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Justicia económica global
Aktualisiert: vor 35 Minuten 21 Sekunden

La cultura de los gases de efecto invernadero

Fr, 14/12/2018 - 07:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

En 1992, la Organización de las Naciones Unidas organizó una conferencia cumbre sobre desarrollo y medio ambiente en Río de Janeiro. El resultado tangible más importante fue la firma de la Convención marco sobre Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas en inglés). Es el tratado internacional más importante sobre cambio climático. La conferencia de las partes que se lleva a cabo en Katowice, en el corazón de la región productora de carbón en Polonia, es el último episodio de lo que cada vez más se parece a una trágica comedia de errores.

Mientras la comunidad científica publica informes cada vez más alarmantes, los gobiernos de los principales países emisores de gases de efecto invernadero (GEI) pretenden mantener negociaciones serias sobre la forma de evitar la catástrofe final. Las conferencias de las partes de la Unfccc se suceden año tras año sin que se tenga un instrumento confiable para la reducción de emisiones de GEI. La COP24 reunida en Katowice se desarrolla ante un telón de fondo ominoso.

De todas las fuentes de energía, el carbón es la que más GEI produce. Y Silesia, en Polonia, es la principal región productora de carbón en ese país. Así que no sorprende que los delegados puedan contemplar en el vestíbulo del centro de convenciones de Katowice pedazos de carbón desplegados como piezas de arte detrás de llamativas vitrinas. También se puede apreciar una exposición de joyería incrustada en carbón y cosméticos a base de hulla. Los asistentes a la COP24 pudieron también disfrutar de un concierto ejecutado por la banda de mineros del carbón. Los organizadores de la conferencia creyeron que era un buen momento para celebrar la cultura del carbón y las emisiones de gases invernadero.

Al mundo industrializado se le ocurrió otra forma de celebración: en los pasados dos años las emisiones de gases de efecto invernadero han vuelto a incrementarse después de cuatro años de haberse estabilizado. Estábamos mal, pero ahora estamos empeorando. Para confirmar lo anterior, en su discurso de apertura de la COP24, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, señaló que su país tiene reservas de carbón para dos siglos. Será difícil no utilizarlas, sentenció.

Cuando se firmó la Unfccc en 1992, nadie preguntó si la estructura y dinámica de la economía mundial permitirían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estaban comenzando los años de lo que Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, llamó la gran moderación, anunciando una época de estabilidad macroeconómica y crecimiento. Mientras se consolidaba el neoliberalismo, se cantaban loas a la globalización.

En 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, que estableció un mercado de cuotas transferibles de carbono como mecanismo para reducir las emisiones de GEI. Las fuerzas del mercado eran el nuevo dios y la idea implícita era que la globalización neoliberal conduciría a evitar el cambio climático. El tratado terminó en el fracaso, pero inauguró una senda peligrosa de complacencia y de falsas soluciones.

En aquellos años la economía mundial ya mostraba una desigualdad que sería muy difícil revertir. Debajo de la aparente tranquilidad se estaban gestando las tormentas de una nutrida serie de crisis económicas que mostrarían que la inestabilidad del capitalismo era real. Pero el mensaje no sería escuchado. Todo siguió igual en las negociaciones sobre cambio climático y en otras conferencias de Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio o respecto de las metas de desarrollo sustentable. Nadie cuestionaba las distorsiones, desequilibrios, desigualdad y el predominio del sector financiero.

En 2012 se llevó a cabo la conferencia en Río de Janeiro sobre desarrollo sustentable. Se suponía sería la celebración de Río+20. En plena debacle financiera global, el documento final ni siquiera menciona la palabra crisis. Hasta propuso que las inversiones necesarias para alcanzar las metas del desarrollo sustentable podrían provenir del sector financiero. En el colmo del engaño, el documento alardeaba estar basado en un modelo matemático de simulación de la economía global, en el cual ni siquiera se mencionaba al sector financiero.

Hace un mes el banco Credit Suisse (www.credit-suisse.com) dio a conocer su informe sobre riqueza y desigualdad en el mundo. Las cifras son aterradoras: 10 por ciento de habitantes del planeta posee 85 por ciento de la riqueza global. Según el texto, la concentración de riqueza y poder económico no tiene paralelo en la historia: uno por ciento de habitantes del planeta concentra 50 por ciento de la riqueza global. Lo más importante no aparece en el informe de este poderoso banco: las fuerzas económicas desatadas bajo el neoliberalismo son las responsables de esta desigualdad y se están encargando de intensificarla. Son las mismas fuerzas que se oponen a la descarbonización de la economía mundial. Su marco de política económica impide la transición energética hacia una economía alejada de los combustibles fósiles.

Twitter: @anadaloficial

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Austeridad económica y autoritarismo político: el peor escenario posible

Do, 13/12/2018 - 07:00

María José Fariñas Dulce – ctxt

España, igual que la mayoría de países desindustrializados, atraviesa una profunda crisis institucional, debido a casos, a veces coyunturales, otros estructurales, de corrupción política en connivencia con el poder económico, al desgaste de algunas instituciones, a la desafección política y al derrumbe de la moral cívica vinculada a lo público, a la obsolescencia de leyes esenciales (Ley Electoral, leyes fiscales e, incluso, la propia Constitución), lagunas legales, como la de la transparencia y acceso a la información pública, que perpetúan la opacidad y el secreto en el funcionamiento de las administraciones públicas, así como a la persistencia de las oligarquías en la estructuración democrática de la sociedad y de las administraciones públicas. Este contexto ha impedido, y sigue haciéndolo, un completo desarrollo democrático de nuestras instituciones políticas y jurídicas.

