en el siglo XXI, que centra su atención en el aumento de la desigualdad en las últimas tres décadas que han acelerado la concentración de la riqueza en el 0,01 por ciento de la población.

“Estancamiento de los salarios debe abordarse como una cuestión de justicia y de crecimiento económico”, dice la OIT. “Debido a la desigualdad global es impulsada significativamente por la desigualdad salarial, se necesitan políticas del mercado de trabajo para hacer frente a ella”

El crecimiento de los salarios en las economías emergentes ayudó a empujar hacia arriba la media mundial a 2 por ciento en 2013 y 2,2 por ciento en 2012, por debajo del 3 por ciento antes de la crisis financiera. Pero entre las naciones emergentes hubo grandes variaciones regionales: Asia ha experimentado un crecimiento del 6 por ciento en 2013, frente al 0,8 por ciento en América Latina y el Caribe. Los salarios reales en la región de Asia Pacífico son ahora 2,4 veces más altos de lo que eran en 1999, revelan las cifras de la OIT.

El Blog Salmón

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Nos ponen señuelos y picamos. El poder son los ricos

Lun, 15/12/2014 - 18:00

Carlos Martínez - ATTAC Andalucía

Ahora que tanto y con motivo se habla de la corrupción política, nadie habla de la corrupción de los grandes empresarios y grupos financieros. No se habla de los corruptores. Hay quien coge comisiones por dar contratos, pero para eso ha de haber quien las ofrezca. La corrupción política es inaceptable pues roba a la ciudadanía y favorece el régimen oligárquico y a las clases poseedoras y explotadoras. Además debilita la democracia y ello pone en peligro mecanismos de control y de corrección sobre las clases altas y capitalistas.

Pero y a pesar de todo, la mayor corrupción política que existe es gobernar en favor de las oligarquías. Construir un Estado más desigual cada vez, en el que los oligarcas sean más ricos y no hacer nada por al menos cortar y controlar su inmenso poder e impedir su dominio. La desigualdad es fruto del poder económico y de los que gobiernan siguiendo sus intereses. La gran apuesta de las clases dominantes es destruir el estado social, el bienestar y además les sobra la democracia.

Las oligarquías son las que gobiernan e indican el camino a seguir, mientras no se les paren los pies. Las oligarquías son el poder real. Por eso olvidarse de ellas y de sus crímenes y atropellos es hacerles un gran favor. Las multinacionales extorsionan gobiernos, envenenan a las personas y destruyen el medio ambiente para obtener más beneficios y han impuesto la desregulación total y la mercantilización de la politica, cuyo poder real, hoy en día es ridículo.

El capitalismo es tan inteligente que nos ha puesto un nuevo juguete en las televisiones para entretenernos y es la corrupción politica, así nos olvidamos de ellos, los capitalistas y de esta forma ellos pueden seguir mandando tranquilos y haciéndose cada vez más ricos a nuestra costa.

¿Por qué nadie pregunta cuánto gana Patricia Botín o Florentino Pérez? Cuando ambos reciben fondos públicos y rescates, contratos de las administraciones, o prestan dinero a las instituciones haciendo negocio a su costa – la de las instituciones públicas-, es decir a nuestra costa. Hacen negocios gracias a los presupuestos públicos, e imponen privatizaciones para lucrarse. Ellos y otros muchos son el gobierno real ¿Quién les pide cuentas?

Eso pasa cuando se pierde la óptica de la lucha de clases y se piensa que tan solo estamos ante un problema de transparencia democrática, estamos errando el tiro. No. Esto es la lucha de clases y los ricos nos imponen sus reglas. Y los ricos son de derechas.

Los poderosos lo son porque dominan la sociedad y piensan que todo tiene un precio y ellos lo pueden poner. Por eso olvidar la lucha frente a los poderosos que detentan las riquezas e impiden su reparto, es quedarse a medias. Eso no resuelve el problema.

La solución, es el reparto de la riqueza y eso los socialistas -no hablo de socioliberales- no lo hemos olvidado. Es lo más duro, pero en ello estamos. Hay un primer paso en democracia y es controlar la actividad económica, regularla, conocer los movimientos de capitales, poner impuestos y gravámenes, imponer la transparencia bancaria y acabar con el poder político de los bancos, clausurar los paraísos fiscales y devolver el poder real a la política. Ese sería el primer paso. Pero para ello hay que modificar sustancialmente la Unión Europea y recuperar la politica antiimperialista. Es decir hay que recuperar la izquierda transformadora e inteligente.

Carlos Martínez es miembro del Consejo Científico de ATTAC España

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¿Pero quién en su sano juicio aún dice a estas alturas que el Estado español es aconfesional?

Lun, 15/12/2014 - 13:00

Antonio Aramayona – ATTAC España

Hagamos un poco de historia para abrir boca. El 7 de diciembre de 1585 los tercios españoles, cercados por las tropas del almirante Holak en los Países Bajos, se encontraban en una situación casi desesperada, sin víveres ni ropa seca. Sin embargo, viendo que no se rendían, el almirante holandés hizo abrir los diques de algunos ríos, por lo que a los tercios no les quedó otro refugio que un montecillo de nombre Empel. Y como la providencia divina siempre ha manifestado su predilección por España, la pala de un soldado español que cavaba una trinchera dio con la imagen de la Inmaculada Concepción en una tabla flamenca, signo inequívoco de los favores divinos por la madre patria. En la madrugada del 8 de diciembre un viento gélido congeló todas las aguas que rodeaban la isla, los tercios atacaron por allí al enemigo y obtuvieron la victoria: había nacido el milagro de Empel.

Dicho portento fue extendiéndose por todo el reino hispano, de tal forma que la infantería española, heredera de los tercios, tiene por patrona a la Inmaculada Concepción, aunque las Fuerzas Armadas sean una institución pública del Estado, supuestamente aconfesional, según la Constitución. Por si fuera poco, también las facultades de Farmacia, igualmente instituciones públicas, la tienen como patrona, lo cual no deja de ser otro anacronismo que contradice el antedicho principio constitucional. La cosa es que desde hace siglos la festividad católica de la Inmaculada Concepción es “fiesta nacional no sustituible” en los reinos de su majestad católica, es patrona de numerosas localidades y comarcas e incluso en Toledo es tradición que su alcalde jure ese día pública y solemnemente ”delante de Dios omnipotente (..) defender que la Virgen María fue concebida sin pecado original”.

Otra cosa es que se sepa qué sea eso de la “Inmaculada” o la “Purísima Concepción”. El punto de partida mitológico es el relato bíblico-mesopotámico de que hubo una primera pareja de la que descendemos todos los humanos que cometió un pecado primero, “original”, fuente de todos los males de la humanidad y que todos y cada uno contraemos al ser concebidos por nuestros padres. Ese pecado original acarreó como castigo la muerte, el trabajo, el sufrimiento, el dolor al parir, las “tendencias pecaminosas” y lo que más han temido siempre los jerarcas católicos: la líbido sexual. Y como Dios no podía consentir que la madre del divino Jesús de Nazaret quedase contaminada con ese pecado y esa proclividad al mal, hizo que fuese concebida sin mancha o pecado alguno, incluido el original, y quedar así exenta de las malas pulsiones (principalmente, la líbido). La Inmaculada Concepción nada tiene que ver, pues, con esa otra creencia común de que Jesús fue concebido sin intervención de varón y que su madre mantuvo intacto el himen antes, durante y después del parto.

Creerse o no creerse el mito del pecado original y el dogma católico de la Inmaculada Concepción es una cuestión estrictamente personal. Ahora bien, que en pleno siglo XXI tal creencia sea aún día festivo en el calendario civil de un país cuya Constitución declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal (artículo 16.3) es un despropósito. Desde el respeto a todos los credos y ritos confesionales, la consecución de un Estado realmente laico y aconfesional constituye una de las asignaturas pendientes más importantes en nuestro país, pues es la única vía adecuada para garantizar a la ciudadanía el libre ejercicio de sus derechos en el marco del derecho inalienable a la libertad de conciencia y de la plena igualdad, sin privilegios ni discriminaciones.

De hecho, el respeto a todas las ideas y el carácter aconfesional de las instituciones del Estado debería ser enseñado en todos los centros educativos. En consonancia con ello, cualquier privilegio (la Iglesia católica disfruta de muchos gracias al Concordato franquista aún vigente desde 1953 y los Acuerdos de 1979) es incompatible con el derecho universal a la igualdad de todas y de todos ante la ley sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencia, sexo o cualquier otro motivo.

Artículo publicado en El Huffingtonpost

La Utopía es posible

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El canon de los medios AEDE ya se cobra víctimas, incluidos ellos mismos

Lun, 15/12/2014 - 09:00

Arsenio Escolar20minutos.es

La nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ya se cobra víctimas en España. No me refiero a Google News, que acaba de anunciar que cierra su servicio en nuestro país. Me refiero a la libertad de prensa, a la libertad de empresa, a la libre competencia, a la innovación, a los usuarios de Internet, a internet mismo.

La LPI incluye una cláusula, la 32.2, injusta y estúpida. Obliga a los agregadores de noticias (como Google News o Menéame) a abonar dinero a los editores de prensa por enlazar sus noticias. Y a los editores nos obliga a cobrarlo, lo queramos o no. El 32.2 dice que el nuestro es un derecho “irrenunciable”.

El derecho de cita es algo tan antiguo como la civilización y la cultura. El enlace es una de las esencias de Internet, del nuevo mundo de redes en que vivimos. Legislar contra eso es escupir contra el viento, ponernos palos nosotros solos en las ruedas de la historia, tirarnos en marcha del tren del futuro.

Obligarnos a los editores a cobrarle al que enlace nuestros contenidos es una aberración. Va contra la libertad de empresa. No lo digo yo, lo han dicho CEOE o la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Si nuestros derechos de propiedad intelectual son nuestros, ¿no podemos regalarlos o compartirlos? Los agregadores nos dan a los editores visibilidad, presencia en las redes, millones de usuarios. Algunos nos sentimos perfectamente retribuidos con eso.

El estúpido e injusto artículo 32.2 nace de un pacto entre los editores de prensa tradicionales, organizados en AEDE, y el Gobierno de Mariano Rajoy y de Soraya Saenz de Santamaría. Estos últimos querían un trato informativo al Gobierno muy cariñoso en estas vísperas electorales, y lo tienen: no hay más que ver algunas portadas y algunos editoriales día tras día. Aquellos querían un ingreso extra con el que arreglar su cuenta de resultados (y probablemente no lo van a tener) y, sobre todo, trataban de ponerle vallas protectoras a su negocio, de impedir que los nuevos medios online progresaran en visibilidad y reputación gracias a la profundidad infinita de la información en la red, vía el enlace. Todo es una expresión genuina, una vez más, de nuestra Marca España: conchabeos entre el poder y la prensa, y nada de libre mercado o libre competencia, nada que fomente la pluralidad y la libertad de prensa.

Ojo: sólo algunos de los editores agrupados en AEDE (los grandes, mientras que los medianos y los pequeños recelen) están en ese conchabeo. AEEPP, la asociación española de editores más numerosa y más representativa del sector (unos 120 asociados, más de mil cabeceras) y de la que soy presidente, se ha posicionado desde el primer día contra el canon AEDE o tasa Google, tanto directamente desde nuestra asociación como desde la Coalición Prointernet y hemos estado muy activos denunciando este atropello en todas las instituciones, incluidas las europeas.

Creo que está historia no ha escrito aún su capítulo final. El cierre de Google News y el probable cierre de otros servicios similares lo van a pagar los usuarios con su tiempo y lo vamos a pagar todos los medios, los tradicionales y los nuevos. Nuestro visibilidad en la red se reducirá, nuestro tráfico también, nuestros ingresos probablemente también… Veremos lo que tardan algunos editores tradicionales -autovíctimas de su propia iniciativa- en pedirle a Google que reabra su Google News.

PD. 20minutos también se ha opuesto desde el primer día a esta norma absurda. “Es una medida de incierto resultado y que puede tener incluso efectos colaterales indeseados”,decíamos en febrero pasado. Ya tenemos los primeros.

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Esta Unión Europea, no

Lun, 15/12/2014 - 07:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

En 2005, aunque las ciudadanías de Francia y Holanda e Irlanda rechazaron una construcción europea poco democrática (al decir NO a la Constitución Europea), las constructores de la Europa neoliberal, cual cutres magos de feria, distrajeron con trucos, amagos y palabrería al respetable mientras daban el cambiazo. No habría Constitución Europea, pero sí Tratado de Lisboa que, para el caso, les servía igual.

Desde entonces comprobamos que esa Unión Europea ha castigado a la ciudadanía con una austeridad criminal mientras inyectaba millones de euros para salvar a una banca privada responsable de la crisis económica. Ha construido una fortaleza carísima contra los inmigrantes y desmontado derechos y garantías sociales que tanto han costado.

Esa Unión Europea se ha construido enterrando los principios de la democracia y erosionando la democracia misma. El Tratado de Lisboa, como la non nata Constitución europea, se coció en opacos comités. Ni Parlamentos nacionales ni Parlamento Europeo ni debate ciudadano. La euroclase política que hace y deshace al servicio de la minoría ha considerado y considera a la ciudadanía solo un decorado.

Y, para saber al servicio real de quien están, hemos conocido los oscuros enjuagues en Luxemburgo para que las grandes empresas apenas paguen impuestos. Da igual que Juncker (ex primer ministro de Luxemburgo, hoy presidente de la Comisión Europea) niegue tener que ver con esa arquitectura para eludir impuestos. Europa es tierra de elusión y evasión fiscal. O, lo que es igual, donde se quita a la ciudadanía lo que es suyo y a lo que tiene derecho. Pues, además de Luxemburgo y los paraísos fiscales europeos ‘tradicionales’ (Andorra, Gibraltar o las islas británicas del Canal de la Mancha) también son tales paraísos Irlanda, Holanda, Malta, Chipre, Austria o la City de Londres, donde las cabriolas, trampas financieras y atajos para que los ricos paguen menos impuestos son realidad incontestable. Hasta el propio Juncker reconoce el exceso de ingeniería fiscal en Europa. Y, sin retórica ni trampas semánticas, los paraísos fiscales son un modo de quedarse con lo que es de la ciudadanía, el dinero de impuestos que no se pagan

Pero además, Juncker tiene un plan. Un proyecto para invertir más de 300.000 millones de euros y crear empleos. ¿No es maravilloso? Lo malo es que para que el capital invierta, se le regalan millones. Según Claudi Pérez, “el plan de Juncker supone la emisión de 60.000 millones en bonos garantizados por la Unión Europea para que las empresas financien sus proyectos”. Genial, más dinero para las empresas. ¿A cambio de qué? ¿Empleos? De momento, las primeras experiencias con esos milagrosos bonos (Castor en España y autopista Passante di Mestre en Italia) han sido un fiasco. En el primer caso, cancelar el proyecto por riesgo comprobado de terremotos en la extracción de gas por fractura hidráulica, pero el pronto pago de mil y muchos millones de graciosa indemnización en tiempo récord. Y en el caso italiano mucho dinero de sobrecostes más una trama corrupta con un centenar de detenidos. Más de lo mismo en la vieja Europa: beneficios privados, pero socialización de pérdidas.

Solo son un par de muestras de esta Unión Europea. Y un toque más local. Con el desastre innegable del paro y aumento del trabajo precario en el Reino de España, la Unión Europea pide al gobierno más recortes presupuestarios y reformas para cumplir con el déficit de 2015. Y a Rajoy le ha faltado tiempo para garantizar que perpetrará todas las reformas que le pidan. Lo que ellos llaman reformas.

