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Justicia económica global
Actualizado: hace 1 hora 24 mins

Si los empresarios tienen un plan para crear empleo ¿cómo es que no lo han aplicado ya?

Vie, 14/11/2014 - 13:00

José Antonio Pérez – ATTAC Madrid

En octubre, el paro creció en 79.154 personas respecto a septiembre. En total, hay 4.526.804personas inscritas en las oficinas de desempleo. Cifra que supera la que Mariano Rajoy encontró al llegar al Gobierno. Y a todo esto, la gran patronal del Ibex dice ahora que tiene un plan para crear 2, 3 millones de empleos. Si esto es posible ¿por qué no lo han puesto en práctica? Al fin y al cabo, ellos son los creadores de empleo según la doctrina neoliberal.

El cinismo de las élites, ya sean políticas o empresariales, no parece tener límite. La gran patronal, tanto la de los empresarios corruptos incrustados en la dirección de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como la que para obtener beneficios le basta ser monopolística y explotadora de recursos materiales y humanos, defiende por principio que el Estado no debe inmiscuirse en sus asuntos. Salvo, eso sí, en lo que respecta a los métodos represivos sobre el trabajador: leyes precarizadoras del contrato laboral y acción policial en caso de protesta.

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George Grosz: Los pilares de la sociedad, 1926

Esa patronal paga sueldos suculentos a los teóricos de sus laboratorios de ideas y a muchos columnistas de la prensa salmón para que difundan una de las ideas fuerza del neoliberalismo: “el Estado debe abstenerse de toda acción política de fomento del empleo, porque el empleo lo creamos nosotros, los empresarios”.

Uno de esos laboratorios de ideas o think tank es el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), sostenido por las 18 mayores empresas españolas. Entre sus ideólogos se encuentran los máximos responsables de Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e Iberdrola y el Instituto de la Empresa Familiar. Entidad esta última que acaba de celebrar su XVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Alicante, bajo los auspicios de notables autoridades, como el Rey, el presidente del Gobierno y Sonia Castedo, la doblemente imputada alcaldesa de la ciudad mediterránea.

Esta distinguida grey se descuelga ahora con el feliz anuncio de que tienen un plan a través del cual sería posible crear empleo. Así lo afirma en su informe ‘España 2018′, un plan de choque con medidas de carácter económico e institucional que permita la creación de 2,3 millones de empleos hasta 2018, y la reducción de la tasa de paro por debajo incluso del 11%.

Y la pregunta que haría el observador socrático es: si ese plan es posible, y si los empresarios son, según la doctrina imperante, los creadores de empleo ¿por qué no lo han puesto ya en práctica? ¿Por qué no han hecho ya uso de su prerrogativa doctrinal y contratado, a través de sus empresas, a esos dos millones largos de personas. Porque no sólo no lo han hecho, sino que ahora vuelven la mirada hacia el tan criticado Estado pretendiendo situar la pelota sobre su tejado.

Entre otras medidas, le piden al Gobierno que combata con denuedo y eficacia la economía sumergida. No, no hablan de las cuentas que muchos empresarios tienen en paraísos fiscales, sino de los parados sospechosos de trabajar en la economía negra. Para ello, el CEC pide que se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal. Estas cifras sitúan a España con tasas de empleo irregular que duplican las de países como Alemania, Francia y Holanda.

Y es aquí de nuevo cuando el observador se queda atónito: si estos dirigentes del CEC son capaces de identificar el número de empleos sumergidos es porque conocen a los empleadores que fomentan este tipo de prácticas. Luego son los empresarios los que deberían empezar por limpiar sus casas  y regularizar los contratos de estos empleados ocultos. Porque el primer interesado en huir de las trampas del desempleo y disponer de un contrato de trabajo “en blanco” es el propio trabajador. Que vería así reconocidos, entre otros, sus derechos de jornada, vacaciones remuneradas, indemnización en caso de despido y, por supuesto, su cotización a la Seguridad Social generadora, a futuro, del salario diferido de jubilación.

Y sigo insistiendo en que los consumidores deberíamos declarar un boicot a las empresas de CEOE por su continua labor de zapa de los cimientos del tejido social, propugnando continuos recortes de nuestros salarios y condiciones laborales. Así como a las multinacionales como Pepsi, Ikea, Burberry, Amazon, British American Tobacco o McGraw-Hill, que desvían beneficios a Luxemburgo para no tributar en España.

Carnet de Paro

Categorías: Attac Planet

La armadura jurídica del TTIP

Vie, 14/11/2014 - 09:00

Juan Hernánez Zubizarreta – Viento Sur

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) es un acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pretende eliminar las barreras arancelarias entre los dos socios y las barreras reglamentarias – las normativas básicas en materia social, medioambiental… – que limitan la acumulación de riqueza de las grandes corporaciones.

Los componentes fundamentales del TTIP son el acceso al mercado, las normas regulatorias, las cuestiones reglamentarias y las barreras no arancelarias; abarca aspectos materiales y formales.

Entre las cuestiones materiales nos encontramos con propuestas relacionadas con la quiebra de los derechos laborales y la normativa europea medioambiental, la desregulación del sector financiero, la apertura al mercado privado de los servicios públicos –el agua, la electricidad, la educación, la salud, el trasporte, la protección social…-, el blindaje de las patentes farmacéuticas, el consumo de productos modificados genéticamente, la contratación pública…

En estas líneas vamos a tratar sobre los aspectos formales y principios jurídicos del TTIP que forman parte de la armadura jurídica que limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. La herencia normativa del capitalismo global – los contratos, normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral y resoluciones de los tribunales arbitrales que conforman la nueva lex mercatoria - condiciona el devenir de las mayorías sociales; así, por poner un ejemplo, el gobierno del presidente Evo Morales y el pueblo boliviano han padecido esta lógica normativa imperial. El TTIP no es sólo un acuerdo comercial, es un nuevo tratado fundacional al servicio de las corporaciones transnacionales.

La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es una arquitectura construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del Tratado; además, su opacidad, su falta de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales que constituyen el Estado de Derecho, deben ser conocidos, desmontados y reapropiados por las mayorías sociales.

La cadena de control normativo que construye el TTIP se puede desglosar en diversos eslabones.

Contexto jurídico sobre el que actúa el TTIP. Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas -Derecho duro-, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica – Derecho blando o Soft law-.

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados regionales y bilaterales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales.

Por otra parte, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad implican un verdadero golpe de Estado; estos dos textos actúan como vasos comunicantes, ya que, por un lado elevan a la cúspide de la pirámide normativa comunitaria el déficit público y la deuda pública –y, por tanto, la generalización de medidas de ajuste en contra de las mayorías sociales- y, por otro, se establece una intervención técnica de las instancias comunitarias al margen de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. El debate parlamentario y la deliberación quedan subordinados a reglas rígidas y automáticas establecidas en el diseño de las políticas presupuestarias.

El TTIP forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Además, resulta evidente la debilidad democrática de las instituciones económicas globales, incluidos los tribunales arbitrales alejados de los poderes judiciales

La falta de legitimidad democrática del TTIP. Elsecreto y la opacidad son elementos constituyentes del TTIP. Las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Desconocemos los negociadores, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”; se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

El modelo institucional de la UE no se adapta a los modelos tradicionales de democracia parlamentaria. El papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es secundario en el devenir del TTIP. Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación”. Es decir, se están saltando su propia legalidad. Las prácticas en torno a la elaboración del TTIP colisionan con la propia normativa comunitaria.

Lo que no es secundario es el papel central de los lobbies económicos que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes y de sus representantes políticos. Los asesores, las reuniones, las propuestas y la vinculación del poder político con las empresas transnacionales forman parte “del poder legislativo” de donde emana el TTIP. La opacidad y el secreto no existen para el gran capital.

El Iter normativo del Tratado. Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía (transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios…). Ahora bien, el resultado final de la norma, en este caso del TTIP, es de una gran seguridad jurídica y de obligado cumplimiento. Todo lo contrario que la normas de derechos humanos, cuya tramitación o iter normativo está muy abierta a las propuestas y al debate, pero su resultado final es de una seguridad jurídica muy frágil. ¿Se puede comparar un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo con un tratado de comercio o inversiones entre la Unión Europea y cualquier país de la periferia del planeta?

La tramitación del TTIP fulmina los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas – se suprimen la normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión – provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones.

Por otra parte, la inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la incorporación de los anexos al TTIP, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el círculo infernal de la arquitectura de la impunidad.

El principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones y entre transnacionales e instituciones, implica que lo que no se obtenga en el seno de la Organización Mundial de Comercio se obtendrá por medio de tratados o acuerdos comerciales o de inversiones de carácter bilateral o regional; esta tupida red da lugar a que cada acuerdo o tratado sea la base para el próximo, lo que genera un modelo de perpetua negociación. Esta guerra tan asimétrica provoca que el abandono de un tratado tenga preparado su sustituto; de ahí que el rechazo debe ser frontal al modelo de comercio e inversiones impuesto por el capital y las empresas transnacionales.

El TTIP combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera – arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea. Si la legislación laboral es más tuitiva en la Unión Europea, se aplican las normas de EEUU que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de “comprarse y venderse”. La compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo, la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres… chocará con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones.

Esta técnica clásica del modelo neoliberal se combina con la re-regulación de los derechos de las transnacionales. Si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora con el TTIP se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales europeas y estadounidenses. El Estado es imprescindible para la acumulación de riqueza del capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. El TTIP fortalece los derechos de las mismas.

Convergencia regulatoria. Además de la armonización de regulaciones por el método de la desregulación antes mencionado, los lobbies transnacionales adquieren por medio del TTIP una presencia insospechada. El Consejo de Cooperación Reguladora -formado por los responsables que establezcan las agencias de EEUU y la Comisión de la UE- es un filtro regulatorio de todas las normas comunitarias – pasadas, presentes y futuras- que colisionen con el Tratado y que implica la presencia directa e indirecta de los lobbies transnacionales. Actúa al margen de los Estados e instituciones; es un poder legislativo supranacional fuera de todo control democrático.

Las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de normas tipo. Además del poder fáctico, los lobbies tendrán presencia directa o indirecta en la elaboración de las normas.

La convergencia regulatoria afecta, además, a todas la Administraciones Públicas (locales, autonómicas y centrales); a la legislación básica, a la ejecución de la misma y a los actos delegados. Las excepciones y defensas genéricas de los derechos sociales que el TTIP prevé quedan subordinadas a “que no comprometan las ventajas derivadas del acuerdo”; la coherencia regulatoria implica que todo tipo de estudio de impacto medioambiental o social, toda evaluación de daños… no debe establecer más “rigor del estrictamente necesario”, es decir, deben ser coherentes con los derechos de las empresas transnacionales.

Por otra parte, la transparencia requiere consultar toda medida potencial a proveedores e inversionistas como si fueran “representantes públicos”, y por último, se pueden ampliar temas no incluidos en el tratado por la vía del nexo normativo al margen del procedimiento de aprobación del mismo; es un texto abierto al servicio de las transnacionales.

Principios normativos del tratado. Son principios demoledores –abiertos a la interpretación creativa y expansiva de despachos de abogados y árbitros favorables al poder corporativo- para los intereses de las mayorías sociales y que dotan de una gran fortaleza a los derechos de las empresas transnacionales. Además, otros principios jurídicos como el abuso de derecho, el enriquecimiento injusto… quedan subordinados al carácter imperativo de los principios recogidos en el TTIP.

Quiebra del principio de igualdad desde las relaciones de poder.

Una interpretación fundamentada en la equidad implica tratar igual a los iguales, pero no igual a los desiguales. No permitir cláusulas de acción positiva a favor de los sectores sociales y económicos más desfavorecidos de los países empobrecidos, significa, en realidad apuntalar prácticas discriminatorias. Firmar contratos, aprobar tratados de comercio e inversiones y aceptar ajustes estructurales bajo la falsa premisa de la igualdad entre las partes, es situar a las relaciones asimétricas de poder en el centro de la técnica jurídica.

El TTIP se sustenta en esta interpretación del principio de igualdad: tratar igual a las empresas transnacionales y a las pequeñas empresas nacionales, lo que es esencialmente discriminatorio.

Trato Justo y Equitativo.Es un concepto jurídico indeterminado que puede adolecer de cierta inseguridad material; pero, enmarcado y dirigido a la protección del inversor extranjero frente al Estado receptor, queda perfectamente delimitado. Por tanto, el Estado receptor no puede discriminar al inversor extranjero y deberá tratarle de manera justa y equitativa. ¿Tratar igual a los desiguales es justo y equitativo?

Trato Nacional.Es un principio central en el funcionamiento del TTIP. Toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe extenderse a los extranjeros. Es decir, los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado ya que implica quebrar el principio de trato nacional. El apoyo de la administración a empresas de economía solidaria o a circuitos cortos de producción se debe extender a las empresas transnacionales de los agronegocios. Con el trato nacional, por otra parte, la privatización de un servicio público hace muy difícil la reversibilidad del mismo.

Nación Más Favorecida. Las ventajas que acuerden mutuamente dos Estados en un tratado bilateral – o entre Estados en un tratado regional- se extiende automáticamente a los tratados que éstos celebren con otros Estados donde se incluya la cláusula de nación más favorecida, cláusula generalizada en la mayoría de los tratados bilaterales. La idea es que en base al principio de no discriminación no se lesione al inversor extranjero. Lo acordado en el TTIP marca, por sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, pautas generales para el comercio mundial.

La cláusula paraguas. Permite a las empresas demandar a los Estados no solo por incumplimientos del Tratado si no por incumplimientos contractuales de un acto soberano no comercial, como las políticas públicas. Bajo semejante régimen las empresas pueden contrarrestar las políticas sanitarias, de protección del medio ambiente, de regulación de las finanzas, de las relaciones laborales… reclamando a los Estados daños y perjuicios ante tribunales extrajudiciales de carácter arbitral. La soberanía de los parlamentos queda supeditada a la cláusula mencionada.

Expropiación directa o indirecta e indemnizaciones rápidas, adecuadas y eficaces. Incluye cláusulas sobre las indemnizaciones en caso de expropiaciones u “otras medidas de efecto equivalente”. Se parte de considerar que toda medida, ley, reglamento, acto administrativo… que provoque daño en el patrimonio del inversor debe ser compensado. Además debe tenerse en cuanta tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, una inversión paralizada por el poder público debe ser compensada tanto por la cantidad gastada como por el futuro beneficio dejado de percibir.

Mecanismos de resolución de diferencias inversor –Estado

Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo amplia su labor a conflictos entre Estados y particulares. Las empresas transnacionales – personas de Derecho Privado que representan intereses particulares- pueden demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales. Prevalece el interés particular sobre el interés general.

Es un sistema paralelo al poder judicial – se trata de tribunales privados- favorable a las empresas transnacionales que queda al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Es una justicia para ricos. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal por la que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Las transnacionales eligen la jurisdicción, existen dificultades para que las audiencias sean públicas y no se requieren agotar los recursos internos nacionales. Es más, puede ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral.

Desde el punto de vista material, se aplican exclusivamente las normas del Tratado y no normas sobre derechos humanos.

El procedimiento arbitral no es neutral. Así, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se encuentra en el seno del Banco Mundial y los árbitros son jueces y abogados, indistintamente. Quince árbitros resolvieron el 55% de las disputas arbitrales en el 2011 y el coste medio de un arbitraje es de ocho millones de dólares; tres firmas de abogados se reparten el 55% de los casos. El procedimiento arbitral es muy costoso, lo que beneficia a las grandes corporaciones transnacionales.

Son numerosos los estudios que ratifican la vulneración de los espacios públicos regulatorios. Los Estados han visto recurridas sus políticas públicas en áreas como el medioambiente, la salud, los derechos laborales, el agua, la agricultura… donde empresas transnacionales han obtenido laudos arbitrales por valor de miles de millones de dólares y muchos más que siguen pendientes de resolución. Además, abandonar esta armadura jurídica no será fácil, ya que se suelen prever prórrogas de jurisdicción de más de 10 años; es decir, que aunque se diera una hipotética denuncia del TTIP por una de las partes, este continuaría en vigor.

Por último, la “amenaza” del recurso transnacional ante tribunales privados provoca, sin duda, el enfriamiento normativo por parte de los parlamentos y de las Administraciones: por ejemplo, se acepta el fracking para evitar futuras demandas arbitrales. Probablemente ni se discuta en los Parlamentos, formalizándose, de esta manera, el enfriamiento normativo. Buena coartada para los partidarios del TTIP que se refugian en las obligaciones impuestas para avalar – sin debate alguno- los objetivos del mencionado Tratado.

Existe un mecanismo añadido al mecanismo de diferencias entre inversor y Estado y que se aplica al conjunto del acuerdo. Permite que las corporaciones privadas actúen, en defensa de sus genéricos intereses, contra los poderes públicos nacionales, autonómicos, regionales y locales. Se pueden recurrir las decisiones políticas que atenten contra el Tratado, siendo sus decisiones de aplicación inmediata y sin apelación. Así, la decisión el Consejo Constitucional de Francia, al declarar conforme a la constitución la ley que prohíbe el gas esquisto, puede dar lugar a la interposición – por un potencial inversor o conjunto de inversores favorables al gas esquisto- de una queja por atentar contra el contenido del TTIP. Es un sistema de arbitraje privado que sustrae de competencias a las instituciones del Estado para el ejercicio de las políticas públicas.

Existe a su vez la posibilidad de generar un panel de arbitraje para resolver los conflictos ambientales y laborales que actúa al margen de las jurisdicciones nacionales y que pierden competencias a favor del sistema arbitral. En el caso del TTIP no está clara su función, pero se puede presuponer que sea un mecanismo de actualización de las armonizaciones regulatorias entre EEUU y la UE. La vigencia y la amplitud del derecho de huelga pueden interpretarse por paneles arbitrales más que por las jurisdicciones nacionales.

Algunas pautas de cómo reinterpretar la armadura jurídica neoliberal que se construye en torno al TTIP

Desde la perspectiva jurídica, el TTIP colisiona frontalmente contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se puede invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior; así, el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros Tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas y de Derecho Internacional General.

Se debe efectuar el control de constitucionalidad de los tratados y verificar si existen vicios insanables en su celebración y aprobación, que generan su nulidad.

Hay que restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los Parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. Y promover normas internacionales que no refuercen la fuerte asimetría existente entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino que, por el contrario, puedan servir para poner los derechos de las personas y los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que los de las grandes empresas. Ahí cobran todo su sentido propuestas alternativas como el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales.

Hay un último principio que se deduce de toda la impunidad transnacional que el TTIP regula. Es un Tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a consta de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos- se regula de manera transversal a lo largo de todo el TTIP.

Juan Hernández Zubizarreta es Profesor de la Universidad del País Vasco

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Causas y consecuencias de la pobreza infantil

Vie, 14/11/2014 - 07:00

 Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo describe una de las situaciones más alarmantes que están ocurriendo en España: el crecimiento de la pobreza infantil. El artículo analiza las consecuencias de tal pobreza, así como sus causas, señalando la insuficiencia de los programas que se han desarrollado para resolver este drama social

Una de las noticias más importantes que se han publicado estos días es que la pobreza entre los niños en España está creciendo a un ritmo alarmante. Nunca antes, durante el periodo que se define como democrático, habíamos visto un crecimiento tan notable de la pobreza infantil. Las consecuencias de esta situación son enormes, y pueden resumirse en tres. Una es que la pobreza causa un menor desarrollo intelectual y educacional del infante. La evidencia de que ello es así es contundente. Los niños pobres acuden a la escuela con menor frecuencia y su desarrollo educacional es menor que el de los niños no pobres. Los niños pobres suspenden asignaturas más frecuentemente que los niños no pobres. En EEUU, por ejemplo, los primeros suspenden dos veces más que los segundos, y abandonan el sistema escolar dos veces más y a menor edad que los no pobres. Por cada año que un niño se mantiene en la pobreza, aumentan las posibilidades de que se estanque en el sistema escolar. Es decir, que a mayor el periodo del niño en pobreza, mayor es la posibilidad de que esté en la categoría de fracaso escolar. Y la situación es todavía peor, pues cuanto menor sea la edad del niño pobre, mayor es la probabilidad de fracaso escolar. La pobreza en la niñez tiene unas consecuencias educativas mucho peores que la pobreza en la adolescencia.

Hay que saber, pues, que la pobreza entre los niños significa un retraso educacional de un porcentaje elevado (más del 20%) de la población, situación trágica y de consecuencias muy negativas para el desarrollo, no solo económico, sino –y sobre todo- político y social del país. Permitir la continuidad de esta situación (que, como veremos, es totalmente prevenible) es de una enorme gravedad, pues afecta a la calidad de vida y bienestar no solo de la población pobre, sino de toda la población del país, afectando muy negativamente su desarrollo social, cultural y económico.

Los costes en salud y bienestar derivados de la pobreza infantil

La pobreza infantil tiene también un impacto negativo sobre la salud de la población afectada. Las consecuencias más visibles e inmediatas son la malnutrición y las enfermedades causadas por condiciones ambientales y de vivienda, con una escasa protección frente a las inclemencias climáticas (la ausencia de calefacción en invierno es la más común) y una baja resistencia a la enfermedad, consecuencia de la baja inmunidad resultado de la limitada protección y prevención, incluyendo inmunizaciones y vacunaciones. Parte de la menor participación escolar de los niños pobres se debe, precisamente, a estas situaciones.

Los niños pobres tienen más enfermedades que los niños no pobres. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Análisis de la dieta diaria muestran consistentemente que los niños pobres tienen una dieta más insuficiente que los niños no pobres. Los elementos clave de esta situación tienen un claro impacto en la capacidad intelectual (y, por lo tanto, educativa) de los niños pobres. Su menor atención en las aulas escolares radica, en gran parte, en temas nutricionales y emotivos relacionados con la pobreza. En realidad, darse cuenta de este hecho forzó al gobierno federal de EEUU a establecer un derecho a la nutrición en aquel país, de manera que todo niño pobre (en realidad, cualquier pobre) tiene el derecho a un alimento digno (el famoso Food Stamp Program, que un gran número de políticos del Partido Republicano quiere disminuir o eliminar). Otro problema grave de salud derivado de las condiciones ambientales es la intoxicación de plomo, que los niños absorben de las pinturas secas que contienen este mineral, y que abundan en su entorno. Esta intoxicación afecta al sistema nervioso, con resultados negativos en la capacidad intelectual de la persona.

Problemas psicológicos y sociales derivados de la pobreza infantil

Otra consecuencia negativa de la pobreza infantil es en la salud mental de las personas afectadas. De nuevo, la evidencia es robusta. Los niños pobres tienen menos seguridad en sí mismos y sufren depresión con mayor frecuencia que los niños no pobres. Tienen más ansiedad y mayor inestabilidad emocional, con una mayor probabilidad de embarazos durante la adolescencia en el caso de las niñas, y una mayor disfuncionalidad en su relación con otras personas de su edad y otras edades.

Ni que decir tiene que cada una de estas consecuencias puede revertirse, bien con atención a las poblaciones pobres y vulnerables, bien a través de medidas que faciliten su salida de la pobreza. El enorme problema social hoy en España (incluyendo Catalunya) es que no se proveen las atenciones personales en cantidades suficientes para paliar el daño ni tampoco se están tomando las medidas para permitir que estos niños salgan de la pobreza. En realidad, se están tomando medidas que incrementan dicha pobreza.

Causas de la pobreza infantil

Antes de iniciar esta reflexión se requieren dos observaciones. Una es que la situación económica de los niños depende en gran medida de la situación económica de sus padres. En general, no hay niños pobres de padres que no lo sean. De ahí que para analizar la pobreza de los niños haya que analizar la pobreza de sus padres. Esta obviedad queda olvidada en un gran número de estudios.

Y la principal causa de pobreza en la gran mayoría de las familias pobres es la escasez de recursos, consecuencia de su situación en el mundo del trabajo y en el mercado laboral. No es casualidad que los países del sur de Europa, que tienen mercados de trabajo muy deteriorados, con un elevado desempleo y un empleo precario, tengan también una elevada pobreza. Lo primero lleva a lo segundo. De ahí que una de las principales causas del crecimiento de la pobreza haya sido las reformas laborales, que tenían como objetivo, precisamente, disminuir los salarios y aumentar la precariedad. La consecuencia de ello ha sido el aumento de la pobreza, incluyendo la infantil. El coste de este aumento de la pobreza para el bienestar de toda la población es enorme. Se puede calcular que la consecuencia del incremento de la pobreza infantil es una reducción de nada menos que del 3% del PIB, una pobreza que afecta a los sectores más vulnerables de la población trabajadora. La pobreza de los niños, por cierto, es un ataque frontal a las pensiones de un país, pues indica una enorme infrautilización de los recursos de este.

