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Justicia económica global
Actualizado: hace 2 horas 3 mins

El tormento de Gaza y los crímenes de Israel son nuestra responsabilidad

Sáb, 26/07/2014 - 13:00

Noam Chomsky - La Jornada

A las tres de la madrugada del 9 de julio, en medio del más reciente ejercicio de la barbarie israelí, recibí la llamada telefónica de un joven periodista palestino en Gaza. Al fondo podía escuchar los gritos de su hijo pequeño en medio de las explosiones y el rugir de los jets que disparaban contra cualquier civil que se moviera, y también contra hogares.
Este joven acababa de ver estallar por los aires a un amigo suyo, quien circulaba en un vehículo claramente marcado como de prensa. Alcanzaba a escuchar los gritos que provenían de la casa vecina, tras la explosión, pero no pudo salir por temor a convertirse en blanco.

Se trata de un barrio tranquilo. No hay objetivos militares… a excepción de los palestinos, quienes son el blanco de la maquinaria de alta tecnología que Israel posee gracias a que Estados Unidos se la proporciona.

Mi amigo dijo que 70 por ciento de las ambulancias fueron destruidas, y que de todos los muertos y heridos cerca de dos tercios son mujeres y niños. Muy pocos activistas de Hamas han sido víctimas de los bombardeos. Siempre son las víctimas acostumbradas.

Es importante entender lo que es la vida en Gaza cuando Israel se comporta de maneramoderada entre una crisis y otra. Una buena representación de esto la reportó el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Mads Gilbert, el valiente físico experto de nacionalidad noruega, quien ha trabajado mucho tiempo en Gaza y vivió la cruel y asesina operación Plomo endurecido. En todos aspectos, la situación es desastrosa.

Sólo en lo que respecta a los niños, Gilbert reporta: “Los niños palestinos en Gaza sufren inmensamente. Gran cantidad padece desnutrición por las condiciones impuestas por el gobierno israelí, debido al bloqueo al territorio palestino de Gaza. La anemia es común en todos los mayores de dos años, a los que afecta en 72.8 por ciento. Desnutrición, baja talla y bajo peso afecta, respectivamente, a 34.3, 31.4 y 31.45 por ciento de todos los niños del territorio. Estos índices empeoran, según cada nueva medición.

Cuando Israel se porta bien al menos dos niños palestinos son asesinados cada semana, y este patrón se ha mantenido durante los últimos 14 años.

La causa de fondo es la ocupación criminal de los territorios palestinos y todas las medidas que se adoptan en Gaza para que su población sobreviva apenas, mientras los palestinos de Cisjordania son obligados a mantenerse dentro de cantones inaccesibles, todo lo cual pone a Israel en una violación flagrante del derecho internacional y resoluciones explícitas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por no hablar de una mínima decencia humana.

Y así continuará mientras Israel sea apoyado por Washington y tolerado por Europa, para nuestra vergüenza eterna.

Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Mass.

Traducción: Gabriela Fonseca

Categorías: Attac Planet

Salario mínimo y empleo juvenil: otra farsa del FMI

Sáb, 26/07/2014 - 11:00

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

El Fondo Monetario Internacional se acaba de sumar a las propuestas de la patronal de reducir el salario mínimo con la excusa de que así disminuiría el paro juvenil. Y para ello, como le ocurre casi siempre, oculta evidencias y recurre a prejuicios bastante alejados de la realidad.

La discusión sobre la influencia de los salarios mínimos en el empleo es antigua y hoy día tenemos evidencias indiscutibles, aunque no por ello exentas de polémica. Quienes asumen como punto de partida las hipótesis del modelo de mercados perfectos concluyen que un salario mínimo superior al de equilibrio hace que las empresas sustituyan trabajo por capital, disminuyendo, por tanto, el empleo. Quienes abordan el problema desde otras posiciones teóricas llegan a conclusiones diferentes: los salarios mínimos pueden tener efectos positivos si llevan consigo un aumento de la productividad o de la demanda global, o pueden tenerlos neutros o inciertos, según el caso. Las evidencias empíricas disponibles más bien tienen a demostrar esto último, es decir, que su efecto general puede ser inconcluso pero no negativo: positivo, nulo o sin apenas relevancia sobre el empleo (sobre este debate, se puede ver mi artículo Más engaños del Banco de España).

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el efecto de los salarios mínimos sobre el empleo juvenil. La evidencias empíricas son más complejas.

Así, los economistas más cercanos a las hipótesis ortodoxas suelen aceptar que, en términos generales, un incremento del 10% en el salario mínimo puede llevar consigo un aumento de entre el 1% y el 3% en el paro juvenil, dependiendo de las diferentes franjas de edad. Pero esto se pone en cuestión en estudios que toman en consideración periodos de expansión económica, como ha ocurrido en España entre 2000 y 2008, cuando se ha podido apreciar que la subida en el salario mínimo no influyó en el desempleo juvenil (Maite Blázquez, Raquel Llorente and Julián Moral. Minimum Wage and Youth Employment Rates in Spain: New Evidence for the Period 2000-2008).

Aunque el efecto del salario mínimo sobre el empleo y el paro juvenil es, por tanto, más complejo que el que tiene sobre el empleo en general, tampoco se pueden establecer conclusiones definitivas, sobre todo, en escenarios abiertos y dispares o de largo plazo.

Para justificar la reducción del salario mínimo como forma de disminuir el paro juvenil en Europa se recurre a una evidencia: los países que no tienen salario mínimo legal tienen una tasa de paro juvenil mucho más baja que los que sí lo tienen. Efectivamente, los cinco países que no tienen salario mínimo legal y que registran menos paro juvenil —Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia— tienen una tasa media de paro juvenil del 14,1%. Por el contrario, los cinco con salario mínimo legal y mayor tasa de paro —Grecia, España, Croacia, Portugal y Eslovaquia— tienen una tasa media del 45,5%.

Pero incluso ese hecho cierto es discutible como argumento para asegurar que la disminución del salario mínimo genera más empleo juvenil. Primero, porque, en realidad, casi todos los países que no tienen salario mínimo legal tienen mínimos salariales por la vía de la negociación, lo que en la práctica viene a ser lo mismo. Y, además, porque hay países de este grupo, como Italia o Chipre, que también tienen un nivel muy elevado de paro juvenil (43% y 37,3% respectivamente). Y otros, como Holanda, que tienen poco paro juvenil (10,8%) y salario mínimo muy elevado (1.469,40 euros). E incluso podría añadirse que el país con menos paro juvenil, Alemania, ha aprobado ya el salario mínimo.

¿Por qué pretender entonces que España se asemeje a la peor de las combinaciones?

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los países con más desempleo entre sus jóvenes no son precisamente los que tienen niveles de salario mínimo más altos (los arriba mencionados entre los que se encuentra España tienen salarios mínimos que se encuentran más o menos en la mitad del espectro). Por el contrario, los países que tienen salarios mínimos más elevados, por encima de 1.200 euros mensuales, son los que tienen una tasa de paro juvenil por debajo de la media europea. Lo cual también dificulta admitir que el recorte en el salario mínimo sea el instrumento que garantice que aumente el empleo juvenil.

El caso español es significativo. Tenemos un salario mínimo bastante bajo (752,85 euros mensuales). En valores absolutos es más o menos de la mitad de los más altos (el 40% del de Luxemburgo y el 50% del belga). Y también es bajo en relación con el salario medio de todos los trabajadores (el 35% en España, 13 puntos menos que en Francia, donde el salario mínimo se acerca más al salario medio). Y, además, nuestro salario mínimo sólo es vinculante para muy pocos trabajadores (el 2%) porque la gran mayoría se encuentra cubierta por convenios colectivos.

Por todo ello, no es fácil demostrar que el salario mínimo existente en España suponga una barrera de entrada considerable al mercado de trabajo en general o en todas las circunstancias y ni siquiera para los jóvenes.

Por el contrario, sí que hay evidencias de la vinculación de nuestro paro juvenil, como del europeo, con otro factor que el FMI y otros defensores de los recortes salariales no contemplan: la relación del paro juvenil con el nivel de actividad.

Diversos estudios demuestran, como he avanzado más arriba, que existe una relación muy estrecha entre el desempleo juvenil y las fases de ciclo económico, aumentando claramente en los procesos de crisis y en los de recesión. De hecho, en el caso europeo reciente es fácil comprobar que los países con nivel del desempleo juvenil más elevado (Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Portugal) han sufrido una caída muy grande en el PIB en la última etapa de crisis y recesión en la que el salario mínimo ha permanecido prácticamente estancado, mientras que mantuvieron niveles más aceptables de empleo en la anterior fase de expansión, cuando hubo salarios mínimos al alza. Y al revés: los países con menor tasa de paro juvenil han sido los que han sufrido menos caída en la actividad económica durante la crisis.

Por tanto, frente a la tesis en la que, no por casualidad ni por primera vez, coinciden la patronal, el Banco de España y ahora el FMI, se pueden establecer, por el contrario, otras tres primeras conclusiones:

- No está demostrado ni se puede afirmar categóricamente que el nivel español de salario mínimo sea la barrera de entrada principal al empleo para los jóvenes y mucho menos para los desempleados en general.

- Lo que sí parece estar claramente vinculado al enorme incremento del paro juvenil es la disminución tan grande que se ha producido en el nivel de actividad económica, sobre todo, si se compara nuestra situación con la de otros países europeos.

- Por tanto, el mejor remedio para incentivar la creación de empleo juvenil no es reducir el ingreso de la población que gasta una mayor proporción de su renta en consumo, sino poner en marcha medidas de estímulo que, aumentando el gasto y la financiación, permitan que aumente la oferta productiva de las empresas.

Sin embargo, estas tres conclusiones no pueden obviar un fenómeno real: es cierto que muchos de los jóvenes que se acercan por primera vez al mercado de trabajo tienen menos experiencia y posiblemente una productividad más baja, lo que plantea la posibilidad de que sea más conveniente que su incorporación se realice a través de salarios diferenciados.

Es una cuestión bastante realista pero tampoco de solución inmediata y sólo vinculada al recorte del salario mínimo. Las evidencias empíricas no permiten confirmar que la solución sea precisamente reducirlo, sobre todo, cuando es ya tan bajo como el español. Así lo demuestra el hecho de que en los países de la OCDE donde hay salarios mínimos diferenciados para jóvenes haya resultados muy diferentes en cuanto a tasas de paro juvenil.

Lo que plantea esta cuestión, por consiguiente, no es tanto la necesidad de abaratar el trabajo de los jóvenes como la de favorecer su entrada al mercado de trabajo en las mejores condiciones posibles en cuanto a experiencia y productividad. Y eso es algo que se resuelve mejor mediante la política educativa que a través de una política salarial de empobrecimiento salarial que genera otros efectos perversos colaterales (desincentivos, fomento de las actividades de baja productividad, desigualdad…). Es decir, generando incentivos no sólo dirigidos a su inserción en el mercado de trabajo, sino también a su permanencia en el sistema educativo y, sobre todo, diseñando bien el tipo de formación que deben tener y su vinculación con la actividad productiva en el periodo de formación.

Nada de eso se consigue recortando aún más salarios que ya son de por sí muy bajos. De hecho, una buena parte de los jóvenes empleados tiene ya ingresos por debajo del salario mínimo. Concretamente, ocurre eso con el 34% de los contratos de trabajo suscritos por jóvenes como consecuencia del gran número de empleos a tiempo parcial a los que se añaden normalmente un buen número de horas extraordinarias no remuneradas.

Por todo eso se puede afirmar que la propuesta de la patronal, del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional no proporciona soluciones a la escasez de empleos, sino que se orienta a otro objetivo: seguir modificando el sistema productivo para basarlo en el máximo abaratamiento del trabajo con el único fin de aumentar la ganancia del capital aunque sea a costa de hacerlo cada día más rentista y periférico, menos productivo y más empobrecido y empobrecedor. Y en donde si acaso hay más empleos lo son de cuasi esclavitud.

Artículo publicado en Público.es

Ganas de escribir

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Cómo disminuir las desigualdades y salir de las crisis

Sáb, 26/07/2014 - 09:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

He indicado en artículos anteriores (ver mi artículo “Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual”, Le Monde Diplomatique, julio de 2013) que el incremento de las desigualdades ha sido una de las principales causas de las crisis financiera y económica actuales. Las políticas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos Thatcher y Reagan primero, y extendidas más tarde a otros países, causaron una gran concentración de las rentas derivadas de la propiedad del capital a costa de un descenso muy marcado de las rentas del trabajo. Esto último determinó una disminución de la demanda y del crecimiento económico, con lo cual disminuyó el porcentaje de personas trabajando, a la vez que creció el desempleo. No es casualidad que los países más desiguales en Europa, como España y Grecia, estén también entre los que están en una situación económica peor.

De esta explicación de las causas de las crisis debería derivarse que la reducción de las desigualdades tendría que estar en el centro de las políticas económicas y sociales de los gobiernos de los países en crisis. Y una de las medidas más eficaces para reducir las desigualdades es llevar a cabo políticas de pleno empleo. No es tampoco casualidad que los países europeos con menos desigualdades (como los países escandinavos) tengan también menos desempleo, un mayor porcentaje de población empleada y que estén entre los que tienen un mayor crecimiento económico. La explicación de ello es que el pleno empleo aumenta las rentas del trabajo, disminuyendo proporcionalmente las rentas del capital, con lo cual disminuyen las desigualdades. Y puesto que el crecimiento de las rentas del trabajo estimula más la demanda y el crecimiento económico que el crecimiento de las rentas del capital, las políticas orientadas a incrementar las primeras ayudan al país a salir de la recesión, ese agujero que está dañando enormemente la calidad de vida de las clases populares.

