Skip navigation

News from Attac Spain

Inhalt abgleichen
Justicia económica global
Aktualisiert: vor 1 Stunde 2 Minuten

¿Qué pasa en Catalunya?: Lo que no se dice en los medios, ni en Catalunya ni en España

Fr, 21/07/2017 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Como mostré recientemente en un artículo presentado en este rotativo (“El mayor problema que tiene Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17), la crisis social en Catalunya ha adquirido unas proporciones dramáticas, desconocidas antes durante el periodo democrático. Nunca antes, desde que la democracia se restableció en 1978, las clases populares catalanas habían visto su calidad de vida y bienestar deteriorarse de una manera tan acentuada como ha ocurrido durante los años de crisis económica y financiera conocidos como la Gran Recesión. El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en el trabajo, el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán, afectando muy negativamente el nivel de vida de las clases populares, que representan la mayoría de la población en Catalunya. Tales condiciones están teniendo un impacto devastador entre la juventud, que está perdiendo la esperanza de tener un mundo mejor que el de sus padres. Sus ingresos en términos proporcionales son menores (en su capacidad adquisitiva) que los que sus padres tenían a su edad, determinando con ello un descenso generacional en su estándar de vida.

Esta enorme crisis, resultado del gran deterioro del mercado de trabajo, que ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de las clases populares, ha ido acompañada de unos recortes de los fondos públicos disponibles para financiar las trasferencias y los servicios públicos del Estado del Bienestar en Catalunya (tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios, servicios y transferencias para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, entre otros). En realidad, los recortes del gasto público social, que incluye el gasto en tales transferencias y servicios públicos, realizados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya han sido de los más acentuados en España y en la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al existente en Catalunya y en el resto de España.

Es muy importante señalar que estos recortes se han hecho por el gobierno catalán en unas transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que estaban ya muy poco financiados, con lo cual, tales recortes han tenido un impacto muy negativo en dichas transferencias y servicios, permaneciendo, como consecuencia de ello, entre los Estados del Bienestar menos financiados en España y en la UE-15, muy por debajo de lo que la economía catalana permitiría (ya antes de la crisis Catalunya tenía un gasto social de casi 20.000 millones de euros menos de lo que le correspondía por su nivel de riqueza).

¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?

Una de las respuestas más frecuentes a estas preguntas en el establishment político-mediático catalán es que tal subdesarrollo social (siendo el gasto público social en Catalunya uno de los más bajos de la UE-15) y tal crisis social (unos de los recortes de gasto público social más acentuados y uno de los niveles de desempleo y precariedad más altos de la UE-15), con uno de los niveles salariales más bajos de tal comunidad europea, es resultado de la articulación de Catalunya dentro del Estado español. La culpa de todo ello es del Estado central. Esta externalización de responsabilidades es muy común en la cultura existente en el territorio ibérico. El gobierno español justifica la aplicación (e imposición) de políticas altamente impopulares indicando que no tiene otras alternativas, pues así se lo instruyen Bruselas, o Frankfurt o lo que sea. Y en Barcelona, el gobierno de la Generalitat de Catalunya añade, además de Bruselas y Frankfurt, Madrid.

Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de las mayores causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme crisis social en la que esta se encuentra, y que es ni más ni menos que el enorme dominio que las derechas (partidos conservadores y liberales) han tenido en las instituciones económicas, financieras, mediáticas y representativas de Catalunya durante todo el periodo democrático. La coalición de un partido de derechas perteneciente a la familia liberal europea, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, y de un partido de derechas perteneciente a la familia conservadora democratacristiana, Unió Democrática de Catalunya, UDC, ha gobernado Catalunya durante la mayor parte de tal periodo. En realidad, Catalunya ha estado gobernada 30 de 37 años por las derechas, es decir, 9 de 11 legislaturas, mostrando la gran hegemonía de las derechas (solo superada en España por Galicia y Castilla y León, gobernadas por el PP, y el País Vasco, gobernado por el PNV).

Dentro de esta coalición gobernante en Catalunya ahora, CDC (ahora llamada PDeCAT) ha sido la fuerza hegemónica. Y esta fuerza política continúa ahora siendo hegemónica en la mayoría de los aparatos de la Generalitat de Catalunya, presididos por el Sr. Carles Puigdemont, dirigente del PDeCAT, partido que es a su vez presidido por el ex presidente Artur Mas. Es cierto que la coalición Junts Pel Sí incluye, además de CDC, primordialmente a ERC (un partido hoy independentista), así como personas independientes no afiliadas a ningún partido. Pero la herencia de 30 años de ideología nacionalista conservadora es todavía clara en la cultura política promovida por la Generalitat de Catalunya. Ni que decir tiene que ERC es un partido amplio de sensibilidades políticas diferentes, incluyendo la izquierda, unidas todas ellas por un compromiso por la independencia, ideología que respeto y que es totalmente legítima, aunque yo no la comparta, aclarando que no me opondría a ella, naturalmente, si ello fuera el deseo de la mayoría de la población en Catalunya, lo cual es obvio que no se da en la situación actual. Dicha aclaración no diluye mi percepción de que el movimiento independentista esta hoy institucionalmente dirigido por el gobierno de Junts Pel Sí, coalición dentro de la cual el PDeCAT es la primera fuerza. De ahí que es importante que se informe sobre qué es CDC y su sucesor, el PDeCAT, lo cual no puede reducirse a una mera definición de ser un partido nacionalista conservador, ahora pro independencia.

Los herederos del pujolismo, ideología y modus operandi que continúa

Para entender Catalunya, hay que conocer a dicho partido, CDC, fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo, una ideología nacionalista conservadora que siempre ha considerado la Generalitat de Catalunya como su propiedad individual, familiar y colectiva, extendiendo su influencia a través de unas políticas de tipo clientelar, con prácticas intensamente corruptas. Era, y continúa siendo, la versión catalana del caciquismo en su expresión más primaria. En realidad, tiene grandes semejanzas con el Partido Popular en el resto de España. Ambos eran y son partidos nacionalistas  (españolista el PP, y catalanista CDC) y patrimonialistas (que consideran el Estado que gestionan como suyo). Es lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como nacionalpatrimonialismo. Su largo dominio en el gobierno se debe a su claro encaje en la estructura de poder económico, financiero y mediático del país. Su dominio sobre los medios públicos de información de la Generalitat es casi absoluto. E influencia también en gran manera a los privados a base de subvenciones amplias (a modo de ejemplo, en 2015 la Generalitat de Catalunya otorgó 810.719 euros a La Vanguardia; 463.987 a El Periódico de Catalunya; El Punt Avui recibió 457.496; y el diario Ara, 313.495 euros). En consonancia con esta práctica, ya ha amenazado a los medios de comunicación con no proveer de tal subsidio en caso de que no promuevan su ideario a raíz del mal llamado referéndum. En TV3, sus programas económicos son de orientación ultraliberal, los cuales son conducidos por uno de los gurús económicos de CDC y sectores de ERC, el economista Sala i Martín, economista catalán, de nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU al Partido Libertario, un partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy en el Partido Republicano de aquel país. Es más que probable que el Ministro de Economía y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una coalición liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien próximo a él en su orientación política.

Las complicidades del establishment político-mediático catalán con el establishment político-mediático español

El nacionalpatrimonialismo pujolista continúa ejerciendo gran influencia en las instituciones de la Generalitat, y a través de estas, la vida intelectual política y mediática de Catalunya. Su partido ha sido uno de los mayores instrumentos políticos responsables de la aplicación de las políticas públicas neoliberales causantes del subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto de España), y de la crisis social creada por la Gran Recesión. CDC apoyó las reformas laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de trabajo, así como la austeridad del gasto público que guió los recortes al Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su ideología liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martín en su programa de TV3).

Las consecuencias del neoliberalismo

Como resultado de la aplicación de tales políticas, las rentas del trabajo en Catalunya han descendido, pasando de ser un 50% a un 46% de todas las rentas, durante el periodo de la crisis, 2008-2016, mientras que las rentas del capital han aumentado, pasando de un 42% a un 45% durante el mismo periodo. Que ello pasaría era entonces fácilmente predecible, como denuncié en su día. Como también era predecible, se ha producido un gran crecimiento de las desigualdades, que se han disparado, habiéndose incrementado la distancia entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre de 5 a 6 veces durante el mismo periodo. Estas políticas neoliberales se han hecho en colaboración con el PP, estableciéndose una complicidad no solo en las áreas económicas y sociales, sino también en las políticas, complicidades que han permitido el control por parte del PP de las Cortes Españolas, cuya presidenta, Ana Pastor, fue elegida con el apoyo de CDC, y cuya abstención en la moción de censura contra el gobierno del PP contribuyó a mantener al “supuestamente odiado” Rajoy en el poder. Los intereses de clase siempre toman prioridad sobre los intereses de nación en las derechas nacionalistas catalanas, para las cuales el mayor enemigo son las nuevas izquierdas. Y lo que pasa en los pasillos de las Cortes Española es un claro ejemplo de ello.

El silencio mediático sobre las causas de la enorme crisis social catalana

Como era de esperar, de todo esto no se habla o se escribe hoy en Catalunya. Este es el gran éxito del establishment político-mediático hegemonizado por los herederos del pujolismo, y ello con la ayuda de grandes sectores de la intelectualidad catalana, incluyendo algunas figuras que se consideran de izquierdas. CDC (PDeCAT) continúa hegemonizando la Generalitat de Catalunya, intentando influenciar sobre la movilización político-social que promueve el referéndum, centrándose en la confrontación entre el gobierno Rajoy, por un lado, y el gobierno de Junts Pel Sí, por el otro. Esta dualidad, presentada como el enfrentamiento entre España y Catalunya, es clave para su intento de movilización.

La aceptación de esta estrategia es resultado de la enorme insensibilidad del Estado borbónico hacia el carácter plurinacional de España, Estado que ha sido el mayor promotor del independentismo en Catalunya. Ni que decir tiene que este enfrentamiento asume la invariabilidad del Estado español, tesis fuertemente sostenida cuya intensidad alcanza niveles de clara hostilidad hacia los que no están de acuerdo con dicha estrategia, siendo acusados de antidemocráticos o, peor aún, de tener un escaso compromiso con Catalunya, tal como hizo Pilar Rahola, el personaje mediático más parecido a Eduardo Inda en Catalunya (grosera, maleducada, que no deja hablar al adversario y que manipula en extremo), con Xavier Domènech. Y algunas voces de izquierdas han llegado incluso a presentar tal llamada a votar en el referéndum como una continuación del 15-M en su lucha por la democracia. Tales voces parecen ignorar que el 15-M rodeó el Parlament de Catalunya, forzando al president Mas a acceder al Parlament en helicóptero, en protesta por las políticas neoliberales. Viví aquella situación, pues el 15-M me invitó a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba rodeado de manifestantes del 15-M) en protesta por las políticas que el gobierno había propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo hacer la charla porque la policía nos expulsó. Es paradójico que ahora se pida al 15-M que rodee el Parlament, dirigido por los sucesores de Mas, para protegerlo. Además de incoherente, es absurdo que el 15-M se presente como un precedente a la movilización que se presenta mediáticamente como dirigida por un gobierno liderado por los continuadores del president Mas. Naturalmente que soy consciente que el Parlament estaría ocupado por muchas otras fuerzas políticas además del PDeCAT, pero dicho Parlament seguiría liderado por un gobierno en el que los herederos del pujolismo de siempre serían la fuerza hegemónica.

El llamado referéndum no es un referéndum

Mis comentarios críticos no son a favor o en contra de la independencia, sino sobre la manera como esta se está proponiendo, y que en parte (y solo en parte) se debe a la oposición del Estado central. La realización del referéndum requiere toda una serie de condiciones que garanticen que se realice en un contexto democrático. Democracia es mucho más que votar en unas urnas: requiere libertad democrática con pleno acceso a los medios de información por parte de las distintas opciones consideradas en el proceso de decisión que debe realizarse en el momento de votación. Existe hoy, sin embargo, una muy acentuada falta de diversidad en los medios públicos de la  Generalitat Catalunya, realidad que, por lo visto, no han percibido algunos compañeros de viaje de izquierda, que han visto recompensadas su apoyo al referéndum y su crítica a aquellas fuerzas, como Catalunya en Comú (que lo critican), gozando de un amplio espacio mediático poco accesible a las opciones que cuestionan el referéndum. En realidad, el gobierno de la Generalitat está hoy utilizando su comportamiento clientelar (dando amplios recursos financieros a los medios privados) a fin de promocionar su estrategia política. Es un caso abusivo de utilización de los medios públicos para fines partidistas.

Otra condición para que el referéndum sea considerado democrático es el principio de la mayoría, un eje rector de cualquier proceso democrático (hecho subvertido por la propuesta de Referéndum de Independencia del Govern, que convierte el principio de la mayoría por el principio de la minoría, tal como señalaré más adelante). Otras condiciones violadas por el proyecto del referéndum es el de haberse saltado el propio Estatut de Catalunya, así como el Parlament de Catalunya, que hasta ahora no ha sido consultado, basándose en una mayoría parlamentaria que no representa a la mayoría de la población catalana.

La vía antidemocrática hacia la independencia

La mayoría que el tripartito independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) tiene en el Parlament está basada en una ley electoral que es la misma, repito, la misma, que fue transferida de España a Catalunya, sin que Convergència deseara cambiarla (como tampoco quiso cambiarla el PP). Tal ley es escasamente proporcional, y debido al sesgo conservador, dio la mayoría a unos partidos que en realidad representaban a una minoría. Tal tripartito recibió un número de votos menor que los no independentistas. Atribuirse la representación de la mayoría de la población es faltar a la verdad. Sumando los votos de los tres partidos independentistas en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, se obtiene una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos). La mayoría proindependentista en el Parlament no se corresponde con la mayoría popular, que no es independentista.

Pero esta situación escasamente democrática alcanza su forma extrema en la Ley del Referéndum, en la cual se indica que el resultado del referéndum es vinculante (artículo 4.3), sin especificar el porcentaje mínimo de votantes. En realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos (sin indicar un mínimo de participación), proclamándose la independencia cuarenta y ocho horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso de que sea afirmativo. Lo que ello implica es que si se consiguiera el mismo porcentaje de votos a favor de la independencia sobre el número de catalanes que podrían votar que se logró el 9-N (1.861.753 votos del SÍ-SÍ sobre 5,4 millones de personas), resultaría que el número de votos a favor del SÍ representaría solo un 34% de toda la población que pudiera votar, lo cual querría decir que prácticamente dos terceras partes de los catalanes no habrían dicho SÍ a la independencia. En base a este bajísimo porcentaje se declararía la independencia en 48 horas. Ello sería un acto profundamente antidemocrático carente de credibilidad internacional.

No es un referéndum

La manera como se está utilizando el mal llamado referéndum por parte de los partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya conseguiría que del 80% al 90% del voto fuera a favor de la independencia, en un proceso de muy baja participación. Ocurriría lo mismo que ocurrió en el 9-N, que fue el proceso electoral en Catalunya con menor participación durante el período democrático postfranquista. Solo un 36,6% de catalanes votaron, mucho más bajo que en las elecciones autonómicas del 2012 (67,7%), que en las elecciones generales del 2011 (un 66,8%), que en el referéndum del Estatut del 2006 (48,8%) y que en las elecciones europeas del 2014 (47,6%). Que solo un tercio de los catalanes decidiera el establecimiento de la independencia no puede ser la base para que ocurra un hecho tan significativo como este. Y crearía un estallido social en Catalunya. Creerse que la mayoría de la población catalana aceptaría una decisión de tal envergadura votada solo por un tercio de la población que podría votar, es no conocer Catalunya. La pregunta que debería hacerse es por qué habría una participación tan baja en dicho referéndum, y una de las causas de ello es la identificación institucional del independentismo con el gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha sido responsable de la crisis social que ha afectado tanto a las clases populares en Catalunya.

