News from Attac Spain

Isaac Rosa – Comité de Apoyo de ATTAC España

Cada vez que oigo eso de “Grecia negocia contrarreloj para evitar la quiebra”, me hago siempre la misma pregunta: ¿Quebrar Grecia? ¿Es que puede quebrar más todavía?

Ah, ya entiendo: hablan de la quiebra formal, de cara a la banca y los inversores, esa declaración de bancarrota que pondría en problemas a los bancos acreedores y a la zona euro, y que los dirigentes europeos intentan evitar a toda costa, no por compasión, sino porque mientras los carroñeros sigan cebándose con ese cadáver no picotearán demasiado en otros países.

Porque al margen de esa quiebra técnica, que no acaba de descartarse, el país no puede estar ya más quebrado. Tenemos por un lado la quiebra económica, con un país arruinado y al que el tratamiento recetado por Europa condena a no poder andar solo durante muchos años. Por otro lado, la quiebra social, con una ciudadanía abandonada a su suerte, víctima de una política de tierra quemada que extiende la miseria e hipoteca el futuro de varias generaciones.

Está también, no menos importante, la quiebra democrática: un gobierno obligado a renunciar, un Parlamento sometido al chantaje de la ‘troika’, y un gobierno tecnocrático impuesto que pese a todo no consigue los resultados esperados. Si falla también Papademos, si ni con él se dejan torcer el brazo tanto como se les exige, ¿qué será lo siguiente? ¿Bastará con imponer un comisario europeo que administre el país, como piden algunos en Alemania? ¿O habrá que ocuparlos militarmente?

Teniendo quebradas la economía, el Estado, la sociedad, la democracia, la soberanía y el futuro, ¿qué será lo siguiente que le rompan? ¿Cuál será la siguiente quiebra, como pago para evitar la Quiebra con mayúscula? ¿La quiebra territorial, perdiendo unas cuantas islas, como ya se insinuó en su día? ¿La quiebra patrimonial, subastando sus riquezas arqueológicas? ¿La quiebra nacional, disolviendo el país y dividiendo sus pedazos entre los acreedores para que hagan con ellos lo que quieran (montar un Las Vegas, por ejemplo)?

Tal vez Grecia logre al final salvarse de la quiebra, sí. Grecia, o lo que quede de ella.

Artículo publicado en Público.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

El dogma neoliberal que ha estado imponiendo unas políticas de austeridad con recortes muy marcados del gasto público, incluyendo del gasto público social (en transferencias –como pensiones y ayudas a las familias–, así como en gastos en servicios públicos del Estado del bienestar –como sanidad, educación, servicios de dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, servicios sociales y otros–, que determinan en gran manera la calidad de vida y el bienestar de la gran mayoría de la población), ha dominado todo el discurso y la práctica política del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la mayoría de gobiernos de la UE durante estos años de crisis. Estas políticas de recortes han sido particularmente acentuadas en los países que despectivamente se conocen en la terminología anglosajona como PIGS (cerdos), y que incluyen a Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain) a los que últimamente han añadido otra I (PIIGS), al incluirse Italia.

Tales recortes se han presentado como necesarios para recuperar la “confianza de los mercados financieros”, manida frase que se ha utilizado con gran frecuencia para justificarlos. Otra frase también en gran uso en la sabiduría convencional neoliberal es la necesidad de “mostrar responsabilidad fiscal”, como si responsabilidad y recortes fueran sinónimos. Ahora bien, un simple análisis de los datos muestra que, a pesar de que aquellos países han estado recortando y recortando, la famosa “confianza de los mercados” no ha aparecido por ninguna parte. Los intereses de la deuda pública en la mayoría de estos países han continuado elevadísimos, con niveles insostenibles en todos ellos. La desconfianza continúa a pesar de los recortes, y ello ha ocurrido país por país.

En España ha habido unos recortes sin precedentes (acentuados ahora más con el Gobierno del Partido Popular), aprobándose incluso una reforma de la Constitución que dificultará en el futuro la reducción del enorme déficit de gasto público social que tiene España, el más bajo, per cápita, de la UE-15 (el grupo de países de la UE con semejante desarrollo económico al nuestro). A pesar de estos recortes, los intereses de la deuda pública han ido subiendo de manera tal que el presidente Rajoy ha indicado que llevará a cabo las reformas que hizo Portugal cuando fue intervenido, posibilidad que el presidente Zapatero creía haber evitado con sus políticas de recortes, las cuales se justificaban para prevenir lo que ha acabado ocurriendo. Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿cómo se justifica tanto recorte cuando la famosa “confianza de los mercados financieros” no ha aparecido por ninguna parte?

Una situación parecida ha tenido lugar en Grecia, donde los recortes están generando una gran agitación social, sin que los intereses de la deuda hayan bajado. Antes al contrario, han alcanzado unos niveles insostenibles. Un caso parecido es el de Irlanda, donde a pesar de los recortes de las pensiones (de más del 10%) y de la reducción sin precedentes de los beneficios sociales y del empleo en los servicios del Estado del bienestar, los intereses de la deuda pública continúan ahogando a la deuda pública. Y lo mismo está ocurriendo en Italia.

Todos estos países PIIGS han estado gobernados por partidos conservadores (dictatoriales en el caso de Grecia, Portugal y España) en la mayoría del periodo pos II Guerra Mundial, siendo las fuerzas conservadoras todavía las dominantes en su vida política y mediática. En todos estos países –al revés que en el norte de Europa– el mundo del trabajo es débil y el del capital (hegemonizado por el capital financiero) es fuerte. En consecuencia, tienen políticas fiscales regresivas, enormes fraudes fiscales y estados del bienestar poco desarrollados. Y en todos ellos la reducción del déficit público ha sido primordialmente a base de recortes del gasto público social. A pesar de ello, su deuda pública, como porcentaje del PIB, ha continuado aumentando desde 2007 sin que los recortes la hayan reducido. En España ha subido del 36% del PIB al 68%, en Portugal del 68% al 102%, en Grecia del 107% al 161%, en Irlanda del 25% al 107% y en Italia del 103% al 120%. En realidad, estos recortes han empeorado la situación en lugar de mejorarla, tal como algunos de nosotros predijimos. Los famosos “mercados” creen que, a no ser que crezcan, estos países jamás podrán pagar su deuda. Y tales recortes están dificultando que crezcan. Como ha dicho Wolfgang Munchau, codirector del Financial Times: “No entiendo cómo alguien con formación macro-económica y con un mínimo de honestidad y decencia puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía” (“Why Europe’s Officials Lose Sight of the Big Picture”, The Financial Times, 16/10/11).

Por fin comienza a percibirse que algo no funciona con los recortes. Incluso los neoliberales comienzan a decir que tales recortes tienen que ir acompañados de un estímulo económico. Pero asumen erróneamente que la falta de crecimiento económico (que antes decían que se debía al inexistente excesivo gasto público) la causan los salarios “excesivamente altos”. Según tal dogma, los sueldos deben reducirse, lo cual hundirá todavía más las economías de tales países, porque el mayor problema que tienen estas es la falta de demanda, resultado del enorme descenso de las rentas del trabajo (que han disminuido la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población) y de la especulación financiera, consecuencia del obsceno crecimiento de las rentas del capital financiero, y que ha provocado la escasez de crédito. La bajada de los salarios, junto con la reducción del gasto público, reducirá todavía más tal demanda, llevándonos a una Gran Depresión. En realidad, para amplios sectores de las clases populares, la Gran Depresión ya está aquí.

Artículo publicado en Público.
www.vnavarro.org

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Acordem

La violación de derechos que es la política de austeridad se basa en embustes. Falsedades repetidas por medios de comunicación y voceros del poder financiero siguiendo al nazi Goebbels: una mentira repetida mil veces, al final se convierte en verdad.

Las dos principales falsedades neoliberales son que la ciudadanía ha vivido por encima de sus posibilidades y ahora ha de pagar. Y que la austeridad de los presupuestos públicos es el único modo de salir del agujero.

Las ciudadanías europeas recurrieron al crédito para adquirir bienes de consumo.

Cierto. Pero no fue un despilfarro, como pretenden. Lo que fue el crédito fue gran negocio para los bancos, aseguró un crecimiento que aumentaba los beneficios empresariales y contribuyó a contener los salarios durante decenios, como ha explicado Fernando Luengo.

Comprar una vivienda, cuando apenas había mercado de alquiler, no es vivir por encima de las posibilidades. Adquirir algunos electrodomésticos y teléfonos celulares no es vivir por encima de las posibilidades. Viajar en vacaciones una vez al año no es vivir por encima de las posibilidades… Porque a eso se reduce lo que ha hecho gran parte de la ciudadanía. Hasta la crisis y ni siquiera todos.

Pero la minoría privilegiada sí se lanzó a especular, creando una economía de humo, irreal (hasta lograr que estallara la crisis), mientras se embarcaba en una orgía de derroche con sus obscenos beneficios, como indican, por ejemplo, las remuneraciones y planes de pensiones de las cúpulas dirigentes, así como las tasas de crecimiento del sector de lujo para el que no hay crisis.

Y en Europa, como escribe Juan Torres, “Alemania colonizaba las economías del sur europeo, adquiriendo activos, convirtiendo esos países en importadores masivos de sus productos y financiando su endeudamiento. Teoría e historia económicas nos enseñan que una potencia exportadora, como Alemania, solo es posible si, al tiempo que exporta, financia. En el marco cerrado de la economía europea, para que unos tengan superávit otros han de tener déficit; déficits que financian quienes tienen excedentes a su costa”.

Pero ahora, Alemania teme que esos países no paguen. De ahí la exigencia de austeridad. Mal llamada austeridad, porque, como recuerda también Torres, “solo se recortan los gastos vinculados al bienestar social para abrir la puerta a su privatización”.

Esa implacable exigencia de austeridad busca que los Estados tengan fondos para pagar sus deudas, pero sobre todo para que puedan proporcionar liquidez a los bancos y éstos puedan pagar sus privadas deudas. Porque la deuda grande es la privada, de empresas y bancos. En realidad, la crisis es lo dicho por uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffet: “Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esa lucha. Y vamos ganando”.

La segunda mentira neoliberal es que la austeridad impuesta nos hará salir de la crisis. Paul Krugman se pregunta si no hemos aprendido nada sobre gestión económica en los últimos ochenta años y recuerda que cualquier universitario que estudie la Economía de Samuelson sabe que la austeridad, cuando hay riesgo de recesión, es una pésima idea. Reino Unido, Italia y España, que aplican una austeridad implacable, no se recuperan y demuestran el fracaso de la austeridad en Europa.

Heiner Flassbeck, economista jefe de Comercio y Desarrollo de la ONU denuncia que “con las orgías de recortes en toda Europa, estamos destruyendo nuestro propio mercado. De seguir así, el hundimiento será descomunal”. Y Christine Lagarde, directora gerente del FMI, afirma que los europeos van en dirección contraria al camino de final del túnel que empezó a verse en la primera mitad de 2011.

El FMI ahora rectifica y pide plazos flexibles para la reducción de déficits, porque no es posible el gran esfuerzo fiscal que se exige, además de que conduce sin remedio a una recesión profunda (tal vez depresión) con menos crecimiento, menos consumo, menos inversión y más paro. La austeridad solo lleva al desastre.

Si la austeridad impuesta con gravísimo perjuicio de nuestros derechos se basa en mentiras, es ilegitima. No sólo cabe promover el gran movimiento cívico para no pagar deuda pública alguna cuya legitimidad no sea clara, sino que habrá que empezar a ejercer la desobediencia civil con los gobiernos que acepten reducir a la incertidumbre y a la pobreza a millones de ciudadanas y ciudadanos por el interés de unos pocos.

José Manuel Naredo – Consejo Científico de ATTAC España

A medida que la crisis económica fue mudando en depresión, se fue apagando la voluntad de nuestros gobernantes de corregir el statu quo financiero que la motivó. Durante la crisis de principios de los setenta había más voluntad de cambiar el sistema monetario internacional que ahora, que sufrimos una crisis mucho más grave, fruto de la descontrolada creación de liquidez y de la desregulación financiera que dicho sistema ha propiciado. Se hablaba entonces de cambiar el sistema vigente, gobernado por el dólar, para dar paso a otro más neutral, que sometiera a todos los países a las mismas reglas de financiación y controlara la creación de liquidez atendiendo al interés general. Sin embargo, el dólar sigue mandando, y las reuniones del G-20 celebradas tras el inicio de la crisis, en vez de abrir camino hacia un nuevo sistema monetario internacional más justo, trataron de revitalizar el antiguo. Y en vez de controlar consensuadamente la creación monetaria, EEUU optó unilateralmente por acrecentarla para acometer millonarias operaciones de estímulo y salvamento. Y esta es la hora en la que ni la UE, ensimismada en la defensa del euro, ni los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), beneficiados por la subida especulativa de las materias primas alimentada por la trepidante creación de liquidez, llegaron a plantear cambios profundos.

Además, ni siquiera han llegado a puerto las promesas más tímidas manifestadas en las primeras reuniones del G-20 de mejorar la regulación y la vigilancia de las entidades y los mercados financieros. Estas promesas apuntaban, sobre todo, a controlar o desactivar los “fondos especulativos de importancia sistémica”, las operaciones bancarias realizadas “fuera de balance” o “en la sombra” (shadow banking) para escapar a la normativa, y los “paraísos fiscales”. Pero los paraísos fiscales siguen funcionando y dos recientes informes del Banco de Pagos Internacionales indican que la expansión de los productos financieros derivados y de la banca en la sombra se han multiplicado enormemente a lo largo de 2011. La opción está clara: o se modifican las reglas del juego, o seguirá imperando un sistema que induce cada vez más a transformar prosperidad en bancarrota, a base de encadenar burbujas especulativas.

Artículo publicado en Público.

Ángel Luis del Castillo – ATTAC Madrid

Raro es el día que no escuchemos algo relacionado con los mercados: Las preguntas “¿cómo fueron los mercados?”, “¿cómo están hoy?”, “¿qué se espera para mañana?” resuenan con voz propia dentro del vendaval de información y opinión .En general la ciudadanía asiste a este hecho, con una doble percepción. Por un lado siguen viendo a los mercados como aquella vieja creación humana situada en determinados lugares físicos, de ámbito territorial diferente,-(local, regional, nacional o internacional)-, en donde se intercambian diversos bienes y servicios que dan lugar a múltiples operaciones que permiten engrasar la circulación económica y para que esta sea segura y fluida históricamente se hallan sometidos a unas reglas o condiciones que tienen que cumplir.

Pero la historia reciente muestra, frente a nuestra antigua percepción, que los mercados, concretamente los mercados financieros constituyen un haz oscuro derivado tanto de la jerga que utilizan en la que incluyen conceptos difícilmente explicables para la mayoría, -hablan de productos sintéticos potencialmente tóxicos, opciones y futuros etc.,- solo accesible, como dicen los castizos, para enterados. A su vez llama la atención su comportamiento, pues aunque los movimientos de precios que se producen dentro de ellos puedan derivarse de informaciones que puedan generar temores a los actuantes en el mercado, por ejemplo la posibilidad o realidad de una mayor debilidad en el crecimiento futuro o presente, o la quiebra total o parcial de algún país etc.- existen , a veces, violentos movimientos de alzas y bajas de cotización que parecen injustificables por no haber nuevas informaciones que presagien los mismos. Por último preocupa a la ciudadanía las señales que emiten que parecen desprender un “torrente de lava” que de no controlarla pudieran convertirse en un fuego que arrasara el edificio, o al menos parte de él, sobre el que se asienta la estructura socio-económica vigente y su permanencia en el futuro en los distintos países. Como buenos bomberos los Estados, a nivel individual o coordinado con otros, corren a apagar, total o parcialmente el incendio, con el fin, señala, de preservar el edificio socio-económico que, con mayor menor a cierto o con mayor o menor profundidad, se ha construido como cobijo de sus ciudadanos.

