Desempleo y flexiseguridad a la francesa
Evelyne PERRIN (AC !, Stop Précarité)
Mientras se experimenta una explosión del desempleo sin precedente en Francia, con cerca de, oficialmente, 100.000 nuevos desempleados al mes, el gobierno de Sarkozy no ha tomado ninguna medida para reactivar el empleo ni para apoyar a las empresas que despiden ni para reforzar las protecciones contra el desempleo. Muy al contrario, mientras encuentra millones para reflotar los bancos sin ninguna contrapartida, incentiva las horas extraordinarias y el trabajo del domingo, y sigue, con el apoyo de la patronal, atentando contra el derecho laboral y la protección contra el desempleo. Parece claro, pues, que lleva una política a contrasentido de lo que sería necesario para atenuar los efectos de la crisis financiera y económica sobre el empleo.
La degradación de la situación de los parados.
Incluso, cuando en 2007-2008 el desempleo parecía retroceder por la evolución demográfica y la jubilación de las clases del baby boom, aún afectaba a 4,5 millones de personas[1]. Menos de la mitad de los oficialmente censados cobraban la prestación por desempleo. Las sanciones puestas en marcha contra los desempleados por el Plan Borloo en 2005 ya conducían a una explosión de las bajas en las listas de demandantes de empleo (30.000 personas al mes en las categorías 3, 6, 7 y 8). En cuanto a la precariedad, más del 70 % de las contrataciones se hacían con Contratos de Duración Determinada (CDD), con una duración media de un mes y medio, lo que mostraba la importancia de la discontinuidad efectiva del empleo para millones de personas. El panorama del desempleo y de la precariedad se veía entonces muy negro, mientras que se desarrollaba el subempleo y mientras que el importe de las prestaciones por desempleo sólo representaba el 57% del anterior sueldo y por un periodo máximo de 23 meses.
Esta situación degradada se ha profundizado con la crisis. El desempleo ha explotado tras las finalizaciones de los Contratos de Duración Determinada (CDD) y de los contratos por ETT (Empresa de Trabajo Temporal), primero, y, desde principios de 2009, por la acumulación de los planes masivos de despidos en las grandes empresas, provocando cierres y despidos en cadena en las subcontratas. Ahora bien, no se ha hecho nada por parte del gobierno para atenuar las consecuencias de la crisis. Al contrario, ésta llega mientras la protección contra el desempleo y la precariedad ha sufrido en 2008 y 2009 graves retrocesos por la puesta en marcha de una flexibilidad acrecentada.
La ley sobre la « modernización » del mercado laboral.
De septiembre de 2007 a enero de 2008, los cinco sindicatos llamados representativos entablaron una negociación a marcha forzada con la patronal bajo la amenaza por parte del gobierno de un proyecto de ley sobre la “reforma” del mercado laboral. El objetivo anunciado era crear una “flexiseguridad” en Francia, incrementando la flexibilidad para los empresarios, pero también mejorando la seguridad de los asalariados.
La negociación concluyó el 11 de marzo de 2008 con un acuerdo nacional interprofesional (ANI) firmado por cuatro de cinco organizaciones sindicales, que serían, la CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo), la CFTC (Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos), la CGC (Confederación General de Ejecutivos) y la FO (Fuerza Obrera). La CGT (Confederación General del Trabajo) se negó a firmar, considerando el acuerdo demasiado desequilibrado, pero no consiguió movilizar. Este acuerdo fue retomado en gran parte por la ley aprobada el 12 de junio de 2008.
El ANI y la ley del 12 de junio implantan una flexibilidad acrecentada por varias disposiciones, constituyendo cada una de ellas un replanteamiento bastante radical de los derechos existentes de los asalariados:
- los periodos de prueba se alargan considerablemente, hasta 2 meses prorrogables, una vez para los operarios y empleados y cuatro meses prorrogables para los ejecutivos,
- se crea una posibilidad de “ruptura convencional” o separabilidad amistosa por acuerdo mutuo entre el empleador y el asalariado, éste ultimo ya no tendrá posibilidad de recurso jurídico pasado un periodo de 15 días. Este procedimiento, que permite esquivar las reglas del despido, ha sido ampliamente utilizado por los empleadores,
- un nuevo contrato de duración determinada precario llamado “CDD con objeto definido” o contrato “de misión” para los ejecutivos e ingenieros (de momento), se extiende entre 18 y 36 meses, pero puede ser interrumpido cuando el empleador considere la misión finalizada.