Entonces ¿qué hacemos con esta Europa que actúa contra los intereses de la clase trabajadora y ciudadanía en general? Antoni Domenech propone democratizarla: “Nuestra tarea es democratizar de verdad el Estado. Las repúblicas democráticas que el movimiento obrero trajo a Europa tras la I Guerra Mundial fueron truncadas por el fascismo y el estalinismo. Y las constituciones políticas de los estados de bienestar tras la II Guerra Mundial son menos democráticas que las constituciones tras la primera guerra mundial. La República Federal Alemana es menos democrática que la República de Weimar y la monarquía española, mucho menos democrática que II República”.

Esa es nuestra tarea, democratizar Europa. Otra Unión Europea.

Xavier Caño Tamayo es periodista y escritor
Twitter: @xcanotamayo

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias

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Respuestas a los ataques neoliberales contra el documento preparado a propuesta de Podemos

Dom, 14/12/2014 - 18:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Entrevista realizada al profesor Vicenç Navarro, Catedrático Emérito, por los estudiantes de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

¿Qué le ha parecido la respuesta que está recibiendo su documento de propuestas económicas y sociales?

Francamente, me ha sorprendido la enorme hostilidad personal que el Profesor Juan Torres y yo hemos recibido. Durante mi largo exilio he vivido en Suecia, Reino Unido y EEUU y nunca he recibido un tratamiento como aquí en España. Constantemente se están refiriendo a mi persona como “asesor de Fidel Castro”, insinuando con ello que lo que deseo para España es tener un sistema como el cubano. Yo asesoré al gobierno cubano en el año 1971, hace ya más de 40 años. Estoy orgulloso de ello, habiendo ayudado al gobierno cubano a establecer el servicio sanitario público que considero uno de los mejores en los países del mundo en desarrollo. Pero desde entonces –hace más de cuarenta años- he asesorado a muchísimos gobiernos, tanto en América Latina como en Europa y Norteamérica. En Latinoamérica asesoré al gobierno Allende en Chile. En EEUU asesoré más recientemente a la Sra. Hillary Clinton, en la Casa Blanca, en sus reformas sanitarias. En Europa asesoré hace años al gobierno sueco, país al que conozco bien, pues allí tengo familia, y me eduqué en parte en aquel país. Y también asesoré más recientemente al gobierno de Felipe González y al candidato socialista Josep Borrell. En realidad, es un motivo de orgullo para mí que propusiera el establecimiento en España del Cuarto Pilar del Bienestar, es decir, el derecho a los servicios de ayuda a las familias, que están muy desatendidas en España. Me alegró que el Sr. Borrell hiciera suya esta propuesta, que luego se generalizó en las prácticas y discursos de los distintos partidos políticos.

También asesoré al gobierno tripartito en Catalunya, al cual valoré positivamente. Ni que decir tiene que casi ninguna de estas asesorías ha aparecido en esa definición de mi biografía, centrándose solo en mi relación con el gobierno cubano. Nunca había visto tanta mezquindad y bajeza en mi más de medio siglo de trabajo profesional. Ni la FOX en EEUU llega a estos niveles. Es un indicador más de la bajísima calidad democrática de la cultura mediática y política del país, en la que es difícil debatir, pues no se respetan las más mínimas normas de decencia en ese intercambio. No existe debate. Es un intercambio de insultos en el intento de destruir al adversario. Me gustaría que hubiera una movilización ciudadana en protesta por tanta mezquindad.

A usted también le han definido como radical y antisistema.

Si por radical quiere decir que voy a la raíz de los problemas, entonces no tengo por qué sentirme insultado, aunque la intención de los que lo dicen es ofenderme. En cuanto a antisistema, es bien conocido que mis valores pertenecen a la sensibilidad socialista, que en nuestros países de elevado desarrollo económico desearía desarrollar y alcanzar por la vía democrática. Soy un socialdemócrata al cual los socialdemócratas de hoy llaman, a fin de ser amables, socialdemócrata tradicional, con lo cual quieren decir anticuado. Creo, sin embargo, que los valores del socialismo son tan válidos hoy como lo eran cuando se estableció tal proyecto político. Es una lástima que el socialismo haya sido abandonado por una gran parte de los partidos que así se definen en Europa.

Uno de los temas que ha creado más revuelo es la propuesta de crear bancos públicos. Les acusan de apoyarse en modelos anticuados que han mostrado su fracaso en España.

Ha habido una enorme manipulación de estas propuestas, atribuyéndonos posturas que no tenemos. Una de ellas es sobre qué hacer con el Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Se nos ha llegado a insultar llamándonos ignorantes, poniendo esta acusación en una página visible en El País. De nuevo, deberían leerse el informe y también conocer de nuestras críticas a dicha institución en trabajos anteriores. Se ha llegado a la grosería de creer que no sabíamos que el ICO puede ya recibir préstamos del Banco Central Europeo. Que lean nuestros trabajos y verán que sí lo conocíamos. Y léanse también el documento. Y verán que ahí indicamos que el ICO recibe préstamos del Banco Central Europeo. Este no es el problema. El problema es la distribución de este dinero recibido del Banco Central Europeo, que se asigna en gran parte a través de la banca privada, estableciéndose una complicidad que es preocupante. Lo que decimos es que ese instituto debería mejorarse. Por favor, que no se nos malinterprete ni manipule como se está haciendo masivamente.

En cuanto a la banca pública, subrayamos que la dificultad de conseguir crédito se debe al comportamiento de la banca privada en España. La banca privada ha recibido 130.000 millones de euros sin contar con el dinero recibido del Banco Central Europeo, sin que con ello se haya resuelto el tema del problema de crédito. Hoy, España es uno de los países que tiene el sector público bancario más reducido de la Unión Europea de los Quince, y es a la vez el que tiene más problemas para conseguir crédito. La gran mayoría de países de la UE-15 tienen sectores bancarios públicos más extensos que España. Por favor, que se informen de lo que ocurre en la UE antes de insultarnos. En cuanto a que varias cajas de ahorros estuvieran en dificultades, ello no niega que otras fueran exitosas. En EEUU, el Estado con menos problemas financieros ha sido Dakota del Norte, que tiene una banca pública. Y así muchos otros ejemplos.

Pero lo que es incluso más importante es que la banca privada debería definirse constitucionalmente como un servicio público, propuesta que hacemos en el informe, y de lo que tampoco se ha hablado. Los taxis son privados pero ejercen una función pública. Consideramos que es un error que la banca privada no sea sometida a un mandato de servicio público, y que tenga la oferta de crédito como un objetivo de su política bancaria. La manera como está actuando muestra la necesidad de que se le obligue a hacerlo.

Otra crítica que les han hecho es que el coste de sus propuestas es totalmente inviable. Varios portavoces cercanos al PSOE han indicado que su propuesta de expansión del empleo público para alcanzar los niveles de Suecia costaría una cantidad, 140.000 millones de euros, que es inasumible.

De nuevo, lean el informe. Lo que nosotros subrayamos es la necesidad de que se estimule la economía a base de una inversión muy considerable en la infraestructura social del país, que está muy poco financiada. El gasto público social por habitante en España es de los más bajos de la UE-15. En España ha habido un énfasis en la infraestructura física que en algunos capítulos, como el transporte ferroviario, ha beneficiado solo a un sector minoritario y privilegiado de la población, tal como es el caso del AVE. Lo que sugerimos es que en lugar de hacer este tipo de inversión en infraestructura física se haga en la infraestructura social, invirtiendo, por ejemplo, en escuelas de infancia, para garantizar el acceso por parte de los infantes a este servicio público, un servicio de una enorme importancia.

Pero insisten. ¿Cómo lo pagan?

Constantemente se dice que no se puede hacer algo porque no hay dinero, olvidando que siempre hay alternativas. Ha sido una constante en nuestra historia reciente, en la que también se nos decía que no había posibilidades de aumento del gasto público y que se tenía que recortar dicho gasto. El Sr. Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros, cuando habría podido conseguir más dinero, 2.100 millones de euros, manteniendo el impuesto de patrimonio, o 2.500 millones anulando las rebajas del impuesto de sucesiones. Lo mismo, el Sr. Rajoy ha recortado 6.000 millones de euros en la sanidad pública. Podría haber conseguido casi la misma cantidad anulando la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan el 0,12% de todas las empresas, bajada de impuestos que había ocurrido con su voto favorable. Y así un largo etcétera.

Ahora se nos dice que no hay dinero. En 2013 España se había gastado más de 40.000 millones de euros en establecer el AVE, que nos cuesta unos 400 millones de euros mantenerlo. ¿Por qué no se ha invertido en escuelas de infancia, con lo cual además se habría creado mucho más empleo? Y así constantemente. El gobierno Rajoy ha recortado 600 millones de euros en los servicios a las personas con dependencia, cuando podría haber conseguido incluso más dinero reduciendo el subsidio a la Iglesia Católica para enseñar religión en las escuelas públicas. Si se hiciera pagar al erario público lo que deberían pagar las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas, que representan el 71% de todo el fraude fiscal en España, que es nada menos que de 44.000 millones de euros, conseguiríamos el dinero para ir invirtiendo en la escasamente financiada infraestructura social del país.

Nosotros no decimos que se gasten de golpe 140.000 millones en reducir el enorme déficit social de España. Lo que estamos diciendo es que la infraestructura social está desatendida y que deberíamos priorizarla para resolver los enormes problemas sociales de España, creando, además, empleo, y en el caso de las escuelas de infancia, ayudando a la mujer a que se integrara en el mundo del trabajo.

Usted comentaba en su charla esta mañana en la clase que le habían sorprendido no solo las interpretaciones malintencionadas por parte de muchos de los tertulianos, comentaristas y políticos, sino el silencio casi absoluto que ha habido sobre una de las principales propuestas que han hecho, en la que subrayaban que la igualdad de género es necesaria no solo por razones humanas y sociales, sino también por razones económicas.

Este es un eje central de las propuestas que apenas ha aparecido en los medios, supongo que debido al enorme machismo que existe en la cultura española. Enfatizamos que es fundamental crear empleo a base de expandir la infraestructura social de España que, como he dicho antes, está a la cola de la Europa Social. Esta inversión en infraestructura incluye la expansión del Cuarto Pilar del Bienestar para incluir el acceso a las escuelas de infancia, además de a los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, que ya existen y que están subfinanciados. En España tenemos un Estado del Bienestar que es como una silla de cuatro patas que solo tiene tres. Tenemos el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y el derecho a las pensiones. En realidad, todavía no está establecido el principio de universalidad en la sanidad. Y las pensiones no contributivas son demasiado bajas. Hacemos recomendaciones en este sentido. Pero al menos están reconocidos como problemas que tienen que resolverse, y que las derechas han debilitado enormemente debido a las políticas públicas llevadas a cabo por el Partido Popular. Los datos así lo muestran.

Ahora bien, a esta silla le falta la cuarta pata: el derecho de las familias a los servicios que las apoyan, como los servicios domiciliarios y las escuelas de infancia. De ahí que cuando yo propuse este derecho le llamara el Cuarto Pilar del Bienestar. En España estamos en pañales. Somos uno de los países que menos ayuda a las familias. Y en España decir familias quiere decir mujer. De ahí que consideremos urgente y necesario que se establezcan esos servicios como derechos que ayuden a la mujer a incorporarse al mercado de trabajo, compartiendo su proyecto laboral con sus responsabilidades familiares. Y muy importante también es que cambien los valores del hombre para hacerse corresponsable de las tareas familiares.

Usted ha insistido en la importancia de la igualdad de género en España, ayudando a la mujer a integrarse en el mercado de trabajo.

La necesidad económica de ello queda clara en que si en lugar del 52% de las mujeres estuviera en el mercado de trabajo, lo estuviera el 78%, como en Suecia, tendríamos muchísimos más puestos de trabajo creando riqueza y pagando impuestos. Como decimos en el texto, si en lugar de uno de cada 10 adultos trabajando en los servicios públicos, de los cuales los más importantes son los servicios del Estado del Bienestar -educación, sanidad, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios, entre otros-, tuviéramos a casi uno de cada 4 como en Suecia, tendríamos 3.5 millones más de puestos de trabajo. Encuentro sorprendente que algunos portavoces del PSOE hayan dicho que esto es imposible porque costaría 140.000 millones de euros. Nosotros no hemos dicho que esto se haga en una legislatura, sino en varias. Y ello puede hacerse en varias legislaturas si se aumentan los ingresos al Estado alcanzando un porcentaje del PIB semejante al que existe en Suecia. Ello nos significaría 150.000 millones de euros más cada año.

Pero dicen que esto es imposible.

Que las derechas digan que es imposible lo entiendo. Lo que me preocupa es que lo digan los que se llaman socialdemócratas.

Pero dicen que la ciudadanía no aprobaría el incremento de impuestos que ello significaría.

El problema en España no es que la gente normal y corriente no pague impuestos. El problema es que las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas, así como las clases pudientes que derivan sus rentas del capital, no pagan lo que deberían. Si a ello se incluye el fraude fiscal y la economía sumergida, verán que España tiene los recursos para pagar el Estado del Bienestar que corresponde a su nivel de desarrollo económico. Y así lo señalamos en el documento.

¿Cómo valora usted a los medios de comunicación?

Lo he indicado en bastantes ocasiones. El punto más débil de la democracia en España es la falta de diversidad ideológica de dichos medios. La práctica totalidad de los grandes medios está controlada por grupos financieros y económicos, así como por partidos de tradición conservadora y liberal. Un tanto semejante ocurre en las revistas económicas, financiadas por la gran banca y las grandes corporaciones, lo que conduce a una casi dictadura de pensamiento económico. De ahí que con una actitud militante digna de la mejor causa intenten destruir a las voces críticas sin ningún tipo de reparo o decencia, como ocurre ahora con el Profesor Juan Torres y conmigo. Un caso claro son los panfletos que se definen como revistas económicas, los cuales me definen constantemente como asesor de Fidel Castro. El último caso es Expansión, que recurre sola y exclusivamente a economistas neoliberales en su evaluación del programa. Predeciblemente, todos anuncian un desastre. Compare esta selección de economistas y su evaluación de nuestro programa con los comentarios que ha hecho el director adjunto del Financial Times (Wolfgang Münchau), que en un artículo de solo hace unos días aplaudió las líneas estratégicas de nuestro plan, que consistían en un estímulo masivo de la economía, a base de una gran inversión en la infraestructura del país y una reestructuración de la deuda pública, líneas que Podemos ha hecho suyas. Sería impensable que esto ocurriera en las revistas económicas de España. Y ahí está el problema, que es incluso más grave que la falta de diversidad, pues a este problema se añade la enorme mezquindad de la cual son capaces algunos medios para destruir las voces críticas. Lamento que ello ocurra, pues muestra el gran subdesarrollo de la cultura democrática en este país.

Publicado en Público.es
vnavarro.org

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ONU aprueba marco legal para reestructuración de deuda soberana

Dom, 14/12/2014 - 13:00

Argentina recibió nuevamente un importante respaldo de la comunidad internacional en su lucha contra los fondos buitre.

Las Naciones Unidas votó el viernes a favor de la creación de un marco legal multilateral para reestructurar la deuda soberana de Argentina y además estableció un calendario de reuniones de trabajo que se llevará a cabo durante el próximo año.

 Archivo

Este resultado puso de manifiesto la existencia de un mayor número de países a favor de la iniciativa presentada a comienzos del mes de septiembre por el G77 más China | Foto: Archivo

Con 128 votos a favor, 16 en contra y 34 abstenciones se aprobaron las modalidades para la implementación de la resolución denominada “Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana”.

Esta iniciativa fue presentada por el G77 más China en el pasado mes de septiembre, cuando en esa instancia contó con 124 votos a favor, 41 abstenciones y 11 países en contra.