La pobreza del Estado del Bienestar español

La segunda causa de la pobreza, que complementa la anterior, es la gran pobreza del Estado del Bienestar español, tanto en las transferencias públicas –incluyendo las transferencias públicas a las familias españolas- como en los servicios públicos, como escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas discapacitadas, servicios sociales, vivienda social, programas de prevención de la exclusión social, seguro de desempleo, programas de integración en el mercado laboral o programas de formación, entre otros. En cada uno de estos servicios, España (incluyendo Catalunya) tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), muy por detrás del promedio. Estos servicios ayudan a las familias (y cuando decimos familias queremos decir mujeres) a poder compaginar sus labores familiares con su proyecto profesional. Esta dificultad para integrarse en el mercado de trabajo –que afecta sobre todo a los jóvenes y a las mujeres- es otra causa mayor de la pobreza de los padres y, por lo tanto, de las familias.

Dicha pobreza del Estado del Bienestar es, a la vez, una de las causas de la escasa creación de empleo en España. Este país tiene solo un adulto de cada diez trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar. Si tuviera alrededor de uno de cada cuatro, como es el caso en Suecia, España tendría unos 3,5 millones más de puestos de trabajo, con lo cual conseguiríamos eliminar una parte significativa del desempleo y estaríamos en camino de reducir considerablemente la pobreza. Ni que decir tiene que el incremento del salario mínimo, de los más bajos de la UE-15, incrementaría los salarios y disminuiría la pobreza de los padres.

Una medida muy importante para disminuir la pobreza infantil es el permiso de paternidad y de maternidad. En Suecia, el padre o la madre puede tomarse un año de permiso para atender a un infante, cobrando el 80% de su salario. En EEUU se ha calculado que este programa, que costaría el 2% del PIB, quedaría compensado con el declive de la pobreza que causaría. En un estudio reciente que analizó el impacto del permiso de paternidad y maternidad en la pobreza infantil (citado por Steven Pressman y Robert H. Scott “Paid Parental Leave and America’s Youngest Poor”, en Challenge, Sept/Oct 2014), se vio (en Australia, Noruega, Suecia y Finlandia) que la existencia y el grado de intensidad de este derecho podría disminuir la pobreza infantil casi un 50%. De nuevo, los países del sur de Europa tienen este derecho muy poco desarrollado, con periodos reducidos y una escasa estabilidad e intensidad del beneficio.

Una última observación

En España las izquierdas han hecho gran hincapié en establecer la renta básica como una manera de resolver o mejorar la pobreza, lo cual me parece bien. Aplaudo y apoyo el desarrollo de la Renta Básica (entendida como tal, y tal como se hace en el País Vasco, programa distinto a lo que se llama salario ciudadano). Ahora bien, garantizar una renta mínima de inserción al ciudadano le ayudará, pero no eliminará la pobreza, pues la renta básica, a fin de ser aceptada por la población, implica una cantidad relativamente menor, que será insuficiente para eliminar la pobreza (aunque sí que la reducirá, y muy en particular la pobreza extrema). Lo que se requiere es, como han hecho los países que han alcanzado una mayor reducción de la pobreza, garantizar el pleno empleo, con salarios altos y con políticas activas de integración en el mercado de trabajo, reduciendo el tiempo de trabajo y facilitando la creación de empleo. Y para aquellas personas que no puedan trabajar, éstas deberían recibir un dinero que les asegure unos ingresos por encima del nivel de pobreza, con unas cantidades mayores que la renta proveída en los programas de renta mínima de inserción. Hay que recuperar el valor e importancia de creación de buen empleo como una responsabilidad pública, junto con transferencias públicas a las familias, mucho más elevadas que las que hoy se consideran en los programas de renta mínima. Solo así desaparecerá la pobreza infantil.

Artículo publicado en Público.es

vnavarro.org

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La gran estafa eléctrica: datos y propuestas

Jue, 13/11/2014 - 13:00

Álvaro Gaertner Aranda / Fernando Prieto – Público.es

Pese a la última reforma del Gobierno, el mercado eléctrico español sigue sin funcionar. Estas semanas pasadas hemos conocido la subida del 11% del precio de la luz en el tercer trimestre. Esa subida no hará más que agravar el problema de pobreza energética, que en el último invierno se cifró en unos 3 millones de familias, un 15% del total, y supondrá un sobrecoste para todos los consumidores, que ya pagan una de las energías más caras de Europa. Incluso Competencia piensa que el sistema de fijación de precios es equivocado. El sistema de precios se ha indexado en función de la meteorología, y según haya viento o agua disponibles los usuarios pagan más o menos, lo que induce una gran inestabilidad que afecta de manera notable a las empresas y los ciudadanos.

El Gobierno ha fracasado, y lo ha hecho por su falta de voluntad para guiarse por criterios técnicos y científicos que busquen el bien común, y por su absoluta sumisión a las eléctricas, que controlan por completo la política energética del país. Las puertas giratorias siguen funcionando: exministros, expresidentes y altos cargos pasan de la política a las eléctricas mientras mantienen sus posiciones en los partidos. El último episodio de esa sumisión es la indemnización al almacén Castor, que el PP, con el beneplácito del PSOE, ha aprobado recientemente. Según la OCU, esa decisión nos costará a todos los españoles 4.731 millones de euros durante los próximos 30 años.

Desde que el PP aprobó la Ley del Sector Eléctrico en 1997, los españoles hemos estado pagando más de lo que deberíamos pagar en la factura de la luz. El mecanismo de fijación de precios consignado en esa ley, el pool, ha provocado que estemos pagando la energía producida por centrales amortizadas, como nucleares o hidroeléctricas, a precio de la energía más cara, el gas. Estos “windfall profits”, o beneficios caídos del cielo, se pueden cifrar en unos 3.000 millones de euros anuales, según estimaciones del Observatorio Crítico de la Energía. A ese sobrecoste hay que añadir las subvenciones encubiertas de 750 millones a la gran industria —que abonamos en la factura a causa de la interrumpibilidad—, el pago del déficit de tarifa —que supone entre 1.300 y 3.000 millones—, las subvenciones al carbón, el sobrecoste evitable en los sistemas extrapeninsulares o los pagos por capacidad a las centrales de gas.

Por todos esos conceptos se estima que los españoles pagamos en nuestra factura unos 6.000 millones de euros anuales más de lo que deberíamos. Estos sobrecostes hacen que las eléctricas españolas doblen los márgenes de beneficios de sus homólogas europeas, con un 6,78% en 2012 frente al 2,62%. Eso explica, a su vez, el interés de las grandes multinacionales energéticas por las eléctricas españolas, que hasta ahora se ha materializado en la compra del 100% de Endesa por parte de Enel —una  operación que tuvo el beneplácito del Gobierno de Zapatero—, o los fondos de Qatar en Iberdrola.

Por otra parte, se cifran en 40.000 millones de euros las importaciones energéticas, lo que supone todo un lastre para nuestra economía. España tiene una dependencia energética, cifrada en un 75%, una de las más altas de los grandes países europeos. El Estado, en lugar de estimular la eficiencia energética y el ahorro —lo que mejorarían la competitividad y la sostenibilidad del sistema—, toma medidas que favorecen el consumo y el derroche de energía, como sucede con las tarifas planas o con el aumento del precio de la potencia respecto al consumo.

Por estas razones pensamos que es hora de acabar con las puertas giratorias y optar por un futuro sostenible en la energía. Si tomamos en consideración las mejoras técnicas y científicas disponibles, y la experiencia de otros países, no hay duda de que las medidas a adoptar han de diferir sustancialmente de las hasta ahora aplicadas. Dicho de otro modo, si lo que se busca es el bien común (en lugar de la defensa de intereses minoritarios) serán necesarias nuevas propuestas y una nueva forma de afrontar la situación actual. Algunas de las propuestas posibles —y necesarias— se articulan en torno a las siguientes ideas:

- Es prioritario abordar una profunda reforma del mercado eléctrico, basada en un cambio del sistema de pool actual por el sistema que regía hasta 1997, donde el Estado auditaba los costes de la producción y fijaba los precios, o bien, por un sistema de subastas de potencia para cada una de las tecnologías, que incluya en ellos las externalidades de cada fuente de energía y ponga fin a las prácticas oligopólicas que hoy rigen el mercado. Hay que acabar con los pagos por capacidad y de interrumpibilidad. Solo adaptar la idea de “rentabilidad razonable” (de un 7,6% medio), aplicada ya por el Gobierno de manera interesada y única a las renovables, al conjunto de las tecnologías —adecuándola al coste de producción de cada tecnología—  acabaría con los “windfall profits” que en la actualidad siguen disfrutando las hidroeléctricas y las nucleares con sus instalaciones ya plenamente amortizadas. Se estima que con estas medidas se podría conseguir un ahorro de unos 6.000 millones anuales, que dejarían de cobrar las eléctricas y permitirían bajar el precio de la electricidad, impulsar la instalación de energías renovables, potenciar el autoconsumo y acabar con la pobreza energética.

- Urge solucionar el problema del déficit de tarifa. Pese al enorme sobrecoste que el sistema eléctrico tiene para todos los consumidores y a pesar de los enormes beneficios de las eléctricas, éstas sostienen que se les debe pagar más. Por supuesto, esas cantidades no han sido auditadas, ni proceden de ningún tipo de estudio científico, sino más bien de un “deseo de cobro” de las propias empresas eléctricas, admitido sin rechistar por los gobiernos de turno. La cifra ya alcanza los 30.000 millones de euros y en 2014 sigue sin control. Para afrontar la situación, debe realizarse, en primer lugar, una auditoría que determine qué parte de dichas cifras de déficit es ilegítima. Esa parte no se pagaría.

- Es indispensable diseñar y poner en funcionamiento un plan potente de eficiencia energética, a imagen del que está llevando a cabo Alemania a través del plan KfW-Effizienzhaus, que ha conseguido crear cientos de miles de empleos, rehabilitar 200.000 viviendas antiguas y construir 80.000 nuevas viviendas eficientes —con una inversión en créditos y ayudas por parte del Estado de 1.500 millones de euros—. El secreto de estos excelentes resultados está en que, al ser la eficiencia energética tan rentable, por cada euro que invierte el Estado se movilizan nueve euros privados. Según la OCE, un plan de estas características en España podría llegar a crear 300.000 puestos de trabajo.

- Es necesario plantear una apuesta decidida por las energías renovables basadas en la I+D+i y en la industria nacional, que permita crear empleo y generar valor añadido. El Gobierno estableció una moratoria a la instalación de energías renovables en 2012, modificando la legislación retroactivamente y generando una gran inseguridad jurídica sobre los compromisos del Gobierno con cualquier sector. Eso ha derivado en miles de reclamaciones judiciales y en un problema serio de credibilidad de la propia “marca España”. Además, está la amenaza al sector del autoconsumo de un impuesto al sol disuasorio, lo que ha llevado a la paralización y el desmantelamiento de la industria del sector. Por ejemplo, ISOFOTON, la única empresa productora de células solares con tecnología propia, acaba de ser cerrada y subastada por partes. Frente a la situación actual es posible diseñar un programa de apoyo a las renovables basado en criterios de eficiencia y eficacia, y cofinanciado con los ahorros generados por la reforma del mercado eléctrico, la inversión privada y los Presupuestos del Estado. Ese programa también contribuiría a reducir las emisiones de CO2 —con sus costos asociados en el mercado—, y aliviaría el déficit comercial y las necesidades de financiación exterior de la economía española.

- Sin pretensión de agotar aquí la lista de propuestas, hace falta una normativa que impulse el autoconsumo, la energía distribuida y el balance neto —a semejanza de lo que ya existen en territorios más avanzados, como California (un millón de tejados solares), Alemania (otro millón) o Australia (medio millón)—, potenciando y permitiendo placas solares fotovoltaicas y de agua caliente sanitaria, tanto en tejados públicos y comunitarios como de naves industriales y particulares. En las condiciones actuales, las empresas coinciden en señalar que las instalaciones de autoconsumo se amortizan en 5 ó 7 años y que el balance neto permitiría reducir más el periodo de amortización y los costes asociados. Con ello, podría movilizarse un gran volumen de inversión privada hacia el autoconsumo, dinamizando la actividad en el sector y facilitando la creación de unos 80.000 empleos directos, según CCOO.

Todas estas medidas permitirían volver a tener una planificación de la política energética digna de tal nombre, basada en la eficiencia, que permitiese el ahorro, generase empleo y garantizara el cumplimiento de los escenarios a largo plazo de la UE, la OCDE, la International Energy Agency y los informes del IPPC, reduciendo las emisiones de CO2, además de potenciar las energías renovables, que nadie duda que son el futuro.

Las propuestas planteadas en este breve texto coindicen con lo que la UE ha acordado, por decisión unánime en octubre de 2014: un recorte del 40% en las emisiones de CO2 para 2030, una cuota de renovables del 27% y un objetivo del 25% de eficiencia energética con el propósito final de reducir la dependencia energética (sobre todo por la inseguridad derivada de las crisis de Oriente Medio y Ucrania).

Los ciudadanos y las industrias no podemos seguir atónitos ante el espectáculo que ofrecen el sector eléctrico y nuestras administraciones públicas. Esa equivocada política energética no está en la línea de Europa, es contraria al bien común, solo beneficia a algunas compañías eléctricas, y condena a todos los españoles que pueden permitírselo a pagar las tarifas más caras de la Europa continental. También condena a quienes tienen menos recursos económicos a vivir sin luz y a pasar frío en invierno: es solo una consecuencia más, aunque sin duda importante, de la creciente desigualdad que vivimos.

Por ello, pensamos que para acabar con los problemas de nuestro sistema eléctrico —como disminuir la dependencia energética, contener y hacer desaparecer el déficit de tarifa, aumentar la competitividad, potenciar la industria nacional, crear empleo y evitar la pobreza energética— hace falta un Gobierno libre de las ataduras de las puertas giratorias, que se comprometa a prohibirlas y que apueste por la eficiencia energética, por una reforma del mercado eléctrico y por potenciar las energías renovables.

Einstein decía: “Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados”. En este caso, podemos decir que quienes han ocasionado y siguen siendo responsables de esta gran estafa colectiva no están capacitados para aportar soluciones útiles y convenientes para todos. Un nuevo Gobierno, formado por responsables de otros partidos distintos a los que hasta ahora han gobernado, tendrá que adoptar las medidas necesarias para acabar con esta situación. Es nuestra obligación tenerlo presente, porque podemos y debemos participar en esos cambios.

El ministro del ramo, debido a su obstinada y manifiesta incompetencia para controlar el déficit de tarifa y los precios de la energía, y debido también a su falta de voluntad y a su incapacidad para solucionar el cierre del almacén Castor de manera no perjudicial para los ciudadanos, tendrá que seguir el camino que ha emprendido su colega Ruiz-Gallardón. El señor Soria tendrá que abortar las dañinas reformas en curso —como la instauración de peajes al sol— y dimitir.

Álvaro Gaertner Aranda es estudiante de Ingeniería Física en la Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Alemania), miembro del grupo Nuevo Modelo Energético del Círculo 3E de Podemos  

Fernando Prieto es coautor del Informe de Evaluación del Plan de Energías Renovables en España (Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas), miembro del grupo Nuevo Modelo Energético del Círculo 3E de Podemos 

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Acabar con la gangsterización de la política

Jue, 13/11/2014 - 09:00
Miguel Urbán / Joseba FernándezPúblico.es

 

Hace unos meses, sentados frente a frente en comparecencia parlamentaria, David Fernández y Rodrigo Rato se enfrentaban en un duelo dialéctico simbolizando toda una época histórica, en la que nunca un zapato había representado tanto la dignidad de un pueblo saqueado. El diputado de las CUP le espetó un inolvidable “gangster” a quien dirigió la economía española, el FMI y llevó al hundimiento a Bankia mientras llenaba sus bolsillos mediante las “tarjeta black” y ahora se encuentra a las puertas de la cárcel. Rato ha sido uno de los exponentes máximos del modelo de subdesarrollo de la economía española. Fiel seguidor de las tesis neoliberales su “legado” político es terrible: desregulaciones, privatizaciones, saqueo de dinero público…Todo al servicio propio y de los suyos. De su “familia”: la Mafia. Y es que la corrupción es, sobre todo, el robo por parte de unos pocos de lo que es de todos. Por eso la corrupción forma parte intrínseca de un sistema de clase basado en la exclusión, el expolio y la explotación.

La corrupción, como forma de gobierno y de gestión, es la consecuencia inevitable de un sistema capitalista que tiene grabado a fuego el lema de la mafia de Chicago: “Más, queremos más. Mucho más”. Esta lógica infernal y sin final es la que nos está conduciendo al abismo social, económico y, sobre todo, ecológico. Pero la corrupción no es sólo uno de los reversos tenbrosos del capitalismo. Las prácticas corruptas también están vinculadas, en mayor o menor medida, con el tipo de “cultura política y ética” que se desarrolla en cada contexto específico. Una más que recomendable película satírica mejicana – “La ley de Herodes”- narrara  cómo la corrupción se convirtió en todo un modo de gobierno durante los más de 70 años del PRI en el poder. En aquel contexto se extendió un dicho popular “¡El que no transa no avanza!” que encarnaba esa forma corrompida de entender y hacer política que choca directamente con el interés de la mayoría y que establece, en última instancia, una cultura que desvaloriza lo común en pro del beneficio individual a cualquier precio. De hecho, nuestra propia historia nos ofrece una buena dosis de pistas para seguir el rastro de la vinculación entre política y corrupción. El hilo histórico que une al PP (y a la mayoría de las élites párasitas de nuestra sociedad) con el franquismo está conectado también por una particular concepción de la política. La conocida frase de aquel General acomplejado que decía aquello de “haga como yo, no se meta en política” ha encontrado su correlato perfecto en esa máxima manejada por algunos dirigentes del PP (“estoy aquí para forrarme”, Zaplana dixit). La política como espacio de negocio, de privilegio. La política como pura afirmación de lo existente y como negación de lo posible. La política, en última instancia, como escaparate de las desigualdades y como trampolín perfecto para el saqueo. Pero ha sido esta misma idea de la política la que nos ha conducido a la actual situación: la de un país que ya no se aguanta su mirada en el espejo. De una ciudadanía abochornada y humillada ante tanto escándalo de corrupción. De un Régimen que languidece ante el espanto de unos pocos y la algarabía de los más.

Pero para enterrar definitivamente este régimen de corrupción generalizada no podemos confiar todo a un nuevo marco jurídico-político o a unos nuevos dispositivos legales que nos protejan frente a corruptos y corruptores. Esos mecanismos, siendo necesarios y urgentes, son insuficientes. Para superar el esquema de robo que subyace a la corrupción es imprescindible también promocionar y construir una nueva cultura política estrechamente ligada a una ética colectiva. Una ética que debe ser, irremediablemente política. Porque como decía el gran maestro marxista Manuel Sacristán, “la política sin ética es politiquería; y la ética sin política es narcisismo”. Esta nueva cultura del compromiso tiene, eso sí, todo un legado de experiencias en las que poder inspirarse. En los últimos años los movimientos sociales han sido el lugar privilegiado de socialización política para decenas de miles de personas. Una socialización totalmente antagónica, en forma y valores, a la que las instituciones políticas, culturales y mediáticas del Regimen han tratado de imponernos durante décadas. Es, por tanto, en la referencia ética de esos movimientos (como espacios de solidaridad, de aprendizaje democrático y de construcción de otras formas de relación social al margen del utilitarismo) desde donde es posible pensar otras formas de gestión de lo común. El nuevo tiempo que está llegando es, sobre todo, el tiempo de la recuperación de la política. De la dignidad de una política que se afirma en la transparencia, el control ciudadano, los mecanismos democráticos. Una política que recupera su sentido transformador y se aleja, cada día que pasa, de la lógica infernal del beneficio privado, del negocio, de la opacidad y la falta de principios. Una política que, por tanto, debe ser expresión de una nueva “etica de lo colectivo”. Eso, no lo olvidemos, también será ganar.

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Las finanzas opacas de Luxemburgo

Jue, 13/11/2014 - 07:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

lobby financiero (1)Dado que en círculos europeos se rumoreaba su candidatura por el PP europeo para presidir la Comisión europea, el pasado enero recordábamos aquí que durante los dieciocho años de Jean-Claude Juncker como primer ministro de Luxemburgo, había efectuado un retoque cosmético del paraíso fiscal suficiente para que alguna prensa anunciara en titulares que esta “gran finca” había suprimido el secreto bancario. Pero Luxemburgo era un paraíso fiscal y financiero central.

Precisamente durante esa etapa de Juncker, se gestaron los 548 acuerdos fiscales de Luxemburgo para favorecer con reducciones de impuestos a una trama de multinacionales integrada, entre otras, por Pepsi, IKEA, AIG, Coach, Apple, Deutsche Bank, Amazon, Fiat, Burberry, Heinz o JP Morgan. Acuerdos que acaba de revelar la Organización de periodistas de investigación (ICIJ)basando su investigación en información obtenida de fuentes internas de la auditora PrizeWaterhouseCoopers, una de las cuatro grandes del mundo; cuando ejercía responsabilidades directivas, el actual ministro de Economía delgobierno español, que habría ayudado a  negociar y diseñar “estructuras fiscales complejas” para conseguir reducciones drásticas en los impuestos” a esos grupos empresariales. Por entonces el actual Presidente de la Comisión europea era el primer ministro de Luxemburgo.

Y es que tras la crisis, la finanzas han incrementado su dominio sobre la Unión Europa.

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Dado que en seis años apenas han perdido actualidad, reproducimos aquí las páginas 159-171 de mi libro La Europa opaca de las  finanzas. Y sus paraísos fiscales offshore, publicado en 2008 por Icaria en Barcelona; y descargable gratis en pdf desde la columna derecha de este blog.

LAS FINANZAS OPACAS DE LUXEMBURGO

A pesar de su posición como el  Estado más pequeño de los miembros de la UE (de los 15), es uno de los mayores centros financieros del mundo,  que permite  que se beneficien de su legislación  sobre el estricto secreto bancario  las instituciones financieras internacionales con operaciones de una amplia gama de actividades y servicios”.

La opacidad de los holdings luxemburgueses la ejemplifica el caso de la empresa española Ercross – Ertoil, aunque fuera un episodio más dentro del affaire de gran alcance de la petrolera francesa Elf-Aquitaine. En Enero de 1991 el grupo empresarial Ercros percibió  más de 36,000 millones de pesetas por la venta de su petrolera Ertoil a la sociedad de cartera  General Mediterranean Holding (GMH)  domiciliada en Luxemburgo; y en Septiembre del mismo año este holding luxemburgués vendía, la empresa adquirida  a la empresa española Cepsa por 46,000 millones, unos 10,000 adicionales, de modo que  la Hacienda española había dejado de ingresar el 35 % de esa plusvalía alcanzada, cerca de 4000 millones, según el informe de  la Fiscalía Anticorrupción. Y, además, a los accionistas  de Ercross se les privaba de su parte de los millones de plusvalía,  que se quedó en poder de la sociedad luxemburguesa interpuesta.  Más aún, además de instrumentar la evasión de impuestos, la sociedad luxemburguesa GMH interpuesta había sido utilizada como una mera pantalla de la compañía estatal francesa Elf-Aquitaine para obtener el visto bueno de la Comisión europea, puesto que Elf tenía una opción para adquirir Ercross, que luego se frustró.  Un episodio de un famoso caso judicial de la petrolera  gala con trascendencia internacional terminado con sentencia condenatoria.[i]
El Gran Ducado de Luxemburgo “es uno de los mayores centros financieros del mundo que permite  que se beneficien de su legislación  sobre el estricto secreto bancario  las instituciones financieras internacionales con operaciones de una amplia gama de actividades y servicios. Con más de un billón de euros en activos gestionados por la industria global  de los fondos de inversión, Luxemburgo se une a los EEUU y Francia como uno de los tres primeros domicilios para la actividad de los fondos de inversión.  Luxemburgo está considerado como un centro financiero offshore, con bancos  de propiedad extranjera que responden de la mayor parte del total de activos bancarios.  Aunque hay unos cuantos bancos propios que operan en el país, la mayoría de los bancos registrados allí son filiales de bancos alemanes, franceses y belgas. Por esta razón y también debido  a la proximidad de estos tres países, una cuota significativa de los informes de transacciones sospechosas (de blanqueo) se refiere a operaciones en que intervienen clientes de esos tres países.” [ii]

EN LA RAÍZ DEL PODER FINANCIERO EUROPEO

Como solía decir un famoso aristócrata español, Luxemburgo es sólo una gran finca, con unos 480,000 habitantes que producen un PIB de 34,530 millones de dólares (CIA, est.2006); pero este socio fundador de la CEE, es “uno de los mayores centros financieros del mundo” que gestiona  unos 1,7 billones de euros solamente en fondos de inversión.[iii]  El Gran Ducado cuenta principalmente con una clientela no residente, atraída por regímenes fiscales que dan preferencia a ciertas actividades, aunque algunas predicciones estiman que su atractivo está condenado a perder fuerza.