La pregunta que se plantea es ¿Cuál ha sido la dinámica que ha llevado a dotar de un papel primordial a los mercados financieros en el funcionamiento de la economía? Hacia su comprensión vamos a bucear a continuación.
Sistema Económico y Mercados financieros

Los mercados, esa vieja creación humana, son un componente más del sistema económico en el que se insertan cumpliendo dentro del mismo una determinada labor. Funcionalmente los mercados financieros, en teoría, deben prioritariamente responder a la movilización del ahorro,-captándolo, canalizándolo y asignándolo- , es decir actuando como lubricante del sistema económico facilitando a su vez el comercio; e intermediar ahorro y riesgos económicos, esto es gestionar la acumulación o excedentes, entre agentes a cambio de una remuneración.

En la práctica una mirada a los datos nos pone de manifiesto que se ha producido una deriva hacia la creación de riqueza financiera, el dinero por el dinero, con el peligro de que las ineficiencias que se produzcan en los mercados financieros, repercutan en la obtención de recursos para el funcionamiento de la economía real como ha ocurrido últimamente. Este peso excesivo de la economía financiera sobre la real es la consecuencia del peligroso coctel que se ha producido como consecuencia de las posibilidades de actuación en el campo de las finanzas derivado de la interacción entre factores institucionales, como la liberalización y desregulación financiera y la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a las finanzas.

Por otro lado la distorsión en favor de la función de creación de riqueza financiera tiene su base operativa en el marco de una creciente mundialización o globalización que no es más que la expresión del nuevo mercado mundial que caracteriza el sistema económico actual. En definitiva el funcionamiento del mercado globalizado supone una posibilidad de intensas relaciones económico-financieras a las que refuerzan y dan cobertura las nuevas tecnologías, medios informáticos etc.

Institucionalmente el predominio ideológico de lo privado sobre lo público, la creencia teórica de una mayor eficiencia de los mercados y un mundo globalizado, se ha traducido operativamente en la búsqueda de un mercado financiero mundial donde todos los agentes puedan intercambiar todo tipo de títulos a cualquier tipo de plazo. Produciéndose a su vez una renuncia explícita e implícita de los gobiernos al control de las transacciones financieras y pasando a jugar un papel decisivo las grandes instituciones privadas, bancarias o fondos de inversión con una influencia cada vez mayor sobre las entidades no incluidas en la red financiera.

Por su parte los avances tecnológicos han posibilitado la confluencia de la comunicación en el ámbito temporal y territorial. La aplicación de las posibilidades tecnológicas se ha convertido en un elemento decisivo en los mercados financieros hasta el punto de hay numerosos autores señalan que las maquinas han tomado el poder. Desde luego si uno piensa que la Bolsa de Paris, asociada con la de Nueva York, tiene instalados ordenadores en Basildon, una ciudad a50 kilómetros de Londres, y que los mismos los alquila a unas cuarenta sociedades que practican el negocio de alta frecuencia nos podemos dar idea del poder que la tecnología en el campo de los mercados financieros.

No podemos también olvidar que uniendo tecnología y desregulación aparece la fórmula ideal para dar cobertura a la opacidad de muchas de las operaciones que se desarrollan desde los paraísos fiscales. Cada vez es más difícil saber quién está detrás de la órdenes que se reciben desde los mismos esto es si proceden de fondos de pensiones americanos, fondos soberanos del medio-oriente o gestores de las grandes fortunas suizas etc.

Nuevos instrumentos financieros y nuevos agentes

El marco reseñado ha influenciado al conjunto de componentes del sistema financiero que han experimentado profundos y notables cambios. Si pasamos revista a los diferentes instrumentos financieros que se intercambian en los mercados nos encontramos que frente a los títulos de deuda- bien líquidos (dinero y divisas emitidas por los Estados), de corto plazo (pagarés etc.) Y a medio plazo (bonos, cédulas etc.)- y de propiedad-bien acciones o participaciones- han experimentado un espectacular desarrollo los denominados títulos derivados, llamados así porque su valor proviene de los activos financieros que soportan dichos títulos y que operativamente se utilizan tanto como protección ante posibles impagos pero que tienen a su vez una gran potencialidad para obtener altas ganancias y grandes pérdidas mediante operaciones especulativas. Quizás la frase del millonario Warren Buffet: “los derivados son armas de destrucción masiva” resuma su actual potencial pero debemos pensar que un arma no se dispara sola y son precisamente los sujetos que la utilizan especulativamente los que marcan su actividad.

A su vez las trasformaciones derivadas de las reformas legales como por los nuevos avances tecnológicos y los nuevos instrumentos financieros vienen incorporando a nuevos agentes que a su vez han visto reforzado su papel por la apelación a la financiación vía mercados frente a la financiación vías entidades financieras. Así junto a los grandes bancos, comerciales y de inversión, hoy el ámbito de los inversores institucionales acoge a Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones; Fondos Soberanos; Fondos de inversión libre(Hedge Found); Fondos de Capital Riesgo (Privaty Equity) y Aseguradoras como decisivos actuantes tanto en el ámbito doméstico como internacional.

La lógica del control del riesgo debería de estar en todas y cada una de las actuaciones con los instrumentos y por los distintos agentes sin embargo su naturaleza y uso han desencadenado diversas crisis de la que la actual es su exponente más significativo.

Necesidades de financiación públicas y mercados financieros

Una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos relaciona las necesidades de financiación pública y los mercados financieros. El cambio que supuso para las administraciones públicas el paso de la disponibilidad de monetizar el déficit público,- popularmente darle a la maquinita-, a tener que financiar sus déficits mediante la emisión de deuda ha supuesto la necesidad de apelar a los mercados pasando estos a cumplir un papel decisivo en relación a la independencia fiscal de los países. Los mercados financieros, en definitiva, presionan y bajo su manto se han hecho y se han justificado muchas actuaciones.

Son muchos los países que emiten deuda pública y de forma general realizan la venta de sus títulos mediante el sistema de subastas en la que se reflejan los precios y la rentabilidad… Posteriormente a su emisión pasan a ser negociados en los mercado secundarios en donde los agentes operadores buscan obtener la máxima rentabilidad y no dudan realizar operaciones especulativas que favorezcan sus intereses lo que puede afectar de forma negativa a los precios e intereses asociados a la deuda que se emite.

Mirando al futuro

Las diferentes crisis financieras a lo largo del siglo pasado pusieron a la estabilidad financiera como uno de los objetivos prioritarios en los organismos reguladores de las finanzas, tanto bancos centrales como instituciones financiaras internacionales, pero la realidad es que la crisis actual ha puesto en el tapete la necesidad de rearmarnos y de potenciar a nuestros gendarmes frente a los señores del mundo de hoy: los mercados financieros.

Artículo publicado en la revista “Temas para el debate”.

Damien Millet y Eric Toussaint – ATTAC Francia y CADTM

AAA… Estas tres letras que resuenan como una risa sarcástica designan la nota máxima concedida por las agencias de calificación. Una empresa o un Estado con nota AAA inspira confianza a los prestamistas y a los especuladores, y le permite pedir préstamos a menor coste. Pero para obtener —o conservar— esta nota emblemática, los gobiernos europeos se aprestan a todo, y aplican políticas de rigor que no hacen más que someter sus economías a lo dictado por los acreedores. Detrás de estas AAA se esconden fuertes regresiones sociales, violaciones de derechos humanos, sangre y lágrimas para las poblaciones más frágiles.

AAA…es la risita de las hienas — los acreedores— cuando los derechos de los pueblos son sacrificados con la complicidad activa de los dirigentes de los países europeos, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Central Europeo (BCE). Prestamistas y especuladores se arriesgaron en forma insensata, seguros que las autoridades públicas irían a rescatarlos en caso de crisis. Hasta aquí tuvieron razón. Se pusieron en marcha planes de rescate de bancos, los Estados aportaron garantías por millares de millones de euros, los deseos de los acreedores fueron satisfechos. Los Estados gastaron sumas colosales para salvar los bancos antes de imponer planes de austeridad masivos. Y contra estos planes, los pueblos se alzan a menudo con determinación. Manifestaciones, huelgas generales, movimiento de indignados, luchas sociales son portadoras de esperanzas cuando consiguen federarse a escala europea. ¡Pueblos de Europa, unámonos!

Desde hace tres décadas, las políticas neoliberales elevaron el endeudamiento a un nivel insoportable para las clases medias y modestas sobre quienes pesa lo esencial del reembolso. La deuda pública de los países europeos tiene dos causas fundamentales: por una parte la contrarrevolución fiscal comenzada en los años 1980 que favoreció a los más ricos, y por otra las respuestas dadas por el Estado a la crisis actual, causada por las inversiones desbocadas de banqueros y de fondos especulativos. La desregulación financiera suprimió las indispensables barreras, permitiendo la creación de productos financieros cada vez más complejos que condujeron a graves excesos y a una crisis económica y financiera mundial.

Ahora, las políticas aplicadas protegen a los responsables de la crisis y hacen pagar el precio a los pueblos víctimas. Es por eso que esta deuda es ampliamente ilegítima. Mientras dure la lógica actual, la dictadura de los acreedores podrá imponer incesantes retrocesos a las poblaciones. Una Auditoría ciudadana de la deuda pública, acompañada de una moratoria sin penalización del pago, es la única solución para poder determinar la parte ilegítima, incluso odiosa de la deuda. Es evidente que se debe llegar a la Anulación sin condiciones de esa parte ilegítima. Pero para que esto pueda suceder, los pueblos deben continuar con su movilización. Mediante la Acción, deben imponer otra política, que sea respetuosa de los derechos fundamentales y del planeta.

Esta Acción nos debe conducir a una Europa construida en base a la solidaridad y la cooperación que dé la espalda a la competencia y a la competitividad. La lógica neoliberal condujo a la crisis y ha revelado su fracaso. Esta lógica, que subyace en todos los textos fundadores de la Unión Europea, con el Pacto de Estabilidad y el Mecanismo Europeo de Estabilidad a la cabeza, debe ser derrotada. No hay que uniformizar las políticas presupuestarias y fiscales puesto que las economías europeas presentan fuertes diferencias, pero deben coordinarse para conseguir que surja una solución que promueva «hacia arriba» esas políticas. Europa debe también terminar radicalmente con su política de fortaleza asediada frente a los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio igualitario y verdaderamente solidario respecto a los pueblos del Sur. El primer paso debe consistir en anular la deuda del Tercer Mundo de manera incondicional. Como es evidente, es necesario derogar los actuales tratados europeos y reemplazarlos por nuevos, en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático, que permita echar las bases de «Otra Europa».

Auditoría, Acción, Anulación, son las AAA que deseamos, la de los pueblos y no las de las agencias de calificación. Ponemos esta reivindicación en el centro del debate público para afirmar con fuerza que otras opciones políticas, económicas y financieras son posibles. Pero solamente unas potentes luchas sociales permitirán el triunfo de las AAA de los pueblos, y un cambio radical de lógica que esté a la altura de los desafíos planteados.

Traducido por Griselda Pinero.

Isaac Rosa – Comité de Apoyo de ATTAC España

En las aguas revueltas que vivimos, abundan las mareas de colores, cada una agrupada en una causa: la marea verde por la educación pública, la marea blanca por la sanidad pública, la marea violeta contra los recortes en igualdad, o la marea amarilla de los bibliotecarios.

Pero por desgracia, el color de moda es otro: el negro. Para marea, la marea negra que tiñe comunidades autónomas y ayuntamientos y que amenaza con cubrir de chapapote todo lo público, a base de reducciones presupuestarias y de personal, cierre de servicios, deterioro de la calidad y privatizaciones. Una marea pegajosa que no respeta nada, que ennegrece las líneas que antes eran rojas y se lleva por delante todo aquello que creíamos intocable.
¿En qué momento lo público pasó a ser parte del problema? Porque si no recuerdo mal, en el origen de la crisis no estaba el sector público, ni mucho menos estaban la sanidad o la educación públicas. Antes bien, los problemas presupuestarios de las administraciones no son causa, sino consecuencia de la crisis, debido a la caída de la actividad económica, la consiguiente reducción de ingresos, y el esfuerzo hecho por los estados para rescatar el sector financiero y la economía tras el estallido.

A partir de ahí, los ideólogos del shock han hecho de la necesidad virtud, y están aprovechando la crisis –y el pánico colectivo por la misma- para llevarse por delante un Estado de Bienestar que, en el caso de España, aún no había remontando su retraso histórico cuando ha empezado a ser desguazado.

Por ahora, la defensa de lo público la estamos dejando en manos de sus trabajadores, que sostienen las mareas de colores frente al empuje de la marea negra. Pero lo público es –hay que recordarlo, por obvio que parezca- cosa de todos, no sólo de sus trabajadores. Estos días se suceden las convocatorias de protesta. Esta tarde salen a la calle los trabajadores públicos en Madrid, el sábado la comunidad educativa catalana, y muchos más. La única forma de levantar un dique contra la marea negra es sumarnos todos: padres, alumnos, pacientes, usuarios, ciudadanos.

Artículo publicado en Público.

Carlos Martínez – ATTAC Andalucía

El Congreso del PSOE que acaba de tener lugar en Sevilla hará correr ríos de tinta, interpretando sus propuestas, criticándolas, o simplemente arrimando el ascua a su sardina en los medios corporativos empresariales. No es esa mi intención. Seguir discutiendo a estas alturas si el PSOE es o no de izquierdas, o si es socialista todavía, no vale la pena. En cualquier caso, me quedo con la mayor, pues el PSOE hace tiempo que abandonó el corpus doctrinal y teórico del socialismo, de origen marxista, y sus escuelas herederas incluidas las más moderadas. Por tanto -y por sus hechos los conoceréis- los dirigentes del PSOE se han movido entre una voluntad reformista social y de bienestar, con barnices socialdemócratas, hasta unas posiciones liberales de cierta radicalidad democrática, pero sin voluntad de intervenir claramente en la economía capitalista, tal y como pretende la socialdemocracia clásica.

No poseen además desde la II República los pesoistas a ningún -ni ninguna- intelectual que teorice sobre el socialismo-liberal o la nueva socialdemocracia-socioliberal, e incluso el constitucionalismo social, como por ejemplo pudiera ser los casos –muy distintos entre sí- de Habermas o de Guidens. Se han limitado a seguir corrientes alemanas, francesas o británicas y a leer intelectuales estadounidenses sin ninguna base socialista o socialdemócrata.

La ruptura del PSOE con su pasado tuvo en Felipe González su principal adalid. Este mentor de Rubalcaba fue el primer socialista español en romper públicamente con el marxismo- y Zapatero, que leyó -pero mal- a Petit, afirmó ser republicano como coartada teórica para justificar su nadería ideológica. El republicanismo cívico posee en su elenco a personas como Maquiavelo, Kant o Rousseau, pero también a Carlos Marx y, si tiene origen en la filosofía griega clásica, no deja de ser una corriente transformadora y claramente opuesta a la dominación de unos hombres sobre otros. Luego un republicano cívico jamás iría a Davos a agachar la testuz ante los dictadores de los mercados.