EL NEOLIBERALISMO DEL SIGLO XXI HA DADO AL TRASTE CON EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD PÚBLICA Y, AL PRIVATIZAR DERECHOS SOCIALES COMO LA EDUCACIÓN O LA SANIDAD, ESTÁ INCREMENTADO LA DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA

Más allá de las coyunturales crisis financieras y/o económicas, estamos asistiendo en las últimas décadas a un ajuste neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político en el ámbito material de las constituciones democráticas de la posguerra, especialmente sobre los derechos laborales y los derechos económicos, sociales y culturales. El neoliberalismo del siglo XXI ha dado al traste con el valor de la solidaridad pública y, al privatizar derechos sociales como la educación o la sanidad, está incrementado la desigualdad socioeconómica. El resultado está siendo demoledor para las clases trabajadoras y populares, que ven cómo sus rentas de trabajo disminuyen, sus condiciones laborales se precarizan, sus derechos se desprotegen, las promesas de ascenso social se frustran y el trabajo deja de ser el elemento central de estructuración de las sociedades. Esto, junto al rechazo evidente de la oligarquía a contribuir a las arcas públicas y a los gastos comunes, está convirtiendo la crisis económica en una crisis de derechos y, consecuentemente, en una amenaza para la democracia. Porque tras el ataque a los derechos económicos y sociales, se va también contra los derechos civiles y políticos. Y con ello, se debilita la estructuración democrática de las sociedades.

Los derechos sociales están transitando desde su inicial reconocimiento constitucional, pasando por una situación de debilidad estructural, hasta su cuestionamiento teórico actual. La mistificación del mercado ha conducido a justificar las desigualdades socioeconómicas como algo natural e inevitable. Y los derechos económicos, sociales y culturales, así como los laborales han pasado a ser catalogados como elementos que “distorsionan” el libre funcionamiento del mercado.

Las actuales políticas de austeridad (en España se constitucionalizaron con la reforma del artículo 135 de la CE en 2011) tienen como consecuencia la progresiva privatización de servicios públicos y la reducción al mínimo de los derechos sociales. Este tipo de respuesta ante la crisis económica se corresponde con una estrategia ideológica. Por ello, aquellas no son coyunturales, sino que persiguen un cambio de modelo, cuyos pilares son la desaparición del Estado Social, un Estado privatizado y corporativo, políticas asistenciales en la pobreza (políticas de pobres), un sistema jurídico más represivo que garantista, priorización de la defensa de la seguridad física de los individuos (la seguridad del orden público, policial e, incluso, militarizada) frente a la seguridad y libertad de los ciudadanos  (de nuevo el hobbesiano dilema entre seguridad versus libertad) y la represión de la disidencia y de la protesta social.

De momento, las opciones autoritarias y represivas de la protesta social reflejan un claro estado de ánimo: no se quiere que la calle sea un espacio democrático de ejercicio de derechos de ciudadanía. Al contrario, se pretende convertir la protesta social en un conflicto policial, llegando incluso a intentar la militarización de los conflictos sociales. En España, el desafío del nuevo sistema de penas y medidas de seguridad, recogidas en la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, abre un futuro incierto para las libertades y para la democracia. ¿Implica esto, que se está legislando por encima del Estado de Derecho? ¿O, incluso, con este tipo de legislación no se estaría creando un problema donde no lo hay?

UNO DE LOS ÉXITOS DEL CAPITALISMO NEOLIBERAL, RESULTADO TAMBIÉN DE LOS FRACASOS REVOLUCIONARIOS, ES LA CONDENA COMO TOTALITARIA DE TODA ACCIÓN COLECTIVA CONSCIENTE, CUYO OBJETIVO SEA IMPONER CIERTO CONTROL SOCIAL

Este tipo de leyes son innecesarias, a mi juicio, porque no existe ninguna demanda social que las justifique, sino todo lo contrario, están siendo utilizadas como instrumentos de lucha ideológica por los gobiernos autoritarios, con el fin de asustar a la ciudadanía. No son leyes para resolver, sino para provocar. Es su respuesta ante la actitud bastante ejemplar de una ciudadanía indignada, que lleva años soportando medidas de austeridad económica, de recortes de derechos, de bajadas salariales junto con escándalos de corrupción política y económica. En definitiva, esta es su manera de asentar las bases del autoritarismo antidemocrático, criminalizando los conflictos socioeconómicos y convirtiéndolos en cuestiones de orden público.

Uno de los éxitos del capitalismo neoliberal, resultado también de los fracasos revolucionarios de antaño, es la condena como totalitaria de toda acción colectiva consciente, cuyo objetivo sea imponer cierto control social. Ha ganado la visión liberal de que es mejor construir socialmente un mecanismo (el mercado) y dejarlo operar ciegamente, aunque nos lleve a la catástrofe ecológica, a la pérdida de derechos y libertades, a la generación compulsiva de desigualdades o a crisis financieras cíclicas. Para frenar esta deriva destructiva necesitamos recuperar una cierta dimensión colectiva de los proyectos emancipadores, que sean capaces de construir nuevos activismos de resistencia frente al neoliberalismo económico y al autoritarismo político globales.

Nuestras democracias necesitan reformas legislativas fuertes, que refunden el enganche legitimador de la ciudadanía con sus instituciones democráticas. De lo contrario, cada vez será más difícil conseguir el apoyo de amplios sectores de la población, que ven reducido su nivel de vida y frustradas sus aspiraciones de mejora social. Y seguiremos teniendo fuertes resistencias sociales, que derivarán en conflictos políticos. Austeridad económica y autoritarismo político parecen ser cada vez más las características de la actual política europea y global. Pero es, sin duda, uno de los peores escenarios posibles para los derechos y para la democracia.