Tras los cuatro años de ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, abandonaba su neutralidad anterior recuperando la unión económica con Bélgica y convirtiéndose en miembro fundador de la ONU y luego de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)  y  uno de los seis signatarios del Tratado de Roma, constituyendo casi en paralelo el Benelux,  una unión económico-aduanera con Bélgica y Holanda. La configuración financiera arranca desde su conversión durante la posguerra en cabeza de puente de los EEUU  en Europa, que instalaron allí a las grandes empresas industriales (Good Year, Du Pont de Nemours y Monsanto) y bancos  como Wells Fargo Bank y  Bank of América, que por entonces era el primer banco mundial; a  lo que no fue ajena la amistad  intima que unía al Presidente estadounidense con la familia del Gran Duque.

Después de que los primeros bancos estadounidenses descubrieran sus ventajas como plataforma del Euromarket, el mercado del  dólar en los sesenta y setenta, los bancos alemanes y escandinavos tomaron posiciones significativas, porque era un polo de atracción para inversores de  Alemania, Francia y Bélgica por sus bajos  niveles de tributación, la carencia de  retención fiscal  para no residentes sobre los intereses  y  los dividendos y las normas legales sobre el secreto bancario. Durante la etapa de los eurodólares y los petrodólares, como los eurobonos denominados en dólares estaban exentos de impuestos en el Gran Ducado, se convirtió  en una potente plaza financiera internacional; Alemania se aprovechaba del estatuto fiscal ventajoso de los holdings luxemburgueses e Italia invertía allí sus capitales más o menos legales.

Otros factores favorables fueron también el régimen liberal de la Bolsa de Luxemburgo e incluso la creación en 1970 de la cámara de compensación de Cedel, luego Clearstream International. Y desde hace veinte años, el dinamismo financiero  explica el notable crecimiento anual de su economía, al que no han sido ajenas sus características propias de paraíso fiscal que las autoridades del microestado han conseguido defender hasta ahora.  En la década de los años ochenta, superada la crisis de la siderurgia, el país experimentó un segundo auge económico impulsado por las finanzas y, como reacción frente a las políticas fiscales de los vecinos, la actividad derivó hacia la banca privada o personalizada para las grandes fortunas; al mismo tiempo, que desarrollaba el mercado de los fondos de inversión.

EL SECRETO  DEL NEGOCIO

En Septiembre de 2006, los bancos luxemburgueses gestionaban más de un billón de dólares y los activos de los fondos de inversión superaban los dos billones de dólares. Para entender este privilegiado centro financiero se requiere de una cierta perspectiva histórica. El Gran Ducado  fue incluido en la lista de 42 centros financieros offshore inventariados en el Informe de Mayo de 2000 del Foro de Estabilidad Financiera, organismo creado por los Gobiernos del G 7, [iv] siendo catalogado en el grupo  I, junto con Suiza, la isla de Man, Jersey y Guernesey; ante lo cual las autoridades  luxemburguesas expresaron sus protestas  porque consideraban que no reunía los criterios aplicados. No obstante, esta catalogación  no tendría que haber sorprendido porque, entre otros,  el famoso caso de la quiebra  del  Banco BCCI, cuya sede se encontraba en Luxemburgo, ya había revelado en 1991 uno de los mayores fraudes bancarios hasta la fecha en el mundo, que motivó el temor en Luxemburgo de que se le percibiera por la opinión pública como un paraíso fiscal que no disponía de control apropiado a  la dimensión de su plaza financiera.

Su poder e influencia quedó patente, cuando asociado a Suiza, el Gran Ducado se opuso como miembro del Consejo de esta Organización al  Informe de la OCDE sobre la competencia fiscal perjudicial, alegando que “Luxemburgo no comparte la convicción implícita en el Informe según la cual el secreto bancario estaría automáticamente en el origen de una competencia fiscal nociva”. En otras palabras, mostraba su coincidencia con Suiza en la defensa del secreto bancario; aunque formalmente ambos países miembros se abstuvieron. Y quedaron ambos incluidos entre los 47 países con regímenes fiscales preferenciales identificados por la OCDE; aunque lograba no ser incluido en la lista oficial de paraísos fiscales de 2000. [v]
Pero su notoriedad como paraíso fiscal, llevó a ser incluido en una extensa investigación sobre el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera en Europa llevada a cabo  por una delegación de parlamentarios de la Asamblea Nacional francesa, con un análisis  y un conocido Informe sobre Luxemburgo  que es una referencia obligada para el conocimiento  de los paraísos europeos y que define sus peculiaridades financieras y fiscales. [vi] En este documento se destaca que a diferencia de otros países como Suiza o Reino Unido,  carece de tradición bancaria y financiera y su desarrollo financiero reciente se ha basado en una legislación concebida para atraer al capital extranjero, adaptada a los requerimientos de los flujos  financieros con instituciones jurídicas como los holdings, los fideicomisos,  la domiciliación de sociedades y, en particular, la aplicación de un riguroso secreto bancario.
Casi simultáneamente a su oposición al Proyecto de la OCDE, el Gran Ducado mantuvo durante años una posición de bloqueo en el largo proceso negociador que llevó a la Directiva de 2003, para mantener el secreto bancario. Y el establishment  luxemburgués estimó injustificado que se incluyera a los holdings 29 en el Informe de 2000 del Grupo de trabajo presidido por la Ministra del Tesoro británico, Dawn Primarolo, que identificaba cinco mecanismos luxemburgueses perjudiciales que posteriormente se han reducido parcialmente; pero en Julio de 2006 la Comisión europea emplazaba a Luxemburgo a su eliminación antes de 2010.  Aunque esas sociedades de cartera, refugio fiscal de grandes fortunas, no se ven afectadas por la  Directiva de 2003  que solo se aplica sobre los intereses abonados por los depósitos bancarios de particulares residentes en países de la Unión, sobre los cuales se aplica solamente en Bélgica, Austria, Suiza y los demás paraísos fiscales una retención fiscal  del 15 % en la fuente, en lugar de someterse al intercambio automático de información fiscal.

Fiscalidad luxemburguesa

Como se apunta en el Informe parlamentario francés, los luxemburgueses son los magos de la fiscalidad, que llegaron a crear una reducción fiscal  sobre un impuesto que no existía, de modo que los inversores que lanzaban estudios de producción  audiovisual estaban fiscalmente exentos pero podían ceder su  ventaja fiscal  a un luxemburgués Y los convenios internacionales, como el firmado entre Francia  y Luxemburgo en 1958 y 1970, estipulan que el impuesto será liquidado en el país de residencia del inversor, por lo que un francés que obtiene beneficios de sus cuentas  luxemburguesas tiene que presentar la declaración ante la administración tributaria francesa; el único problema es que se puede olvidar de declarar sus beneficios sin el riesgo de que la banca luxemburguesa tan discreta le cree ningún problema; de ahí, el turismo fiscal hacia Luxemburgo  de miles de acaudalados  franceses, alemanes y belgas.  Y de ahí también su abierta oposición a la armonización fiscal europea.

Actualmente, los habitantes del Gran Ducado no viven en un paraíso fiscal puesto que el impuesto de la renta de las personas físicas varía del 8 % a 38,95 % (en 2005), habiendo suprimido recientemente el impuesto sobre el patrimonio que estaba fijado en 0,5 %. A excepción de los holdings regulados por la legislación de 1929, las sociedades de capitales están sometidas al  impuesto de las colectividades y al impuesto comercial comunal y a diversos impuestos indirectos, como el de registro.  Por el contrario, para el sector  extraterritorial, offshore o de los no residentes la situación es muy distinta, ya que disfrutan de  exención tributaria.  La evasión fiscal no está reconocida como delito que  requiera la cooperación de Luxemburgo y el secreto bancario se aplica de un modo muy estricto, que no puede levantarse más que dentro de un procedimiento judicial en caso de delito grave, que no es el caso de la evasión fiscal. Por tanto, para los contribuyentes europeos es grande la tentación de pasar los fondos por Luxemburgo o no  declarar en el país de origen las rentas obtenidas o los fondos allí depositados.

El blanqueo sofisticado de dinero sucio

LuxemburgoEl grupo empresarial Zeta Gas, el monopolio del gas licuado en México, opera con una red  de 85 sociedades, algunas meras sociedades instrumentales, entre las que se incluye Zetagas Holding radicada en Luxemburgo; y según la prensa mexicana en Agosto 2007 era objeto de investigación porque debido a su gran dimensión financiera estaba estructuralmente expuesto al blanqueo de capitales ilícitos.  Los Informes para 2007 y para 2006 de la Oficina contra el Narcotráfico del Departamento de Estado de los EEUU, dedican varias páginas a Luxemburgo (véase Nota 80); bajo una prosa aséptica aportan datos significativos de la importancia del fenómeno del lavado de dinero sucio en el Gran Ducado, aunque se reconozca un reciente esfuerzo de las autoridades por lograr un mayor control.  Destaca el hecho de que la mayoría de los bancos registrados allí sean filiales de bancos de Alemania, Francia, Bélgica, Italia y Suiza, de donde procede el mayor volumen de la actividad financiera, por lo que los clientes de esas nacionalidades suelen aparecer implicados en  un número significativo de informes sobre transacciones sospechosas. Aunque este microestado no sea un eje importante en la distribución de droga en Europa, la dimensión y “el grado  de sofisticación” de su centro financiero ofrece grandes oportunidades para el negocio del dinero sucio, relacionado con el narcotráfico y la financiación del terrorismo.

Estas observaciones son avaladas por el Informe del FMI de Diciembre de 2004 aunque considera que Luxemburgo dispone de “un sólido marco legal  y de supervisión penal de antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo” y “en general cumple con casi todas las recomendaciones del GAFI” del cual es miembro. Pero ese marco legal es de dudosa eficacia en la práctica porque el alto volumen de negocios transfronterizos, el secreto bancario riguroso, la banca personalizada y “ciertos vehículos para inversiones” crean un entorno difícil para la efectividad de las medidas contra la financiación del terrorismo y el antiblanqueo,  con un factor añadido en el escenario porque  este país carece de información sobre las operaciones transnacionales. El Informe de 2007 recomienda a Luxemburgo el refuerzo de la prevención del abuso de su sector financiero, regulando el uso continuado de acciones al portador y la ratificación del Convenio de la ONU contra la Delincuencia Transnacional Organizada.

Ambos Informes citados señalan que la legislación del sector financiero de Luxemburgo refleja en gran medida las directivas europeas sobre blanqueo,  señalando deficiencias legislativas como la carencia de una base legal clara para la unidad de inteligencia financiera (la Cellule de Renseignement Financier), reclamándole que regule legalmente la utilización de acciones al portador y establezca normas sobre información de los movimientos transfronterizos de moneda.  La legislación luxemburguesa  autoriza la inaplicación de las normas del secreto bancario, estando los profesionales obligados a cooperar con las investigaciones; pero las estructuras formales y legales ocultan los vínculos sociales estrechos y las conexiones locales en este diminuto país donde una oligarquía influyente controla los resortes estatales, como revelan los libros del periodista francés Denis Robert, que corroboran el rasgo común a todos los paraísos  fiscales offshore en los que una élite local resulta beneficiaria directa de los negocios financieros con los no residentes.  Para lograr la condena judicial por lavado de dinero sucio, los fiscales tienen que demostrar la intencionalidad criminal, no bastando la negligencia que puede ser objeto de  multas elevadas. La intensa actividad de la delincuencia financiera ha hecho que el numero de informes sobre operaciones sospechosas detectadas aumentaron más del doble de 2001 a 2004, para descender al año siguiente.

El Informe estadounidense menciona una serie de casos sometidos a procesos judiciales de los últimos años; con datos sobre el desbordamiento que sufren las autoridades para controlar una actividad financiera tan voluminosa donde el marco neoliberal imperante con mecanismos opacos.  Y subraya que solamente se haya producido un procesamiento  sobre blanqueo, que aún estaba pendiente; y para 2007 estaba previsto la celebración de otro juicio más sobre blanqueo. Lo que  es un indicio de una gran actividad persecutoria del lavado de dinero sucio en el Gran Ducado.

Clearstream  International

El auge financiero de Luxemburgo se asocia a la organización de la compensación y liquidación de las operaciones financieras transnacionales y sus pagos, sustituyendo las remesas de papel de los títulos y valores por anotaciones electrónicas, mediante la creación de Cedel, luego Clearstream. Esta cámara de compensación( clearing)  facilita las operaciones financieras por vía electrónica  (compras de acciones, bonos, depósitos, préstamos), que se ven simplificadas yconsolidadas regularmente mediante la  compensación electrónica interbancaria, que consiste en la acumulación de créditos y deudas de los operadores económicos y su liquidación y abono de los saldos resultantes, reduciéndose o eliminándose  el desplazamiento de efectivo; además del registro y garantía de la solvencia de la contraparte.

Cedel- Clearstream  junto con Euroclear en Bélgica son las dos sociedades de compensación de rango internacional en Europa.  Desde Julio de 2002 opera Clearstream International, resultado de la fusión de Cedel International y Deutsche Börse Clearing, la cámara de la Bolsa Alemana, propiedad del Deutsche Börse Group se ha convertido en proveedor principal de servicios de intercambio y liquidación de pagos sobre valores de renta fija y variable, mediante la compensación, liquidación y custodia de valores. En Diciembre de 2005, de las transacciones procesadas  sólo el  22 %  se registran como operaciones bursátiles y el  78 % son OTC (Over The Counter) operaciones extrabursátiles. En años recientes, los libros del periodista francés  Denis Robert (Revelation$, La boîte noire) revelaron las prácticas  de dudosa legalidad aplicadas por este “banco de bancos” como verdadera caja negra de las transacciones financieras relacionadas muchas con operaciones de dinero negro, mediante un doble sistema de cuentas codificadas, secretas o no publicadas, que  permitían a  bancos y grandes corporaciones efectuar transferencias que no quedaban reflejadas en los listados oficiales de la entidad; por lo general se trataba de cuentas de filiales domiciliadas en notorios paraísos fiscales offshore; por este sistema circularon operaciones de grandes escándalos financieros como el famoso caso del Banco Ambrosiano y la Banca rusa Menatep. En 2006 2007, Clearstream daba su nombre a otro escándalo político que implicaba a agentes del espionaje, jueces  y ministros del  Gobierno francés, mediante la  utilización de  sus listados, falsificados  esta vez al parecer.

LOS HOLDINGS FINANCIEROS SIN TRANSPARENCIA

En la actualidad, tras los EEUU, Luxemburgo es el segundo centro más importante en el mercado mundial de los fondos de inversión, gestionando  fondos con un valor combinado  de 1,7 billones de euros (unos 2,18 billones de dólares), según registra la Oficina estadounidense citada; siendo las compañías de seguros y de reaseguros los actores clave; dispone de una banca importante  y de una capitalización bursátil muy  superior a  la de las islas Caimán, Singapur o Hong Kong.  En 2006 había establecidos 154 bancos con un balance total de 824,000 millones de euros, casi veinticinco veces el valor del PIB luxemburgués; otro rasgo común a todos los centros offshore.  Y en la Bolsa de Luxemburgo cotizaban más de 35,000 títulos de valores emitidos por casi 4,100 entidades de unos  cien países diferentes; y una nueva legislación aprobada permite la constitución de fondos de capital riesgo o societé  d´investissement en capital a risqué (Sicar). Y es que “su estricta legislación sobre secreto bancario permite a las instituciones financieras internacionales beneficiarse de y  operar una amplia gama de servicios  y actividades” [vii] bajo unas normas asumidas por sus profesionales bancarios, que pueden ser sancionados fuertemente por la revelación de datos sobre los clientes.

Los  holdings 29 y las SOPARFI

El emblema  del paraíso fiscal de Luxemburgo son los holdings 1929  -  “H. 29”  en la terminología de los iniciados  -  que al amparo de una regulación original de las sociedades de cartera de valores tienen por objeto poseer y administrar las participaciones financieras en el capital de otras sociedades, ofreciendo como mayor atractivo sus ventajas fiscales y su confidencialidad. Son los “holdings puros”  regulados por la ley desde 1929 que hay que distinguir de las sociedades de participación financiera (SOPARFI) amparados por otra ley de 1990.  Las diferencias esenciales entre ambas modalidades de sociedades de cartera son fiscales; mientras la SOPARFI esta sujeta a los impuestos, quedando exentos solamente los dividendos y las plusvalías por cesión de participación, el holding 1929 disfruta de una fiscalidad reducida al 1 % de la aportación en el momento de la suscripción del capital, y  la tasa de pago anual  del 0,2 % del capital desembolsado; no pagando impuesto de sociedades, ni IVA, ni impuestos sobre las rentas sean de la naturaleza que sean, dividendos, intereses, tasa por autorizaciones, etc., pero no se beneficia de los convenios de doble imposición suscritos por Luxemburgo con los demás países; y se caracteriza, además, por  sus normas de constitución y de funcionamiento que garantizan la opacidad.  Estas ventajas fiscales se justifican oficialmente por el hecho de que el objeto social de las sociedades de cartera quedado limitado a  las operaciones financieras, no estando autorizadas para ejercer una actividad industrial o comercial; aunque es  evidente que  la regulación está concebida con la finalidad deliberada de  atraer capital  al Gran Ducado.

Aunque los holdings y las SOPARFI, se constituyen en forma de sociedades anónimas o de sociedades de responsabilidad limitada, la forma de SA es con  mucho la mas frecuente, porque permite la emisión de acciones al portador, transferibles  inmediatamente; dos accionistas como mínimo, titulares personas jurídicas o físicas, residentes  o  no residentes, y un capital mínimo  de euros con desembolso de un cuarto de ese capital en el momento de la constitución.  Para su publicidad mediante el registro de comercio y de sociedades, no se exige  aportar información de la composición de la cartera y la identidad de los acreedores  y deudores. (La modalidad autorizada varía según el tipo de actividad de la sociedad de cartera, como  holdings de control de un grupo de sociedades; holdings de gestión de una cartera de valores mobiliarios; para la promoción de la suscripción de acciones de  sociedades; para la gestión de la cartera de una patente; y holdings de financiación, para la emisión de  empréstitos en bonos u obligaciones cuyos ingresos sirvan para la financiación de las sociedades integradas en un grupo empresarial).

Billones sin transparencia

En 2006 operaban unas 2,158 sociedades o fondos de inversión colectiva con activos financieros próximos a 1,7 billones (trillion) de euros  (2,18 billones de dólares), además, Luxemburgo tenía registradas unas 15,000 sociedades de cartera o holdings, más un buen número de compañías  aseguradoras y de compañías de reaseguros, según datos de la Oficina estadounidense referida. Actualmente los  miles de H.29 existentes se utilizan menos como instrumento de control de un grupo de sociedades, ya que los operadores financieros prefieren recurrir a las “sociedades de control de participaciones”, que es la denominación educada de las SOPARFI; mientras que los H.29 son preferidos por los acaudalados particulares para la gestión de patrimonios privados porque las rentas generadas no tributan en el Gran Ducado, aunque puedan tributar en el país de origen del accionista si son declaradas.
De ahí que sean más instrumentos de gestión patrimonial que elemento de la estrategia fiscal de las corporaciones; dato en que se apoya la oligarquía luxemburguesa para considerar injustificado que estos holdings sean considerados  como  practicas fiscales perjudiciales,  que políticamente  Luxemburgo no está  dispuesto a suprimir.  Pero, tras cuatro años de investigaciones, en Julio de 2006 los servicios de la competencia de la Comisión europea alcanzaban la conclusión de que estos holdings son un mecanismo contrario a la norma de la competencia, pero sin imponer ninguna penalización a Luxemburgo. La Comisaria de la Competencia pedía a las autoridades luxemburguesas que eliminaran este régimen fiscal antes de finalizar 2006 pero el plazo oficial llega hasta 2010, aunque el ministro luxemburgués del Tesoro subrayaba que estas estructuras no tienen ahora la importancia que tenían porque se “destinan solo a la gestión de fortunas familiares”.  Y por otro lado, las SOPARFI también ofrecen ventajas fiscales.
De ahí que la Agencia Carlton Press en Internet  ofrezca la constitución de una sociedad SOPARFI en Luxemburgo por un coste de 10,999 dólares estadounidenses, incluyendo la constitución, las tasas gubernamentales, las tasas del primer año, agente autorizado, directores testaferros, etc.; siendo suficiente un accionista y tres directores con exención fiscal offshore y abono de una tasa anual de 150 dólares (datos al 4 Feb 2006)  Esas estructuras que no sólo son un instrumento para la reducción de ingresos fiscales de sus socios europeos sino que su funcionamiento permite garantizar el anonimato a los políticos y funcionarios corruptos que utilicen este tipo de sociedad. Desde luego, es obvio que la relevancia internacional de Luxemburgo se corresponde más con estas ventajas comparativas que con su dimensión geográfica o cultural, que abarcan entre otras cosas un buen número de convenios internacionales suscritos fuera del ámbito de la UE.  Como ejemplo de su influencia internacional, la Agencia para la transferencia de tecnología financiera de Luxemburgo, cuyo presupuesto para 2004 superaba los dos millones de euros, viene prestando asistencia técnica a los gobiernos y bancos de países del Este y Balcanes como República Checa, Rumania, Bulgaria, Croacia, Bosnia, Macedonia y también a Rusia, Ucrania y Egipto, contribuyendo con su experiencia y conocimientos técnicos a modelar los sistemas financieros ruso y chino.

[i] Almirón, N. Juicio al Poder. El pulso de la Justicia con el SCH. Temas de Hoy, 2003, pp. 59-60.
[ii] CIA, Febrero 2005. Los datos sobre estimaciones del PIB  y población del país o territorio se han obtenido en 2007 de la CIA The World Facts en https://www.cia.gov/cia/publications.
[iii] 2007 INSC Report. Algunos datos financieros y sobre todo la información del apartado dedicado al blanqueo de capitales sobre los países y territorios analizados provienen del Informe 2007 (y excepcionalmente  2006 y 2005) del Bureau  for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. U.S. Department o State.International Narcotics Control Strategic Report. Volume II. Money Laundering and Financial Crimes Countries reports. March 2007, disponible en http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2007/vol2/.  Como se suele traducir en otras publicaciones, nos referimos siempre a este organismo como la Oficina contra el Narcotráfico del Departamento de Estado de los EEUU y a sus informes anuales con las siglas INCS Report.
[iv] La relación de centros offshore del Informe del Foro de Estabilidad Financiera se encuentra en dos Informes del FMI: OFCs. IMF Background paper y OFCs; y The Role of the IMF ambos de 23 de Junio de 2000.
[v] La relación de paraísos fiscales de la OECD y modificaciones posteriores se encuentran en OECD, Harmful Tax Competition: an Emerging Global, 1998 yTowards Global Tax Cooperation, 2000 y posteriores informes de progreso.
[vi] N°  2311 registrado el 30 de Marzo de 2000. ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE.  Rapport d’information par la Mission d’information commune  sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe. President M. Vincent Peillon, Rapporteur M. Arnaud Montebourg, Députés. Tome I  Monographies Volume 5 – Le Grand Duché du Luxembourg.
[vii] 2007 INCS Report.

 http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/

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Algo está cambiando en España, a pesar de ellos

Mié, 12/11/2014 - 13:00

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

Ahora sí. Por primera vez en mucho tiempo se puede afirmar que algo está cambiando. Los escándalos de corrupción –a niveles insoportables para una sociedad civilizada- pasan factura. Y las encuestas electorales lo certifican. La de Metroscopia para El País –que anticipa la del CIS- ha sumido en la desolación a la Congregación de Notables. Perdiendo los papeles –como el propio diario en un editorial para olvidar y que incluso moderó en la web sobre lo publicado en papel- o en tonos más conciliadores aunque vayan en el mismo sentido: Podemos es el coco.

La cadena de noticias con las que se inicia la semana deja de nuevo un paisaje devastador. O alentador, según se mire. Porque un país no puede engullir tanto sin buscar una salida.

Infolibre nos cuenta que Caja Madrid realizó quitas del 70% en créditos al PP y PSOE.  La quita al PSOE fue del 79,5% en un crédito de 2,94 millones de euros concedido en 1985. La del Partido Popular fue del 72,7% en un préstamo de 1,34 millones otorgado el mismo año. Indigna echar cuentas del regalo recibido por los partidos. Y  pensar en la de personas que han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca, por mucha menor cuantía cuando –por la crisis- cambiaron las circunstancias de su vida. Explica también muchas actuaciones del bipartidismo. Pero realmente se queda un cuerpo estupendo para seguir pagando impuestos y todas esas cosas.

El presidente de Enresa incumple su contrato y carga gastos sin justificar en su tarjeta, informa en exclusiva @eldiarioes para evidenciar las técnicas más clásicas del cortijo en el que ha vuelto a convertir España el PP y, en particular, el feudo de Castilla-La Mancha, “regentado” por Cospedal. Es decir, esa señora que está“escandalizada” como todo el mundo por la corrupción.

Veamos los detalles:

Una auditoria interna en la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos destapa que su presidente, Francisco Gil-Ortega, cobró gastos de viaje sin aportar las correspondientes facturas, como exige su contrato.