En el PSOE, desde el felipismo, lo que los textos congresuales digan da igual. Lo único importante es su secretario general primero, y algunas caras de su dirección después. Lo demás no cuenta. Nunca contó. Además el papel es muy sufrido. La única ponencia que luego se medio respeta es la de los estatutos. Es un partido fuertemente verticalista y cada cual en su territorio -me refiero a cada secretario o secretaria, local, provincial, comunitario o federal, eso sí, respetando a la dirección- ejecuta según su olfato político. Por tanto, una vez electo nadie lee ya las resoluciones, luego el afirmar ahora que se está por la tasa Tobin -igual que Sarkozy- o a favor de la banca pública y por la eliminación de las SICAV, es papel mojado.

El domingo 5 de Febrero, el editorial de El País, conocido partidario e inspirador del neofelipismo vigente y partidario declarado de Alfredo Pérez Rubalcaba, dice claramente que se alegra y felicita pues este dirigente se hace con el partido sin haber cedido a tentaciones izquierdizantes o haber radicalizado sus propuestas económicas. Hace poco Cristina Narbona afirmó en público que Pérez Rubalcaba se había manifestado contrario a la banca pública, afirmando que la gente “no apoyaba tal propuesta” ¿Cómo sabía Rubalcaba que las pymes, asfixiadas por falta de crédito, los hipotecados o las y los estafados ciudadanos, no quieren la banca pública? Ahora el Congreso del PSOE ha aprobado una enmienda que la defiende y Rubalcaba, estando en contra, acepta ser el secretario general. ¿Por qué? Pues porque da lo mismo.

El problema es que, sin embargo, en el PSOE todavía quedan gentes de izquierdas y honradas que le dan cierta credibilidad y coartada. Otras gentes, pocas, que desean trabajar por retornar a postulados socialistas marxianos y de clase, e indudablemente votantes de izquierdas.

También otra fuerza de izquierdas, IU en este caso, tendrá que preguntarse porque no logra hacerse con el electorado que sigue siendo socialista de izquierdas y votando PSOE.

En primer lugar, y esa es la razón principal, porque hay un espacio socialista muy consolidado desde finales del siglo XIX, y con tradición e innegables triunfos sociales que nace en el movimiento obrero. En segundo lugar, porque también, y por desgracia, la izquierda se rompe fatalmente en los años veinte del siglo pasado y se producen terribles enfrentamientos y persecuciones en su seno, injustificables de todo punto y lugar. El sectarismo hace mucho daño.

En tercer lugar, el Sistema desde la guerra fría del siglo pasado coopta a la socialdemocracia que, salvo disgustos como los propinados por el inolvidable Olof Palme, la alinean con el bloque occidental y anticomunista. Excepción hecha de alianzas puntuales social-comunistas en Italia, Francia e incluso España, en determinadas circunstancias, insisto.

Por tanto, pasemos a ver la situación actual: la Internacional Socialista es una realidad europea casi exclusivamente y sus partidos afines en otros continentes, o bien son vergonzosos como el Laborista israelí, o los partidos de Mubarak o Ben Alí -expulsados de la IS cuando las revoluciones populares habían destituido ya a los dictadores- o están aliados con sus oligarquías nacionales contra los socialistas de sus repúblicas -como es el caso de AD en Venezuela- o bien son muy pequeños y casi simbólicos, excepción hecha de Australia y Nueva Zelanda.

El Partido Socialista de tiempos de Salvador Allende no estaba en la Internacional Socialista, tampoco lo está el PT de Lula, o el MAS de Evo Morales, por ejemplo. Los nuevos partidos socialistas como Die Linke en Alemania o el Parti de la Gauche en Francia, el PSUV de Venezuela, son adversarios de los socios locales de dicha internacional, siendo socialistas y de izquierdas en estos tres casos.

Así pues, la primera conclusión es que el hábito no hace al monje. La atlantista y pro-norteamericana IS no es socialista. Sus miembros más izquierdistas como mucho son socialdemócratas, en el mejor de los casos.

Un socialismo democrático, cívico y enraizado entre las clases populares es imprescindible. Un socialismo que construya y defienda el estado del bienestar, defienda lo público, potencie la banca pública y la nacionalice, la privada que no sea ética. Apoye los servicios públicos e incremente la protección social. Intervenga y regule la economía y nacionalice todos los sectores estratégicos del estado es imprescindible. Además que sea republicano, favorezca una nueva Constitución, y defienda las libertades individuales y públicas nos es esencial. Un socialismo que tenga en el sindicalismo de clase un aliado, pero también en los pequeños productores y autónomos, es muy útil.

Pero ese partido, es decir ese grupo de ciudadanas y ciudadanos, juntos en pie de igualdad y participación, sin jerarquías y coordinados -que no teledirigidos- no existe, al menos en el estado español.

El PSOE en la transición rompió con su tradición. Se olvidó, al menos su dirigencia, de sus miles y miles de fusilados y encarcelados y se hizo amigo -sus cúpulas dirigentes- de la monarquía y de la banca. De esos polvos estos lodos.

Hoy, rechazado por mucha gente joven, satanizado por el 15M que lo equipara al PP y derrotado electoralmente por lo que fueron sus propios votantes, ha decidido “mantenella y no enmendalla” en Sevilla.

Ahora para las y los socialistas de sangre roja y a los que el corazón les late a la izquierda, les quedan dos opciones: o bien seguir apoyando a una casta profesional y despolitizada, simplemente gestora de los espacios que el sistema les permite. O bien refundar el Socialismo en el estado español. Todo lo demás, en mi opinión, son excusas o bien aferrarse a un pasado que ya no existe. Ejemplos los hay.

Politólogo, ex Presidente de Attac España y miembro de las Mesas de Convergencia

 

Albert Recio – Consejo Científico de ATTAC España

I

El anuncio de un nuevo acuerdo entre patronal y sindicatos mayoritarios se presenta como el preludio de una nueva reforma laboral. Para CC.OO. y UGT se plantea sobre todo como un medio para evitar una reforma radical de la legislación laboral. De mostrar que también a la patronal le conviene más una negociación realista que optar por una política unilateral de desmantelamiento de derechos. Que ellos, CC.OO. y UGT, son interlocutores serios que defienden derechos pero que también conocen los condicionantes de la economía y los problemas de la otra parte y están dispuestos a asumir la cuota de sacrificios necesaria.

El principal elemento positivo del pacto es el reconocimiento de que hay que mantener una negociación articulada, a escala nacional, autonómica o provincial y que los ajustes de cada empresa deben aplicarse mediante un procedimiento consensuado y con presencia sindical. Se trata de evitar una reforma que limitara la negociación al nivel de empresa y, por consiguiente, desmantelara gran parte de derechos laborales obtenidos en la negociación colectiva (por encima de la ley), ampliara al máximo las desigualdades salariales y creara espacios laborales sin ningún tipo de cobertura sindical. Si realmente se consigue mantener una negociación colectiva articulada y capaz de garantizar derechos comunes a amplios colectivos laborales, el acuerdo permitiría elevar una línea de defensa frente a los embates de la reforma laboral. Pondré un ejemplo que sirve para entender la importancia de la negociación colectiva sectorial: en diversos sectores de servicios (hostelería, limpieza, servicios sociales…) existen pactos estatales que incluyen la cláusula de subrogación. Se trata de una norma pensada para sectores en los que es frecuente que la empresa que gestiona el servicio cambie cada cierto tiempo (lo que suele suceder cuando las administraciones sacan a subasta un determinado servicio). Su aplicación obliga a la nueva empresa concesionaria a absorber en las mismas condiciones a los empleados de la antigua, lo que garantiza su estabilidad laboral. Esta es una de las muchas medidas que desaparecerían con una negociación limitada a la empresa.

Pero esta salvaguarda de derechos esenciales se ha conseguido a costa de incluir un buen paquete de las exigencias de la patronal: aceptación de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, introducción de cláusulas forzosas de flexibilidad temporal, funcional y salarial, mayor facilidad a las medidas de descuelgue. Sobre el papel, el acuerdo introduce mecanismos de cautela y negociación para la aplicación de estas medidas, pero la débil implantación sindical en muchas pequeñas y medianas empresas y la ausencia de limitaciones claras a la aplicación de estas políticas hace temer que el acuerdo facilite una mayor dispersión de condiciones de trabajo, una mayor discrecionalidad laboral y, en suma, un aumento de las desigualdades.

II

Cualquier acuerdo es siempre discutible. Los líderes sindicales pueden argumentar que su opción es el resultado de una lectura atenta de la correlación real de fuerzas, que han sacrificado piezas en aras a un objetivo superior, que realmente hay avances en algunos campos… Y es cierto que muchas veces les llegan críticas de gente que nunca está en la pelea y el trabajo cotidiano, que no parten de una evaluación realista de lo que se puede hacer. Pero creo que el actual acuerdo incluye demasiadas cosas discutibles que merecen cuando menos una seria reflexión sindical.

La primera cuestión discutible es el análisis económico que sustenta el documento y que justifica sobre todo la aceptación de una nueva caída de los salarios reales. Una justificación que contradice anteriores documentos sindicales en los que se consideraba, adecuadamente, que un aumento salarial constituía un buen elemento para dinamizar la demanda y evitar más destrucción de empleo. El análisis que introduce el documento es una mera plasmación de la lógica de la deflación competitiva. Se basa en suma en fiar el relanzamiento económico en el aumento de las exportaciones basándose en la moderación de salarios. Es la política que llevan años predicando muchos economistas liberales. Es una política que deprime la economía global y no garantiza buenos resultados. El éxito exportador de un país descansa en la derrota de otros (la competencia comercial tiene más de guerra o de competición deportiva con unos pocos ganadores que de desarrollo económico armónico). Pero si todos aplican la misma política de potenciar las exportaciones (sea bajando salarios o devaluando) el resultado final puede ser una caída de la demanda global y un empeoramiento para todos. En el caso español, la reducción de salarios no parece que sea una gran medida para potenciar las exportaciones debido al tipo de especialización productiva de las empresas españolas y al hecho de que nuestra moneda sea el euro. De hecho, el documento aboga por una reducción también de las rentas del capital con objeto de moderar los precios, pero no introduce ninguna medida explícita para traducirla en la práctica. A ello me refiero cuando hablo de asimetría: los acuerdos sociales en la práctica sólo atan realmente a los asalariados, mientras que el poder empresarial queda intacto. No hay ninguna garantía de que el aumento de beneficios que garantiza la moderación salarial se traduzca en empleo, en inversiones, ni en caída de precios. Es, en suma, un sacrificio donde sólo se espera buena voluntad de la contraparte.

Una segunda cuestión preocupante es el aumento de las desigualdades que puede propiciar la política que se deriva de estos acuerdos. En una economía y un mercado laboral ya de por sí caracterizado por un nivel indecente de desigualdades. En parte reflejo de toda nuestra historia pasada y de la propia incapacidad de nuestro modelo de negociación colectiva para reducirlas. En los últimos años hemos asistido a un crecimiento de las mismas mediante políticas empresariales de externalización (que permiten aplicar convenios colectivos de nivel inferior) y de incentivación personal, y sacando de convenio a los niveles superiores de la jerarquía laboral. Un acuerdo de sacrificios solidarios creíble debería incluir indefectiblemente mecanismos de reducción de las desigualdades, protegiendo y elevando la posición social de los peor situados, y limitando las rentas de los más favorecidos o privilegiados. Debería acotar las rentas de quienes están fuera de convenio, cuando no limitar la propagación de esta figura. Nada de ello hay en el acuerdo, especialmente en lo que se refiere a política de rentas. Por un lado porque los privilegios fuera de convenio, la no acotación de las rentas superiores, forma parte de las prerrogativas capitalistas que los sindicatos han dejado de impugnar en serio. De otra, porque hace tiempo que el sindicalismo español (el mayoritario y también el radical que limita su campo de acción a la lucha en unas pocas grandes empresas) ha dejado de reflexionar y plantear una verdadera lucha en pro de la reducción de las desigualdades salariales. Y en un contexto en el que se congela el salario mínimo y se exigen sacrificios, esta ausencia de planteamiento es simplemente una omisión inaceptable.

En tercer lugar, el acuerdo sacraliza la flexibilidad, como un mero ajuste a las necesidades o imperativos de la empresa. Es cierto que la vida real, fuera y dentro del trabajo mercantil, nos exige mucha capacidad de adaptación. Y que los ajustes de las empresas no obedecen solo a una obcecada búsqueda del beneficio o a un mero capricho patronal. Pero es también cierto que la flexibilidad tiene serios impactos negativos sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras, sobre personas individuales. Y que en la prosecución de una “economía flexible” hay mucho de injusticia, despilfarro e ineficiencia social. La asunción acrítica de la flexibilidad por parte sindical es endémica y con ello lo único que se ha conseguido es dejar de discutirle al capital su hegemonía social. Por no perder de vista el impacto negativo de la proliferación del empleo a tiempo parcial, a menudo una forma de camuflar el subempleo y de perpetuar las desigualdades de género. Tampoco en este acuerdo se vislumbra ninguna novedad sustancial, más bien la apertura de nuevas prerrogativas patronales. Por poner un ejemplo, cualquier política de fijación de salarios en función de resultados sólo tiene posibilidades de seriedad si los representantes de los trabajadores tienen acceso y control de los mecanismos de evaluación contable de las empresas. En suma, si consiguen avanzar en el control de la misma, en fijar los criterios de evaluación y de revisión salarial.

III

Más allá de los resultados tangibles, de las concesiones más o menos acertadas, hay una cuestión de fondo que atraviesa la debilidad social que padece el movimiento sindical, al menos en Europa (y que se expresa con crudeza en muchas encuestas de opinión). Para mí el hecho relevante es que los sindicatos llevan tiempo instalados en la política de “evitar lo peor”, de la que este acuerdo (y otros mucho peores firmados en otros países, como el reciente caso de la UGT portuguesa) es un ejemplo. Es posible que realmente muchos de estos acuerdos hayan servido para ese objetivo. Pero es dudoso que con ello consigan desarrollar una elevada penetración social. Ningún movimiento social se desarrolla bajo esta clave meramente defensiva, conformista, de que nada puede hacerse excepto evitar mayores males. Una aceptación que, directa o indirectamente, es percibida por la sociedad como la inexistencia de alternativas a la lógica del poder capitalista.

Un movimiento social vivo exige objetivos alternativos, propuestas que impacten en el discurso cultural del oponente, que generen debate y hegemonía social. Exige crear cohesión y valores en el propio grupo. Nada de esto se encuentra en la ausencia de discusión de fondo de las lógicas de acumulación del capital. A diferencia de lo que hace siempre la patronal, planteando sus propias demandas o apoyándose en las opiniones de los think tanks que ella misma financia. Es cierto que en algunos casos la acción sindical evita lo peor. Pero también que ha sido incapaz de desarrollar políticas que moderen, alteren, reduzcan el cúmulo de desigualdades, de desastres sociales y de irracionalidad generados por el capitalismo neoliberal. Tampoco se ha preocupado mucho de contar con fuentes de opinión alternativa que den argumentos a favor de demandas de mayor calado. En un momento en que la crisis muestra la incapacidad del modelo para desarrollar respuestas satisfactorias a las necesidades sociales mayoritarias, limitarse a la política del “evitar lo peor”, como se hace en el pacto comentado, sólo sirve para reforzar la sensación de desamparo en la que vive una inmensa mayoría de población trabajadora. La adaptación acrítica a lo real forma parte de la política de sumisión social. Y lo que el momento exige es amplitud de miras transformadoras.

Artículo publicado en Mientras Tanto Electrónico.