El buen funcionamiento de la democracia requiere tanto de estabilidad económica, como de paz social. Gestionar las desigualdades sociales, económicas, territoriales y culturales constituye el mayor reto político de nuestra era para la estabilidad democrática y para la generación de esperanzas en una ciudadanía deprimida y desesperanzada. Porque no estamos ante una crisis económica convencional o cíclica, sino ante el derrumbe de la última fase de un tipo de capitalismo global neoliberal basado fundamentalmente en la especulación del dinero a partir del dinero. Asistimos a una etapa de cambio o de tránsito paradigmático hacia un nuevo modelo de desarrollo económico. Por tanto, no estamos ante una cuestión meramente técnica de medidas económicas a adoptar (necesarias por otra parte en la coyuntura actual), sino ante un debate ideológico sobre el modelo político en el que esta última fase del capitalismo se ha asentado.

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10 años desde la crisis: la austeridad continúa lastrando la economía empobreciéndonos

Mi, 12/12/2018 - 10:09

Eduardo Garzón
ctxt

Se han cumplido 10 años desde el hito que marcó la crisis financiera y económica más grave que ha sufrido occidente desde 1929: la quiebra de Lehman Brothers.

En realidad los problemas económicos y financieros llevaban muchos meses encima de la mesa, pero no fue hasta la suspensión de pagos de ese banco de inversión que el cáncer económico se expandió al resto de sectores y también al resto de economías vinculadas de una u otra forma a la estadounidense (es decir: todas). Aquel impactante suceso nos demostró que los economistas y gobernantes no habían aprendido mucho del crack financiero de 1929, no sólo por haber permitido otra vez que el casino financiero se impusiera a la economía real (arrastrándola con ella al abismo), sino también por haber vuelto a permitir la quiebra de un banco sistémico. Afortunadamente aprendieron la lección pronto y activaron todos los mecanismos necesarios para evitar que otro gran banco volviese a quebrar. Sin embargo, fue tarde: el shock ya se había producido y el miedo y las pérdidas iniciaron un círculo vicioso que arrasó con buena parte de la economía. Eso sí, sin este sostén del mercado financiero llevado a cabo por las autoridades públicas el coste hubiese sido muy superior. Lástima, no obstante, que realizaran un reparto de las cargas tan injusto y no aprovecharan la maniobra para castigar a los propietarios y gestores de la banca así como para nacionalizarla y ponerla al servicio del interés general.

En 2008 había otra diferencia importante en comparación con 1929 que también explica que el coste no fuera tan elevado: la fortaleza de los Estados sociales, que era muy superior a la de hace casi un siglo. Los servicios públicos gratuitos, las ayudas sociales y –especialmente– las redes de seguridad protagonizadas por las pensiones posibilitaron que no tanta gente se quedara sin ingresos y sin capacidades, al mismo tiempo que estimulaban la demanda agregada de la economía en un momento en el que el sector privado la hundía en un pozo sin fondo. El sector público suavizó notablemente la caída de la economía.

Ahora bien, eso último es completamente cierto para ese ámbito del sector público que es pasivo, el que no depende tanto de las decisiones políticas a corto plazo, como ocurre con las pensiones (que se siguen pagando haga lo que haga el gobernador correspondiente) o las prestaciones por desempleo (que se activan automáticamente con el aumento del paro); pero no ocurre lo mismo con el ámbito del sector público que depende de decisiones políticas. En este caso encontramos divergencias en los comportamientos de los países: en Estados Unidos, por ejemplo, la intervención discrecional del Estado en la economía fue mucho más temprana, importante y duradera que la de la Eurozona.

LA RESERVA FEDERAL ENTENDIÓ QUE DEBÍA INYECTAR LIQUIDEZ PARA REDUCIR LOS TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO Y ABARATAR LOS COSTES DE ENDEUDAMIENTO Y DARLE UN EMPUJÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA; EL BANCO CENTRAL EUROPEO TARDÓ CUATRO AÑOS EN LLEGAR A ESTA CONCLUSIÓN

En primer lugar, el mismo año en el que estalló la crisis la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos) entendió que debía inyectar liquidez a mansalva para reducir los tipos de interés a largo plazo y abaratar así los costes de endeudamiento y darle un empujón a la actividad económica; el Banco Central Europeo tardó nada más y nada menos que cuatro años en llegar a la misma conclusión, lo que no sólo retrasó la recuperación económica, sino que desencadenó una nueva recesión (conocida como crisis del euro) circunscrita únicamente a la unión monetaria. En segundo lugar, los impulsos fiscales de la administración Obama fueron voluminosos y diversos (787.000 millones de dólares en inversiones públicas y rebajas fiscales para empresas y particulares), y todo ello a pesar de que el Tesoro Público se encontraba ya con un elevado déficit y deuda pública; en la Eurozona sólo se les permitió aplicar políticas expansivas a los países que tenían por entonces una deuda pública reducida (entre ellos España), y además con una munición muy reducida y durante muy poco tiempo, pues ya a principios del año 2010 la Comisión Europea maniobró para que se impusiese la austeridad económica en todos los miembros de la Eurozona (momento en el que empezaron los recortes en nuestro país) alegando que los déficits y las deudas habían aumentado mucho. Es decir, añadieron más leña al fuego. De nuevo los gobernantes y los economistas ignorando lo que había permitido superar la crisis iniciada en 1929: la fuerte intervención estatal en la economía (a través de inversiones públicas en un principio y a través de la industria bélica más tarde).

En tercer lugar, diez años después de la quiebra de Lehman Brothers el gobierno estadounidense continúa impulsando la economía a través de políticas fiscales expansivas (y a pesar de que la deuda pública está más elevada que nunca), lo que le está permitiendo crecer a un buen ritmo y también registrar tasas de paro muy reducidas; la Eurozona, en cambio, continúa obsesionada con registrar superávits públicos y reducir la deuda, así que continúa forzando a todas los países miembro a aplicar políticas de austeridad, registrando por lo tanto tasas de crecimiento inferiores.