El secretario del consejo avisó en julio de la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas y el abono de esos gastos “de difícil justificación”: fue despedido de inmediato.

Cuando fue nombrado, Francisco Gil-Ortega no tenía experiencia en el sector nuclear y era alguien de la máxima confianza de Cospedal; antes fue senador y alcalde de Ciudad Real con el PP.

Subiendo a Galicia, se confirman las Cajas B del PP, no solo la general, sino las territoriales como dijo Bárcenas. Al menos es lo que ha declarado a la policía, tras ser detenida, la ex contable de una empresa de la red Zeta. Revela la existencia de“dos sobres” de dinero B “destinados al PP”

En la Comunidad valenciana también tenemos novedades. Un juez investiga al gerente del Hospital General de Valencia. El ministerio público lleva a los tribunales una denuncia de Esquerra Unida por la adjudicación en Perú de dos hospitales a un conglomerado empresarial vinculado a Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco. Ex, por haber sido condenado a 8 años como chorizo pata negra que, por cierto, transitó por varios partidos hasta recalar en el PP.

Y pasando al clero, un prelado que cree vivir en el papado medieval de los Borgia, o Borja, porque en realidad eran españoles. Medio centenar de curas acusan al arzobispo de Mérida-Badajoz de llevar un tren de vida de lujo escandaloso (como muestra, reside en un piso de 500 metros cuadrados) y de despilfarro. Piden medidas para frenar al hombre.

No es de extrañar que los guardianes de las esencias del sistema estén preocupados por el peligro que corre… a manos de Podemos, se temen.

Tanto es así que varios medios avanzan las soluciones que se estudian. Soraya Sáenz de Santamaría se deja querer –dicen- como sustituta de Rajoy al frente del gobierno. En el último recuento, llevaba a sus increiblemente fuertes espaldas 11 cargos. Por ejemplo el CNI que tan buenos resultados está dando: una cueva de nepotismo es. En TVE también manda mucho, no parece que para bien. Pero es que la quiere ¡El IBEX! Dicen. Y a Susana Díez mejor que a Pedro Sánchez. Soraya y Susana es el cartel que pide el dinero, el que da y perdona créditos, al bipartismo que tan estupendamente les ha funcionado a todos ellos.

Al IBEX le gustan los relevos generacionales, ahora que han palmado un par de sus prebostes y han sido sustituidos por savia nueva. El cambio en la Zarzuela ha caído bien entre el personal, Felipe y Letizia están siendo más valorados que sus antecesores en las encuestas. Algo está cambiando en España, ya iremos viendo cómo nos ponemos entre todos a construir, que no lo van a poner fácil. Porque el Rey nuevo y renovado, ha ido a un Congreso a Alicante y ha saludado a la imputadísima alcaldesa, Sonia Castedo. Foto que el PP quería evitar, nos decían.

Felipe VI ha coincidido con esta señora que tan buenas migas hacía con el constructor Enrique Ortiz. La ha saludado brevemente, según muestra -no con el mejor enfoque de cámara el vídeo-. Un gran error. Pero lo que al parecer sí se ha evitado ha sido, textualmente, la foto. En los diarios locales al menos -y por el momento- he sido incapaz de encontrarla y hay varias. Un par de ejemplos.

RREY INAUGURA XVII CONGRESO EMPRESA FAMILIAR

 

rey-felipe-3

En estos tiempos, ya nada puede ocultarse sin embargo y aquí está el Rey renovado y la alcaldesa imputada. Es de El Mundo. Saldrá en más, no en todos.

felipe-sonia

Felipe VI y Sonia Castedo. Foto: El Mundo.

El Periscopio
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Algo está cambiando en España, a pesar de ellos

Mié, 12/11/2014 - 13:00

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

Ahora sí. Por primera vez en mucho tiempo se puede afirmar que algo está cambiando. Los escándalos de corrupción –a niveles insoportables para una sociedad civilizada- pasan factura. Y las encuestas electorales lo certifican. La de Metroscopia para El País –que anticipa la del CIS- ha sumido en la desolación a la Congregación de Notables. Perdiendo los papeles –como el propio diario en un editorial para olvidar y que incluso moderó en la web sobre lo publicado en papel- o en tonos más conciliadores aunque vayan en el mismo sentido: Podemos es el coco.

La cadena de noticias con las que se inicia la semana deja de nuevo un paisaje devastador. O alentador, según se mire. Porque un país no puede engullir tanto sin buscar una salida.

Infolibre nos cuenta que Caja Madrid realizó quitas del 70% en créditos al PP y PSOE.  La quita al PSOE fue del 79,5% en un crédito de 2,94 millones de euros concedido en 1985. La del Partido Popular fue del 72,7% en un préstamo de 1,34 millones otorgado el mismo año. Indigna echar cuentas del regalo recibido por los partidos. Y  pensar en la de personas que han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca, por mucha menor cuantía cuando –por la crisis- cambiaron las circunstancias de su vida. Explica también muchas actuaciones del bipartidismo. Pero realmente se queda un cuerpo estupendo para seguir pagando impuestos y todas esas cosas.

El presidente de Enresa incumple su contrato y carga gastos sin justificar en su tarjeta, informa en exclusiva @eldiarioes para evidenciar las técnicas más clásicas del cortijo en el que ha vuelto a convertir España el PP y, en particular, el feudo de Castilla-La Mancha, “regentado” por Cospedal. Es decir, esa señora que está“escandalizada” como todo el mundo por la corrupción.

Veamos los detalles:

Una auditoria interna en la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos destapa que su presidente, Francisco Gil-Ortega, cobró gastos de viaje sin aportar las correspondientes facturas, como exige su contrato.

El secretario del consejo avisó en julio de la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas y el abono de esos gastos “de difícil justificación”: fue despedido de inmediato.

Cuando fue nombrado, Francisco Gil-Ortega no tenía experiencia en el sector nuclear y era alguien de la máxima confianza de Cospedal; antes fue senador y alcalde de Ciudad Real con el PP.

Subiendo a Galicia, se confirman las Cajas B del PP, no solo la general, sino las territoriales como dijo Bárcenas. Al menos es lo que ha declarado a la policía, tras ser detenida, la ex contable de una empresa de la red Zeta. Revela la existencia de“dos sobres” de dinero B “destinados al PP”

En la Comunidad valenciana también tenemos novedades. Un juez investiga al gerente del Hospital General de Valencia. El ministerio público lleva a los tribunales una denuncia de Esquerra Unida por la adjudicación en Perú de dos hospitales a un conglomerado empresarial vinculado a Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco. Ex, por haber sido condenado a 8 años como chorizo pata negra que, por cierto, transitó por varios partidos hasta recalar en el PP.

Y pasando al clero, un prelado que cree vivir en el papado medieval de los Borgia, o Borja, porque en realidad eran españoles. Medio centenar de curas acusan al arzobispo de Mérida-Badajoz de llevar un tren de vida de lujo escandaloso (como muestra, reside en un piso de 500 metros cuadrados) y de despilfarro. Piden medidas para frenar al hombre.

No es de extrañar que los guardianes de las esencias del sistema estén preocupados por el peligro que corre… a manos de Podemos, se temen.

Tanto es así que varios medios avanzan las soluciones que se estudian. Soraya Sáenz de Santamaría se deja querer –dicen- como sustituta de Rajoy al frente del gobierno. En el último recuento, llevaba a sus increiblemente fuertes espaldas 11 cargos. Por ejemplo el CNI que tan buenos resultados está dando: una cueva de nepotismo es. En TVE también manda mucho, no parece que para bien. Pero es que la quiere ¡El IBEX! Dicen. Y a Susana Díez mejor que a Pedro Sánchez. Soraya y Susana es el cartel que pide el dinero, el que da y perdona créditos, al bipartismo que tan estupendamente les ha funcionado a todos ellos.

Al IBEX le gustan los relevos generacionales, ahora que han palmado un par de sus prebostes y han sido sustituidos por savia nueva. El cambio en la Zarzuela ha caído bien entre el personal, Felipe y Letizia están siendo más valorados que sus antecesores en las encuestas. Algo está cambiando en España, ya iremos viendo cómo nos ponemos entre todos a construir, que no lo van a poner fácil. Porque el Rey nuevo y renovado, ha ido a un Congreso a Alicante y ha saludado a la imputadísima alcaldesa, Sonia Castedo. Foto que el PP quería evitar, nos decían.

Felipe VI ha coincidido con esta señora que tan buenas migas hacía con el constructor Enrique Ortiz. La ha saludado brevemente, según muestra -no con el mejor enfoque de cámara el vídeo-. Un gran error. Pero lo que al parecer sí se ha evitado ha sido, textualmente, la foto. En los diarios locales al menos -y por el momento- he sido incapaz de encontrarla y hay varias. Un par de ejemplos.

RREY INAUGURA XVII CONGRESO EMPRESA FAMILIAR

 

rey-felipe-3

En estos tiempos, ya nada puede ocultarse sin embargo y aquí está el Rey renovado y la alcaldesa imputada. Es de El Mundo. Saldrá en más, no en todos.

felipe-sonia

Felipe VI y Sonia Castedo. Foto: El Mundo.

El Periscopio
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No se trata de ahorrar sino de gastar mejor

Mié, 12/11/2014 - 09:00

Sandra Soutto - ATTAC Castelló

09112013RTVVViene siendo habitual oír cosas como estas:

Si un hogar puede ahorrar consumiendo menos, el sector público también lo puede hacer.”

Pero esto, no es más que una falacia, ya que el Estado no es como un hogar. Puesto que los ingresos que percibe una familia no dependen del gasto que realice. En cambio, los ingresos del Estado sí.

Veamos qué pasa cuando reducimos el gasto público.De acuerdo con las experiencias vividas recientemente, los recortes en el gasto público se centraron en reducir: los salarios, las prestaciones, las ayudas, las subvenciones…

¿Y qué efectos ha tenido sobre nuestra economía?

Al disponer de menos ingresos, los hogares y las empresas redujeron su consumo y su inversión respectivamente, cayó la actividad económica y se redujo la recaudación pública (IRPF, Impuesto Sociedades,…). Por ejemplo, recordemos que los recortes en los sueldos de los funcionarios provocaron una disminución de su consumo y las tiendas empezaron a quedarse con productos sin vender. Entonces, las empresas, que ahora, ya no necesitaban producir la misma cantidad de productos, encontraron que  sus plantillas estaban sobredimensionadas y empezaron a reducirlas.Además, en el País Valenciano llovió sobre mojado, ya que los recortes se sumaron a los impagos a proveedores acumulados por la Generalitat Valenciana, haciéndose más patente aquí el círculo vicioso que encadena más recortes con menos consumo e inversión, y estos con más desempleo y menos recaudación fiscal, y esta con nuevos recortes.

Es decir, una reducción del gasto público supone una reducción de la actividad económica y de la recaudación pública.

También se dice:

Si un hogar puede ahorrar más ingresando más, el sector público también.”

Tampoco es completamente cierto, ya que cuando un hogar obtiene mayores ingresos, solo si no incrementa su consumo en igual medida, puede ahorrar. En cambio, desde que España ya no puede emitir su propia moneda, le cuesta mucho obtener ingresos.En un hogar, cualquier miembro del mismo puede salir a buscar otro trabajo o hacer horas extras, pero un Estado no. Y cuando éste pretende aumentar sus ingresos incrementando los impuestos lo hace a costa de los ahorros de  hogares y empresas, que deberán reducir su consumo para poder pagar sus impuestos. Por tanto, como en el caso anterior, cuando el Ayuntamiento ahorra recortando gastos lo que consigue es reducir la actividad económica, y con ello la recaudación pública.

En definitiva, los recortes en el gasto público y el aumento de impuestos no suponen una automática e inevitable reducción del déficit fiscal, más bien puede que éste aumente, puesto que la reducción del gasto reduce los trasvases de recursos del sector público a hogares y empresas, y si además, se aumentan los impuestos, la actividad económica caerá al caer el consumo y la inversión.

No debe olvidarse el efecto de los presupuestos restrictivos sobre las expectativas, ya que un presupuesto restrictivo tiene el mismo efecto que tendría el publicar en el Boletín Oficial del Estado el reconocimiento de que estamos en crisis promulgando la austeridad.  La precaución ante la crisis empujará a los hogares a no consumir, buscando ahorrar para solventar necesidades futuras. Las empresas no invertirán al no tener claro que vayan a obtener beneficios. Algunas, incluso tendrán serias dificultades de solvencia al no poder vender sus productos, despedirán a sus trabajadores y no podrán pagar sus impuestos. De esta manera, entre los impagos provocados por la disminución de la actividad económica y los impuestos que no se devengarán por el cierre de empresas, más el aumento de las prestaciones por desempleo, provocado por el crecimiento del desempleo, aumentará el déficit fiscal.

Es decir, es la escasez de demanda la que ocasiona las altas tasas de desempleo, amparadas en un déficit público pequeño, respecto de los deseos de ahorro de familias y empresas.

Por consiguiente, si la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos afecta directamente a la actividad económica, ya que las empresas no podrán mantener su nivel de producción al no encontrar demandantes suficientes de sus productos, el problema no es que el gasto público sea excesivo, sino que su distribución no es la adecuada, pues se ha de dirigir a la generación de actividad económica, a crear empleo y garantizar las necesidades de la ciudadanía, buscando la justicia social (disminuyendo la desigualdad, y erradicando la pobreza y la precariedad laboral).

Entones, ¿qué buscan las políticas económicas dirigidas a reducir el gasto público?

Si al recortar el gasto público obtengo más paro, más pobreza y más desigualdad, una reducción del gasto público sólo busca imponer un determinado modelo social, dónde los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres son cada vez más pobres. Y si queremos revertir estas políticas, el déficit fiscal es una necesidad económica.

¿Qué deben hacer nuestros Ayuntamientos?

Lo prioritario es:

  • Recuperar los servicios externalizados (como las notificaciones, la recaudación, la gestión del agua, el transporte…), con la finalidad de garantizar a la ciudadanía unos servicios dignos.
  • Incorporar nuevos modelos de gestión a los servicios ofertados por el Ayuntamiento que garanticen la justicia social (disminución de la pobreza y la desigualdad).
  • Crear empleo público y garantizado en la prestación de servicios socialmente útiles y respetuosos con el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que las actividades que generan más empleo son intensivas en trabajo humano (energía endosomática), y normalmente no son producidas por el mercado al no ser rentables económicamente para el sector privado. Además, el producto final de este trabajo puede ser un bien público.

Con los programas de empleo garantizado nuestro Ayuntamiento podrá ofrecer empleo a cualquier persona que quiera y pueda trabajar, sin importar su experiencia, su cualificación, su edad, su sexo, su renta, su religión, su origen…Es decir, nadie mejor que nuestro Ayuntamiento para saber que trabajos son los más necesarios en nuestra comunidad (servicios sociales, atención a dependientes, sanitarios, educativos, limpieza y rehabilitación de fachadas, transportes…), por lo que de él dependería asignar a cada desempleado un puesto de trabajo adecuado a sus habilidades. Tengamos en cuenta que estos trabajos son de baja cualificación, pero en el caso de que alguno de los demandantes de empleo precisara formación, también se la podría proporcionar la autoridad municipal, facilitando a cada trabajador el adecuado desarrollo de las tareas asignadas. En definitiva se trata de programas de empleo activo.En cuanto a la cuantía de los salarios, estos deberán permitir unas condiciones de vida digna, y deberían ser uniformes para evitar la competencia, e impedir que disminuyan. El salario así configurado podría constituir el salario mínimo interprofesional.Con el trabajo garantizado, se reducirían las personas desempleadas en la localidad y las distintas prestaciones que pudieran percibir por su condición de parados. Pero además, estas personas ahora empleadas colaborarían directamente en la reactivación de la economía a través del consumo, y aumentaría la recaudación pública. Este tipo de programas no tiene grandes costes (ver Eduardo Garzón Espinosa, “Coste y financiación del Empleo Garantizado“), pero en todo caso, debería ser el Estado quien lo financie a través de las correspondientes transferencias que nuestros municipios deben percibir del Estado y de las correspondientes autonomías.

¿Y los ingresos?

Sin olvidar que nuestros municipios deben percibir del Estado las correspondientes transferencias presupestarias, lo que debería ser la fuente principal de sus ingresos, analizaré algunas cuestiones tributarias necesarias para luchar contra la injusticia fiscal y social.En cuanto a los ingresos hemos de recordar que una tributación justa se consigue cuando cada ciudadano contribuye según su capacidad económica en los gastos de su comunidad. Por lo que cualquier reforma tributaria que se acometa deberá de hacerse bajo el principio de progresividad, de manera que el que más tenga más aporte, y por ende sobre impuestos directos (IBI, Vehículos,…que entre otros signos de riqueza, deberían tener en cuenta los niveles de ingresos de los hogares y las potencias de los vehículos respectivamente). Dejando la imposición indirecta (Imp. sobre la construcción) y las tasas,  para incentivar o no determinadas conductas, como puede ser: incentivar la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética, mediante deducciones y exenciones, o también, penalizar las agresiones al medio ambiente y a cualquier actividad especulativa susceptible de crear burbujas financieras (como la sufrida en el sector de la construcción).

En este sentido es urgente gestionar las viviendas vacías que existen en el municipio, a fin de que las entidades financieras y sociedades, que poseen la mayor parte de estas viviendas, las movilicen a través de los fondos sociales de vivienda, o similares, para promover la vivienda social en alquiler, y a su vez, que nos permita disponer de un censo de viviendas vacías.

Una posibilidad sería la prevista por la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por el PP en 2002, para los casos de las viviendas desocupadas, que aunque presenta algunos inconvenientes (como la definición de lo qué es exactamente una vivienda vacía, cuestión esta muy fácil de resolver si tenemos en cuenta lo ya legislado en otras autonomías, o simplemente contraponiéndolo al de vivienda habitual regulado en el impuesto sobre la renta de las persosnas físicas), permite aplicar un recargo de hasta el 50% en el IBI, como ha regulado la Junta de Andalucía (Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda).

Dicha gestión, también se podría impulsar a través de la tasa de basuras, como se ha implementado en Vitoria (Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa de Basuras, que aplica una tarifa mayor a los inmuebles con uso de “vivienda” en los que no figure ninguna persona empadronada a 1 de enero, fecha de devengo de la tasa).

Una pieza clave para la reactivación de la economía es la financiación, por eso es necesario impulsar una banca pública que cumpla funciones análogas a las que desempeño el Banco de Crédito Local entre 1925 y 1991 a través de la concesión de créditos a tipos de interés estables y baratos a las entidades locales. Tampoco debemos olvidar que a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), se puede obtener crédito a más bajo coste que emitiendo deuda, oportunidad que se debería aprovechar mientras nos lo permita la autoridad monetaria europea.

Pero todo esto no servirá de nada si no evitamos que la Unión Europea nos imponga los tratados de libre comercio e inversiones que esta negociando en secreto, y a espaldas de la ciudadanía, ya que afectan directamente a la capacidad de las entidades locales de gestionar sus servicios públicos y atacan las políticas municipales que establecen la preferencia para contratar con empresas y trabajadores locales. CETA, TTIP y TISA,  son las siglas con las que se conocen algunos de estos tratados, que constituyen un atentado a la democracia y a los derechos de la ciudadanía (laborales, medioambientales, sanitarios, privacidad…), por eso es necesario impulsar una moción contra cada uno de ellos y declarar la oposición a la aplicación del TTIP, del CETA y del TISA  en todos los municipios de España.

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No se trata de ahorrar sino de gastar mejor

Mié, 12/11/2014 - 09:00

Sandra Soutto - ATTAC Castelló

Viene siendo habitual oir cosas como estas:

Si un hogar puede ahorrar consumiendo menos, el sector público también lo puede hacer.” Pero ésto, no es más que una falacia, ya que el Estado no es como un hogar. Puesto que los ingresos que percibe una familia no dependen del gasto que realice. En cambio, los ingresos del Estado sí. Veamos que pasa cuando reducimos el gasto público.De acuerdo con las experiencias vividas recientemente, los recortes en el gasto público se centraron en reducir: los salarios, las prestaciones, las ayudas, las subvenciones,….  ¿Y qué efectos ha tenido sobre nuestra economía? Al disponer de menos ingresos, los hogares y las empresas redujeron su consumo y su inversión respectivamente, cayó la actividad económica y se redujo la recaudación pública (IRPF, Impuesto Sociedades,…). Por ejemplo, recordemos que los recortes en los sueldos de los funcionarios provocaron una disminución de su consumo y las tiendas empezaron a quedarse con productos sin vender. Entonces, las empresas, que ahora, ya no necesitaban producir la misma cantidad de productos, encontraron que  sus plantillas estaban sobredimensionadas y empezaron a reducirlas.Además, en el País Valenciano llovió sobre mojado, ya que los recortes se sumaron a los impagos a proveedores acumulados por la Generalitat Valenciana, haciéndose más patente aquí el círculo vicioso que encadena más recortes con menos consumo e inversión, y estos con más desempleo y menos recaudación fiscal, y esta con nuevos recortes. Es decir, una reducción del gasto público supone una reducción de la actividad económica y de la recaudación pública. También se dice:      “Si un hogar puede ahorrar más ingresando más, el sector público también.” Tampoco es completamente cierto, ya que cuando un hogar obtiene mayores ingresos, solo si no incrementa su consumo en igual medida, puede ahorrar. En cambio, desde que España ya no puede emitir su propia moneda, le cuesta mucho obtener ingresos.En un hogar, cualquier miembro del mismo puede salir a buscar otro trabajo o hacer horas extras, pero un Estado no. Y cuando éste pretende aumentar sus ingresos incrementando los impuestos lo hace a costa de los ahorros de  hogares y empresas, que deberán reducir su consumo para poder pagar sus impuestos. Por tanto, como en el caso anterior, cuando el Ayuntamiento ahorra recortando gastos lo que consigue es reducir la actividad económica, y con ello la recaudación pública. En definitiva, los recortes en el gasto público y el aumento de impuestos no suponen una automática e inevitable reducción del déficit fiscal, más bien puede que éste aumente, puesto que la reducción del gasto reduce los trasvases de recursos del sector público a hogares y empresas, y si además, se aumentan los impuestos, la actividad económica caerá al caer el consumo y la inversión. No debe olvidarse el efecto de los presupuestos restrictivos sobre las expectativas, ya que un presupuesto restrictivo tiene el mismo efecto que tendría el publicar en el Boletín Oficial del Estado el reconocimiento de que estamos en crisis promulgando la austeridad.  La precaución ante la crisis empujará a los hogares a no consumir, buscando ahorrar para solventar necesidades futuras. Las empresas no invertirán al no tener claro que vayan a obtener beneficios. Algunas, incluso tendrán serias dificultades de solvencia al no poder vender sus productos, despedirán a sus trabajadores y no podrán pagar sus impuestos. De esta manera, entre los impagos provocados por la disminución de la actividad económica y los impuestos que no se devengarán por el cierre de empresas, más el aumento de las prestaciones por desempleo, provocado por el crecimiento del desempleo, aumentará el déficit fiscal. Es decir, es la escasez de demanda la que ocasiona las altas tasas de desempleo, amparadas en un déficit público pequeño, respecto de los deseos de ahorro de familias y empresas. Por consiguiente, si la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos afecta directamente a la actividad económica, ya que las empresas no podrán mantener su nivel de producción al no encontrar demandantes suficientes de sus productos, el problema no es que el gasto público sea excesivo, sino que su distribución no es la adecuada, pues se ha de dirigir a la generación de actividad económica, a crear empleo y garantizar las necesidades de la ciudadanía, buscando la justicia social (disminuyendo la desigualdad, y erradicando la pobreza y la precariedad laboral). Entones, ¿qué buscan las políticas económicas dirigidas a reducir el gasto público? Si al recortar el gasto público obtengo más paro, más pobreza y más desigualdad, una reducción del gasto público sólo busca imponer un determinado modelo social, dónde los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres son cada vez más pobres. Y si queremos revertir estas políticas, el déficit fiscal es una necesidad económica. ¿Qué deben hacer nuestros Ayuntamientos? Lo prioritario es :
  • Recuperar los servicios externalizados (como las notificaciones, la recaudación, la gestión del agua, el transporte…), con la finalidad de garantizar a la ciudadanía unos servicios dignos.
  • Incorporar nuevos modelos de gestión a los servicios ofertados por el Ayuntamiento que garanticen la justicia social (disminución de la pobreza y la desigualdad)
  • Crear empleo público y garantizado en la prestación de servicios socialmente útiles y respetuosos con el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que las actividades que generan más empleo son intensivas en trabajo humano (energía endosomática), y normalmente no son producidas por el mercado al no ser rentables económicamente para el sector privado. Además, el producto final de este trabajo puede ser un bien público.
Con los programas de empleo garantizado nuestro Ayuntamiento podrá ofrecer empleo a cualquier persona que quiera y pueda trabajar, sin importar su experiencia, su cualificación, su edad, su sexo, su renta, su religión, su origen…Es decir, nadie mejor que nuestro Ayuntamiento para saber que trabajos son los más necesarios en nuestra comunidad (servicios sociales, atención a dependientes, sanitarios, educativos, limpieza y rehabilitación de fachadas, transportes…), por lo que de él dependería asignar a cada desempleado un puesto de trabajo adecuado a sus habilidades. Tengamos en cuenta que estos trabajos son de baja cualificación, pero en el caso de que alguno de los demandantes de empleo precisara formación, también se la podría proporcionar la autoridad municipal, facilitando a cada trabajador el adecuado desarrollo de las tareas asignadas. En definitiva se trata de programas de empleo activo.En cuanto a la cuantía de los salarios, estos deberán permitir unas condiciones de vida digna, y deberían ser uniformes para evitar la competencia, e impedir que disminuyan. El salario así configurado podría constituir el salario mínimo interprofesional.Con el trabajo garantizado, se reducirían las personas desempleadas en la localidad y las distintas prestaciones que pudieran percibir por su condición de parados. Pero además, estas personas ahora empleadas colaborarían directamente en la reactivación de la economía a través del consumo, y aumentaría la recaudación pública. Este tipo de programas no tiene grandes costes (ver Eduardo Garzón Espinosa, “Coste y financiación del Empleo Garantizado“), pero en todo caso, debería ser el Estado quien lo financie a través de las correspondientes transferencias que nuestros municipios deben percibir del Estado y de las correspondientes autonomías.  ¿Y los ingresos? Sin olvidar que nuestros municipios deben percibir del Estado las correspondientes transferencias presupestarias, lo que debería ser la fuente principal de sus ingresos, analizaré algunas cuestiones tributarias necesarias para luchar contra la injusticia fiscal y social.En cuanto a los ingresos hemos de recordar que una tributación justa se consigue cuando cada ciudadano contribuye según su capacidad económica en los gastos de su comunidad. Por lo que cualquier reforma tributaria que se acometa deberá de hacerse bajo el principio de progresividad, de manera que el que más tenga más aporte, y por ende sobre impuestos directos (IBI, Vehículos,…que entre otros signos de riqueza, deberían tener en cuenta los niveles de ingresos de los hogares y las potencias de los vehículos respectivamente). Dejando la imposición indirecta (Imp. sobre la construcción) y las tasas,  para incentivar o no determinadas conductas, como puede ser: incentivar la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética, mediante deducciones y exenciones, o también, penalizar las agresiones al medio ambiente y a cualquier actividad especulativa susceptible de crear burbujas financieras (como la sufrida en el sector de la construcción). En este sentido es urgente gestionar las viviendas vacías que existen en el municipio, a fin de que las entidades financieras y sociedades, que poseen la mayor parte de estas viviendas, las movilicen a través de los fondos sociales de vivienda, o similares, para promover la vivienda social en alquiler, y a su vez, que nos permita disponer de un censo de viviendas vacías . Una posibilidad sería la prevista por la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por el PP en 2002, para los casos de las viviendas desocupadas, que aunque presenta algunos inconvenientes (como la definición de lo qué es exactamente una vivienda vacía, cuestión esta muy fácil de resolver si tenemos en cuenta lo ya legislado en otras autonomías, o simplemente contraponiéndolo al de vivienda habitual regulado en el impuesto sobre la renta de las persosnas físicas), permite aplicar un recargo de hasta el 50% en el IBI, como ha regulado la Junta de Andalucía (Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda). Dicha gestión, también se podría impulsar a través de la tasa de basuras, como se ha implementado en Vitoria (Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa de Basuras, que aplica una tarifa mayor a los inmuebles con uso de “vivienda” en los que no figure ninguna persona empadronada a 1 de enero, fecha de devengo de la tasa). Una pieza clave para la reactivación de la economía es la financiación, por eso es necesario impulsar una banca pública que cumpla funciones análogas a las que desempeño el Banco de Crédito Local entre 1925 y 1991 a través de la concesión de créditos a tipos de interés estables y baratos a las entidades locales. Tampoco debemos olvidar que a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), se puede obtener crédito a más bajo coste que emitiendo deuda, oportunidad que se debería aprovechar mientras nos lo permita la autoridad monetaria europea.