El canciller Héctor Timerman calificó como “un triunfo” para la posición argentina y del G77 más China la votación llevada adelante esta tarde en la ONU por el “apoyo masivo” que obtuvo la postura a favor de la creación de un marco regulatorio para la reestructuración de deudas soberanas.

Por su parte, el presidente del G77+China, el embajador Sacha Llorenti, dijo que “es un paso histórico que permite devolverle en gran medida el protagonismo que merece ese órgano” y señaló como “un tema de fondo” la decisión de los 16 países que decidieron no acompañar la resolución por considerar al Fondo Monetario Internacional (FMI) como el lugar apropiado para debatir el tema.

Los votos negativos, que incluyó a Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea, significan el 8,29 por ciento del total de los miembros de la Asamblea General, mientras que dentro del FMI explican que se trata del 45,73 por ciento del poder de decisión existente dentro de ese organismo multilateral.

Tras la aprobación de la ONU, se procede a la creación de un comité ad hoc con la participación de todos los Estados miembros y observadores de la ONU para elaborar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales, un marco jurídico que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana.

En Contexto:

El 26 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución impulsada por Argentina que condena a los fondos buitre y ordena realizar una investigación sobre sus actividades y sus consecuencias.

A principios de octubre, Argentina depositó 161 millones de dólares en la entidad local Nación Fideicomisos, del Banco Nación para el pago de sus acreedores de deuda reestructurada, cumpliendo así con el compromiso adquirido en la fecha de vencimiento del plazo de pago.

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El pago del vencimiento anterior, el 30 de junio pasado, fue bloqueado por orden de Griesa, quien impidió que los agentes fiduciarios internacionales distribuyeran los fondos depositados por Argentina hasta que el país cumpla con el fallo favorable a los fondos especulativos.

¿Qué son Fondos Buitre? compañías o individuos que compran los bonos de un país para luego presionar y cobrar un porcentaje mayor al que pagaron inicialmente. El fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa establece que Argentina debe cancelar la deuda primero a los buitres, antes que a los bonistas adheridos al proceso de canje. Esa sentencia pone en jaque las reservas soberanas de ese país suramericano.

http://www.telesurtv.net

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#Apagón17D. El usuario medio paga por la luz 383 euros más al año que en 2004, según un estudio de FACUA

Dom, 14/12/2014 - 09:00

Facua.org#Apagón17D

Denuncia que la brutal subida de las tarifas pone de manifiesto que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE sólo han beneficiado al oligopolio eléctrico, un lobby que viene dictando las políticas energéticas en España.

Un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción revela que la luz ha subido un 72,3% en sólo diez años. Así, el usuario medio paga hoy 382,80 euros más al año que en 2004 (descárgate el documento).

El usuario medio en España tiene una  potencia contratada de 4,4 kW y consume 366 kWh mensuales, según un estudio de FACUA sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas.

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Con la tarifa media de noviembre de 2014, el citado perfil de usuario paga 76,01 euros mensuales (59,76 más el 27,19% que representan el IVA y el impuesto sobre la electricidad). Es un 72,3% más de lo que abonaba en el año 2004, cuando la cifra era de 44,11 euros (35,65 más el 21,93% que representaban entonces los impuestos indirectos).

Según el análisis de FACUA, con las tarifas vigentes en enero de cada año, la factura mensual del usuario medio ha sido de 44,11 euros en 2004, 44,88 en 2005, 46,89 en 2006, 48,59 en 2007, 50,20 en 2008, 57,29 en 2009, 61,78 en 2010, 72,97 en 2011, 88,66 en 2012 y 80,47 en 2013. En enero de 2014 la factura bajó a 67,62 euros mensuales después de que el Gobierno sustituyese la subasta que fijaba las tarifas por otro sistema, pero en los últimos meses ha vuelto a aumentar hasta situarse en 76,01 euros en noviembre.

El kW ha subido un 154,5% y el kWh un 54,9%

Desde 2004, el diez años, el precio del kW de potencia contratada ha aumentado nada menos que un 154,5%, pasando de 1,75 (1,44 más los impuestos indirectos) a 4,46 euros (3,50 más ii).

En lo que se refiere al precio de la energía consumida, ha subido un 54,9%. Hace diez años el kWh estaba en 9,95 (8,16 más ii) céntimos y el pasado noviembre se situó en una media de 15,41 céntimos (12,12 más ii).

FACUA denuncia que la brutal subida de las tarifas pone de manifiesto que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE sólo han beneficiado al oligopolio eléctrico. Se trata de un lobby que viene dictando las políticas energéticas en España y que hoy lidera el ranking de denuncias de los consumidores por fraude junto a las compañías de telecomunicaciones y la banca, según el último balance anual de FACUA.

#Apagón17D

La asociación reclama al Gobierno que regule una tarifa eléctrica basada en el coste real de la producción energética en el mercado mayorista. Es uno de los motivos por los que FACUA ha convocado a los usuarios a un apagón de una hora el próximo miércoles 17 de diciembre a las 19h (las 18h en Canarias), que está difundiendo a través de la web FACUA.org/Apagon17D y en las redes sociales con la etiqueta #Apagón17D.

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Nuestra dignidad no cabe en estos derechos humanos

Dom, 14/12/2014 - 07:00

Antoni AguilóEl Diario.es

Los derechos humanos se han convertido en una de las principales banderas de lucha por la dignidad humana. Homenajeados y ultrajados, no hay ningún Estado que no esté retóricamente comprometido con su defensa, pero tampoco lo hay que en la práctica no los vulnere de una manera u otra. Y es que, a lo largo de los 66 años de su proclamación, los derechos humanos han sido invocados para justificar guerras, torturas, exterminios y otras formas de opresión y violencia. En este sentido, han servido (y sirven) de coartada para legitimar situaciones de indignidad (Guantánamo, Gaza, Lampedusa, etc.) y garantizar los privilegios de las élites gobernantes.

¿Será que, en palabras de Boutros-Ghali, los derechos humanos constituyen el “lenguaje común de la humanidad”? ¿O tal vez son un imperativo ético que se ha revelado incapaz de transformar las condiciones de vida que hacen del humano, según Marx, “un ser humillado, esclavizado, abandonado y despreciado”? En varios trabajos, el profesor Joaquín Herrera Flores ha señalado que tras el aparente consenso del que gozan los derechos humanos, se esconde un campo de luchas y antagonismos “que abren y consolidan espacios de lucha por la dignidad humana”. Lejos de ser valores abstractos o normas jurídicas sin contenido, los derechos humanos describen narrativas de resistencia y dinámicas de lucha por la dignidad humana: son procesos históricos heterogéneos que congregan experiencias de empoderamiento social y político para transformar realidades opresoras. Desde esta óptica, se inscriben en un marco de posibilidades que impugnan el poder constituido y afirman el poder constituyente desde abajo.

Para que formen parte de un proyecto colectivo comprometido con los oprimidos, es necesario aprender los derechos humanos con el Sur, como propone Boaventura Santos. “Aprender con el Sur” implica reconocer el sufrimiento de las víctimas causado por el colonialismo, el capitalismo y el sexismo, entre otros sistemas de dominación, así como promover el intercambio recíproco de saberes y experiencias. Esta exigencia apunta a la construcción de una nueva cultura de los derechos humanos pautada por cuatro ejes fundamentales:

Descolonizar los derechos humanos, que significa denunciarlos como expresión de un determinado particularismo occidental que al amparo de principios universalistas sitúa al varón blanco, propietario, cristiano y heterosexual por encima del resto de la humanidad. Es tomar partido por las luchas emancipadoras de mujeres, negros, personas con discapacidad, minorías étnicas y sexuales, indignados en calles y plazas, entre otros grupos subalternos cuyas demandas más elementales a menudo son descalificadas, cuando no automáticamente despreciadas. Es aprender que no existe una sola forma de dignidad humana, sino que se expresa de diferentes maneras según las distintas culturas, religiones y tradiciones de lucha. “Sí se puede”, “¡Ya basta!”, “ Kefaya!”, “No nos representan”, karama, “Aturem el Parlament”,  satyagraha, “Otro mundo es posible”, ubuntu, poder popular, Sumak kawsay, son consignas y palabras de orden que indican la dirección de algunas de las actuales luchas por la dignidad. Y es también aprender a traducir nuestra rebeldía de manera reconocible para otros lugares del mundo con los que articularse.

Despatriarcalizar los derechos humanos, que quiere decir construir racionalidades no sexistas que luchen contra la violación sistemática de los derechos de las mujeres en la esfera pública y privada, que contribuyan a erradicar las opresiones y discriminaciones machistas y aprendan de la pluralidad de luchas feministas contra los patriarcados: de las mujeres que han estado en la vanguardia contra la mercantilización y la injusticia (centrales en la Primavera árabe o en las campañas contra la privatización del agua en Sudáfrica), de las que desafían la explotación y cosificación del cuerpo humillado y vendido, de las que combaten las vejaciones y exclusiones del mercado en forma de recortes y empleos precarizados, de las que se organizan para tejer solidaridad, reclamar dignidad y construir colectividad.

Desmercantilizar los derechos humanos, que es dejar de considerarlos un lujo subordinado a los dictados del capitalismo, a la austeridad letal, a la extorsión de los mercados, bancos y agencias de calificación, a la deuda ilegítima, la especulación con alimentos, a las políticas de saqueo propias del neoliberalismo, a los imperialismos “humanitarios” que derraman “sangre por petróleo”, etc. Es impedir que la economía capitalista extienda su ámbito hasta arrasar los derechos conquistados. Significa, entre otras cosas, redefinir el papel del Estado para convertirlo en un vehículo que regule el poder casi sobrenatural de los mercados, promueva las economías solidarias, atienda a las reivindicaciones de las clases trabajadoras y populares en términos de justicia y no de caridad, impulse una generación de nuevos derechos (agua, biodiversidad, renta básica de emancipación, etc.) y cree nuevos regímenes de propiedad común orientados a desmercantilizar la salud, la educación, la vivienda y, en definitiva, a fomentar valores y relaciones no mercantiles.

Democratizar los derechos humanos, que es crear vínculos de (re)conocimiento entre las diferentes luchas y lenguajes de la dignidad para construir unos derechos humanos interculturales y solidarios. La dignidad no es un atributo dado. Se disputa en las relaciones sociales, políticas y económicas. Así, “cuando la debilidad de los oprimidos se hace fuerza” (Paulo Freire), estos se hallan en mejores condiciones de afirmar su dignidad rebelde y debilitar el poder de los opresores. Por ello, mientras el amor prohibido de David Kato, los sueños de paz de Rana Zaqout y el coraje de las tantas Malalas de este mundo no quepan en estos derechos humanos, nuestra dignidad plural tampoco puede caber en ellos.

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Comunicado sobre la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Sáb, 13/12/2014 - 18:00

Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales

Aprobado por el Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2014 el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES lamentan que aspectos fundamentales de la reforma referidos a las Carreras Judicial y Fiscal demuestren, una vez más, el desconocimiento del Ministerio de Justicia sobre la organización y el trabajo ordinario de las Fiscalías y Juzgados.

Asimismo,  en una lectura inicial del texto, JPD y la UPF quieren resaltar los siguientes aspectos de la reforma:

1º.   En Anteproyecto modifica la inveterada y consolidada denominación de “imputado” en la legislación y práctica forense española por el insólito término “sujeto pasivo”, al que se reconocen los derechos del artículo 118. Parece evidente que el cambio de denominación obedece a fines puramente estéticos tras sucesivas y bochornosas imputaciones de responsables públicos.

2º.   La reforma pretende disminuir las estadísticas sobre el volumen de trabajo de los juzgados al establecer que los atestados policiales sin autor conocido no sean tramitados en sede judicial, pero ello sin regular al mismo tiempo un sistema de registro de tales atestados que deberían estar siempre a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal. Se torna, pues, imprescindible la creación de una base de datos accesible a los órganos judiciales y fiscales a fin de poder supervisar la actividad policial. Además, resulta cuestionable la concepción en la que se basa dicha regulación, al apartar al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial de decisiones en materia de responsabilidad penal.

3º.   Una de las novedades estrella del Anteproyecto es la limitación de la duración de las investigaciones sumariales o de las diligencias previas. Éste es, sin duda alguna, uno de los puntos más polémicos y peor resueltos, a nuestro entender, por la reforma en ciernes.

JPD y la UPF entienden que el Anteproyecto parte de una premisa falsa pues la duración  de  un  procedimiento  no  depende  de  la  sola voluntad  del  instructor, sino -fundamentalmente- de la complejidad del delito, de los medios puestos a disposición de los juzgados y fiscalías, y de la actuación de todos los órganos al servicio de la Administración de Justicia.

El nuevo proyecto desconoce la realidad diaria de los juzgados y fiscalías al atribuir al Fiscal la función de solicitar la prórroga del plazo de instrucción de diligencias cuya investigación es competencia del juzgado instructor. Con esta medida el pre-legislador parece ignorar de forma sorprendente que no es en absoluto de extrañar que un Fiscal desconozca un determinado procedimiento por no haber intervenido aún en el mismo. En consecuencia, resulta una temeridad que la posible inactividad de un juzgado o el mero trascurso de un plazo pueda significar el fin de una instrucción, naturalmente sin éxito.

Por otro lado, la lucha contra el fenómeno de la corrupción y la compleja criminalidad del siglo XXI requiere indefectiblemente de recursos económicos, precisa de medios personales y materiales pero, por encima de todo, exige un nuevo marco procesal que abandone el arcaico sistema actual y evolucione hacia uno nuevo basado en la autonomía, la especialización y la celeridad.

Más aun, el actual régimen de recursos previsto durante la fase de instrucción y la vigente carga de trabajo de juzgados, tribunales y fiscalías suponen que la limitación del plazo de instrucción nosea una solución adecuada para agilizar, como todos deseamos, los largos plazos de tramitación de los procesos penales en España.

En definitiva, cualquier medida que trate de agilizar el proceso penal es bienvenida, cualquier otra que trate de generar espacios de impunidad es una burla al estado de Derecho, al trabajo de los profesionales de la Justicia y a las víctimas de todo delito.

4º. La regulación legal que el Anteproyecto realiza sobre la intervención de las telecomunicaciones resultaba ya imprescindible, si bien existen determinados aspectos en el texto aprobado que no respetan las debidas garantías, y es que se amplía el catálogo de delitos en cuya investigación el  Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, pueden acordar la intervención de las telecomunicaciones -no solo para el caso de delitos de terrorismo, como sucedía anteriormente, sino también para delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que puedan ser considerados de especial gravedad-. Tal previsión legal, de dudosa constitucionalidad, atribuye exorbitantes facultades a responsables políticos, carentes de la debida garantía de imparcialidad, cualidad que, por el contrario, ostentan todos y cada uno de los Jueces de guardia existentes en los partidos judiciales del territorio nacional.

Del mismo modo, la regulación de la posibilidad de que se acuerde la incomunicación de un detenido, durante 24 horas y en determinados supuestos, también genera dudas sobre las garantías que deben asistir a una persona privada de libertad y sobre el alcance de su derecho de defensa.

5º. El Anteproyecto regula un singular mecanismo ante el Ministerio Fiscal, incluso hallándose en trámite un procedimiento ante la autoridad judicial por hechos idénticos; es el denominadoProceso por aceptación de decreto.

Esta previsión legal precisa por nuestra parte una severa crítica en tanto en cuanto introduce un nuevo “procedimiento” que -de facto- puede perturbar la investigación judicial, al tiempo que no contempla la realidad de las fiscalías, y no supone ningún avance o mejora respecto a la eficacia práctica de los denominados “juicios rápidos”; más al contrario, la aceptación del decreto emitido por el Fiscal no conlleva reducción penalógica alguna para el encausado, como sucede en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido.