Naturalmente que el movimiento independentista también recoge una protesta frente a la crisis social descrita en este artículo, pero el hecho de que sea el PDeCAT hoy la fuerza dirigente en el gobierno de la Generalitat que dirige tal movilización tendría influencia en esta elevada abstención. Las clases populares son conscientes de que detrás de un supuesto conflicto España-Catalunya ha habido una alianza de las derechas españolas y catalanas que ha provocado el deterioro de su calidad de vida y bienestar. Y de ahí el enorme silencio sobre este tema en Catalunya y en España, silencio que tiene como función dar mayor visibilidad al tema nacional asumiendo que la independencia resolvería en sí la enorme crisis social, considerando, erróneamente, que el nuevo Estado tendría una vocación resolutiva de dicha crisis, lo cual es altamente cuestionable, pues dependería de los partidos que gobernaran esta Catalunya independiente. Una transición que fuera una continuación del dominio de las derechas en el Estado catalán sería la continuación de la crisis. La evidencia de que ello sería así es abrumadora.

Todas estas consideraciones quedan olvidadas en un proceso de transición claramente idealizado en el que los enormes problemas que podrían crearse, y que podrían afectar a las clases populares, quedan marginados. Es así como la derecha catalana intenta utilizar el mal llamado referéndum como una táctica electoral que se beneficia de las elevadas tensiones entre Catalunya y España, a fin de movilizar su apoyo electoral.

Esta afirmación no implica, en absoluto, que la movilización que está teniendo lugar en Catalunya a favor de la independencia sea un mero instrumento creado por los partidos gobernantes, lectura generalizada en el establishment político-mediático español. Dicho movimiento incluye muchísimas sensibilidades políticas, y como movimiento contestatario lo valoro positivamente. Ahora bien, no hay duda, desde mi punto de vista, que la manera como la Generalitat de Catalunya está intentando dirigirlo incluye un deseo de instrumentalizarlo que disminuye dramáticamente su potencial de cambio. En realidad, el independentismo, al monopolizar el soberanismo o derecho a decidir, está haciendo un flaco favor a la posibilidad de una amplia movilización de las clases populares, que no siendo independentistas, desean un cambio profundo en Catalunya y en España. El independentismo no será vehículo para realizar tales cambios.

¿Cuál debería ser la alternativa?

Creo que debería mostrarse que es imposible crear una nueva sociedad democrática a través de un instrumento claramente antidemocrático como está resultando ser el mal llamado referéndum. Considero que es esencial que las fuerzas que creen en el referéndum democrático presenten y defiendan una alternativa, ilusionante y creíble que presente una propuesta de futura Catalunya, poniendo la resolución del tema social como central en la discusión del tema nacional, indicando que aquellos que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden liderar el proceso de cambio en Catalunya, pues la nueva Catalunya que promueven sería una continuación de la ya existente. Creo que para las izquierdas es fundamental que se defina el concepto de nación, identificando nación primordialmente con la población, de la que las clases populares son la mayoría, afirmando que aquellos que aman más a Catalunya son aquellos que hacen más por las clases populares, denunciando a aquellos que se autodefinen como superpatriotas y a la vez están dañando el bienestar de la mayoría de la ciudadanía. En contra de lo que se cree, sí que hay un barómetro para definir el grado de compromiso con un país.

De ahí que es importante que las fuerzas progresistas que prioricen la justicia social, la democracia y la plurinacionalidad de España y favorables al desarrollo de un referéndum auténticamente democrático desarrollen una campaña alternativa que movilice al conjunto de la sociedad catalana y de las diferentes sociedades en el territorio español para cambiar tanto el Estado Catalán como el Estado Español de tal forma que resuelva al fin la cuestión social y nacional. Esta campaña debiera de contar con actos a los que se invite a hermanos y hermanas de las nuevas izquierdas de otras partes de España, para señalar que el derecho a decidir tenemos que ganarlo a través de la movilización de la mayoría (y no solo de una minoría) de la población catalana para crear una nueva Catalunya, y abriendo la posibilidad de realizar un cambio profundo, que tenga el apoyo de las clases populares. Para que ello ocurra, es necesario poner la resolución del tema social como prioritario, y no de una manera genérica e indirecta a través de conseguir una no realizable independencia, sino muy concreta, oponiéndose a las políticas que han sido promocionadas por el Estado español por un lado, y por la Generalitat de Catalunya por el otro. Sin un apoyo generalizado entre la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares, no se podrá tener un auténtico referéndum democrático con una petición de cambio masivo. Este cambio será facilitado por las campañas que ya existen a lo largo del territorio español para crear una España social, justa, democrática y plurinacional. De ahí que es fundamental que, para que el proceso de cambio en Catalunya ocurra (yendo o no hacia la independencia según desee la mayoría de la población en Catalunya), haya una nueva dirección y otro liderazgo del movimiento por el derecho a decidir, basada en una amplia coalición de fuerzas de izquierdas y progresistas que defienda un programa de transformación de Catalunya (y de España). Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Catalunya.

Autor del libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante

Publicado en nueva tribuna
vnavarro.org

Kategorien: Attac Planet

Los tres burladeros de la corrupción

Do, 20/07/2017 - 07:00

Plataforma por la Justicia Fiscal

En casi todos los casos de corrupción que vamos conociendo y afectan a miembros y dirigentes del Partido Popular se dan circunstancias que dificultan que se pueda perseguir la corrupción, juzgar y condenar a las personas corruptas.
Cada vez que hay un nuevo caso, a pesar de las excusas, de negar lo evidente, de señalar a terceras personas y de acusar a los medios de comunicación de orquestar campañas…  en fin, a pesar del recurso a la llamada ‘posverdad’ (que es engaño), sale a la luz como se adjudican obras millonarias  por cantidades de dinero muy considerables y empresas grandes y pequeñas se enganchan a la telaraña de la corrupción. El rechazo a la corrupción se generaliza en el país, aunque parece que eso afecta muy poco a los votantes. Además, hay burladeros donde esconderse, pues los corruptos disponen de tres parapetos que el gobierno no parece tenga intención de eliminar. Parapetos que protegen, que permiten escapar.

Parapeto de las guaridas fiscales

Las cuentas receptoras de las ilegales comisiones de los corruptos se esconden en paraísos o ‘guaridas’ fiscales. Ahí se ocultan al fisco en cuentas difíciles de conocer y más difíciles de controlar. Ese dinero corrupto está en los mismos bancos donde esconden sus fondos los terroristas, narcos, traficantes de personas y todo tipo de criminales. Un lugar donde los políticos corruptos no tienen inconveniente alguno en coincidir con lo peor de cada país. Con la existencia del primer parapeto no sorprende que tras la Amnistía Fiscal no se den a conocer quienes son los corruptos beneficiados por la misma.

Parapeto de la falta de medios de la Agencia Tributaria

Algunas personas corruptas han sido descubiertas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica Fiscal de la Policía Nacional), por la UCO (Unidad Central Operativa de policía judicial de la Guardia Civil) y por esforzados jueces y tenaces fiscales. ¿Cómo parece actuar el gobierno en tal situación de afrontar la corrupción? Pues sin proporcionar los recursos necesarios que precisa la Agencia Tributaria ni las personas precisas que investiguen y persigan el gran fraude. De 2010 a 2016 los empleados de la Agencia Tributaria son casi tres mil menos. Teniendo en cuenta que el volumen de fraude fiscal en España es un 23%, (el doble que en Alemania, Bélgica, o Francia), en España hay menos de la mitad de empleados de Hacienda que en esos países y menos que la media de la UE-28  en la proporción de empleados de Hacienda respecto a la población. Además no se han convocado plazas en los últimos años. No aumentan los medios de inspección ni las personas que investigan, aunque el fraude sea enorme y a pesar de que ha aumentado la dificultad de inspeccionar grandes empresas y fortunas. Y para colmo el 40% de la Agencia Tributaria se jubilará en diez años. Se jubilará el personal con más experiencia. Esta situación impide que sean investigadas grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude fiscal en este país, con la interposición de múltiples sociedades y otros trucos y trampas contables que convierten en ardua gesta el descubrir a corruptos y defraudadores.

Parapeto del funcionamiento deficiente de la administración de justicia

A pesar de parapetos y burladeros, en ocasiones se descubre a los corruptos, son acusados y van a juicio. Y ahí surge un tercer parapeto como el nombramiento por el gobierno de fiscales anticorrupción no muy dignos de confianza que son reprobados por el Congreso de Diputados. Además de ser designados algunos jueces muy cercanos al gobierno. Otrosí, por falta de medios materiales, en ocasiones de personal y otras razones, los juicios se prolongan 5, 10  o más años y es sabido que justicia retardada es justicia denegada.
La muestra del interés real del gobierno por resolver este panorama inquietante es que el  presupuesto del Ministerio de Justicia de 2008 fue de 3.904 millones de euros, pero en 2016 solo era de 3.948 millones que, ponderada la inflación, resulta ser un 10% menos que ocho años atrás. Y, mientras en Europa hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España solo hay 11, poco más de la mitad.
Tal escenario, más las sabidas prácticas de los abogados del mundo, logra que los corruptos actúen de hecho con impunidad considerable. Panorama que hace  imprescindible que el Gobierno y los partidos se propongan en serio acabar con la corrupción, yendo contra los Paraísos Fiscales (verdaderas guaridas de corruptos), aumentando recursos y funcionarios de inspección de la Agencia Tributaria y proporcionando más medios a la administración de Justicia. Solo así habrá un sistema fiscal y judicial equivalente al de los países europeos de nuestro entorno que elimine la corrupción o la reduzca de modo considerable.

Kategorien: Attac Planet

Fraude fiscal, fraude en derechos humanos

Mi, 19/07/2017 - 07:00

Marta Iglesias LópezPlataforma por la Justicia Fiscal

En estos tiempos es realmente complicado abrir los periódicos y no encontrar alguna noticia (o escándalo) relacionada con la corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, etc. Esto ocurre también cuando nos enfocamos en el estado actual de los derechos humanos en todo el mundo. Puede parecer que una cosa no está relacionada con la otra. Pero, el fraude fiscal provoca un vacío de recursos para que los Estados cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.

¿Esto que tiene que ver con lo anterior? Los mecanismos que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos, cosa a la que por otro lado están obligados, son los ingresos del Estado. Es decir, los ingresos del Estado, recaudados fundamentalmente a partir de los impuestos, sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia son elementos vitales y necesarios para combatir la pobreza y la desigualdad.

De hecho, sendos titulares y grandes reportajes se han destinado recientemente para denunciar un sistema actual en el que unos pagan proporcionalmente mucho menos que otros. Otras tantas líneas se han destinado para contar las consecuencias de estas injusticias, llamándole desigualdad.

Lo cierto es que los datos son estremecedores. Mientras un 1% de la población acumula casi la mitad de las riquezas del mundo, 1.400 millones de personas viven en situación de pobreza.

La teoría nos dice que la pobreza va más allá de la falta de ingresos. Se manifiesta también en un acceso restringido a servicios básicos y la vida digna. Estos servicios básicos y vida digna sólo pueden garantizarse a través del cumplimiento de los derechos humanos.

Sistemas injustos desde la raíz

Las fronteras económicas y políticas de los Estados son cada vez más difusas. Vivimos en un mundo globalizado donde una persona en Tokio puede fabricar productos en Brasilia y a su vez venderlos en Madrid. Esta disolución aparente de las fronteras debiera obligar al establecimiento de mecanismos de control para el flujo de capitales de un lado al otro. Estos mecanismos no son otros que sistemas fiscales que promuevan la transparencia, una tributación justa y una vigilancia para que no se promuevan fenómenos como la evasión o la elusión fiscal.

Actualmente ocurre todo lo contrario. El sistema fiscal internacional y las escasas medidas contundentes para reforzarlos permiten que muchas empresas transnacionales eludan el pago de los impuestos que les corresponden.

El fraude fiscal cuesta cada año a España unos 59.000 millones de euros. Se calculaba en 2013 que el 71% del fraude fiscal en España correspondía a las grandes empresas y las grandes fortunas. Lejos de ser un fenómeno aislado, esto es una tendencia global. En 2015 un informe denunciaba que el continente africano pierde aproximadamente 6.000 millones de dólares al año sólo por la evasión fiscal.

Pero, ¿qué tiene que ver la evasión y el fraude fiscal con los derechos?. Pues más de lo que nos imaginamos. Varios informes del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación concluyen que los sistemas fiscales están directamente relacionados, por ejemplo, con el derecho a la alimentación. ¿Qué pasaría si las empresas que defraudan tuvieran en sus manos el control de lo que comemos?

1 + 1 son 1.400 millones

Con todo lo anterior, es inevitable concluir que esta brecha entre una riqueza tan extrema y una pobreza y desigualdad crecientes, son la punta del iceberg de un sistema profundamente injusto. Se genera riqueza a costa del empobrecimiento de millones de personas. Esto hace que el modelo actual sea insostenible.

Por una parte, los sistemas fiscales actuales son injustos y contribuyen a la perpetuación de la pobreza y de las desigualdades. Por otra, la inacción de los Estados para cumplir con su obligación de cumplir progresivamente los derechos humanos supone una grave amenaza a las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Si no se acompasa la puesta en marcha de políticas para cubrir los derechos humanos con el robustecimiento de unas políticas fiscales que permitan recaudar, de forma más progresiva y justa, todos los pasos serán inútiles.

No puede construirse por un lado lo que se destruye por el otro. En el ámbito internacional es necesario que se cierren las puertas a la opacidad de las empresas y que se pongan por delante los derechos de las personas y del planeta.

Kategorien: Attac Planet

La Caravana Abriendo Fronteras llega hoy a Melilla

Di, 18/07/2017 - 21:10

NOTA DE PRENSA

Obrim Fronteres Passatge Segur <safepassagevlc@gmail.com>
Fecha: 18 de julio de 2017

Hace ya un año, cientos de activistas de todo el Estado Español participamos en la primera Caravana a Grecia. Nos desplazamos entonces hasta el mediterráneo oriental para reclamar un pasaje seguro para todas aquellas personas que, en busca de refugio, huían de las guerras y las violencias que se cebaban con Oriente Medio. Aquella experiencia nos sirvió para afianzar vínculos y nos hizo pensar también en la necesidad de denunciar no solo en Grecia, sino también en esta zona de la  Frontera Sur de Europa, la sistemática vulneración de los Derechos Humanos que conllevan las políticas migratorias asesinas que practican tanto la Unión Europea como el Estado Español, que dejan morir a las personas.

Unas 500 personas y más de 100 colectivos ciudadanos y organizaciones sociales participamos en la Caravana ‘Abriendo Fronteras’, que partió el pasado 14 de julio desde Catalunya, Euskal Herria, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Cantabria y Comunitat Valenciana. Un día después, el sábado 15 de julio, hicimos parada en Madrid y, con una cadena humana que partía desde el Congreso de los Diputados, exigimos al Gobierno español que cumpliera con su compromiso de acogida para las personas refugiadas que se ven expulsadas de sus lugares de origen por las guerras y conflictos provocados por un sistema económico y político que genera injusticia y que prima los privilegios de unos pocos frente a los derechos de la mayoria. Tras una nueva parada en Sevilla, donde más activistas se sumaron a nuestra Caravana, llegamos el 17 de julio a Algeciras y Tarifa, para mostrar nuestro rechazo a la reclusión forzosa de personas migrantes, que no han cometido ningún delito, en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). En ambas localidades se ubica además un CIE en ruinas, con una terrible impronta carcelaria y con unas condiciones indignas para cualquier ser humano. Allí nos manifestamos y exigimos su cierre y el de todos.