La causa de que la creación de empleo origine este círculo virtuoso se debe a que el pleno empleo empodera al mundo del trabajo, permitiendo que aumente su seguridad y su nivel de exigencias. A menor desempleo, mayor es el nivel salarial. En EEUU, por ejemplo, una disminución de la tasa de desempleo de un 1% se traduce en un incremento de los salarios de los trabajadores de menor renta (las dos decilas inferiores) de un 12,4%.

Cómo conseguir el pleno empleo

Una de las medidas más eficaces para alcanzar el pleno empleo son las inversiones públicas en infraestructura social y física del país. Así, si en España, en lugar de tener a una persona adulta de cada diez trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (como educación, sanidad, escuelas de infancia, servicios asistenciales y otros) tuviéramos una de cada cuatro (como ocurre en Suecia), se crearían seis millones de puestos de trabajo, con lo cual se eliminaría el problema. Otra área en la que hay una gran necesidad es en la inversión en temas de mantenimiento y ahorro de energía, como en los sistemas de distribución eléctrica y en intervenciones encaminadas a la descontaminación. Todo ello crearía empleo, a la vez que se ahorrarían recursos. La administración Obama creó en el año 2009, con su estímulo de gasto, de 2 a 3 millones de puestos de trabajo en algunos de esos servicios, que mejoraron la situación económica del país (aunque el estímulo no fue suficiente, pues se necesitaban de 10 a 12 millones).

Otra medida es la subida de los salarios, siendo esta una de las mejores medidas para hacer crecer la demanda y estimular la producción de empleo. Para que ello ocurra es necesario que no haya desempleo, pues de haberlo, los trabajadores no se atreverán a ser exigentes y perderán capacidad de influencia. Igualmente eficaz para estimular el pleno empleo y con ello la demanda, es la reducción del tiempo de trabajo por trabajador. Esta es una de las causas del bajo desempleo en Alemania, el compartir las horas de trabajo. Así, si los nuevos puestos de trabajo (que resultarían de tener a uno de cada cuatro españoles trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar) tuvieran jornadas de ocho horas en cuatro días en lugar de cinco, el número de estos nuevos puestos de trabajo sería de 9 en lugar de 6 millones.

También se ha propuesto como una medida incentivadora del crecimiento de la demanda la reducción de impuestos, la medida preferida por los políticos conservadores y liberales, como el actual gobierno Rajoy, cuya eficacia depende primordialmente del tipo de impuestos que se reduzcan y a qué grupo social dicha reducción afecte. Cuando las rebajas de impuestos afectan primordialmente a las rentas superiores y a las rentas del capital, tal como ha ocurrido en las rebajas de impuestos del gobierno español, tal medida no es una medida muy efectiva, pues, por regla general, los grupos sociales que se benefician con esas reducciones de impuestos son los grupos más pudientes, los cuales dedican el dinero extra que consiguen menos al consumo de lo que lo harían otros sectores de la población, menos afectados por dichas reducciones de impuestos.

La garantía de crédito

La capacidad de endeudarse en términos razonables juega también un papel determinante en el estímulo de la demanda. El comportamiento especulativo de la banca es uno de los mayores obstáculos para la garantía del crédito, función que tradicionalmente había realizado la banca pero que, como consecuencia de su desregulación, ha dejado de hacer, habiendo perdido su razón social de ser. De ahí la importancia de establecer instituciones públicas que garanticen el crédito, gravando a la vez las actividades especulativas del sector financiero. Así pues, la continuidad del actual sistema financiero, cuyo objetivo principal es incrementar sus rentas a base de especulación, no sirve al propósito de facilitar el crédito, la demanda y la producción de empleo. Las políticas del gobierno Rajoy (y del gobierno anterior) en cuanto a mantener el sistema financiero actual son un obstáculo para alcanzar políticas de pleno empleo.

Estas medidas, detalladas en este artículo, jugarían un papel importante en la disminución de las desigualdades y en la recuperación económica, pero ninguna de ellas está siendo considerada por el gobierno español (excepto la reducción de impuestos).

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Artículo publicado en elplural.com
vnavarro.org

Categorías: Attac Planet

Rutinaria apología del terrorismo

Sáb, 26/07/2014 - 07:00

Santiago Alba Rico – Consejo Científico de ATTAC España

Palestina genera siempre una doble y contradictoria unanimidad: unanimidad de la solidaridad internacional, que rechaza los crímenes de Israel, y unanimidad de los medios de comunicación, que los justifica o hasta los aplaude. Grandes medios y grandes agencias que pueden discrepar en otros asuntos (Le Monde, El País, The New York Times, AFP, Reuters) e incluso organizaciones de derechos humanos muy severas en otros casos (HWR o AI) aceptan y difunden como evidencias los dos mitos fundamentales de la propaganda israelí.

Israel nunca “mata” directamente, sino que aparece ligada de manera misteriosa a la aparición de cadáveres palestinos.

El primero es el de que los bombardeos sobre Gaza son una “respuesta” a una agresión palestina. Aquí la manipulación sintáctica juega un papel fundamental: “Israel bombardea Gaza tras el lanzamiento de cohetes sobre Tel Aviv y Hai­fa” o “Hamás lanza tres cohetes sobre Israel y la aviación israelí golpea Gaza”. Este retorcimiento sintáctico se aplica asimismo para atenuar la responsabilidad de Israel en la muerte de víctimas civiles. Israel nunca “mata” directamente, sino que aparece ligada de manera misteriosa a la aparición de cadáveres palestinos, los cuales, como sujetos gramaticales de las frases, parecen de algún modo culpables de su propia muerte: “Diez niños muertos a continuación de un bombardeo israelí”. ¡A continuación! ¡Como si los niños hubieran elegido pérfidamente ese momento para morir de pulmonía o de un accidente de juego!

En una reyerta de bar es difícil saber quién empezó. Pero en una relación colonial no: es siempre la fuerza ocupante, la que controla directa o indirectamente la vida de los nativos, la que ha empezado. El imperativo ético y profesional de unos medios de comunicación responsables e interesados en ayudar a resolver un “conflicto” tan largo y doloroso debería ser el de recordar una y otra vez la agresión original de la ocupación. Pero al mismo tiempo deberían reproducir con fidelidad los cronogramas –los primeros cohetes desde Gaza se lanzan en respuesta a una brutal operación del Ejército concebida para infligir un castigo colectivo a los palestinos tras el asesinato sin aclarar de tres jóvenes colonos israelíes– y ayudar a denunciar la política de Israel, que bombardea cuando quiere y porque quiere, en un rutinario acto de autoafirmación existencial, con independencia de la resistencia de sus víctimas. En lugar de eso, los grandes medios difunden con Israel la versión de la “reyerta de bar”, en la que se pierden las pistas históricas y se invierten los cronogramas de la violencia. La idea de que Israel “se defiende” implica dos falsas evidencias: la de que Israel es “defendible” como proyecto y la de que está sometida al implacable asedio de un enemigo irracional.

En una reyerta de bar es difícil saber quién empezó. Pero en una relación colonial no. En esta “reyerta de bar” es muy importante alimentar una segunda ilusión: la de la proporción o igualdad de fuerzas. Hay una “escalada”, un “intercambio”, una “guerra” entre dos “ejércitos” equivalentes. Para eso hace falta, entre otras cosas, convertir los cohetes Qassam en misiles o, en cualquier caso, exagerar su fuerza de destrucción o insistir en el número de lanzamientos (¡600!) como si hubiera alguna posible proporción entre 600 mosquitos y 600 botes de insecticida (como insectos tratan a los palestinos) aplicados masivamente sobre un panal. Es escandaloso, por ejemplo, que Le Monde publique un artículo titulado “Cuáles son las capacidades militares de Hamás”, convirtiendo así a Hamás en el enemigo y además en un enemigo peligroso, mientras que no dice nada de las armas del cuarto Ejército más potente del mundo. Esta “proporción” obliga además a restar importancia, si no silenciar, a las casi 200 víctimas palestinas, muchas de ellas niños y mujeres, y a llamar la atención, en cambio, sobre las víctimas israelíes: nueve heridos y 52 crisis nerviosas. La búsqueda de “proporción” obliga a aceptar que un israelí herido vale tanto como 20 palestinos muertos. Si son insectos, parece incluso una concesión excesiva.

Lo malo es cuando, además de ser el más fuerte, se quiere ser también el más bueno
Uno de los pensamientos del filósofo Blaise Pascal es una pregunta retórica: ¿por qué me matas si eres el más fuerte? Se podría pensar que Pascal considera innecesario el asesinato allí donde se tiene suficiente poder. Pero se puede interpretar también que Pascal sugiere una respuesta tautológica: ¿por qué me matas si eres el más fuerte? E Israel responde: “Precisamente por eso, porque soy el más fuerte. Porque puedo matarte, porque tengo los medios para hacerlo, porque matarte confirma mi existencia”.

Lo malo es cuando, además de ser el más fuerte, se quiere ser también el más bueno. Si se tienen los medios para matar, se mata. Si se tienen los medios para matar y se quiere ser el más bueno, se hace propaganda. Una larga historia de culpabilidades occidentales y de presiones israelíes ha configurado un gigantesco aparato de propaganda dedicado rutinariamente a convertir al asesino en cordero y al cordero en asesino. Nuestros grandes medios siguen entrando al trapo. La gente no. Casi nadie cree ya en la bondad corderil de un Estado que se salta a la torera las leyes internacionales, ocupa desde hace 60 años territorios que no le pertenecen, convierte Gaza en un gueto sin salida y bombardea desde el aire sus hospitales y mezquitas. Será el más fuerte, pero no, desde luego, el más bueno. La propaganda ya no funciona. Israel, como Bashar Al-Assad (Netanyahu de su propio pueblo), sólo se apoya en la fuerza desnuda y, a medida que pierda definitivamente el respeto de los que ya no se dejan engañar, más la usará y de manera más destructiva. Los medios de comunicación no deberían seguirle por ese camino, en cuyas cunetas se han quedado ya los cadáveres de la justicia, el derecho, la democracia y el de su propia credibilidad.

Artículo publicado en www.diagonalperiodico.net

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El decretazo energético

Vie, 25/07/2014 - 18:00

Ladislao Martínez López – ATTAC Madrid

El Ministro de Industria del actual gobierno llegó diciendo que el problema energético prioritario era el déficit eléctrico, y no sólo no ha conseguido resolverlo tras más de 2 años de ejercicio, sino que además ahora debe reconocer la existencia de un déficit gasístico. Así se contempla al menos en el Real Decreto Lay (RDL) 8/2014 aprobado a principio de Julio.

Queda palmariamente refutada la idea de que el déficit era sólo un problema del gobierno anterior o que tenía que ver con el desbocado desarrollo de las energías renovables, como durante mucho tiempo ha mantenido el PP. El déficit se ha desarrollado con el PP en el gobierno y en el sector gasista no hay energías renovables. Antes bien en este RDL se establece como causa principal del déficit gasista la abrupta caída de la demanda de gas natural ocasionada por la crisis energética que hace que los costes fijos de suministro (almacenamiento, regasificación, transporte y distribución) deban repercutirse entre una demanda apreciablemente menor. La norma precisa que la mayor demanda de energía se produjo en 2008 y que la actual, tras un primer semestre cálido que la ha hecho bajar abruptamente, está a los niveles de 2004. La demanda máxima histórica además no se superará hasta 2020…si es que se cumplen las previsiones actuales del gobierno.

Existe déficit y el RDL lo califica de estructural. Era de 326 millones de euros (ME) en 2013 y podría llegar a los 800 ME en 2014. El gobierno ha difundido que con las medidas contempladas en la norma el déficit de este año rondaría los 600 ME. El secreto es reducir los derechos reconocidos a todos los agentes del sector gasista.

Se repercutirá además sobre los usuarios el coste de 164 ME en 5 años por el laudo dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de París por el gas que llega por el gasoducto del Magreb. Este reconocimiento se produce contra el criterio casi unánime de todas las instituciones implicadas por un laudo de 2010.

El tratamiento que se da a este déficit guarda notable similitud con el del déficit eléctrico. Son los agentes del sistema gasista quienes tienen que financiarlo y lo recuperarán en los próximos 15 años. El déficit se reconoce pero por el momento no existe nada parecido al fondo de deuda eléctrica, que cuenta con el aval del Estado.

También como en el sector eléctrico se anuncian subidas futuras de precios pese a que se han incrementado significativamente y se reconoce que los precios se sitúan por encima de la media europea y también con el argumento de mantener la estabilidad financiera del sistema. No hay grandes dudas de que sobre el sector doméstico y las pequeñas empresas recaerá el grueso de estas subidas. En el futuro habrá que subir automáticamente los peajes gasistas si el déficit de un año supera el 10% de la facturación total del sector, o la deuda total acumulada de varios años supera el 15%. En el sector eléctrico la subida debe producirse automáticamente cuando el déficit sea superior al 2%, pero su situación financiera es mucho más delicada ya que la deuda acumulada es superior a los 2/3 de la facturación anual.

La analogía con el sector eléctrico se extiende también a la figura de empresas eficientes y bien gestionadas, o a considerar el valor actualizado neto de una instalación como base de cálculo para fijar su retribución, o al periodo de 6 años que se establece para cambiar los aspectos retributivos básicos de la legislación.

En el RDL se avanza en el cumplimiento del acuerdo comunitario de reducir el consumo energético en un 20% de energía final para 2020. La cantidad de ahorro a conseguir es de 16 Millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo (MTep). Para este fin se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) al que contribuirán con el 1,5% de su facturación las compañías comercializadoras de gas y electricidad y los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados de petróleo. El gobierno a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía implantará las normas técnicas para la consecución de este ahorro. Se definirán posteriormente los mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas encaminadas a aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores.

Se fijan además las normas básicas para la acreditación del ahorro a través de los Certificados de Ahorro de Energía (CAE). A efecto de computar el efecto de una determinada medida de ahorro se tendrá en cuenta el momento de su aplicación tal y como indica la UE.