6º. Asimismo, la reforma introduce el llamado Procedimiento de decomiso autónomo, en el que la intervención del Fiscal se torna decisiva, cuya regulación resulta confusa y que supone una completa novedad en nuestro ordenamiento para la que no se ha dispuesto medida de refuerzo o especialización alguna en las distintas fiscalías.

7º. Finalmente, el Anteproyecto de reforma de la L.E.Crim. asigna a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer de la apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, regulación ésta que entendemos debería ir acompañada de una profunda reflexión sobre la composición y forma de designación de los miembros de estas Salas, en las que se integran magistrados propuestos por los parlamentos autonómicos, así como sobre la posible ausencia en las mismas de especialistas en Derecho Penal.

9  de diciembre de 2014

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Colapso del petróleo y del sistema financiero amenaza con expropiar los fondos de pensiones

Sáb, 13/12/2014 - 13:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

Los precios del petróleo han caído un 40 por ciento desde junio al unísono del desplome de los bonos basura del sector energético de Estados Unidos, que apostó desmedidamente al auge del costoso fracking. Desde que el petróleo alcanzara en julio de 2008 los 145 dólares el barril, la industria del fracking estadounidense se disparó y la producción de petróleo pasó de 4 millones de barriles diarios (mbd) a 9 mbd compitiendo, en volumen de producción, con Arabia Saudita y Rusia (10 y 9 mbd, respectivamente). Esto se hizo por la vía de la especulación financiera que ahora será cubierta con la confiscación de los fondos de pensiones.

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Como afirmamos en julio del año pasado la manipulación del precio del petróleo llevó al oro negro a un nivel artificialmente alto y ahí apuntábamos que debía sincerarse en torno a los 80-60 dólares el barril. El precio del petróleo fue claramente manipulado por los intereses financieros que buscaban impulsar la industria del fracking. El exceso de oferta de la industria petrolera está llevando ahora a liquidar en 80 centavos de dólar las apalancadas posiciones de estas compañías, instalando nuevamente el epicentro de la crisis en el sistema financiero por sus facilidades para especular con los precios. Esta vez, sin embargo, y gracias a Jean Claude Juncker, será el dinero de los contribuyente el que salvará a estas compañías.

La burbuja del fracking

Si bien se tiende a pensar que la caída de los precios es sinónimo de que los costos de producción están cayendo y que el temido “pico del petróleo” se está alejando, lo cierto es que muchos recursos básicos están disminuyendo de precio al mismo tiempo por la caída de la demanda global. Los commodities se deslizan en picada acentuando con ello los problemas deflacionarios que darán una nueva estocada a esta crisis en su séptimo año de desarrollo.

Los precios del petróleo fueron manipulados largamente para dar holgura y permitir el auge del fracking hasta que esta burbuja reventó. Mientras el costo de la extracción de petróleo “normal” es de 30 dólares el barril, el costo del barril de petróleo obtenido vía fracturación hidráulica es de 60 dólares. El estallido de la burbuja del fracking confirma la falacia de que la fracturación hidráulica constituye una fuente energética para 100 años, como declaró el presidente Obama el año 2012. Un artículo publicado la semana pasada en la revista Nature pone en duda el desmedido optimismo de esta industria.

El optimismo del fracking y la ilusión de un precio del petróleo en 110 dólares el barril, movilizó ingentes recursos financieros para la producción de crudo que terminaron por saturar el mercado. El fracking no hizo más que crear una nueva burbuja especulativa que terminó desplomándose a la luz de la debilidad de la demanda. El desplome del precio del petróleo ha llevado su valor al nivel más bajo de los últimos cinco años y en un descenso que puede arrastrarlo a los 50 dólares el barril e incluso a los 40 dólares el barril, obligando al cierre de las extracciones vía fracking que operan con costos de 60 dólares.

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El nuevo riesgo para el sistema financiero

Los apalancados préstamos sembrados en el período de la euforia del fracking provocan ahora nuevos miedos en los mercados financieros por los impagos de deuda que pueden afectar a todo el comercio internacional. Los bajos precios que se obtienen hoy por cada barril de petróleo hacen difícil a las compañías petroleras pagar los intereses de los préstamos financieros solicitados en el período del auge. Y como los flujos de caja se han reducido, esta situación también pone en apuros a la banca, que comienza a sufrir un estrangulamiento financiero y se verá obligada a elevar los tipos de interés de estos préstamos por el incremento del riesgo, acelerando el impago de la deuda. De esta forma, la enorme cantidad de deuda que las compañías petroleras adquirieron para incursionar en la costosa tecnología del fracking, se ha convertido así en el nuevo riesgo del sistema financiero en su conjunto.

Sin embargo, lo que está en riesgo ahora no es solo el fraudulento sistema financiero sino los ahorros y los fondos de pensiones de millones de contribuyentes en todo el mundo. Desde los rescates bancarios del año 2008 ha habido un profuso debate sobre la necesidad de cambiar el sistema y evitar esos monstruos bancarios “demasiado grandes para caer” que debían ser rescatados por los gobiernos. Ahora se quiere obligar a que sean los depositantes y el dinero de los fondos de pensiones los que cubran las pérdidas del sistema financiero tal como se hizo en Chipre. Como advertimos en su momento, lo de Chipre fue el laboratorio para poner a prueba la confiscación de los depósitos de los ahorrantes y de los fondos de pensiones.

Esta nueva regla fue aprobada en la cumbre del G-20 realizada en Australia el pasado mes de noviembre y puede ponerse en práctica en cualquier momento. Por eso no debemos descartar que el violento descenso en el precio del petróleo sea una estrategia destinada a apropiarse cuanto antes de dichos recursos. Si el precio fue manipulado con astucia y precisión al alza, también puede ser manipulado a la baja para hacer uso cuanto antes de la nueva disposición de Angela Merkel y Jean Claude Junker. Las cuentas bancarias y los fondos de pensiones están en riesgo de ser confiscadas por este nuevo dolor del sistema financiero ocasionado esta vez por la excesiva codicia de las empresas petroleras.

El Blog Salmón

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Cómo luchamos contra la corrupción: manual de uso para la ciudadanía

Sáb, 13/12/2014 - 09:00

Xnet - Público.es

Mucho se está hablando de corrupción en estos días debido a los numerosos casos que han salido a la luz. Gobierno y partidos intentan llevarse el mérito para que todo siga igual, pero sin duda no ha sido por mérito suyo.

Todos los casos que se están manejando han salido a la luz gracias a la sociedad civil.

Nosotros destapamos el caso Bankia gracias a una querella estratégica que estos días es noticia por el informe de los peritos del Banco de España que confirma nuestra acusación de falsear información o las tarjetas negras haciendo llegar a la prensa Los correos de Blesa y, en casi todos los demás (menos quizás el caso Noos y pocos más), la acción de uno o más ciudadanos hartos de abusos ha sido fundamental.

Creemos que la corrupción, por sus consecuencias, es un problema político, ético, social… pero también un problema técnico y como tal puede ser abordado.

Pensemos por ejemplo en la impunidad en la que se sustenta la corrupción. Desde el punto de vista político, moral o social es un gran problema para todos, sin embargo desde el punto de vista técnico constituye nuestra gran oportunidad y su gran flaqueza. Durante décadas han disfrutado de tal grado de impunidad que han sido descuidados. No tienes porque esforzarte si estás seguro de que nunca te van a pillar. Por eso este contraataque ciudadano que está detrás del destape de los grandes casos de corrupción de los últimos meses, los ha pillado tan desprevenidos.

Este contraataque no se está llevando a cabo desde un frente ideológico sino desde diversos puntos de la sociedad civil. Nosotros, desde diferentes grupos como 15MpaRato, impulsor de la querella contra Bankia por la estafa de su salida a bolsa y de las Preferentes; Xnet, que lleva años fomentando el uso de Internet para luchar contra los abusos y mejorar la democracia y que en la actualidad gestiona el BuzonX o la Comisión Anticorrupción del Partido X, responsable del descubrimiento de los correos de Blesa y las tarjetas negras, queremos compartir algunas consideraciones generales que hemos aprendido luchando contra la corrupción por si pueden servir al resto de ciudadanos.

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¿Cómo luchamos contra la corrupción desde la ciudadanía? 

Analiza y desarrolla

1. ¿Qué voy a denunciar? Plantearse qué se va a denunciar requiere un análisis objetivo, tanto de repercusión pública como de aspectos legales. Por inmorales que resulten, no todos los hechos resultan legalmente punibles, ni son igual de fáciles de demostrar. El objetivo de cada acción es abrir una grieta en el muro de la impunidad y para eso debemos concentrar todas nuestras fuerzas en un solo punto.

Por su propia naturaleza la corrupción se ramifica. Cada cosa que investiguemos nos llevará a más. Querer investigarlo todo es fuertemente tentador cuando se quiere hacer justicia, pero poco productivo cuando se quiere ser efectivo. Centrémonos en las raíces y no nos vayamos a por las ramas. Ataquemos la trama de connivencia político-empresarial, en lugar de la casuística. Así caerán todos. Así lo estamos haciendo en el caso Bankia con 15MpaRato.

 2. ¿Hacia dónde filtrar la información? Hay que guardar especial cautela en este punto. La gran mayoría de partidos políticos y medios de comunicación no tienen interés en investigar (es costoso y complejo), les interesa más ser noticia, incluso a costa de entorpecer el proceso. Si queremos ir al fondo del problema, hay que mantener un enfoque del todo suficientemente claro para poder identificar a vista de pájaro las cosas más importantes en que hemos de centrarnos. Es importante no perderse en informaciones que nos aparten de la idea de fondo. Y es fundamental proteger las fuentes.

En el Buzón X un grupo de ciudadanos organizados garantizan cobertura mediática y protecciónde las fuentes para que la información llegue a la ciudadanía. Cuando las personas que realizan las filtraciones están dispuestas a organizarse y luchar, se garantiza también asesoramiento jurídico.

3. Desarrolla la información obtenida en base al hecho a denunciar. No hay que pensar que nuestro trabajo como ciudadano comprometido acaba con el hecho de poseer y filtrar cierta información. En la mayoría de casos, el propio trabajo de recopilación de pruebas y el seguimiento de la evolución de la propia información resulta imprescindible. Hay que tener en cuenta que los grupos de ciudadanos organizados, como es nuestro caso, no disponen de los recursos necesarios para abarcar todo el trabajo que una filtración comporta, adquiriendo gran relevancia el trabajo que realice el propio informante.

¡Protégete!

4. Preserva tu propia seguridad. Partidos políticos, abogados, medios de comunicación… en nuestra experiencia hemos descubierto sorprendidos que casi ninguno de ellos utiliza generalmente canales seguros en sus comunicaciones, provocando en muchas ocasiones un problema de protección para la fuente. Desde los grupos de ciudadanos organizados consideramos imprescindible este tipo de herramientas.

Todas las filtraciones, si se siguen las indicaciones, llegan al Buzón X de manera totalmente anónima y todas las consiguientes comunicaciones se realizan en entornos seguros de comunicación (red Tor) protegiendo así totalmente a la fuente de información de represalias y trabas que dificulten seguir con la lucha. Esto no es secretismo ni conspiranoia, es algo esencial en un país donde no se protege en ningún modo la ciudadanía que se organiza para denunciar la corrupción y los abusos. En otros países como US, Canadá, Islandia, Dinamarca, Sudáfrica, Irlanda hay legislaciones específica de protección y los así llamado whistleblowers (personas que dan la alarma) son considerado casi héroes. En otros países todo lo contrario como en China, Turquía y en parte, España.

Organízate y colabora

5. Organízate, pero con prudencia. Como grupo de ciudadanos dispuestos a federar sus esfuerzos y competencias con otros, la organización es un aspecto clave.

Dependiendo del caso a denunciar, la búsqueda de apoyos que acaben conformando un grupo de ciudadanos organizado tiene que llevarse a cabo con cautela con tal de seguir preservando tu seguridad y la de los demás, así como no exponer la información tratada. Lo dificil no es abrir esa información, sino cómo se abre. Si no se hace en los tiempos precisos, todo corre el riesgo de desbaratarse y de no servir a nada más que a poner sobre el aviso a los corruptos.

Xnet desde hace un año ha puesto en marcha una experiencia pionera: tiene un equipo de personas que se desplazan a los lugares donde hay ciudadanos organizándose para darles entrenamiento en herramientas y técnicas mediática y jurídica.

6. Colabora. En muchas ocasiones, el desarrollo y enmarcado legal de la información obtenida y filtrada nada tiene que ver con los conocimientos del informante, adquiriendo especial relevancia la colaboración entre ciudadanos y con los periodistas. Por esto es tan importante y también pionera la red que ha puesto en marcha Xnet que involucra y pone en contacto a ciudadanos con activistas, periodistas (más de 40 están involucrados alrededor de un protocolo de colaboración único y trasnversal independientemente de los medios a los que pertenezcan), abogados, auditores, inspectores de hacienda, etc. La colaboración ciudadana no es solo el mejor mecanismo de denuncia de la corrupción sino también de análisis de la información.

7. Potencia. Una vez terminado el trabajo y publicadas las evidencias de la trama corrupta es el momento de ser conscientes de que solo se ha hecho la mitad del trabajo para llegar a buen puerto.

La creencia de que la simple exposición de la evidencia acabará con la connivencia política con la corrupción es en si misma una creencia equivocada de la que no hemos tenido nunca ninguna evidencia. Para que esa información no caiga en el olvido, para que sirva a sus propósitos políticos, mediáticos o judiciales es necesaria:

una campaña en red que consiga que se extienda como una mancha de aceite hasta que todos los que estaban impunes estén pringados. La buena noticia es que esta segunda parte es la parte más estimulante y empoderante del trabajo.

una acción judicial, siempre que sea posible.

Por todo ello, 15MpaRato, Xnet y la colaboración con la Comisión Anticorrupción del Partido X, son dispositivos ciudadanos pioneros, capaces de catalizar todas estas necesidades en una red muy eficaz y ágil en la acción.

Su experiencia está sirviendo de modelo aquí y ahora también en otros países.

La corrupción no las acabaran los corruptos; solo la ciudadanía organizada puede hacerlo y lo estamos haciendo.

Xnet es un grupo activista que defiende la cultura libre y la neutralidad de la Red, y que utiliza herramientas tecnopolíticas para el empoderamiento ciudadano y la democracia digital.  ExEXGAE http://xnet-x.net

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Manipulaciones y mentiras en ‘La Noche en 24 Horas’ sobre el documento de Podemos y sus autores

Sáb, 13/12/2014 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Uno de los síntomas de la enorme pobreza y baja calidad de la democracia en España es la mezquindad y bajeza que caracterizan gran número de tertulias en las que, en lugar de debate, lo que tiene lugar es un constante intercambio de insultos, groserías y manipulaciones que quedan, muchas de ellas, impunes al no poder responderse por parte de las personas afectadas, mostrando su falsedad. Y aun cuando estas prácticas están generalizadas, se dan con particular frecuencia entre los tertulianos de derechas y también entre algunos que se consideran de izquierdas. Existe así un enorme deterioro (diría yo, corrupción) de las prácticas periodísticas, que en lugar de debatir intentan destruir al que consideran su adversario.