Hoy por fin hemos llegado a la ciudad autónoma de Melilla, donde se visibiliza como en ningún otro lugar la sistemática violación de los Derechos Humanos que practica el Estado Español en la Frontera Sur de Europa. Queremos ubicar en el debate público cuestiones tan relevantes como las violencias específicas que sufren las mujeres en el proceso migratorio, la trata con fines de explotación sexual, las devoluciones en caliente (a todas luces ilegales según la legislación internacional), las vallas con concertinas, la situación de las trabajadoras de hogar transfronterizas y las porteadoras, las pésimas condiciones del CETI de Melilla, la situación desesperada que viven las y los menores no acompañados que malviven en las calles de Melilla y la política de externalización de fronteras que practica el Gobierno español y que la UE ha elegido como modelo, delegando en las autoridades marroquíes la salvaje represión a las personas migrantes que intentan llegar a Europa.

Nos preocupan también y mucho las condiciones de vida de las y los vecinos de Melilla. Las estadísticas oficiales señalan que un tercio de la población, más de 22.000 personas, se encuentran en riesgo de exclusión y pobreza. Aproximadamente unas 3.000 están en situación de pobreza extrema. El 70% del desempleo que padece la ciudad autónoma corresponde a mujeres.

Esta situación no va encontrar solución convirtiendo Melilla en una fortaleza inexpugnable, por ello solicitamos el restablecimiento de la legalidad y la puesta en marcha de un política migratoria diferente que respete los derechos humanos y atienda las causas reales que provocan este drama humano.

Queremos agradecer a las personas de Melilla la acogida y nos gustaría compartir con todas vosotras y vosotros las reivindicaciones y los actos que tendrán lugar estos días. Nos gustaría abrir las fronteras de la indiferencia porque además de fronteras físicas hemos levantado fronteras que nos atraviesan a todas y todos y alimentan los discursos xenófobos que sitúan a las personas migrantes en un espacio de no derecho.

Porque migrar es un derecho, no es un delito.

 

Para más información y entrevistas: Cristina Garcia de Andoin 696 37 4001

Obrim Fronteres – Passatge Segur

http://abriendofronteras.net

Facebook Caravana abriendo fronteras

 

Kategorien: Attac Planet

OCDE, Comisión Europea y sus políticas fiscales aumentan la desigualdad

Di, 18/07/2017 - 07:00

Carlos Cruzado Catalá - Gestha y Plataforma por la Justicia Fiscal

En las últimas semanas, tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como la Comisión Europea (CE), han publicado sendos informes sobre la economía española, coincidiendo ambos en lo elevado de los niveles de desigualdad y de pobreza, destacando especialmente el de pobreza infantil.

Así, el estudio económico sobre España de la Organización que agrupa a los 35 países más desarrollados señala expresamente que los niveles generales de pobreza y la pobreza infantil siguen en cotas elevadas, siendo las transferencias en efectivo de tan baja cuantía y deficiente concepción, que apenas contribuyen a su reducción. Y la explicación estaría, según la OCDE, en el elevado índice de desempleo, así como en la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados. Estos factores conllevan el riesgo, tal y como se destaca en el informe, de afianzar las desigualdades, incidiendo negativamente en el crecimiento futuro y en la cohesión social.

La CE, por su parte, en su informe de 22 de febrero último, en el que se hace un examen exhaustivo relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, destaca que La pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta son de las más elevadas de la Unión Europea (UE), así como que existe un alto riesgo de que el desempleo se arraigue. Coincide con la OCDE en que la pobreza de las personas en situación de empleo siguió aumentando entre quienes cuentan con contratos temporales o trabajan a tiempo parcial, señalando a los bajos salarios por hora y al bajo nivel de intensidad de trabajo en los hogares como factores causantes de dicha situación. A este respecto, señala que un uso tan extendido de los contratos temporales puede afectar negativamente a la cuestión social y frenar el necesario incremento de la productividad. Y concluye en lo que se refiere a esta cuestión que los efectos redistributivos de los impuestos y de las transferencias sociales siguen siendo inferiores a la media de la UE.

A pesar de dicho diagnóstico, ambos informes, sorprendentemente, destacan como datos positivos, por su contribución a la disminución del desempleo, la reforma laboral y la moderación salarial, con la contradicción que ello supone respecto de lo que acabamos de apuntar. Y a este respecto basta recordar las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, dirigidas al entonces Comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que un indiscreto micrófono abierto recogió en febrero de 2012: “Mañana aprobaremos la reforma del mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva…”

Pero si la OCDE y la CE insisten, en relación al mercado de trabajo, en seguir planteando las mismas recetas que han provocado la situación de desigualdad y pobreza que, asimismo, destacan como uno de los mayores desequilibrios macroeconómicos, es en el ámbito de sus propuestas tributarias donde alcanzan los mayores niveles de esquizofrenia económica.

Ambos informes proponen profundizar en la sustitución de imposición directa por indirecta, que ya se viene produciendo en los últimos años, recomendando la eliminación o reducción de los tipos reducidos y superreducidos del IVA. Y ello, a pesar de que, como reconocía un informe anterior sobre la economía española, de octubre de 2014, de la OCDE, se trata de una medida regresiva, que obligaría a mitigar el impacto sobre las rentas más bajas mejorando la red de protección social. Protección social que, por el contrario, continúa reduciéndose con las políticas de austeridad que, asimismo, recomiendan y aplauden tanto la CE como la OCDE bajo el eufemismo de “políticas fiscales responsables”.

En este sentido es sintomática la desaparición, del último informe de la OCDE, de las recomendaciones que se incluían en el del año 2014 respecto de la eliminación de la dualidad del impuesto sobre la renta, al señalar que podrían impulsarse la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas, tanto del capital como del trabajo, al mismo tipo marginal. Recomendación que ahora se obvia, al igual que la de revisar el tratamiento de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), de manera que se evite la utilización para eludir el pago de impuestos, que también se incluía anteriormente.

Las recetas fiscales que ahora se proponen, tanto por la OCDE como por la CE, tienen como finalidad “mejorar la eficiencia del sistema” y no pasan por la mejora de la equidad tributaria. Y ello, a pesar que según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 87% de los ciudadanos creen que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene; siendo también abrumadora la mayoría de quienes opinan, en su último barómetro fiscal, que los impuestos deberían recaudarse sobre todo con impuestos directos.

En definitiva, y de continuar, en la línea propuesta por los últimos informes de la OCDE y de la CE, sustituyendo imposición directa por indirecta, la fiscalidad tenderá a alejarse cada vez más del concepto de progresividad. Y así, se podría llegar a configurar un sistema fiscal proporcional alejado del efecto redistributivo que, según establece el artículo 31.1 de la Constitución, debe inspirar nuestro sistema tributario, incrementando aún más la desigualdad en la distribución de la renta. Escenario que evidenciará la esquizofrenia de los informes recién publicados por la OCDE y la CE sobre la economía española y la evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, respectivamente.

Kategorien: Attac Planet

Venezuela: la oposición redobla la apuesta

Mo, 17/07/2017 - 07:00

Atilio Boron – alai, AMÉRICA LATINA en movimiento

Sólo espíritus ingenuos pueden desconocer que la oposición venezolana está instrumentando una estrategia a dos puntas para derrocar al presidente constitucional de ese país. Un sector optó por desatar la violencia en sus variantes más aberrantes como forma de instalar la imagen de una “crisis humanitaria” -producto del desabastecimiento planificado de productos de primera necesidad y la orgía de ataques, saqueos, “guarimbas”, incendios a personas vivas y atentados con “bombas molotov” a escuelas y hospitales- que sirva como preludio a una invasión no menos “humanitaria” del Comando Sur y, aplicando la receta utilizada en Libia para derrocar y linchar a Gadafi, producir el ansiado “cambio de régimen” en Venezuela.

Hay un sector de la oposición que no concuerda con esa metodología porque barrunta que el final puede ser una guerra civil en donde las masas chavistas, quietas por ahora, salgan a dar batalla y pongan fin al enfrentamiento infligiendo una aplastante derrota a los golpistas. Pero esta ala de la oposición, llamémosla institucional o dialoguista (aunque en realidad no sea ni lo uno ni lo otro) estuvo durante estos meses sometida a la intimidación o lisa y llana extorsión de la fracción violentista que juzgaba como una incalificable traición el sólo hecho de sentarse a negociar con el gobierno una salida no violenta a la crisis.

Pero ahora las cosas parecen cambiar, y para mal. ¿Por qué? Porque al parecer las estrategias de ambas fracciones se han unificado bajo la batuta que desde Estados Unidos lleva el Comando Sur (el binomio terrorista formado por el Almirante Kurt Tidd y la ex embajadora en Paraguay y Brasil en tiempos de golpe de estado Liliana Ayalde). Debido a ello los sectores “dialoguista” han convocado, para este próximo domingo 16 de Julio, a un plebiscito o “consulta soberana” que no es otra cosa que la antesala de un golpe de estado porque en dicho ejercicio se le preguntará a la ciudadanía si quiere o no un cambio total e inmediato de gobierno y, simultáneamente, decretar la ilegitimidad de la legal y legítima convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente programada para el día 30 de Julio y que ha registrado ya más de cincuenta y cinco mil candidaturas en todo el país. Pero la oposición no quiere esperar todo ese tiempo y mucho menos competir en una elección con todas las reglas. Por eso montó este ejercicio absolutamente informal, sin ningún tipo de garantías ni registros; ni padrones electorales ni normas de recuento y fiscalización pública, en un país en donde, según lo asegurara el ex presidente James Carter, el sistema electoral es más transparente y confiable que el de Estados Unidos.

Es más, según lo afirmara Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, una vez que las improvisadas mesas receptoras de votos terminaran su recuento y se proclamara el resultado del plebiscito –que obviamente darían el triunfo a quienes votaron derogar de inmediato al gobierno de Maduro- las actas serían quemadas para evitar futuras represalias del chavismo y, de paso, cualquier tipo de verificación independiente. Además, dijo que “el único requisito para poder emitir su opinión en la consulta popular es presentar su cédula de identidad, vencida o no, en cualquiera de los puntos soberanos” y, sin decirlo, dejó entrever que los ciudadanos podrán votar cuántas veces quieran y donde deseen.[1]

Va de suyo que el gobierno bolivariano, como cualquier otro, desconocerá esta patética pantomima lo cual provocará la furiosa protesta de los antichavistas que, atizados por la propaganda de la derecha golpista, se sentirán estafados en su voluntad escalando a nuevos niveles de violencia la confrontación que ya azota al país.[2] Los autoproclamados defensores de la democracia y la república en nuestros países (así como el impresentable Secretario General de la OEA) han expresado su simpatía ante este estallido anómico que celebran como si fuera un venturoso florecimiento del protagonismo de la sociedad civil en Venezuela siendo que no es más que una siniestra maniobra para desatar una crisis que abra la puerta a una invasión del Comando Sur, eventualidad que es reconocida explícitamente por algunos personajes más moderados de la MUD, como el ya mencionado Ochoa Antich.

Habrá que ver qué sucede este próximo domingo en Venezuela, y también cuál podría ser la repercusión en nuestros países. Quienes han manifestado su complacencia con esta iniciativa golpista de la oposición antichavista –políticos del establishment latinoamericano y la “prensa corrupta”, como la designara el ex presidente Rafael Correa- harían bien en pensarlo dos veces. No vaya a ser que aparezcan quienes, inspirados en el ejemplo venezolano, decidan también ellos convocar a una “consulta soberana” para preguntarle a la ciudadanía, ante la grave crisis que afecta a nuestros países, si Mauricio Macri, Michel Temer o Enrique Peña Nieto deben o no continuar ejerciendo la presidencia. Si los sempiternos custodios de la democracia y las instituciones republicanas en Argentina, Brasil o México convalidan –sea abiertamente o con su silencio cómplice- la payasada que se escenificará este próximo domingo en Venezuela no deberían sorprenderse si al cabo de un tiempo una iniciativa similar fuese propuesta para ser llevada a la práctica en estos países.

Para nadie es un misterio que la legitimidad de sus gobiernos está profundamente cuestionada –la estafa post electoral del macrismo, el golpe de la cleptocracia en el Brasil, la abismal crisis política y social en México- y que la crisis económica y las políticas de ajuste han intensificado a tal extremo la explotación y los padecimientos de las masas populares que sería temerario descartar una violenta irrupción de rebeldía plebeya, misma que encontraría en una “consulta soberana” como la que próximamente se realizará en Venezuela, el pretexto ideal para tratar de poner fin, antes de tiempo, a gobiernos repudiados por la gran mayoría de sus ciudadanos.

[1] Ver las declaraciones de Borges en http://www.notiminuto.com/noticia/cuadernos-electorales-seran-quemados/#

[2] Esto motivó la reacción de un dirigente de la MUD, Enrique Ochoa Antich, quien hizo pública su negativa a participar de la consulta porque, según sus palabras, desencadenaría “más fractura y más violencia, incluso una guerra civil, financiada desde el exterior e incluso con una intervención extranjera.” Ver su reveladora nota titulada “Por qué no votaré el 16” en http://puntodecorte.com/no-votare-16/

 
Kategorien: Attac Planet

Para una sociología de las emergencias

So, 16/07/2017 - 07:00

Boaventura de Sousa SantosPúblico.es

Los seres humanos viven dentro y fuera de la historia. Esto es lo que los distingue de los animales no humanos. Hacemos historia en la medida en que resistimos a lo que la historia hace de nosotros. Vivimos lo que ya fue vivido (el pasado nunca pasa o desaparece) y lo que aún no ha sido vivido (el futuro es vivido como anticipación de lo que en realidad nunca será vivido por nosotros). Entre el presente y el futuro hay un hiato o un vacío sutil, que permite reinventar la vida, romper rutinas, dejarse sorprender por nuevas posibilidades, afirmar, con la convicción del poeta portugués José Régio, “no voy por ahí”. Lo que irrumpe es siempre una interrupción. La vida es la constante recreación de la vida. De otro modo, estaríamos condenados a la Rebelión en la granja de la que habla George Orwell, a vivir en el pantano de solo poder pensar lo que ya fue pensado.

En este sentido, podemos afirmar que la forma de capitalismo que hoy domina, popularmente conocida como neoliberalismo, al inculcar con creciente agresividad que no hay alternativa al capitalismo y al modo de vida que impone, configura una propuesta necrodependiente, una economía de muerte, una sociedad de muerte, una política de muerte, una convivencia de muerte, un vicio de ver en la muerte ajena la prueba más convincente de que estamos vivos. Los daños que esta propuesta está causando son hoy evidentes. La imaginación y la creatividad que hacen posible la vida están siendo secuestradas por las fuerzas necrodependientes. A pesar de que todo lo que existe en la historia tiene un principio y un fin, resulta hoy difícil imaginar que el capitalismo, que tuvo un principio, tenga fin. Si tal dificultad se presenta como un obstáculo insalvable, habremos desistido de salir de la historia para hacer historia, habremos firmado los papeles para entrar en la granja de animales de Orwell.