¿Cuál es el resultado de todo esto? Lo que se puede observar claramente en el gráfico: diez años después del estallido de la crisis el PIB de Estados Unidos se sitúa un 70% por encima del nivel inicial, mientras que el de la Eurozona sólo un triste 17%.

Pero lo peor de todo es que la leve recuperación del PIB europeo solamente se produjo a partir de 2014 y fundamentalmente debido a factores externos: caída del precio de los hidrocarburos, depreciación del euro y recuperación del comercio internacional. No fue debido a las políticas de los gobernantes que, de hecho, ¡lastraron el crecimiento económico! No puede explicarse de otra forma que Estados Unidos haya crecido a un ritmo mucho más elevado que la Eurozona. ¿Qué hubiera pasado si los países miembros del euro hubieran aplicado políticas fiscales expansivas en vez de aferrarse al austericidio? Sin duda el crecimiento económico hubiera sido muy superior, y todo ello sin que los niveles de déficit y deuda pública hubieran supuesto problema alguno -siempre el Banco Central hubiese respaldado esa políticas-.

Pero ojo que sólo estoy hablando de crecimiento del PIB, lo cual dice mucho pero no todo ni mucho menos, ya que deja de lado la distribución de esa renta y el impacto ecológico que puede provocar, entre otras cosas. En efecto, en Estados Unidos el crecimiento económico ha sido muy superior al de la Eurozona pero sus niveles de desigualdad y pobreza son incluso más preocupantes. Esto se explica fundamentalmente por que su Estado social es mucho más débil y su mercado laboral más salvaje (aunque cada vez están más próximos). Por eso, reconocer que Estados Unidos lo ha hecho mejor tras la crisis en política fiscal y monetaria no quiere decir que todos los elementos de su economía sean mejor ni mucho menos; simplemente quiere decir que, a pesar de ser firmes defensores del mercado, sus gobernantes nunca dudan ni un ápice en utilizar las palancas del Estado para estimular la actividad económica, sin importarles demasiado cuánto pueda crecer la deuda pública. En cambio, en Europa existe una histeria absolutamente injustificada con respecto a los niveles de déficit y deuda pública que impide poner el sector público al servicio del crecimiento económico y del bienestar general. Esa histeria es lo que explica que la crisis económica haya sido mucho más dura y más prolongada en la zona euro que en el resto del mundo occidental.

Y lo peor de todo es que esa obsesión por lograr el superávit público y reducir a toda costa la deuda no ha desaparecido de los postulados europeos sino que sigue más viva que nunca; en los últimos años no ha provocado demasiado dolor porque se ha visto compensada con los vientos de cola exteriores, pero ¿qué pasará cuando estos desaparezcan, que es precisamente lo que parece que está sucediendo últimamente? Los países de la Eurozona apenas han recuperado el PIB que tenían antes de la crisis, sufren tasas de paro más elevadas que entonces, tasas de desigualdad más preocupantes, y mucha más precariedad y pobreza laboral que entonces. Todo eso gracias a la austeridad que imponen las absurdas creencias sobre estabilidad presupuestaria. Una austeridad que, aunque haya quedado últimamente eclipsada por factores externos, sigue latente y puede volver a reaparecer con toda su crudeza. No habrá superación de crisis ni de problemas económicos y sociales si no nos desprendemos de una vez por todas del austericidio al que nos tienen sometidos.

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10 años de crisis: dominio, imperio, desigualdad y libertad

Mi, 12/12/2018 - 09:40

Daniel Raventós
ctxt

Actualmente estamos en una situación económica que algunos evalúan de recuperación, otros de situación incierta y otros aún de antesala de una nueva crisis. Sobre esta última posibilidad, la OCDE acaba de alertar recientemente de una desaceleración del crecimiento en todo la zona euro que será más acusada aún en el Reino de España.

Para lo que voy a atender en este artículo es secundario el diagnóstico correcto porque sea cual sea la situación económica que vendrá es constatable que desde el inicio de la crisis, ahora hace 10 años, las condiciones de existencia material de la mayoría de la población no rica han empeorado de forma muy sustancial. Podría quedarse la anterior solo como una frase lapidaria si no hubiera multitud de datos que la corroboran, como son los salarios reales, la jornada laboral, la precariedad en el empleo, las condiciones laborales generales, los trabajadores que con contrato legal están por debajo del umbral de la pobreza, los incremento del porcentaje de personas pobres… Las estadísticas están a disposición del que quiera verlas y no hay polémica entre economistas que discrepan en otras muchas cosas sobre estas realidades. La cara radiante de la situación, cada vez más conocida, es cómo les ha ido a los más ricos en estos 10 años de crisis. Decía la que fue presidenta de ATTAC Francia de 1999 a 2006, Susan George, que los estudios sobre la pobreza y los pobres son muy abundantes. Los estudios sobre la riqueza y los ricos no son tan profusos. Departamentos de sociología, de filosofía política o de economía de cualquier facultad del mundo, revistas académicas de ciencias sociales, multitud de gobiernos, institutos estadísticos, muchos ayuntamientos, periódicos, organismos internacionales y muchas ONGs producen cantidades formidables de informes, estudios, tesis doctorales, estadísticas y artículos sobre los más increíbles, variados, minuciosos y extravagantes aspectos de la pobreza. Algunos hasta son buenos y útiles. Susan George decía con socarronería: “¿los pobres? ¡que coman investigaciones para pobres!”. Y aconsejaba prestar mucha más atención al estudio de la situación de los ricos. Sabiendo cómo les va, disponemos de información sobre los resultados de determinadas políticas económicas y de los diseños institucionales que tenemos. Hace unos lustros la información sobre los ricos no era muy buena, ahora es mejor gracias entre otros a los grandes bancos que tienen evidente interés en saber cómo evolucionan los que al fin y al cabo son sus clientes preferentes.