Pero todo esto no servirá de nada si no evitamos que la Unión Europea nos imponga los tratados de libre comercio e inversiones que esta negociando en secreto, y a espaldas de la ciudadanía, ya que afectan directamente a la capacidad de las entidades locales de gestionar sus servicios públicos y atacan las políticas municipales que establecen la preferencia para contratar con empresas y trabajadores locales. CETA, TTIP y TISA,  son las siglas con las que se conocen algunos de estos tratados, que constituyen un atentado a la democracia y a los derechos de la ciudadanía (laborales, medioambientales, sanitarios, privacidad…), por eso es necesario impulsar una moción contra cada uno de ellos y declarar la oposición a la aplicación del TTIP, del CETA y del TISA  en todos los municipios de España.

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ATTAC Acordem: Xerrada debat sobre la Llei de Seguretat Ciudadana (Llei Mordassa)

Mié, 12/11/2014 - 07:01

Xerrada-Debat amb Alicia García Ruiz, membre del Consell Científic d’ATTAC España: Davant la Llei de Seguretat Ciutadana: Un viratge antidemocràtic.

26 de novembre de 2014, a les 19 hores, al Pati Llimona (C. Regomir, 3. Barcelona).

 

Xerrada_Seguretat ciutadana A5

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ATTAC Acordem: Xerrada debat sobre la Llei de Seguretat Ciudadana (Llei Mordassa)

Mié, 12/11/2014 - 07:01

Xerrada-Debat amb Alicia García Ruiz, membre del Consell Científic d’ATTAC España: Davant la Llei de Seguretat Ciutadana: Un viratge antidemocràtic.

26 de novembre de 2014, a les 19 hores, al Pati Llimona (C. Regomir, 3. Barcelona).

 

Xerrada_Seguretat ciutadana A5

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La austeridad y el casino financiero hacen de Europa el eslabón más débil de la economía mundial

Mié, 12/11/2014 - 07:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

casino-draghi-merkelLa recuperación económica se desvanece y Europa comienza a verse atrapada en la deflación y el estancamiento, sin señas de una salida real a la crisis. Los planes de austeridad han significado el mayor de los retrocesos y en medio de la desaceleración económica mundial se hará inevitable una década perdida que habrá que agradecer a Ángela Merkel y Christine Lagardé. El casino financiero permitió la recuperación de la banca, pero nada hizo por la economía real. Las bajas tasas de interés impulsaron el juego de casino, pero nada hicieron por la inversión. La economía real fue pulverizada por los planes de austeridad y el FMI ha terminado reconociendo el daño de los planes de austeridad y de las políticas monetarias laxas, tal como reconoció que subestimó los multiplicadores fiscales.

Pero el daño ya está hecho y las consecuencias han sido desastrosas para toda la economía. La nueva operación de Mario Draghi con mil millones de euros para comprar bonos de deuda de los gobiernos es uno de las últimos y desesperados intentos del “doble o nada”. La política monetaria de este juego de casino no ha tenido eficacia para superar la crisis dado que sus instrumentos fueron justamente los que la crearon. Y en estos seis años no solo no ha mitigado sus fauces desestabilizadoras sino que ha creado nuevas e insondables burbujas al amparo de la banca en la sombra y los derivados financieros. Las políticas laxas y las cuantiosas inyecciones de liquidez no solo sembraron las semillas de la próxima crisis con el hinchamiento de las burbujas especulativas, sino que también desmantelaron todo el sistema de protección social y así es como hoy los países están mucho más desamparados que en los años de la quiebra de Lehman Brothers.

Por eso no debe causar sorpresa que los datos publicados en los últimos días de Alemania, Francia e Italia confirmen la inminente recesión y la fuerte espiral deflacionaria que sufre Europa, como aquella que llevó a la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos tras las malas políticas para superar la crisis que estalló en octubre de 1929. La historia se repite merced a las propias torpezas humanas y así es como ahora la recuperación se hace cada día más lejana pese a que a comienzos de año Europa estaba inundada en optimismo. Ahora las expectativas de crecimiento e inflación para este año y el próximo son revisadas a la baja en cada nuevo informe… La recuperación se desvanece y el riesgo de entrar a un largo y oscuro túnel ha llegado nuevamente.

Deflación, deuda, desempleo

A siete años desde que comenzaron a sentirse los primeros síntomas de un sistema económico perverso y dañino la situación sigue empeorando. El débil crecimiento seguirá manteniendo alto el desempleo y con ello el desmoronamiento del consumo y la inversión. Europa ha caído en la trampa del desempleo, la deflación y el alto endeudamiento (la trampa 3D, como apuntamos en enero) y su delicada situación económica causará serios estragos a la economía mundial. La caída de la demanda está presionando a las fuerzas deflacionarias y con esto el peso de la deuda se hace más significativo. Si la inflación consigue licuar la deuda pública y privada, con la deflación la deuda se solidifica y rigidiza. La deflación es más dañina que la inflación en escenarios de alto endeudamiento donde no existe apuro por comprar dado que comprar mañana es mejor que comprar hoy. El curso deflacionario en que se ha sumergido la economía europea es uno de los más claros signos del mal diagnóstico que siempre tuvo la troika sobre la crisis.

La desaceleración y el estancamiento amenazan con ser prolongados y esto afectará el desarrollo económico de largo plazo. Parte de esta tendencia la confirman las constantes revisiones a la baja en la proyecciones de los países más poderosos de la eurozona. El futuro está en peligro y de esto dan cuenta los magros niveles de inversión que, como porcentaje del PIB, aún no recuperan los niveles existentes antes del estallido de la crisis, en septiembre de 2008. Europa no está invirtiendo y esto causará una disminución en el crecimiento potencial y en las perspectivas de la economía europea, convertida hoy en el eslabón más debil de la economía mundial.

El Blog Salmón

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La austeridad y el casino financiero hacen de Europa el eslabón más débil de la economía mundial

Mié, 12/11/2014 - 07:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

casino-draghi-merkelLa recuperación económica se desvanece y Europa comienza a verse atrapada en la deflación y el estancamiento, sin señas de una salida real a la crisis. Los planes de austeridad han significado el mayor de los retrocesos y en medio de la desaceleración económica mundial se hará inevitable una década perdida que habrá que agradecer a Ángela Merkel y Christine Lagardé. El casino financiero permitió la recuperación de la banca, pero nada hizo por la economía real. Las bajas tasas de interés impulsaron el juego de casino, pero nada hicieron por la inversión. La economía real fue pulverizada por los planes de austeridad y el FMI ha terminado reconociendo el daño de los planes de austeridad y de las políticas monetarias laxas, tal como reconoció que subestimó los multiplicadores fiscales.

Pero el daño ya está hecho y las consecuencias han sido desastrosas para toda la economía. La nueva operación de Mario Draghi con mil millones de euros para comprar bonos de deuda de los gobiernos es uno de las últimos y desesperados intentos del “doble o nada”. La política monetaria de este juego de casino no ha tenido eficacia para superar la crisis dado que sus instrumentos fueron justamente los que la crearon. Y en estos seis años no solo no ha mitigado sus fauces desestabilizadoras sino que ha creado nuevas e insondables burbujas al amparo de la banca en la sombra y los derivados financieros. Las políticas laxas y las cuantiosas inyecciones de liquidez no solo sembraron las semillas de la próxima crisis con el hinchamiento de las burbujas especulativas, sino que también desmantelaron todo el sistema de protección social y así es como hoy los países están mucho más desamparados que en los años de la quiebra de Lehman Brothers.

Por eso no debe causar sorpresa que los datos publicados en los últimos días de Alemania, Francia e Italia confirmen la inminente recesión y la fuerte espiral deflacionaria que sufre Europa, como aquella que llevó a la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos tras las malas políticas para superar la crisis que estalló en octubre de 1929. La historia se repite merced a las propias torpezas humanas y así es como ahora la recuperación se hace cada día más lejana pese a que a comienzos de año Europa estaba inundada en optimismo. Ahora las expectativas de crecimiento e inflación para este año y el próximo son revisadas a la baja en cada nuevo informe… La recuperación se desvanece y el riesgo de entrar a un largo y oscuro túnel ha llegado nuevamente.

Deflación, deuda, desempleo

A siete años desde que comenzaron a sentirse los primeros síntomas de un sistema económico perverso y dañino la situación sigue empeorando. El débil crecimiento seguirá manteniendo alto el desempleo y con ello el desmoronamiento del consumo y la inversión. Europa ha caído en la trampa del desempleo, la deflación y el alto endeudamiento (la trampa 3D, como apuntamos en enero) y su delicada situación económica causará serios estragos a la economía mundial. La caída de la demanda está presionando a las fuerzas deflacionarias y con esto el peso de la deuda se hace más significativo. Si la inflación consigue licuar la deuda pública y privada, con la deflación la deuda se solidifica y rigidiza. La deflación es más dañina que la inflación en escenarios de alto endeudamiento donde no existe apuro por comprar dado que comprar mañana es mejor que comprar hoy. El curso deflacionario en que se ha sumergido la economía europea es uno de los más claros signos del mal diagnóstico que siempre tuvo la troika sobre la crisis.

La desaceleración y el estancamiento amenazan con ser prolongados y esto afectará el desarrollo económico de largo plazo. Parte de esta tendencia la confirman las constantes revisiones a la baja en la proyecciones de los países más poderosos de la eurozona. El futuro está en peligro y de esto dan cuenta los magros niveles de inversión que, como porcentaje del PIB, aún no recuperan los niveles existentes antes del estallido de la crisis, en septiembre de 2008. Europa no está invirtiendo y esto causará una disminución en el crecimiento potencial y en las perspectivas de la economía europea, convertida hoy en el eslabón más debil de la economía mundial.

El Blog Salmón

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“Guanyem nace para ganar las elecciones en Barcelona y contribuir al cambio político”

Mar, 11/11/2014 - 13:00

Orencio OsunaNueva Tribuna

Se está desposeyendo a los ciudadanos de su ciudad y del control público colectivo sobre sus recursos

2014110816122087510Orencio Osuna | Cuando has presentado Guanyem Barcelona has hablado de que nos encontramos ante una oportunidad histórica de cambio, no ya a nivel de todo el Estado, sino también del modelo de gestión de la ciudad de Barcelona. ¿Por qué crees que un modelo de ciudad como el de Barcelona  -que ha gozado de un cierto prestigio en el resto del Estado- precisa un cambio profundo? ¿cuáles son las bases de esa necesidad de cambio en Barcelona?

Ada Colau | Es verdad que Barcelona es una ciudad maravillosa y que no todo se ha hecho mal. No se trata de decir que Barcelona es un desastre, pero en Barcelona se dan las mismas dinámicas que a escala global. Siendo una ciudad muy hermosa, la percepción que tenemos gran parte de la ciudadanía es que estamos perdiendo esa ciudad, la estamos perdiendo a distintos niveles, la estamos perdiendo por esa ofensiva neoliberal que todo lo mercantiliza, igual que se ha dado a escala global. Se están produciendo recortes en sanidad y en educación; se están privatizando beneficios y socializando pérdidas sistemáticamente: se está privatizando el espacio público y los servicios públicos como las guarderías -que han sido un referente- o los aparcamientos -que son una fuente de ingresos municipales muy importante-. Ese proceso a escala urbana se está dando igualmente en todas las ciudades y, por supuesto, también en Barcelona. Se está desposeyendo a los ciudadanos de su ciudad y del control público colectivo sobre sus recursos. La propia identidad de la ciudad como espacio público se está perdiendo por una apuesta neoliberal, cortoplacista y miope, que sólo piensa en el beneficio a corto plazo. El desarrollo del sector turístico de Barcelona se está entregando a los grandes lobbys hoteleros, esa opción está devastando algunos barrios cada vez más ya no solo el centro histórico, sino que eso se está alargando por todo el frente marítimo, el barrio de la Sagrada Familia y más barrios que tienen un atractivo turístico importante. Todo eso está fuera de control, se ha entregado esa dinámica a las grandes multinacionales, no hay un control público sobre eso, no ha habido ningún debate democrático sobre el modelo de turismo de la ciudad y se está apostando por un turismo masivo que está produciendo unos impactos devastadores. Hay barrios que ya no son reconocibles, por ejemplo el centro histórico, se está convirtiendo en un parque temático destinado al consumo de un turismo que pasa pocos días en Barcelona y hay muchos ciudadanos ya que no vamos al centro de la ciudad como íbamos antes, porque ya no es reconocible, pero además está expulsando a los vecinos. Igual que hemos sufrido la burbuja inmobiliaria en la ciudad de Barcelona, ahora estamos sufriendo la burbuja turística. Esa dinámica generalizada de mercantilización, de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios, es algo que se está produciendo en la ciudad y, simultáneamente se está produciendo el aumento de la desigualdad, esta crisis económica devastadora que está poniendo literalmente en peligro la vida de cada día más gente. El aumento de la desigualdad entre los barrios más ricos y más pobres de la ciudad se evidencia con el dato estremecedor de que hay una diferencia de esperanza de vida de 8 años, en una ciudad que no es tan grande es una barbaridad y se corresponde de forma simétrica con las diferencias en la renta entre los barrios más ricos, -Pedralbes, Sarrià-, y  los barrios más pobres como Ciudad Meridiana, La Mina, etc. Y entre esa diferencia de renta y esperanza de vida existe también una relación directa de los niveles de participación política: los barrios pobres son los que menos participan, alrededor de un 30%, los barrios más ricos participan más del 70% en las últimas elecciones. O sea, que el gobierno de la ciudad de Barcelona sabemos para quien gobierna, no para los más pobres y más vulnerables, sino para los que más tienen y cada día más acumulan. Frente a la lógica de la desposesión -que no es no solo crisis económica, sino que es crisis política también- de pérdida de soberanía, de pérdida de control democrático, de corrupción generalizada, hay una revolución política en marcha que no es solo a escala municipal, que es mucho más amplia, pero que en la ciudad de Barcelona ha cogido muchísima fuerza. Barcelona tiene una  composición social, un tejido vecinal asociativo muy activo, muy implicado, por encima de la media de otras ciudades, y eso también es lo que le dá ese carácter de oportunidad al cambio. Es pensable ganar si nos organizamo, no tengo ninguna duda de que somos una mayoría social la que quiere acabar con la corrupción, recuperar el control democrático de la ciudad y priorizar los derechos sociales por encima de cualquier lógica especulativa.

Somos una mayoría social la que quiere acabar con la corrupción, recuperar el control democrático de la ciudad y priorizar los derechos sociales por encima de cualquier lógica especulativa

Orencio Osuna | Estamos hablando, por tanto, de crisis generalizada de un modelo socio-político y su concreción en el modelo específico de Barcelona. Ello supone el agotamiento de los actuales mecanismos de representación política, de los instrumentos de hacer política en la ciudad, de los propios partidos que en otros tiempos jugaron un papel de transformación en la ciudad…

Ada Colau | Hay una relación directa entre la crisis del modelo de ciudad y el general ya que en ambos casos se ha entregado la soberanía a lo que llaman los mercados resumiéndolo mucho. Eso lo han hecho esos partidos que se han convertido en partidos-empresa, los partidos de gobierno, aunque lógicamente hay diferencias ya que no son lo mismo los partidos minoritarios que partidos mayoritarios. Pero los partidos que han gobernado la ciudad, igual que a escala catalana o a escala estatal, son partidos-empresas que han entrado en una lógica de priorizar su autoperpetuación en el poder, de desarrollar unas redes clientelares y han confundido el interés privado con el público. Esos partidos son responsables directos de haber desposeído a la ciudadanía del control democrático del gobierno municipal. Se trata, desde luego, de una dinámica general que afecta a todas las instituciones, pero en Barcelona se ve claramente, por ejemplo, en la perversión del lenguaje con el que todo el día nos están hablando los representantes políticos de democracia, transparencia y participación, sin que esas palabras signifiquen absolutamente nada o quienes las están utilizando, estén actuando de forma absolutamente incoherente y contraria a lo que significan originariamente dichas palabras. El modelo de participación, por ejemplo, del que te hablan todo el día pero que, en realidad, está hecho de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba que es como debería ser la participación genuina, una participación que nunca es decisiva, que es como mucho consultiva. El ciudadano como mucho tiene derecho a la pataleta, pero no tiene derecho a decidir, a incidir realmente sobre las grandes decisiones. Nos venden una participación que está centralizada en el poder y es el poder quien decide sobre qué se participa y sobre qué no se participa. Frente a eso hay una ciudadanía que está participando en el día a día, que está construyendo alternativas, que no se ha quedado quieta afortunadamente, que está construyendo lo mejor de la ciudad. Una ciudadanía que está construyendo el tejido cooperativo por ejemplo -que fue tan fuerte en la República y que luego fue devastado por la dictadura- y que ahora tiene un resurgir enorme, especialmente en la ciudad de Barcelona. También vivimos la recuperación del movimiento vecinal, de movimientos que se están articulando para defender derechos básicos que son la semilla de futuro. Pienso que estamos asistiendo a un importante proceso de participación genuina que nos da esperanza de que desemboque en una revolución democrática en la ciudad.

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Orencio Osuna | Guanyem tiene una vocación de ser una fuerza mayoritaria, de ser una plataforma ciudadana capaz de gobernar, y para ello precisa lógicamente de mayorías electorales y apoyos suficientes para gobernar el ayuntamiento de Barcelona. Eso quiere decir, por tanto, que el éxito del proyecto Guanyem requiere de la convergencia y apoyo de muchas fuerzas, de muchos sectores sociales y también, probablemente, de estructura políticas existentes. ¿En qué estado de desarrollo está ahora la creación de esta potente y amplia alternativa de gobierno aquí en Barcelona?

Hay que cambiar las formas de hacer política y las siglas tienen que pasar a un segundo plano

Ada Colau | Así es, como decías pensamos en una fuerza de mayoría porque, efectivamente, constatamos una mayoría que ya existe, no es algo que nos inventamos o una hipótesis o un deseo de futuro sino el punto de partida de la gente que impulsamos Guanyem. Pienso que hay una mayoría social que lleva años ya movilizándose por argumentos básicos, frente a la emergencia generada por la crisis, contra la corrupción, por los derechos sociales y que para esa mayoría social Guanyem es una plataforma que construimos con mucha  gente que nunca había participado políticamente, también con gente que está organizada políticamente en formaciones nuevas y otras no tan nuevas. Pero toda esta gente estamos ya coincidiendo codo con codo en muchos espacios diferentes, en las calles, en las luchas sectoriales y  sería una torpeza y una miopía imperdonable que todas esas personas que coincidimos en la lucha no fuésemos capaces de trasladar a las instituciones la mayoría social que quiere cambiar la situación. Es por ello que los que impulsamos una plataforma ciudadana de gente que no participamos en partidos políticos, interpelamos a todo el mundo para sumar fuerzas a partir de objetivos concretos. No queremos crear una nueva sigla, no queremos ahora refundar otro partido que absorba a otros partidos, que sería la política más clásica, sino que se trata de aunar fuerzas tanto con gente organizada como no organizada para conseguir objetivos concretos y, a partir de ahí, hagamos los acuerdos y que nadie deje de ser quien es para hacer esa confluencia. A quien primero interpelamos para confluir es a la ciudadanía, porque en las últimas elecciones hubo un 50% de abstención, la mitad de la población no se ha sentido interpelada por las formas de participación política que han funcionado hasta ahora. Pero también hacemos un llamamiento a organizaciones políticas que se dan cuenta de que hay que cambiar las formas de hacer política y que las siglas tienen que pasar a un segundo plano. No les pedimos que tengan que desaparecer, pero pensamos que tienen que pasar a un segundo plano porque la gente está pidiendo amplitud de miras, generosidad, valentía y, sobre todo, que se prioricen los objetivos por encima de intereses partidistas. Desde esa lógica hemos interpelado a diferentes fuerzas políticas como ICV,  la CUP,  Procés Constituyent, Podemos, el Partido X, Red ciudadana, y de todas ellas hemos tenido una respuesta positiva y un interés por participar en un proyecto con el que comparten en términos generales el diagnóstico y las prioridades. Ahora estamos en esa fase de confluencia en la que estamos discutiendo la concreción de los objetivos comunes que tenemos. Concretamente estamos debatiendo la  creación de un código ético que transforme la forma de hacer política y ponga las bases para poder volver a confiar en nuestros cargos electos. Queremos volver a confiar en nuestras instituciones, pero para conseguirlo no basta con confiar moralmente en la bondad de unos individuos en lugar de otros como un acto de fe. Sabemos que las dinámicas del poder son muy fuertes y nunca puedes estar seguro cien por cien de que alguien no se deje llevar por ciertas presiones y, por tanto, se trata de cambiar las reglas del juego, vamos a hablar de qué reglas del juego hay que cambiar. Por ejemplo, hay que hacer un contrato con los cargos electos para limitar mandatos, para limitar sueldos, para impedir la acumulación de cargos, para eliminar las dietas o reducirlas a la mínima expresión cuando sean prescindibles, para poner mecanismos de rendición de cuentas que no se limiten al voto cada cuatro años porque claramente se han demostrado insuficiente. Pensamos que los cargos públicos tendrán que hacer mensualmente o trimestralmente audiencias públicas para rendir cuentas y responder a todas las preguntas que sean necesarias sobre las decisiones que hayan tomado o sobre el presupuesto que estén manejando. Deberán asimismo conocerse las agendas públicas, algo bastante importante, para que se sepa en todo momento con quién se reúne un cargo electo, una medida que busca evitar la presión de los lobbys y la confusión de los intereses privados y públicos. Vamos a poner mecanismos concretos que nos permitan hacer transparente -no quiere decir que tú no hables con los sectores privados y las empresas, claro que hay que hablar y hay que negociar- pero que eso sean acciones políticas transparentes y que tengan un control ciudadano. De todas esas concreciones, si hablamos de limitar mandatos quizás lo mejor será a dos como máximo, ya que en un solo mandato es difícil que se pueda desarrollar una acción de gobierno de calado que pueda cambiar las cosas en profundidad. Con el límite de dos mandatos ya se pueden hacer grandes cosas y sobre todo se debe garantizar que hay transmisión de conocimientos y experiencias para que pueda haber recambios y evitar la excesiva profesionalización de la política que ya vemos lo que ha generado. En definitiva Guanyem ahora está discutiendo con todos los que confluyen en la plataforma cuales han de ser los compromisos de un Código ético que comprometa a todos los futuros cargos electos.