La dificultad es superable, pero para ello es necesario des-pensar mucho de lo que hasta ahora ha sido pensado como cierto y perenne, sobre todo en el Norte global (Europa y América del Norte). El primer des-pensamiento consiste en aceptar que la comprensión del mundo es mucho más amplia y diversificada que la comprensión occidental del mundo. Entre los mejores teóricos del pensamiento eurocéntrico de la transición del siglo XIX al siglo XX, hubo siempre una gran curiosidad por el mundo extraeuropeo –de Schopenhauer a Carl Jung, de Max Weber a Durkheim– pero siempre estuvo orientada a comprender mejor la modernidad occidental y a mostrar su superioridad. No hubo nunca el propósito de apreciar y valorar en sus propios términos las concepciones del mundo y de la vida que se habían desarrollado fuera del alcance del mundo eurocéntrico, y que divergían de él. En total consonancia con el momento culminante del imperialismo europeo (la Conferencia de Berlín de 1884-85 fijó las bases del reparto colonial de África entre las potencias europeas), todo lo que no coincidía con la cosmovisión eurocéntrica dominante era considerado atrasado y peligroso y, según los casos, objeto de catequización, represión, asimilación. La fuerza de esta idea residió siempre en la idea de la fuerza de los cañones y del comercio desigual que la impusieron. En el momento en que el mundo eurocéntrico da evidentes signos de agotamiento intelectual y político, se abre la oportunidad para apreciar la diversidad cultural, epistemológica y social del mundo y hacer de ella un campo de aprendizajes que hasta ahora ha sido bloqueado por el prejuicio colonial del Norte global: el prejuicio de, por ser más desarrollado, no tener nada que aprender con el Sur global.

El segundo des-pensamiento es que esa diversidad es infinita y no puede ser captada por ninguna teoría general, por ningún pensamiento único global capaz de abarcarla adecuadamente. Los saberes que circulan por el mundo son infinitos. La aplastante mayoría de la población mundial gestiona su vida cotidiana según preceptos y sabidurías que difieren del saber científico, que consideramos el único válido y riguroso. La ciencia moderna es tanto más preciosa cuanto más se disponga a dialogar con otros conocimientos. Su potencial es tanto mayor cuanto más consciente sea de sus límites. Del reconocimiento de esos límites y de la disponibilidad al diálogo emergen ecologías de saberes, constelaciones de conocimientos que se articulan y enriquecen mutuamente para, a partir de una mayor justicia cognitiva (justicia entre saberes), permitir que se reconozca la existencia y el valor de otros modos de concebir el mundo y la naturaleza y de organizar la vida que no se basan en la lógica capitalista, colonialista y patriarcal que ha sostenido el pensamiento eurocéntrico dominante. No hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Solo así será posible crear la interrupción que permita imaginar y realizar nuevas posibilidades de vida colectiva, identificar alternativas reprimidas, desacreditadas, invisibilizadas, que, en su conjunto, representan un fatal desperdicio de experiencia.

De ahí surge el tercer des-pensamiento: no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de alternativas. Ese pensamiento, en sí mismo internamente plural, buscar reconocer y valorizar experiencias que apuntan hacia formas de vida y de convivencia que, pese a ser poco familiares o apenas embrionarias, configuran soluciones para problemas que afligen cada vez más nuestra vida colectiva, como por ejemplo los problemas ambientales. Tales experiencias constituyen emergencias y solo un pensamiento alternativo será capaz, a partir de ellas, de construir una sociología de las emergencias. Consideremos el siguiente ejemplo.

La naturaleza como ser vivo digno

El 15 de marzo de este año, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que confiere personalidad jurídica y derechos humanos al río Whanganui, considerado por los maoríes un río sagrado, un ser vivo que asumen como su antepasado. Tras 140 años de lucha, los maoríes consiguieron obtener la protección jurídica que buscaban: el río deja de ser un objeto de propiedad y de gestión para ser un sujeto de derechos con nombre propio, que debe ser protegido como tal. A los ojos de la concepción eurocéntrica de la naturaleza, basada en la filosofía de Descartes, esta solución jurídica es una aberración. Un río es un objeto natural y como tal no puede ser sujeto de derechos. Fue precisamente en estos términos que la oposición conservadora cuestionó al primer ministro neozelandés. Si un río no es un ser humano, no tiene cabeza, ni tronco, ni piernas, ¿cómo se le puede atribuir derechos humanos y personalidad jurídica? La respuesta del primer ministro fue dada en forma de contrapregunta. ¿Y una empresa, tiene cabeza, tiene tronco, tiene piernas? Si no los tiene, ¿cómo es tan fácil para nosotros atribuirle personalidad jurídica?

Lo que está ante nosotros es la emergencia del reconocimiento jurídico de una entidad a la que subyace una concepción de naturaleza diferente de la concepción cartesiana que la modernidad occidental naturalizó como la única concepción posible. Inicialmente, esta concepción estaba lejos de ser consensual. Basta recodar a Spinoza, su distinción entre natura naturata y natura naturans, y su teología basada en la idea Deus sive natura (Dios, o sea, la naturaleza). La concepción spinozista tiene afinidades de familia con la concepción de naturaleza de los pueblos indígenas, no sólo en Oceanía sino también en las Américas. Estos últimos consideran la naturaleza como Pachamama, Madre Tierra, y defienden que la naturaleza no nos pertenece: nosotros pertenecemos a la naturaleza. La concepción spinosista fue suprimida porque solo la concepción cartesiana permitía concebir a la naturaleza como un recurso natural, transformarla en un objeto incondicionalmente disponible para la explotación de los humanos. Al final esta era una de las grandes razones, sino la mayor razón, de la expansión colonial, y la mejor justificación para la apropiación no negociada y violenta de las riquezas del Nuevo Mundo. Y para que la apropiación y la violencia fuesen plenas, los propios pueblos indígenas fueron considerados parte de la naturaleza. Fue necesaria una encíclica papal (Sublimis Deus, del Papa Paulo III en 1537) para garantizar que los indios tenían alma, una garantía menos generosa de lo que puede parecer, toda vez que se destinaba a justificar la evangelización (si los indios no tuviesen alma, ¿cómo pretender salvarlos?).

La novedad jurídica venida de Nueva Zelanda tiene precedentes. La Constitución Política de Ecuador de 2008 establece en su artículo 71 que la naturaleza, concebida como Madre Tierra, es un sujeto de derechos. Y una semana después de la promulgación de la ley neozelandesa, el Tribunal Supremo del Estado de Uttarakhand de la India decidió que los ríos Ganges y su afluente Yamuna son “entidades humanas vivas”. Llevadas a la práctica, estas decisiones están lejos de ser triviales. Significan, por ejemplo, que las empresas que contaminan un río cometen un ilícito criminal y la indemnización a que quedan obligadas será inmensamente superior a las que pagan hoy (cuando pagan). Ya en 1944 Karl Polanyi recordaba en su obra maestra, La gran transformación, que si las empresas capitalistas tuviesen que indemnizar adecuadamente todos los daños que causan a los seres humanos y a la naturaleza, dejarían de ser rentables.

Estas innovaciones jurídicas no surgen de concesiones generosas de las clases dominantes y las elites eurocéntricas. Son la culminación de procesos de lucha de larga duración, luchas de resistencia contra la explotación capitalista y colonial, impuesta como imperativo de modelos de desarrollo que, previsiblemente, solo benefician a los explotadores. Su carácter de emergencia reside en el hecho de ser gérmenes de otra relación entre humanos y naturaleza que puede ser potencialmente decisiva para resolver los graves problemas ambientales que afrontamos. Son emergencias porque sirven no solamente a los intereses de los grupos sociales que las promueven, sino también a los intereses globales de la población mundial ante problemas como el calentamiento global y las dramáticas consecuencias que de ello derivan. Para darles a estas emergencias el crédito que merecen, no podemos apoyarnos en el pensamiento eurocéntrico hegemónico. Necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas, al que vengo denominando epistemologías del Sur.

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo. Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Sus últimos libros en español: Si Dios fuese un activista de los derechos humanos (Madrid, Trotta 2014) y, de próxima aparición, con Maria Paula Meneses, Epistemologías del Sur (Madrid, Akal).

Publicado en Público.es

Kategorien: Attac Planet

Hipercapitalismo cognitivo e infomonopolios

Sa, 15/07/2017 - 07:00

Albino Prada – Comisión JUFFIGLO de ATTAC España

La combinación de la robótica con el moderno software nos acerca a los primeros eslabones de la inteligencia artificial con crecientes capacidades de control, supervisión y predicción sobre la materia prima de lo que se ha dado en llamar minería de datos masivos (big data). Sin duda todo ello está suponiendo un salto no solo cuantitativo sino cualitativo en la organización y conformación de todos los ámbitos de la vida social.

Sin embargo no es menos cierto que esta tecnología 4.0 (equiparable a los saltos provocados en su día por la electricidad o el vapor) está siendo gestionada de una determinada manera, pues «al desplazar el centro de la economía de los bienes físicos a los flujos de datos» se reforzaría aún más el «poder que ha sido normalmente ejercido por los industriales y financieros dueños de los artilugios, no por las personas empleadas para operarlas» (Carr 2014: 140 y 35).

Es así que la economía 4.0 (dominada por un capitalismo hiperfinanciero digital y por gigantes de la comercialización a escala global) estaría conformando un sector industrial 4.0 a su medida. Nuevos procesos, nuevos productos, nuevos modelos de negocio y costumbres.

Las industrias y los servicios se redefinen actualmente en paralelo, aunque serán los grandes conglomerados financieros y comerciales los que subordinen a los ingenieros de la producción material, con consecuencias más que preocupantes –como aquí resumiremos- en el empleo, en las actividades y productos o en el conjunto de la economía.

Para evitar estas, más que preocupantes, consecuencias de la economía 4.0 se verá que es imprescindible abrir camino a una redistribución del trabajo humano necesario en esa economía. Eso y, en paralelo, hacer lo propio con una nueva forma de redistribución de la riqueza generada con cada vez menos trabajo humano directo.

Ambas redistribuciones definirían una sociedad 4.0 sin la cual la economía 4.0 provocará un creciente deterioro del bienestar social a escala global (y muy particularmente en aquellos países que habían logrado notables avances en ese sentido). Nos referimos a un aumento galopante de la exclusión, la precariedad, el subempleo, la pobreza laboral o la desigualdad. Procesos más relevantes que la tópica mera cuantificación del número de empleos creados o destruidos por la economía 4.0 a escala global y en cada país.

Para avanzar en ambas redistribuciones se trataría de dejar de reducir la jornada laboral media a costa de transformar empleo de tiempo completo a otros de jornada parcial (con ingresos de pobreza), no fijarse como objetivo el incremento de la tasa de actividad en edades previas a la jubilación (55-64 años) sino, al contrario, con contratos de relevo o no retrasar la edad a la que se tiene derecho a cobrar el cien por cien de la pensión y sí, al contrario, abrir camino a una renta mínima para todos los ciudadanos que incentive el reparto del empleo disponible. Serían ejemplos de opciones en las que la economía y la industria 4.0 debieran encajar en una nueva sociedad 4.0.

Una sociedad que, al mismo tiempo, debiera evitar el control de los mercados por las finanzas, los distribuidores y los servicios de big data globales escapando del señuelo del lowcost, evitar la igualación a la baja en los derechos económicos y sociales de la mayoría, así como de las obligaciones fiscales de los más ricos. Pero también escapando de un galopante consumismo lowcost insostenible -social y ambientalmente- a escala global.

Evitar el avance de un mundo en el que los intereses colectivos no disponen de instituciones globales (y cada vez menos estatales), o que nos deslicemos desde los diversos capitalismos nacionales de mercado hacia una salvaje sociedad global de mercado.

La financiación de tales instituciones colectivas (estatales o supranacionales como la UE o a escala global) no puede ya descansar en unos ingresos o cotizaciones sobre un empleo en declive (cualitativo y cuantitativo), menos aun gravando más el consumo de la mayoría, sino sólo con contribuciones crecientes de los propietarios de un capital (industrial, tecnológico, financiero) que acapara una parte creciente de la renta nacional.

Cuando así no se hace nos encontraremos en países que mejoran año a año su producción de riqueza pero en los que, entre otros desastres sociales, sus ingresos públicos van a ser insuficientes para dar cobertura a los pensionistas si se han de pagar los intereses a los acreedores.

Para definir esa sociedad 4.0 es conveniente, en consecuencia, analizar con algún detalle los efectos que está teniendo la economía 4.0, de digitalización masiva, en ausencia de la misma.

Dichos efectos los revisaremos en lo que sigue agrupándolos en tres apartados: los que tendrían que ver con que en esta ocasión el descenso provocado en el empleo no fuese temporal (como en otras oleadas innovadoras), los que tendrían que ver con la independencia, autonomía y propia naturaleza de las actividades automatizadas y los inducidos en otros aspectos de la economía (desigualdad y quiebra del Estado Social).

Una vez hecho lo cual cerraremos nuestro análisis planteando algunas propuestas para abrir camino a las dos redistribuciones (del trabajo y de las rentas) que hace hoy posible la economía 4.0 pero sin las cuales nuestras sociedades empeorarían su bienestar social.

(Hasta aquí la introducción de un DOCUMENTO publicado por la Fundación 1 de Mayo)

Descargar aquí el documento completo: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio101.pdf

Kategorien: Attac Planet

Naufragios

Fr, 14/07/2017 - 07:00

Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

Abdellah ha visto a muchos como él que se han ahogado. Él, y los que han conseguido llegar, ya no están en pateras inestables sino en chabolas hechas de palés, cubiertas de plásticos reutilizados sobre un suelo de tierra y arena. Ya no beben agua llevada consigo desde tierra firme sino almacenada en bidones azules que antes contenían venenos. Ya no tienen necesidad de remar en búsqueda de tierra a la vista, pero cuando avistan una oportunidad de trabajo corren hacia ella y a codazos y empujones intentan dejar atrás a otros como ellos.

Y aunque no han sido rescatados por Salvamento Marítimo, el único servicio sanitario que les atiende es Médicos sin Fronteras. Sus patologías son dermatológicas, no por exposición al sol pero sí por exposición a pesticidas y fertilizantes. Que también acaban con el funcionamiento de sus riñones. Los días que ganan la carrera, entonces sí encuentran sustento, cual madero donde flotar. Tras más de ocho horas de tutorar tomates o recoger pepinos, calabacines y berenjenas, reciben 20 euros.

oceano

Esta realidad la narra el documental ‘Los náufragos del mar de plástico’, de Gilles Gasser y Jean-Marie Barrère, con testimonios e imágenes rodadas en Almería, la huerta de la Europa de las vallas, un océano de 30.000 hectáreas de plástico visible desde el espacio y donde a diario también se ahogan muchas personas.

Algunas similitudes podemos encontrar con las reivindicaciones que estos días de recogida de fruta volvemos a escuchar, como ya sucede durante demasiados años, en boca de las y los temporeros en Lleida que algún día llegaron de Marruecos, Gambia o Mali. También hablan de contratos que no existen, de salarios ilegales por debajo del convenio y por debajo de los mínimos para vivir, y de estar en torres abandonadas, granjas o en la calle, o no poder ni lavarse en las fuentes del pueblo porque les cortan el agua.

Sin justificar al sector agrario de Almería o Lleida que permite y solidifica esta situación, ni desde luego la falta de voluntad política de las administraciones respectivas, mucho tiene que ver en todo esto el poder de las grandes superficies de la distribución alimentaria. Al concentrarse el poder de este eslabón de la cadena alimentaria en muy pocas manos –en Catalunya, los 10 primeros operadores comerciales concentran el 77,4% del total de la oferta comercial, destacando los grupos Carrefour+Dia (20,4%),Mercadona (14,7%) y Caprabo-Eroski (12,21%)–, y sin regulaciones que lo impidan, se permiten decidir a su conveniencia el precio a pagar a quien produce los alimentos y el que cobrar a quienes los consumimos.

El mes pasado, mientras a sus proveedores les pagaban 0,20 euros el kilo de berenjenas, 0,12 el de calabacines o 0,19 el de pepinos, vendían estos productos en sus estanterías a 1,75, 1,55 y 1,86 euros, respectivamente. Es decir, entre nueve y doce veces más caro. Un actor invisible pero protagonista de este documental.