Disponiendo de distintos informes, nos referiremos solamente a dos. Uno más reciente realizado por la Agencia Tributaria y otro que se publicó hace algunos meses con datos que llegan hasta 2017 realizado por Capgemini. Los datos de la Agencia Tributaria que van del 2007 al 2016, pueden resumirse así: en el Reino de España declararon en 2016 exactamente 579 personas que tenían más de 30 millones de euros de patrimonio, un 150% más que en 2007, cuando entonces eran 233. El último informe de Capgemini con datos que van del 2008 al 2017, aporta datos según los cuales el número de ricos en el Reino de España creció más que en el resto de Europa e incluso que en el resto del mundo. Más concretamente, el 0,48% de la población o unas 224.000 personas, acumulaban en 2017 una cantidad que suma 560.000 millones de euros. Es una gran cantidad, sin duda. Pero resulta desproporcionada si la comparamos con el gasto en pensiones que en el mismo año de 2017 fue de 139.647 millones y el de prestaciones por desempleo que fue de 17.400 millones. Antes de la crisis acumulaban una cantidad bastante menor, algo más de la mitad que ahora.

LAS MISMAS POLÍTICAS ECONÓMICAS QUE SUPONEN EL ATAQUE A LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO REMUNERADO DE LA INMENSA MAYORÍA, SON LAS QUE TAMBIÉN EXPLICAN QUE A LOS MUY RICOS LES HAYA IDO BIEN

Al 0,48% le ha ido muy bien, al resto le ha ido muy mal en estos 10 años. La crisis ha golpeado, efectivamente. Pero lo que ha golpeado más han sido las políticas económicas puestas en pie por los gobiernos de la Unión Europea, para circunscribirnos a la zona geográfica y económica en la que está el Reino de España, cuando los primeros azotes de la crisis empezaron a manifestarse. Recordemos el giro que en mayo de 2010 realizó el gobierno del PSOE al poner en marcha algunas medidas de política económica como las siguientes: reducción del 5% de los salarios de los funcionarios públicos, congelación de las pensiones, reducción de 6.000 millones de euros de inversión pública en infraestructuras, recorte de 1.500 millones de euros en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales, entre muchas otras del mismo tenor. Con los gobiernos posteriores del PP las medidas y reformas laborales aún castigaron más a la población no rica.

Las mismas políticas económicas que suponen el ataque a las condiciones de vida y de trabajo remunerado de la inmensa mayoría, son las que también explican que a los muy ricos les haya ido bien. Y no es ningún secreto, no existe una política económica que favorezca o perjudique a toda la población. Hay razones teóricas, pero la constatación fáctica es inapelable.

Que las desigualdades son cada vez mayores y los ricos acumulan mayor riqueza con progresiva velocidad es algo que no discuten ni el Foro de Davos, ni el FMI. Por el contrario, es difícil encontrar documentos acerca de la relación de estas grandes desigualdades con la libertad. El gran logro del liberalismo histórico que realmente ha existido, el que tiene poco más de 200 años de existencia, fue lograr imponer la desconexión de la libertad con las condiciones de existencia material. La isonomía oligárquica, tan del gusto del liberalismo actual, es decir “clases bajas no enteramente privadas de la libertad e igualdad ‘civil’ –y por lo mismo, no esclavizadas–, pero despojadas de la libertad y la igualdad ‘políticas’”, en palabras de Antoni Domènech.   Muy diferentemente al liberalismo, para la vieja y más de dos veces milenaria tradición republicana, la libertad no puede abstraerse de las condiciones materiales. Quien no dispone de una existencia material garantizada no puede ser libre. Para el republicanismo democrático, la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía no son compatibles bajo relaciones de dominación. Y, ¿qué es la dominación para el republicanismo? La dominación –el dominium en la literatura republicana histórica- es por supuesto proteica, pero es consecuencia de la forma de regular la propiedad como cuestión más relevante. Porque la regulación concreta de la propiedad, de los derechos de propiedad, ha conformado los distintos diseños institucionales que hemos conocido. La “distinción principal” para entender cualquier sociedad dirá Aristóteles ya hace más de 2.300 años y Marx recogerá con sus palabras y analizando una sociedad muy diferente a la del Estagirita, es la que se establece entre ricos y pobres. Pobres: los que no tienen la existencia material garantizada y dependen de otros para vivir. Ricos: los que tienen la existencia material garantizada y no dependen de otros para vivir. Y lo que separa a unos y a otros en esta distinción fundamental es la propiedad, la cuestión relevante. Entiéndase bien que relevante no quiere dar a entender que es única. La dominación la ejercen los ricos propietarios sobre todas aquellas personas que no tienen la existencia material garantizada porque no disponen de propiedad. Lo que equivale a decir que en una relación de dominación como la que viven la mayor parte de las personas no ricas, estas no pueden ser libres. Y esta relación poco tiene que ver con la predisposición moral, benigna o perversa, de sus protagonistas, aunque puede agravar según el caso aún más la dominación, sino con la configuración de los derechos de propiedad.

Los grandes ricos, debido a una configuración política de los mercados pro domo sua que este dominio les posibilita, inciden directamente en el imperium, es decir, en la degeneración despótica de las instituciones públicas que podían ser una contención del dominium. No es muy escasa precisamente la literatura proveniente de los más diversos campos académicos sobre la capacidad de los grandes ricos propietarios para poner a su servicio las instituciones públicas. Lo de las puertas giratorias sería solamente una manifestación de las más visibles, pero tan solo una de tantas.