Se establece también la obligación de todos los edificios de disponer de sistemas de contabilizar individualmente su consumo energético. Sea este calor o frio. Dado que todas las nuevas construcciones ya lo cumplen desde 2007, se trata de empezar actuar sobre el parque de viviendas ya existente instalando, por ejemplo, contadores individuales de las calefacciones colectivas. Se trata de una modificación reseñable que deberá resolverse en los próximos años.

El propio gobierno explica las razones de urgencia de esta parte de la norma cuando reconoce que la Directiva 2012/27/UE debería haber sido traspuesta antes de Junio de 2014. Con esta norma se da cumplimiento parcial a esta Directiva, pero queda todavía bastante por implantar.

En la decisiva cuestión de la mejora de la eficiencia el ministerio actúa arrastrando los pies y empujado por la UE, haciendo sólo lo que juzga mínimamente imprescindible para evitar reconvenciones de la UE. Nada ambicioso por tanto en un asunto que debería serlo.

Ladislao Martinez es miembro de ATTAC Madrid, pertenece al Consejo Asesor de VIENTO SUR y participa en Podemos.

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Ante la venta de Catalunya Bank al BBVA

Vie, 25/07/2014 - 09:48

10006282_477765129016715_2027902502_n-300x198Comunicado de prensa de

Campaña por una banca pública, ética y social:

Ante la reprivatización y venta de Catalunya Bank al BBVA, los movimientos sociales convocantes de la Campaña ¡FEM-LA NOSTRA! a favor de una Banca Pública, Ética y Social, queremos comunicar lo siguiente:

- Denunciamos este nuevo regalo del gobierno del PP, disfrazado de subasta, cuyo coste ha sido 0 para el BBVA. A Catalunya Bank se le inyectaron casi 12.000 millones de euros, y ahora el BBVA paga 1.187 millones cuando su patrimonio está valorado en 2.630 millones de euros.

Una vez más se regala al poder financiero una entidad bancaria “rescatada” con el dinero de todos los ciudadanos. Catalunya Bank tiene 39.991 millones en depósitos de clientes, 3.553 millones en créditos fiscales, 1.009 oficinas y marca consolidada (a pesar del saqueo realizado por sus cúpulas directivas).

Pero además, BBVA tiene la garantía del Estado de hacerse cargo de las deudas generadas por créditos que no se paguen, por preferentes, clausulas suelo etc. Con este nuevo expolio a la ciudadanía, el BBVA incrementa su cuota de mercado en Catalunya hasta el 23%.

- Denunciamos esta nueva pérdida de 11.839 millones de euros para los ciudadanos, que sumadas a las anteriores de NovaCaixaGalicia, Unim, Cam y Banco de Valencia suman ya ¡50.000 millones de dinero público perdido!. Y esto no se ha acabado cuando son 170.000 millones las ayudas públicas que se han destinado al rescate bancario.

- Denunciamos las mentiras y el cinismo del gobierno del PP. El ministro de economía Luis de Guindos, ha dicho en alguna ocasión que se trataría de recuperar el dinero público aportado por el Estado en el rescate bancario. Pero de momento lo conseguido es aumentar las pérdidas. Por otra parte, se argumenta que se ha vendido Catalunya Bank por el riesgo de que si no se hacía, habría que liquidarla. Si fuera así, que existiera ese riesgo ¿ la compraría el BBVA que espera obtener beneficios para el 2018?

- Denunciamos al Gobierno catalán de Artur Mas, que no se ha manifestado sobre la venta, dando la callada por respuesta, cuando se trata de una Caja, donde el 80% está radicada en Catalunya.

- Nos llama la atención por negativo, la tibieza o poca respuesta de la mayoría de fuerzas sindicales. En el caso de CCOO hacemos una crítica a las sorprendentes declaraciones de un representante de la central que da la bienvenida y le tranquiliza la operación, porque el banco negociará con los sindicatos los ajustes de plantilla al comprar Catalunya Bank, como hizo con Unim. Olvidándose de los 11.839 millones de euros que tendremos que pagar todos los ciudadanos.

- Hoy más que nunca es necesaria una Banca Publica Ética y Social, por ello continuamos con nuestro objetivo y aspiramos a confluir en la creación de una mayoría social y política que haga frente al poder financiero y recupere lo robado a la ciudadanía.

- Las organizaciones y movimientos sociales que formamos ¡FEM-LA NOSTRA! Campaña por una banca Pública, Ética y Social y contra las reprivatizaciones de las Cajas rescatadas, hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, a las organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos a rechazar esta “reprivatización” y a convocar lo más pronto posible, de forma unitaria, acciones ante la sede de Catalunya Bank y BBVA.

Barcelona 23-7-2014

bancapublica.org

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Aquí se ve el progresivo retroceso de la democracia

Vie, 25/07/2014 - 09:00

Xavier Caño – ATTAC Madrid

El Reino de España sufre un plus de despotismo respecto al autoritarismo progresivo de Europa. Veamos una muestra que explica lo dicho. El 15 de junio de 2011, el 15 M convocó en Barcelona una protesta ante el parlamento autonómico de Cataluña porque aprobaba recortes presupuestarios que eran más ataques contra los derechos de la gente.

Miles de ciudadanos y ciudadanas se concentraron ante ese parlamento y dificultaron la cómoda entrada de los diputados autonómicos a la cámara. Intervinieron los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, con la agresividad y provocación que los caracteriza y hubo algunos incidentes. Pero los medios presuntamente informativos transmitieron una violencia que no existió. Una manipulación mediática de manual. A pesar de que las televisiones no habían grabado imágenes de la inexistente violencia denunciada, porque no hubo tal, emitieron una y otra vez el abucheo contra algunos diputados y el lanzamiento de una botella de agua contra un furgón de la policía, mientras algunos diputados declaraban que había habido conductas nazis (que nunca se vieron), kaleborroka (terrorismo callejero de ETA que no apareció) y guerrilla urbana (totalmente ausente).

Diecinueve ciudadanos y ciudadanas, acusados por la policía, fueron imputados y, días después, detenidos a la brava en el interior del edificio de los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona por una cincuentena de Mossos d’Esquadra, encapuchados y fuertemente armados, donde habían acudido voluntariamente para ser interrogados por los jueces.

Tres años después y tras minuciosa investigación, la Audiencia Nacional ha absuelto a 18 de los acusados de atentado contra las Instituciones del Estado para los que el fiscal pedía hasta 6 años de prisión. La única sentencia ha sido para una persona que se ha de presentar en comisaría durante cuatro días por una falta de daños -que no delito- por haber manchado con un espray la gabardina de una diputada.

¿Cómo han reaccionado la mayoría de políticos, incluidos los presuntos socialistas, ante la absolución? Lejos de la frase habitual, casi ritual, de que “acatan las sentencias judiciales” se han lanzado en tromba contra la sentencia absolutoria con lindezas como “es un precedente peligroso”, “es un producto de jueci-flautas”, “(los jueces) quieren cargarse el sistema”, “es una invitación a la intimidación de una minoría”…

Les ha enfadado tanto como la absolución la contundente defensa del derecho de manifestación. “La protesta ciudadana expresada en la presencia masiva en las calles -dice- es una forma de participación política que de ningún modo puede considerarse delictiva”.

Consecuentes con su miseria moral, nada democrática, la mayoría del parlamento autonómico catalán (con el voto contrario de los grupos de izquierda ICV y CUP) ha aprobado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Aunque ésta señale con claridad que no hay prueba alguna de participación de los acusados en ningún tipo de violencia, excepto la falta sentenciada.

La clase política española ha quedado a la altura del betún, si hablamos de democracia. Tras los aspavientos de la mayoría de políticos catalanes ha habido la no menos autoritaria reacción de la clase política española. Pero ¿qué esperar de políticos que han aplaudido mayoritariamente sin fisuras la figura del rey abdicado y lo han aforado con urgencia? Sin olvidar que ese rey fue designado por el dictador Franco como sucesor suyo en la Jefatura del Estado.
Los representantes del pueblo, pues eso son y nada más, han olvidado que la ciudadanía es su patrona. Se han rodeado de privilegios, que no derechos, y han olvidado que no son los depositarios del poder político sino los representantes de quien sí lo es: el pueblo.

La reacción ante la sentencia de la Audiencia Nacional muestra, una vez más, que esta monarquía bipartidista española es un régimen cada vez menos democrático y cada vez más ilegítimo. Ya denunciaba Locke hace más de tres siglos a los gobiernos que, “usurpan las libertades, entregan el gobierno a poderes extranjeros, se corrompen o conducen el país de modo distinto al prometido”.

Como recuerda Fernández Liria, esta gente respeta (o simula respetar) la democracia mientras sirve a sus intereses. Si no es así, cambian las tornas y, en el caso que nos ocupa, les importa un rábano la independencia judicial. ¿Respetar y proteger los derechos humano? ¿Una justicia independiente? Eso no está en la hoja de ruta de la minoría que explota a la ciudadanía ni en la de sus cómplices necesarios como gobiernos y medios.

Periodista y escritor
Twitter: @xcanotamayo

xacata.wordpress.com

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Paraísos Fiscales ¿qué son y cómo funcionan?

Vie, 25/07/2014 - 07:00

Robert Gonpane - ATTAC Madrid

Entrevista en Aragón radio que me hicieron ayer y que parece que no fue muy tranquilizadora para el entrevistador, que sin duda esperaba otra cosa.

En 12 minutos he tratado, en nombre de ATTAC, de explicar la magnitud del problema que representan los PPFF, que son noticia por unos días por varios artículos publicados sobre famosos como Plácido Domingo o Mel Gibson, que aparecen como inversionistas de fondos que trabajan en la isla de Jersey.

Me irrita en cierto modo que por estas minucias sean noticia los PPFF, pero no podemos permitirnos el lujo de perder ninguna oportunidad de levantar la voz contra los PPFF.

http://www.aragonradio2.com/radio?reproducir=109361

Saludos

@robergonpane

No es lo mismo

P.D. Enlaces relacionados con la entrevista e información rescatada que resulta muy ilustrativa.

Excelente vídeo para comprender como los Paraísos Fiscales son responsables de la crisis y de los recortes sociales. La isla de Jersey es otro Paraíso Fiscal que depende de Reino Unido y ¡el principal importador de banana de Europa!

http://youtu.be/zz8LSCL19NQ

El vídeo que explica fácil, gráfica y rápidamente como los Paraísos Fiscales permite a los defraudadores no pagar impuestos y como ponen así la estabilidad presupuestaria de los países, que tienen que se ven obligados a aplicar recortes en los servicios sociales para contener el gasto.

La existencia de Paraísos Fiscales influye directamente en nuestras vidas, obligándonos a pagar a todos más impuestos y generando más desempleo porque retira liquidez de la economía productiva que se ahoga por falta de financiación.

http://www.elmundo.es/economia/2014/07/09/53bd87dd22601dac118b45b3.html

http://www.abc.es/estilo/gente/20140709/abci-placido-domingo-paraiso-fiscal-201407092040.html

http://cincodias.com/cincodias/2014/03/14/economia/1394803514_888703.html

http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2013-results

http://www.noeslomismo.org/2011/11/piratas-del-canal-de-la-mancha.html

http://www.noeslomismo.org/2012/04/las-tres-edades-de-la-pirateria_3843.html

 

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El mito de los fondos europeos

Mié, 23/07/2014 - 18:00

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

A propósito de un artículo que publiqué en estas páginas, “La Unión Europea genera xenofobia y racismo”, me escribía un amigo alemán trasladándome a su vez la opinión de un colega argentino: “El artículo me parece cuando menos parcial, viniendo como viene de un español. Ahora sienten el “corsé”, pero durante mucho tiempo se beneficiaron con las enormes sumas de dinero que recibían de la Unión Europea, con las cuales construyeron enormes aeropuertos y autopistas innumerables… Me parece que no se puede aprovechar un sistema para denostarlo cuando te has gastado su dinero”. Si traigo a colación estas observaciones es porque me parecen representativas de una opinión muy generalizada, que tanto en España como fuera de ella pretende compensar los desaguisados y desequilibrios que está generando la Unión Monetaria con la supuesta contrapartida de los bienes obtenidos por los fondos de cohesión y los estructurales.

En España se maneja un auténtico mantra sobre la ingente cantidad de recursos que se han recibido de Europa. Tal mito se mantiene gracias a una política inteligente de la UE que ha venido obligando a publicitar la marca “Europa” en toda obra o actividad financiada, aunque lo fuese muy parcialmente, por dichos fondos, y a una propaganda interior empeñada en cantar las excelencias de la Unión Europea y en proclamar lo mucho que nos estábamos aprovechando de nuestra pertenencia a ella.

Nadie, sin embargo, se ha preocupado de explicarnos que buena parte de esos recursos habían salido antes de España. Los fondos de la Unión Europea no caen del cielo, sino de la contribución de todos los Estados miembros, entre los que se encuentra España. El sistema presupuestario de la Unión es, además, el peor de los posibles porque, amén de su escasa cuantía, no son los ciudadanos los que en función de su capacidad económica contribuyen y reciben las ayudas, sino los Estados, explicitando de forma automática los países que son receptores y contribuyentes netos. De esta manera se da pie al victimismo -del que tanto sabemos en España- empleado profusamente por Alemania y algún otro país del Norte, cuyos ciudadanos se sienten paganos, cuando la instrumentación mediante impuestos propios de la Unión tendría un efecto redistributivo mucho mayor como resultado no de la generosidad de los países ricos, sino de la aplicación automática de un principio admitido de forma indiscutida, al menos en teoría, por los sistemas fiscales de todos los países, la progresividad en los impuestos, según la cual se grava a los ciudadanos en función de cuál sea su renta y de forma más que proporcional.