Otras disposiciones del acuerdo del 11 de enero creaban una regresión del derecho laboral, como: la vuelta del finiquito liberatorio, por el cual no se puede recurrir ante el Juzgado de lo Social pasados 6 meses; la legalización del “portage salarial”, ilegal hasta ahora, que hace asumir el riesgo empresarial a los asalariados, un recurso más difícil ante el Juzgado de lo social; la posibilidad para el empleador de modificar libremente las cláusulas esenciales del contrato de trabajo.
Los avances en términos de seguridad para los empleados eran casi inexistentes en la ley, y eran o bien remitidos a negociaciones de rama o a la negociación sobre el seguro de desempleo del segundo semestre de 2008. Se trata de la indemnización legal por despido, que pasa de la décima a la quinta parte del sueldo por año de antigüedad y que se paga al cabo de 1 año y no de dos (remisión a un decreto ulterior); del derecho individual para la formación (DIF), que ahora puede ser movilizado con el nuevo empleador…si éste está de acuerdo; de la reducción a 7 días del plazo de carencia antes del ingreso del complemento de sueldo en caso de enfermedad, pasado un año de antigüedad en lugar de tres, y de la continuidad por algunos meses de esta cobertura complementaria de enfermedad en caso de pérdida de empleo. Se trató también sobre una prima única a tanto alzado para los jóvenes menores de 25 años sin empleo y que no pueden disfrutar del seguro de desempleo, prima reembolsable con las primeras prestaciones por desempleo …; sin embargo esta disposición fue remitida a la futura negociación UNEDIC y acabó suprimiéndose.
Ciertamente, el CNE (“contrato nueva contratación” creado en agosto de 2005) desaparece, pero ya había sido condenado ante los tribunales y por la Organización Internacional del Trabajo. Finalmente, las dispensas de búsqueda de empleo para los desempleados mayores de 57 años y medio debían desaparecer, obligándoles a aceptar sueldos ridículos.
Al final, la flexibilidad se había incrementado sensiblemente para los asalariados, mientras que, si había seguridad, era más bien para los empresarios, pudiendo éstos desprenderse más fácilmente de sus empleados.
Una nueva ley que sanciona a los desempleados.
La ley sobre « los derechos y deberes de los demandantes de empleo » vino inmediatamente después de la ley de «modernización del mercado laboral », dando una nueva definición de la oferta valida de empleo, muy restrictiva:
Serán borrados de las listas de demandantes de empleo los que rechacen dos veces: después de tres meses de desempleo, una oferta de trabajo remunerada con el 95% del salario anteriormente percibido, después de seis meses, remunerada con el 85% del salario anterior y, después de un año, si está remunerada al menos con un salario equivalente a la prestación del seguro de desempleo percibida (bien la prestación ASSEDIC - Órgano que gestiona el subsidio de desempleo - equivalente al 57 % del salario anterior, o bien la prestación de solidaridad especifica de 14 euros al día). Se ve la notable presión ejercida sobre los demandantes de empleo. Aunque todas las organizaciones sindicales han rechazado el proyecto de ley y su definición de la oferta razonable de empleo, la ley fue aprobada en julio de 2008.
Esta ley, que se parece a las leyes Hartz adoptadas en Alemania por el gobierno Schröder (y que habían precipitado su caída, después de haber suscitado considerables movilizaciones todos los lunes), concuerda con las orientaciones europeas acordadas entre Jefes de Estado, o “Estrategia de Lisboa”, enfocadas a incrementar la fluidez en el mercado laboral, preconizando un “workfare”, o retorno forzado al empleo para los desempleados. Estamos en la segunda parte de la puesta en marcha de la flexiseguridad, que continuará durante la negociación sobre el Seguro de Desempleo en el segundo semestre de 2008.
Los retrocesos de derechos sobre el Seguro de Desempleo.