UN ESTADO DEFENSOR DE LA LIBERTAD REPUBLICANA DEBE INTERVENIR ACTIVAMENTE PARA QUE LA NEUTRALIDAD SEA UN HECHO, Y NO UNA SUPERFICIAL CONSIGNA

Y un Estado defensor de la libertad republicana no entendería la neutralidad como la simple abstención del propio Estado para no favorecer determinadas concepciones de la buena vida. Como así es doctrina de los liberales. El Estado, para la normativa liberal, no debe interferir activamente en la vida social para impedir que los grandes poderes privados oligopólicos y monopólicos obstruyan y condicionen la libertad de la gran mayoría. Muy al contrario, un Estado defensor de la libertad republicana debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho, y no una superficial consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida”. Republicanamente, esto último se presupone, cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a gran parte de la ciudadanía su concepción privada del bien como bien público, cuando la constitución oligopólica de los mercados permiten el secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad significa intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte.

¿Qué propuestas ofrecen los gobiernos de la Unión Europea? No precisamente nada que se asemeje a esta neutralidad como interferencia activa para garantizar la libertad de toda la ciudadanía impidiendo que los grandes poderes privados impongan su concepción privada del bien público. Ni por arriba ni por abajo. Por arriba se constatan medidas fiscales cada vez más ventajosas para los muy ricos y por abajo subsidios miserables para pobres. Y vagas promesas de mayor empleo, que es lo que se propone cuando no se sabe que proponer. No ya una renta máxima por arriba para impedir la gran concentración de los poderes privados, y una renta básica incondicional fundamentada republicanamente que garantice la existencia material de toda la población, no, sino nada que rompa con lo que ya está probadamente mostrado que es un fracaso: rentas condicionadas para pobres por abajo y cada vez menores impuestos a los ricos por arriba.

Y así la libertad de la gran mayoría no rica sigue siendo socavada, para orgullo doctrinal de liberales y pasmo de los que no saben imaginar otra cosa que repetir los parches, eso sí, modificados reiteradamente, que han mostrado su más absoluto fracaso o, para que nadie se escandalice, su inmensa insuficiencia. Mientras, los grandes poderes privados siguen socavando la existencia material y la libertad de la mayoría no rica.

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Diez años de crisis y lecciones no aprendidas

Di, 11/12/2018 - 10:33

Arcadi Oliveres
ctxt

  1. El funcionamiento de las finanzas mundiales.

EN EL CAPITALISMO LA MERA EXISTENCIA DE CRISIS PARECE CONNATURAL

En el capitalismo la mera existencia de crisis parece connatural y con frecuencia los expertos de la economía se han centrado en el estudio de los ciclos y las políticas para comprenderlos y compensarlos. Sin embargo, desde los años ochenta, varios factores parecen haber convergido para acelerar esas crisis hasta el punto de poder preguntarnos si no estamos alcanzando el desprestigio final del sistema.

En primer lugar, fue la desregulación económica, no solo en los países del este con la desaparición de las planificaciones imperativas, sino también en los del oeste, con la práctica anulación de los planes indicativos. Con los progresos de la informática, y el descontrol del mercado de capitales crecieron enormemente las posibilidades de la especulación financiera que, fuera de toda limitación y ética, ha pasado a ocupar el papel protagonista de la actividad económica, una actividad evidentemente improductiva.

La especulación se ha introducido como un virus dañino en muchos ámbitos: materias primas, cereales, terrenos, inmuebles y productos financieros con un único objetivo lucrativo. Desviando hacia ella la atención de los inversores y de una manera particular las enormes masas formadas por los fondos de pensiones.

Estas inversiones especulativas, frecuentemente arriesgadas, comprobaron el 15 de setiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, que el pánico es una mala compañía y, a partir de este momento, pidieron con insistencia la ayuda de los respectivos Estados. Empezó entonces –una vez más– el rescate bancario, que transcurrido este tiempo, podemos cifrarlo en unos nueve billones de dólares. Para hacernos una idea de la proporcionalidad de tal cantidad podemos decir que, si de acuerdo con las estimaciones de la FAO, la erradicación del hambre en el mundo exige un desembolso de unos 50.000 millones de dólares al año, resulta que, en términos monetarios, el rescate bancario en todo el mundo hubiese permitido eliminar el hambre unas 450 veces. Sobran comentarios.

No hace falta decir que una buena parte de este dinero ha salido del endeudamiento de los gobiernos y de las partidas sociales, de sus presupuestos, lo cual ha propiciado un debilitamiento en los Estados del bienestar y, en consecuencia, un empobrecimiento generalizado en los niveles de rentas inferiores, ya tocados por las enormes tasa de desempleo.

Podría pensarse en la urgente necesidad de frenar la especulación. Sin duda se ha hecho y con propuestas bien sugerentes aunque poco exitosas. La primera de ellas sería la llamada ‘tasa Tobin’. Esta tasa, que recibe el nombre del ya fallecido premio Nobel de Economía James Tobin, fue formulada en 1971 con motivo de la devaluación del dólar  y el establecimiento de paridades flotantes entre las monedas. La pretensión era la de gravar con un 0,1% los montantes de las transacciones financieras internacionales de carácter especulativo.

La oposición de los gobiernos seguidores de las corrientes de pensamiento neoliberal impidió siempre su puesta en marcha. Sin embargo, y a raíz de la crisis a la que nos estamos refiriendo, fue ATTAC precisamente quien propuso la urgencia de su puesta en marcha.