Albert Recio – Consejo Científico de ATTAC España

I

Mariano Rajoy no se cansó de tildar al anterior Gobierno de insensato, reclamando una política económica seria. Su derrotado oponente también apeló a la seriedad y el compromiso para aceptar el giro económico que consiguió descalabrar a su partido. Merkel y Sarkozy exigen seriedad a sus aliados. Y no digamos las ideas que emanan de los informes de instituciones serias como el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional.

La seriedad se traduce en dos únicas cuestiones: ajustes del presupuesto público y reformas estructurales (laborales y privatizadoras, por supuesto). Por ello, cuando Rajoy ha llegado a la Moncloa no ha dudado en aplicar una drástica línea de ajuste fiscal en forma de aumento de impuestos y tasas, y recortes presupuestarios. Y en anunciar una serie de reformas iniciada con la ley de Estabilidad, que no es más que una forma de institucionalizar el ajuste fiscal perpetuo.

Cabe señalar que en este caso que sí ha habido una sorpresa en la política del Gobierno en forma de aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Algo que violenta su programa electoral pero que era de alguna forma obligado. Si todo el ajuste se aplicaba al Gasto el descalabro social sería insoportable. En todo caso muchos esperábamos que el aumento de impuestos se aplicara a través del IVA, puesto que los tipos impositivos españoles están por debajo de la mayoría de países europeos. Si el aumento se ha aplicado al IRPF seguramente es porque se han tenido en cuenta dos cuestiones. La primera es que los aumentos del IVA se transmiten a los precios y con ello a la inflación (de hecho parte de la inflación diferencial de España se explica por el aumento de los impuestos especiales al tabaco y al alcohol aplicados en años recientes), y ya se sabe que la inflación es el otro tema tabú de la seriedad neoliberal. La segunda es una cuestión de marketing político: como el IRPF es un impuesto con tipos progresivos, aumentarlo permite presentar el ajuste como socialmente justo. Sería cierto si no supiéramos que las rentas del capital siguen tratadas con mucha más benevolencia que las del trabajo, si no existieran los mil y un mecanismos para desgravarse impuestos que tienen los ricos, si el control de las rentas fuera efectivo para todas ellas. Pero sabemos que el IRPF es sustancialmente un impuesto sobre las rentas salariales y que por tanto, en ausencia de otras medidas, va a ser sobre los asalariados sobre los que va a recaer el aumento de la carga fiscal. Y sabemos también que la regresividad social de este nuevo plan de ajuste se encuentra en otras muchas de las medidas, empezando por la congelación del Salario Mínimo Interprofesional y el IPREM, los dos elementos que tienen más influencia sobre las rentas más bajas, y continuando por la caída real de las pensiones y los ajustes presupuestarios… Lejos de lo que proclama el gobierno, el ajuste no es un sacrificio compartido, sino un nuevo ataque a las condiciones de vida de los asalariados en general y de los asalariados pobres y parados en particular.

II

Pero lo que explica que este ataque directo a las condiciones de vida de la mayoría de la población no provoque un rechazo radical de la misma, ni genere una amplia respuesta de resistencia, es que se presenta dentro del discurso de la seriedad y el rigor. Un discurso que se genera en los diferentes niveles institucionales en los que hoy se produce la política económica (organismos supranacionales, Unión Europea, gobiernos, centros de opinión económica). En todos se genera un discurso único en el que se combinan lo inevitable —hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, el endeudamiento excesivo no es tolerable, los mercados imponen el ajuste— con lo épico —el sacrificio nos permitirá salir del mal paso—. Un discurso que se legitima con un aparente aparato técnico.

El problema de este discurso es doble. De una parte resulta evidente que los acreedores nos fuerzan al ajuste. Pero no está claro cómo el mismo va a permitir solventar los problemas en el largo plazo. De entrada los ajustes agravan los problemas al añadir nuevos parados (como muestra la nueva entrega de la EPA) y recortar las rentas de mucha gente. Con menos renta no está claro cómo salir del endeudamiento. Y nadie explica qué fuerzas van a impulsar una recuperación vigorosa en el futuro con salarios a la baja (que representan cuando menos 2/3 de la demanda global). De otra, nadie explica qué transformaciones productivas van a permitir cambiar la situación en el futuro. Muchos de los países con más problemas han llegado a ellos básicamente por una senda de especialización productiva que se ha mostrado insostenible. Es el caso español, donde el hiperdesarrollo de la actividad constructora fue la otra cara de una fuerte dependencia exterior en materias primas y productos industriales. Sin alterar esta estructura productiva no hay forma de eludir los problemas macroeconómicos del país (y seguramente ésta es también la situación en muchos de los países con mayores dificultades). Además de todo esto, los ajustes actuales ignoran por completo los problemas cada vez más acuciantes que plantea la crisis ecológica (energía, calentamiento, y problemas agrícolas, agua, etc.) y que exigen cambios importantes en las formas de vida. Cambios que deben ser cuidadosamente organizados y orientados si se quiere evitar un desastre social. Ninguna de las “políticas serias” plantea respuestas en ninguno de estos sectores. Simplemente confían en la magia de la iniciativa privada que una vez liberada de la crisis fiscal y de las trabas responderá, se supone, con nuevas iniciativas que traerán el bienestar. Como si el desastre financiero, las burbujas inmobiliarias y la depredación del planeta no fueran, precisamente, el resultado de las iniciativas privadas que el neoliberalismo alentó.

Hay que insistir. Nuestros responsables políticos y económicos no tienen ningún plan claro de salida de la crisis. Abogan por el ajuste por la presión de los acreedores (que ellos mismos han contribuido a reforzar) y por sus propios tics ideológicos, pero no cuentan con ningún modelo creíble que explique una ruta transitable hacia el bienestar. Nos piden sacrificios por nada y en cambio no nos preparan ante los desafíos de la crisis ecológica. Su seriedad es la de los histriones de los malos teatros, no la de unos líderes responsables.

III

Mientras la población esté sometida al síndrome de “es la única vía posible” o “no hay otra alternativa”, los responsables de las políticas de ajuste seguirán apareciendo como políticos responsables o, cuando menos, inevitables. Y la hegemonía de las ideas dominantes se sostendrá sobre la base de la conformidad, el fatalismo y la sensación de impotencia de la mayoría de la población. Por ello es tan necesario que quienes queremos transformar la situación seamos capaces de elaborar otra propuesta de ruta alternativa. No sólo basada en denunciar el papel de los intereses dominantes sino sustentada en una valoración realista de la situación y orientada a promover otra ruta de evolución social. Reconocer que efectivamente esta sociedad requiere un ajuste y una reorientación hacia un modelo productivo más sostenible: un ajuste que requiere tanto de cambios importantes en las formas de vida y en la distribución de la renta como en las instituciones que regulan la vida económica; un ajuste que se centre en eliminar privilegios y despilfarros intolerables y en cubrir necesidades básicas, en promover un modelo social cooperativo, y en recomponer el peso de la acción pública y la democracia.

No es tarea ni sencilla ni inmediata. Cualquiera de nosotros que trate de plantear en su entorno una alternativa percibirá lo arraigado de las viejas ideas. No sólo entre los principales beneficiarios del actual orden social, sino también en muchos de los que lo sufren. Pero reconstruir una hoja de ruta alternativa es hoy tan urgente como tratar de movilizar a la sociedad contra cada una de las dentelladas que propinan estos políticos, técnicos y empresarios con ínfulas de seriedad.

Artículo publicado en Mientras Tanto Electrónico.

Juan Torres López / Alberto Garzón Espinoza – Consejo Científico de ATTAC España

El gobierno acaba de aprobar una nueva reforma del sector financiero (Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero) y una vez más se le dice a los ciudadanos que se hace para salir de la crisis, para favorecer la creación de empleo y para que baje el precio de la vivienda cuando, en realidad, se buscan otros objetivos y no van a ser esos los resultados que va a producir.

Según la nota informativa del Ministerio de Economía y la referencia oficial del Consejo de Ministros con la nueva reforma se persigue “mejorar la confianza y la credibilidad del conjunto del sector” disipando “las dudas del mercado sobre la valoración de los activos inmobiliarios (suelo, promociones y viviendas) que tienen las entidades en sus balances”. Según el gobierno, de esa manera se “incentivará la salida al mercado de viviendas a precios más asequibles” y también que el sector financiero “recupere su función principal, que es proporcionar a empresas y familias el crédito necesario para volver al crecimiento económico y la creación de empleo”.

En nuestra opinión, sin embargo, con esta nueva reforma no se van a conseguir esos objetivos. Por el contrario, creemos que (aunque tenga algún elemento positivo) se trata más bien de un nuevo paso encaminado a poner el mercado bancario español a más libre disposición de los grandes bancos. Con ella se da un paso más para que los bancos salgan de la deteriorada situación en la que se encuentran, por culpa de su irresponsable comportamiento en años anteriores, sin que sus dueños y gestores asuman responsabilidades y haciendo que sean los ciudadanos los que paguen el daño que han producido.

Para entender lo que está sucediendo y el efecto previsible de estas nuevas medidas hay que saber antes lo que en realidad le ocurre a la banca española.

La situación patrimonial de los bancos españoles

Los bancos, como todas las empresas, tienen en su balance activos y pasivos. Los activos incluyen los bienes (edificios, equipos, etc.) y los derechos (sobre todo, los créditos y préstamos que conceden a sus clientes). Los pasivos son las deudas que tienen, bien con sus propietarios (capital) o con terceros (los depósitos que reciben de sus clientes y los préstamos que reciben de otros bancos o del banco central). Y también, como en toda empresa, en su balance debe haber un equilibro adecuado entre los distintos tipos de activos y pasivos y entre el activo total y el pasivo total. Si los pasivos de un banco son mucho mayores que los activos (si debe mucho más de lo que tiene), no tendría bienes y derechos suficientes para hacerles frente y quebraría.

También hay que entender que el negocio de la banca consiste en aumentar lo más posible los créditos y préstamos que concede porque cada vez que los concede crea dinero y así obtiene beneficio y poder.

Pero para tener más activos (para poder dar más préstamos) debe disponer de los pasivos correspondientes (o más capital o más depósitos o más préstamos recibidos de terceros). Y lo que le ha pasado a la banca internacional y a la española en particular en los últimos años es que los depósitos que recibía y el capital disponible eran insuficientes para aumentar cada vez más su negocio concediendo más préstamos y créditos. Entonces, en lugar de aumentar su capital, recurrió a dos vías de obtención de más liquidez: aumentó su propio endeudamiento y las operaciones llamadas de “titulización” (La titulización consiste en vender en el mercado financiero los contratos bajo otro nombre a los inversores especulativos que los compran para volver a venderlos y así sucesivamente. Gracias a ella, los bancos cambiaban “papel”, los contratos de préstamos ya concedidos, por dinero y podían seguir dando créditos a sus clientes). Dos vías que han terminado siendo letales.

El incremento del endeudamiento (en el caso español principalmente con los bancos europeos) ha llevado a una situación límite cuando la crisis ha hecho su aparición. Y la titulización ha provocado un caos general cuando los contratos de préstamo iniciales (muchos de los cuales ya eran de por sí de muy baja calidad, como las hipotecas basura) comenzaron a perder valor porque aumentaba la morosidad y los impagos.
Cuando esto sucedió, los bancos quedaron descapitalizados: sus activos valían mucho menos (algunos incluso nada porque no se iban a cobrar nunca) y tenían un altísimo nivel de deuda. Los gobiernos y los bancos centrales les inyectaron billones de euros y dólares de liquidez pero sus agujeros eran tan grandes que incluso esos recursos multimillonarios fueron insuficientes. La consecuencia fue que cerraron el crédito, lo cual hundió a la economía real, a las empresas y al empleo.

Cuando los bancos acreedores veían que se ponía difícil cobrar esas deuda fue cuando impulsaron el “rescate” de los países, aunque en realidad era el rescate de sus bancos: el Fondo Monetario Internacional o los bancos centrales les daban préstamos que iban directamente a los bancos para que se recapitalizaran y pagaran sus deudas pero que pagaba la sociedad en su conjunto.

Los siguientes datos muestran la magnitud de estos procesos en España:

- El crédito total a residentes pasó de 701.663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008. Un 70% de ese incremento fue dirigido hacia la construcción o sus actividades colindantes. Lógicamente, cuando la construcción se vino abajo, los bancos “se comieron” una gran parte de se crédito y su activo, por tanto, perdió valor real.

- En 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo recibía 0,76 euros. Eso significaba que el incremento anterior de la deuda concedida solo pudo venir del endeudamiento de los bancos españoles con otros extranjeros.

- Así fue que la financiación interbancaria internacional y especialmente europea recibida por la banca española pasara pasado de 78.000 millones de euros a 428.000 en el último periodo de gran liquidez previo al estallido de la burbuja y al inicio de la crisis, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Y también ha sido millonario su endeudamiento con el Banco Central Europeo (118.861 millones de euros solo en diciembre de 2012, la tercera parte del total solicitado por las entidades del eurosistema ese mes).

Las causas de la descapitalización de la banca española y su situación actual

A la hora de valorar la utilidad de las medidas de reforma financiera que se viene tomando es importante no olvidar que las causas de la deteriorada situación de la banca española son muy claras aunque las autoridades y los propios banqueros no quieren hablar mucho de ello:

a) El incremento de la deuda que es consecuencia de tres factores. El primero, el gran poder de la banca que ha logrado que se consoliden las condiciones económicas, legales, políticas, culturales e incluso antropológicas que favorecen la sumisión al régimen de endeudamiento creciente en que se basa su negocio. El segundo, que nadie le ha parado los pies a los bancos y estos no han perdido la oportunidad de hacer crecer su negocio incluso de forma irresponsable: dar préstamos. Eso llevó a conceder préstamos y créditos sin tener en cuenta la solvencia de los clientes, a conceder hipotecas por más del 100% del precio de la vivienda hipotecada o al 100% de las operaciones cuando se trataba de empresas, todo lo cual acumuló un riesgo desorbitado en el sistema. El tercero, las políticas que han incrementado la desigualdad y la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares que así han tenido que endeudarse cada vez más como consecuencia de la moderación salarial y de la subida del precio de la vivienda por la burbuja especulativa, en gran medida alentada o consentida por los gobiernos del PP y del PSOE.

b) La infravaloración del riesgo que suponía poner la inmensa mayoría de los recursos en una misma cesta: la construcción. Con tal de ganar dinero, los bancos multiplicaron como hemos visto el crédito promotor muy por encima de lo que era sensato y sostenible.

c) Para tratar de ganar depósitos que financiaran esa manera compulsiva de ganar dinero, los bancos exageraron su política comercial, abriendo oficinas en cualquier esquina y sobredimensionando el negocio.

d) La pasividad cómplice de las autoridades y particularmente del Banco de España. Sus propios inspectores denunciaron ante el gobernador nombrado por el PP y ante el ministro Solbes su “pasividad” ante el riesgo sistémico que todo lo anterior estaba provocando pero ni ellos ni nadie de los que denunciaban este peligro fue escuchado.

e) La flexibilidad que se ha dado a las normas contables para que los bancos hayan podido disimular durante todos estos años el riesgo que acumulaban. Y particularmente que la patronal bancaria europea consiguiera, cuando estalló la crisis, que se permitiera que los bancos valoren sus activos deteriorados a precios de adquisición y no de mercado. Es decir, que disimulasen completamente sus cuentas ante su clientela y la sociedad. Eso les permitía seguir repartiendo jugosos beneficios a pesar de que estaban completamente descapitalizados e incluso quebrados, lo que ha ido retrasando la solución al problema.