Los recursos recibidos de Europa hay que considerarlos por tanto en términos netos y, así tomados, los que ha recibido España no han llegado en media anual al 1% del PIB. La creencia extendida de que nuestro país ha sido el principal receptor es infundada, ya que en porcentaje del PIB, que es tal como hay que contemplarlo, las cantidades recibidas por Irlanda, Grecia y Portugal han sido muy superiores. Por otra parte, los recursos han podido tener un efecto secundario negativo. Se trataba de ayudas finalistas que debían ser invertidas en determinados objetivos, forzando a los Estados miembros a dedicar una parte de sus presupuestos a dichas finalidades, no solo por la contribución realizada a la UE, sino también por la parte de la inversión o actividad que debía financiar la hacienda pública estatal. En muchas ocasiones, la elección no ha sido la más acertada. Eso explica, por ejemplo, el formidable desarrollo que han experimentado las infraestructuras, algunas de ellas sin demasiada justificación, en detrimento de los gastos de protección social. Hay que añadir, además, que muchos de esos recursos vienen a compensar -y de forma no demasiado apropiada- las renuncias que en materia agrícola se han impuesto a determinadas producciones.

A pesar de la enorme propaganda y el desbordado voluntarismo con el que el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, quiso presentar los fondos de cohesión como el gran triunfo español en Maastricht, lo cierto es que son un parche insignificante para paliar los desequilibrios y desigualdades que la Unión Monetaria iba a crear entre regiones y países. A ello me refería ya entonces en un artículo, entre otros, publicado el 17 de diciembre de 1991 en el diario El Mundo. Tales observaciones se confirman totalmente cuando se observa que el presupuesto comunitario nunca ha sobrepasado el techo del 1,24% del PIB global de la Unión, cantidad absolutamente ridícula e inoperante si se compara con el presupuesto de cualquier Estado, por muy liberal que sea, lo que es tanto más cierto si se tiene en cuenta que en ese porcentaje están incluidos los gastos de la burocracia comunitaria y toda la política agrícola, ganadera y de pesca, que se lleva la parte del león de ese presupuesto.

La parquedad de las aportaciones se evidencia cuando especulamos acerca de en qué se habría convertido la unión alemana si se hubiese regido por las mismas pautas que se intentan imponer para la Unión Europea. Supongamos que entre la Alemania del Este y la Federal se hubiese creado un espacio de libre competencia, libre circulación de capitales, una moneda única emitida por una institución aséptica y neutral -dominada lógicamente por los principios del Bundesbank-, pero sin integración en materia presupuestaria y fiscal; imaginemos que la única canalización de recursos de la Alemania occidental a la oriental fuese el 1% anual del PIB de esta última (equivalente a los fondos comunitarios). Además, y en consonancia con los sacrosantos principios de la convergencia, se hubiese obligado a los alemanes orientales a someterse a una dura disciplina monetaria y a limitar su déficit y su capacidad de endeudamiento. ¿Podemos siquiera sospechar cuál hubiera sido el nivel de desempleo alcanzado por la Alemania del Este?, ¿qué grado de miseria y pobreza se habría generado?, ¿hasta qué límite habría llegado el desmantelamiento de su tejido productivo?

La única solución factible para la Unión Monetaria pasa por constituir una verdadera unión económica en todos sus aspectos. Se precisa una hacienda pública común capaz de asumir una adecuada función redistributiva entre las regiones, una autentica unión fiscal. Ahora bien, Alemania nunca aceptará una transferencia de recursos tan cuantiosa entre países ricos y pobres como la que se seguiría de tal integración. Quizá sea lógico, pero en tal caso Alemania no debería haber planteado nunca una unión a la que no está dispuesta y, sobre todo, los gobiernos de los demás países no deberían haber aceptado jamás un modelo que conduce a las economías de sus respectivos Estados al abismo, ni deberían continuar mareando la perdiz con medidas que, lejos de solucionar la situación, la empeoran de cara al futuro. Sin esa unión fiscal, la Unión Monetaria deviene imposible porque lo que ahora se está produciendo es una transferencia de fondos -quizá de cuantía similar- en sentido inverso, transferencia a través del mercado, opaca y encubierta, pero no por eso menos real. El mantenimiento del mismo tipo de cambio entre Alemania y el resto de los países empobrece a estos y enriquece a aquella; genera un enorme superávit en la balanza de pagos del país germánico mientras que en las de las otras naciones se provoca un déficit insostenible; se crea empleo en Alemania y se destruye en los demás países miembros.

Artículo publicado en República.com

www.martinseco.es

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Sobre los dilemas del crecimiento

Mié, 23/07/2014 - 13:00

Mateo Aguado – Público.es

El escritor y filósofo Augusto Klappenbach publicó el pasado 9 de julio un artículo en el blog Dominio Público titulado Perplejidades sobre el crecimiento que me gustaría comentar, tratando de sugerir respuestas a algunas de las muchas preguntas y dudas que en él se plantean.

Klappenbach presenta en su escrito una aproximación a la “contradicción” que, según él, existe entre “la necesidad de recuperar el crecimiento de la economía y la necesidad de un decrecimiento global para mantener el equilibrio del planeta”. El autor contrapone así dos ideas básicas: 1ª) que el crecimiento económico es, a largo plazo, una fuente de insostenibilidad ecológica (pues induce —a través del sistema capitalista y de su devoción por el consumo constante— a una tremenda presión sobre la biosfera); y 2ª) que el crecimiento económico es, a su vez, una herramienta para luchar contra la pobreza y la miseria (en busca, se entiende, de que todos logremos alcanzar una vida digna).

Este “dilema” aparece bien reflejado cuando Klappenbach sugiere lo siguiente: “Si se pretende alimentar a los 850 millones de personas que pasan hambre, construir viviendas para quienes no la tienen, educar a los cientos de millones de analfabetos, asegurar asistencia médica a quienes carecen de ella y atender a la discapacidad, hará falta construir edificios, utilizar tractores, camiones, trenes, ordenadores, laboratorios, etc. con la enorme utilización de recursos, de gasto de energía y emisiones contaminantes que ello implica”. Y continúa con la siguiente pregunta: “¿Es posible satisfacer las necesidades elementales de miles de millones de personas sin proseguir con la destrucción de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente?”.

Desde mi punto de vista hay dos cuestiones fundamentales que deben sopesarse adecuadamente para abordar correctamente este asunto —aparentemente— contradictorio. La primera de ellas es la cuestión de la “escala”. La segunda la del “reparto”.

Respecto a la primera cuestión cabe mencionar que las dos ideas contrapuestas por el autor respecto al crecimiento (recordemos: crecimiento como fuente de insostenibilidad global versus crecimiento como herramienta frente a la pobreza) no tienen en realidad por qué ser enfocadas como contradictorias, pues actúan a diferentes escalas espacio-temporales: mientras que el crecimiento de la economía supone —efectivamente— una seria amenaza para la sostenibilidad del planeta cuando se produce a escala global y de forma continuada, no debería significar ninguna amenaza grave para la biosfera cuando tiene lugar a una escala menor (local o regional) y durante un periodo corto y determinado de tiempo (se entiende, el necesario para que su población salga de situaciones indeseadas de hambruna, pobreza o miseria alcanzando una vida digna).

Sin embargo, tal y como Klappenbach aborda este asunto pareciera que nos encontramos abocados a un callejón sin salida. O aceptamos el deterioro ecológico del planeta o aceptamos que exista la miseria social en ciertas regiones del mundo. Y aquí es donde cobra fuerza la segunda cuestión clave: la cuestión del “reparto”. O dicho de otra forma, la cuestión de que algunos deberían aprender a vivir bien con menos para que todos podamos —simplemente— vivir con dignidad. Se trataría, en último término, de una especie de confluencia social entre pueblos y naciones amparada en el concepto supremo de justicia y que bajo ninguna circunstancia debería sobrepasar, a nivel global, los límites biofísicos que el planeta nos impone.

De esta manera, la verdadera salida al complejo trinomio crecimiento-sostenibilidad-justicia pasa en el fondo por que las naciones más ricas y opulentas decrezcan de un modo contundente en aras de disminuir nuestra presión global sobre la biosfera y en aras, también, de que las naciones más desfavorecidas puedan avanzar hacia una vida buena y digna sin que ello signifique incurrir en insostenibilidad. Debemos comprender, como argumentaba Yayo Herrero el pasado año en una entrevista, que “si vivimos en un planeta con recursos naturales limitados, es evidente que el reparto de riqueza es la única forma de caminar hacia la justicia”. A lo que habría que añadir que es también la única forma de avanzar hacia la sostenibilidad socio-ecológica.

Por lo tanto, las dos ideas que contrapone Klappenbach no son, según mi opinión, conceptos contrapuestos ni contradictorios, sino más bien todo lo contrario: son concepciones complementarias de lo que significa la sostenibilidad ecológica y la justicia social; son, al fin y al cabo, dos caras inseparables de una misma moneda.

Me gustaría terminar este artículo recomendando una lectura: el Manifiesto Ultima llamada; un valioso texto hecho público el pasado 7 de julio que cuenta con el apoyo de cerca de 250 científicos, académicos, intelectuales, activistas y políticos de toda España. Se trata de un llamamiento esencial a cambiar radicalmente nuestro modelo económico, energético, social y cultural para lograr mantenernos dignamente sobre un planeta justo y sano en los complejos albores del siglo XXI. Les animo a firmarlo.

Investigador del Laboratorio de Socio-Ecosistemas  (Dpto. Ecología) de la Universidad Autónoma de Madrid

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Una farsa y 11 motivos detrás de la agresión israelí a Gaza

Mié, 23/07/2014 - 09:01

Nazanín Armanianhttp://blogs.publico.es/puntoyseguido

“¿Qué pasaría si, dentro de una semana, fuesen secuestrados tres jóvenes de 14 años en una de las colonias?”, fue la pregunta-profecía lanzada por Tamir Pardo, jefe del Mossad, una semana antes de la desaparición de los tres jóvenes israelíes en Cisjordania, según publica el diario israelí Haaretz (Mossad chief’s chillingly prescient kidnap prophecy).

¿Insinúa Haaretz que se ha tratado de una guerra de bandera falsa?  ¿Que Netanyahu ha utilizado los 18 días de sufrimiento de los familiares de los chicos dándoles esperanza de encontrarlos vivos, a sabiendas de que estaban muertos, mientras detenía a cientos de activistas palestinos, mataba, mutilaba y dejaba sin hogar a miles de civiles inocentes?

Claro está que la reconstrucción oficial de los hechos es bastante difícil de creer: unos israelíes suben a un coche de matrícula palestina (¿o era israelí?) en Cisjordania, después piden ayuda a través del teléfono móvil,  pero a pesar del protocolo de guerra contra el terror en un país en estado de alerta constante nadie toma en serio su petición de socorro;  después de la detención (y seguramente de la tortura) de unos 600 palestinos “implicados” Israel seguía sin saber de los jóvenes, y no supo el lugar en el que estaban enterrados hasta 18 días después. Tampoco explicaron por qué los secuestradores no pidieron un rescate (como sí hizo Hamas tras capturar al soldado Guilad Schalit en 2006 para liberarlo en 2011 a cambio de cerca de mil hombres, mujeres y niños palestinos detenidos por Israel), o por qué nadie reclamó la autoría del crimen. Dieciocho días ha sido tiempo más que suficiente para acosar a los palestinos, culpar a Hamas sin ninguna investigación, prueba o indicio, y lograr el apoyo de la opinión pública interna y mundial para lo que se había planeado con anterioridad.

Si esta hipótesis se descarta, quedan otros posibles autores: los lobos solitarios, contra los que Hamas lucha, o el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), que reclamó la autoría del secuestro. Según Edward Snowden, el EIIL fue fundado por el Mossad, EEUU y Reino Unido con el objetivo de crear un avispero que involucre a los estados musulmanes de la región, protegiendo a Israel. En su macabro avance, esta semana lapidaron a dos mujeres sirias.  (ver: 23 observaciones sobre la nueva guerra líquida de EEUU en Irak).

A pesar de que Hamas comete asesinatos contra la población civil israelí, este crimen no lleva su marca. De hecho, los lanzamientos de cohetes se habían reducido a unos cinco por mes en 2013, cuando en 2007 eran cerca de 200. Junto con Al Fatah estaba formando el Estado palestino, y un hecho de tal calibre dañaría severamente su imagen ante los políticos occidentales que habían apoyado la fundación de dicho Estado. Sea como fuere, Netanyahu ha echado mano al Plan Dagan (elaborado en 2001) que prevé el uso de la muerte de civiles israelíes para justificar operaciones militares contra enemigos.

“Netanyahu es un mentiroso”, dijo una vez Nicolas Sarkozy, harto de artimañas y chantajes del político hebreo.  Para encontrar una magnífica descripción gráfica de la realidad distorsionada palestina está el artículo del periodista israelí Noam Sheizaf, titulado Why I object to this military campaign, even as missiles fall on my city.

Los porqués de la actual masacre

Durante los últimos años los distintos gobiernos israelíes han atacado Gaza para conseguir más apoyo de los belicistas en vísperas de elecciones, para preservar una coalición de gobierno, acallar las voces de protesta interna, desviar la atención pública de un escándalo o entrenar a sus tropas en un campo de batalla real, entre otros motivos. La actual agresión busca los siguientes objetivos nacionales, regionales e internacionales:

1. Limar las fricciones políticas de su régimen, además de permitir que un Netanyahu acusado por algunos socios del Gobierno —como el ultraderechista moldavo Avigdor Lieberman, exministro de Asuntos Exteriores— de fracasar en el intento de atacar a Irán,  o de impedir que el Estado palestino ganase legitimidad en la ONU, se presente de nuevo como un hombre duro. Liberman dimitió el 6 de julio por considerar blanda la lluvia de misiles y bombas que caían sobre la franja, forzando así al primer ministro a lanzar la ofensiva terrestre, a cambio de seguir dándole estabilidad a su Gobierno.