El último ejemplo son las intervenciones en el programa “La noche en 24 horas”, de Televisión Española (TVE) –pagada por todos los españoles–, en el que dos de los tertulianos se refirieron a mi persona intentando desacreditarme, mintiendo y manipulando mis escritos. Uno fue Antonio Papell, que se definió como socialdemócrata y que indicó que me conocía mucho. No conozco a tal personaje, pero podría creerse que su conocimiento de mi persona deriva de su lectura de mis trabajos. Pero es obvio, por sus críticas, que tampoco es así. Durante su intervención aseguró que yo he propuesto que “en España, en la próxima legislatura del gobierno Podemos, se añadan 3,5 millones de funcionarios más a los ya existentes”. Y para reafirmarse en que así lo he dicho y escrito, remarcó que dicha proposición aparece no solo en el documento Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española (que el Profesor Juan Torres y yo hemos escrito en respuesta a la petición de Podemos, que lo ha distribuido bajo el nombre de Un proyecto económico para la gente), sino incluso en mi blog. Dice textualmente que “Vicenç Navarro está proponiendo esto. No lo digo yo, lo dice él. No me lo estoy inventando yo. Lo ha dicho además en su blog”.

Con esta contundencia y estas pruebas, la mayoría de las personas que oyeron el programa concluirán, lógicamente, que yo estoy proponiendo lo que se presenta como una barbaridad, tal como indicaron también el Sr. Manuel de la Rocha Vázquez, Secretario de Economía del PSOE (en Radio Nacional de España), y el Sr. Antonio Miguel Carmona, que representa al PSOE en el programa La Sexta Noche, que se refirieron a nuestra supuesta propuesta en tales términos. Por lo visto, todos ellos han recibido instrucciones de la dirección del PSOE de intentar desacreditar el documento, subrayando que se está proponiendo algo que ellos consideran a todas luces indeseable e irrealizable. Por desgracia esta ha sido una situación muy generalizada por parte de muchos autores que, obviamente, no se han leído ni el documento ni nuestros escritos, y que han intentado rellenar este vacío con su propia imaginación.

Invito al lector a que lea tanto el documento escrito por el Profesor Torres y yo, como mi blog, y verá que en ninguna parte (repito, en ninguna parte) hemos dicho, ni yo he dicho, que en la primera legislatura un gobierno progresista debería crear 3,5 millones de puestos de trabajo, y todavía menos que fueran funcionarios. ¡Ni en el documento ni en mi blog ha aparecido esta propuesta! Los Sres. Antonio Papell, Manuel de la Rocha Vázquez y Antonio Miguel Carmona se lo están inventando, manipulando groseramente nuestro texto y mis escritos. Lo que hemos dicho (véase página 38 del documento) y yo he escrito en mi blog es que los servicios públicos del Estado del Bienestar en España (que incluyen la sanidad, la educación, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios a personas con dependencia, los servicios de ayuda al desempleado, las intervenciones para prevenir la exclusión social, los servicios de vivienda pública, los servicios y transferencias para prevenir la pobreza, y un largo etcétera) están muy poco desarrollados y financiados, y para mostrar este escaso desarrollo hemos y he indicado que mientras que en España solo un adulto de cada diez trabaja en los servicios públicos (de los cuales los más importantes son los del Estado del Bienestar), en Suecia hay casi uno de cada cuatro, añadiendo que si el porcentaje en España fuera el de Suecia habría 3,5 millones más de puestos de trabajo. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que si quisiéramos alcanzar el nivel de desarrollo de los servicios públicos que tienen los países nórdicos de Europa (donde la socialdemocracia ha gobernado más tiempo), tendríamos que crear 3,5 millones más de puestos de trabajo en estos servicios. Me sorprende que personas que se definen como socialdemócratas estén en contra de tal objetivo. El hecho de que el Sr. Antonio Papell me defina como un “economista anticuado” parece transmitir el mensaje de que la socialdemocracia “moderna” ha abandonado dicho compromiso.

Otra falsedad (en realidad mentira) es atribuirnos que estemos proponiendo que estos 3,5 millones de puestos de trabajo se creen en una legislatura. Nuestra intención al escribir el documento era establecer las líneas estratégicas de un gobierno progresista, subrayando que el Estado debería facilitar y estimular inversiones en la infraestructura no solo física, sino también social, muy abandonada hoy en España, a la cual los grandes recortes del gasto social están incluso empobreciendo más. Hoy, un gobierno progresista debería revertir esta situación. Que lo haga depende de su voluntad y coraje políticos para enfrentarse con aquellos grupos sociales y grandes empresas financieras y económicas, sumamente poderosos, que no contribuyen al Estado en las cantidades que deberían. Consecuencia de ello es que el Estado español sea pobre, con escasa sensibilidad social y muy poco redistributivo. La evidencia de que ello es así es abrumadora, y esto se debe a causas políticas. Si España tuviera las mismas políticas de empleo y fiscales que Suecia ha tenido históricamente, podría conseguir que su gasto público por habitante fuera más del doble (2,4) del que hoy existe en España. España podría conseguirlo si hubiera voluntad política para hacerlo. Naturalmente que no puede hacerse todo inmediatamente. Pero en políticas públicas lo que es más importante no es la velocidad del cambio, sino la dirección de ese cambio. Y lo que es obvio es que las políticas de recortes del gasto público que se han ido desarrollando en los últimos gobiernos durante la crisis van en dirección contraria a la que deberían realizarse. Tales recortes y las bajadas de salarios, resultado de las reformas laborales, están creando un enorme problema de falta de demanda doméstica, una de las razones de que estemos casi en recesión.

Ni que decir tiene que cada país tiene que buscar sus propias vías de desarrollo. Y en contra de lo que se nos ha acusado, no es nuestra intención copiar el modelo sueco en España. Lo que estamos acentuando es la necesidad de que se recuperen los principios básicos de la socialdemocracia, abandonados hoy por la mayoría de partidos que así se definen. Y ha sido en los países escandinavos donde tales políticas públicas se han desarrollado más.

Una de ellas es creer que el Estado debe crear empleo, considerando al sector social como fuente de empleo. El Estado puede y debe crear empleo, bien sea privado, bien sea público, y dentro de este, el empleo público puede ser de tipo funcionarial o no. No es cierto, y es una enorme mentira, que estemos diciendo en el documento, o yo en mi blog, que haya que crear 3,5 millones más de funcionarios. Esto es también una manipulación y una mentira de los Sres. Antonio Papell, Manuel de la Rocha Vázquez y Antonio Miguel Carmona. Es bien conocido en los círculos académicos que analizan el sector público que ni el profesor Juan Torres ni yo favorecemos el tipo de contrato funcionarial. De ahí que nunca (repito, nunca) utilice el término en mi blog de que necesitamos 3,5 millones más de funcionarios. He y hemos dicho (vean mis escritos y también el redactado del documento) que el Estado debería crear estos puestos de trabajo, lo cual puede hacerse de muchas maneras, de las cuales crear funcionarios es la medida que explícitamente he y hemos desalentado.

La “modernización” de la socialdemocracia: su conversión al liberalismo

Una de las políticas públicas que propuse hace años de la que estoy más orgulloso es la de que se estableciera el Cuarto Pilar del Bienestar en España, que consiste en el derecho de las familias a acceder a los servicios domiciliarios para las personas con dependencia. Lo hice cuando asesoré al candidato del PSOE a la Presidencia del gobierno, el Sr. Josep Borrell, uno de los políticos con mayor sensibilidad social en tal partido. Ese candidato hizo suya dicha propuesta. Y desde entonces el término ha hecho fortuna. Esta medida ha creado empleo, pero no predominantemente a través del funcionariado. Y ahora, el Profesor Juan Torres y yo proponemos que se establezca como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar el derecho de acceso a las escuelas de infancia y que se amplíe el derecho al permiso de paternidad, medidas que son enormemente importantes para el desarrollo emotivo, psicológico e intelectual del infante, así como para ayudar a la mujer a integrarse en el mercado de trabajo. En realidad, la inversión pública en estos servicios es más importante que la hecha en la expansión del AVE. Lamento que personas que se autodefinen como socialdemócratas consideren tales medidas como anticuadas. Puede que ello explique el gran desencanto que existe entre las bases del PSOE. Hoy, millones de ciudadanos que han sido votantes socialistas parecen desear mayores cambios de los que ofrece su modernizada dirección.

La manipulación del Sr. Alfonso Rojo y los silencios en sus citas

Pero el programa de la televisión pública incluyó otro intento de desacreditarme cuando el Sr. Alfonso Rojo me definió como “pro soviético” por haber escrito cosas favorables a la Unión Soviética, indicando que ello refleja mi escaso conocimiento de lo que fue aquella dictadura o mi incapacidad, incluso hoy, de ser crítico con tal país, cuestionando el rigor de mis análisis. Entiendo que en su visión simplista de la realidad de aquel país, todo lo que aquel país ha hecho históricamente es negativo, y no hay nada que haya sido positivo. Para aquellos que, por nuestra labor científica, necesitamos mantener un rigor en nuestros estudios, la evolución de la URSS es mucho más compleja que una mera condena a rajatabla, sin más.

Alfonso Rojo dijo que yo había escrito que “el sistema socialista de producción mostró claramente su superioridad”, deduciendo de mi cita que no conocía la URSS, o que carecía de actitud crítica hacia dicho país. Deliberadamente no citó ni el párrafo anterior ni el posterior a tal frase que yo escribí, ni dijo nada del contexto donde utilicé dicha frase, que no fue otro que la discusión del conflicto entre la Alemania nazi y la URSS durante la II Guerra Mundial. Permítanme que copie todo el párrafo, en el que comenzaba diciendo, en la sección donde hablaba de tal conflicto, que el nivel de desarrollo de la Unión Soviética había sido al inicio de la Revolución Soviética mucho más bajo que el de Alemania. De ahí que indicara que “en realidad, en los primeros treinta años (1917-1947), su evolución económica, fue un gran éxito, como lo demuestra que fuera capaz de derrotar a Alemania en la II Guerra Mundial. Incluso Winston Churchill reconoció que la que derrotó a la Alemania nazi en Europa fue la Unión Soviética. El sistema socialista de producción mostró claramente su superioridad sobre el alemán. Fue la evolución posterior la que disminuyó el gran potencial de aquella revolución, como escribí en mi libro Social Security and Medicine in the USSR, cuya distribución fue prohibida en la Unión Soviética”. Esto es muy distinto a lo que tal personaje me atribuye.

En realidad, en contra de lo que Alfonso Rojo indica, conocí la URSS muy bien. Y mi libro, que como indico en el texto fue prohibido en la URSS, fue uno de los más críticos que se hayan escrito en inglés de aquella experiencia, lo que causó que fuera declarado “persona non grata” en aquel país durante el gobierno Brezhnev. La evolución posterior de aquel régimen reforzó, como mostré en mi libro, la dictadura de un partido que controló todo el Estado a beneficio de sus dirigentes. Pero ello no quita que fuera la URSS la que derrotara a la Alemania nazi debido, entre otros factores, a que su sistema de producción fue mejor que el de la Alemania nazi, lo cual debe reconocerse, por mucho que les cueste a personajes como Alfonso Rojo.

Una última observación. Tengo que pedir a todos los lectores con sensibilidad democrática que nos ayuden a deshacer tales entuertos y a defendernos ante tanta manipulación y mezquindad. Les agradeceríamos que llamaran a los medios y a los tertulianos que hicieron esas acusaciones, y que les enviaran la evidencia que mostramos de su falsedad. Ellos tienen unas enormes cajas de resonancia que nosotros no tenemos. Solo una movilización popular puede ayudar a desacreditar dicha campaña mostrando lo que es: una campaña orientada a destruir al que el establishment político y mediático español considera su adversario.

Nuestra intención, como lo era la de Podemos, era comenzar un debate muy necesario para romper con la sabiduría convencional que domina el pensamiento económico del país. Ni que decir tiene que en un debate, la crítica debe ser bienvenida, pero lo que hemos visto hasta ahora no puede definirse como tal. Y ello se debe a que no se desea, por los que controlan los medios de información, que son también de persuasión, que la sabiduría convencional se cuestione. Y así va España.

Artículo publicado en Público.es
vnavarro.org

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Crisis del mercado petrolero: Choque a la vista

Vie, 12/12/2014 - 13:00
Raúl ZibechiTercera Información

El mercado petrolero, otrora regulado por los acuerdos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, está cada vez más fragmentado. Un mercado desregulado anticipa un período en el que imperará la ley del más fuerte, hasta que aparezca un orden, quizá pospetrolero, como parte de un nuevo mapa energético global.

El pasado 27 de diciembre los ministros de los doce países que integran la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) decidieron mantener los actuales niveles de producción aunque el precio del barril de crudo viene cayendo en el último semestre, acumulando una caída superior al 30 por ciento. A pesar de la proliferación de crisis con honda capacidad desestabilizadora, en Ucrania y en Medio Oriente, y las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia, el precio del crudo sigue cuesta abajo.

No es la primera vez que esto sucede, ya que el precio del petróleo es eminentemente político. Tampoco afecta sólo a los hidrocarburos: la onza troy de oro cayó de 1.800 a 1.150 dólares, así como los precios de los productos agropecuarios y de los minerales. Sin embargo, en el petróleo se cruzan algunas situaciones extraordinarias al tratarse de una mercancía que tuvo la capacidad, en la historia reciente, de hacer caer regímenes, encumbrar gobiernos y diseñar el mapa geopolítico de regiones enteras.

Así como asistimos a una desarticulación geopolítica global, el mercado petrolífero atraviesa una sucesión de cambios bruscos que, en alguna medida, contribuyen a explicar la situación actual. Quizá un cambio decisivo, en el corto plazo, sea que el partido de las grandes petroleras, el Grand Oil Party, como señala Michael T. Klare en irónica alusión al Partido Republicano (GOP o Grand Old Party), haya obtenido el control completo del parlamento en las recientes elecciones estadounidenses.

Sobre los cambios en el mercado del petróleo abundan las suposiciones revestidas de análisis rigurosos, que a menudo ocultan parte de la información o acuden a teorías conspirativas para explicar lo que sucede. En gran medida, esto es consecuencia de la opacidad del mercado del petróleo, un sector altamente cartelizado, donde el poder de decisión está fuertemente concentrado en un puñado de países y empresas que ponen condiciones al resto sobre cuotas de producción, canales de comercialización y monedas en las que debe transarse. Sin embargo, todo esto está siendo vapuleado por la realidad.

Ganadores y perdedores

Con el precio del barril a 70 dólares, la mayor parte de los países de la OPEP tendrán enormes dificultades para cuadrar sus cuentas. El punto de equilibrio presupuestario para Irán es de 140 dólares, para Argelia y Venezuela de 121, para Ecuador de 117, mientras Irak, Angola, Nigeria, Arabia Saudita y Libia oscilan entre 106 y 90 dólares. Sólo Qatar y los Emiratos Árabes Unidos pueden sobrevivir sin problemas con el crudo a menos de 70 dólares (Russia Today, 28 de noviembre de 2014).

Aunque Vladimir Putin minimizó las consecuencias para su país de la caída del precio del crudo, el presupuesto de Rusia para 2015-2017 (como el de casi todos los países exportadores) fue hecho sobre la base de un barril a 100 dólares. Según el presidente ruso, cuyo país no es miembro de la OPEP pero participó en la reciente reunión del organismo, el mercado mundial se estabilizará hacia mediados de 2015.

El ministro de Desarrollo Económico, Alexey Uyukayev explicó que el barril a 70 dólares implica el mismo precio en rublos que cuanto se cotizaba a 100, por la devaluación de la moneda rusa. “Para el sistema presupuestario el precio de petróleo denominado en rublos es mucho más importante que el componente en dólares” (Xinghua, 29 de noviembre de 2014). Detalló que eso sucede porque el rublo no está atado al dólar, al punto que los negocios multimillonarios con China se cotizan, de ahora en más, en yuanes.