Todo ello es lo que ha llevado a la situación actual de la banca española: tuvo unos años de solidez y beneficios extraordinarios pero ahora se encuentra con que una buena parte de sus activos no valen lo que en realidad dicen sus balances porque se trata de activos relativos a la actividad inmobiliaria que se ha venido completamente abajo. En consecuencia, necesita gran cantidad de liquidez y capital para tapar ese agujero que no le resulta fácil encontrar y por eso dedica sus recursos a los destinos más rentables y seguros (como compra de la deuda soberana con el dinero del Banco Central Europeo) en lugar de dedicarlos a financiar a las empresas que crean empleo, provocando así que la economía se siga deteriorando continuamente. Y, como consecuencia de todo ello, los bancos extranjeros acreedores y sus gobiernos presionan al gobierno español para que tome medidas que garanticen el saneamiento de sus balances y el pago de la deuda.

¿Qué solución tenía el problema de la banca española?

La situación de descapitalización en la que se encuentra la banca española, y que gracias a su enorme poder político y mediático se ha ido disimulando durante estos años atrás haciendo creer a la población que solo era grave en el caso de las cajas de ahorros, hubiera tenido soluciones bastante claras:

- En primer lugar imponer un régimen de completa transparencia contable para detectar sin los engaños actuales su situación patrimonial.

- Dejar caer a los bancos que hubieran quebrado como consecuencia de su irresponsable o mala gestión en los años anteriores a la crisis y obligar a que sus responsables hicieran frente a sus responsabilidades económicas y legales.

- Nacionalizar el sector bancario deteriorado e imponer una lógica de servicio publico al conjunto de la actividad bancaria para garantizar el flujo de crédito a la actividad productiva en la línea y condiciones que, junto a Vicenç Navarro hemos desarrollado en los capítulos VII y X de nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España.

En lugar de ello, el anterior gobierno y el actual han cedido al interés de los banqueros, han dado a la banca todo tipo de ayudas, han entrado a saco contra las cajas de ahorros para desalojarlas del mercado y para ceder su cuota de mercado a la banca privada y han permitiendo que ésta sigan disimulando mediante artimañas contables su verdadera situación patrimonial.

La realidad muestra que, en contra de lo que se ha dicho cada vez que se tomaba una medida de apoyo a la banca, no se ha mejorado lo que se tiene que mejorar: su situación patrimonial y la financiación de la economía.

¿Qué pretende ahora el gobierno?

La nueva reforma el gobierno parte de plantear la situación en la que se encuentra la banca española.

Según el Ministerio de Economía, con datos del Banco de España, el sector financiero acumulaba en junio de 2011 323.000 millones de euros en activos inmobiliarios ligados al crédito promotor. De ellos, 175.000 millones entrarían en la categoría de problemáticos (88.000 millones en suelo y promoción en curso y 87.000 millones en promoción terminada y viviendas adjudicadas).

Los niveles de cobertura de esos activos problemáticos, es decir, las provisiones que las entidades han ido haciendo por si esos activos “fallaban” o perdían valor, es muy baja: 31% para los vinculados al suelo, 27% para los e promoción en curso y 25% para los de promoción terminada y viviendas.

El Ministerio de Economía afirma que esa baja provisión y el valor no realista que se le asigna en balance “dificultan a las entidades acudir a los mercados de financiación mayorista” y que eso “impide financiar adecuadamente al sector privado de la economía”.

Por esa razón, dice el Ministerio que “es imprescindible clarificar el panorama y situar la valoración de activos en una posición más acorde con la del mercado”.

Para evitar ese problema, la reforma se encamina a “sanear” activos problemáticos por valor de 50.000 millones de euros. Y para sanearlos se impone lo siguiente a las entidades financieras:

- Crear una dotación específica para aumentar las provisiones de esos activos problemáticos mediante una aportación extraordinaria que realizarán con cargo a sus resultados por un valor de 25.000 millones de euros.

- Crear un “colchón de capital” adicional, es decir, fortalecer su cuenta de capital mediante procedimientos diversos (ampliación de capital o modificando sus componentes a través de bonos convertibles, deuda subordinada, etc.). Ese colchón será del 20% sobre activos relativos a suelo y del 15% para los de promoción en curso y se dotará con cargo a beneficios no distribuidos por un importe de 15.000 millones de euros.

- Crear una provisión para hacer frente a un posible deterioro futuro de los activos no problemáticos. Esta será solo del 7% y por un valor aproximado de 10.000 millones. La fecha tope para realizar estas provisiones será el 31 de diciembre de 2012.

Sin embargo, la reforma va más lejos porque al mismo tiempo que lo anterior se establecen condiciones para las fusiones entre entidades y se establecen los requisitos para que se lleven a cabo y puedan ser aprobadas.

Además, el decreto-ley de reforma aborda otras dos cuestiones: la modificación del régimen jurídico de las cajas de ahorro y el establecimiento de límites en las retribuciones de consejeros (50.000 euros si son participadas mayoritariamente por el FROB y 100.000 si solo son financiadas) y directivos (300.000 y 600.000 respectivamente) de las entidades de crédito que han recibido apoyos públicos.

Con esas medidas, el gobierno afirma, como señalamos al principio, que “se conseguirá un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados de capitales, y una mejora del flujo de crédito a la economía real, con un impacto positivo sobre la producción y el empleo. Además, facilitará la salida al mercado de los activos inmobiliarios en poder de la banca, con el consiguiente abaratamiento de la vivienda”.

Lo que realmente se puede esperar de la nueva reforma financiera

Si se tienen en cuenta al mismo tiempo los factores que han desencadenado la situación de deterioro patrimonial en que se encuentra nuestro sector financiero y las medidas que ahora toma el gobierno se pueden hacer algunas consideraciones para evaluar y predecir el impacto que puede tener.

1. Es verdad que todo lo que sea cubrir mediante provisiones el daño patrimonial de las entidades financieras es deseable. Pero el problema es que no hay seguridad ninguna de que la evaluación del total de activos problemáticos del sector financiero realizada por el Banco de España y el gobierno sea realista. Por tanto, no se puede saber si realmente se está generando un saneamiento suficiente o si es solo muy limitado. De hecho, en el informe de 2011 del Banco de España donde se presenta el valor de 175.000 millones en activos tóxicos que el gobierno toma como punto de partida, sospechosamente no se desglosa esa cantidad, como se hacía el años anterior.

Sin establecer antes que nada normas claras y taxativas que permitan reflejar con total transparencia la realidad del sector, no se puede afirmar que la cantidad de 50.000 millones de euros en provisiones vaya a ser suficiente mejorar el acceso de la banca española a los mercados financieros. Sobre todo, cuando los mercados financieros ya han manifestado que el montante de esos activos problemáticos puede ser mucho mayor. Concretamente, Standard & Poors ha estimado que su valor se sitúa entre 296.000 y 313.000 millones de euros.

Si esta agencia y las demás, y en general los financieros que las utilizan, hacen esta estimación ¿se sentirán satisfechos con un saneamiento que no alcanza sino a menos de su sexta parte?

En nuestra opinión, la operación de saneamiento que se propone esta reforma es en realidad un superficial lavado de cara porque el aumento de las provisiones previsto es casi con toda seguridad insuficiente y, por tanto, no resuelve el auténtico agujero que tiene el conjunto de las entidades financieras españolas.

2. La naturaleza de las medidas que se proponen muestran el sinsentido con el que actualmente viene operando la banca. Por un lado se parte de reconocer que hay que sanear a las entidades y que no pueden financiar a la economía porque no lo están. Pero se recurre como fórmula de saneamiento a que ellas mismas dispongan de los recursos necesarios para hacer las provisiones. Cabría preguntarse, entonces, si disponen de esos recursos o no. Si los tienen, el problema radica en por qué no los dedican a financiar la economía, que es lo que con extraordinaria urgencia conviene resolver. Y si no los tienen parece que no tiene sentido pedirles que se saneen poniendo ellas mismas los recursos que se precisan para ello.

3. En principio, si las entidades se limitan a hacer esas provisiones, el saneamiento no costaría nada al erario público, como ha dicho el gobierno. Pero lo que sucede es que, como acabamos de señalar, eso será casi imposible que ocurra si es que las entidades se encuentran efectivamente en necesidad de ser saneadas. De hecho, lo que en realidad contempla la reforma son los incentivos y condiciones que hagan inevitable la fusión de entidades y es en estos casos cuando el gobierno sí pondrá dinero. Lo pondrá, es cierto, en forma de créditos pero sin que nada asegure que no terminen siendo a fondo perdido como en tantas otras ocasiones.

Además, por un lado se amplia el plazo para llevar a cabo las provisiones a dos años para las entidades fusionadas. Y por otro se establece que para disfrutar de las ventajas concedidas a quienes se fusionen será necesario, además de otros requisitos, que la integración eleve el balance de la entidad que compra en un 20% o en un 10% en casos excepcionales. Lo que claramente está pensado para que, cuando se obliga a hacer provisiones que las entidades no pueden asumir, las entidades grandes absorban a las más pequeñas y sigan acaparando el mercado, que es en realidad lo que se va buscando. Y, finalmente, se permite que cuando se hagan fusiones las provisiones se hagan a cuanta de capital y no de resultados, lo que permitirá registrar beneficios y no entrar en pérdidas.

4. El gobierno dice que con esta reforma será posible que el crédito vuelva a fluir a la economía pero lo cierto es que, aunque las provisiones sean necesarias, representan cantidades inmovilizadas. Por tanto, 50.000 millones más de provisiones significan una idéntica cantidad de menos en recursos para conceder financiación. Por tanto, no hay garantía ninguna de que se vaya a cumplir la previsión tan optimista que hace el gobierno.
 La duda en este sentido también proviene de saber que la falta de crédito no deriva solo de que la banca tenga dificultades para acceder a los mercados mayoristas, como dice el gobierno. De hecho, tiene barra libre en el Banco Central Europeo, de donde ha recibido cientos de miles de millones de euros que, sin embargo, no ha dedicado a financiar a la economía.

Sencillamente, porque tiene otros intereses, cubrir lo más posible su descuadre patrimonial y colocarla la liquidez disponible en destinos más rentables (deuda soberana o inversiones en los mercados en donde se están produciendo burbujas especulativas de momento muy rentables).

5. Para colmo, y en contra de lo que circuló en las primeras versiones del texto de la reforma, el gobierno ha renunciado a obligar a que las entidades fusionadas y que van a gozar de ayuda pública estén obligadas a conceder más crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares. El decreto tan solo obliga a fijar un “objetivo cuantificado” pero es evidente que esto no tiene por qué significar que vaya a aumentarse.

6. El gobierno también afirma que gracias a este saneamiento podrán bajar los precios de la vivienda.

En principio, cabría pensar que eso sí se podría conseguir en alguna medida. Si la provisión que tienen que hacer las entidades es mayor, estarían más interesadas en vender los pisos de los que disponen a precio más bajo, para evitar tener el dinero de las provisiones inmovilizado. También podría ayudar a eso que el Decreto de reforma obligue a las entidades fusionadas a llevar a cabo un plan de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios durante los tres ejercicios siguientes a la integración.

Pero posiblemente eso es solo la teoría. Lo más realista es esperar que salgan al mercado las viviendas de entidades en situaciones muy delicadas pero no la de los grandes bancos que son, en realidad, los que disponen de un mayor número de ellas y, por tanto, de capacidad efectiva para producir variaciones en el precio de mercado.

Además, aunque baje el precio de la vivienda, los problemas seguirían subsistiendo porque el altísimo nivel de paro, la caída en los ingresos y la falta de crédito hipotecario no permitirían que aumentara la demanda de viviendas aunque bajase su precio, que es lo que realmente ha venido sucediendo desde que estalló la crisis hasta ahora.

Y, finalmente, incluso cabría plantear, en contra de esta otra visión optimista del gobierno, que si las entidades con activos inmobiliarios no los pusieron a la venta cuando no estaban provisionados, lo que afectaba negativamente a su solvencia y presencia en el mercado, como dice el Ministerio, quizá ahora que ya están provisionados tuvieran menor interés aún y les convenga esperar a que lleguen tiempos mejores en el sector. O que se limitaran a crear empresas inmobiliarias para sortear el requisito de la desinversión sin poner los activos a la venta de forma efectiva.

Conclusiones

A la vista de lo todo lo anterior creemos que se pueden establecer las siguientes conclusiones sobre la reforma del sistema financiero que quiere llevar a cabo el gobierno.

1. No es verdad que la reforma vaya a producir un auténtico saneamiento de las entidades financieras. Ni moviliza recursos suficientes ni afronta las verdaderas causas de su insolvencia.

2. No hay argumentos de peso que permitan afirmar, como hace el gobierno, que esta reforma va a permitir que vuelva el crédito a la economía española. Por el contrario, puede decirse que, en la medida en que inmoviliza recursos, va a contraerlo aún más a corto plazo. Que vuelva a medio y largo plazo no depende de que las entidades financieras estén mejor consideradas en los mercados gracias a las medidas que lleva consigo esta reforma. De hecho, los bancos españoles disponen de recursos ilimitados en el Banco Central Europeo y no los utilizan para ello.

3. No es seguro tampoco que esta reforma vaya a garantizar que baje el precio de la vivienda en España. Y si bajara en alguna medida, quedaría por resolver la disponibilidad de los ingresos o del crédito necesario para adquirirlas.

4. El propósito real de la reforma es otro. Se trata de acelerar el proceso de fusiones de entidades porque es de esa forma como se quiere “salvar” al sistema financiero español: concentrándolo en dos o tres grandes entidades privadas que al disponer ahora de todo el mercado podrían disponer ya del capital que han ido perdiendo en los últimos años por su política irresponsable y obtener así beneficios y privilegios extraordinarios.

5. El mapa de entidades financieras al que se pretende llegar con esta nueva reforma tiene muchos inconvenientes y producirá efectos muy negativos sobre nuestras economía:

- disminuirá el empleo en el sector.

- alejará las fuentes de financiación de la actividad económica a la que se supone que sirve, lo que dificultará su apego al terreno y perjudicará al servicio que debe prestar.

- al crearse entidades mucho más grandes, dedicarán su actividad preferente a los grandes mercados y negocios bancarios, desprendiéndose o prestando menos atención a la demanda minorista que es la que realizan las empresas que crean empleo y los hogares que más necesidades tienen de crédito. Es previsible, por tanto, que aumente el racionamiento del crédito y la exclusión financiera de partes cada vez más grandes del empresariado y de la población en general.

- Al obligar a las cajas de ahorros que aún quedan a ir fusionándose con bancos cada vez más grandes será muy difícil o imposible que superen una participación mayor al 25% de estos últimos y entonces, según establece el decreto de reforma, tendrán forzosamente que constituirse en fundaciones de régimen especial. De esa forma la reforma culminará con el expolio vergonzoso llevado a cabo por este gobierno y el anterior para salvar a los banqueros que han provocado la crisis a costa del ahorro, de los ingresos y del sufrimiento del resto de la sociedad.

En resumidas cuentas, la reforma no ataja los problemas de fondo que han dejado sin financiación a las empresas que crean empleo y a las familias, no proporciona remedios que garanticen que el crédito quede asegurado y se limita a favorecer descaradamente los intereses de los grandes bancos españoles.

Esta reforma es un capítulo más, por lo tanto, de la historia de mentiras y fraudes con que se viene desarrollando la crisis de la mano de los poderes más infames del planeta que han conseguido doblegar la voluntad de la mayoría de los gobiernos, como está ocurriendo en España.