2. Impedir la formación de un Estado palestino, debilitando la infraestructura de Hamas, dañando su credibilidad y provocando que surjan nuevas brechas entre Al Fatah y Hamas, para acabar con la unión entre ambas formaciones. Tel Aviv no busca la destrucción de la organización derechista-islámica; la necesita para que siga gestionando el gueto de Gaza, para que impida el caos o que grupos descontrolados tomen protagonismo, y para que sirva de pretexto para atacar a los palestinos cada dos por tres.

3. El objetivo real de la agresión no es Hamas, “el terrorista”, sino el pueblo palestino, como en su día hizo Israel con el Líbano, Irak, Sudán, Libia o Siria.

4. Radicalizar a Hamas y provocar un conflicto interpalestino. Una mala idea, ya que un Hamas debilitado y acorralado no tendría nada que perder en una batalla tan desigual, en una sociedad tan peligrosamente frustrada. Tel Aviv piensa que podrá reinar en un estado de guerra permanente en la zona.

5. Hacer pedagogía del terror, en este caso dirigida a Mahmud Abbas, por atreverse a pedir el reconocimiento de su Estado en la ONU y acercarse a Hamas.

6. Apoderarse de los yacimientos de hidrocarburos en Palestina (ver: Israel detrás del gas de Gaza). En enero pasado, Mahmud Abbas y Putin negociaron la explotación del yacimiento del gas de las aguas de Gaza por Gazprom.

7. Librarse de la presión de Obama y Kerry, que les exigían esfuerzos en el proceso de paz con los palestinos, además de parar los nuevos asentamientos (ver: Israel: Aquí mando yo). Este ataque no sólo significa arruinar el plan de paz estadounidense, sino que además es un claro mensaje a Obama:  sin el apoyo de EEUU Israel es capaz de lanzar destructivas guerras sin que nadie, ni en Occidente ni en Oriente, tenga agallas de impedírselo o de amonestarle.

8. Recibir más ayudas militares de sus socios occidentales: Obama añadió otros 500 millones de dólares a la partida de 30. 000 millones prevista para el periodo 2009-2018, entre otras entregas militares.

9. El temor a que un Estado palestino se acerque a Moscú (como lo están haciendo Cuba y los países exsocialistas de Asia Central), ahora que su pueblo ha sido casi abandonado por los países árabes, Turquía e Irán.

10. Exhibir su poderío en la región, con la complicidad de Egipto, aprovechando la catastrófica situación en la que se encuentran: Libia, Sudán, Siria e Irak agonizan como estados y naciones; el Líbano carece de gobierno; Hizbollah está entretenido en la lucha contra los terroristas en Siria (ver: Siria es una trampa), e Irán se encuentra ocupado con las negociaciones con EEUU sobre el programa nuclear (la prioridad de Teherán es romper las sanciones económicas y dar una imagen más amable y menos radical).

11. Siendo uno de los principales fabricantes mundiales de armas, le interesa probar nuevos artefactos: un gas venenoso en 2001, el fósforo blanco con efectos de napalm en 2009, y el uso de explosivos de metal inerte denso ahora.

Se trata de emplear la guerra para conseguir objetivos que no ha podido lograr desde la política.

Nueva situación, nuevas políticas

A pesar de la propaganda israelí, Gaza/Palestina no es Hamas, una organización de derechas religiosa, con grandes sombras y poca luz en sus acciones sociales y político-militares. Hombres y mujeres laicas, creyentes de diferentes religiones, feministas o pacifistas forman parte de la resistencia palestina (ver: Lenin en Palestina), y teniendo en cuenta los profundos cambios en la zona, trazarán nuevas tácticas y estrategias para conseguir sus objetivos.

El resultado de esta guerra-masacre está siendo un triunfo militar de Israel contra los petardos de Hamas, a la vez que un fracaso estratégico por los crímenes cometidos contra la humanidad; un aumento de los sentimientos antiisraelíes (y antioccidentales) en la región y un duro golpe a Hamas y Al Fatah, que cae como víctima política, acusada con o sin razón de colaboracionista.

Avanza la construcción de un Nuevo Oriente Medio diseñado por el imperialismo estadounidense e Israel, edificado sobre los cuerpos calcinados de cientos de miles de personas, en el que un Gran Israel nacería si consigue hacerse con los territorios, el petróleo y el agua que pertenecen a sus vecinos.

Ante el arrollador poderío de este país y sus socios occidentales, los palestinos no pueden lanzarse a batallas suicidas y emitir declaraciones pasionales propias de políticos aficionados como que “continuará su lucha hasta la última gota de sangre”. En ocasiones, habría que dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante.

 

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¿Ha llegado la hora de los ciudadanos?

Mié, 23/07/2014 - 07:03

Manuel Herrero Villanueva – ATTAC Jerez

En unos pocos años, la sociedad española ha pasado de la apatía, de la falta de reacción ante los continuos y profundos ataques a sus derechos o ante los continuos escándalos de sus representantes políticos, a la toma de las calles con manifestaciones masivas, acampadas permanentes o acciones de presión desconocidas como los escraches o el rodeo de las instituciones.

Pero la acción que de seguro más ha removido los cimientos de este sistema que ahonda en la injusticia y la desigualdad y que a cada minuto recorta más y más los derechos humanos básicos y la propia democracia ha sido el cambio de voto. Los poderes tradicionales, tranquilos hasta ahora con los partidos que han venido alternándose en el poder y pactando para perpetuar éste sistema han visto en peligro su propia pervivencia y eso ha hecho saltar todas sus alarmas, pero a la vez ha abierto ventanas a la esperanza de quienes queremos un mundo más justo y democrático.

Las consecuencias de ese vuelco electoral no se han hecho esperar, por parte de los grandes poderes una reacción furibunda y grosera de sus medios de comunicación y de las instituciones que controlan, y por parte de la ciudadanía la toma de conciencia de que se podían cambiar las cosas, de que su trabajo, sus movilizaciones, su activismo no eran estériles, que había un horizonte posible de alcanzar.

Pero ese movimiento, ese cambio de sistema que se pretende es algo más que un simple cambio de personas, de políticos, debe ser un cambio de filosofía, un cambio en el sistema electoral, en la gestión y en la participación y control de la política, un cambio radical.

Lo primero que hay que cambiar es la filosofía del sistema, la columna vertebral del sistema debe ser “el pueblo español”, el ciudadano, en él reside no sólo la soberanía, sino la propiedad del Estado y a él, a su felicidad, deben tender las actuaciones de cualquier componente de ese estado.

Pero para hacer al ciudadano protagonista, hay que modificar muchas cosas que han demostrado su ineficacia y su tendencia a monopolizar el poder en un determinado grupo de personas inmutables.

Una de las cosas esenciales que hay que cambiar es el concepto de participación, los ciudadanos no pueden ser meros “clientes”, votantes para un determinado proceso y momento y que inmediatamente después no cuente para nada más.

Hay que articular medidas para que desde la nominación de los candidatos hasta su elección definitiva el protagonista principal sea el ciudadano, sin interferencias ni controles, por tanto no son suficientes unas elecciones primarias donde los candidatos los eligen los aparatos de los partidos o surgen de una parte de su militancia.

Hay que articular medidas para que los representantes no entiendan su elección como una prebenda blindada, los ciudadanos deben tener el poder de revocar la representación a quienes no respondan a las expectativas que se pusieron en él. Hay que dotar a la ciudadanía de mayores mecanismos de participación, desde los consejos sectoriales o territoriales con poder decisorio a las consultas populares o iniciativas ciudadanas vinculantes. Todos los órganos representativos, plenos, comisiones informativas, deben ser públicos y deben permitir la intervención de ciudadanos y sus organizaciones.

También hay que cambiar el concepto de político, el político no puede ser un ciudadano con privilegios por encima de las personas que representa, es lógico que tenga un sueldo digno y que las actividades que realiza para mejorar la vida de sus conciudadanos no mermen su situación económica y social, pero el ser representante no puede suponer ni una posibilidad de enriquecimiento personal ni una oportunidad de mejora para amigos y familiares.

Otro de los conceptos que hay que cambiar es el de que la administración que se gobierna es un coto privado de los representantes, hay que asentar el pensamiento de que esa institución es propiedad de los ciudadanos, por tanto hay que aplicar un radical rigor legal y una total transparencia en su gestión, ni una coma de cualquier acto de la administración puede ocultarse a los ciudadanos.

Y el último y quizás el más esencial es que el representante no debe pretender ser nombrado a cualquier precio, no puede renunciar a unas líneas esenciales de pensamiento, como son el respeto a los derechos humanos, o la búsqueda de una justicia social favoreciendo a los más necesitados frente a los poderes establecidos, con un rumbo claro, la defensa de lo público frente a la comercialización privada.

Estas son para mí las premisas mínimas a exigir a cualquier movimiento actual que pretenda cambiar el modelo tradicional para hacer más democrática y participativa nuestra sociedad y creo que ha llegado el momento inaplazable, en que es preciso que surjan en nuestra sociedad más cercana, personas y asociaciones que cumpliendo esas condiciones tomen la responsabilidad de auspiciar un nuevo ciclo político que por fin esté centrado en el ciudadano y no en el beneficio de grupos financieros incontrolados por la soberanía popular.

En ese camino y con esas condiciones estoy seguro que muchos nos encontraríamos, saliendo de ese estado de inanición y apatía en que nos ha metido la mala forma de hacer de quienes creíamos nuestros genuinos representantes.

Artículo publicado en La Voz del Sur

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Lento crecimiento de la zona euro mantiene alto el desempleo, en España se mantiene en 25,1%

Mar, 22/07/2014 - 13:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

La tasa de desempleo en la zona euro de 18 naciones fue en mayo de 11,6 por ciento, idéntica a la tasa revisada del mes de abril, de acuerdo a los datos de Eurostat entregados esta mañana. La agencia de estadísticas de la Unión Europea señala que los datos del mercado del trabajo subrayan el lento ritmo de la recuperación económica en la zona euro. En las 28 naciones de la Unión Europea, la tasa de desempleo en mayo se redujo ligeramente hasta el 10,3 por ciento desde una cifra revisada de 10,4 por ciento en abril, lo que significa que 25,2 millones de personas estaban sin trabajo en mayo. De ellos, 18,6 millones se encontraban en la zona euro. El desempleo en España se mantuvo en 25,1 por ciento, liderando el desempleo en Europa, después de Grecia, al igual que el mes anterior. El desempleo en la zona euro ha caído lentamente desde su máximo de 12 por ciento el año pasado, pero se mantiene muy por debajo de las tasas inferiores al 8 por ciento que prevalecían antes de la crisis financiera iniciada en 2008. El crecimiento sigue siendo lento o inexistente en gran parte de la zona euro, y las empresas no están dispuestas a contratar en un ambiente de clara incertidumbre. Este alto y persistente desempleo masivo causará un serio daño a largo plazo que va más allá del costo humano inmediato.

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Cuando las personas están sin trabajo durante mucho tiempo, las habilidades de las personas se vuelven obsoletas, los trabajadores se desilusionan y la propia inercia del desempleo hace que cada vez sea más difícil volver al trabajo. Por eso el desempleo es una mala noticia para las economías europeas, más aún cuando se enfrentan a un problema demográfico en el envejecimiento de sus ciudadanos y se debe mantener a la gente trabajando para financiar su sistema de apoyo a la asistencia social.

El problema es particularmente grave en la juventud, donde el paro juvenil supera el 50 por ciento. Este fenómeno está incubando una fuerte crisis social que provocará nuevas convulsiones. El costo de rescatar al sistema financiero y olvidar la estabilidad del recurso humano está creando una profunda bifurcación de clases y un enorme abismo de pobreza.

El Blog Salmón

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Tartufo, los lirios, los pájaros y la Mezquita de Córdoba

Mar, 22/07/2014 - 13:00

Antonio Aramayona – ATTAC España

Al fundador o primera referencia básica del cristianismo, Jesús de Nazaret, se le atribuyen unas palabras recogidas en algunos evangelios canónicos donde invita a sus seguidores a no preocuparse por qué comerán, beberán o vestirán, pues su Dios ya se ocupa de todo, al igual que se ocupa de los pájaros, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, o de los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan.

Ahora la cosa ha cambiado un poco. Por ejemplo, ahora las aves del cielo anidan y los lirios del campo brotan entre las tejas de la Mezquita de Córdoba y sobre sus trescientos sesenta y cinco arcos de herradura sostenidos por 850 columnas de mármol, jaspe y granito, pues los señores obispos hispanovisigóticos se han preocupado de inmatricular en 2006 la Mezquita (cómo no, ahora Mezquita-Catedral) a nombre de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Su adquisición les ha costado menos de 30 euros, pues por algo el Concordato franquista de 1953 (nunca expresa y oficialmente derogado) y los Acuerdos de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede les eximen de pagar, entre otras muchas cosas, el IBI y el impuesto de Donaciones y Sucesiones.

El pueblo ha estado tan tranquilo durante siglos, al suponer que los bienes del pueblo son del pueblo, o que un monumento declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad es de la Humanidad. Pero llegó a la Presidencia del Gobierno José María Aznar, y amplió la Ley Hipotecaria en 1998 a los templos y objetos de culto, una ley franquista por la que un obispo católico tiene la facultad de acercarse a un registro de la propiedad para que cualquier local, objeto, ermita, catedral, casa rural o residencia que no tenían dueño oficial (se suponía que eran de todos, del pueblo) pasase a quedar inmatriculada, por cuatro duros, como propiedad de la institución religiosa que predica sobre los lirios del campo y los pájaros del cielo. Para sus jerarcas lo que dijo Jesucristo sigue teniendo su importancia, pero quienes realmente dejaron claro cómo cortar el bacalao fueron definitivamente personajes tales como Constantino, Recaredo, Isabel y Fernando, Francisco Franco o José María Aznar.