El Periódico de Catalunya, 7 de julio de 2017.

PALABRE-ANDO

Kategorien: Attac Planet

Las Leyes españolas (incluyendo la Constitución) reflejan el enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen en el Estado español

Do, 13/07/2017 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Me parece una obviedad resaltar que la transición de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, que controlaban el aparato del Estado dictatorial y la gran mayoría de los medios de información en el país. Las fuerzas democráticas, lideradas por las izquierdas, por el contrario, acababan de salir de la clandestinidad y estaban en una situación de claro desequilibrio de fuerzas en las mesas de negociación donde se pactaba la transición. Ni que decir tiene que las movilizaciones obreras en los grandes centros urbanos del país jugaron un papel clave en el fin de aquella dictadura, forzándola a abrirse. Pero no tuvieron la suficiente fuerza para romper con el régimen anterior, y a nivel político-institucional los partidos democráticos, incluyendo los partidos de izquierda, estaban poco desarrollados (con la parcial excepción del Partido Comunista, que lideró la lucha contra el régimen dictatorial, y que era el enemigo nº 1 de las fuerzas conservadoras, que tenían como objetivo su marginación).

Como resultado de aquel enorme desequilibrio entre los partidos conservadores por un lado, y los paridos demócratas liderados por las izquierdas, por el otro, las leyes y la Constitución Española, producto de aquella transición, estuvieron sesgadas a favor de los primeros a costa de los segundos desde el principio. Todavía hoy, cuarenta años después de la transición, medidas como la posibilidad de hacer referéndums a nivel estatal, autonómico y municipal son extremadamente limitadas, sujetas siempre a la aprobación por el Estado central. Y el Estado del Bienestar resultado de aquella transición es un Estado poco financiado, con un gasto público social (que incluye el dinero público asignado a sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios y un largo etcétera) por habitante que continúa siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince -UE-15-, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002).

La constante referencia a la necesidad de respetar la ley en la democracia

 Una de las consecuencias del dominio que las fuerzas conservadoras han tenido en el desarrollo de las leyes en España (y en el aparato jurídico que las sustenta) es la constante referencia a la ley como punto de autoridad, ley que sistemáticamente las favorece. Lo hemos visto en múltiples ocasiones durante el periodo democrático. Y el caso más reciente ha sido la respuesta del establishment político-mediático del país, centrado en la capital del Reino (que tiene muy poco que ver con el Madrid popular), el cual, frente a las demandas expresadas por el gobierno de la Generalitat de Catalunya de realizar un referéndum en el que se pudiera expresar la voluntad de la ciudadanía española que vive en Catalunya sobre su articulación con el resto de España, ha prohibido a esta de realizarlo, utilizando gran número de medidas represivas.

Y el justificante para tal represión es, una vez más, la necesidad de respetar la ley (que, como resultado de su enorme poder, está jugando a su favor). De ahí el enorme respeto hacia el orden y la ley dentro del discurso conservador, lo cual ocurre en la mayoría de países occidentales. Pocos saben en Europa, por ejemplo, que el 1º de Mayo, celebrado en todo el mundo como el día del trabajo (en homenaje a los trabajadores de Chicago que fueron asesinados por las fuerzas policiales del orden, en su defensa de lo que se transformó en norma de trabajo -trabajar 8 horas al día-), se conoce en EEUU, según una ley aprobada por el Congreso Estadounidense, como el día del Orden y de la Ley, siendo el único país en el mundo en el que no se celebra el 1º de Mayo.

La llamada al orden y a la obediencia a la ley por parte del Monarca

Ley y orden han sido siempre los reclamos del poder. Quedó claro en el discurso profundamente conservador del Monarca Felipe VI en el día de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. El elemento destacado en su discurso fue su llamada al respeto y al cumplimiento de la ley en un momento de gran agitación social, resultado de un gran descontento y rechazo hacia las políticas neoliberales impuestas a la población por el gobierno conservador presidido por el Sr. Rajoy (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales), y de movilización popular en Catalunya pidiendo un referéndum para consultarle a la población su parecer sobre si desea o no seguir perteneciendo al Estado español borbónico. Aun cuando el discurso no hizo ninguna referencia explícita a tal agitación social, el mensaje principal era la necesidad de respetar el orden y la ley, mensaje dirigido a aquellas opciones políticas consideradas potencialmente como la mayor amenaza a su permanencia en el poder, categoría en la cual se colocan las izquierdas y los partidos nacionalistas llamados “periféricos”. El Monarca no citó que dicho orden y dicha ley han estado discriminando a tales partidos, produciendo durante el periodo democrático una enorme sub-representación parlamentaria del Partido Comunista y de sus alianzas (como IU) y una continua imposición de una visión uninacional del Estado español, en la que el establecimiento de las CCAA era visto como un paso (el café para todos) para impedir el desarrollo de la plurinacionalidad del Estado español.

Las leyes no representan la voluntad popular, sino las relaciones de poder en el momento en que se aprueban

Este sesgo en las leyes (incluyendo en la Constitución) a favor de las fuerzas conservadoras en el país ha continuado durante todo el periodo postdictatorial. Cualquier observador de los sistemas democráticos existentes en los países capitalistas con un nivel de desarrollo económico semejante al español, puede fácilmente detectar las muchas limitaciones que se perciben en la democracia española, las cuales reducen en gran medida las posibilidades de decisión y participación de la ciudadanía en el campo de tales leyes, que consideran injustas. Esta llamada al acato a la ley se justifica con el argumento de que la ley siempre es el producto de la soberanía popular, y que, como tal, traduce los deseos de la ciudadanía. Pero la evidencia cuestiona este supuesto de que la ley representa la voluntad popular, mostrando que en realidad es la síntesis de las coordenadas de poder reflejadas en el momento en el que la ley es aprobada. Y estas coordenadas de poder, en el sistema llamado democrático español, distan mucho de reflejar la voluntad de la ciudadanía, lo cual requeriría que cada ciudadano debería tener la misma capacidad de decidir sobre el quehacer público. La evidencia de que ello no es así es clara, contundente y abundante. Los gobiernos españoles (y autonómicos, como es el caso de Catalunya) constantemente aprueban leyes que no tienen la mayoría de los ciudadanos a su favor, debido a la escasa proporcionalidad de las leyes electorales del país. En realidad, las fuerzas liberales (el partido Convergencia Democrática –CDC–, hoy PDeCAT) y conservadoras (el partido cristianodemócrata Unió Democràtica –UDC-, hoy desaparecido) que han gobernado Catalunya durante la mayoría del periodo democrático han mantenido, sin cambiarlas, muchas de las leyes transferidas del Estado español, como la ley electoral, a fin de mantener su escasa proporcionalidad, que favorece a los partidos gobernantes. Como consecuencia de ello, la coalición de partidos independentistas Convergència (ahora PDeCAT), ERC y la CUP, que constituyen la mayoría del Parlament de Catalunya, representan una minoría del electorado, que gobierna en contra de la mayoría de la población catalana. Sumando los votos de los tres partidos independentistas, dan una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos).

Pero el problema es incluso más grave que lo descrito hasta ahora, debido a la enorme influencia que los grupos de presión tienen sobre el proceso legislativo, lo que claramente sesga el resultado de dicho proceso a su favor. Y el caso más claro se produjo precisamente durante la aprobación de la supuesta sacrosanta Constitución. La gran mayoría de la ciudadanía española deseaba el fin de la dictadura y el inicio de la democracia. Y aun cuando tal Constitución contenía muchos elementos de escasa popularidad –como el mantenimiento de la Monarquía-, fueron aceptados pues la alternativa que se presentaba era la continuación de la dictadura. El continuo temor hacia el establishment político-militar, que marcó el contexto en el que se aprobó la Constitución, explica su aprobación por la ciudadanía. Es lógico, por lo tanto, que nuevas generaciones que han perdido el miedo y el temor deseen cambios sustanciales en el sistema democrático español y en su Constitución que recojan el sentir de las nuevas generaciones en un nuevo contexto en el que el miedo y el temor ya no existan.

Relevancia de lo dicho para entender la situación en Catalunya

 La oposición por parte del gobierno de Rajoy a lo que se llama el referéndum de Catalunya, aduciendo que la Constitución no lo permite, es predecible. Tal prohibición no permite entonces realizar un referéndum, pues las garantías que configuran el contexto democrático necesario para realizar un referéndum no son posibles en tal situación. Desde el establecimiento de un censo electoral hasta la necesidad de apoyo institucional por parte de los municipios, además de la necesaria diversidad en los medios públicos que refleje todas las opiniones existentes en el debate (cosa que no ocurre hoy), son requisitos para el desarrollo de un contexto auténticamente democrático que permita el referéndum. Un proceso democrático es mucho más que votar en unas urnas, hecho que deliberadamente se olvida o manipula en el argumentario de muchas fuerzas pro-independentistas. En realidad, la prohibición de realizar el referéndum y alcanzar un pacto permite, e incluso favorece, que tales fuerzas actúen sin dichas garantías, instrumentalizando en exceso tal proceso de consulta, transformándolo en algo distinto a un referéndum, dejando a este fuera de juego, siendo sustituido por algo distinto: un proceso de movilización popular a favor de la independencia (liderada por aquellos partidos) que probablemente concluya con unas elecciones. Es, pues, más una estrategia electoralista que no una consulta o referéndum, dentro de una ley electoral escasamente representativa, que, como he indicado anteriormente, les da una mayoría parlamentaria que no es representativa de la mayoría del electorado.

Esta situación, escasamente democrática, se acentúa todavía más por la exclusión de otros partidos y movimientos sociales, como los sindicatos, favorables al referéndum (reunidos en el Pacto Nacional), en la gestión del proceso. Su gestión del proceso alcanza niveles de clara manipulación, pues controlan todos los aparatos de la Generalitat de Catalunya, incluyendo sus medios de comunicación. Es más, en contra de lo que aparenta, los partidos independentistas son los más favorecidos por la prohibición del referéndum, convirtiendo el mal llamado referéndum en una campaña de movilización en apoyo de tales partidos. Nos encontramos, pues, con que la captura del soberanismo (que es el derecho a decidir) por parte del independentismo está haciendo un flaco favor a tal soberanismo, pues el posible fracaso del independentismo se interpretará y presentará como el fracaso del soberanismo. Ahora bien, los que están a favor del referéndum tendrán que comenzar de nuevo el día 2 de octubre, recuperando el proyecto soberanista, colaborando con otras fuerzas hermanas a lo largo del territorio español en cambiar España, facilitando así que, en una redefinición de España, pueda aceptarse la plurinacionalidad, y con ello el derecho a decidir de todos los pueblos y naciones de España. Y esto no es lo que desea el PDeCAT, el partido que lidera Junts pel Sí. Hay que recordar que el PDeCAT no votó a favor de expulsar al gobierno Rajoy en la moción de censura hecha por Unidos Podemos. Lo que más desea tal partido, por encima de todo, es continuar en el poder, y seguir controlando la mayoría de los aparatos de la Generalitat de Catalunya, haciendo olvidar la enorme responsabilidad que ha tenido en el deterioro social de las clases populares de Catalunya (ver mi artículo “El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17).

Debería ser obvio, pues, que sin un cambio en España será dificilísimo realizar un referéndum en Catalunya en condiciones democráticas. Ni que decir tiene que este cambio se presenta como imposible por las direcciones del movimiento independentista. Se ignoran así hechos como el enorme crecimiento de nuevas fuerzas políticas a lo largo del territorio español, de clara vocación republicana, y de compromiso con la plurinacionalidad del Estado español, las cuales han mostrado ya su compromiso con el ejercicio del derecho a decidir. Ignorar esta realidad es esencial para aquellas fuerzas políticas que quieren movilizar y expandir sus bases electorales a base de aumentar la tensión entre Catalunya y España. La transformación de Catalunya está ligada a la transformación del Estado español. Los que no lo vean así, desde los dos polos opuestos en el espectro político y nacional, están retrasando la solución de la enorme crisis social y política que tienen tanto Catalunya como España.

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Publicado en Público.es
vnavarro.org

Kategorien: Attac Planet

Denunciamos la falta de voluntad de los gobiernos europeos para ponerle un impuesto a la banca

Mi, 12/07/2017 - 07:00

ATTAC, junto al resto de las organizaciones y plataformas movilizadas para exigir un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), ha emitido el siguiente comunicado.

11/07/2017

Las plataformas españolas en favor del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Campaña Tasa Robin Hood, ITF ¡Ya! Paraísos fiscales ¡No! y Plataforma por la Justicia Fiscal) consideramos inaceptable la decisión del pasado 7 de julio de los Ministros de Finanzas de la UE de retrasar nuevamente las negociaciones sobre un impuesto a las transacciones financieras (ITF) hasta diciembre. Los Ministros de Finanzas de diez países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Bélgica y España, debían discutir el impuesto en una reunión en Bruselas el lunes 10 de julio, pero desgraciadamente parece que las negociaciones han sido pospuestas por enésima vez.

Después de las alentadoras noticias de finales del año pasado, cuando se anunció un acuerdo sobre los elementos generales del diseño del impuesto, este retraso es un nuevo revés para la sociedad civil europea y las arcas de sus países. Cada día que se retrasa la introducción del Impuesto a las Transacciones Financieras, se pierden decenas de millones de euros. Según la última estimación de la Comisión Europea, un ITF generaría un ingreso anual de hasta 22.000 millones de euros. Eso son 60 millones de euros al día; 2,5 millones de euros por hora; más de 40.000 euros por minuto. Este dinero se necesita con urgencia para cumplir con los compromisos internacionales e invertir en educación, salud global y lucha contra el cambio climático.

En estos momentos, no hay problemas técnicos o económicos que impidan el acuerdo, es la decepcionante falta de voluntad política que los líderes europeos están mostrando la que está dilatando este proceso. Es por ello que exigimos a los 10 países involucrados en la negociación que  y se pongan del lado de la ciudadanía. De esta forma dejaríamos de perder miles de millones de euros que serían de extrema utilidad para atender necesidades sociales en España y financiar bienes públicos globales como la salud, la educación y la lucha contra la pobreza y el cambio climático.

 

Kategorien: Attac Planet

¿”Terrorismo jurídico” en la sui generis democracia española?

Di, 11/07/2017 - 09:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”.Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso, en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas. Todo ello serían síntomas de una peligrosa deriva totalitaria del sistema democrático que tendría como paradigma el llamado “affaire Alsasua”, en el que siete jóvenes de la localidad navarra de Alsasua podrían ser condenados a penas estratosféricas de 52 años de prisión al ser acusados de “delitos de terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por juristas y por el Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”.

¿”Terrorismo jurídico” en la sui generis democracia española?

Para entender la actual situación distópica, se antoja necesario repasar la silente deriva involucionista de la actual democracia española. Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficticia) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima). En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá (artículo 573.1).

El objetivo último sería criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y cuyo penúltimo episodio sería el “affaire Alsasua” que según dictamen del Tribunal Supremo ” tendría encaje en el artículo 573.1 del Código Penal” y en consecuencia será juzgado por la Audiencia Nacional como “hechos constitutivos de un delito de terrorismo” con penas estratosféricas de 52 años para cada uno de los 7 encausados. Ello supondrá un ejercicio de “terrorismo jurídico” por parte del Estado español que generará una inmediata reacción de repulsa popular en todo el Estado español así como institucional (Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y cargos autonómicos de Podemos) y que terminará necesariamente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

La espiral del silencio de la mass media del establishment español

La mencionada deriva totalitaria del Estado español estaría amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset España), teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977). Dicha teoría simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, (todo el entorno abertzale es ETA), con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva. Sin embargo, la teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro “Eichmann en Jerusalén”, subtitulado “Un informe sobre la banalidad del mal”, nos ayudó a comprender las razones de la renuncia del individuo a su capacidad crítica (libertad) al tiempo que nos alerta de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible repetición de la “banalización de la maldad” por parte de los gobernantes de cualquier sistema político, incluida la sui-genéris democracia española, pues según Maximiliano Korstanje “el miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad crítica pero es importante no perder de vista que en ese acto el sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia”.