El acuerdo del 11 de enero de 2008 ya definía la futura negociación del Seguro de Desempleo. Efectivamente, solicitaba que el régimen de Seguro de Desempleo permitiera asumir a nuevos públicos (se señaló que numerosos desempleados hoy no cobraban indemnización), garantizar la independencia de los agentes sociales y responder a cuatro objetivos:
- adaptarse a las nuevas características del mercado laboral, especialmente para los jóvenes de difícil inserción,
- prever mejores indemnizaciones, pero para periodos más cortos,
- alargar el periodo de actividad de los “seniors”,
- permitir más simplicidad y transparencia del dispositivo.
Detrás de estos objetivos visibles, lo que está en juego para la patronal es desentenderse de una gran parte de la indemnización del seguro de desempleo, trasfiriéndola al Estado, que debería asegurar a todos los demandantes de empleo un subsidio base, siendo el subsidio pagado por las cotizaciones sociales sólo un complemento. O sea, una indemnización por desempleo a dos velocidades. En cuanto al Estado, al obtener l’UNEDIC superávit, su objetivo es transferir una parte de las cotizaciones del desempleo hacia la financiación de las pensiones.
El nuevo convenio sobre el Seguro de Desempleo fue negociado entre los « agentes sociales »[2] en diciembre de 2008 y, cosa inaudita hasta ahora, sólo recibió el respaldo de un sindicato de trabajadores, el CFDT, el más derechista. Las cuatro otras confederaciones lo rechazaron, pero no usaron su derecho de oposición. El convenio fue entonces aprobado. Presenta un ligero avance, el acceso a la indemnización a partir de cuatro meses de trabajo – en lugar de seis-, pero introduce un nuevo principio de concordancia entre el periodo trabajado y el periodo de indemnización, reduciendo considerablemente el período de indemnización para la mayoría de los desempleados, que pasa de 23 meses a 16, por 16 meses de trabajo. Finalmente, el convenio contempla, en pleno periodo de explosión del desempleo, la disminución de las cotizaciones por parte de los empleadores en caso del más mínimo excedente del régimen.
La mejora prometida sobre los derechos y la indemnización no ha sido aceptada, como tampoco lo fue la prima para los menores de 25 años, premaneciendo la indemnización de los desempleados muy inferior a la de otros países europeos como Dinamarca, incluso cuando el “modelo danés” había sido mencionado para justificar las ventajas de la reforma.
La fusión ANPE-UNEDIC.
Aun chocando de lleno con la explosión del desempleo y de los despidos, el servicio público de seguimiento de los demandantes de empleo (ANPE- Agencia Nacional para el Empleo) se ve brutalmente fusionado con el UNEDIC, bajo estatuto privado, que gestiona los fondos del Seguro de Desempleo y asegura la indemnización de los desempleados. Este organismo está gestionado por las organizaciones sindicales de asalariados y la patronal, pero, debido a la convergencia de algunos sindicatos con las posiciones patronales, el MEDEF[3] es mayoritario. Esta fusión, operativa a partir de 2009, trastorna la organización por completo, los objetivos y las misiones del servicio público del empleo, ratificando su privatización larvada por una fusión con un organismo paritario privado. Además, integrar en un organismo único la indemnización de los desempleados y su control, o sea las sanciones, significa poner a los demandantes de empleo bajo el control directo de la patronal y que el pagador controle el derecho a la indemnización. Esta fusión va a producir una reducción de los efectivos del UNEDIC y va a poner a los agentes del nuevo servicio, llamado “Pôle Emploi”, bajo la presión de rentabilidad en materia de recolocación rápida de los desempleados según las imposiciones de la patronal. No se hará ningún esfuerzo nuevo en materia de formación para los desempleados[4], llevados a aceptar un empleo a bajo precio en los oficios “en tensión” (oficios con dificultades para reclutar).
Los sindicatos y el movimiento social frente a estos ataques.