Uno de los países más afectados es Venezuela. Uno de los más beneficiados, en el corto plazo, los Estados Unidos. Y China, de la cual no se habla, devenida en la principal importadora de crudo. El petróleo equivale al 96 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela y contribuyen a la mitad del presupuesto del Estado. Este año el déficit equivale al 15 por ciento del PIB y la inflación ronda el 60 por ciento anual. El economista Daniel López afirma que “si el precio del barril permanece en tono a 60 dólares, los programa sociales van a sufrir financieramente” (Deutsche Welle, 28 de noviembre de 2014).

Venezuela enfrenta, además, un declive de la producción petrolera porque no hay fondos para prospección y nuevas instalaciones, en particular refinerías para el procesamiento de crudo. Este año se debió importar crudo de Argelia. El gobierno de Nicolás Maduro está gestionando la venta de Citgo, la mayor subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, que cuenta con tres refinerías y una red de seis mil estaciones de servicio, para conseguir fondos frescos.

Según López, pese a las dificultades “no quebraremos porque hay dinero”. Se refiere al reciente préstamo de China de 4.000 millones de dólares, que llevó las alicaídas reservas a más de 23.000 millones de dólares.

La OPEP, y Venezuela dentro de la organización, tuvo muchas dudas a la hora de disminuir la producción para evitar que los precios sigan cayendo. Vladimir Mílov, director del Instituto de Política Energética de Rusia y columnista de Forbes, estima que “si la OPEP intenta mantener los precios actuales o elevarlos, tendrá un resultado contrario”, porque el consumo está estancado y la producción no deja de crecer. De pugnar por un aumento del crudo, “dará más seguridad a las compañías estadounidenses que se dedican a proyectos de esquistos y éstas intensificarán aún más la producción, nivelando los efectos de las cuotas por parte de la OPEP” (Russia Today, 28 de noviembre de 2014).

Las nuevas tecnologías

Según Mílov, una reducción de un millón de barriles diarios en la producción de la OPEP, de los 30 millones de que producen sus miembros, implica para los países exportadores un costo de 2.500 millones de dólares mensuales, sin garantía de que consigan su objetivo.

Los datos sobre la evolución de la producción y consumo de petróleo para 2013 son elocuentes. La producción creció levemente, de 86,2 millones de barriles diarios en 2012 a 86,8 en 2013. El consumo pasó de 89,9 a 91,3 en el mismo período (1) Lo más notable es la evolución de Estados Unidos: en 2006 produjo 6,84 millones de barriles diarios, que se convirtieron en 11 millones en 2014, recuperando su pico de producción de 1970. La producción no convencional es la gran explicación (2).

Es el único país cuya producción se incrementa de modo exponencial. Se acerca así a la autosuficiencia, situada en los 18 millones de barriles diarios, que podría alcanzar antes del fin de la década. El especialista en temas energéticos Michael T Klare, aporta datos que dicen que las grandes corporaciones de la energía están entre las principales fuentes de financiación del Partido Republicano. En la última campaña electoral, “el 87 por ciento de los 51 millones de dólares que aportaron fueron a parar a los republicanos” (Rebelión, 22 de noviembre de 2014).

La estrategia en el último medio siglo ha sido muy clara: petróleo y gas fueron los pilares de la seguridad nacional, ya que el acceso privilegiado a fuentes seguras a precios preferenciales (Medio Oriente) otorgaba a Estados Unidos “ventaja competitiva en relación a las potencias rivales”, y más recientemente hizo que Washington tuviera mayor capacidad “en la confrontación con países petroleros hostiles como Irán, Rusia y Venezuela”, apunta Klare.

Con el gas y petróleo de esquisto las cosas cambiaron, para mejor. “Los jefes republicanos sostienen que la mejor manera de contrarrestar los avances de Rusia en Ucrania (o en cualquier lugar de Europa) es acelerar la explotación de las reservas de gas no convencional y exportar los excedentes obtenidos como gas natural licuado”, sigue Klare. Esta nueva estrategia apunta a desgajar a Europa de Rusia, principal mercado de Moscú del cual depende todo el continente, pero también a dañar la economía rusa. Para rematar la apuesta, energía barata supone que las empresas que migraron a Asia vuelvan casa. De ese modo se consigue un doble objetivo: acorralar a Rusia, principal adversario estratégico, y contrarrestar el ascenso de China, principal rival económico.

La apuesta republicana va más lejos, con una virtual integración de los sistemas petroleros de Canadá y México bajo dominio de las multinacionales estadounidenses, desde que el país azteca decidió abrir sus empresas estatales a la inversión extranjera por primera vez desde su expropiación en 1938. Sólo falta modificar la legislación nacional, que desde el embargo petrolero árabe de 1973-1974 impide la exportación de petróleo y gas natural como medida preventiva.

Una de las principales consecuencias de la política energética estadounidense es que los países productores agrupados en la OPEP ya no están en condiciones de regular el mercado petrolero. Los doce países que la integran producen apenas un tercio del petróleo global y su producción empieza a mermar. “Estamos entrando en una nueva era para los precios del petróleo, donde el propio mercado va a administrar a la oferta, no más Arabia Saudita y la OPEP”, dijo Mike Wittner, de la Societé Generale en Nueva York (Valor, 28 de noviembre de 2014).

Un mercado desarticulado

En la medida que no aparece un actor, o un pequeño grupo de actores, con la capacidad suficiente como para poner orden, el mercado petrolera es cada vez más caótico. Los datos apuntan que algo nuevo está sucediendo: Arabia Saudita ya no vende la mayor parte de su petróleo a Estados Unidos sino a China; Estados Unidos revierten su aguda dependencia; China y Rusia firmaron un mega acuerdo gasero por 700.000 millones de dólares a pagar en yuanes, con lo que China se asegura una fuente de suministro y Rusia deja de depender del mercado europeo; Arabia Saudita es ya el sexto consumidor de petróleo del mundo (pasó de 1,4 a tres millones de barriles diarios de 2001 a 2013) con lo que menguan los excedentes exportables del primer productor; lo mismo sucede con Rusia, segundo productor.

Una vez más, China es el gran ganador (tanto por el acuerdo con Rusia como por el petróleo a bajo precio), mientras la Unión Europea está en serias dificultades, ya que los suministros rusos no son seguros y la promesa de Washington de venderle gas de esquisto es, apenas, una promesa.

Dos hechos convergen: una nueva geopolítica del petróleo y la crisis de la propia industria. “La industria del petróleo se salvó gracias al petróleo de esquisto, pero se perderá también a causa del petróleo de esquisto”, estima el boletín mensual del Laboratorio Europeo de Anticipación Política (Geab 89, 17 de noviembre de 2014). La crisis del mercado se puede visualizar en una gráfica donde aparecen las inversiones y la producción. Hasta 2006 el aumento de las inversiones provocaba aumentos en la producción. A partir de ese momento, ambas líneas se acercan hasta cruzarse en 2010: la producción de las once principales compañías cae drásticamente a pesar de que las inversiones siguen creciendo.

Las grandes empresas petroleras están endeudadas y empiezan a vender sus activos. Pero la crisis afecta de modo muy particular a las explotaciones de esquisto, ya que “corren el riesgo de no ser rentables si el precio del barril se instala debajo de 80 dólares a largo plazo”, señala el Geab. A las dificultades sobre la rentabilidad deben sumarse las críticas y protestas por la contaminación que produce. Algunas publicaciones especializadas apuntan una desaceleración de las perforaciones.

Hay quienes aseguran que se trata de un espejismo, ya que la producción de petróleo y gas no convencionales crecen de forma abrupta, pero tienden a bajar en la misma forma y a corto plazo. “Las estimaciones más optimistas pronostican el aumento o la producción constante hasta 2020 (solamente); otros creen que es probable una caída desde 2016”, insiste el Geab. Al parecer es Arabia Saudita, el país más afectado por el petróleo de esquisto, quien está detrás de la caída de los precios como forma de desestimular a la industria no convencional.

La ley del más fuerte

El relatorio de la empresa Sanford C Bernstein & Co. del mes pasado, establece que Arabia Saudita, Irán e Irak “pueden mantener la producción con un barril a 30 dólares, en tanto algunos productores estadounidenses necesitan un precio superior a los 80 dólares” (Valor, 28 de noviembre de 2014). La Agencia Internacional de Energía sostiene que el costo de producción de petróleo de esos países oscila en torno a los 10 o 20 dólares el barril, mientras el no convencional tiene costos superiores a los 70 u 80 dólares.

En la misma dirección, el vicepresidente de la rusa Lukoil está convencido que la actual política de la OPEP de dejar caer los precios, va a quebrar la industria de esquisto de los Estados Unidos y que los precios volverán a subir “en 2016, cuando la OPEP complete su objetivo de limpiar el mercado marginal estadounidense”. Si esto fuera así, se entienden algunos de las interferencias que está sufriendo la estrategia estadounidense en Medio Oriente.

Sin embargo, los analistas del mayor banco de Noruega, el DNB ASA, recuerdan que buena parte de la producción de los Estados Unidos puede mantenerse incluso con un barril a 42 dólares, en tanto Goldman Sachs aseguró que los precios van a caer aún más, “hasta que aparezcan evidencias de desaceleración de la producción en Estados Unidos”, que podría volver a sumar un millón de barriles diarios en 2015 (Valor, 28 de noviembre de 2014). Estamos ante una guerra de precios, comercial y de estrategias, que está terminando de desregular el mercado petrolero.

Es en este punto donde se cruzan las principales dificultades. Si la arquitectura de la gobernanza energética cruje, como el sistema todo, el problema es que no se adivinan las nuevas vigas maestras que apuntalen un nuevo sistema. El petrodólar, que conformaba el núcleo de esa arquitectura desde 1973, basado en la alianza que Estados Unidos y Arabia Saudita establecieron en 1945 al finalizar la segunda guerra mundial, se está desmoronando a una velocidad increíble.

“En un sistema desregulado de acceso a los recursos energéticos”, concluye el Geab, “prevalece la ley del más fuerte”. Los que más sufren, son los que no producen petróleo ni gas, como Europa, y los que no tienen poder militar para imponer su voluntad. Una vez más, la alianza Rusia-China cuenta con los dos factores decisivos, a lo que puede sumarse la creciente asociación de intereses entre chinos y saudíes.

Según los analistas, estaríamos cerca de un shock en el mercado del petróleo, con efecto dominó sobre las bolsas de valores de todo el mundo. Esta vez el epicentro de la futura crisis no sería el sector inmobiliario ni el bancario, sino el energético. No debemos olvidar que el orden mundial nacido en la segunda posguerra mundial, tuvo en el petróleo el nudo gordiano que está empezando a desatarse.

Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada. Integrante del Consejo de ALAI.

Notas

(1) “Statistical Review of World Energy 2014”, publicado por BP, ex British Petroleum, en www.bp.com La diferencia entre producción y consumo se deben a cambios en las existencias, consumo de aditivos y combustibles de sustitución.

(2) Petróleo y gas no convencional, de esquisto o shale en inglés, obtenido mediante el método de fractura hidráulica o fracking, por el que se rompen rocas que liberan gas a miles de metros de profundidad.

Fuente: http://alainet.org/active/79293

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Un movimiento genuino por el cambio social / Noam Chomsky

Vie, 12/12/2014 - 09:00

Noam ChomskyLa Jornada

Captura de pantalla 2014-12-09 a la(s) 18.48.05“La guerra es la salud del Estado”, escribió el crítico social Randolph Bourne en un ensayo clásico cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial:

“Automáticamente pone en movimiento en toda la sociedad esas fuerzas irresistibles de uniformidad, de cooperación apasionada con el gobierno para forzar a la obediencia a grupos minoritarios e individuos que carecen del sentimiento de rebaño… Otros valores, como la creación artística, el conocimiento, la razón, la belleza, la mejoría de vida, son sacrificados de inmediato y casi en forma unánime, y las clases significativas que se han constituido en agentes aficionadas del Estado se dedican no sólo a sacrificar esos valores para sí mismas, sino a obligar a otras personas a sacrificarlos.”

Y al servicio de las “clases significativas” de la sociedad estaban los intelectuales, “adiestrados en la dispensa pragmática (exención del deber religioso de no matar), inmensamente listos para la ordenación ejecutiva de los acontecimientos, dolorosamente impreparados para la interpretación intelectual o el enfoque idealista de los fines”.

Están alineados al servicio de la técnica de guerra. Parece haber una particular afinidad entre la guerra y esos hombres. Es como si hubieran estado esperándose mutuamente.

El papel de los intelectuales tecnocráticos en la toma de decisiones es predominante en aquellas partes de la economía que están “al servicio de la técnica de guerra” y vinculadas de cerca con el gobierno, que apuntala su seguridad y crecimiento.

Poco es de extrañar, pues, que los intelectuales tecnócratas estén típicamente comprometidos con lo que el sociólogo Barrington Moore llamó en 1968 “la solución depredadora de la reforma simbólica en el interior y el imperialismo contrarrevolucionario en el exterior”.

Moore ofrece el siguiente resumen de “la voz predominante de Estados Unidos en el interior y el exterior”, una ideología que expresa las necesidades de la élite socioeconómica del país, que es postulada con diversos grados de sutileza por muchos intelectuales estadunidenses y que gana adhesión sustancial de la mayoría que ha obtenido “alguna participación en la sociedad acaudalada”:

“Uno puede protestar con palabras todo lo que quiera. Sólo hay una condición inherente a la libertad que nos gustaría mucho alentar: las protestas pueden ser tan estentóreas como sea posible, siempre y cuando permanezcan inefectivas… A quien recurra a la fuerza, de ser necesario, lo borraremos de la faz de la tierra mediante la respuesta mesurada que hace llover fuego de los cielos.”

Una sociedad en la que esta es la voz predominante sólo puede mantenerse mediante alguna forma de movilización nacional, la cual puede variar en extensión desde, como mínimo, una asignación de recursos sustanciales hasta una amenaza creíble de fuerza y violencia.

Dadas las realidades de la política internacional, este compromiso sólo puede mantenerse en Estados Unidos mediante alguna forma de sicosis nacional: una guerra contra un enemigo que aparece con muchos disfraces: burócrata del Kremlin, campesino asiático, estudiante latinoamericano y, sin duda, “guerrilla urbana” dentro del país.

Tradicionalmente, el intelectual ha quedado atrapado entre las demandas en conflicto de la verdad y el poder. Le gustaría verse como el hombre que busca discernir la verdad, decir la verdad como la ve, actuar –colectivamente donde pueda, individualmente donde deba– para oponerse a la injusticia y la opresión, para contribuir a dar forma a un mejor orden social.

Si elige este camino, puede esperar ser una criatura solitaria, despreciada o injuriada. Si, por el contrario, pone sus talentos al servicio del poder, puede lograr prestigio y riqueza.

También puede tener éxito en persuadirse –tal vez con justicia, en un momento dado– de que puede humanizar el ejercicio del poder de las “clases significativas”. Quizás espere unirse a ellas o incluso remplazarlas en la función de manejo social, en interés final de la eficiencia y la libertad.

El intelectual que aspira a este papel puede valerse de la retórica del socialismo revolucionario o de la ingeniería social del Estado de bienestar al perseguir su visión de una “meritocracia” en la que el conocimiento y la capacidad técnica confieran poder.

Puede representarse a sí mismo como parte de una “vanguardia revolucionaria” que abre el camino hacia una nueva sociedad, o como un técnico experto que aplica “tecnología gradual” al manejo de una sociedad que puede atender sus problemas sin cambios fundamentales.

Para algunos, la elección puede depender de poco más que una evaluación de la capacidad relativa de las fuerzas sociales en competencia. No resulta sorprendente, pues, que con mucha frecuencia los papeles cambien: el estudiante radical se vuelve el experto en contrainsurgencia.