 Analista internacional

Kategorien: Attac Planet

¿Por qué si somos tan ricos el empleo es cada vez más precario?

Mo, 10/07/2017 - 12:44

Carlos Berzosa – Consejo Científico de ATTAC España

La crisis económica ha supuesto un aumento del pesimismo económico acerca de la situación actual y el futuro más próximo. La salida de la crisis como tendencia general ha supuesto mayores niveles de desigualdad en el interior de los países, una liberalización de las relaciones laborales que ha intensificado la precarización en el empleo, y recortes en el Estado del bienestar. Estas tendencias se venían dando ya con anterioridad a la crisis, pero han sido agravadas desde el desencadenamiento que tuvo lugar en 2007/2008.

Las tendencias, que tienen su origen en los años ochenta del siglo pasado, han sido consecuencia de la implantación de un modelo de globalización neoliberal hegemonizado por las finanzas. El ideario neoliberal ha pretendido acabar, aunque no siempre lo ha conseguido, con las reformas económicas que se introdujeron durante los treinta años gloriosos del capitalismo, como algunos analistas han bautizado el periodo comprendido 1945 y 1973. Una fase expansiva que ni siquiera duró 30 años.

En estos años, la intervención del Estado en la regulación económica, la ampliación y consolidación del Estado del bienestar, la introducción en algunos países de la planificación indicativa, y la existencia de un sector público empresarial, lograron que el crecimiento económico tan importante que hubo conviviera con el pleno empleo y un mayor grado de cohesión social. No fue oro todo lo que relució, que con el paso de los años se ha tendido a mitificar, sino que la desigualdad siguió existiendo, aunque descendiera, la participación de la mujer en el mercado laboral era bastante inferior a la de los hombres, los gastos militares aumentaron, se explotó al Tercer Mundo por parte de los países ricos, y el tipo de crecimiento ya tenía un efecto destructor sobre el medio ambiente.

La regulación keynesiana y el modelo fordista en la producción dieron resultados positivos en la consecución de aumentos en la productividad del trabajo y en la rentabilidad empresarial. Este modelo llegó a su fin en la década de los setenta, aunque ya comenzó a tener achaques con anterioridad, como consecuencia del menor crecimiento de la productividad y el descenso en la tasa de beneficios empresariales. Estos hechos coincidieron con un fuerte movimiento obrero, que con sus luchas en los años 1968/69 consiguieron mejoras salariales y sociales, precisamente cuando el ciclo expansivo empezaba a tener ritmos de crecimiento menores en la producción, inversión y la productividad. El detonante fue, sin embargo, la subida de los precios del petróleo a finales de 1973, pero con anterioridad tuvo lugar la crisis del sistema monetario internacional que se instituyó en 1944 en Bretton Woods.

La salida a la crisis fue el intento de restablecer las tasas de beneficio, lo que supuso la aceptación del modelo neoliberal y el intento de desmontar el capitalismo regulado de posguerra. Si no se ha conseguido en su totalidad es por la resistencia de las luchas obreras y sociales, así como la defensa de la ciudadanía del Estado del bienestar. Se pasó, de todos modos, a un capitalismo desatado, como lo ha llamado con acierto Andrew Glyn (Catarata, 2010). La hegemonía de las finanzas es el resultado de la búsqueda de mayores beneficios que no se conseguían en la estructura productiva.

El fin del modelo fordista, sustentado en la gran fábrica, tiende a desparecer con la creciente automatización y externalización de las actividades productivas y de servicios, que se efectúan a nivel global. Esto ha debilitado al movimiento sindical. Estos cambios profundos en el proceso productivo han generado salarios menores y una creciente terciarización de la economía. El sector servicios es muy heterogéneo y se producen niveles muy dispares en los salarios y la productividad. El empleo ya no se concentra en grandes fábricas sino que se disemina en unidades de producción menores a lo largo y ancho del mundo. Divide y vencerás es lo que el capital está llevando a cabo sobre la clase trabajadora. Esta fragmentación del proceso de trabajo no supone lo mismo en cuanto a la propiedad. La concentración y centralización de capital es mayor que nunca. Los beneficios de los aumentos de la productividad, no tan elevados como se podía esperar de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación, no se distribuyen de una forma más equitativa sino que se concentran en los grandes imperios económicos.

En la actualidad, se asiste a nuevos cambios significativos, como es la venta y compra por internet de prácticamente todos los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. El uso de determinadas aplicaciones permite comprar de todo -hasta comida hecha- lo que supone eliminación de intermediarios, que son sustituidos por repartidores que trabajan en condiciones más que precarias. La renta y la riqueza crecen, aunque en menor medida que en épocas anteriores, pero se sustenta en la especulación, el incremento de las burbujas, menores salarios, sobrexplotación de la mano de obra del Tercer Mundo, desigualdad de género y depredación del medio ambiente.

Los países desarrollados de la década de los setenta, más los que se han ido incorporando a este grupo desde entonces, y los emergentes que se asoman con fuerza a la primera división, son bastante más ricos que hace más de cuarenta años. Sin embargo, la inestabilidad en el empleo y la incertidumbre son muy superiores a las de entonces. Se vive en un mundo más inseguro, y no solamente por las guerras y el terrorismo, como consecuencia de las condiciones laborales y sociales que se están instituyendo. Los capitalistas son insaciables. Por esto es por lo que a pesar de los grandes avances en la ciencia, investigación e innovación, las condiciones materiales de existencia no solo no mejoran sino que empeoran para partes significativas de la población mundial. El aumento de la riqueza y de la renta y el avance tecnológico no se corresponde con las enormes privaciones existentes. El modelo económico, social y ecológico actual impide el desarrollo humano.

Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid

nueva tribuna.es

Kategorien: Attac Planet

Dos años de ley Mordaza en España, el autoritarismo se cierne sobre Europa

So, 09/07/2017 - 07:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

La ley de seguridad ciudadana española, motejada ley Mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron dos años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no solo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antiyijadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley Mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley Mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20.000 multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los Cuerpos de Seguridad y 12.000 más por desobediencia a la autoridad.

La ley Mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a ser de 600.000 euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285.000 multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentadamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley Mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4.000 manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley Mordaza) apenas hubo diez incidentes que no fueron graves, según fuentes de la misma policía.

La llamada ley Mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser solo un recuerdo.

Periodista

Twitter: @xcanotamayo

¡Por razones!

Publicado en alai, AMÉRICA LATINA en movimiento

Kategorien: Attac Planet

¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para crear empleo?

Sa, 08/07/2017 - 09:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Uno de los fenómenos más interesantes y positivos para el país ha sido el surgimiento de nuevas fuerzas políticas enraizadas en los movimientos sociales y vecinales que han iniciado una dinámica de cambio a nivel municipal que está transformando España. Durante estas últimas semanas he tenido la oportunidad de visitar muchas de sus ciudades, que amablemente me han invitado a dar conferencias sobre la situación económica y social del país, situación que la mayoría de la población conoce bien, aunque agradece tener datos e información a mano para poder rebatir la desinformación que les llega desde gran parte de los medios públicos (instrumentalizados por los partidos gobernantes) o privados (claramente influenciados por los intereses financieros que los dominan).

En estas visitas queda claro que los ayuntamientos, el nivel del Estado (y hay que enfatizar que las autoridades locales son Estado) más próximo a la ciudadanía, son el nivel de gobierno que tienen menos poder, habiéndose diseñado una jerarquía de poder institucional en el Estado que dificulta que puedan tomarse medidas a nivel local que puedan mejorar el bienestar de la población, salvaguardando los intereses económicos, financieros o corporativos, que saldrían afectados negativamente por tales medidas, utilizando su gran influencia política en los niveles más altos del Estado (CCAA y Estado central) para limitar el poder local. No es por casualidad que los países donde los ayuntamientos tienen menos poder sea también donde los Estados han estado más centralizados y donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre tales Estados. España (junto con Italia, Grecia y Portugal) es un claro ejemplo de ello. Por el contrario, los países donde los ayuntamientos son más poderosos tienden a ser los países en los que las fuerzas progresistas han tenido mayor poder, como ha sido el caso de los países escandinavos, tales como Suecia y Noruega.

Cosas que podrían hacer los ayuntamientos para crear empleo

Como resultado de mi trabajo enseñando políticas públicas (que es una mezcla de política económica, ciencias políticas y gestión) en varios países, y como consecuencia de mi interés en los temas sociales, he podido ver que lo que está ocurriendo en España –la aparición de una revolución en los gobiernos municipales- está también ocurriendo en muchos otros municipios de Europa y en las Américas (Norte y Sur). Basado en esa experiencia, me permito hacer algunas sugerencias que soy consciente que ya están ocurriendo también en España en algunos municipios gobernados por fuerzas progresistas, y que merecen ser conocidas y expandidas. Y una de las políticas más interesantes es que a partir de la expansión de los servicios públicos municipales y su desprivatización que está ocurriendo en muchos de estos municipios, sus ayuntamientos están utilizando la actividad contractual de las autoridades locales para influenciar los salarios y condiciones de trabajo de la entidades y empresas que trabajan para el ayuntamiento, sean éstas públicas o privadas.

Pero hay otras medidas que no se han introducido todavía en España, y que merecen explorarse. Me permito sugerir dos. Una es aprobar una norma de manera que en cualquier tipo de preparación de alimentos, la persona que maneja el dinero no pueda manejar el alimento (preparar el bocadillo y/o ofrecerle una tapa). Esta medida debería ser obligatoria, pues el dinero es muy anti-higiénico (no estoy haciendo una valoración moral sobre el dinero como tal, sino una observación higienista). El dinero pasa por múltiples manos y es un material altamente contaminante. Se acumulan una enorme cantidad de bacterias y virus que, transmitidos a los alimentos, se convierten en una de las causas de la intoxicación alimentaria (que, por cierto, continúa siendo un problema de salud pública en varias partes de España). El lector habrá leído, en ocasiones, una nota en los lavabos de los restaurantes o lugares de comida instruyendo a los empleados a lavarse las manos después de utilizar el lavabo. Es un buen consejo. Pero el propietario del lugar de comidas y sus empleados deberían ser conscientes de que el dinero (tanto los billetes como las monedas) es tan contaminante (es decir, está tan  infectado) como el papel higiénico utilizado por aquel empleado.

Tal medida, además de mejorar la higiene en la provisión de alimentos, crearía mucho empleo, pues no permitiría que una persona que manipula los alimentos también manipulara el dinero. Y donde dicha medida se ha aprobado y llevado a cabo, se ha creado mucho empleo. Soy consciente de que se me dirá que las nuevas máquinas que se han estado instalando para poder pagar en los bares están ya eliminando a los trabajadores que hacían antes tal función. Ahora bien, el impacto ahorrador en fuerza de trabajo de dicha maquinaria se está exagerando, pues verán ustedes que siempre hay una persona detrás de la máquina para asegurarse de su correcto funcionamiento. En realidad, el objetivo mayor de tal inversión no ha sido tanto eliminar puestos de trabajo, sino controlar mejor la manipulación del dinero, pues siempre hay una persona que comprueba el uso y el funcionamiento de dicha máquina.

El control de la calidad de los restaurantes: otra medida higiénica y de creación de empleo

Otra medida de gran importancia -y de un gran impacto en el control de la higiene de los alimentos- es poner en la entrada de todo restaurante, la nota de salubridad e higiene del local y de la cocina provista por la inspección de salud pública de la ciudad. Si usted va a Nueva York, verá que estos locales tienen una letra, A-B-C y D (tienen que ponerla). Y si un restaurante tiene una C o una D, tiene problemas graves de imagen. Más de un restaurante famosísimo ha tenido que soportar el oprobio y vergüenza de tener una evaluación negativa. Se ha convertido en una carta de presentación de enorme valía. Y ha sido sumamente eficiente y popular. En realidad, siempre que las autoridades locales apuestan por la defensa de la salud de la población, el apoyo popular es enorme. No hay asociaciones de restaurantes que puedan parar tales medidas. Ni que decir tiene que esta medida crearía muchísimo empleo en el área de inspección sanitaria, tema en el que las autoridades locales siempre encontrarán un gran apoyo.

¿Cómo se pueden pagar estas medidas?

Sé que mucha gente se preguntará cómo se puede pagar todo esto. Y la respuesta no es difícil. Lo que las autoridades locales tienen que hacer es relacionar la popularidad de las medidas públicas (y, repito, que si estas medidas son para proteger la salud de la ciudadanía, garantizo pleno apoyo popular a ellas) con la fuente del dinero para pagarlas. Hace unos días di una charla en Palma de Mallorca sobre estos temas. Uno de los retos en tales ciudades o autonomías turísticas es precisamente obtener más fondos de los turistas para beneficiar a toda la población. La evidencia económica de que el monocultivo del turismo no es bueno para una ciudad, o para una autonomía, o para un país es enorme. He sido crítico con la excesiva dependencia que hay en España del turismo, el cual está dañando la calidad de vida de la mayoría de la población. Y lo que encuentro auténticamente escandaloso es que la sociedad y su Estado se beneficien muy poco de tal sector. El pago de 1 ó 2 euros por noche (el impuesto turístico) es indicativo de ello.

Para empezar, la tasa turística solo existe en dos Comunidades Autónomas, en Cataluña que surgió en 2012 y en Islas Baleares que surgió en 2016. Por tanto, el primer gran problema que hay que resolver es que se debería expandir la tasa turística al resto de España. No solo eso, nos encontramos que el pago de 1 ó 2 euros por noche (el impuesto turístico) es indicativo de lo poco que se beneficia la población de este sector. En Palma de Mallorca la tasa turística varía de 25 céntimos (campings) a 2 euros (hoteles) por noche y persona, una de las tasas más bajas en las zonas turísticas del mundo; en París, tal tasa oscila de 22 céntimos a 4,4 euros; en Bruselas de 2,15 a 8,75 euros; en Berlín la tasa turística representa el 5% de la factura de estancia por día y persona; en Ámsterdam también un 5%; en EEUU va de un 5% a un 7,5% de la factura, dependiendo del tipo de alojamiento; y así un largo etcétera. Y una nota interesante a añadir, es que tales fondos van al ayuntamiento para el uso que consideren apropiado. En España se distribuyen los fondos recaudados con las CCAA, como por ejemplo, ha sido el caso de Barcelona que pese a sus reiteradas peticiones de recaudar el 100% del impuesto, solo se queda con la mitad del mismo. Y ahí está parte del problema. Es esencial que en la muy necesaria redefinición de la Constitución Española se de mucha mayor autoridad y poder a los ayuntamientos. El caso del turismo es un claro ejemplo de ello.

Basado en esta experiencia, aconsejé entonces a la ciudad de Palma que la tasa turística aumentara considerablemente, duplicando o triplicando su nivel. Ello permitiría recoger suficientes recursos para cubrir los gastos de las propuestas que hice en la primera parte del artículo, entre muchas otras. La cantidad sugerida aquí (que horrorizará a las fuerzas conservadoras y neoliberales, máximas defensoras de que la economía dependa de la venida de turistas, la mayoría extranjeros y de rentas superiores) representaría un gasto muy menor para el presupuesto de una familia turista (la mayoría de renta superior a la española) que esté en España por vacaciones

Ni que decir tiene que los supuestos “expertos” del establishment político-mediático se opondrán a tal subida de impuestos. Pero no hay ninguna duda de que (como quedaría mostrado en cualquier referéndum) la gran mayoría de la población estaría a favor de este incremento de la tasa turística si el producto final fuera para financiar un programa popular. El problema es que a medida que se sube en la escala de autoridad dentro del Estado, las fuerzas conservadoras y neoliberales tienen más poder. De ahí la urgente necesidad de cambiar la Constitución Española, que fue fruto del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tenían en el momento de la transición. Ya es hora de que cambie y se dé mucho más poder a las autoridades locales y municipales en España.