Si se tiene en cuenta la magnitud y la gravedad de los ataques producidos uno tras otro contra los asalariados y, entre ellos, contra los que buscan trabajo – sabiendo que un asalariado de cada dos pasa alguna vez por el desempleo y que las contrataciones son en su mayoría temporales (CDD), cuando no se hacen por ETT- sólo podemos asombrarnos de la poca movilización social que se ha producido. Sólo un frente constituido en 2006 por asociaciones de desempleados, empleados precarios, “intermitentes del espectáculo” (trabajadores del medio espectáculo que trabajan de forma discontinua), de derechos de las mujeres, ACT-UP, Confederación Campesina, DAL (Derecho a la vivienda), otras asociaciones diversas y de la Unión Sindical Solidarios ha intentado organizar la información de los asalariados y su movilización a medida que avanzaba la negociación sobre el seguro de desempleo – dada la falta de información por parte de las instancias institucionales y de los grandes medios de comunicación. Ahora bien, a pesar del número de organizaciones que lo componen (unas quince), este frente sólo tiene una capacidad de movilización reducida por varias razones.
En primer lugar, las cuatro organizaciones de desempleados y de lucha contra el desempleo y la precariedad - AC!, APEIS (Asociación para el Empleo, la Información y la Solidaridad), CGT- sin empleo y MNCP (Movimiento Nacional de Desempleados y Precarios) -, si bien hacen un trabajo insustituible, se topan con dificultades de reclutamiento y renovación considerables; en efecto, hoy en día, a un asalariado, que pierde su empleo, bien por despido o bien, como es el caso más frecuente, por finalización de un CDD o contrato por ETT, y encontrándose entre dos empleos precarios, le es difícil identificarse como “desempleado”. Se identificará más fácilmente como asalariado o precario en lucha[5]. Buscará apoyos en las organizaciones sindicales, que, hasta ahora, han constituido pocas instancias para los desempleados (exceptuando la CGT y quizás Solidarios).
En cuanto a la gran masa de desempleados de larga duración, alejados del empleo a su pesar, la mayoría de ellos están psicológicamente deshechos, muy aislados y no están en condiciones para movilizarse.
Para continuar, la sucesión acelerada de ataques en todas las direcciones por parte del Gobierno somete a los militantes del movimiento social a una presión continua para estar presentes en todos los frentes a la vez. Apenas se ha lanzado un ataque, le sigue otro, incluso antes de que la resistencia al anterior se haya organizado. Ahora bien, mientras que el ataque es global, los sindicatos sólo responden con una sucesión de jornadas de movilizaciones puntuales y sectoriales, sin vinculación entre ellas.
Finalmente, la ausencia de una gran campaña de información y de movilización por parte de los sindicatos representativos y la falta de seguimiento por parte de los grandes medios de comunicación de estos ataques (o bien cargada de eufemismo en un periódico como Le Monde) han contribuido a la debilidad o al carácter muy minoritario de la respuesta, mientras que el partido socialista se quedaba relativamente inaudible al respecto.
Ahora bien, la defensa de los derechos de los desempleados y, en este caso, de la libre elección de su empleo (garantizado por la Constitución) no sólo afecta a los desempleados, sino que debería ser del interés de todos los asalariados. En efecto, toda la presión acrecentada sobre los demandantes de empleo para obligarles a aceptar empleos con condiciones degradadas no puede ejercer más que un “dumping social” sobre los salarios y condiciones laborales de TODOS los asalariados. Pero la concienciación de los asalariados en activo, entre ellos los del sector público, que están más sindicados, es lenta e insuficiente.
Con el aumento rápido de las inscripciones en las listas del desempleo desde mediados de 2008 y aún más en 2009, con los despidos y finalizaciones de los CDD y contratos por ETT, el reto es reunir en una misma lucha a los asalariados en activo y a los que están sin empleo.
El frente de asociaciones y sindicatos, que ha luchado contra estos proyectos de ley, ha seguido con su trabajo de información y de movilización[6]. Cabe destacar que este frente no es simplemente defensivo, sino que lleva reivindicaciones unitarias, muy inspiradas por las propuestas de “seguridad social profesional “de la CGT[7] y de Solidarios (e incluso de la CFTC). Éstas serían las siguientes:
- garantía de renta para todos, con o sin empleo, a igual nivel o próximo al SMIC (Salario Mínimo Interprofesional), incluso para los demandantes de primer empleo, los tiempos parciales impuestos, los becarios, los trabajadores autónomos;
- continuidad de los derechos sociales para todos, a la jubilación, a una formación cualificante[8], a la sanidad, a una vivienda digna, a permisos de residencia;
- creación de un fondo nacional interprofesional y mutualizado, para garantizar la financiación de este estatuto de vida social y profesional, principalmente financiado por las cotizaciones sociales y basado en un nuevo reparto de las riquezas.