La UNCTAD (Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) calculó una posible recaudación de hasta 720.000 millones de dólares anuales como fruto de esta tasa que, según ellos, debería repartirse por  mitades entre los gobiernos de los países en donde tenían lugar las operaciones y la ayuda oficial al desarrollo (AOD). A título de ejemplo, pensemos que en este momento el importe total de la AOD supone unos 140.000 millones de dólares al año, es decir, alrededor del 40% de lo que podrían obtener con la parte que les correspondería de la recaudación de la tasa. Evidentemente, las transacciones especulativas quedarían sustancialmente reducidas: algunos autores apuntan que lo harían en un 50%.

La ‘tasa Tobin’, aunque sometida a votación en varios parlamentos nacionales (Francia, Bélgica, Canadá, etc.), siempre ha sido rechazada por la presión que los especuladores han ejercido en los diputados. Curiosamente sí que ha sido reconocida por el Parlamento Europeo que no dispone de facultades para ponerla en marcha. Hubo, sin embargo, un intento de imponer la tasa. Fue protagonizado por el ex primer ministro británico Gordon Brown, que fracasó ante las  presiones de Timothy Gardner, entonces secretario del Tesoro de la Administración Obama. No nos debe extrañar esta actitud: casi todos los secretarios del Tesoro norteamericanos de los últimos años habían sido antes especuladores bursátiles y, en muchas ocasiones, antiguos directivos de la gran banca de negocios Goldman Sachs. Esta banca ya demostró su influencia en Grecia cuando su directivo Lucas Papademos suplantó al antiguo primer ministro Giorgos Papandreu y también en Italia, con la sustitución de Silvio Berlusconi por Mario Monti. Vale la pena señalar que el actual presidente del Banco Central Europeo ha formado parte también de Goldman Sachs, en cuyo equipo figura asimismo José Manuel Durao Barroso, anterior presidente de la Comisión Europea.

LA ‘TASA TOBIN’, AUNQUE SOMETIDA A VOTACIÓN EN VARIOS PARLAMENTOS NACIONALES, SIEMPRE HA SIDO RECHAZADA POR LA PRESIÓN QUE LOS ESPECULADORES HAN EJERCIDO EN LOS DIPUTADOS

2.         El papel del Euro

Los más de diez años de duración de la crisis han coincidido en buena medida con el período de vigencia del euro y hay que reconocer que, para los llamados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), el balance no resulta en absoluto favorable. Los dos factores, crisis y euro, se han enlazado y han contribuido claramente al empobrecimiento de las clases sociales más desfavorecidas. Por lo que respecta al euro, el primer problema ha venido marcado por la imposibilidad por parte de los países de la zona de tener una política monetaria propia y, en consecuencia, en la total dificultad de establecer los tipos de cambio convenientes a su momento económico.

Tradicionalmente en estos países, las paridades evolucionaron hacia la devaluación que ahora deviene imposible. Esta imposibilidad de devaluación monetaria ha quedado, sin embargo, sustituida por una más o menos oculta devaluación salarial que ha deteriorado notablemente la capacidad adquisitiva de los trabajadores en activo, mientras que los pasivos también han recibido el impacto en los recortes de las prestaciones del Estado del bienestar.

Al mismo tiempo la imposibilidad, por parte de los bancos centrales estatales de financiar el déficit público ha obligado a los países implicados a acudir a las compras de deuda por parte del Banco Central Europeo o solicitar a una serie de bancos privados que les ofrezcan préstamos a un tipo de interés elevado y, a su vez, agravado por las primas de riesgo marcadas por el oligopolio que representan Standards and Poor y Fitch & Moodys. Ni siquiera Alemania ha podido romper este núcleo duro y crear su propia agencia de calificación de riesgos.

En algunos casos, como en el de Grecia, las circunstancias mencionadas, junto a los desequilibrios estructurales inherentes a su economía, generaron un endeudamiento con las grandes y medianas instituciones financieras. Para salvaguardarlas, la llamada Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) promovió un rescate con un elevadísimo coste social –caída del PIB, pérdida de un 40% en los ingresos de las familias, cierre de 300.000 empresas, aumento del paro y descenso radical de las pensiones–  entre otras dolorosas consecuencias. Y no es un tema menor el del horizonte del año 2060 para la amortización total de la deuda. Recordemos que ya la incorporación de Grecia a la zona del euro se produjo mediante todo tipo de trampas contables en las que intervinieron especialistas de la propia Goldman Sachs. Puestas así las cosas, no nos debe extrañar  que algunos economistas hayan empezado a hablar de una “salida ordenada del euro”. Salida que daría origen a un efecto dominó cuya envergadura es difícil de prever, pero que intuimos podría resultar beneficiosa para “los parientes pobres” de la moneda única.

3.         Hacia otra economía.

Si partimos de la base de que el objetivo de la economía ha de ser prioritariamente el de organizar la producción y la distribución para cubrir las necesidades de las personas salvaguardando  al mismo tiempo el medio ambiente, deberemos concluir que, en el momento actual –si es que ha habido algún momento–, el sistema vigente no responde a estos criterios, paradójicamente, puesto que jamás en la historia se ha dispuesto de tantos recursos, conocimientos, tecnologías, sistemas de comunicación y transporte.

Una economía que no cubre las necesidades básicas de más de 800 millones de personas y que obliga a malvivir a muchos millones más es, sin duda, una economía ilegítima desde el punto de vista ético. Quizás no tenemos recambio preparado, pero es evidente que un recambio preparado no ha existido nunca, sino que se ha ido elaborando paulatinamente. Y afortunadamente tenemos sobre la mesa una multiplicidad de proyectos que tienen que ver con los modos cooperativos, con el sector primario biológico, con las finanzas éticas y con propuestas de los movimientos ecologistas.