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Publicado en Público.es
vnavarro.org

Kategorien: Attac Planet

El gran sueño africano

Sa, 08/07/2017 - 07:00

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España

261_temporalCon la llegada del verano, volvemos a asistir a los repetidos y a veces trágicos asaltos contra las murallas alambradas de Melilla, llevados a cabo –con sofisticadas técnicas y artimañas de asedio medieval– por disciplinadas columnas de jóvenes subsaharianos. En otras zonas (Canarias, la isla italiana de Lampedusa, las costas de Sicilia, de Grecia, de Chipre, de Malta y la isla francesa de Mayotte, cerca de Madagascar), los “invasores” llegan casi siempre a las playas de noche –cuando no zozobran–, en silenciosas embarcaciones, como antaño lo hacían sin duda vikingos, normandos o sarracenos.

En Europa y en otras partes del mundo rico, muchos (entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump) tienden a considerar a esos “asaltantes” como agresores, delincuentes y hasta criminales. La extrema derecha europea reclama más mano dura para repeler a los intrusos, menos miramientos, y la adopción urgente de medidas más radicales. Más vigilancia, más policía, más ejército, más expulsiones… Y no siempre se pregunta: ¿por qué causas están dispuestas esas personas a correr tantos riesgos para, en definitiva, poner, por precio vil, al servicio de nuestro confort y nuestro alto nivel de vida, su fuerza de trabajo?

El África Subsahariana es una de las regiones más empobrecidas del planeta.

Con una pobreza extrema que se explica por diversos factores. En primer lugar: la trata de esclavos, crimen y genocidio que vació durante siglos el subcontinente de millones de sus hombres y mujeres más jóvenes, sanos y fornidos, obligando a comunidades enteras a vivir escondidas y aisladas en las profundidades de la jungla, sin contacto alguno con los progresos de la técnica y de la ciencia.

Rememorarse también que África ha sido, hasta hace apenas unos decenios, tierra de colonización. De una colonización impuesta por las potencias europeas a sangre y fuego, a base de guerras, exterminios y deportaciones. Todos los poderes locales que osaron oponerse y resistir a los conquistadores –portugueses, holandeses, británicos, franceses, alemanes, italianos o españoles– fueron aplastados.

En el aspecto económico, las potencias coloniales establecieron, de modo autoritario, una economía fundada en la exportación de materias primas hacia la “metrópoli” y en el consumo obligatorio de productos manufacturados producidos en Europa. De esa manera, África perdió en los dos tableros. Y esa doble explotación, por lo esencial, no se ha modificado.

Por ejemplo, Costa de Marfil, primer productor mundial de cacao (el 40% del volumen mundial) nunca ha podido desarrollar una industria chocolatera exportadora. Lo mismo se puede afirmar de Malí o Níger, dos de los principales productores de algodón, quienes se han hallado en la imposibilidad de montar una verdadera industria textil. Y eso porque, en general, las excesivas tarifas aduaneras impuestas por los países importadores ricos a los eventuales productos elaborados en el Sur arruinan toda posible competencia con los productos fabricados en el Norte.

Los países desarrollados quieren conservar la exclusividad de la transformación de las materias primas, o, en el marco de la globalización liberal, aceptan deslocalizar sus fábricas hacia China o Bangladesh, donde la mano de obra es hábil, dócil y sobre todo barata, pero no están en absoluto dispuestas a invertir en África, ni en desarrollar en este continente un sector industrial importante.

La división internacional del trabajo, efectuada en favor de los intereses de los países del Norte, atribuye a África un papel subalterno, marginal, lo cual impide a este continente entrar en la espiral virtuosa del desarrollo.

Las fabulosas riquezas mineras y forestales del continente africano son vendidas a precios de saldo, para el mayor enriquecimiento de las empresas importadoras y transformadoras del Norte. De ese modo, no se crean empleos ni siquiera en las industrias agroalimentarias, que es el sector básico a partir del cual se puede edificar un verdadero desarrollo agrícola, y más tarde industrial. Por eso también, África es el último continente que aún conoce con regularidad crisis alimentarias y hasta hambrunas.

Esta región del mundo, tan a menudo calificada por los medios dominantes del Norte de “subdesarrollada”, “violenta”, “caótica” e “infernal”, no habría conocido tal inestabilidad política – golpes de Estado militares, insurrecciones, masacres, genocidios, guerras civiles, terrorismo yihadista–, si los países ricos del Norte (empezando por las antiguas potencias coloniales) le hubiesen ofrecido posibilidades de desarrollo reales en lugar de seguir explotándola. La pobreza creciente se ha convertido en causa de desorden político, de corrupción, de nepotismo y de inestabilidad crónica. Y esta misma inestabilidad desalienta a los inversores, tanto locales como internacionales. Con lo cual se cierra el círculo vicioso del laberinto de la pobreza.

Todo esto explica por qué hoy un (o una) joven del sur del Sahara, en plena salud y a menudo con buena formación educativa, no desea seguir viviendo en lo que es el calabozo del mundo. Decenas de miles, en este momento, están marchando hacia los vados que conducen a Europa, con la esperanza de poder vivir, por fin, una vida normal. Y quizá también con la reivindicación inconsciente de que algo les debemos de nuestra riqueza actual.

Esto es solo el comienzo, y no se sabe qué tipo de muros habrá que construir para desalentar el flujo. Porque el Banco Mundial acaba de advertir de que la bomba demográfica ya ha estallado, y que ya hay en los países pobres unos 2.500 millones de jóvenes menores de 22 años que no encuentran trabajo en sus países. Y cuya única perspectiva es correr al asalto de las murallas de Europa…

Para algunos países africanos del Sahel, que están entre los Estados más pobres del mundo, como Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, el algodón, “oro blanco”, representa entre un 30% y un 40% del valor de sus exportaciones. Es, por consiguiente, un producto vital del que, en estos Estados, viven directamente tres millones de agricultores e indirectamente más de quince millones de personas… “El algodón está ligado a la historia de África y a la penosa historia de la esclavitud –dice Aminata Traoré, exministra de Cultura de Malí–, pero hoy queremos que nos ayude a liberarnos y no que nos esclavice de nuevo”.

Estos países pobres, en los últimos decenios, han sacrificado otras infraestructuras y han hecho esfuerzos considerables (construcción de embalses, canales de riego) para aumentar las superficies dedicadas al cultivo del algodón. Y hoy se encuentran en una situación dramática porque, a pesar del bajísimo coste de una producción realizada por campesinos pobres, el algodón africano se vende mal a la exportación y resulta más caro que el que producen algunos países ricos como Estados Unidos, que controla el 30% de las exportaciones mundiales de la fibra blanca.

¿Cómo es posible que el algodón producido a precio de oro en Norteamérica resulte más barato que el que se cultiva a coste infrahumano en África? Sencillamente porque Washington vierte a sus productores de algodón unas subvenciones anuales de unos 3.000 millones de dólares… Por eso el algodón estadounidense puede venderse en el mercado internacional a un precio inferior al de su coste y hasta más bajo que el precio del “oro blanco” africano.

Consecuencia: si esas subvenciones se mantienen, se producirá una catástrofe económica de gran envergadura en esos países africanos del Sahel que ya se encuentran entre los menos avanzados del planeta. Millones de agricultores seguirán abandonando el campo para ir a enrolarse en los ejércitos yihadistas que controlan gran parte del Sahel; o irán a hacinarse en los barrios de chabolas de las periferias urbanas desde donde la miseria y el hambre empujarán a los más atrevidos a tratar de emigrar a Europa. A bordo de cayucos hasta Canarias, o atravesando el desierto del Sahara hasta Libia intentando después cruzar a Italia.

Del algodón a la patera solo hay un paso. Y aunque parezca que una cosa no tiene que ver con la otra, los países de la Unión Europea, y entre estos los más expuestos a la entrada de los inmigrantes clandestinos subsaharianos, deberían insistir para que se supriman las subvenciones a las exportaciones agrícolas, y en particular a las del algodón, que solo benefician a unos miles de agricultores norteamericanos mientras arruinan a millones de africanos.

Recordemos que la actividad principal, a escala planetaria, sigue siendo la agricultura. De todos los campesinos del mundo, apenas unos 30 millones disponen de un tractor, 250 millones trabajan con instrumentos de tracción animal y 1.300 millones usan herramientas manuales… Esa es la dramática realidad de la agricultura de hoy.

En junio de 2005, para tratar la situación de África y como coartada en dirección a la opinión pública mundial, los jefes de Estado del G-8 invitaron a los presidentes de Sudáfrica, Argelia, Etiopía, Ghana, Senegal y Tanzania, además de a Kofi Annan, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La idea de Tony Blair, primer ministro británico en aquel momento y que presidía ese G-8, era reducir la deuda externa de los países intermediarios, después de haber reducido la de trece países pobres de África. También proponía aumentar la ayuda pública al desarrollo (APD) unos 25.000 millones de dólares al año durante un lustro hasta alcanzar el 0,75% del producto nacional bruto (PNB). El presidente estadounidense George W. Bush se opuso a ello bajo el pretexto de que África no sería capaz de absorber tal cantidad de capitales… Sin embargo, la ayuda propuesta por Tony Blair era inferior a lo que estaba costando entonces la guerra de Irak. Otros observadores recordaron que Estados Unidos consintió consagrar, después de la Segunda Guerra Mundial, no el 0,75% de su PNB, sino el 1% durante cuatro años para ayudar a reconstruir Europa con el Plan Marshall…

Si de verdad quisieran ayudar a África, los países ricos tendrían que tomar, con urgencia, cinco sencillas medidas:

— Primera, suprimir definitivamente la deuda externa africana (por cada dólar prestado, África ya ha devuelto 1,3 dólares solo en intereses).

— Segunda, suprimir las subvenciones a las exportaciones agrícolas que inundan, a precios de saldo, los mercados de los países en desarrollo y destruyen la agricultura local.

— Tercera, abrir los mercados agrícolas de Norteamérica, de la Unión Europea y de Japón a los productos africanos.

— Cuarta, aceptar que los países africanos establezcan una política proteccionista en favor de sus producciones locales tanto agrícolas como industriales, sin que el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial los sancione.

— Y quinta, reorientar la investigación farmacéutica para curar las epidemias endémicas de África (cuando hoy, el 90% de la investigación farmacéutica está orientada a mejorar la vida del 10% de la población rica mundial).

Los recursos abundan y existen soluciones para erradicar la pobreza en África y en el resto del planeta; falta voluntad política. ¿Cuándo se acabará de admitir que suprimiendo la pobreza y las injusticias, se suprimen las principales causas del terrorismo en el mundo?

 

Director de Le Monde diplomatique en español

Publicado en Le Monde diplomatique en español

Kategorien: Attac Planet

¿Logrará la Alianza del Pacífico fagocitar el MERCOSUR?

Fr, 07/07/2017 - 09:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Tras la fachada neoliberal de la Alianza del Pacífico se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítica cuya finalidad última sería dinamitar el proyecto político-integracionista representado por la UNASUR e intensificar la política de aislamiento de los Gobiernos progresista-populista de la región,en especial de Venezuela tras quedar huérfana del alma mater de la Revolución Bolivariana (Chávez) así como finiquitar el proyecto integrador económico del MERCOSUR, proceso de de integración económico creado en en 1991 tras la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay al que posteriormente se habría incorporado Venezuela como Estado parte, quedando Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador,Chile, Surinam y Guyana como “Estados asociados”.

Dicha estrategia fagocitadora tendría como objetivos a medio plazo aglutinar el Arco del Pacífico para integrar además a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá e incorporar por último al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) , siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria “ expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949). En dicho libro, Kent afirma que “ la guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: [...] armas [...] políticas y económicas. La clase de guerra en que se emplean [...] (son la) guerra política y la guerra económica.” Los fines de estos tipos de guerra fueron descritos por este autor de la siguiente manera: “en estas guerras no convencionales se trata de hacer dos cosas: debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer” y más adelante añade que los instrumentos de la guerra económica “consisten en la zanahoria y el garrote”: “el bloqueo, la congelación de fondos, el ‘boicot’, el embargo y la lista negra por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por otro”.

El incierto futuro de la democracia en México

La revista Foreign Policy, ( edición de enero-febrero, 2012), publicó un análisis de Brzezinski titulado “After America” (”Después de América”), donde analiza la tesis de la decadencia de los EEUU debido a la irrupción en la escena global de nuevos actores geopolíticos (China y Rusia) y de sus posibles efectos colaterales en las relaciones internacionales. Respecto a México, Brzezinski afirma que “el empeoramiento de las relaciones entre una América (EEUU) en declinación y un México con problemas internos podría alcanzar niveles de escenarios amenazantes”. Así, debido al “caos constructivo” exportado por EEUU y plasmado en la guerra contra los cárteles del narco iniciada en el 2.006, México sería un Estado fallido del que sería paradigma la ciudad de Juárez, (la ciudad más insegura del mundo con una cifra de muertes violentas superior al total de Afganistán en el 2009), por lo que para evitar el previsible auge de movimientos revolucionarios antiestadounidenses se procederá a la intensificación de la inestabilidad interna de México hasta completar su total balcanización y sumisión a los dictados de EEUU.

Así, la política anti-inmigración de Trump aunado con el proteccionismo económico ( finiquito del NAFTA) e implementación de aranceles a los productos mexicanos, conllevará una severa constricción de las exportaciones de productos mexicanos a EEUU así como de la entrada de remesas de dólares en México, lo que podría suponer una debacle económica y social y terminar por desencadenar frecuentes estallidos de conflictividad social, siendo previsible una clara regresión de las libertades democráticas y un posible regreso a escenarios ya superados de intervención del Ejército ”como “garante del orden constitucional”.

¿Hacia el final de Petrocaribe?

Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa de Venezuela con el objetivo de suministrar combustibles a los países miembros en condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y bajas tasas de interés y estaría integrado por 18 países (incluidos Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Belice y una decena de islas del Caribe) y según las autoridades venezolanas, el país exporta 100.000 barriles diarios a los países del bloque que generaban una factura de 4.000 millones de dólares, de la cual una parte se paga en “efectivo” y el resto estaría subsidiado. La nueva estrategia de EEUU sería estrechar lazos comerciales y militares con los países de Petrocaribe ante el peligro de contagio mimético de los ideales revolucionarios chavistas al depender en exclusiva de la venezolana Petrocaribe para su abastecimiento energético, empezando por el presidente dominicano Danilo Medina y en este contexto, la Administración Obama celebró una Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe en la que instó a los países de la región a diversificar sus fuentes de energía, confiar más en las inversiones privadas y reducir así su dependencia de Petrocaribe. Por otra parte, China habría asumido el reto de construir el Gran Canal Interoceánico en Nicaragua para sortear el paso del estrecho de Malaca, (dicho estrecho es vital para China al ser la ruta principal para abastecerse de petróleo pero se habría convertido “de facto” en una vía marítima saturada y afectada por ataques de piratas), por lo EEUU procederá a desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega dentro de su estrategia geopolítica global de secar las fuentes energéticas chinas.

¿Venezuela como víctima colateral de la Guerra Fría EEUU-Rusia?