En cualquier caso, es necesario ver sus afirmaciones con recelo: propone la ideología convenenciera de una “élite meritocrática” que, según la frase de Karl Marx (aplicada en este caso a la burguesía), define “las condiciones especiales de su emancipación (como) las únicas condiciones generales por las que la sociedad moderna puede ser salvada”.

El papel de los intelectuales y los activistas radicales, pues, debe ser sopesar y evaluar, intentar persuadir, organizar, pero no capturar el poder y gobernar. En 1904, Rosa Luxemburgo escribió: “Históricamente, los errores cometidos por un movimiento verdaderamente revolucionario son infinitamente más fructíferos que la infalibilidad del comité central más brillante”.

Estas observaciones son una guía útil para el intelectual radical. También brindan un refrescante antídoto al dogmatismo tan típico del discurso de la izquierda, con sus áridas certidumbres y su fervor religioso con respecto a asuntos que apenas si se entienden: el autodestructivo equivalente en la izquierda a la petulante superficialidad de los defensores del statu quo, incapaces de percibir sus propios compromisos ideológicos más de lo que un pez percibe que nada en el mar.

Siempre se ha dado por sentado entre los pensadores radicales, y con justa razón, que la acción política efectiva que amenaza intereses sociales arraigados conducirá a la “confrontación” y la represión. Es, por consiguiente, un signo de bancarrota intelectual para la izquierda buscar construir “confrontaciones”; es una clara indicación de que los esfuerzos por organizar una acción social significativa han fallado.

Particularmente objetable es la idea de diseñar confrontaciones con el fin de manipular a los participantes inconscientes para que acepten un punto de vista que no surge de una experiencia significativa, de un entendimiento real. No es sólo un testimonio de irrelevancia política, sino también, precisamente porque es manipulador y coercitivo, una táctica propia sólo de un movimiento que apunta a mantener una forma elitista y autoritaria de organización.

Las oportunidades de los intelectuales de tomar parte en un movimiento genuino de cambio social son muchas y variadas, y creo que ciertos principios generales son claros. Los intelectuales deben estar dispuestos a encarar los hechos y abstenerse de erigir fantasías convenientes.

Deben estar dispuestos a emprender el arduo y serio trabajo intelectual requerido para hacer una aportación real al entendimiento. Deben evitar la tentación de unirse a una élite represiva, y deben ayudar a crear las políticas de masas que contrarresten –y en última instancia controlen y remplacen– las fuertes tendencias a la centralización y al autoritarismo que están profundamente arraigadas, pero no son inescapables.

Deben estar preparados a enfrentar la represión y a actuar en defensa de los valores que postulan. En una sociedad industrial avanzada existen muchas posibilidades para la participación popular activa en el control de las grandes instituciones y la reconstrucción de la vida social.

Hasta cierto punto, podemos crear el futuro en vez de limitarnos a observar el flujo de los acontecimientos. Dado lo que está en juego, sería criminal dejar que las verdaderas oportunidades pasen inexploradas.

* Este artículo está adaptado del ensayo “Conocimiento y poder: los intelectuales y el Estado de bienestar-guerra”, que apareció en el libro de 1970 La nueva izquierda, editado por Priscilla Long. El ensayo está reimpreso en Masters of Mankind: Essays and Lectures, 1969-2013, por Noam Chomsky.

** El libro más reciente de Noam Chomsky es Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire. Interviews with David Barsamian (Sistemas de poder: conversaciones sobre levantamientos democráticos mundiales y los nuevos desafíos al imperio de EU: entrevistas con David Barsamian. Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge.

© 2014 Noam Chomsky

Distributed by The New York Times Syndicate

Traducción: Jorge Anaya

Categorías: Attac Planet

Un modelo de financiación de la Renta Básica para el conjunto del Reino de España: sí, se puede y es racional

Vie, 12/12/2014 - 07:00

Jordi Arcarons / Antoni Domènech /Daniel Raventós /Lluís TorrensSin Permiso.info

genoves

Este artículo es un resumido avance de cómo se puede financiar una renta básica (RB) en el conjunto del Reino de España dejando al margen la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra por el hecho de que no entran dentro del llamado régimen fiscal común. A finales de 2013 realizamos un estudio de financiación para Cataluña y algunos meses después para Guipúzcoa. En ambos casos, los estudios ofrecían unos resultados bastante parecidos.

El objetivo de ofrecer un pequeño avance de la investigación realizada es mostrar cómo se podría financiar una RB en todo el territorio del Reino de España Para facilitar aún más esta primera introducción, seguiremos un esquema muy parecido al que utilizamos en la exposición de la financiación de Cataluña hasta donde sea posible. La RB que pretendemos financiar es una asignación monetaria incondicional a toda la población: ciudadanía y residentes acreditados. Todo miembro de la ciudadanía y toda persona residente acreditada recibiría esa cantidad monetaria. Es el concepto habitual de RB y es la que utiliza la Red Renta Básica y la Basic Income Earth Network. Ante una de las objeciones más inmediatas habituales (“es injusto que los ricos también reciban una renta básica”), cualquier persona que lea con cierto detenimiento estas líneas podrá comprobar que, en el esquema fiscal de financiación propuesto, los ricos saldrían perdiendo porque deberían pagar mucho más de lo que supuestamente pagan ahora. Es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo aunque hay quien no ha querido entenderlo: todo el mundo recibe la RB, pero no todo el mundo gana; los ricos pierden.

Huelga decir que la ventaja de trabajar con datos reales y precisos y con modelos econométricos analíticos es que, a diferencia de las charlas de café, de las vaguedades generalistas que pasan por “programas” y de las meras declaraciones, más o menos demagógicas, de buenas intenciones, son también debatibles –y en su caso, refutables— con igual precisión, analítica y empírica.

Criterios y aclaraciones

Pretendíamos que en nuestra propuesta de financiación se cumplieran cuatro criterios que han sido respetados como más adelante se detallará:

1) Que la reforma se autofinanciase, es decir, que no generase déficit neto, de forma que se respetase la recaudación anterior y la reforma fuera neutra en este sentido.

2) Que su impacto distributivo fuera muy progresivo.

3) Que más del 50 por ciento de la población con menos ingresos ganase renta neta respecto a la situación actual.

4) Que los tipos impositivos reales o efectivos después de la reforma (es decir, una vez considerados no solamente los nuevos tipos nominales, sino también el efecto de la RB) no fueran altos.

Para abordar algunos aspectos del modelo econométrico de microsimulación –y la RB que debe financiarse—, vale la pena dejar de entrada sentadas las siguientes precisiones:

1) La cantidad de RB es igual o superior al umbral de la pobreza.

2) La RB no está sujeta a la imposición del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

3) La RB viene a substituir toda prestación pública monetaria de cantidad inferior.

4) La RB deberá ser complementada, cuando sea inferior a la prestación pública monetaria.

5) En nuestro modelo, la RB que proponemos no supone la detracción de ningún otro ingreso público por la vía del IRPF. Dicho de forma más expedita: el modelo deberá financiar lo que ya se financia actualmente (sanidad, educación… y todas las demás partidas de gasto público [1]), además de la RB que se propone.

La cantidad de RB para los mayores de 18 años sería de alrededor de 7.500 euros anuales (625 euros mensuales). Decimos “alrededor” porque nos falta hacer alguna pequeña aproximación adicional, pero en todo caso la cantidad definitiva se moverá muy poco por encima o por debajo de la mencionada cifra de 7.500. Esta cantidad corresponde al umbral de la pobreza del Reino de España sin tener en cuenta Navarra y la CAV (estas comunidades, de poderlas incluir, elevarían la cantidad al ser comunidades con PIB mayores que la media), en el año 2010, año del que se han obtenido todos los datos; es decir, en un momento en que la situación económica, pese a las discutibles políticas económicas aplicadas, ya alcanzaba un grado de degradación elevadísimo. Para los menores de edad las cantidades que estamos contemplando son un 20 o un 30% de la RB para los adultos. Un sistema de cálculo alternativo de la RB podría seguir el concepto de umbral de pobreza por hogar de la OCDE. En este caso se asigna al primer adulto del hogar los anteriores 7.500 euros anuales, al resto de adultos el 50% y a los menores de edad el 30% (el criterio OCDE define menor al que tiene menos de 14 años). Con los datos de que disponemos no es posible efectuar las microsimulaciones adecuadas para este supuesto; sin embargo, sí se puede estimar de forma agregada que el coste de financiación se reduciría cerca de una cuarta parte con respecto al modelo de RB individual que hemos detallado al inicio. Si bien este último sistema de cálculo tiene otros problemas –que tienen que ver con aspectos más sociales y políticos que técnicos— a los que ahora no vamos a referirnos. [2]

Datos

Disponemos de una muestra de casi dos millones de liquidaciones de IRPF del año 2010. Esta muestra es estadísticamente significativa del conjunto de declaraciones de IRPF del Reino de España, tanto por las personas comprendidas como por los territorios incluidos. Los datos de esta muestra son del Instituto de Estudios Fiscales y de la Agencia Tributaria. Estas liquidaciones tienen el siguiente detalle territorial:

Cuadro 1: IRPF (sin la CAV y Navarra)

Comunidad autónoma

Muestra declarantes

Población declarantes

Población detectada

Andalucía

338.357

3.575.947

6.138.174

Aragón

82.454

777.981

1.156.085

Asturias

50.268

610.519

898.317

Balears

48.251

531.117

800.963

Canarias

80.921

882.984

1.386.245

Cantabria

34.478

317.671

485.824

Castilla-León

199.419

1.414.163

2.133.688

Castilla-Mancha

132.914

1.017.695

1.693.838

Catalunya

246.808

4.017.372

5.975.448

País Valencià

183.646

2.440.134

3.831.509

Extremadura

63.544

527.670

879.517

Galicia

143.039

1.452.786

2.182.705

Madrid

245.116

3.472.873

5.237.242

Murcia

50.229

645.986

1.103.855

La Rioja

25.921

182.625

274.314

Ceuta

8.582

30.710

55.654

Melilla

8.608

28.256

52.826

No residentes

1.879

2.330

3.787

1.944.434

21.928.822

34.289.991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para financiar la RB con estas cantidades propuestas, se ha trabajado separando a la población en dos grandes grupos, a efectos únicamente expositivos, que permite explicar las fuentes de financiación: la población incluida en la declaración del IRPF y la que no lo está. En el primer grupo se incluyen todas aquellas personas que declaran IRPF o sin tener la obligación de hacerlo se les han retenido cantidades a sus rentas por el trabajo, y las que deben incluirse en dichas declaraciones como población dependiente (menores, ascendientes…). Es lo que técnicamente se denomina población barrida por el IRPF. El segundo grupo está compuesto por todas aquellas personas que no tienen la obligación de declarar o ser incluidos en una declaración y tampoco se les han retenido cantidades en sus retribuciones (volveremos más adelante) y que por lo tanto están fuera del grupo anterior.

Analicemos en primer lugar la financiación de la RB en el segundo grupo, el que no está incluido en la declaración del IRPF ni tuvo retenciones por trabajo. Alrededor de 9 millones y medio de personas. Este grupo, por encontrarse fuera del IRPF, está al margen del modelo de microsimulación, pero evidentemente recibe la RB como el resto de la población. Además, salvo algunas excepciones, debe suponerse que estamos hablando precisamente de la parte de la ciudadanía y residentes acreditados con menores ingresos y, en consecuencia, la que más perentoriamente necesita la RB.

Por otro lado, y tal como hemos apuntado más arriba, la RB “sustituye toda prestación pública monetaria de cantidad inferior” y “deberá ser complementada cuando sea inferior a la prestación pública monetaria”. El dinero que la Administración Pública no debería pagar con nuestra propuesta representa, así pues, la parte de ahorro que debe ser cuidadosamente contabilizada. Con más detalle, en el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Ahorros en prestaciones monetarias por debajo de la RB para CCAA del llamado régimen común (en millones €)

Pensiones

54.023,6

Prestaciones por Desempleo

22.324,2

Familia

3.661,7

Vivienda

2.164,7

Exclusión social

1.957,8

Becas

1.917,0

Clases Pasivas del Estado

3.815,7

Reservistas sin destino de las FFAA y FCSE

258,9

Sacerdotes Iglesia Católica

126,5

Reclusos

533,6

50 % gastos administración del gasto social

2.356,8

Total ahorros

93.140,5

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat, INE, Eustat, I. Estadístico de Navarra, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, MUFACE, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Conferencia Episcopal, Ministerio de Trabajo (TGSS y SPEE)

Con lo que:

Cuadro 3: Total ahorros (al IRPF) (en millones €)

Coste RB no declarantes

62.855,9

Total ahorros en subsidios por debajo RB

93.140,5

subtotal remanente

30.284,6

49,5 % rentas trabajo no retenidas

21.867,1

Total ahorros externos

52.151,7

Es decir, el coste de la RB de 7.500 euros (7.471 para ser exactos en el cuadro anterior) para la población no declarante es de 62.855,9 millones de euros. Los ahorros correspondientes a los subsidios monetarios inferiores a la RB que se reciben actualmente y que serían redundantes (cantidad a la que debe añadirse la recaudación por un tipo estimado del 49’5% para las rentas de trabajo no retenidas , que es similar al de la anterior simulación para Cataluña) son 52.151,7 millones superiores al coste anterior. Debe entenderse que este ahorro de 93.140,5 millones se refiere a toda la población, no solamente a la no incluida en la simulación, claro. Esta cantidad de 52.151,7 millones ayudará a financiar la RB de la población que declara IRPF o se le retiene por trabajo incluida en la simulación como más adelante se detalla.

Vayamos ahora al grueso de la población, la que contempla la muestra de la simulación, es decir, algo más de 34 millones de personas como está detallado en el primer cuadro. Aquí es donde entra propiamente el programa de microsimulación. La muestra de declaraciones del IRPF tiene las siguientes características.

1) Se trata de una muestra individualizada y estratificada de declaraciones del IRPF que incluye perceptores de rentas del trabajo por encima de 10.000 euros que cumplimentan el Modelo 190, que no están explícitamente obligados a declarar con las excepciones apuntadas al principio de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, de forma que con los casi dos millones de registros que contiene permite elevar los resultados a los más de 19 millones de personas que efectuaron su declaración de IRPF en 2010 y a las 2,7 millones de personas incluidas adicionalmente en el mencionado Modelo 190.

2) Contiene las principales variables y magnitudes que permiten una imputación prácticamente exhaustiva de los rendimientos económicos que deben declararse en el impuesto: trabajo, capital mobiliario, inmobiliario, actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales. Lo que permite obtener, por agregación, una correcta aproximación a la renta del declarante.

3) Permite identificar las características socio-familiares de los declarantes: edad, estado civil, descendientes y ascendientes; elevando a más de 34 millones de personas, la población analizada. (La otra parte de la población hasta llegar al total de habitantes es la comprendida, obviamente, por la población al margen del IRPF más arriba analizada).

4) La referencia temporal es el año 2010.

Por otro lado, la reforma que simulamos en el IRPF para financiar la RB, puede resumirse de la siguiente forma:

1) Integración de la base del ahorro en la base general, para evitar que las rentas del capital, que en el actual IRPF constituyen la base del ahorro, sigan teniendo un tratamiento fiscal mucho más favorable que el resto de rendimientos.

2) Eliminación de todos los factores que en el actual IRPF son considerados correctores de inequidad horizontal: los mínimos personales, así como la compensación entre rendimientos.

3) Eliminación de todas las reducciones de la base, fundamentalmente por planes de pensiones y por rendimientos del trabajo y de todas las deducciones de la cuota, fundamentalmente vivienda e incentivos.