Orencio Osuna | Hay tres aspectos sobre la candidatura de Guanyem que me gustaría conocer tu opinión. Una, se necesita, como tú dices, un programa de gobierno, no solo un código ético, sino también unas actuaciones y objetivos que identifiquen ante los ciudadanos a Guanyem como una fuerza capaz de gobernar. La segunda cuestión es de qué manera pensáis articular la elección de unas candidaturas potentes y representativas a través de un procedimiento de primarias. Y la tercera, la necesidad, supongo, de que haya cuadros y gestores capacitados para transformar a Guanyem en una fuerza de gobierno que tendrá que afrontar problemas de transformación del modelo de ciudad, de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos básicos como la recogida de basuras o el alumbrado, de gestionar los problemas presupuestarios…

Tenemos un bagaje y una experiencia desde la sociedad civil que creo debe dar confianza en que como mínimo estamos más capacitados que muchos de los que hoy están gobernando

Ada Colau | El primer y el tercer aspecto sobre los que preguntas están muy relacionados. Para recoger basuras y garantizar que las luces se encienden en realidad existe una maquinaria municipal muy competente que garantiza el funcionamiento cotidiano del ayuntamiento, que cada vez que hay un cambio de gobierno municipal no esté en peligro la recogida de basuras u otros servicios. En Barcelona además tenemos un aparato municipal que se ha construido sólidamente, de hecho nosotros estamos en contacto con muchos funcionarios en el Ayuntamiento y que están muy contentos por la propuesta de Guanyem. Muchos responsables y funcionarios nos han contactado para explicarnos bien cómo funciona el Ayuntamiento por dentro y para transmitirnos que están bastante dolidos con el uso partidista que se ha hecho de la institución en los últimos años. Por tanto, hay una maquinaria que funciona bien en muchas cosas. Otra cosa distinta es que en Guanyem estamos  desarrollando un programa de gobierno a pie de ciudad, que está ahora en fase de elaboración y que no es todavía  un programa acabado porque, además, queremos hacerlo participativo, colectivo, discutido en amplios sectores de la ciudadanía. Tenemos un preprograma muy claro, que afortunadamente está hecho, que no tenemos que inventarnos nosotros porque esta ciudad dispone de muchas capacidades, de mucha gente conocedora y capacitada que lleva muchos años ya trabajando y proponiendo alternativas en muchos temas, no sólo en los temas que yo puedo haber tratado más directamente como la vivienda, sanidad o educación, sino en asuntos más técnicos y complejos como puede ser el agua o la energía. Por ejemplo en temas del agua, hay plataformas que llevan mucho tiempo denunciando la corrupción y las malas prácticas que ha habido en la privatización del agua, como eso ha llevado a sobrecostes y nos cuesta más cara de lo que debería y, encima, es de peor calidad de lo que podría ser si el agua fuera pública. Hay que replantear la remunicipalización del agua para recuperar el control colectivo sobre un bien común de primera necesidad, pero no se trata de tomar una decisión inviable ya afortunadamente no hay que empezar de cero hay una plataforma como Ingenieros sin Fronteras y mucha gente muy preparada y experta que lleva mucho tiempo trabajando el tema. Afortunadamente no estamos empezando de cero, sino que lo que estamos diciendo es que hay una ciudadanía que hace tiempo va muy por delante de las instituciones como es el problema de la vivienda -que he vivido en primera persona, está clarísimo- ya no solo ahora por la crisis, sino antes de la crisis. La burbuja inmobiliaria la denunciamos desde la ciudadanía cuando las administraciones negaban rotundamente su existencia y la ciudadanía, sin tener los recursos de la administración con su ejército de abogados, de economistas, y la relación directa con los banqueros, supimos ver lo que no vio ningún partido político, ninguna institución. Pienso que estas experiencias son muy indicativas de lo que lleva pasando ya hace unos cuantos años, que los ciudadanos van muy por delante de los problemas principales e incluso se articulan para dar respuesta a las necesidades más básicas como los desahucios, la sanidad o la educación, y que sin recursos apenas, han sido capaces de poner en marcha mecanismos efectivos de lucha y de alternativa. Sin ser ingenuos, sabemos que habrá muchas presiones y muchos obstáculos, que no será sencillo, que habrá que negociar con muchos actores, sin ser arrogantes ni mucho menos, y sabiendo que esto va a ser difícil, pero sí que tenemos un bagaje y una experiencia desde la sociedad civil que creo debe dar confianza en que como mínimo estamos  más capacitados que muchos de los que hoy están gobernando y que nos están llevando al desastre y a la dilapidación de los recursos públicos. Creo que nos podemos considerar suficientemente preparados para gobernar Barcelona sin riesgo de ser arrogantes.

Orencio Osuna | En cuanto a los mecanismos de aprobación de las candidaturas, me interesaba mucho tu visión porque es, quizás, uno de los temas más áridos y problemáticos, ¿de qué manera se combina un proceso aprobación abierta de candidaturas haciendo partícipe a mucha gente procedente de movimientos sociales y ciudadanos independientes con la existencia, a su vez, de la personas provenientes de espacios organizados, de estructuras partidarias? ¿Habéis encontrado una metodología, la estáis estudiando, existe algún acuerdo…?

El escenario ideal sería que con todos los actores que confluyan en nuestra plataforma se pueda hacer una propuesta conjunta de nombres, cualquier propuesta de candidatura se debe validar de forma transparente y democrática

Ada Colau | Estamos estudiándola todavía… estamos discutiendo el código ético que esperamos cerrar a mediados de noviembre y el siguiente paso es hablar de elaboración de listas. El acuerdo mayoritario es que tiene que haber alguna forma de primarias pero, al mismo tiempo, mucha gente también creemos que unas primarias absolutas, en el sentido de que se presente cualquiera a ciegas, sin criterios, tampoco me parece una fórmula idónea. De la candidatura de Guanyem se supone que tiene que salir un equipo con un proyecto conjunto, que luego tiene que ser capaz de cumplir  y de llevarlo a término. Para mí el escenario ideal sería que con todos los actores confluyentes, aparte de acordar unas primarias, se llegara a un acuerdo de criterios para proponer un equipo conjunto, que igualmente se tendría que validar de una forma democrática y transparente. Ahora bien, si esa fórmula la gente la rechazara pues habría que encontrar otras, porque lo que está claro es que sin la aprobación y el apoyo de la gente que participa en Guanyem  no tendría viabilidad. Pienso que el escenario ideal sería que con todos los actores que confluyan en nuestra plataforma se pueda hacer una propuesta conjunta de nombres. Sería un error vivir las primarias como una competición entre candidatos a figurar en la candidatura -lo que me parecería poco productivo y poco constructivo-. En todo caso, me parece que cualquier propuesta de candidatura se debe validar de forma transparente y democrática.

Orencio Osuna | La primera decisión que tomó Jordi Pujol cuando resultó elegido por primera vez como president de la Generalitat fue disolver la Corporación Metropolitana de Barcelona, que había sido la institución que había coordinado los servicios y el urbanismo el área metropolitana…

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Ada Colau | Era un contrapoder político para la Generalitat…

Orencio Osuna | Era un contrapoder para la Generalitat, sin duda, pero a su vez significó la fragmentación del urbanismo y arrebató la coordinación, la planificación y la gestión de muchos servicios públicos a los ayuntamientos. La construcción de una ciudad más igualitaria exige grandes instrumentos de coordinación y planificación en una gran urbe metropolitana como es Barcelona en interacción con el resto de los municipios -por no hablar de otros espacios más globales- para los transportes, la energía, el empleo o el medio ambiente.¿Habéis pensado en reforzar los instrumentos  de gobierno del área metropolitana?

Una de las primeras decisiones que debemos adoptar es hacer una auditoría, no solo económica y presupuestaria, sino de todos los instrumentos que intervienen y de las áreas de gestión del área metropolitana

Ada Colau | Ahora ya funciona una Consorcio Metropolitano con tres organismos mancomunados y es evidente que tiene que ser así, hay servicios, transportes, recogida de residuos, energéticos, etc,  que tienen esa dimensión metropolitana. Lo que hay que plantear, igual que en otros ámbitos, es la necesidad de democratizar esos organismos. Ahora mismo el gobierno del área metropolitana se deriva de los resultados electorales que salen en cada municipio y los partidos que ganan en los diferentes ayuntamientos ocupan en exclusiva los organismos metropolitanos. Se trata de unas instituciones opacas que están recibiendo muchas críticas también por el tema de las dietas de sus responsables y de cómo y con qué criterios se gestionan el volumen de recursos que se está moviendo, que es muy elevado. A lo largo del tiempo se han creado una maraña de empresas público-privadas, de consorcios, sobre los que se va perdiendo el control ciudadano y, al final, no sabes quién está ahí y a quién se coloca. No se trata de cuestionar el área metropolitana porque es una necesidad objetiva, y además porque esos organismos mancomunados deben ser un lugar de justicia social y de redistribución de costes y recursos comunes para todos los municipios del área. Creo que no existe a nivel metropolitano ni control ciudadano, ni transparencia, ni un funcionamiento democrático y participativo. Una de las primeras decisiones que debemos adoptar es hacer una auditoría, no solo económica y presupuestaria, sino de todos los instrumentos que intervienen y de las áreas de gestión del área metropolitana. En esos espacios de decisión la ciudadanía ahora mismo desconoce que se están tomando muchas decisiones muy importantes para sus intereses, como es el caso del transporte público que gestiona un consorcio empresarial en el que participa la Generalitat. Ese consorcio ha generado una gran deuda que impide, según dicen sus responsables, que el ayuntamiento de Barcelona pueda bajar tarifas en el metro. Existen montones de organismos de todo tipo de los que se ignora cuántos directivos hay, cuánto cobran, quién los ha colocado, de dónde proceden, etc… Por supuesto lo intuimos bastante…, pero se trataría de hacer una auditoría para tener realmente una fotografía clara de todo ese conglomerado y qué medidas debemos adoptar para democratizarlo.

Orencio Osuna | La prioridad de Guanyem por tanto es ganar, conseguir una mayoría para gobernar, ¿eso puede requerir…?

Guanyem Barcelona se ha concebido ante todo como una propuesta de movilización ciudadana

Ada Colau | Hemos creado Guanyem Barcelona para  ganar las elecciones y contribuir al cambio político. Pero ganar puede tener muchas acepciones posibles, o sea, ganar no es un objetivo que  se reduzca sólo a  términos electorales. Guanyem Barcelona se ha concebido ante todo como una propuesta de movilización ciudadana. Somos muy conscientes que con la pérdida de soberanía de los ciudadanos  que se ha producido en las últimas décadas, a nivel global y a nivel urbano también, ni si quiera ganando numéricamente unas elecciones, teniendo más concejales que otras fuerzas, no necesariamente ganas el poder suficiente para recuperar la ciudad para los ciudadanos. Sabemos que al  día siguiente de conquistar una mayoría electoral nos encontraremos con unas estructuras y unos intereses que tienen unas sinergias muy fuertes, con unos contratos ya hechos que serán  muy difíciles de deshacer a menos que te gastes todo el presupuesto municipal en indemnizaciones a grandes multinacionales. A mi juicio, para poder replantear realmente cuestiones de base del modelo municipal, va a hacer falta que el día después de las elecciones haya una fuerte movilización ciudadana que utilice esa posible victoria parcial o total en la institución para reforzar los contrapoderes. Es decir, para darle más poder a la ciudadanía y que sea la que tenga fuerza, instrumentos e información para decidir cuáles deben ser los siguientes pasos. Sin una  fuerte movilización ciudadana resultaría muy difícil negociar, por ejemplo, con la Caixa la remunicipalización del agua o impedir que la Autoridad Portuaria privatice terrenos para hacer un puerto de superlujo. Objetivos de esa importancia requieren de contrapoderes ciudadanos muy fuertes más allá de una victoria en unas elecciones. Y luego habría otra acepción de lo que significa ganar para Guanyem que es que -más allá de si quedamos primera fuerza, segunda fuera, tercera fuerza, que estoy segura que al menos una de esas posibilidades seguro que será-, se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, ahora ya está pasando que gracias a estas candidaturas ciudadanas como Guanyem o la propuesta de Podemos, ya hay partidos del régimen que están teniendo que plantearse códigos éticos a marchas forzadas, están teniendo que plantearse cosas que hasta ahora habían descartado completamente, gracias a que  la ciudadanía las está imponiendo. No queremos caer en el error de volver a vernos como un partido que va a representar a la ciudadanía y con eso vamos a resolver los problemas. No queremos nunca más esa política de la delegación. Si algo hemos tenido que aprender como sociedad después de todo este ciclo es que delegar la política nos ha llevado a la ruina y, por lo tanto, para ganar de forma real, creíble y sostenida tiene que haber una implicación ciudadana. La ciudadanía tiene que  mentalizarse que o se implica de alguna manera en la vida pública o si no  la usurpan y la dominan otros intereses ajenos a los suyos. Eso no quiere decir que propugne la utopía de que todo el mundo se pase la vida participando en la vida política abandonando su vida particular, pero si me parece posible que los ciudadanos se interesen participen en  las cosas que les interesen y les afecten a todos los niveles.

Orencio Osuna | La candidatura de Guanyem, o la de Podemos a nivel estatal, se apoya en una corriente cada vez más amplia en la sociedad que exige un cambio, que quiere una transformación,  que está harta de un régimen que se resquebraja, de este obsceno maridaje entre dinero y poder político, del incremento de las desigualdades, de la corrupción sistémica, del aumento acelerado de las desigualdades. Pero a la vez, estas fuerzas deberán convertirse en actores políticos, ¿qué quiero decir con eso? que tienen que gobernar las instituciones realmente existentes y, en consecuencia, deberán asumir las consecuencias de lo que es gobernar en instituciones en los que hay otros actores políticos y unas correlaciones de fuerzas concretas. Deberán afrontar problemas tales como generar una mayoría en el consistorio de Barcelona, pactar o no pactar con otros agentes políticos, facilitar o no el gobierno a otros.

Guanyem Barcelona no quiere ser una fuerza testimonial porque para eso ya hay fuerzas que están haciendo este papel

Ada Colau | Desde el primer día Guanyem Barcelona ha dicho rotundamente que no quiere ser una fuerza testimonial porque para eso ya hay fuerzas que están haciendo este papel. Muchos ciudadanos, como yo misma, que habíamos descartado el paso a la política institucional no lo hacemos ahora para hacer una propuesta testimonial que vaya a competir con otras fuerzas políticas. Pienso que estamos ante un momento excepcional, de emergencia y por eso mucha gente que habíamos descartado la política institucional nos hemos decidido a comprometernos porque ahora  es el momento de hacerlo y de recuperar las instituciones para los ciudadanos. Nuestro compromiso es ganar para transformar la realidad y eso se hace gobernando, por supuesto. Ahora bien, nosotros queremos gobernar con los códigos éticos que nos comprometeremos a cumplir, con unos objetivos de gobierno claros y con unas formas de hacer política que sean transparentes y participativas.

Orencio Osuna | Vuestra iniciativa ha cobrado una fuerza y un impulso extraordinario en Barcelona, pero ha generado una serie de réplicas en todo en Catalunya y en el resto del estado bajo la denominación de “ganemos” de desigual representatividad y apoyo social. Pero en todo caso ha generado una estrategia en muchos sectores de la izquierda alternativa para afrontar las próximas elecciones municipales ¿Cómo valoras  la aparición de tantos “ganemos” en otras ciudades y pueblos?

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Ada Colau | Pues ha sido una grata sorpresa. Nosotros cuando ideamos Guanyem Barcelona en ningún momento pretendíamos ni crear una marca catalana ni estatal. Guanyem era un proyecto que salía de la ciudad de Barcelona y para la ciudad de Barcelona. Nuestra iniciativa se apoyaba además en el contexto específico de Barcelona, que hace más pensable ganar que en otros lugares, por la composición social que tiene la ciudad. Pero evidentemente, una propuesta de cambio para el ayuntamiento de Barcelona la formulamos siendo conscientes de un contexto mucho más amplio en el que  hay una revolución democrática en curso. Nosotros pensamos que el municipalismo es un espacio especialmente importante para esa revolución democrática, ya que hay una cohesión social y unas fuerzas sociales que pueden ser los motores del cambio. En el pasado se han dado también grandes cambios en unas elecciones municipales, como pasó en la República. El municipalismo es el lugar de la política cotidiana, es un marco idóneo para que la ciudadanía sea  protagonista, un ámbito por excelencia que permite la participación. Esa fue nuestra reflexión y lo que nos llevó a hacer la propuesta en Barcelona. Pero es un termómetro muy claro de la situación el hecho de que, nada más presentar Guanyem, empezaron a aparecer ‘ganemos’ y ‘guanyem’ por todas partes y eso nos ha alegrado profundamente. Si Guanyem Barcelona es una fuente de inspiración y un instrumento útil para otros procesos, pues encantados de la vida. No pretendemos tutelar ni validar otros procesos locales, porque entendemos que las plataformas municipales con quien se tienen que legitimar son con su propia realidad local. Dentro de esas experiencias locales observo propuestas muy distintas entre sí, primero porque las realidades locales son muy diferentes, -hay lugares donde hay muy poca pluralidad política-, otras en cambio donde hay muchos actores o realidades sociales diferentes. Aparte de esas diferencias de composición en cada una de las ciudades, también existen experiencias diferentes en su origen: algunas han sido impulsadas de forma parecida a nosotros a partir de plataformas ciudadanas con vocación de contar con el máximo de gente, en cambio otras han sido creadas por partidos que se disfrazan de Ganemos para intentar llegar a más gente porque están cayendo en las encuestas. No somos ingenuos y sabemos que ese fenómeno se está dando también. Nosotros hemos dicho que no nos vamos a dedicar a tutelar a nadie, tampoco tendríamos capacidad para hacerlo, pero sí que vamos a reconocer como afines sólo a aquellas plataformas que compartan el ADN de Guanyem Barcelona, es decir, que tengan unos objetivos comunes como los tenemos puestos en nuestra web y que el método de construcción de esos “ganemos” se base en un protagonismo ciudadano claro, pero también se quiera contar con actores políticos que estén de acuerdo en cambiar formas de hacer política y en asumir esos objetivos como prioritarios. Allí donde se comparta esto estaremos encantados de mantener un contacto, también para intercambiar experiencias y capacidades. De hecho ya hemos tenido que crear una comisión de relación con otros ‘ganemos’ porque hay muchas iniciativas que nos están pidiendo consejo sobre cómo hemos resuelto esto o aquello otro. Hay mucha gente que se está encontrando con los mismos obstáculos o dudas a la hora de construir esos “ganemos” y con el ánimo de ayudar con nuestra experiencia hemos hecho una pequeña guía, una especie de código abierto, que hemos colgado en nuestra página web para que la gente pueda compartirlo.

Orencio Osuna | Tal vez la proliferación de la marca “ganemos” sea muy heterogénea y su uso pueda ser manipulado, pero a su vez el ejemplo que significa Guanyem en Barcelona, su importancia política en todo el estado, tu propia visibilidad mediática y reconocido liderazgo, va irradiar una fuerte influencia en la constitución de esas plataformas. De hecho, resulta muy probable que Guanyem Barcelona sea un factor de legitimidad y reconocimiento de facto para otros “ganemos”  en muchos ayuntamientos.

El proceso de movilización que vive gran parte de la sociedad catalana es una posibilidad de romper y de discutir las reglas del juego y quitarse de encima la casta, que representa el Partido Popular

Ada Colau | Lo hacemos con mucha ilusión porque además eso lo hemos pensado desde el primer momento que impulsamos Guanyem Barcelona. Nos planteamos el proyecto de Barcelona porque pensábamos que es perfectamente posible ganar las elecciones municipales, pero siempre -como te dije antes- teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto mucho más amplio de revolución democrática. Somos muy conscientes de que ganar Barcelona no solo es importante para Barcelona, sino también para Cataluña, para el estado español, incluso te diría que para el Mediterráneo y el resto de Europa. Barcelona es una ciudad referente que mucha gente mira y es especialmente ilusionante, pero  también nos genera mucha responsabilidad si conseguimos que salga bien este proyecto de cambio.

Orencio Osuna | En el contexto catalán, la polarización masiva de la sociedad catalana en torno al derecho de autodeterminación o la independencia, que a veces opaca otros problemas que tiene ante si la sociedad ¿no dificulta a Guanyem de cara a las elecciones municipales presentar una alternativa de gobierno y generar una mayoría de cambio municipal?

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Ada Colau | Varios matices: no es casualidad que la amplia movilización en torno al derecho a decidir sea un hecho muy reciente de los últimos 3 años. Antes no había la movilización identitaria masiva en Catalunya. De hecho los 11 de septiembre habían movilizado a muy poca gente en años anteriores. ¡Que coincidencia que esta amplia movilización se ha producido con la crisis de régimen y con la mayoría absoluta del PP y por eso muchos consideramos que la clave de esta movilización es una movilización antirrégimen!. Hay mucha gente que ha visto en la discusión sobre la relación entre Catalunya y el estado- entre Catalunya y España, que es como lo simplifican los grandes medios de comunicación-, hay mucha gente que ha visto en ese conflicto como un posible atajo para ese proceso constituyente que la ciudadanía desea, se llame como se llame. El proceso de movilización que vive gran parte de la sociedad catalana es una posibilidad de romper y de discutir las reglas del juego y quitarse de encima la casta, que representa el partido popular mas que nadie. Por eso mismo  creo que la clave de esta movilización no está tan separada del otro eje de lucha contra  la desigualdad y  los recortes. Mucha gente se ha apuntado a esta movilización del derecho a decidir e incluso por la independencia precisamente como una vía más rápida, como una oportunidad real de democratización, en el sentido amplio de la palabra y no como una confrontación de ruptura con España, sino con el régimen del 78. Claro luego hay extremismos por los dos lados, pero realmente el grueso de la movilización es así. Mis padres, votantes socialistas de toda la vida, jamás se hubieran imaginado apuntarse a nada que sonara nacionalista e independentista pero hoy están en todas las movilizaciones por el derecho a decidir. Mis padres serian un ejemplo de eso, están preocupadísimos, sufriendo unos  recortes que no les son indiferentes en absoluto, al contrario. Es decir que esos dos ejes están relacionados. Lo que si creo es que es ilusorio pensar que se puede dar solo en Catalunya un cambio profundo, sin que se de en todo el estado español.  Por eso  muchas de las personas  que participamos en las movilizaciones por el derecho a decidir lo hacemos pendientes también de alimentar y de contribuir a todos los procesos de cambio que se puedan dar en el ámbito estatal. Pienso que la movilización que existe en Catalunya  por el derecho a decidir es una oportunidad democratizadora no solo para Catalunya sino para todo el estado español. Para que la oportunidad democratizadora en Catalunya pueda llegar a buen puerto es esencial que ese proceso de cambio se de en todo el estado. De todos modos no vamos a pecar de ingenuos cuando sabemos que hay poderes del régimen que querrán cerrar este proceso por arriba. También sabemos que CIU y Mas utilizan cada día el derecho a decidir para ocultar sus corruptelas, sus recortes y sus medidas neoliberales, pero  se está viendo en las encuestas como CIU cae en picado a pesar de que está liderando ese proceso. Ahí se demuestra que la ciudadanía no es tonta

Orencio Osuna | No cabe duda que una movilización tan masiva tiene distintos componentes y intenciones distintas. Ha existido una agresión anticatalana pertinaz por parte del PP y otros sectores ultra constitucionalistas, como fue la desdichada sentencia del Tribunal Constitucional -que el constitucionalista Javier Pérez Royo ha llegado calificar de golpe de estado- pero tampoco se puede negar la existencia de un componente nacionalista en la movilización y su deslizamiento, no ya hacia el derecho a votar, sino hacia un identitarismo exclusivamente nacionalista. Tras la prohibición de la consulta del 9-N hay ya propuestas de hacer unas elecciones plebiscitarias y una declaración unilateral de independencia. ¿Tú crees que ese proceso es posible? ¿Los sectores que apoyan  el derecho a decidir para impulsar un cambio del régimen pueden seguir en ese proyecto descolgándose de los procesos que hay en el resto de España?