La Semana Económica desde otro punto de vista

 http://altereconomia.org/sec/

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Las cumbres de Davos tienen la particularidad de sorprendernos con las afirmaciones más desvergonzadas y retorcidas. Este año le ha tocado el turno, entre otros, a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Ha declarado que en la eurozona ha habido “progresos excelentes”. Si se compara la situación actual, mantiene, con la de hace cinco meses se ve los avances que los países han llevado a cabo en materia de consolidación fiscal y reformas estructurales. No sé lo que Draghi entiende por progreso. Resulta difícil aceptar que se pueda tener por avance el empobrecimiento de la población o esas reformas estructurales que están destruyendo todas las conquistas sociales y laborales del pasado, y tampoco parece lógico que se entienda por progreso el hecho de haber introducido la economía de la eurozona en recesión incrementando el desempleo.
El presidente del BCE continuó su plática afirmando que “la unión fiscal no se puede hacer a base de transferencias en las que unos países pagan para que otros gasten como quieran. Una unión fiscal comienza con normas que aseguren que los países pueden quedarse”. Una concepción de la unión fiscal un tanto estrambótica pero muy en consonancia con los intereses de Alemania y con el discurso conservador que impera en la mayoría de los países en la actualidad. Esta visión política nos hace retroceder más de un siglo, porque lo sustancial en toda unión fiscal es la redistribución. Una Hacienda Pública bien construida trasfiere cuantiosos recursos de las clases de rentas altas a las de bajos ingresos y, como consecuencia, de las regiones más prósperas a las menos desarrolladas, trasferencias que no son más que las contrapartidas necesarias para compensar los desequilibrios que genera entre los países y regiones la integración mercantil y monetaria.
En Europa, la unión de los mercados y la creación de una sola moneda se han querido realizar manteniendo separadas las distintas haciendas públicas. La UE no cuenta con impuestos propios ni con un presupuesto que pueda recibir en sentido propio tal nombre. El actual es un mero remedo, ya que su cuantía apenas alcanza el 1,2 % del PIB comunitario. Por no existir, no existe ni un tesoro global que emita deuda comunitaria, e incluso el BCE está muy lejos de asumir las competencias que son propias de un banco central en cualquier Estado.
Cuando los mandatarios europeos hacen referencia a la unión fiscal —la prueba más palpable son las declaraciones de Draghi que estamos comentando—, parece ser que reducen exclusivamente el concepto a la existencia de unas normas comunes; pero cuando las realidades económicas son distintas y se carece de mecanismos de compensación, obligar a todos los países a someterse a la misma política de ajustes no solo no reduce los desequilibrios y desigualdades entre las naciones sino que los aumenta.
La cesión de soberanía a una unidad superior únicamente es aceptable cuando esta se rige por intereses comunes y por instituciones verdaderamente democráticas. Hoy, en la eurozona faltan ambas cosas, y la unión que se persigue se acerca a la del antiguo colonialismo, con una metrópoli (Alemania) y unas colonias (el resto de los países). Los mecanismos de dominación y de explotación son ciertamente económicos pero muy eficaces. La última pretensión de Merkel de enviar un “virrey” a Grecia para controlar sus finanzas es sin lugar a dudas impúdica y muestra bien a las claras sus intenciones y en qué se concreta la unión fiscal que defiende.

Artículo publicado en República.com

www.telefonica.net/web2/martin-seco

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

La falta de diversidad ideológica en los medios (que es especialmente acentuada en los forums económicos y financieros), con un dominio absoluto del pensamiento neoliberal, explica que auténticas frivolidades, fácilmente demostrables que son erróneas o falsas, se reproducen con toda pomposidad y contundencia, ignorando, cuando no ocultando, la evidencia empírica que las cuestiona. Así hemos visto como las políticas de austeridad con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social, que están desmantelando el Estado del Bienestar, se presentan como necesarias para recuperar “la confianza de los mercados financieros” y hacer posible que los Estados puedan conseguir dinero prestado.

Tal proposición, sin embargo, se ha mostrado que es errónea o falsa. La evidencia abrumadora demuestra que los recortes del gasto público no han conducido a la bajada de los intereses de los bonos públicos del Estado. Todo lo contrario, estos intereses han ido aumentando y aumentando hasta alcanzar niveles insostenibles. La evidencia está ahí para todo el que quiera verla. España ha estado recortando el gasto público de una manera muy notable, reduciendo beneficios sociales (reducción que hubiera sido impensable hace sólo cinco años) de una manera muy marcada, aprobándose incluso un cambio de la Constitución Española que en la práctica dificultará la resolución del enorme déficit de gasto publico social que existe en este país. Los intereses de su deuda, sin embargo, han ido subiendo sin que tales recortes hayan tenido un mayor impacto en el nivel de tales intereses. Los intereses de la deuda pública española continúan muy altos (el Gobierno Zapatero justificó los recortes de gasto público indicando que quería prevenir que España fuera intervenida, como lo fue Portugal. Todo ello fue en balde. El Presidente Rajoy indicó hace unos días que hará lo que hizo el gobierno portugués cuando fue intervenido).

Un tanto semejante ha estado ocurriendo en Grecia, donde los recortes han alcanzado niveles que están amenazando la continuidad del sistema constitucional con probabilidad de una revuelta popular en contra del orden establecido. Los intereses de su deuda, sin embargo, han alcanzado niveles imposibles de mantener. Una situación parecida, algo menos dramática, ha estado ocurriendo en Portugal, con reducciones muy notables de las pensiones y del empleo público, así como de los servicios públicos del Estado del Bienestar, todo ello sin que los intereses de su deuda estén bajando a niveles asumibles.

Y lo mismo en Irlanda, donde los recortes en las pensiones (10% de reducción) y reducción de empleo público han sido muy acentuados (entre otras reducciones de beneficios públicos y sociales), sin que los intereses de la deuda bajen a niveles que sean más asumibles para el Estado irlandés. Una situación semejante está ocurriendo ahora en Italia.

Es importante subrayar que todos estos países (llamados PIGS en la literatura anglosajona) se caracterizan por haber sido gobernados por las derechas –incluyendo la ultraderecha (España, Grecia y Portugal)- durante la mayoría del periodo post II Guerra Mundial, lo cual explica que todos ellos tengan unas políticas fiscales muy regresivas, un gran fraude fiscal y un Estado del Bienestar muy poco desarrollado. Tienen unas instituciones democráticas muy débiles y, todavía hoy, las fuerzas conservadoras tienen un gran dominio de la vida política y mediática, con unas derechas poderosas y unas izquierdas débiles y divididas. En todos estos países, el mundo del trabajo es débil y el capital (hegemonizado por el capital financiero) es fuerte.

Resultado de ello es que, en todos estos países, la respuesta de sus Estados a la crisis (que ha disparado el desempleo) ha sido predominantemente mediante recortes del gasto público, y muy en especial del social, todas ellas medidas clasistas que afectan negativamente al bienestar de las clases populares (clases trabajadoras y clases medias). Sólo últimamente los Estados PIGS han intentado reducir los déficits a base de aumentar los impuestos, aunque ha sido predominantemente una subida de aquéllos que afectan principalmente a las rentas del trabajo y del consumo más que a las rentas del capital, acentuando todavía más las desigualdades sociales, siendo éstos países los que tienen mayores desigualdades en la Eurozona.

A pesar de estas medidas, la famosa “confianza de los mercados” no se ha recuperado. En realidad, la deuda pública como porcentaje del PIB ha continuado aumentando desde el inicio de la crisis (2007), sin que los recortes hayan hecho mella en ella. España ha subido desde el 36% del PIB al 68%, Portugal del 68% al 102%, Grecia del 107% al 161%, Irlanda del 25% al 107%, e Italia del 103% al 120%.

El desastre de las políticas de austeridad

Las políticas de austeridad han sido un desastre (y no hay otra manera de decirlo). Y era fácil predecirlo como algunos hicimos. Y era predecible, porque la causa de la crisis estaba en las políticas neoliberales que redujeron las rentas del trabajo (y con ello forzaron el endeudamiento de la población, creándose un problema de escasez de demanda) a costa de un hiperbólico incremento de las rentas del capital, origen del comportamiento especulativo de la banca, pues la baja rentabilidad del capital productivo –consecuencia de la escasa demanda- determinó un aumento de las inversiones especulativas de mayor rentabilidad (tales como la burbuja inmobiliaria).

La concienciación del impacto insuficiente de la austeridad para resolver la crisis (en realidad, más que insuficiente, es perjudicial) es ahora la llamada a que hay que facilitar el crecimiento económico. Pero la manera como ello intenta conseguirse empeorará todavía más la recesión (que en varias partes de los países PIGS es ya una gran depresión). El dogma neoliberal indica que la falta de crecimiento se debe a la escasa competitividad de tales países debido a que tienen unos salarios demasiado altos. De ahí que impongan bajadas salariales, tanto en el sector privado como en el público, como manera de mejorar la competitividad. Pero la evidencia empírica muestra que los salarios reales (no los nominales) han ido descendiendo y, sin embargo, el crecimiento económico ha ido bajando. La famosa “devaluación doméstica” parece que no ha funcionado tampoco. Y es que, tal como están las cosas, tampoco puede funcionar, pues lo que es importante para que tal devaluación funcione no es tanto el salario real, sino el diferencial con los países centrales de la Eurozona, con los cuales España comercia. Si los salarios alemanes continúan bajos (en relación con su productividad), los salarios españoles tienen que bajar mucho más para poder compensar su menor productividad, lo cual conduce a España a una situación imposible, pues tal reducción significa un descenso muy marcado de la demanda, que es el origen del problema. De ahí la incoherencia de reconocer que hay que estimular la economía a fin de crecer de nuevo, y a la vez recortar los salarios y el gasto público, que son los elementos más importantes para que tal estímulo tenga lugar. Creerse que la economía va a ser estimulada a base del incremento de las exportaciones, es olvidar que está pasando en Alemania, el gran “modelo exportador”, donde el crecimiento económico (en contra de lo que anuncia sus defensores) ha sido muy escaso, habiendo incluso descendido en el último cuarto del año. Para exportar hay que importar, y los países importadores también están en recesión.

Vamos, pues, en camino de una Gran Depresión. Hay dos maneras de resolverlo. Una es a nivel europeo, con el establecimiento de una estructura federal que permita unas políticas expansivas, con grandes inversiones encaminadas a crear empleo y establecer las infraestructuras físicas y sociales que estimulen la demanda, basadas en políticas redistributivas, tal como ocurrió a principios del siglo XX, cuando el New Deal permitió salirse de la Gran Depresión y cuando Europa, después de la II Guerra Mundial se recuperó mediante la enorme expansión de gasto público, facilitado por el plan Marshall. Esto requiere un cambio de 180º en las políticas públicas.

La otra alternativa es que los países PIGS salgan de la Eurozona (individual o colectivamente), hecho que, en contra de lo que dicen los medios, es temido por los bancos de los países centrales pues, debido a la dependencia de tales instituciones financieras a la deuda pública de estos países, podría significar el colapso de su sistema financiero. Los países deudores tienen más poder de negociación de lo que son conscientes. Sólo la amenaza de salir del euro tendría impacto en cambiar las políticas de austeridad que hoy están imponiéndose en aquellos países.

El contexto político para permitir el cambio

Para cualquier estudioso de la realidad económica, conocedor de la historia económica y libre del dogma neoliberal que hoy imbuye los forums políticos y mediáticos del país, no es difícil ver qué es lo que debería hacerse para salir de la recesión. El mayor problema, sin embargo, no es económico, sino político. Las izquierdas a principios de siglo, en los años treinta, eran poderosas, estimuladas por una gran agitación social. Fue tal agitación y el poder de las izquierdas las que posibilitaron los programas New Deal que permitieron terminar con la Gran Depresión. Sin desmerecer la importancia del Presidente Roosevelt en la génesis del programa, el hecho es que, tal como el propio Presidente indicó, sin el movimiento obrero presionándolo, el New Deal no habría existido.

Un tanto igual ocurrió después de la II Guerra Mundial, una guerra que significó el fin del nazismo y del fascismo, y que radicalizó a la población europea, y muy en especial a la clase trabajadora, cuya agitación fue determinante para que se establecieran gobiernos de izquierda o gobiernos que no podían ignorar a las izquierdas fuertes en la oposición y en la calle. Es más, la existencia de la Unión Soviética, que, como reconoció Winston Churchill, jugó un papel clave en la derrota del nazismo en Europa, representaba una amenaza al orden capitalista, amenaza que estimuló el crecimiento del Plan Marshall, que facilitó enormemente la recuperación de las economías europeas occidentales.

Hoy, las izquierdas son débiles en Europa, y una causa de tal debilitamiento ha sido la desmovilización de las bases tradicionales de las izquierdas (y muy en especial de las clases trabajadoras) consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo por los instrumentos políticos gobernantes que tradicionalmente habían representado a tales clases. El neoliberalismo dentro de la socialdemocracia ha sido la causa de su declive. Y la desaparición de la amenaza de la Unión Soviética, así como la integración de la socialdemocracia en el marco neoliberal, ha roto todas las inhibiciones que el capital haya tenido, iniciando el ataque más frontal a las clases populares y al Estado del Bienestar que haya existido en el siglo XX y XXI. La lucha de clases la está ganando la clase capitalista (hoy redefinida como el 1% de la población) con escasa resistencia. De ahí la enorme urgencia de movilizarse para revertir esta situación. Hoy existe en Europa y en EEUU una gran agitación social, que apenas aparece en los medios. La calle está claramente agitada por movimientos, no sólo de protesta frente a los recortes, sino también de hartazgo en contra de unas instituciones que se autodefinen como representativas de la población y que, en cambio, están llevando a cabo políticas que sólo benefician a este 1% de la población. Este hartazgo representa una amenaza al orden vigente y requiere un cambio de los instrumentos políticos de las izquierdas mucho más profundo de lo que está ocurriendo.

Artículo publicado en Sistema Digital

 

Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

Hasta hace muy pocos años, la humanidad ha estado siempre dominada y amaestrada por un poder absoluto masculino. Unos cuantos hombres han llevado las riendas del destino común.

Confinados territorial e intelectualmente, los seres humanos han vivido sometidos, hasta el punto que tener que ofrecer su propia vida a los designios del poder. Sin discusión posible.

En 1945, al término de una guerra horrenda, con el empleo de los más abominables métodos de exterminio, se fundaron las Naciones Unidas –“Nosotros, los pueblos…”- y, unos meses más tarde, la UNESCO, cuya Constitución establece que son los “principios democráticos” –justicia, igual dignidad, libertad y solidaridad- los que deben guiar la gobernación, y que la educación consiste en contribuir a la formación de personas “libres y responsables”. Personas educadas, es decir, que actúan en virtud de sus propias reflexiones y no al dictado de nadie, ni atenazadas y atemorizadas por dogmas, amenazas, ciegas obediencias…

Por eso era tan importante que, al igual que en los países de mayor calidad educativa, se hubiera introducido en España, de forma transversal, la Educación para la Ciudadanía. La gran mayoría de los docentes –en general, excelentes y de una dedicación ejemplar- estaban muy satisfechos de ser, con los progenitores, los que contribuían a la “libertad y responsabilidad”, contrarrestando la uniformización, la gregarización, la sumisión.

Ahora se pretende eliminar la ciudadanía y volver al sometimiento. De un plumazo infausto, volvemos a la condición de súbditos en lugar de pretender alcanzar la de ciudadanos plenos.

Si no reaccionamos, se habrá dado otro paso atrás y nos dedicaremos a observar, obsesivamente, las fluctuaciones de la prima de riesgo (¡fascinante!), las cumbres europeas y las competiciones deportivas… Espectadores impasibles…

Reaccionemos. Impliquémonos. La Educación para la Ciudadanía es esencial para el cambio que, en cualquier caso, es necesario en el proceso educativo, sea cual sea la geometría del gobierno.