Entre este río revuelto de leyes y reglamentos, los pescadores más avezados en obtener ganancia de cuanto cae en sus manos han llevado a cabo miles de inmatriculaciones a su nombre, de cuya constitucionalidad dudan no pocos, pero que hasta el momento nadie se ha preocupado de denunciar como anticonstitucional. El resultado, tirando por lo bajo, según algunas fuentes cercanas al Registro de la Propiedad, es de unas 4.500 inmatriculaciones a favor de los señores del cotarro católico oficial, entre ellas, la Mezquita de Córdoba. De paso, no hay que descartar que los lirios del campo y los pájaros del cielo que anidan sobre la techumbre o entre el artesonado de dicha Mezquita hayan quedado también ipso facto inmatriculados.

Ahora el drama se ha convertido en una casposa comedia bufa llena de Tartufos. El 13 de junio pasado el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy aprobó el Proyecto de Ley de Reforma Hipotecaria, por el que la Iglesia Católica ya no puede inmatricular más a su antojo (¿le queda aún algo por inmatricular?). Un diputado socialista y el grupo de Izquierda Plural en el Congreso habían pedido que se impugnase la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba y se llevase a cabo la expropiación de la misma. Pues bien, a uno de los Tartufos, Ruiz Gallardón, le ha parecido un “despropósito” tal propuesta y algún que otro miembro del Gobierno, también Tartufo, asegura que existen “numerosas razones” para no expropiarla, principalmente la “falta de recursos”, dada la crisis económica galopante que nos aflige (para esto no valen ya ni la triunfal recuperación económica del ministro tartufo de Hacienda, Montoro, ni los rescates bancarios a costa del pueblo llevados a cabo en plena crisis económica).

En el momento culminante de la obra, otro Tartufo gubernamental ha llegado a decir que, como la expropiación supondría grandes costes y gastos para el mantenimiento de la Mezquita de Córdoba, lo prudente es dejar todo en manos de la iglesia católica. ¡Como si, según informa Europa Laica, no fuese el pueblo, a través de los Presupuestos Generales del Estado, el que costease anualmente más de 600 millones de euros anuales en ayudas directas a la iglesia católica para la reforma y conservación de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario!

“No pensaran los que me conocen que soy de alma interesada. Todos los bienes de este mundo tienen pocos atractivos para mí, y su engañoso brillo no me deslumbra. Si me resuelvo a recibir del padre la donación que ha querido hacerme, es, en verdad, porque temo que todos esos bienes caigan en malas manos, que puedan hacer de ellos en el mundo un uso criminal, no sirviendo, según me propongo yo, para gloria del Cielo y bien del prójimo” (Molière, TARTUFO; Acto IV, Escena I).

 

Artículo publicado en El Huffington Post

http://lautopiaesposible.blogspot.com.es

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Mitos y falsedades de la sabiduría convencional: el drama de los jóvenes

Mar, 22/07/2014 - 09:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Uno de los pocos programas que veo en televisión es el programa que dan en La Sexta los sábados por la noche. Es de los pocos programas en los que los tertulianos de izquierdas tienen el mismo espacio que los de derechas. Lamento la estridencia de lo que se presenta como “debates”, resultado del comportamiento de los tertulianos de derechas, que frecuentemente sustituyen los argumentos por insultos o falsedades. Un problema que tiene la democracia en España es la falta de una derecha democrática que sepa argumentar y convencer. Pero, al menos, se permite a las izquierdas (bien representadas en el programa) que respondan, lo cual hacen mostrando a las derechas por lo que son.

Felicito al director del programa. Felicitación que hago a medias, pues los economistas que utiliza el programa como “expertos” para analizar la situación actual son todos ellos de sensibilidad conservadora y/o liberal, lo que refleja el pensamiento económico dominante en España, pensamiento que la actual crisis debería haber ya desacreditado, como ha ocurrido en otros países, pero no en España.

Un ejemplo de ello fue cuando se discutió el tema de la viabilidad de las pensiones, atribuyendo su supuesta inviabilidad a la transición demográfica (es decir, a que haya cada vez más personas ancianas, y menos personas jóvenes que les paguen las pensiones). Dicha aseveración, provista por el “experto”, reproducida “ad nauseam” día tras día en los medios, es falsa, como mi amigo y colega, Juan Torres, y yo, hemos mostrado ampliamente en el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Editorial Espasa, 2013). En realidad, el mayor problema que amenaza la viabilidad de las pensiones son las políticas neoliberales que se están aplicando (predeciblemente defendidas por la mayoría de expertos económicos del programa) y que están destruyendo puestos de trabajo y reduciendo los salarios. Puesto que las pensiones en España se pagan en su gran mayoría con aportaciones derivadas de las rentas del trabajo, en la medida en que estas rentas bajen, las pensiones tendrán más dificultades para ser financiadas. Y hoy se está produciendo un tsunami provocado deliberadamente por las fuerzas conservadoras y liberales, que se están cargando la Seguridad Social de este país.

No hay falta de jóvenes en este país

Hoy el problema no es que no haya suficientes jóvenes. El problema es que no tienen trabajo, y los que lo tienen cobran unos salarios bajísimos. Este es el problema. Y esto es resultado de unas políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos (incluyendo el español), cosa que el lector no leerá en la mayoría de medios de información y persuasión del país. Esta situación, desesperada para millones de jóvenes, explica su emigración. Hoy estamos viendo la segunda mayor ola de emigrantes que España haya visto desde los años cincuenta, resultado de un de las mayores crisis económicas y financieras que España haya vivido. Más de medio millón de personas (547.890 personas) emigraron el año pasado, de las cuales casi 80.000 fueron personas nacidas en España (79.306 personas). Esta emigración fue una de las causas de que la población en España cayera por segundo año consecutivo, perdiendo 220.130 habitantes. La mayor pérdida fue entre los jóvenes. Catalunya, por cierto, fue de las que perdió más.

El escaso empleo juvenil

Se ha prestado mucha atención, con razón, a la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes en España, una de las más altas de la OCDE, el club de países más ricos del mundo (del cual España es miembro), y de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE con mayor desarrollo económico, del cual España es también miembro. Ahora bien, lo que menos se ha analizado es la tasa de ocupación de la gente joven. Concretamente, el porcentaje de la población joven (tanto de 16 a 20 años como de 20 a 24 años) que trabaja en España es de los más bajos de la OCDE y de la UE-15, siendo también el país que, además de tener la tasa de ocupación juvenil más baja, ha tenido también el mayor descenso de esa tasa durante la crisis. Así, la tasa de ocupación de los jóvenes de 16 a 20 años era de un 24,4% (es decir, que de cada 100 jóvenes, solo 24,4 estaban trabajando) en el año 2000, y bajó en picado de manera que en el año 2012 el porcentaje era solo de un 5,3%, el mayor descenso en la OCDE y en la UE-15. Un tanto igual ocurrió en el grupo de 20 a 24 años, cuya tasa bajó de un 47,9% en el año 2000 a un 31% en el año 2012. Solo Grecia, Portugal e Irlanda ofrecen cifras semejantes.

La insensibilidad del establishment político frente a esta realidad

Esta emigración de jóvenes significa una enorme pérdida de recursos. Son personas formadas, con el más alto nivel de formación que España haya tenido. Y la indiferencia de las autoridades públicas hacia esta situación muestra su enorme insensibilidad hacia este drama humano, así como su insensibilidad (o incompetencia) hacia lo que significa la pérdida de estos jóvenes. Un indicador de esta insensibilidad del Gobierno del Partido Popular (y del socialista anterior) es que no hagan nada para recuperar a esta juventud, cuya emigración puede significar una pérdida irreversible. Lo que el Estado debería hacer es facilitar que fuera reversible.

Así pasó en la primera ola emigratoria. Fue un Gobierno conservador, presidido por Adolfo Suárez, el que permitió que un ciudadano español que tuviera que emigrar y que tuviera que adquirir otra nacionalidad por causas laborales, no perdiera su nacionalidad española, permitiendo así la doble nacionalidad por causas laborales. Con ello, tal ciudadano no perdía sus lazos con España, de manera que siempre podía volver e integrarse en España. Es sorprendente y reprobable que esa ley fuera anulada por el Gobierno socialista presidido por Felipe González.

Es fundamental que dicha ley se recupere, pues es un compromiso que España tiene con estas personas, ciudadanos españoles que se han tenido que marchar de España porque este país no les ofrecía el trabajo para el cual se formaron. El mantenimiento de la ciudadanía es una condición esencial para que se sientan ligados a España y vuelvan. Y ruego a todos los ciudadanos españoles que me lean que escriban al Gobierno exigiendo que se apruebe tal ley. Es lo mínimo que las Cortes españolas pueden hacer para aquellos que han sido tan dañados por las políticas neoliberales aprobadas, por cierto, por esas mismas Cortes.

Otra falsedad: las causas del desempleo

En contra de lo que la sabiduría convencional indica, la tasa de desempleo es una variable política, no una variable económica. Lo que quiere decir esta expresión es que el nivel de desempleo está determinado por intervenciones políticas, es decir, que cada país tiene el nivel de desempleo que su Estado desea o permite. Esto le sorprenderá al lector, que estará acostumbrado a leer que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que baje el desempleo. En esta percepción (profundamente errónea), se asume que el alto desempleo de España se debe a causas ajenas sobre las cuales el Estado tiene poco que hacer.

Las explicaciones más comunes del elevado desempleo en los medios de información y persuasión españoles (dominados por el pensamiento neoliberal) son que el elevado desempleo es resultado de unas supuestas rigideces del mercado de trabajo (como consecuencia del excesivo poder de los sindicatos), o consecuencia de la falta de una formación y/o educación de la población que le permita ser integrada en el mercado de trabajo. Ninguna de estas explicaciones tiene evidencia que las avale (ver mis artículos en la sección económica de mi blogwww.vnavarro.org).

La principal causa del desempleo son las políticas públicas que van orientadas, precisamente, a aumentar el desempleo. Su objetivo es reducir el poder del mundo del trabajo y, con ello, disminuir los salarios y la protección social y aumentar el tiempo de trabajo por trabajador. La evidencia de que esto es lo que está ocurriendo es más que robusta. Dos de los economistas más brillantes de EEUU, Dean Baker y Jared Bernstein, han publicado un artículo, “Full Employment and the Path to Shared Prosperity”, Center for Economic and Policy Research, Washington (03.07.14), en el que muestran como por cada aumento de un 1% en la tasa de paro de EEUU, disminuye el nivel salarial un 12,4%. Una situación semejante nos encontramos en España, donde el enorme incremento del desempleo ha causado un enorme bajón en los salarios.

Y lo que la Troika, la banca y la gran patronal quieren decir cuando piden que continúen las reformas, es que creen que los salarios deben incluso bajar más. Lo que ocurre en esta situación es que las bajadas de salarios implican un descenso de la demanda y, con ello, del crecimiento económico, con lo cual el incentivo para producir más y crear más empleo se reduce, cuando no elimina. Es el círculo vicioso que nos está llevando al desastre.

En realidad, si el Estado adoptara políticas de pleno empleo, estimularía la demanda, con lo cual habría mayor creación de empleo, dando mayor poder al mundo del trabajo, lo que causaría un aumento más grande de los salarios, lo que, a su vez, crearía mayores necesidades de producción y de empleo. De esta manera, el círculo vicioso se convertiría en un círculo virtuoso. El hecho de que no se produzca se debe predominantemente al contexto político, es decir, a las relaciones de poder entre el mundo del capital y el del trabajo, en el que el primero está ganando y el segundo perdiendo. Y esto, lector, no lo leerá usted en los medios de información y persuasión, dominados por el primero. Así de claro.

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Artículo publicado en público.es

vnavarro.org

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Podemos y la recomposición del régimen del 78

Mar, 22/07/2014 - 07:00
Santiago Alba Rico / Carlos Fernández Liria / Javier Mestre – Rebelión

Es difícil negar ya la perspicacia de Podemos a la hora de analizar los marcos políticos existentes y de intervenir en una relación de fuerzas que se había aceptado -a derecha e izquierda- como inmodificable en su conjunto. El resultado de las elecciones europeas y, sobre todo, la cerrada campaña desatada contra la nueva fuerza política dan buena medida de hasta qué punto Podemos ha movilizado al electorado y ha asustado a los defensores del régimen del 78. El erizamiento casi felino de ciertos medios, los ataques e insultos de políticos y periodistas orgánicos de la derecha y la tentativa abyecta de desacreditar a Pablo Iglesias a cualquier precio no se corresponden con la pequeñísima representación institucional de Podemos en el Parlamento europeo ni, desde luego, con su musculatura organizativa. Podemos es tratado ya como una alternativa de poder incluso antes de tener una sede y una estructura de gestión y, si eso debe reconfortarnos a los que hemos apoyado desde el principio la iniciativa (y que, antes de esta epidemia de entusiasmo, nos habíamos resignado a movernos en los márgenes, con nuestros principios y nuestras nostalgias), debe también mantenernos despiertos y en estado de alerta. Invirtiendo el famoso adagio del poeta Hölderlin, cuando crecen los “medios de salvación” crecen paralelamente las amenazas. Sería de una gran ingenuidad pensar que, puesto que se nos trata ya como una “alternativa de gobierno”, somos ya una alternativa de gobierno. Es más bien al contrario: se nos trata como una alternativa de gobierno para impedir que lleguemos a gobernar.En este contexto -de respuestas emulativas o criminalizadoras al crecimiento de Podemos- se ha hecho público el así llamado borrador de ponencia politica del proyecto: “La crisis del régimen del 78, Podemos y la posibilidad del cambio político en España”. Aunque es un texto difícil y a menudo correoso, del que se podría hacer quizás una versión realmente “plebeya” -como plebeya es la fuerza de Podemos- para su discusión en los Círculos, no puede negarse ni la finura del análisis ni la perspicacia estratégica. Si la campaña realizada demuestra la calidad del saber concentrado en la propuesta, a cuya invertebrada estructura no dejan de afluir las competencias individuales más ricas y dispares, este texto revela la formidable preparación intelectual depositada en el proyecto. No creemos, en realidad, que haya ninguna fuerza mejor preparada para gobernar que Podemos, a lo que se une una disposición desinteresada -antes hubiéramos dicho “militante”- que cristaliza en una miríada de contribuciones técnicas individuales sobre el terreno sin las cuales no se habría llegado hasta aquí ni, desde luego, podría aspirarse a ir más lejos. A esta combinación de preparación intelectual sin precedentes y disposición militante en ámbitos técnicos y -por así decir- “profesionales” sólo le falta (¡sólo!) una organización estable y sensata (es decir articulada y democrática) para ser irresistible. Ese es el desafío de la Asamblea convocada para el próximo otoño.