El consenso fuerte que hay que proteger y poner en valor en Catalunya es el de la democracia

Ada Colau | Hay algunos sectores que están tensionando, ya no por el derecho a decidir, que era el inicio de la movilización, sino tensionando hacia el “si-si” y eso si puede ser un error, y puede generar rupturas internas en la movilización. El consenso fuerte que hay que proteger y poner en valor en Catalunya es el de la democracia. Debe estar claro  porque queremos mas y mejor democracia, es por lo que estamos movilizando a muchos millones personas con distintos pensamientos. Esa unión y ese consenso es el que hay que preservar. Ahora ha habido una mini crisis con la convocatoria del 9N de los actores políticos y ahí se ha vuelto a ver algo muy sintomático del momento asambleario que estamos viviendo actualmente, ha habido una movilización muy fuerte por el derecho a decidir que ha sido liderado por la ciudadanía y eso ha desbordado a los partidos completamente. Eso ha evidenciado que partidos que no creían y no creen en el derecho a decidir como CiU, tuvieran que ponerse a liderar ese proceso por mandato ciudadano y eso ha dado lugar a un fenómeno interesante de los tiempos que vivimos. CiU ha engañado a la población y al resto de actores políticos porque sabía perfectamente cual iba a ser la decisión del TC y sabiéndolo CiU había hecho creer que estaba dispuesta a desobedecer y ahora se ha echado para atrás, están buscando una argucia para intentar una movilización que le salve la cara. Eso ha sido una crisis que generó ruptura dentro del frente de los actores por el derecho a decidir, pero otra vez la movilización ha obligado a que eso se tuviera que recomponer con la convocatoria de una gran movilización el 9-N. También diría que el PP es quien mas está empujando a mucha gente hacia la independencia. No me extrañaría que el PP para tapar sus casos de corrupción y sus recortes esté azuzando voluntariamente ese frente, sino no se entiende su beligerancia y su cerrazón. Cualquier político, cualquier estratega con dos dedos de frente sabe que ceder mínimamente sería lo mas inteligente que podría hacer ahora, lo que no quiere decir obviamente que ceda a la independencia, pero que como mínimo se siente a negociar. En cambio es ese autoritarismo máximo lo que se está percibiendo desde Catalunya. Mucha gente que nunca hemos sido independentistas nos estamos planteando el “si-si” porque no vemos ningún horizonte de dialogo o de resolución por otra vía. La actitud del PP cada vez deja más claro que la vía institucional lleva a un callejón sin salida. El diseño institucional actual no tiene salida posible, para que esto pueda tener un buen resultado va a tener que ser la ciudadanía la que desborde estos procesos y la que le de la vuelta a la situación. Yo estoy expectante ante el 9N.

Orencio Osuna | Lo que está claro es que el siguiente paso lógicamente sería la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

Ada Colau | Mas no las quiere. CiU  solo las quiere si consigue una lista única.

Orencio Osuna | O como dicen algunos, un lista país, como si el resto de las opciones políticas no fuesen del país. Se trataría de un paso más en una polarización independentista. Quería preguntarte sobre esa gran fuerza que hay en Catalunya de impugnación del régimen, que exige ser sujeto de soberanía sobre las cosas que afectan a una nacionalidad del estado español ¿no es una fuerza enorme y extraordinaria que podría sumarse a una gran transformación de España, en vez de lo que algunos sectores propugnan el “nosaltres sols”, que con España eso no es posible?

Ada Colau | Creo que esos sectores que dicen “nosotros solos” son la minoría del proceso, creo que hay mucha gente que como yo, nunca he sido independentista. Al contrario, estoy por superar las fronteras, no por que haya mas fronteras. Las fronteras solo existen para los pobres, lo tengo clarísimo. No tengo ningún interés en crear un nuevo estado. Ahora bien, mucha gente como yo, vemos que en la coyuntura actual cual es posicionamiento del PP y del PSOE, de los partidos del régimen y por tanto del estado español, de la monarquía y de las oligarquías financieras que están presionando muchísimo contra el proceso catalán. Por eso decía que la movilización por el derecho a decidir tiene este componente antirrégimen y que por eso mucha gente nos planteamos votar “si-si”, pero no para separarnos de España e irnos solos, sino para replantear las relaciones y poder abrir procesos que discutan una nueva institucionalidad. En ese sentido pongamos que si hubiera una declaración unilateral de independencia, eso no nos convierte en independientes pero se abriría un proceso radicalmente nuevo, que incontestablemente generara efectos, que obligará al estado a negociar. Sin duda esa situación significaría que las cosas se muevan desde la base y eso puede dar lugar por ejemplo a que haya una descentralización del poder que vaya hacia un estado confederal en un proceso que implicaría al conjunto del estado y no tendría que desembocar en la separación de territorios.

Orencio Osuna | Pero también podría ocurrir que esas decisiones unilaterales acaben derivando en una división dentro de la propia sociedad catalana. Seguramente por el derecho a decidir puede haber una clara mayoría social, pero por la independencia incluso los sondeos de opinión cuestionan que sea una opción mayoritaria. Imaginemos una situación de política ficción como sería que el Parlament decide por mayoría de los diputados la independencia, pero que  otras instituciones y organismos catalanes no consideran legítima ni legal esa decisión, entonces seguramente se abriría una brecha de proporciones enormes imprevisibles. Encima un proceso liderado por un nacionalismo neoliberal como el de CiU…

Mucha gente nos planteamos votar “sí-sí”, pero no para separarnos de España e irnos solos, sino para replantear las relaciones y poder abrir procesos que discutan una nueva institucionalidad

Ada Colau | CiU, no lo olvidemos, que  sido la pieza clave del régimen que ha permitido la gobernabilidad a PP y PSOE, son los mismos intereses…

Orencio Osuna | Si repasamos un poco los escenarios socio políticos, los diagnósticos que hay en este momento en la sociedad catalana son prácticamente idénticos a los de la sociedad catalana: desempleo, desigualdad, pobreza, corrupción, falta de democracia. Otra cosa es la reestructuración del poder político territorial, la justa exigencia de que Catalunya tenga su soberanía para decidir, de igual modo que hay que cambiar otras instituciones y poderes del estado. ¿como afrontamos eso juntos? Esa es la gran pregunta que ahora la izquierda transformadora española debe hacerse.

Ada Colau | Yo también puedo devolverte la interpelación. ¿Entonces en España tiene que haber más movilización? Y tiene también que haber unos actores políticos con los que se pueda debatir un proceso de cambio real, con unas propuestas concretas. Hasta la reciente aparición de Podemos prácticamente no había posibilidades de confluir con otros procesos de cambio. Me parece que el surgimiento de Podemos representa una gran esperanza para todos los que deseamos un gran cambio que nos permita que entre todos se puedan afrontar los problemas que tenemos en común  tanto en Catalunya como en España. El proceso de movilización que se inició con el 15-M y continuó con las mareas ciudadanas puede encontrar su expresión política en Podemos. Pero debemos tener en cuenta que hasta la aparición de Podemos no había ninguna expectativa y que, en consecuencia, mucha gente en Catalunya piensa que si no hay unas propuestas que permitan otro escenario, entonces la planteamos en clave catalana.

Orencio Osuna |  En la casta española no se reconoce una España plurinacional que respete las soberanías nacionales. Pero esa no es la única España, aunque haya nacionalistas identitarios que les interese reducirla a una caterva de fachas y de autoritarios castizos. Hoy una fuerza emergente como Podemos es un interlocutor muy identificado con un cambio profundo en toda España. Me parece que también hay la España republicana, federalista, que aún tiene 150.000 personas enterradas en las cunetas, la de la lucha contra el franquismo, contra los recortes.

Ada Colau | ¡A mi me lo vas a contar que vengo de la PAH, de un movimiento estatal!. Yo todo eso lo tengo clarísimo. Para mi esta clarísimo que el proceso de discusión democratizador que hay avanzado en Catalunya es una oportunidad para que en España haya ese mismo proceso. Pero, quiero insistir en ello, para que ese proceso catalán pueda llegar a buen puerto, tiene que darse en el conjunto del estado un proceso similar. Pienso que en España ese proceso ya se está dando y que sin duda hay que crear nuevos espacios políticos en los que se puedan desarrollar contactos entre todos los actores políticos que luchan por un cambio en el estado. La crisis del régimen del 78 se está agudizando de modo acelerado y el ciclo electoral puede dar una gran oportunidad a la fuerzas transformadoras como Podemos o las alternativas como Guanyem. Creo que la crisis del régimen tiene que acabar desembocando en un proceso constituyente en el estado y en Catalunya y para ello será necesario que todos trabajemos juntos para derrotar a las fuerzas que se oponen a cualquier cambio que les suponga debilitar sus intereses y privilegios. Me parece que la Constitución del 78 ya no sirve para garantizar la democracia, ni para combatir las desigualdades, ni preservar los derechos sociales, ni tampoco para respetar la plurinacionalidad del estado español. Aunque, lógicamente, no se trata de que no haya aspectos positivos en la constitución que no hayan representado avances respecto al franquismo que se deben preservar.

Orencio Osuna | Van cogiendo fuerza los sectores que tienen una visión de España muy distinta a la que han tenido las oligarquías dominantes, la plutocracia dominante, el pensamiento conservador, hay otra España, la ha habido siempre, que tendrá que recobrar presencia. Hoy va a haber un interlocutor, como Podemos y otros, que pueden participar en  la creación de escenarios donde se debata, donde se conozcan, se miren a los ojos y se planteen nuevas relaciones y proyectos comunes.

Ahora es imprescindible iniciar un nuevo tiempo de cambios que recupere la ciudad para los ciudadanos. Para eso hemos creado Guanyem

Ada Colau | Esos contactos están existiendo, con toda esa gente nos estamos reencontrando en esos espacios. Para mí -y pienso que para toda la gente que queremos un cambio en Catalunya y en Barcelona- es una gran esperanza saber que se está arraigando en la sociedad del estado español una potente idea de cambio, de acabar con un régimen que se degrada día a día. En ese sentido la fuerza que está adquiriendo Podemos resulta una oportunidad para todos de colaboración. Pienso que el apoyo de Podemos a Guanyem es una buena prueba de ello.

Orencio Osuna | Antes hablabas de la constitución del 78, de la necesidad de conservar ciertas cosas. En Barcelona durante muchos años, una cierta izquierda gestionó una transformación enorme. No sólo Barcelona, ciudades como Santa Coloma, Badalona, Hospitalet o Cornellá experimentaron transformaciones enormes, históricas, se podría decir. Pienso que esas transformaciones que se iniciaron en 1977 con los primeros ayuntamientos democráticos, generaron una cultura política, una cultura social, una  visión urbanística…y también muchos cuadros, gestores y técnicos experimentados provenientes de la izquierda organizada, pero también de los movimientos vecinales y sociales. Me ha sorprendido que algunos sectores cercanos a Guanyem pertenecientes concretamente a la CUP, dicen que hay que pedir responsabilidades a los que han estado gobernando. Impugnan a todo aquel que haya estado gobernando antes, como que ya no tienen validez para ser candidatos de Guanyem. Ese tipo de posiciones son muy difíciles de encajar en un proyecto de mayorías y de gobierno, que en coherencia deberían recuperar el bagaje colectivo e individual que ha significado esa experiencia histórica.

Ada Colau | Claro que sí, sin duda  hay que recuperar todo lo mejor y todos las experiencias. Pero hay un matiz: pienso que lo mejor de lo que se ha hecho por parte de los gobiernos de izquierdas aquí en Barcelona es debido sobre todo a la gran capacidad de presión y de demandas que hacía  un ejército social vecinal que decía lo que había que hacer y que fue muy influyente. Eso  es lo que hay que recuperar principalmente. Cuando hubo la gran movilización vecinal de los años 60/70 permitió que los primeros mandatos de los gobiernos municipales democráticos llevasen a cabo una significación muy importante de todos los barrios populares de la ciudad.

Orencio Osuna | Tenéis gente en Guanyem Barcelona que jugó un papel de liderazgo en 9 Barrios, en la Federación de Asociaciones de Vecinos, en el movimiento por la escuela pública y otros sectoriales, en el desarrollo de un urbanismo al servicio de los ciudadanos… Esos cuadros y luchadores sociales no son unos ancianos, son gente comprometida en plenitud de sus capacidades y dispuestos a mantenerse en la lucha ciudadana.

Ada Colau | Hay mucha gente en el movimiento vecinal en Guanyem. Al mismo tiempo tiene que ser posible hacer la critica, esa misma critica que tenemos que hacer a nivel estatal del partido socialista especialmente que cedió completamente a la ofensiva neoliberal y entregó las llaves de la ciudad y puso toda la pista de aterrizaje para que los lobbys se apoderen de nuestra ciudad, y eso se hizo con gobiernos que gozaron de la complicidad de ICV. Por ahí vienen las críticas de la CUP, que antes mencionaste. Nosotros siempre hemos que estamos de acuerdo con hacer una reflexión crítica del pasado, naturalmente nadie puede pedir que no se hagan criticas, que se haga todo el debate necesario para saber que es lo que queremos y que ciertos errores no se vuelvan a cometer nunca más. Pero una vez sentados esos criterios, pienso que  no se trata ahora de hacer revanchas o de decir que todo se ha hecho mal, por que eso seria faltar a la realidad.

Orencio Osuna | En las primeras elecciones municipales de 1977, el PSOE y el PCE sacaron decenas de miles de concejales y miles de alcaldes, muchos de los cuales ni siquiera habían participado en la lucha antifranquista, que venían de la nada, era el cambio, gente nueva, derribar el franquismo…Las transformaciones fueron colosales en todas partes y singularmente en las ciudades gobernadas por la izquierda. Aún así ese ciclo se agotó y  los ayuntamientos acabaron cayendo en manos de una política neoliberal.

Ada Colau | Sí,  yo digo que hay que reivindicar que efectivamente se han hecho cosas bien, pero  porque había una ciudadanía movilizada que dijo…

Orencio Osuna |  …que eran ellos mismos los que habían ganado las elecciones.

Ada Colau | ¡Exacto!

Orencio Osuna | Perdona que te interrumpa Ada, si ganaron las elecciones esas fuerzas de transformación fue porque se transformaron en actores políticos y concejales muchos de los que dirigían los movimientos sociales. Quizá ahí se vaciaron los movimientos sociales que, poco a poco, perdiendo fuerza. Pienso más bien que de los representantes de esos movimientos se nutrieron masivamente las fuerzas de gobierno en muchos ayuntamientos.

Ada Colau | En ese inicio no hay ningún debate, el debate está en que momento hay un punto de inflexión ahí, algunos hablan que puede fijarse en 1992 con las Olimpiadas, con  la  apertura al mar, hay grandes obras y se organizan zonas pero, por ejemplo no se aprovecha el parque de vivienda social que hoy necesitamos como agua de mayo. Un gobierno progresista quizá tendría que haber pensado en hacer vivienda social no dejarlo todo al mercado privado como se hizo. A mi me parece que a partir de ahí empieza una dinámica de privatización social que no ha parado hasta hoy. Esa dinámica no es responsabilidad del último gobierno de CiU, viene de lejos ya. El modelo que se acabó imponiendo convirtió a Barcelona en una marca internacional, tuvo cosas buenas, incluso convertirse en un lugar de atracción turística, pero todo eso se ha hecho sin control publico y democrático, ha llevado a la pérdida de control absoluto de la ciudad. No vamos a renunciar a hacer esa crítica porque precisamente hay que aprender de ella y no repetirla.

Orencio Osuna | El régimen 78 ahora es una catástrofe, pero fue fruto de una correlación de fuerzas  en la que intervinieron la  los movimientos obreros, los movimientos vecinales, los partidos clandestinos, los movimientos sectoriales. Eran decenas de miles de cuadros jóvenes que salían de la ilegalidad e incluso de la cárcel, que influyeron en los acontecimientos y en el régimen de la transición. Cada momento incuba lo que va a ser luego, en este caso ese régimen ha degenerado y está caduco. La escenificación de clausura del congreso constituyente de Podemos fue una metáfora de lo que quiero decir: primero intervino un señor anciano que habló de la república y de su defensa contra el fascismo y que ahora estaba por un proyecto de cambio, de acabar con todo esto, después Monedero exaltó la lucha de la generación que luchó contra el franquismo de todos los de la lucha anti-franquista, de los cuadros de la lucha de rebelión, de impugnación, de voluntad de cambio y el colofón del acto fue cantar  “L´Estaca” en catalán. ¿Cómo no vamos a criticar la lucha antifranquista? ¿cómo no vamos a criticar el régimen del 78? ¿cómo no vamos a criticar unas ciudades que han caído en manos de los intereses privados?, pero también es necesario respetar y conocer los logros anteriores si se quiere conectar con los sectores sociales que las han vivido directamente.

Ada Colau | Totalmente de acuerdo pero, por ejemplo en muchos de los barrios que gozaron de unas transformaciones muy importantes, hoy hay desahucios masivos, un empobrecimiento acelerado y un deterioro creciente de los servicios públicos. Ahora es imprescindible iniciar un nuevo tiempo de cambios que recupere la ciudad para los ciudadanos. Para eso hemos creado Guanyem.

 

Fotos: Juan Guerrero

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Declaración conjunta de la red y los autores culturales sobre el Proyecto de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Mar, 11/11/2014 - 09:00

canonaede-2El pasado 14 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (texto publicado en el B.O.C.G. el 21 de febrero).

Este proyecto de Ley, arcaico en su concepción, recorta numerosos derechos en España, afecta muy negativamente a amplios sectores de la sociedad, pone en peligro la cultura libre y cuestiona el funcionamiento de internet, limitando la cita y el enlace a una actividad meramente mercantil.

Esto ha generado un rechazo inmediato y casi unánime desde todos los ámbitos posibles por los motivos que exponemos sintéticamente a continuación.

1. La protección de la propiedad intelectual en internet no se garantiza imponiendo cánones o tasas arbitrarios. Por el bien de la economía española, ha de garantizarse la sostenibilidad de los creadores digitales en su conjunto, no sólo de una parte. Un sector se desarrolla fomentando los nuevos modelos de negocio digitales en lugar de destruirlos. Cualquier derecho nace del diálogo entre todas las partes afectadas.

2. La Constitución Española consagra, en su artículo 20, el derecho fundamental “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, lo cual debe conjugarse con cualquier derecho de propiedad, pero jamás anularlo.

3. Adicionalmente, esta ley cercena otros derechos fundamentales, afecta a valores democráticos esenciales y limita el libre acceso a la información y a la cultura. Ignora la declaración de los Derechos Humanos, conculca derechos constitucionales como la libertad de expresión y la libre creación, viola el secreto de las comunicaciones, es un ataque directo a la neutralidad de la red y no respeta un derecho individual básico: que cada cual ofrezca su obra bajo las condiciones que considere oportunas.

4. La figura del “derecho irrenunciable” derivado de citar textos en internet afectaría sin excepción a todos los creadores y les impediría renunciar voluntariamente a ese derecho. Ello pondrá en serio peligro las licencias Creative Commons, ampliamente extendidas y que actualmente ofrecen cobertura jurídica a los derechos de autor de una parte muy significativa de los contenidos de la Red. Nos encontramos ante una imposición del “copyright” sobre los partidarios del “copyleft” que vulnera derechos e intereses colectivos en lugar de garantizarlos y favorece que la recaudación se concentre en muy pocas manos.

5. Lejos de ser una amenaza, los agregadores de noticias y otras herramientas digitales que enlazan y citan al medio de origen, tales como buscadores, redes sociales o blogs, favorecen el libre acceso ciudadano a la información y generan un amplio tráfico hacia los medios de comunicación. Además, siendo el derecho de cita la esencia del Periodismo, esta ley amenaza frontalmente su ejercicio. Criminalizar los enlaces genera una inseguridad jurídica que cuestiona los fundamentos y el uso de internet. Garantizarlos, respetando los derechos, beneficia a todos: usuarios, herramientas y medios de comunicación.

6. La mal llamada “tasa Google” ha sido impulsada sólo por una parte del colectivo de editores, los integrados en AEDE. Otras asociaciones y editores se oponen a esta medida. AEDE debería considerar las consecuencias económicas que supondrá para sus socios salir de los indexadores y las desastrosas consecuencias para sus empleados, como recortes salariales y pérdidas de empleo. Este canon de AEDE aumentará aún más la precariedad de un sector tremendamente castigado por la crisis.

7. La entrada en vigor de esta Ley supone una tasa adicional para el conocimiento. La entidad de gestión de derechos CEDRO recauda actualmente de los profesionales de todo el sistema educativo. La nueva ley establece que las Universidades paguen también por los contenidos que los profesores publican para sus alumnos, y que hasta hoy se acogían a licencias Creative Commons. CEDRO recaudará en régimen de monopolio un canon de 5 euros por alumno. Consideramos esto un atentado contra la Educación, la investigación y los textos académicos, que pasarán a estar regidos por el “copyright” en lugar de ser de dominio público.

8. Este canon, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de cuantía no determinada por la ley, actúa en detrimento de la justa recompensa a los autores y supone una subvención encubierta a los editores, a quienes el art. 2 de la Directiva 2001 de Propiedad Intelectual NO INCLUYE como beneficiarios de derechos de propiedad intelectual, y que pese a ello se llevan el 45% de la recaudación de CEDRO. Es significativo que la redacción de la ley se refiera sólo a las “industrias culturales” ignorando expresamente a “los autores”, agravando una situación que ya se inició con la pérdida de derechos de los periodistas a favor de los editores por la confección de “clippings” (resúmenes de prensa).

9. Se elimina “de facto” el derecho de copia privada, vinculándolo a la copia material de un soporte físico, práctica ésta casi inexistente en la era digital. La copia privada de una obra es un uso legitimo que existía antes de internet y seguirá existiendo tras esta reforma. Gravar con un canon a la copia privada equivale a imponer una multa preventiva a cada ciudadano ante un hipotético uso delictivo, por más que éste nunca suceda. Criminalizar al consumidor con fines recaudatorios no es el camino.

10. No han de apoyarse medidas de control de la “piratería” que pongan en peligro la esencia misma de la red. Oponerse a esas medidas no implica respaldar la caricatura del “todo gratis”. Es preciso desarrollar un nuevo marco de protección de la industria cultural que tenga en cuenta las particularidades de la era digital y sirva para lo que nació este tipo de legislación: fomentar la práctica de la cultura ofreciendo una compensación económica a los autores.

11. Esta Reforma debería incluir medidas de acompañamiento que apoyen el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en internet, así como la mejora de los ya existentes. De no hacerlo, perjudicará la innovación de los sectores afectados y perpetuará un modelo de distribución cultural y de acceso a la información manifiestamente caduco.

12. Esta reforma de la LPI aparenta ser producto de una dinámica de corruptelas entre lobbies y el poder político, evidenciado por el reciente relevo de directores en los principales diarios nacionales y la escenificación de la reforma de la ley presentándola con una fotografía del presidente de la AEDE junto a la vicepresidenta del Gobierno. Esto pone bajo sospecha a unos y a otros, si consideramos la proximidad de procesos electorales.

CONCLUSIÓN:

La reforma de esta ley, tal cual se ha redactado, está abocada al fracaso y le auguramos muy corto recorrido, pues no se adecúa a la realidad ni cubre las necesidades de los sectores y agentes implicados. Es un freno para el desarrollo de la cultura libre y la industria, inasumible en tiempos de dificultades económicas, en los que es preciso primar la innovación y favorecer el surgimiento de nuevos mercados emergentes, en los que España demuestra un enorme potencial.

Además, contiene innumerables ambigüedades e indefiniciones, que una ley de esta envergadura no puede permitirse, ya que abre la puerta a una aplicación discrecional y a graves efectos colaterales indeseados.

Por todo ello, instamos al Gobierno a reconsiderar y retirar esta reforma y a abrir con todos los sectores afectados el diálogo que estos reclaman desde hace meses para aportar soluciones más adecuadas a la nueva realidad que plantea la sociedad digital.

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad para participar, aportar, comprometerse y difundir la campaña de rechazo al #CanonAEDE difundiendo tanto esta declaración como sus actos, acciones e iniciativas.