En Venezuela, asistimos a una imposible cohabitación política y a una división casi simétrica de la sociedad venezolana que será aprovechado por EEUU para implantar “el caos constructivo de Brzezinski” mediante una sistemática e intensa campaña desestabilizadora que incluirá el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana y la posterior petición al Ejército para que se erija en “salvador de la Patria”, plan diseñado por la CIA y que contando con la inestimable ayuda logística de Colombia (convertida en el portaaviones continental de EEUU), podría llegar a finiquitar el régimen post-chavista.

Así, el acuerdo chino-venezolano por el que la empresa petro-química estatal china Sinopec invertirá 14.000 millones de dólares para lograr una producción diaria de petróleo en 200.000 barriles diarios de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, (considerado el yacimiento petrolero más abundante del mundo), sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de EEUU (cuyo objetivo inequívoco sería secar las fuentes energéticas de China), por lo que no sería descartable un intento de golpe de mano de la CIA contra Maduro para finiquitar el legado chavista.

Brasil y Argentina, los nuevos gendarmes neoliberales de Sudamérica

Brasil forma parte de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y aunque se descarta que dichos países forman una alianza política como la UE o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), dichos países tienen el potencial de formar un bloque económico con un estatus mayor que del actual G-8 (se estima que en el horizonte del 2050 tendrán más del 40% de la población mundial y un PIB combinado de 34.951 Billones de $) .

El objetivo inequívoco de Putin era neutralizar la expansión de EEUU en el cono sur americano y evitar la posible asunción por Brasil del papel de “gendarme de los neoliberales” en Sudamérica, pues Brasil juega un rol fundamental en el nuevo tablero geopolítico diseñado por EEUU para América Latina ya que le considera como un potencial aliado en la escena global al que podría apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente, con el consiguiente aumento del peso específico de Brasil en la Geopolítica Mundial.

Recordar que la decisión de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de posponer su visita de Estado a Washington (decisión avalada por los principales asesores de Rousseff, entre ellos su antecesor y mentor Lula da Silva), entrañó el riesgo de una peligrosa confrontación entre las dos grandes potencias del continente americano, pues según Lula “los americanos no soportan el hecho de que Brasil se haya convertido en un actor global y en el fondo, lo máximo que ellos aceptan es que Brasilia sea subalterno, como ya lo fue”.

Así, Rousseff tras afirmar que “el espionaje ilegal representa una violación de soberanía incompatible con la convivencia democrática entre países amigos”, exigió a Estados Unidos explicaciones convincentes de las razones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para presuntamente violar las redes de computadoras de la petrolera estatal Petrobras y tras su enérgico discurso en la apertura de la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se habría granjeado la enemistad de la Administración Obama que procederá a la implementación del “caos constructivo” en Brasil para desestabilizar su mandato presidencial (impeachement), no siendo descartable un golpe de mano militar para implementar un Estado Militar-Presidencialista en el horizonte del próximo quinquenio.

Respecto a Argentina, en el encuentro privado que mantuvieron en Cannes CFK y Obama en el marco del G-20, la mandataria argentina no habría sido sensible a las tesis de Obama y no habría aceptado la reanudación de ejercicios militares conjuntos con EE.UU en territorio argentino coordinados por EEUU,( pues de facto habría significado la ruptura de la nueva doctrina militar diseñada para la región por los gobiernos que suscribieron la UNASUR, cuyo primer Secretario General fue precisamente Néstor Kirchner) por lo que CFK se habría convertido en un elemento incómodo para la estrategia fagocitadora de EEUU. Así, tras la victoria de Macri, asistiremos al ingreso de Argentina en la Alianza del Pacífico, quedando tan sólo Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia como países díscolos a las tesis de una EEUU que procederá a implementar la política del Big Stick o “Gran Garrote”, (cuya autoría cabe atribuir al presidente de Estados Unidos Theodoro Roosevelt), sistema que desde principios del siglo XX ha regido la política hegemónica de Estados Unidos sobre América Latina, siguiendo la Doctrina Monroe ,“América para los Americanos”.

Analista internacional

Kategorien: Attac Planet

Visto para sentencia

Fr, 07/07/2017 - 07:00

Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

La Fertilidad de la Tierra, Gustavo Duch, Verano 2017

En muchos lugares, a 22 de abril, día internacional de la Tierra. Juicio de los pueblos del mundo contra La Agricultura Industrial, nacida en 1940 y conocida también bajo el seudónimo de Revolución Verde y defendida por los abogados de las multinacionales que la practican.

HECHOS

Primero. A pesar que la Acusada se declara moderna, se considera probado que se rige por mandato bíblico, “henchid la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”, siendo responsable directa de la desaparición de abejas, lombrices, gorriones y muchas más especies animales y vegetales.

Segundo. A pesar que la Acusada se declara eficiente y productiva, se considera probado que su eficiencia y su productivismo es responsable, como dos caras de la misma moneda, de que mil millones de personas pasen hambre y otros mil millones padezcan obesidad.

Tercero. Se considera probado que la Acusada, haciendo uso de prácticas ilegales como la extorsión, la transgenia, el expolio y el monopolio, acapara y controla un 70% de los recursos agrícolas del Planeta (tierra, semillas, pesca, aguas…) para finalmente entregar -en acto de desfalco o malversación- sólo un 30% de los alimentos que se consumen a nivel mundial.

Cuarto. Se desestima la alegación de la defensa de daltonismo de la Acusada -confundir el verde por negro- para justificar el uso de petróleo en todas las fases productivas. Al contrario, se considera probado que es un abuso voluntario y sistemático responsable de al menos la emisión del 50% de los gases que provocan el cambio climático.

Quinto. Aunque la Acusada se vanagloria de su tecnología, se considera probado que ésta es simplemente copia fidedigna de la tecnología militar. Se adjuntan como pruebas los currículums bélicos de empresas como Monsanto y Bayer.

FALLO

Nosotras y nosotros, los pueblos del mundo, resolvemos que esta práctica que malentiende la producción de alimentos es autora de repetidos engaños y es responsable de delito contra la Vida, la Naturaleza y la Humanidad. Y la condenamos a la pena de olvido, marginación y desuso de hoy en adelante.
Así por ésta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PALABRE-ANDO

Kategorien: Attac Planet

Europa hostil, refugiados sin derechos

Do, 06/07/2017 - 09:00

Carlos Jiménez Villarejo - Comité de Apoyo de ATTAC España

“Llegadas de inmigrantes y/o refugiados a Europa por el Mediterráneo (en 2017): 49.400. Muertes y/o desapariciones (hasta esta fecha: Más de 1.300″. (Revista Refugiados de ACNUR)

Comencemos por dos citas necesarias.

Existe una hostilidad brutal en los países de la Europa central y oriental contra los refugiados que llegan de Siria e Irak y de tantos otros países….Cada vez resulta menos creíble la vocación humanitaria de Europa.

J.A. Rojo. El País, 23/3/2017.


Nos alejamos, ponemos distancia al sufrimiento de quienes son como nosotros. Convivimos con esa injusticia y consentimos que miles de personas pierdan su vida, comprometan su dignidad, y anulen su condición humana solamente por buscar un destino mejor…Hemos tolerado, estamos tolerando esta inacabable tragedia.

Declaración de MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades-Palma de Mallorca, 11/3/2017).

Como puede advertirse, hablamos de migraciones forzadas, refugiados e inmigrantes, que cada vez con mayor intensidad sufren la represión de las políticas europeas, que ha alcanzado un punto máximo en la Declaración de Malta del Consejo Europeo de 3 de febrero de este año.

Después de proclamaciones retóricas de “respeto a los derechos humanos y a los principios europeos”, desarrolla –en términos de Javier de Lucas (‘Erre que Erre. La UE capitula de nuevo ante el nacionalismo xenófobo’. Blog Lucasfras’s. 6/3/2017)– una “política migratoria de retorno”, que el autor califica de “error”, “canallada” y “fracaso”.

Los términos de dicha Declaración no pueden ser más preocupantes y rechazables. Declaran como “elemento clave” de la política migratoria “garantizar el control eficaz de nuestras fronteras exteriores, y contener los flujos ilegales hacia la UE”. Para ello, mantienen el “compromiso” con Turquía expresado en el Acuerdo de 2016 y, lo que es más grave, “ante los centenares de personas que ya han perdido la vida en 2017″; están decididos, no a salvar las vidas de los migrantes, sino a “reducir significativamente los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo central” a través de “intensificar nuestra cooperación con Libia, sus vecinos del norte de África y del África subsahariana”.

Y añaden aún más, que las “autoridades (libias) adquieran el control sobre las fronteras terrestres y marítimas” para impedir que constituya una ruta para quienes huyen de las guerras, el terrorismo, la violencia y el hambre. Libia, donde no hay Estado, que ni siquiera ha suscrito los Pactos de Nueva York de Derechos civiles (1966), se convierte en el principal aliado de los jefes de Gobierno de los 28 Estados de la Unión. Una verdadera vergüenza.

Para ese fin antidemocrático, los responsables políticos citados apuestan, entre otras medidas, por “apoyar la guardia costera nacional libia” y “reducir la presión sobre las fronteras terrestres libias”, es decir, intervenir directamente sobre Estados externos de la Unión. Y, resumiendo, concluyen apelando a “reforzar la capacidad de retorno de la UE”, o sea, a incrementar las devoluciones forzadas.

En definitiva, los Gobiernos de la UE asumen, como propias, las medidas fascistas contra dichas personas de, entre otros, los gobiernos de Hungría y Polonia.

Todo esto, otorga mayor justificación y fuerza al recurso que diversas entidades cívicas y sociales de Barcelona presentaron el 29 de noviembre de 2016 contra el Acuerdo de la UE con Turquía del anterior 18 de marzo, con el propósito de garantizar la defensa y protección internacional de los refugiados. Refugiados que Europa rechaza cada vez con mayor virulencia en lo que significa, en palabras del profesor Javier de Lucas, una claudicación de las instituciones europeas ante la ola de reacción xenófoba, racista y contraria a la lógica de la prioridad de las libertades”.

Europa, parece olvidar, en lo que respecta a los refugiados, cuál es su origen, según la Convención de Ginebra de 1951: la persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

Ahora, ante ellos, la respuesta es la expulsión y devolución a sus países de origen.
Por este motivo, ante la afluencia masiva de refugiados procedentes de la guerra de Siria y de situaciones similares de crisis violentas de Oriente Medio, un grupo de entidades cívicas y sociales de Barcelona impugnó ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el Acuerdo de la UE con Turquía del 18 de marzo del pasado año. Turquía –Estado con Rusia, más condenados por delitos relacionados con la tortura por el TEDH– que, por un precio de 9.000 millones de euros, estaba dispuesto a acoger a los miles de refugiados que accedieron a las islas griegas, que fueron devueltos –y maltratados– a aquel Estado autoritario y represivo. Lo que tampoco preocupaba ni preocupa a las autoridades europeas. La UE, decía un editorial de un prestigioso diario, por esta causa “es digna de figurar en los anales de la ignominia”.

 Publicado en mientras tanto
[Fuente: eldiario.es]

Kategorien: Attac Planet

España: ¿Un crecimiento sólido?

Do, 06/07/2017 - 07:00

Albino Prada – Comisión JUFFIGLO de ATTAC España

Una hipótesis preocupante

Sostendré la hipótesis de que, si el crecimiento actual está basado en el intenso consumo de sectores de población que han mejorado su capacidad de hacerlo en esta crisis (porque con ingresos medios-altos ahora tienen mayor capacidad de compra y pagan menos impuestos), es muy probable que ese crecimiento lo sea a costa de no usar parte de esa riqueza para invertirla en crecimiento futuro.

Por ejemplo no invirtiendo lo suficiente, el sector público y –sobre todo- el privado, en investigación y desarrollo. Algo así como si la sociedad española que no tienen dificultades en llegar a fin de mes se lo gastase en fútbol, viajes y criados en vez de canalizar buena parte de esa riqueza como la semilla de un crecimiento futuro más sólido.

Crecimiento sólido y esfuerzo en I+D

Para profundizar en este diagnóstico vamos a manejar las cifras oficiales de la Unión Europea (Eurostat) tanto para España como para los países de nuestro entorno. El objetivo es evaluar si en la última década hemos destinado una porción suficiente de nuestra riqueza nacional para generar el conocimiento e innovación que nos permitan producir más riqueza con más y mejor empleo en los próximos años.

Ya que si esa parte es insuficiente (convendría saber porque y quienes no hacen su parte) nuestro modelo de crecimiento en absoluto puede considerarse sólido.

El esfuerzo total en I+D en España

A la vista de los datos que ofrece Eurostat es necesario, en primer lugar, resaltar que las comparaciones se hacen midiendo el esfuerzo en relación a la riqueza de cada país. Así hace diez años en Alemania dedicaban el doble de su riqueza (2,42%) que lo que dedicábamos en España en relación a la nuestra (1,19).

Captura de pantalla 2017-07-05 a las 11.51.25

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

Diez años más tarde, y transitada toda la recesión que se desencadena en 2008, en España hemos recuperado el mismo nivel de PIB que teníamos en 2005 pero seguimos realizando el mismo esfuerzo, mientras que Alemania no solo ha superado el volumen real del PIB de 2005 sino que ha incrementado su esfuerzo en I+D (de 2,42 a 2,87).El conjunto de las Unión Europea de 28 países sigue la tendencia alemana pero España no lo hace.

¿Cuáles son las causas de este retroceso?, ¿Cuáles son las causas de esta creciente divergencia que nos aboca a un crecimiento menos sólido?

Causa mayor y causa menor

Si desagregamos el diferencial español en esfuerzo innovador a la altura de 2015 en su componente empresarial y del sector público comprobamos que el 83% del dicho diferencial es imputable al primero y apenas el 17% al público. Pues de los 0,81 puntos de PIB de menor esfuerzo de España respecto a la media de la UE28 nada menos que 0,67 se deben a nuestras empresas. Vayamos pues por partes.

Captura de pantalla 2017-07-05 a las 11.54.40

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

Nuestras empresas realizan la mitad del esfuerzo innovador medio del conjunto de las europeas y la tercera parte del que realizan los países líderes. Siendo así que por más eficientes que fuesen en desempeñar sus tareas en I+D no es posible ganar así competitividad en actividades con empleos cualificados y bien remunerados. Nos condenamos a competir en devaluación laboral y salarial.

¿Sería posible aumentar un punto de PIB en esfuerzo empresarial en I+D? Debiera serlo si reparamos en que entre 2005 y 2015 las rentas no salariales incrementaron su cuota en el PIB en una cuantía semejante. Siempre que dicho aumento se destinase a favorecer el crecimiento futuro de las empresas y no a multiplicar el nivel de consumo de sus gestores o accionistas.

Debiera serlo si reparamos en que en el año 2015, según Eurostat, las rentas no salariales capturaban en España un 42,1% del PIB, mientras que en Alemania suponían un 39,4%, en Francia un 34,2% o en Suecia un 32,3%.

En el componente público la brecha de esfuerzotiene una importancia relativa mucho menor. En 2015 apenas se pueden imputar aquí 0,15 puntos (respecto a la media europea) del diferencial total de 0,81 puntos.

Captura de pantalla 2017-07-05 a las 11.57.15

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

Conclusión

Las rebajas fiscales a las empresas conjugadas con la creciente captura de las rentas no salariales que en ellas se generan, si bien explican buena parte del actual crecimiento del PIB español no lo es menos que estarían detrás de nuestro insuficiente esfuerzo, sobre todo empresarial, en actividades de I+D.

Se hace necesario, y sería posible, revertir ambas tendencias para que nuestro modelo de crecimiento económico deje de ser mucho menos sólido que el de las economías de nuestro entorno.

Publicado en La Voz de Galicia

Kategorien: Attac Planet