En este sentido, lo más interesante del documento citado de Podemos es la vertiente -digamos- apremiante y hasta alarmista. El texto puede dividirse en tres partes. La primera se ocupa de la descomposición del régimen del 78 en sus dos frentes, el político y el económico, y de la objetiva imposibilidad de una transformación del sistema “desde fuera”, por la vía -digamos- “revolucionaria”; la segunda se centra en las estrategias de recomposición de ese régimen que la irrupción de Podemos ha acelerado y moldeado. Lo que el documento sostiene de manera inobjetable es que en la intersección de la crisis de régimen, uno de cuyos síntomas es precisamente Podemos, y de las respuestas que el propio régimen elabora para salir de ella, que Podemos ha intensificado y alterado, surge una posibilidad transformadora con la que hasta hace pocos meses no podíamos soñar -o con la que sólo podiamos soñar. Esta es la tercera parte del documento, la que recuerda acertadamente que “el momento es ahora” obligando a asumir, como un dato interno a las relaciones de fuerza y a las esperanzas de cambio, la “urgencia” de la intervención.

Ahora o nunca, viene a decirnos el documento. Si perdemos esta oportunidad de desplazar el sentido común hacia la izquierda (incluso si no la nombramos así) no habrá otra parecida en décadas y además -hay que añadir- nuestra ausencia no será sencillamente un vacío: será colmada desde la derecha y, peor aún, desde la extrema derecha. Es esta “oportunidad” la que ha señalado y activado Podemos y, a nuestro juicio, Podemos es sólo ese precipitado químico capaz de desencadenar nuevas reacciones en cadena. Sabemos que hay otras fuerzas con programas parecidos y, en otros partidos, incluso en partidos del régimen, miles y miles de votantes y militantes dispersos que perciben y buscan exactamente lo mismo. La ventaja de Podemos para catalizar esos formidables impulsos dispersos es objetiva y, si se quiere, impersonal: procede justamente de su carencia de genealogía y de identidad -carencia ligada por eso mismo a una serie de principios y de prácticas no contaminadas por el régimen y que comparecen como “nuevas” en un sentido exactamente inverso al mercantil o electoralista. No se trata de defender Podemos (como se defiende el PSOE o el Real Madrid) sino de defender la “oportunidad impersonal” que encarna junto a otras iniciativas; y es a esa oportunidad a la que en estos momentos deberíamos sacrificar genealogías e identidades que -al menos para los firmantes de este artículo- son no sólo respetables sino muy “verdaderas”, pero que pueden convertirse en un obstáculo a efectos de actualización histórica y política de la “verdad” que contienen.

La “urgencia” -diagnostica bien el documento- tiene que ver con esas estrategias de recomposición del régimen que Podemos ha acelerado y que podrían llevar a un relegitimación de los marcos políticos vigentes. Por eso esta “urgencia” es, al mismo tiempo, inseparable de la conciencia de dos peligros que podrían echar por tierra la oportunidad sin precedentes en cuyo umbral nos encontramos. Es “urgente” intervenir porque la “ventana de oportunidad” puede cerrarse a poco que mejore -incluso ilusoriamente- la situación económica y los partidos del régimen consigan lavar su cara; y a poco también que triunfe la doble estrategia del régimen orientada simultáneamente a criminalizar Podemos como una fuerza de extrema-izquierda (lo viejo de la izquierda) y a integrarla como una fuerza más en el régimen (lo viejo del sistema).

Es “urgente” vencer, pues, para evitar este doble peligro; pero la urgencia de ganar -la condición misma de la victoria – es indisociable también de la necesidad de sortear estas dos amenazas . Si queremos transformar España tenemos que transformarla ya, pues el tiempo opera siempre a favor de las fuerzas conservadoras, mejor situadas para neutralizar o corromper las fuerzas de cambio. Pero si queremos transformar España ya, la constelación Podemos debe mantener a toda costa esa “novedad impersonal” arriba mencionada: ni puede reproducir los viejos discursos y tics de la izquierda ni sucumbir a las corrupciones organizativas de la derecha. Es urgente organizarse para vencer; es urgente organizarse bien. Es muy difícil organizarse bien -en general- y es aún más difícil organizarse bien con tanta urgencia. Por eso -evocando una feliz frase de nuestro amigo Jonatham F. Moriche- va a hacer falta una rara combinación de “cálculos, principios, propuestas y afectos” para estar a la altura de esta oportunidad histórica. Del régimen debemos esperar lo peor y cumple prepararse ya para la confrontación; pero por primera vez en décadas ningún fatalismo debe presidir nuestros actos, pues por primera vez en décadas una buena parte de nuestro destino político está en nuestras manos. Depende de las decisiones que tomemos. Podemos ha demostrado ya que la intevención es posible, que nuestros aciertos generan efectos. Podemos, en realidad, es sólo el nombre de esa posibilidad y de esa oportunidad. El nombre de un milagro que, como todos los milagros, no se repetirá y que, por eso mismo, hay que convertir en rutina de gobierno. No desperdiciemos la ocasión. En lo que depende de nosotros -cálculos, principios, propuestas, afectos- no hagamos la menor concesión, no demos la menor seña de debilidad al régimen que quiere aniquilarnos; ni desilusionemos -cálculos, principios, propuestas, afectos- a toda esa gente que ha dejado de creer en los políticos porque, gracias a Podemos , empieza a creer, o vuelve a creer, en la política.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Santiago Alba Rico es miembro del Consejo Científico de ATTAC España

 

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Por una renta básica incondicional, universal e individual

Lun, 21/07/2014 - 18:00

Plataforma por la Renta Básica Universal de Sevilla

La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el decreto de “medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía” (BOJA 113 de 13 de junio). En diciembre de 2013, a iniciativa de IU se creó en la Cámara andaluza un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Igualdad, Salud y Política Social, que sigue activo –aunque escaso de actividad- para avanzar hacia una Ley andaluza de Renta Básica, en cumplimiento del Estatuto de autonomía vigente, que hace mención a tal concepto, si bien de forma vaga.

Y en los últimos días, los sindicatos llamados mayoritarios, junto con otras entidades de la sociedad civil, anuncian una Iniciativa Legislativa Popular andaluza para lograr la aprobación de lo que llaman también una “renta básica” para Andalucía. Tanto la medida institucional como las iniciativas referidas de la sociedad civil pretenden paliar y revertir el incremento de la pobreza en nuestra tierra, que alcanza cotas alarmantes, en extensión y en intensidad, si bien creemos que lo pretenden siguiendo fórmulas muchas veces ensayadas y con resultados siempre pírricos.

Desde la Plataforma por la Renta Básica Universal de Sevilla creemos necesario pronunciarnos sobre estas iniciativas y otras que por el estilo vienen proponiéndose desde distintos ámbitos, para Andalucía o para el conjunto del Estado. Con ello queremos también difundir la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica presentada en el Congreso de los Diputados y subrayar la radical diferencia que supone la Renta Básica Universal, según se entiende internacionalmente (Uncondicional Basic Income-UBI-) respecto a las otras “rentas básicas” no universales, sino condicionales y subsidiarias.

Tanto el decreto de Inclusión aprobado por la Junta como la propuesta de “renta básica” que quieren lanzar los sindicatos llamados mayoritarios suponen o supondrían en realidad ayudas o subsidios, que es el nombre que han recibido tradicionalmente y que les corresponde en propiedad, porque son subsidiarias de la situación de los potenciales perceptores respecto del mercado de trabajo y de su patrimonio mercantil.

En lo fundamental, se trata de un derecho condicionado a la situación laboral, es decir, que solo lo percibirán aquell@s que demuestren ante la Administración que no tienen bienes económicos, pero que están dispuestos a aceptar cualquier empleo legal, están buscándolo efectivamente y no lo consiguen. Es decir, son políticas que siguen defendiendo que el trabajo es la “única puerta de entrada” para tener derecho a percibir ayudas públicas.

La filosofía que inspira estas medidas tradicionales contra la pobreza es propia de lo que se ha dado en llamar “sociedades de trabajo”, ya que en ellas el concepto moderno de “trabajo” se ha constituido en el eje legitimador y articulador por excelencia. Porque, según este discurso dominante aun sólidamente asentado, caro tanto a la tradición liberal como a la comunista soviética, es el “trabajo” el que crea la riqueza (lo que se conoce como crecentismo). Y en esencia se considera “trabajo” aquellas actividades humanas que reciben una remuneración mercantil o pública, trabajo asalariado (no todas las demás, por importantes que puedan ser para la cohesión social y el sostenimiento de la vida).

Deriva de estos supuestos que sólo se cree aceptable que reciban del peculio público aquellas personas que demuestran que no pueden trabajar. Más aun, según la ideología imperante en nuestras “sociedades de trabajo”, todo sujeto que no quiera ver comprometida su respetabilidad, deberá demostrar ante los demás que está en alguna de estas situaciones: preparándose para trabajar (formándose), ejerciendo un trabajo o imposibilitado para ejercerlo.

La perseverancia de las políticas para incentivar el empleo y paliar el desempleo inspiradas en esos principios decimonónicos son injustas y generan indefensión y sufrimiento en el presente. Porque la multiplicación y sofisticación de las máquinas convierten en imposible el pleno empleo ni aun en condiciones favorables, ya no digamos en coyunturas desfavorables como la actual en Andalucía y España.

El resultado es que se condena a contingentes crecientes de personas a la precariedad y la indefensión, que se mueven entre la exclusión y la peregrinación menesterosa por ventanillas públicas y entidades benéficas. A más que la Administración llega a la sobrecarga por los dispositivos que debe desarrollar para supervisión y control de tales ayudas. Por si fuera poco, esta menesterosidad burocratizada convive con la opulencia obscena de las minorías integradas, a las que se convida al desenfreno consumista.

Y es que, según esa ideología crecentista, los recursos destinados a paliar la pobreza son tenidos por “gasto social”, mientras que lo que se destina a acrecentar directa o indirectamente el consumo despilfarrador e insostenible ecológicamente se considera “inversión productiva”. Repárese si no en los porcentajes de dinero que la Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, dedica al citado Decreto con lo que dedica a”“inversiones en infraestructuras” (autopistas, aviones por raíles o aves, trenes en el subsuelo de nuestras ciudades, etc).

Una Renta Básica Universal (RBU), como es la que propone la ILP estatal referida, es una medida radicalmente diferente a cualquier ayuda o subsidio, porque es incondicional, universal e individual. En lugar de inspirarse en los principios del productivismo o crecentismo de la “sociedad de trabajo”, remite a un republicanismo que no funda el sentido de la vida en el par productivismo-consumismo, sino en los principios del bien común, el apoyo mutuo y la equidad. La Renta Básica Universal así entendida facilitará afrontar ordenadamente cambios que una ética de respeto a la vida humana en particular y de los seres vivos en general hace insoslayables, como la reducción o eliminación de trabajos alienantes o ecológicamente insostenibles, así como el reparto de los trabajos necesarios.

Las entidades que defendemos la RBU ( en España) la consideramos un “derecho emergente”, según la Carta de Derechos Humanos Emergentes (CDHE), debatida en el Forum Universal de las Culturas, que tuvo lugar en Barcelona en septiembre de 2004 y que fue aprobada en el Congreso de Monterrey (Mexico) en el 2007), y que aspiramos a equiparar al resto de derechos universales, a los que no debemos renunciar sino fortalecer y hacerlos materialmente efectivos: educación, sanidad, vivienda, información, participación política y un medio ambiente saludable, según normas que garanticen los mismos derechos para las generaciones futuras.

La implantación de la RBU, en un marco general de afianzamiento del resto de derechos fundamentales, conllevará una reforma sustancial de la estructura tributaria de la Hacienda y se traducirá en cambios importantes de los mercados de trabajo, que no corresponde detallar aquí y que no es posible prever en todos sus extremos. Pero todo ello merecerá la pena si convenimos de principio en que es justo y ensancha el espacio de la equidad.

Mientras tanto, pedimos simplemente que no se confunda a la ciudadanía presentando como “rentas básicas” lo que son ayudas y subsidios convencionales.

Artículo publicado en eldiario.es

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Por una renta básica incondicional, universal e individual

Lun, 21/07/2014 - 18:00

Plataforma por la Renta Básica Universal de Sevilla

La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el decreto de “medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía” (BOJA 113 de 13 de junio). En diciembre de 2013, a iniciativa de IU se creó en la Cámara andaluza un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Igualdad, Salud y Política Social, que sigue activo –aunque escaso de actividad- para avanzar hacia una Ley andaluza de Renta Básica, en cumplimiento del Estatuto de autonomía vigente, que hace mención a tal concepto, si bien de forma vaga.