#canonAEDE
http://canonaede.es

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Monarquía bipartidista con secuelas de franquismo

Mar, 11/11/2014 - 07:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

María Servini, jueza instructora de la querella en Argentina por crímenes del franquismo, ha ordenado, por aplicación de la justicia universal, la detención de 20 presuntos criminales franquistas de lesa humanidad. Ocho eran ministros durante la dictadura, responsables de las últimas sentencias de muerte del franquismo o del asesinato de cinco trabajadores y más de cien heridos en la ciudad vasca de Vitoria. Dos peticiones anteriores de extradición de sendos torturadores fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Qué pasará con esta nueva petición de extradición? No parece que sea atendida, pues, como denuncia Tomás F. Ruiz, incluso “aunque el PSOE gobernara en un futuro próximo, no entregaría a la justicia argentina a esos veinte acusados de crímenes. Gozan de una impunidad previamente pactada”.

Todos los gobiernos de España desde 1977 han respetado el obsceno pacto de silencio de los crímenes del franquismo. Por eso aún hay 150.000 desaparecidos por la Guerra Civil y la represión franquista posterior. “En España se oculta uno de los peores genocidios del siglo XX – ha denunciado el abogado Carlos Slepoy, promotor de la querella por los crímenes del franquismo-. Se habla de la Guerra Civil como enfrentamiento entre hermanos, pero fue un plan premeditado para eliminar a los sectores de sociedad española opuestos a la dictadura franquista.”

En 1946, la Asamblea General de la ONU declaró que, “el Gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias fascista y nazi y no representa al pueblo español”. Y el más cercano 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó otra vez al régimen franquista por sistemáticas violaciones de derechos en España de 1939 a 1975, porque “hay suficientes pruebas de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista”.

Pero el franquismo no desaparece. En una España con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, según informe del propio Ministerio del Interior, que hace de este país “uno de los más seguros de Europa”; en un país donde en un par de años ha habido miles de manifestaciones sin incidentes graves (salvo unos pocos causados por provocadores), el Partido Popular decide reformar el Código Penal y saca de la chistera una innecesaria y represora ley de Seguridad Ciudadana a la que la sabiduría ciudadana ha bautizado como Ley Mordaza.

La nueva normativa supone que manifestarse en transportes y alterar su funcionamiento se castigue con multas de 30.001 a 600.000 euros. Que organizar manifestaciones donde haya incidentes, y los incidentes son fáciles de provocar, puede costar un año de prisión. Que impedir un desahucio cueste 30.000 euros de multa. Que manifestarse en una oficina bancaria cueste 6 años de prisión. Que la policía pueda disolver movilizaciones sólo por sospechas, sin más. Que vigilantes de empresas de seguridad privada puedan controlar el orden público. Y que la resistencia pasiva no violenta se castigue con multas de 30.000 euros. Gandhi lo tendría crudo en esta España neofranquista. Lo hubieran arruinado a multas.

Carlos Martínez ha denunciado que “ya no hay presunción de inocencia, porque la simple acusación de un policía convertirá en culpables a los ciudadanos. Y los provocadores infiltrados lograrán que quienes convoquen una manifestación pacífica o participen en ella puedan ser condenados. Los grupos informativos en huelgas, directamente a la cárcel. Los pacíficos escraches podrán ser delito con suma facilidad. Pintar un graffiti será delito de daños…”.

A los viejos del lugar, todo esto nos recuerda mucho la dictadura franquista. Las nuevas leyes son una pérdida clara de derechos, porque limitan todas las libertades para liquidar la protesta social y ciudadana. Como en la dictadura. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la ley de Seguridad Privada apestan a franquismo. Tal vez porque los actuales gobernantes y mandatarios del Reino de España tienen nostalgia de lo que hacían sin cortapisas en la dictadura sus abuelos, padres, tíos y suegros.

Y, si alguien aún duda de que este país continúa siendo bastante franquista, sepa que el Regimiento de Caballería Acorazada Lusitania 8, se ha entrenado con material antidisturbios para “contención y control de masas civiles”. Como en las dictaduras latinoamericanas.

Artículo publicado en elmercuriodigital

Xacata

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Por qué surgió el 15-M y por qué le siguió Podemos

Lun, 10/11/2014 - 13:00

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España

Una de las percepciones que el establishment político-mediático (la estructura de poder reflejada en las instituciones políticas y en los mayores medios de información) del país ha promovido con mayor intensidad ha sido que la transición de la dictadura a la democracia fue modélica pues, según se nos dice, pasamos, sin mayores perjuicios, de una dictadura a una democracia homologable a cualquier otra democracia de nuestro entorno.

Se mire como se mire, es obvio, sin embargo, que la realidad contrasta con esta visión idealizada de la Transición. La democracia española es una democracia de muy baja calidad, constantemente gestionada y vigilada por los poderes financieros y económicos, que marcan las pautas de comportamiento de las instituciones llamadas representativas, definiendo lo que es aceptable o no en el discurso oficial del país y que determinan las políticas públicas de los partidos políticos que gobiernan. Indicadores de esta baja calidad hay muchísimos. El servilismo de los medios de información hacia la Monarquía y la Corona; la falta de diversidad ideológica en los medios, con una clara discriminación hacia los autores críticos con el sistema de poder (de clase y de género) existente en el país, con la práctica ausencia de medios de comunicación de izquierdas; el sistema electoral, que produce unas instituciones escasamente representativas; la escasa capacidad redistributiva del Estado; su gran regresividad y el elevado fraude fiscal; su limitadísima dimensión social, con una gran pobreza de las transferencias (como las pensiones) y servicios (como sanidad y educación) públicos del Estado del Bienestar; su elevada y masiva corrupción; la práctica inexistencia de formas de participación democrática directa, como referendos; y la escasa democratización de los partidos, capturados por aparatos que se eternizan, transformando la política en un politiqueo entre élites partidistas. Todos estos hechos, y otros, muestran el enorme déficit democrático que hay en España, y que se debe a que, en contra de lo que indica la sabiduría convencional del país, no hubo nada modélico en aquella transición. En realidad, fue profundamente inmodélica.

Y es lógico y predecible que no fuera modélica, pues la Transición se hizo en términos sumamente desiguales. En un lado de la mesa de negociación estaba la derecha española (que en términos europeos era, y continúa siendo, equivalente a la ultraderecha en el abanico parlamentario europeo), heredera de los grupos y clases dominantes existentes durante la dictadura, que controlaban el Estado dictatorial y la mayoría de los medios de información y persuasión. Al otro lado de la mesa estaban las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas y que acababan de salir de la clandestinidad, de la cárcel o del exilio. No era una negociación entre iguales. Se hizo bajo el dominio de los primeros. Como consecuencia de ello, no hubo una ruptura con el Estado anterior, sino una apertura de aquel Estado para integrar, predominantemente al PSOE, dentro de él, gracias a un sistema electoral que favorecía el bipartidismo. La ausencia de ruptura quedó plasmada en el enorme dominio que las derechas post-franquistas continuaron teniendo en el aparato del Estado. La mayoría de las élites de las distintas ramas del Estado eran personajes profundamente conservadores, cuando no nostálgicos del régimen anterior. Desde el sistema judicial hasta las instituciones paraestatales como las Reales Academias, había un dominio por parte de las derechas ultranacionalistas españolas de todos estos aparatos, los cuales fueron abriéndose para recibir y coaptar a individuos pertenecientes a las izquierdas mayoritarias gobernantes, estableciendo un Estado bipartidista bajo el dominio político y la hegemonía ideológica conservadores. Una característica de este dominio era la ideología que el aparato del Estado transmitía, definiendo como utopía irrealizable, fantasiosa, demagógica o cualquier epíteto peyorativo (de los muchos que las derechas utilizan en su narrativa vulgar y profundamente agresiva) cualquier política pública alternativa (fuera económica o social) que cuestionara la sabiduría convencional promovida para el servicio de los intereses económicos y financieros que tutelaban dicho Estado. La continuidad de la estructura de poder dentro del Estado y de sus comportamientos ha sido arrolladora. Un síntoma de ello es la permanencia de la corrupción y su gran extensión.

¿Cuándo surge el descontento con este estado de cosas?

Las nuevas generaciones que han ido apareciendo cuestionan la escasa democracia existente en España. Su deseo no era solo dejar atrás la dictadura, como habían intentado las generaciones anteriores, sino crear una democracia mucho más desarrollada, lo que requería una ruptura con o transformación profunda de las estructuras del Estado heredado de la dictadura, todavía controlado por las fuerzas conservadoras, las cuales dificultan la realización de ese deseo. Ni que decir tiene que hubo en el periodo post-transición cambios significativos y notables que afectaron positivamente al bienestar de la población, estableciéndose el Estado del Bienestar, incluyendo, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud. Pero el dominio conservador explica que éste continuara muy poco financiado, siendo España uno de los países con uno de los gastos públicos sanitarios más bajos y uno de los gastos privados sanitarios más altos de la UE-15. España se gastaba y continúa gastándose en sanidad, por ejemplo, mucho menos de lo que le correspondería por el nivel de riqueza económica que tiene.

El crecimiento de la concienciación sobre las insuficiencias del Estado (y muy en particular del Estado del Bienestar) ha ido mano a mano con la realización de que el Estado no representa los intereses de la población, sino los intereses financieros y empresariales entrelazados con el Estado. Este maridaje apareció con toda intensidad cuando se inició la crisis, respondiendo el Estado a tal crisis con medidas no enunciadas en las ofertas electorales de los partidos gobernantes. Este fue el origen del 15-M, que con sus eslóganes definió bien la naturaleza del problema. “No nos representan”, “No hay pan para tanto chorizo”, “Lo llaman democracia y no lo es” y un largo etcétera. La mayoría de la población pronto se identificó con este movimiento, llamado de los indignados, coincidiendo en su denuncia del estado de las cosas en el país.

La madurez de dicho movimiento ha sido la causa de que apareciera Podemos, cuyo eslogan es una llamada a la movilización y a la acción, con plena conciencia del poder de la población cuando se moviliza. Esta movilización exige una Segunda Transición, que consiste en la plena realización de la democracia en España y que pasa no solo por un cambio profundo de la vía representativa (incluyendo de los partidos políticos), sino también por una introducción y expansión de la democracia con el establecimiento en todos los niveles del Estado (sea a nivel central, autonómico o local) de formas de democracia directa, incluyendo referendos, que sean la expresión de lo que se ha venido a llamar derecho a decidir. Este derecho tiene que basarse en el derecho a elegir, con plena exposición de todas las sensibilidades políticas dentro de un abanico mediático plural y auténticamente democrático. Esta demanda de una auténtica democracia es hoy un ataque frontal al establishment político y mediático que domina el país.

Esta exigencia de democracia real es incompatible con las elevadas desigualdades de riqueza existentes en el país, unas de las mayores en la UE-15. El abusivo poder de la banca, por ejemplo, sobre los partidos y sobre los medios limita, vicia y corrompe a la democracia actual. Como también la corrompe la complicidad de las élites financieras y empresariales con los partidos políticos, principal causa de la corrupción en el país. Y es ahí donde las reformas políticas se deberían realizar. Esta corrupción es intrínseca a la naturaleza del Estado heredado de la dictadura, pues es el Estado mismo el que protege a estos intereses financieros y económicos a costa de los intereses generales. Las políticas neoliberales de austeridad y reformas laborales regresivas impuestas por el Estado a la población son un indicador de ello. Todo esto explica que en España, la persona que no esté indignada es que no conoce bien qué es lo que ocurre en este país. De ahí que al 15-M le siga Podemos, que intenta canalizar esta indignación. Y como era y es predecible, la respuesta del establishment ha sido definirlo como un movimiento utópico, con propuestas “irrealizables”, “fantasiosas” y otros insultos, cuando, en realidad, la mayoría son propuestas muy razonables y de sentido común. Es una señal del deterioro del sistema llamado democrático en España que el sentido común se haya convertido en una fuerza amenazante para la continuidad del sistema político mediático actual.

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Atículo publicado en Público.es
vnavarro.org

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Análisis de una ley a tumbar

Lun, 10/11/2014 - 09:00

David Bravoeldiario.es

Frente a aquellos que consideran piratería prácticamente cualquier copia no autorizada y que creen que la represión es la única vía para combatirla, vienen luchando desde hace años los que piensan que el libre acceso a la cultura es un valor que debe ser protegido.

Ese interés social no es incompatible con otro interés también social: el de que los creadores vean remunerado su trabajo para que sigan creando obras a las que luego poder acceder con esa libertad. Descartando la persecución de los ciudadanos que realizan copias, personas como Richard Stallman y el profesor William Fisher llevan años proponiendo sistemas de remuneración para los creadores que no impiden la libre circulación de las obras intelectuales.

Intentando llevar esta teoría a la práctica, en Francia se planteó como sistema de remuneración para los creadores la Licencia General Opcional, que fue rápidamente tumbada por los lobbies de la industria, que lo consideraban levantar una bandera blanca ante un enemigo que todavía se podía derrotar.

Pese a la existencia de las dos posturas y las decenas de ellas que se sitúan en medio de ambas con matices de menor o mayor trascendencia, los medios de comunicación únicamente emiten, como verdad única y universal, aquella que es defendida por las multinacionales titulares de derechos. Pretende asentarse así un pensamiento único que se presenta a sí mismo, más que como una opción ideológica, como irrefutable sentido común.

Fomentando el adoctrinamiento

La Ley de Propiedad Intelectual, cuyas enmiendas se aprobaron el martes en el Congreso y que está a un paso de ser definitivamente aprobada, no solo es la traslación a una ley de cada uno de los deseos de la industria, sino que institucionaliza también sus ideas como única opción. La futura Ley obliga a las entidades de gestión a invertir sus recursos en promover campañas “de formación, educación o sensibilización sobre oferta y consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas de lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual”.

Más allá de institucionalizar a una sola de las tesis en debate como única opción posible, resulta sorprendente que una ley pueda marcar las directrices ideológicas de asociaciones privadas. No cabe duda, siendo como son, de que las ocho entidades de gestión actuales estarán encantadas con esta obligación, pero piénsese en la posibilidad de que nazca una nueva entidad de gestión -por ejemplo de autores copyleft- que tenga planteamientos e intereses muy distintos a la lucha contra lo que esta ley considera una vulneración de derechos y que son actividades de lo más cotidianas, y que, sin embargo, se encuentra legalmente obligada a realizar y financiar campañas a años luz de sus principios, filosofía y maneras de entender los conflictos con la propiedad intelectual.

La Comisión Sinde-Wert

La Comisión Sinde quedará fortalecida. Ahora podrá actuar contra cualquier página o servicio que, a su juicio -y que no suele coincidir con el de los jueces- vulnere derechos de propiedad intelectual. Pese a que en el Proyecto de Ley se incluía que la supuesta infracción debía ser “significativa”, ese requisito ahora se anula, quedando a criterio de esa Comisión decidir si debe o no iniciarse el procedimiento.

Por otro lado, aunque ya vienen haciéndolo sin necesidad de esta reforma, la futura Ley de Propiedad Intelectual permite que el procedimiento se dirija contra las páginas de enlaces, salvando así las reiteradas sentencias y resoluciones que vienen considerando que estas páginas no infringen derechos de propiedad intelectual.

Y no solo eso, la Comisión Sinde-Wert ahora podrá adoptar medidas para interrumpir un servicio, podrá cerrar una página web e incluso multar con hasta 300.000 euros a aquellos que considere que reanudan la infracción. No hay que pasar por alto que actualmente la Comisión Sinde viene considerando que reanudan la infracción incluso foros de internet que han retirado los contenidos o enlaces controvertidos pero que después estos han vuelto a ser subidos por sus usuarios.

Es evidente la inseguridad en la que se encontrarán servicios como YouTube o, en general, cualquiera cuyos contenidos son aportados por sus usuarios. De hecho, incluso con la ley actual, la Comisión Sinde ya ha solicitado el cierre de la web Goear, un YouTube español que tiene la particularidad de que aloja archivos de audio en lugar de vídeo, y ello con la excusa de que parte de los archivos retirados por el servicio han vuelto a ser subidos por sus usuarios.

El Canon AEDE

La futura LPI dice que las webs que agregan fragmentos no significativos de obras divulgadas en publicaciones periódicas tienen que pagar una remuneración al editor de la publicación.

Llamado por los medios a los que beneficia, “tasa Google”, para que creamos que esto es una pelea entre millonarios que ni nos va ni nos viene, el canon AEDE afectará sin embargo a múltiples servicios que puedan entrar en esa amplia definición legal. Agregadores de contenidos como Menéame pueden encajar perfectamente y es de prever que, cuando entre en vigor la ley, su viabilidad en este país estará seriamente comprometida.

La copia privada

Apenas existía ya y ahora es meramente testimonial. La copia privada, que queda ahora casi emparentada con la mera copia de seguridad, será la que haces de un original, de la tele o de la radio. Básicamente las copias que hace en esta temporada la familia Alcántara. ¿Cuál es la razón por la que se deja esta anacrónica definición de copia privada cuando bien podrían ya simplemente quitarla? Pues porque necesitan dejarla para justificar legalmente el canonque grava esas copias y que ahora está a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Con esta ley, la industria de los contenidos sigue ganando batallas sobre el papel. Sin embargo, la realidad de ahí fuera, mucho más tozuda, lleva años demostrando que este tipo de reformas no son más que un aliciente para hacer más sofisticadas las herramientas que se usan para compartir. Con esta decisión varias veces ratificada de no adaptarse a la nueva realidad que les ha tocado vivir, me temo que esta industria de los contenidos caerá. Nos culparán a nosotros y no a esa estúpida ilusión, a esa idiota obstinación, de agarrar con sus manos un río de unos y ceros.

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La gran empresa no sabe lo que dice o cree que los españoles somos tontos

Lun, 10/11/2014 - 07:00

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

El  Consejo Empresarial para la Competitividad que agrupa a las 18 empresas más grandes de España acaba de hacer público un informe con propuestas para crear 2,3 millones de empleos hasta 2018 que es un verdadero insulto a la inteligencia de los españoles.

1. Para combatir el paro propone combatir la economía sumergida. Una buena propuesta pero que no contempla sus dos expresiones más sangrantes: la utilización de paraísos fiscales para evadir impuestos y poder cometer todo tipo de tropelías financieras y el fraude fiscal que realizan las grandes empresas.

Si estos grandes empresarios quieren acabar con la economía sumergida deben empezar por repatriar el dinero que se han llevado a esos paraísos y ponerlo al día con Hacienda, comprometerse a no utilizarlos nunca más y acabar con sus prácticas fiscales fraudulentas y elusivas, especialmente en el impuesto de sociedades.

2. Olvidan también estos responsables de la gran empresa que los contratos informales y el fraude laboral son en gran medida el resultado de las políticas de externalización y subcontratación abusiva y de la presión constante sobre las pymes que vienen practicando en los últimos años para ahorrarse trabajo asalariado y costes laborales.

Si quieren acabar con este tipo de fraude no es necesario, como proponen, que haya más inspectores laborales sino que la gran empresa asuma un código de comportamiento diferente y se comprometa a no seguir recurriendo a esta vía degenerada de utilización de la fuera de trabajo.

3. La gran empresa afirma que busca reducir el paro pero propone que suba el IVA (con tal de que no suba su contribución al fisco), lo que claramente supone un aumento en los precios que debilita el consumo dirigido a la pequeña y mediana empresa y por tanto, sus ventas, lo que les va a obligar a reducir aún más sus plantillas.

4. La gran empresa propone aumentar el tamaño medio de las empresas pero lo cierto es que en España son las grandes empresas las que más empleo han destruido en los últimos años, de modo que simplemente aumentando su tamaño no se va a conseguir que se creen más puestos de trabajo sino quizá todo lo contrario. Las grandes empresas del IBEX 35 han destruido más de 200.000 en los últimos tres años.

5. La gran empresa se preocupa por las cuentas públicas pero lo que propone es reducir el gasto que es lo que puede hacer que haya más empleo público y privado. Y se olvida de que es imposible que se pueda crear empleo y que un país funcione con cierta normalidad cuando las grandes holdings empresariales pagan a Hacienda (cuando lo hacen) un 3,5% de sus beneficios contables o cuando están recibiendo constantes ayudas, como los bancos, sin ningún tipo de contrapartida, o cuando han impuesto normas fiscales que les permiten deducirse los beneficios que obtienen fuera de España.

6. La gran empresa proponer de nuevo flexibilizar el mercado de trabajo para crear empleo, a pesar de que la evidencia empírica reconocida incluso por organismos tan poco sospechosos como la OCDE muestra con toda claridad que la mayor flexibilidad no asegura ni mucho menos que se creen más puestos de trabajo.

7. En materia energética, la gran empresa opta por la utilización de los recursos más peligrosos para la naturaleza y las personas, los menos eficientes (fracking del gas) y los que ni mucho menos son los que pueden crear más empleos.

8. La gran empresa propone para crear empleo que sigan realizándose privatizaciones cuando es una evidencia clamorosa que las empresas privatizadas han perdido siempre empleo, además de ser menos eficientes y aumentar los precios y disminuir la calidad de los bienes o servicios que proporcionan. Solo Telefónica, una de las empresas que ahora dice a los españoles lo que hay que hay que hacer para crear empleo perdió 162.000 puestos de trabajo en los últimos tres años.

9. Los grandes empresarios afirman, con razón, que se crearía empleo si hay más crecimiento de la actividad. Pero, por un lado, olvidan que no todo incremento de la actividad es deseable y crea empleo sino que una parte de ella (y sobre todo la que más ha beneficiado a las grandes empresas en los últimos años, como las grandes infraestructuras) crea empleo a muy corto plazo lo destruye a medio y largo, además de producir grandes daños al planeta. Y, por otro, hacen un planteamiento claremente contradictorio. Para que aumente la actividad deben crecer el consumo de los hogares, la inversión empresarial, el gasto público y las exportaciones netas.

Sin embargo, la gran empresa vuelve a proponer que bajan los salarios (los directos que se reciben de las empresas, los indirectos procedentes de bienes públicos y los diferidos en forma de pensiones) y que suban los precios, lo que inevitablemente debilitará aún más el consumo. Si la gran empresa quisiera de verdad crear empleo lo que tendría que hacer es proponer que suban los salarios para que así aumenten las ventas de las empresas medianas y pequeñas.

Además, la gran empresa no propone nada para resolver la falta de inversión que provoca nuestro paro tan elevado y que se debe a que apenas se reinvierten sus enormes beneficios. Si la gran empresa quiere crear empleo en España simplemente debe acordar la reinversión de una buena parte de los beneficios gigantescos que viene obteniendo incluso en medio de una crisis tan grande como la que vivimos.

La gran empresa, como he dicho, propone nuevos recortes del gasto público, lo que también debilitará aún más el crecimiento. Y se centra en el fomento de las exportaciones para que aumente pero esa es una vía muy poco efectiva a corto y medio y plazo. Primero, porque hay muy pocas empresas exportadoras, segundo porque sus exportaciones tienen un gran componente de importaciones y buena parte de lo comido se va por lo servido. Y, además, porque sin previo impulso de la innovación y la calidad (para lo que hace falta mucho más capital social y gasto público productivo) solo se podría competir bajando aún más los salarios, lo que debilita, por otro lado, el crecimiento.

Si la gran empresa quiere que se cree empleo lo que debe proponer es justamente lo contrario de lo que propone y dejar ya de predicar las medidas que justamente han hecho que en España el paro haya aumentado de forma tan extraordinaria.

10. Finalmente, los dirigentes de la gran empresa hablan, también con razón, de que es preciso que las instituciones funcionen y que se acabe con la corrupción. Pero olvidan que la corrupción que vivimos se ha producido justamente a su servicio. La prueba de ello es que son sus consejos de administración los que están poblados de los políticos que tomaron las decisiones que nos están avergonzando a todos.

Es un insulto a los españoles que sean representantes de empresas como Telefónica o el Banco de Santander los que les digan lo que hay que hacer para acabar con la corrupción. El señor Alierta es un delincuente que solo se libró de ser condenado porque una justicia igualmente corrupta dejó que su delito prescribiese. El Banco de Santander ha estado dirigido por otros que han tenido que ser vergonzosamente indultados o que han tenido que utilizar constantemente su poder político para evitar que fueran procesados. Y es en esas mismas empresas que nos quieren enseñar el camino para acabar con la corrupción donde se cobijan con sueldos multimillonarios personas de comportamientos tan poco ejemplares y dañinos para la economía y el empleo como Rato, Acebes, Zaplana, Solbes y compañía.

La gran empresa es fundamental para que España salga de la situación en la que se encuentra pero no puede seguir imponiendo a los demás la norma actual. Los beneficios no pueden ser solo las grandes empresas y las cargas para el resto de la sociedad. Hay que repartir y combatir la desigualdad y el deterioro de los sueldos y salarios que es la causa auténtica de nuestro altísimo nivel de desempleo. Y hay que reclamar que todas esas grandes empresas actúen con transparencia y responsabilidad ante la sociedad y que a su cabeza estén personas inteligentes y a prueba de toda deshonestidad.

Publicado en Público.es

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