¿De verdad quieren que “conozcamos los valores de nuestra civilización occidental”, cuando los hemos sustituido por el mercado y por los valores bursátiles? Todas las civilizaciones y culturas tienen aspectos que conviene retener y generalizar.

No somos ciudadanos “occidentales”. Somos ciudadanos del mundo.
Somos ciudadanos y no súbditos.

http://federicomayor.blogspot.com/

Isaac Rosa – Comité de Apoyo de ATTAC España

Ya saben eso que se dice: si debes mil euros al banco, tienes un problema; pero si debes mil millones, el problema lo tiene el banco. Para actualizarlo habría que añadir: si la deuda del banco es de varios miles de millones, el problema es de todo el país.

Más o menos de eso se trata en las sucesivas reformas financieras, incluida esta última: el problema de la banca es un problema nacional, y hay que salvarla para salvarnos todos. De ahí que hagamos lo que haga falta para “sanear” un sector financiero que carga con 175.000 millones en activos podridos. Y ese “lo que haga falta” incluye, por supuesto, aflojar dinero público.

Me hace gracia la insistencia del gobierno, primero en negar, y luego en minimizar las ayudas a los bancos. Tras haber puesto ya varios miles de millones para engrasar fusiones, sostener entidades malheridas y nacionalizar las moribundas, la nueva reforma incluye también dinero público, faltaría más.

“Pero tendrán que devolver las ayudas”, aclara el gobierno, como si tuviéramos que celebrar que sea un préstamo y no un regalo. “Y con intereses”, añaden, como si fuese un castigo para un sector basado en la usura. “Y serán sólo 6.000 millones”, rematan. Ya ven, calderilla, que se suma a los miles de millones ya usados en ayudas y avales. Y eso en caso de que todo salga bien, pues si un banco no levanta cabeza ni por esas, el préstamo se convertirá en acciones (devaluadas) mediante esos bonos CoCos de los que tanto se habla. Y si mañana hace falta, pondremos más dinero, quién lo duda.

El pensamiento oficial da por bueno que el problema de la banca es nuestro problema, y que si a la banca le va mal, nos irá mal a todos (y al revés: si a la banca le va bien, dará créditos fáciles y pisos baratos, ja). El mensaje es claro: hay que fortalecer el sector, sanearlo, hacerlo viable. Pues qué bien: si con una banca debilitada, intoxicada y con no pocas entidades inviables seguimos siendo sus rehenes, devolvámosle el vigor perdido (y con más fuerza, por la concentración) para que siga teniéndonos bien cogidos por donde suele, pero con doble vuelta.

Artículo publicado en Público

Fernando Moreno Bernal– Presidente de ATTAC Andalucía

Cuando nos llega los ecos de la reciente cumbre de Davos (Suiza), donde se han preguntado si el sistema capitalista tiene futuro, y del Foro Social Mundial reunido en Porto Alegre (Brasil) centrado en la defensa de la Madre Tierra y la preparación de la cumbre de Río + 20 el próximo mes de junio, y mientras en Bruselas se reúnen los Jefes de Estado de la UE para enfrentarse por enésima vez a la crisis del euro, en medio de una Huelga General en Bélgica, ATTAC Sevilla imparte el II Seminario de la Escuela de formación para la ciudadanía y los movimientos sociales con el título “Instrumentos financieros para salir de la crisis” el 30 de enero de 2012.

Este Seminario previsto para cinco horas de duración (16,00 a 21,00h.) comienza con un diagnóstico de las contradicciones del propio sistema desde lo global hasta lo local; desde la base material a la ideológica; viendo sus aspectos económicos, sociales y políticos como dimensiones de una única realidad, y esta en su propio proceso de cambio, en su perspectiva histórica, con objeto de visualizar nuestras soluciones a sus crisis, los instrumentos financieros para salir de la crisis, pensando y actuando local y globalmente.

Vivimos la crisis sistémica y civilizatoria del sistema capitalista, cuya superación nos exige cambiar los paradigmas del consumismo, modelo energético y deformación financiera de la economía que están poniendo en peligro la supervivencia de la Humanidad y de la Vida en nuestro sistema integrado de Vida que es Gaia. Las contradicciones del propio sistema han provocado, con la deslocalización industrial protagonizado por las transnacionales con objeto de aumentar sus tasas de ganancia, el surgimiento del BRICS: cinco países que pertenecen a continentes, razas, lenguas, y culturas diferentes, que son el 43% del total de la humanidad, y de los que depende hoy el funcionamiento de la economía en este sistema-mundo del capitalismo agonizante. BRICS que en su lucha para defender los intereses de sus propias oligarquías dominantes y a través de la coordinación y cooperación entre ellos, han roto el mecanismo del intercambio desigual, trasladando la crisis al centro de los propios países hegemónicos: EE UU, UE y Japón. La dinámica del propio proceso hace surgir desde el seno del propio sistema en crisis el nuevo tipo de Gobierno del mundo basado en la cooperación y la defensa del Bien Común de la Humanidad.

Consecuencia de este proceso contradictorio sufrimos una lucha por la hegemonía mundial entre todas las élites oligárquicas que se concreta en un intento de control de suministros básicos de materias primas y energéticas que vienen provocando guerras locales y amenaza con una cercana guerra mundial. La UE es la gran perdedora en este proceso por su falta de unidad social y política, estando abocada a renunciar a su esencia neoliberal o a desaparecer.

Nuestra solución, la única posible si queremos que haya futuro para la Humanidad, pasa por dar respuestas basadas en el sentido común y el retorno a valores éticos imposibles sin romper la lógica del sistema capitalista, por lo que la Humanidad progresará superándolo y dando a luz un nuevo sistema. Esta solución pivota sobre cuatro ejes: pasar de fuente de recursos a fuente de Vida en nuestra relación con la naturaleza; una economía por y para la Vida; generalización democrática en todos los aspectos y niveles sociales; y una nueva ética del Bien Común de la Humanidad, concretada en globalizar los derechos humanos y la igualdad social y de género, mediante el desarrollo de la interculturalidad.

La alternativa en beneficio de la Humanidad cambiará el sentido perverso de las dos lógicas básicas del actual sistema que hacen concentrarse los capitales en cada vez menos manos, provocando la desigualdad, la polarización social, las hambrunas y los grandes flujos migratorios; y la que divide, separa y enfrenta a cada pueblo contra todos los demás, provocando las guerras y genocidios. Un mundo que ha perdido el equilibrio entre lo económico, social y político al haberse mundializado el primero y haberse dejado en el ámbito de los Estados-nación lo social y lo político, tan sólo puede recuperar su equilibrio globalizando la dignidad humana y estableciendo un Gobierno mundial democrático, legítimo y transparente con competencia ante los problemas globales del cambio climático, desigualdad, migraciones y regulación del capital financiero internacional. El concepto jurídico de ciudadanía, el Poder soberano, surgido hace 236 años con la Declaración de Independencia de los EE UU, ha de globalizarse en “ciudadanía universal” donde toda persona tenga los mismos derechos y deberes independientemente de raza, color, cultura o lengua. Concepto jurídico que debe complementarse con el reconocimiento de los derechos jurídicos de la Madre Tierra, de la que surge la propia Humanidad y somos su parte consciente. Tan sólo así podremos desarrollar la conciencia de pertenecer a la gran familia de la Humanidad que habita un único mundo que debe gobernarse para el Bien Común de la Humanidad con unos principios éticos consensuados y compartidos universales. Necesitamos nuestros propios Padres Fundadores, que actúen como portavoces de la Humanidad como sujeto político del cambio, en base a su prestigio y autoridad ética y moral universal reconocida por su trayectoria vital, por su desinterés personal y la defensa de los seis elementos a través de los que hay que filtrar las decisiones: respeto medioambiental, igualdad, derechos humanos, economía por y para la Vida, interculturalidad y democracia participativa.

La actual crisis está siendo magnificada y artificialmente mantenida por las élites oligárquicas internacionales en sus enfrentamientos. Así no se ha avanzado nada en la regulación del sistema financiero internacional, en la eliminación de los paraísos fiscales, ni en la recuperación de la banca para la economía productiva. En España desde 2003 se denuncia por GESTHA el fraude fiscal, delito penalmente perseguible que los inspectores de hacienda cuantifican en 88.500 millones de euros al año, de los que el 73% corresponde a grandes empresas y patrimonios, y los coladeros fiscales, normas legales para que estos grandes patrimonios y empresas paguen cada vez menos, por los que se dejan de recaudar cada año decenas de miles de millones de euros. Sus crisis, que introducen diariamente en los hogares iniciando los telediarios, es utilizada para justificar los recortes económicos y sociales paralizando la reacción de la sociedad con la generalización e inoculación del miedo.

Los instrumentos financieros para salir de la crisis son las seis medidas adoptadas por los ATTAC Europeos los días 14 y 15 de enero en Barcelona para generalizar un discurso común en toda Europa:

1. Prestamos directos del BCE a Gobiernos y control público del sector financiero
2. Auditoria y cancelación de deudas ilegítimas y abominables
3. Incremento coordinado de imposición fiscal sobre riqueza y beneficios empresariales, acabando con evasión fiscal
4. Acabar con las políticas de austeridad
5. Reinstaurar y ampliar los servicios públicos
6. Políticas públicas de transición a la sostenibilidad del sistema creando empleo y ampliando derechos sociales a escala europea

Nos hace avanzar en la solución definitiva en el nuevo sistema que nace que debe basarse en un sistema financiero público, universal y con tipos de interés negativo, que garantice y sea coherente con los objetivos, motivaciones y valores de un sistema por y para las personas.

Hace algo más de doce mil años comenzó el amanecer de la humanidad con la agricultura y los primeros asentamientos, las primeras aldeas y ciudades. Desde entonces una humanidad dividida, enfrentada y dependiente de los recursos y condiciones de la naturaleza que no comprendía ha ido desarrollándose, poblando todos los rincones de nuestro planeta y progresando en conocimiento y civilización. El bienestar material de una parte de ella no ha sido acompañado por una ética y valores sociales acordes a ese progreso técnico. Ha llegado el momento del salto cualitativo. De vernos a nosotros mismos como Uno. Vivimos nuestro gran mediodía, el comienzo de la Historia de la Humanidad, con mayúsculas, cuando por primera vez nos hacemos responsables de decidir y construir nuestro propio futuro.

Declaración final del 4º Congreso nacional de ATTAC/CADTM Marruecos

La asociación ATTAC/CADTM Marruecos ha celebrado su 4º congreso nacional el 27, 28 y 29 de enero de 2012 bajo el lema «Por el refuerzo de la dimensión popular en la lucha contra la mundialización capitalista en Marruecos». A pesar del acoso de las autoridades públicas, esta cita se efectuó en Rabat como estaba previsto. Las presiones ejercidas por el Estado sobre los responsables del Centro Social Sahb dahab de Poste Maroc, donde el congreso estaba programado, nos obligó a trasladar la actividad a la sede de la Unión regional del sindicato marroquí: Unión marroquí del trabajo (UMT). Los asistentes al congreso saludan y agradecen, en esta ocasión, a los compañeros de la UMT y de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos por su apoyo moral y logístico que contribuyó al éxito de nuestros trabajos.

Al concluir nuestros debates, nuestro Congreso Nacional hace las siguientes constataciones:

1.- Este congreso se ha celebrado en un contexto internacional marcado por la amplificación de la crisis del capitalismo globalizado y la explosión de la crisis de la deuda en los países del Norte con el acompañamiento de las respectivas medidas de austeridad. En el ámbito regional, todavía se escuchan las revueltas en el Magreb y el Mashrek. En el ámbito nacional, el Movimiento del 20 de febrero (M20F) no es un paréntesis en la historia sino la primera fuerza de la oposición en el país.

2.- Siempre en el ámbito nacional, el balance económico de 56 años de «independencia» confirma nuestra «interdependencia». Nuestro país es dependiente de sus antiguos «protectores» (el capitalismo europeo). Este último se benefició de esa situación para saquear nuestras riquezas y aumentar nuestra dependencia. Desde entonces, las instituciones económicas internacionales (FMI, BM, OMC) controlan de manera indirecta las opciones estratégicas de Marruecos. El capitalismo local, íntimamente ligado al poder político, sacó provecho de esas políticas y acumuló riquezas ostensibles a expensas de amplias capas de la población.

3.- En ese contexto nació el M20F. Decenas de miles de manifestantes todas las semanas, desde el 20 de febrero de 2011, reivindican un mejor reparto de las riquezas, el aumento de los salarios, la creación de empleo y de viviendas decentes, el acceso gratuito a la asistencia médica y a la enseñanza, etc. Estas reivindicaciones constituyeron el núcleo de las luchas sociales desde comienzos de los años noventa. El M20F tiene el mérito de haber impreso a estas reivindicaciones un carácter popular. Este movimiento consiguió, por primera vez en la historia de Marruecos, reunir a los ciudadanos urbanos y rurales en torno a estos temas así como en la lucha contra el nepotismo que gangrena el Estado.

4.- Estas movilizaciones obligaron a la clase dirigente en Marruecos a hacer concesiones. Su objetivo: eludir las reivindicaciones populares. Al mismo tiempo que continúa reprimiendo y criminalizando los movimientos de protesta.

5.- La pequeña reforma constitucional únicamente maquilló el rostro del despotismo. Las últimas elecciones sólo fueron una representación de una mediocre comedia que finalizó en un parlamento no popular y un gobierno pura fachada.

6.- El apaño efectuado por estos dirigentes no llega a suavizar la crisis política y social, causada por las políticas liberales del Estado. El programa de gobierno de «fachada» reconduce estas políticas (los acuerdos de libre comercio, el reembolso de la deuda que absorbe una tercera parte del presupuesto, las privatizaciones, etc.)

7.- Una buena parte del pueblo supo reconocer el carácter superficial de estas reformas, que no cambian en nada las condiciones miserables en las que viven más de la mitad de los marroquíes. Las recientes inmolaciones de diplomados en paro son la expresión trágica de esta crisis social. La continuación de las manifestaciones y de las movilizaciones es una nueva prueba de que el pueblo boicotea a las instituciones.

8.- Constatando este contexto explosivo, el Estado aumentó la represión contra los movimientos de protesta (diplomados en paro, estudiantes en Taza, Fes, Marrakech; habitantes de chabolas, etc.) El movimiento social a Bouarfa (al este del país) como en Safi ( en el centro) tuvieron derecho a un tratamiento «especial» de parte del Majzen. Juicios inicuos condenaron a los símbolos de las luchas en muchas ciudades. Encabezados por Saddik Kabouri en Bouarfa y Abdeljalil Agadil en Safi. Y también el rapero Mouad L7a9ed (El indignado) en Casablanca. La represión del Estado también se cebó en el sustento de varios militantes, entre los cuales Mustafá Sandia, miembro de nuestro Secretariado nacional (SN) saliente, que desde hace meses ha sido suspendido de su trabajo sin motivo legal.