Y en los últimos días, los sindicatos llamados mayoritarios, junto con otras entidades de la sociedad civil, anuncian una Iniciativa Legislativa Popular andaluza para lograr la aprobación de lo que llaman también una “renta básica” para Andalucía. Tanto la medida institucional como las iniciativas referidas de la sociedad civil pretenden paliar y revertir el incremento de la pobreza en nuestra tierra, que alcanza cotas alarmantes, en extensión y en intensidad, si bien creemos que lo pretenden siguiendo fórmulas muchas veces ensayadas y con resultados siempre pírricos.

Desde la Plataforma por la Renta Básica Universal de Sevilla creemos necesario pronunciarnos sobre estas iniciativas y otras que por el estilo vienen proponiéndose desde distintos ámbitos, para Andalucía o para el conjunto del Estado. Con ello queremos también difundir la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica presentada en el Congreso de los Diputados y subrayar la radical diferencia que supone la Renta Básica Universal, según se entiende internacionalmente (Uncondicional Basic Income-UBI-) respecto a las otras “rentas básicas” no universales, sino condicionales y subsidiarias.

Tanto el decreto de Inclusión aprobado por la Junta como la propuesta de “renta básica” que quieren lanzar los sindicatos llamados mayoritarios suponen o supondrían en realidad ayudas o subsidios, que es el nombre que han recibido tradicionalmente y que les corresponde en propiedad, porque son subsidiarias de la situación de los potenciales perceptores respecto del mercado de trabajo y de su patrimonio mercantil.

En lo fundamental, se trata de un derecho condicionado a la situación laboral, es decir, que solo lo percibirán aquell@s que demuestren ante la Administración que no tienen bienes económicos, pero que están dispuestos a aceptar cualquier empleo legal, están buscándolo efectivamente y no lo consiguen. Es decir, son políticas que siguen defendiendo que el trabajo es la “única puerta de entrada” para tener derecho a percibir ayudas públicas.

La filosofía que inspira estas medidas tradicionales contra la pobreza es propia de lo que se ha dado en llamar “sociedades de trabajo”, ya que en ellas el concepto moderno de “trabajo” se ha constituido en el eje legitimador y articulador por excelencia. Porque, según este discurso dominante aun sólidamente asentado, caro tanto a la tradición liberal como a la comunista soviética, es el “trabajo” el que crea la riqueza (lo que se conoce como crecentismo). Y en esencia se considera “trabajo” aquellas actividades humanas que reciben una remuneración mercantil o pública, trabajo asalariado (no todas las demás, por importantes que puedan ser para la cohesión social y el sostenimiento de la vida).

Deriva de estos supuestos que sólo se cree aceptable que reciban del peculio público aquellas personas que demuestran que no pueden trabajar. Más aun, según la ideología imperante en nuestras “sociedades de trabajo”, todo sujeto que no quiera ver comprometida su respetabilidad, deberá demostrar ante los demás que está en alguna de estas situaciones: preparándose para trabajar (formándose), ejerciendo un trabajo o imposibilitado para ejercerlo.

La perseverancia de las políticas para incentivar el empleo y paliar el desempleo inspiradas en esos principios decimonónicos son injustas y generan indefensión y sufrimiento en el presente. Porque la multiplicación y sofisticación de las máquinas convierten en imposible el pleno empleo ni aun en condiciones favorables, ya no digamos en coyunturas desfavorables como la actual en Andalucía y España.

El resultado es que se condena a contingentes crecientes de personas a la precariedad y la indefensión, que se mueven entre la exclusión y la peregrinación menesterosa por ventanillas públicas y entidades benéficas. A más que la Administración llega a la sobrecarga por los dispositivos que debe desarrollar para supervisión y control de tales ayudas. Por si fuera poco, esta menesterosidad burocratizada convive con la opulencia obscena de las minorías integradas, a las que se convida al desenfreno consumista.

Y es que, según esa ideología crecentista, los recursos destinados a paliar la pobreza son tenidos por “gasto social”, mientras que lo que se destina a acrecentar directa o indirectamente el consumo despilfarrador e insostenible ecológicamente se considera “inversión productiva”. Repárese si no en los porcentajes de dinero que la Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, dedica al citado Decreto con lo que dedica a”“inversiones en infraestructuras” (autopistas, aviones por raíles o aves, trenes en el subsuelo de nuestras ciudades, etc).

Una Renta Básica Universal (RBU), como es la que propone la ILP estatal referida, es una medida radicalmente diferente a cualquier ayuda o subsidio, porque es incondicional, universal e individual. En lugar de inspirarse en los principios del productivismo o crecentismo de la “sociedad de trabajo”, remite a un republicanismo que no funda el sentido de la vida en el par productivismo-consumismo, sino en los principios del bien común, el apoyo mutuo y la equidad. La Renta Básica Universal así entendida facilitará afrontar ordenadamente cambios que una ética de respeto a la vida humana en particular y de los seres vivos en general hace insoslayables, como la reducción o eliminación de trabajos alienantes o ecológicamente insostenibles, así como el reparto de los trabajos necesarios.

Las entidades que defendemos la RBU ( en España) la consideramos un “derecho emergente”, según la Carta de Derechos Humanos Emergentes (CDHE), debatida en el Forum Universal de las Culturas, que tuvo lugar en Barcelona en septiembre de 2004 y que fue aprobada en el Congreso de Monterrey (Mexico) en el 2007), y que aspiramos a equiparar al resto de derechos universales, a los que no debemos renunciar sino fortalecer y hacerlos materialmente efectivos: educación, sanidad, vivienda, información, participación política y un medio ambiente saludable, según normas que garanticen los mismos derechos para las generaciones futuras.

La implantación de la RBU, en un marco general de afianzamiento del resto de derechos fundamentales, conllevará una reforma sustancial de la estructura tributaria de la Hacienda y se traducirá en cambios importantes de los mercados de trabajo, que no corresponde detallar aquí y que no es posible prever en todos sus extremos. Pero todo ello merecerá la pena si convenimos de principio en que es justo y ensancha el espacio de la equidad.

Mientras tanto, pedimos simplemente que no se confunda a la ciudadanía presentando como “rentas básicas” lo que son ayudas y subsidios convencionales.

Artículo publicado en eldiario.es

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Cifuentes se inventa las acusaciones para poder multar a manifestantes pacíficos

Lun, 21/07/2014 - 13:00

Eduardo Garzón - Consejo Científico de ATTAC España

Hace casi dos años participé en una manifestación pacífica en Madrid. Ese día me multaron con 500 euros sin yo haber hecho absolutamente nada. Las razones recogidas en la sanción era que la manifestación no había sido notificada (algo que ni siquiera yo sabía, aunque por ello no tienen derecho a multarme a mí, un simple participante) y que yo había causado desórdenes graves, lo cual es totalmente falso porque de hecho esa manifestación transcurrió con total normalidad (recogido por los diferentes medios de comunicación).

Recurrí la sanción alegando que lo que decían era falso y que además según la legislación sólo podían multar a los organizadores o personalidades destacas de la manifestación no comunicada, no a un simple participante.

Hoy me han notificado que mi recurso ha sido desestimado y que tengo que pagar los 500 euros. Lo más impresionante de todo es que han modificado su acusación. Literalmente: “Usted fue identificado en la Plaza de España junto a un grupo de personas que portaban banderas y pancartas alusivas a la manifestación no comunicada. Fue identificado cuando junto a un numeroso grupo de personas invadieron la calzada creando un caos circulatorio”.

Es categóricamente falso. Ni iba acompañado de personas con banderas y pancartas ni hubo ningún caos circulatorio. En este post narré con detalles lo ocurrido aquel día.

Han tenido que inventarse la acusación para poder multarme. Mienten con descaro y con conocimiento. A esto es lo que se dedica la delegación del gobierno de Madrid y su policía. Bravo.

Saque de Esquina

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Fascismo electoral: acoso (y derribo) de la democracia en Italia

Lun, 21/07/2014 - 09:00

Antoni Aguiló / Dino Costantini – Público.es

Asistimos a una forma inédita de destrucción de las instituciones representativas que llamamos fascismo electoral: la apropiación elitista de los fundamentos institucionales del Estado para ponerlos al servicio de intereses plutocráticos, mercantiles y bancarios. “Fascismo” se refiere a una política que establece el orden de una sociedad con poder y violencia contra las necesidades del pueblo y de acuerdo con los poderes dominantes. Se atribuye a Mussolini la afirmación según la cual el fascismo debería llamarse corporativismo, porque representa la fusión del poder estatal con el poder corporativo o económico.

Lo novedoso del fascismo electoral es que no elimina las reglas de juego de la democracia liberal: no prohíbe la pluralidad ni la competencia partidaria, no derogue la libertad de prensa ni las organizaciones sindicales, y tampoco necesita cámaras de gas ni líderes carismáticos. Al contrario: para imponer su voluntad, se inserta en las instituciones representativas ocupando puestos clave e invade la agenda pública mediante el control capilar de los medios de comunicación. Para ello se vale de un Estado empresarial y policial que asegura la hegemonía del capitalismo. El resultado es la corrosión del sentido de la representación política y la dinámica electoral.

Italia es uno de los países donde el fascismo electoral más ha avanzado. El punto de partida simbólico de la reducción y vaciamiento progresivo de las instituciones de la democracia representativa es la reforma electoral de 1994, que consagra un sistema mayoritario promotor del bipartidismo y la bipolarización.

Todos los males de medio siglo de democracia bloqueada (por razones geopolíticas que impidieron que los votos del Partido Comunista Italiano, el mayor en las elecciones de 1981, pudieran utilizarse para formar gobierno) se atribuyen a las ineficiencias del sistema electoral proporcional. Así, en nombre de la gobernabilidad, el pueblo italiano fue inducido a renunciar a cotas importantes de representación política. Poderosos intereses trabajaban para este fin, como lo evidencia el “Manifiesto de los 31” de 1988, suscrito por relevantes personalidades de la sociedad italiana, el primer grupo activamente implicado en el proyecto de reducción del “exceso” democrático del país.

El camino iniciado de las “reformas” se extiende hasta el referéndum Segni de 1999, que impuso definitivamente, mediante un mecanismo refrendario, el sistema mayoritario. El primer referéndum se celebró en 1991, y estableció la preferencia única en la elección de los candidatos a diputados frente a la preferencia múltiple. El paso decisivo tuvo lugar con el referéndum de 1993 que, aboliendo la ley electoral del Senado, abrió el camino a una primera transformación de la ley electoral en sentido mayoritario, aprobada el año siguiente por el Parlamento. Esto significa que, como en la mejor tradición bonapartista, la cancelación de los espacios de representación democrática se realizó con el apoyo de un movimiento formalmente popular.

Entretanto, los partidos tradicionales (ligados a intereses de clase y construidos sobre nítidos perfiles ideológicos) ceden: algunos de golpe, bajo el peso de los escándalos (Democracia Cristiana, Partido Socialista Italiano y todos los partidos de gobierno); otros más lentamente, bajo el peso de la historia (como el PCI, que vive una turbulenta fase de transformaciones sucesivas que lo llevaron a extinguirse para dar lugar al actual Partido Democrático).

El vacío lo llenan rápidamente nuevos partidos, como Forza Italia, que gana por sorpresa las elecciones generales de 1994 y se convierte en un modelo para el resto. Desligados de cualquier vínculo representativo, los nuevos partidos compiten por definirse como posideológicos e interclasistas, abrazando el modelo estadounidense de partido como máquina electoral. Su propósito no es ganar las elecciones para cumplir un determinado programa político: el programa es sólo un pretexto para ganar prestigio y poder.

Y el poder se emplea para reducir más los espacios de representación política. Un ejemplo es la reforma electoral Calderoli de 2005 que, introduciendo el sistema de listas bloqueadas y reconociendo un premio de mayoría a la lista o coalición más votada, otorga a los partidos-máquina un férreo control de la representación parlamentaria. Declarada inconstitucional en enero de 2014, tendrá que ser sustituida antes de las próximas elecciones. Las hipótesis de reforma que maneja el Gobierno de Renzi reproducen la misma lógica “demofóbica”, repitiendo el mismo imperativo de aislamiento y destrucción sistemática de las minorías, y de la imposición de los partidos “atrapalotodo” como única política legítima. El debate actual muestra que el deseo del Gobierno es que el control de las instituciones del país siga estando firmemente en manos de los partidos “posrepresentativos” y los lobbies que financian las costosas campañas electorales.

El vaciamiento de las instituciones representativas ha sido tan intenso que, cuando en 2011 la democracia electoral fue suspendida para entregar el poder a un representante de Goldman Sachs como Mario Monti, el país no tuvo reacción alguna. No sólo eso, sino que, en la línea de lo aprobado por el Parlamento español, el Parlamento italiano se ha plegado a la exigencia de “equilibrio presupuestario” mediante una ley no sometida a referéndum vinculante. Esta medida reafirma el carácter autoritario que el fascismo electoral impone allí donde sus intereses vitales están en juego.

El panorama debe completarse analizando los ataques que la representación también ha sufrido fuera del ámbito político-institucional, donde la extensión de la democracia más allá de la forma electoral ha sido sistemáticamente combatida. El vaciamiento de las instituciones representativas es sólo la punta del iceberg de un proyecto “demofóbico” más amplio que busca silenciar todas las formas de representación organizada de los intereses populares.

Pero el fascismo electoral no es una fatalidad inevitable. Combatirlo exige, entre otras cosas, una nueva cultura política capaz de superar la reducción de la democracia a competencia electoral y de romper los marcos que hacen posible la política oligárquica tradicional con nuevos esquemas y ejercicios participativos.

Antoni Aguiló es filósofo, político y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra
Dino Costantini es f
ilósofo, político y profesor de la Università Ca’ Foscari de Venecia

 

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