4) Tipo único de algo más del 49%.

Algunos comentarios sobre el tipo único: cualquiera que conozca mínimamente el IRPF, puede entender que un tipo único, si se combina con una RB, no solamente es fiscalmente progresivo, sino altísimamente progresivo como explicamos y detallamos más adelante. Si la RB representa una parte porcentualmente importante de la totalidad de ingresos recibidos, el tipo efectivo se distancia mucho del nominal. Si, por el contrario, la RB representa solamente un porcentaje minúsculo de la totalidad de los ingresos percibidos, el tipo efectivo y el nominal serán muy parecidos. En el primer caso estamos hablando de población con niveles de renta globales muy bajos, en el segundo de muy altos. Así, por ejemplo, este 49% se convierte en un -208% para la primera decila más pobre de declarantes: es decir, reciben más por RB de lo que deben pagar por IRPF al representar la RB una gran parte de su renta. En cambio, para la novena decila, la más rica, ya es del 25%. Esto puede verse más específicamente en este cuadro (adviértase que hemos dividido además la decila más rica entre el 5 y el 2% más rico):

Cuadro 4

Decila

Cuota ex-ante*

Cuota ex-post **

10%

0,154%

-208,914%

20%

0,348%

-59,177%

30%

0,858%

-36,494%

40%

3,282%

-19,645%

50%

6,044%

-9,071%

60%

7,856%

-1,396%

70%

9,842%

6,559%

80%

12,527%

15,873%

90%

15,295%

24,611%

95%

18,382%

30,311%

98%

22,068%

35,369%

100%

28,033%

42,910%

*Cuota con el IRPF vigente el 2010

**Cuota con el nuevo IRPF + RB

Resultados

Debemos apuntar que el modelo de microsimulación permite distintas variantes. Una tarifa que puede contemplar diversos tramos, un umbral de la pobreza (una referencia para establecer la cantidad de la RB) único para todo el Reino de España o umbrales de la pobreza diferenciados (con RB correspondientes) por distintas Comunidades Autónomas, y distintos porcentajes para definir la RB para los menores de edad.

Los resultados muy resumidos de nuestro estudio de financiación a partir de las especificaciones mencionadas, pueden esquematizarse de la siguiente manera:

Es posible financiar una RB para todas las personas adultas que residen en el Reino de España de 7.500 euros al año (cantidad que puede sufrir pequeñas modificaciones al alza o a la baja en el resultado final que estamos elaborando, pero que serían insignificantes) y del 20% a los menores de edad.

Para la financiación de esta RB, además de lo recaudado hasta ahora, es decir, sin tocar ni un euro de ninguna otra partida actual (sanidad y educación públicas no se tocarían, por si alguien tiene alguna duda) excepto las prestaciones monetarias que fueran redundantes con la RB, el dinero saldría de: la reforma mencionada del IRPF y el ahorro de las mencionadas prestaciones monetarias que serían suprimidas con la RB.

La gran mayoría de la población declarante actual en el IRPF y no declarante saldría ganando respecto a la situación actual (cuadro 5). Solamente las decilas superiores perderían con la reforma propuesta. Un porcentaje entre un 60 y un 70% de la población situada en los niveles inferiores de renta de los otros dos grupos saldría ganando con la reforma (recuérdese que a la población ganadora comprendida entre los declarantes, debería añadirse por razones obvias a la práctica totalidad de la población que no está obligada a declarar IRPF). Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7.500 euros anuales de RB que no quedarían sujetos al IRPF. Así que la reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población. Es decir, lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas, especialmente en los últimos años.

Cuadro 5

Decilas de renta

Personas Ganadoras

Ganancia total (millones)

Ganancia per capita

Personas Perdedoras

Pérdida total (millones)

Pérdida per capita

10%

100,00%

14.812,8

6.755

0,00%

0,0

0

20%

100,00%

11.321,0

5.162

0,00%

0,0

0

30%

100,00%

9.237,5

4.213

0,00%

0,0

0

40%

100,00%

6.847,5

3.123

0,00%

0,0

0

50%

90,87%

5.407,5

2.714

-9,07%

-77,6

-390

60%

61,73%

4.449,3

3.287

-38,24%

-601,2

-717

70%

33,84%

3.542,9

4.774

-66,14%

-1.908,2

-1.316

80%

24,11%

1.952,7

3.693

-75,89%

-4.017,1

-2.414

90%

4,79%

213,0

2.028

-95,20%

-7.600,7

-3.641

95%

0,00%

0,0

0

-100,00%

-6.212,2

-5.666

98%

0,00%

0,0

0

-100,00%

-5.655,9

-8.600

100%

0,00%

0,0

0

-100,00%

-9.246,8

-21.084

Adviértase una vez más que la financiación de esta propuesta de RB se concreta mediante una gran redistribución de la renta, no mediante creación de masa monetaria. Así es: se produce una gran redistribución de la renta de los ricos al resto de la población, como acabamos de detallar. De tal forma que el índice de Gini se situaría en el valor 0,25 (que supone una drástica reducción en relación al de la renta bruta de 0,41 y de 0,37 que corresponde a la renta neta al descontar el actual IRPF) y que es muy parecido al de los países escandinavos.

¿Es esta redistribución de la renta excesiva o confiscatoria? Las cantidades transferidas de los perdedores en el cómputo neto a los ganadores suman unos 35.000 millones de euros, lo que sería equivalente al incremento de presión fiscal que sufrirían estos últimos. Esta cantidad representa el 3,5% del PIB, una cifra absolutamente razonable, muy por debajo de los ocho puntos de menor presión fiscal que tiene el Reino de España frente al promedio de la UE y que nada tiene que ver con las cifras estratosféricas del coste de la RB apuntadas por algunos expertos desinformados y por algunos políticos de alto rango no menos desinformados.

Y no hemos tenido en cuenta en la financiación ni la posibilidad de introducir nuevos impuestos o modificar los existentes ni el gran fraude fiscal que realizan los ricos… para que no forme parte de la crítica según la cual contamos con dinero hipotético que se conseguiría con una decidida lucha contra esta lacra. No hay duda de que somos firmes partidarios de una lucha sin concesiones contra el gran fraude fiscal. Y que un éxito en esta lucha comportaría muchas más posibilidades de aportar más fondos para la financiación de la RB y para apuntalar servicios que deben ser incrementados como la sanidad y la educación públicas. Aún hay margen para ello y para reducir el déficit.

Final

Lo que antecede no es más que el avance de los resultados de una circunstanciada investigación en la que se sustenta este proyecto de financiación de una RB. En breve expondremos todos los detalles del estudio. Se trata de una propuesta con fines claramente ilustrativos de algo que nos parece que debe destacarse: garantizar la existencia material de la población mediante una RB es algo perfectamente posible. Aunque estas últimas semanas y meses hemos escuchado y leído toda clase de advertencias y maldiciones sobre la imposibilidad de financiar una RB, unas, claramente, por ignorancia, otras, tal vez, por mala fe, a partir de ahora nuestros críticos estarán obligados, por elemental deontología intelectual o profesional, a mostrar clara y distintamente dónde y por qué nos hemos equivocado. En lo que a nosotros hace, obvio es decir que no habrá el menor reparo en aprender de nuestros yerros y rectificar. Al fin y al cabo este es un trabajo científico, y cuando se elige este terreno es ineludible admitir la equivocación cuando se demuestra.

Actualmente los gobernantes del Reino de España y, huelga decirlo, los del conjunto de la Unión Europea, tienen otros objetivos de política económica. Las opciones experimentadas a lo largo de las últimas décadas, antes y durante la crisis económica, por los responsables políticos, han reconfigurado políticamente los mercados –particularmente los llamados mercados laboral y crediticio, en plena descomposición acelerada— de forma harto lesiva para las condiciones materiales de las poblaciones trabajadoras, y en general, de los estratos sociales por debajo de la cúpula de los archirricos. Las políticas económicas prácticas están en el extremo opuesto del que aquí se sugiere con esta propuesta de financiación de la RB. Porque la RB sería un claro componente de una política económica que, por seguir utilizando los mismos términos, garantizaría la existencia material de toda la población y apostaría, en consecuencia y por una vez, por la población no estrictamente rica.

Una RB como la que proponemos supondría un cambio muy importante en dos aspectos decisivos del funcionamiento actual de la economía.

Una de las características fundamentales del funcionamiento económico dentro de la zona UE (y de otras geoeconomías políticas, por supuesto, pero nos centramos en ese área por motivos suficientemente obvios) es, por lo pronto, la acrecida capacidad del capital para disciplinar a la población trabajadora. El factor principal de esta capacidad disciplinaria es la existencia de una gran parte de población trabajadora sin empleo. Cuando la posibilidad de despido se convierte en algo cada vez más frecuente en una situación de crisis, más dispuesta está la población trabajadora a aceptar condiciones laborales peores. La RB representaría una herramienta muy poderosa para debilitar esta capacidad disciplinadora del capital. Creemos que, aunque pueda resultar muy paradójico, muchos sindicatos, con algunas ejemplares excepciones, no han entendido la enorme capacidad de la RB para debilitar la disciplina que el capital puede imponer –e impone— en una situación de enorme desempleo. Entre otras razones por el incremento del poder de negociación que supondría para la clase trabajadora una RB.

Otro rasgo característico de la situación en la UE es la evidente inapetencia de los capitales para realizar su función de inversión. No sólo en la economía productiva de bienes tangibles. Tampoco la inversión especulativa se ve demasiado animada (desde luego, en comparación con el período pre-2007). Stuart Holland ha calculado que hay en la zona euro unos 3 billones de euros (¡tres veces el PIB del Reino de España!) de dinero ocioso, que prefiere, por señalado ejemplo, refugiarse en la compra de una deuda pública que apenas ofrece rendimientos fijos, que invertir en nada, y menos que en nada en la producción real de bienes y servicios tangibles. (De hecho, eso es una de las principales explicaciones del desplome a que hemos asistido en los dos últimos años del rendimiento de la deuda pública, también en el Reino de España.)

Dejamos para otra ocasión la crítica a fondo de las supuestas alternativas no austeritarias a una RB: el trabajo públicamente garantizado, el pleno empleo en condiciones de trabajo decentes, por no hablar de los subsidios condicionados como los que tenemos en la actualidad. Este tipo de subsidios han mostrado su incapacidad para hacer frente a la magnitud del problema. Hemos abordado ya las tremendas limitaciones de los subsidios condicionados como es el caso de la débil y nebulosa propuesta de Torres y Navarro en el borrador económico de Podemos sobre una renta mínima garantizada. En cualquier caso, la renta mínima garantizada que proponen estos autores, aparte de (todavía) no justificada financieramente con un mínimo de precisión y de cálculo analítico y empírico públicamente debatible, resulta paupérrima respecto a la RB, que aborda mucho más audazmente la difícil realidad actual de millones de personas. En cuanto a las dos primeras alternativas mencionadas (trabajo garantizado y pleno empleo), en el mejor de los casos, no serían puestas por obra antes de 20 años: no estaría mal que los que parecen haberlas descubierto recientemente con gran entusiasmo comenzaran por reconocer que la RB es al menos una solución racional casi inmediata e inmediatamente sostenible financieramente.

El modelo propuesto es un modelo científico-normativo. Nos dice, si anda en lo cierto, cómo y con qué costo podría financiarse una RB universal capaz de sacar inmediatamente de la pobreza a la población que está sumergida en ella, además de aumentar la libertad y el poder de negociación de buena parte de la clase trabajadora y en general de las personas no estrictamente ricas. Invitamos a las propuestas no neoliberales alternativas a realizar un ejercicio parecido. Hasta aquí la ciencia.

Pero hay, además del estrechamente científico, un problema de filosofía política y de diagnóstico de fondo. Y será bueno, para terminar, hacerlo también explícito. Las propuestas de tipo neokeynesiano (como la de Torres y Navarro) de que el Estado puede recuperar la economía estimulando con políticas fiscales y monetarias la demanda efectiva agregada, lo mismo que la idea postkeynesiana, algo más audaz –y más genuinamente keynesiana— del trabajo públicamente garantizado, se basan en el supuesto de que, de algún modo, el Estado puede obligar a los capitalistas a hacer de capitalistas. Pero en nuestro mundo “remundializado”, con Estados parcialmente patrimonializados por los grandes poderes privados, pulverizado y aventado lo que hace medio siglo fue un robusto sector económico público, se comprenderá que no es nada fácil amenazar creíblemente a los capitalistas para obligarles, por medios tradicionales, “a hacer de capitalistas”. Por no hablar de una eurozona en la que todos los Estados han rendido su soberanía monetaria –todos son usuarios de una moneda de la que ninguno es emisor— y están en buena medida a merced de un BCE autocráticamente regido, por decir lo menos. Para ser más precisos, esas amenazas de impronta neo- o postkeynesiana necesitan, cuando menos, complementarse con otra amenaza harto más creíble en nuestro mundo grande y terrible: la de empezar a substraer partes importantes y decisivas de la vida social a la cultura económica y social del capitalismo y de los capitalistas. La RB, al conferir relevantes dosis de poder de negociación al conjunto de la población, podría jugar un papel harto importante en este sentido: sin ir más lejos, podría ayudar a desmercantilizar esferas y recursos esenciales en nuestras vidas, empezando por el propio trabajo. Pero eso es parte de otra discusión, ya directamente política, a la que no renunciamos en otra ocasión. [3]

Notas:

[1] No hay duda de que hay partidas que merecerían en nuestra opinión suprimirse: el mantenimiento de la casa real, por ejemplo, el gasto militar, por otro ejemplo, pero en un ejercicio de realismo y para evitar las fáciles críticas hemos respetado el principio de que la reforma fuese neutra en el sentido especificado: que se respetase la recaudación anterior. No solamente en aspectos que nunca deben ser recortados sino incrementados, educación y sanidad públicas por señalado ejemplo, sino los que por muchas razones deberían ser suprimidos como los ya mencionados.

[2] Como apuntamos en otro lugar: ¿Por qué la RB para los menores se estima en un 20% o un 30% de la de un adulto? Este intervalo es precisamente lo que calcula la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística: que se incrementa el gasto de una familia media con 1 ó 2 menores respecto a una que tenía 0 ó 1. Evidentemente, puede discutirse si este u otro porcentaje es más o menos adecuado, pero no es una cifra arbitraria sino que responde a ciertos criterios estadísticos. Por ejemplo este cálculo simple diferencial muestra que el gasto de tener un segundo hijo es superior al de tener el primero, lo que indica no que el gasto por hijo sea proporcionalmente creciente a más hijos sino que la renta de las familias que tienen un segundo hijo es superior a las que tienen uno solo. Otra cosa es que las situaciones específicas de cada familia puedan suponer otras cantidades. Según la encuesta de presupuestos familiares del año 2013, una persona sola menor de 65 años tiene de gasto medio por hogar 17.925,4 euros, una pareja sin hijos, 27.318,3, una pareja con un hijo 30.634,5 y una con dos hijos, 35.546,1. Lo que representa una proporción de 100, 152,4, 170,9 y 198,3.

[3] Edgar Manjarin, Francisco Ramos y David Casassas han realizado algunos útiles comentarios a un primer borrador de este artículo.

Jordi Arcarons es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica.

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso y catedrático de Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Economía y empresa de la Universidad de Barcelona.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC. Su último libro es ¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes (El Viejo Topo, 2012).

Lluís Torrens es economista, profesor asociado de la Escuela Superior de Negocios Internacionales-Universitat Pompeu Fabra, gerente del Public-Private Sector Research Center del IESE. Colabora coniniciatives pel decreixement  que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario.

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