Considerando todos estos elementos, nuestra asociación saca las siguientes conclusiones:

• Se debe condenar enérgicamente la represión que sufren los movimiento sociales así como el M20F.
• La primacía de la seguridad refleja la situación sin salida por la que atraviesa el régimen y sus instituciones.
• Las medidas lanzadas desde el comienzo de la Primavera de los pueblos no servirán para resolver la crisis social aguda.
• Mientras continúe el pillaje del dinero del Estado y el acaparamiento de riquezas nacionales por una ínfima minoría de la población que se beneficia de las relaciones clientelistas del régimen, esta crisis social seguirá devastando.
• Ese clientelismo y ese nepotismo son las mismas razones que explican las revueltas que se extendieron por los países del Magreb y del Mashrek.
• La resistencia es la vía posible que nos permite acumular victorias en nuestras luchas actuales y futuras.
• El M20F es el símbolo marroquí de esta resistencia popular.
• ATTAC/CADTM reafirma su adhesión total a las iniciativas y dinámicas de este movimiento.
• Para reforzar el M20F se debe ampliar la base de sus componentes, que son la clase obrera, los parados, los estudiantes, los alumnos, las mujeres, los ciudadanos más vulnerables y pauperizados en las ciudades y en el campo.
• Nuestra voluntad para construir «Otro Marruecos posible», el Marruecos de la justicia social y de la democracia popular, es inquebrantable.
• El prisionero político Abdeljalil Agadil, miembro de ATTAC/CADTM Marruecos y del M20F-Safi ha sido designado miembro de honor del SN de nuestra asociación.

El 4º congreso nacional de ATTAC/CADTM Marruecos
Rabat, 29 de enero de 2012

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ocupaba el primer lugar en el ranking de emitir ese discurso conservador basado en ajustes y reformas regresivas, pero en la actualidad ha sido sobrepasado por Merkel y sus acólitos de la Unión Europea. La situación es tan clara que hasta la directora del FMI lo ha tenido que reconocer: la política que está aplicando Europa conduce inevitablemente a la recesión. Pocas son hoy las voces que no cuestionan la obsesión enfermiza de la canciller por la estabilidad presupuestaria y rara vez en la historia se dará un caso de cerrazón mental como el que están protagonizando los mandatarios europeos. Por más que los hechos demuestren lo contrario, ellos continúan apalancados en su política de ajustes y reformas sin querer aceptar que no sirven para corregir el déficit ni para infundir confianza en los mercados.

El objetivo de déficit se fija como un porcentaje del PIB, de modo que la recesión económica, que es lo que provoca la política seguida, no sólo va a incrementar el numerador, al disminuir la recaudación, sino que también va a disminuir el denominador (el PIB se reduce). Ello es lo que hace totalmente imposible que España –y supongo que otros muchos países– pueda cumplir el próximo año el objetivo marcado y lo que fuerza incluso a cuestionarse si no estaríamos más cerca de la consolidación fiscal en el caso de que la política aplicada desde hace dos años hubiera sido menos tensa y traumática.

La política de ajustes tampoco sirve, como se está comprobando, para lograr la confianza de los inversores, puesto que, para garantizar el reintegro de sus fondos, tanto o más importante que el cumplimiento puntual en un año de un guarismo mágico de déficit publico es la capacidad de un país de generar ingresos futuros. La enorme trampa en la que está inmersa la economía europea se hace patente cuando las agencias de calificación un día reducen la calificación de los países por sus desviaciones presupuestarias y al siguiente, por el paro y las malas previsiones económicas. Alguna vez, como en la última declaración de Standard & Poor’s, confiesan el motivo de fondo: los desequilibrios que la Unión Monetaria genera entre los países miembros.

Artículo publicado en Público.

Carlos Berzosa – Consejo Científico de ATTAC

Un importante banquero español ha afirmado con rotundidad que los culpables de la crisis son los políticos, entre otras cosas, porque no han sabido manejar la situación. No se sabe muy bien a qué políticos se refiere, si a todos los líderes mundiales por no haber dado respuestas adecuadas desde el G-20, a los de la Unión Europea, incluidos los gestores del Banco Central Europeo, o a los españoles del Gobierno socialista. Aunque una afirmación de estas características es muy discutible, entre otras cosas por la generalidad con que se realiza, en algo no le falta razón y es que no han sabido manejar con acierto la crisis, si bien algunos lo han hecho mejor que otros.
En varios artículos, que he publicado en estas páginas, he insistido con frecuencia sobre los desatinos que se han cometido a la hora de abordar la Gran Recesión. Así que los políticos tienen una gran responsabilidad por las respuestas, en su mayor parte equivocadas, que han dado. Pero hay que señalar que el problema principal de los líderes internacionales es que, por no haber llevado a cabo las medidas oportunas en su momento, han quedado en manos de los mercados y poderes financieros. No se sabe muy bien a qué se han debido estas actuaciones tan desafortunadas, si ha sido por desconocimiento de la gravedad de la crisis, por no atreverse a cuestionar a estos grandes poderes, o porque, en definitiva, son aliados de los grandes intereses financieros. También son prisioneros de las malas ideas económicas, que para mayor desgracia no desaparecen, sino que, tras un periodo de desconcierto, vuelven a la carga.
Los políticos que han dirigido la economía en las tres últimas décadas, con los matices que conviene poner de manifiesto, tienen también una gran responsabilidad en lo sucedido. Casi todos ellos, sean del color político que sea, sí que han compartido determinadas creencias económicas y han favorecido con sus decisiones la globalización financiera y la desregulación. No han actuado contra la burbuja inmobiliaria y que con su estallido ha sido el detonante de la crisis. La creencia errónea en la eficiencia de los mercados ha conducido a que no se tomaran las medidas de control que hubieran sido muy oportunas.
Confiar en los Bancos y otras instituciones financieras es lo que les responsabiliza, pues no son, como se ha demostrado por los hechos, estas empresas muy fiables a la hora de actuar con prudencia. En concreto, los Bancos y Cajas de Ahorro con sus actuaciones irresponsables, y guiados en exceso por obtener beneficios a costa de lo que sea, son los principales responsables de lo que ha sucedido y está causando tantos males. Otra responsabilidad de los gobernantes ha sido utilizar grandes sumas de dinero público para salvar a estas entidades de la bancarrota, sin pedir responsabilidades, y sin controlar el uso de ese dinero. Una vez más se doblegan ante estos poderes.
En todo caso, conviene insistir en que más allá de esas responsabilidades que existen, el problema principal ha sido el modelo capitalista que se ha desarrollado, resultado de decisiones políticas y de los poderes económicos y financieros, desde los años ochenta del siglo pasado hasta nuestros días. Por esto es por lo que la crisis no tiene solución a corto plazo y el desempleo va a seguir siendo elevado. Las causas de ello se encuentran, en parte pero no solamente, en los desaciertos que se han cometido con las respuestas que se han dado, sobre todo en la UE. Pero en Estados Unidos, en donde se han aplicado medidas diferentes, tanto por lo que concierne a la política seguida por la Reserva Federal como por el Gobierno, tampoco les va mejor en la posible recuperación. La razón principal hay que buscarla en la naturaleza de la crisis que es de carácter estructural.
El sistema capitalista ha estado sometido a lo largo de la historia a crisis periódicas. No todas ellas tienen la misma profundidad y duración. Se pueden distinguir, por ello, crisis coyunturales y estructurales. Estas últimas se caracterizan por afectar a los fundamentos de un modelo de desarrollo que se da en un periodo concreto. La crisis estructural pone fin a una etapa de desarrollo que tiene sus características propias. Por esta razón es por lo que crisis de este tipo suponen salidas que llevan consigo reestructuraciones del capitalismo. También viene acompañado todo este proceso de cambios en el paradigma teórico, que ha sido predominante en el periodo anterior al estallido de la crisis, y, derivado de ello, modificaciones en las políticas económicas puestas en prácticas. Toda crisis lleva consigo muchos costes que caen normalmente sobre los grupos más vulnerables de la población.
El siglo XX ha sido testigo de dos crisis de rango estructural: la de los treinta y la de los setenta. La primera supuso que se acabara con la creencia ciega en el mercado y se impuso la necesidad de intervención estatal. La economía capitalista fue más regulada y se dio paso a lo que se ha conocido como economía mixta, o era keynesiana. La de los setenta llevó consigo a la recuperación de las teorías neoliberales, con otro ropaje, pero el fundamentalismo de mercado se impuso, tanto en la práctica de los gobiernos como en la academia.
Las consecuencias que se derivan de esas prácticas y teorías es que se favorecieron la globalización neoliberal y la hegemonía de las finanzas. Este modelo, que supuso aumentos de la desigualdad en prácticamente en todos los países desarrollados y a escala global, es el que ha entrado en crisis. Las medidas que se han tomado por eso son ineficaces, pues no han ido dirigidas a cambiar la esencia de ese modelo sino a los efectos que se han provocado por la crisis.
Resulta evidente que el principal escollo al que se enfrentan las posibles respuestas que se puedan dar, es que no se aceptan por los grupos económicos dominantes cambios en ese modelo, como tampoco se aceptan, por el pensamiento hegemónico en la academia, medidas que vayan contra el fundamentalismo de mercado. Los remedios aplicados no van dirigidos a acometer las causas que han generado esta crisis sino a los efectos. En este caso, las medidas son en su mayor parte un despropósito, y no sirven ni siquiera para ser remedios paliativos de los daños causados. Hacen falta, por tanto, otro tipo de políticas que generen un modelo de desarrollo más justo, equitativo, sostenible, y en donde la solidaridad y una economía más cooperativa sustituya a los valores actuales.

Artículo publicado en Sistema Digital

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España

¿Será 2012 el año del fin del mundo? Es lo que vaticina una leyenda maya que incluso le pone fecha exacta al apocalipsis: el 12 de diciembre próximo (12-12-12). En todo caso, en un contexto europeo de recesión económica y de grave crisis financiera y social, los riesgos no escasearán este año, que verá además elecciones decisivas en Estados Unidos, Rusia, Francia, México y Venezuela.

Pero el principal peligro geopolítico seguirá situándose en el Golfo Pérsico.¿Lanzarán Israel y Estados Unidos el anunciado ataque militar contra las instalaciones nucleares iraníes? El gobierno de Teherán reivindica su derecho a disponer de energía nuclear civil. Y el presidente Mahmud Ahmadineyad ha repetido que el objetivo de su programa no es en absoluto militar; que su finalidad es simplemente producir energía eléctrica de origen nuclear. También recuerda que Irán firmó y ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), mientras que Israel nunca lo hizo.

Por su parte, las autoridades israelíes piensan que no se debe esperar más. Según ellas, se acerca peligrosamente el momento en que el régimen de los ayatolás dispondrá del arma atómica, y a partir de ese instante ya no se podrá hacer nada. El equilibrio de fuerzas en Oriente Próximo se habrá roto, e Israel ya no gozará de una incontestable supremacía militar en la región.El gobierno de Benjamín Netanyahu estima que, en esas circunstancias, la existencia misma del Estado judío estaría amenazada.

Según los estrategas israelíes, el momento actual es tanto más propicio para golpear cuanto que Irán se encuentra debilitado. Tanto en el ámbito económico, a causa de las sanciones impuestas desde 2007 por el Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en informes alarmantes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), como en el contexto geopolítico regional, porque su principal aliado, Siria, a causa de la violenta insurrección interna, se halla imposibilitado de prestarle una eventual ayuda. Y esta incapacidad de Damasco repercute en otro socio local iraní, el Hezbolá libanés, cuyas líneas de aprovisionamiento militar desde Teherán, han dejado de ser fiables.
Por estas razones, Israel desea que el ataque se lleve a cabo cuanto antes. En aras de preparar el bombardeo, ya hay infiltrados en Irán, efectivos de las fuerzas especiales. Y es muy probable que agentes israelíes hayan concebido los atentados que, estos dos últimos años, causaron la muerte de cinco importantes científicos nucleares iraníes.

Aunque Washington acusa igualmente a Teherán de estar llevando a cabo un programa nuclear clandestino para dotarse del arma atómica, su análisis a propósito de la oportunidad del ataque es diferente. Estados Unidos está saliendo de dos decenios de guerras en esa región, y el balance no es halagador. Irak ha sido un desastre y ha quedado finalmente en manos de la mayoría chií, la cual simpatiza con Teherán… En cuanto al lodazal afgano, las fuerzas estadounidenses se han mostrado incapaces de vencer a los talibanes, con los cuales la diplomacia norteamericana ha tenido que resignarse a negociar antes de abandonar pronto el país a su destino.
Estos costosos conflictos han debilitado a Estados Unidos y revelado a los ojos del mundo los límites de su potencia y su incipiente declive histórico. No es hora de nuevas aventuras. Menos en un año electoral en el que el presidente saliente, Barack Obama, no tiene la certeza de ser reelegido. Y cuando todos los recursos están siendo movilizados para combatir la crisis y reducir el desempleo.
Por otra parte, Washington está tratando de cambiar su imagen en el mundo árabe-musulmán, sobre todo después de las insurrecciones de la “primavera árabe” del año pasado. De cómplice de dictadores –en particular del tunecino Ben Alí y del egipcio Mubarak– desea ahora aparecer como mecenas de las nuevas democracias árabes. Una agresión militar contra Irán, en colaboración además con Israel, arruinaría esos esfuerzos y despertaría el antinorteamericanismo latente en muchos países. Sobre todo en aquellos cuyos nuevos gobiernos, precisamente surgidos de las revueltas populares, están dirigidos por islamistas moderados.
Una importante consideración complementaria: el ataque contra Irán tendría consecuencias no sólo militares (no se puede descartar que algunos misiles balísticos iraníes alcancen el territorio israelí o consigan golpear las bases norteamericanas de Kuwait, Bahréin u Omán) sino, sobre todo, económicas. La réplica mínima de Irán a un bombardeo de sus sitios nucleares consistiría, como sus responsables militares no cesan de prevenir, en el bloqueo del estrecho de Ormuz. Cerrojo del Golfo Pérsico, por él pasa un tercio del petróleo del mundo y unos 17 millones de barriles de crudo cada día. Sin ese aprovisionamiento, los precios de los hidrocarburos alcanzarían niveles insoportables, lo cual impediría la reactivación de la economía mundial y la salida de la recesión.
El Estado Mayor iraní afirma que “nada es más fácil de cerrar que ese Estrecho” y multiplica las maniobras navales en la zona para demostrar que está en condiciones de llevar a cabo sus amenazas. Washington ha respondido que el bloqueo de la vía estratégica de Ormuz sería considerado como un “caso de guerra”, y ha reforzado su V Flota que navega por el Golfo.

Es muy improbable que Irán tome la iniciativa de ocluir el paso de Ormuz (aunque siempre podría intentarlo en represalias a una agresión). En primer lugar porque se daría un tiro en un pie, ya que exporta su propio petróleo por esa vía, y que los recursos de esas exportaciones le son vitales.

En segundo lugar porque dañaría a algunos de sus principales socios, quienes le apoyan en su conflicto con Estados Unidos. Principalmente China, cuyas importaciones de petróleo, que alcanzan un 15%, proceden de Irán; y su eventual interrupción paralizaría parte de su aparato productivo.

Las tensiones están pues al rojo vivo. Las cancillerías del mundo observan minuto a minuto una peligrosa escalada que puede desembocar en un gran conflicto regional. Se verían implicados en él no sólo Israel, Estados Unidos e Irán, sino también otras tres potencias de Oriente Medio: Turquía, cuyas ambiciones en la región vuelven a ser considerables; Arabia Saudí, que sueña desde hace decenios con ver destruido a su gran rival islámico chií; e Irak, que podría romperse en dos partes, una chií pro-iraní, y otra suní pro-occidental.

Asimismo un bombardeo de los sitios nucleares iraníes causará una nube radiactiva nefasta para la salud de todas las poblaciones de la zona (incluidos los miles de militares estadounidenses y los habitantes de Israel). Todo ello conduce a pensar que si los belicistas están alzando con fuerza la voz, el tiempo de la diplomacia aún no ha terminado.

Artículo publicado en Le Monde diplomatique en español.

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