Así, a mediados de mayo de 2009, se organizaron los Estados Generales del Desempleo y de la Precariedad, que reunieron a 200 personas y desembocaron en un Llamamiento a Marchas Regionales de desempleados-precarios-asalariados en lucha-mal alojados-sin papeles en el mes de octubre. Así se pretenden crear condiciones locales de convergencia con las distintas luchas en curso.
Los retos: desarrollo del empleo y protección contra el desempleo y las precariedades.
Frente a la crisis, no es la Renta de Solidaridad Activa (RSA) implementada en junio de 2009 la que va a dar respuesta a la explosión de la precariedad, al contrario la va a fomentar facilitando el retorno forzado a unas migajas de empleo[9].
Lo que se impone es una política de gran magnitud contra el desempleo, los despidos y para la creación de empleo.
Esto requiere la recuperación del movimiento de reducción de la jornada laboral, para garantizar un empleo para todos. Supone una política de reactivación del empleo, creando puestos de trabajo en el sector público y empleos verdes, relacionados con la rehabilitación de viviendas y la reconversión de algunas industrias, como la del automóvil. Se necesitan planes de mejora para las industrias en crisis y una política fiscal, que aumente los impuestos sobre las riquezas y los capitales, para llegar a otro reparto de esta riqueza a favor de los asalariados.
Está claro, no son medidas contempladas por el gobierno de Sarkozy, muy pendiente de los medios patronales y financieros y que ha bajado los impuestos de los ricos y sigue suprimiendo miles de puestos en el servicio público.
Ahora bien, de momento, los asalariados, que luchan contra los planes de despidos, y los desempleados, que desean una mejor cobertura del Seguro de Desempleo, luchan por separado. Igual ocurre con los sin papeles, mal alojados, trabajadores precarios muy mal defendidos y representados por los sindicatos. El reto es unir estas luchas y hacer aflorar un proyecto común de transformación social y ecológica. En eso trabajamos.
Traducción: Elsa Maury, Coorditrad
[1] Nos basamos en un formidable trabajo de contra-información realizado por ACDC (Otras cifras del Desempleo) creado por economistas y estadistas especialistas en estas cuestiones.
[2] Es decir la patronal y las cinco organizaciones sindicales consideradas como « representativas ».
[3]. Movimiento de las Empresas de Francia, sindicato patronal.
[4]. Desde la puesta en marcha, en 2001, del Plan de Ayuda para el Retorno al Empleo (PARE), el derecho de los demandantes de empleo para acceder a formaciones largas y cualificantes ha desaparecido y sólo tienen derecho a formaciones cortas y de carácter profesional, relacionadas con las necesidades del mercado laboral local.
[5]. Los asalariados precarios del sector de la comida rapida y del comercio han multiplicado las huelgas al principio de los años 2000. Cf. Evelyne PERRIN, Chômeurs et précaires au cœur de la question sociale, París, La Dispute, 2004.
[6]. Si la CGT no participa en este frente, ni la CGT privados de empleo, la relación se mantiene y pueden ser acordadas acciones comunes puntuales. En cuanto a los sindicatos de la ANPE y de la ASSEDIC, muy movilizados en contra de la fusión, apoyan las acciones de este frente de asociaciones/sindicatos.
[7] La propuesta del « Nuevo Estatuto del Trabajo Asalariado » llevada por la Confederación CGT desde hace varios años es muy completa et innovadora. Sin embargo la Confederación tiene mucha dificultad para hacerla adaptar por la base, que ve un acomodamiento con la flexibilidad, como lo muestran los análisis de Bernard FRIOT. CF Paul BOUFFARTIGUE, informe de investigación de la DARES sobre « Sindicalismo y Precariedad» y obra colectiva pendiente de publicación.
[9] El RSA, que sustituye al RMI y al API, es, como mínimo, del mismo importe, pero es completado en caso de retorno al empleo y obliga a los antiguos beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y de la Prestación Padre Aislado (API) a volver a una formación o un empleo, so pena de extinción de la prestación. Además excluye a los jóvenes menores de 25 años, discriminación ilegal, dejándoles sin ningún tipo de renta social.