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La década perdida de la Unión Europea

Mo, 10/12/2018 - 10:23

Cuca Hernández y Adoración Guamán
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ATTAC, Asociación para una Tasación a las Transacciones Financieras y Acción Ciudadana, lleva desde su fundación en Francia en 1998, denunciando los peligros que se derivan de esta economía de casino. Modelo donde los procesos especulativos de los mercados financieros y la dictadura económica de las empresas transnacionales arruinan países, empobrecen las poblaciones, precarizan la vida y convierten los derechos humanos en mercancía para el beneficio de algunos.

Con la caída de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008, el marco de la crisis económica ha pavimentado la senda hacia la aceleración de la acumulación por desposesión, subordinando los marcos jurídicos y de decisión democrática a las exigencias de un sistema financiero voraz, de un capital transnacionalizado e impune, que ha conseguido que las pérdidas de unos especuladores se trasladasen a las mayorías sociales.

En estos diez años se han rescatado bancos y empresas que han salido en una situación reforzada gracias a las políticas públicas que han dado la espalda a la gente. Mientras esa gente que habita los territorios donde aumentan los beneficios empresariales, asistimos desde hace diez años a un proceso de desposesión, pérdida de empleos, viviendas, atención en sanidad y calidad en la educación, asistiendo a la degradación del ambiente y las políticas criminales contra las personas que migran para sobrevivir frente al expolio provocado por el crecimiento económico de la otra parte del plantea. No hay dinero para salvar vidas, pero sí para salvar entidades financieras y para construir muros de alambre.

Como bien sabemos, la desposesión no se ha cebado solamente con la reducción de los presupuestos destinados a sostener la vida digna sino que ha actuado directamente sobre la regulación de los derechos, en particular los vinculados al trabajo, con una larga serie de reformas laborales directamente orientadas a precarizar la vida.

LOS DIFERENTES ESCÁNDALOS DE LUXEMBURGO, APPLE, PAPELES DE PANAMÁ Y DEL PARAÍSO NOS DEMUESTRAN QUE LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN HACIA GUARIDAS FISCALES ES CONSTANTE Y CRECE

Además, a lo largo de este extenso periodo y bajo el paraguas siempre útil de la crisis, se han potenciado las políticas de comercio e inversión que, desde la UE, han ido tejiendo una nueva Lex Mercatoria a modo de traje a medida para asegurar amplios derechos a las empresas transnacionales, poniendo a los Estados y a su soberanía a los pies del capital transnacional. Este permanente reconocimiento de nuevos derechos a las entidades económicas se ha acompañado de una inacción frente a la evasión fiscal que se extiende ya como fenómeno global. Poco o nada se está haciendo, realmente, por controlar y regular los mercados financieros, el ITF propuesto por diez países de la UE está bloqueado y con síntomas de no entrar en vigor nunca. Los diferentes escándalos de Luxemburgo, Apple, Papeles de Panamá y del Paraíso nos demuestran que la evasión y la elusión hacia guaridas fiscales es constante y crece con la colaboración de las entidades financiera.

Por añadidura, ya es evidente que como hace diez años la burbuja inmobiliaria está creciendo ante la falta de regulación de los mercados, que nos puede arrastrar a un nuevo colapso financiero. Mientras, los sistemas políticos que deberían controlar a los mercados se han convertido en lacayos subordinados a las puertas giratorias.

Este breve y descorazonador diagnóstico nos demuestra lo que ya sabemos: las políticas de consolidación fiscal, mal llamada austeridad, han impactado contra los derechos de las mayorías sociales, exacerbando la discriminación, la desigualdad y colocándonos en una deriva hacia la precarización que parece imparable y que afecta particularmente a las mujeres.

Nada de esto debería pillarnos por sorpresa, todo lo ocurrido es la crónica de una muerte anunciada, la aplicación de ideas fracasadas que ya se habían ensayado previamente en otros lugares del mundo, como fue el caso de América Latina, con resultados catastróficos que ahora se amplían al resto del planeta. Informes de Expertos Independientes de Naciones Unidas, como Juan Pablo Bohoslavsky, han subrayado que en la actualidad más de dos tercios de los países de todo el mundo están reduciendo su gasto público y limitando su espacio fiscal, por lo que el impacto de la austeridad alcanzará a más de 6.000 millones de personas, o casi el 80% de la población mundial en 2020.

El desaliento que provoca este análisis podría llevarnos a calificar estos 10 años de crisis una década perdida en el ámbito de la Unión Europea, similar a la vida tras el Consenso de Washington en América Latina y derivada de nuestro propio consenso de Bruselas. Desde ATTAC, preferimos cambiar el prisma para enfocar también todo lo ganado en término de resistencia y aprendizaje colectivo, de organización y lucha con lo común, de construcción social para parar desahucios, impedir la privatización de hospitales y colegios, defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, organizarnos como precarias y mantener el pulso durante años en las calles y plazas. Por eso, nosotras queremos plantear estos 10 años como una década ganada en el ámbito de las luchas sociales, con el 15M todavía en la memoria, y desde ahí apostar por la necesidad de seguir planteando alternativas desde las organizaciones y movimientos.

ATTAC lleva veinte años debatiendo y planteando alternativas para eliminar la dependencia de lo público y lo común de las finanzas, poniéndolas al servicio de las necesidades humanas y del planeta. Ahora, diez años después del comienzo de la crisis es el momento de aunar las luchas que crecieron contra las consecuencias de la crisis y unir energías para revelarnos e impedir que unos mercados desregulados y un nuevo colapso financiero vuelvan a arroyar a la ciudadanía.

Para conmemorar este aniversario, hemos lanzado una campaña decididas a intensificar la lucha por un control democrático de las finanzas. Nuestro deseo, ahora y después de septiembre de 2018, es incrementar al máximo la participación de todas, moviéndonos para traer la esperanza de que la próxima década sea finalmente la que ponga las finanzas bajo control ciudadano.

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Declaraciones de Attac Francia sobre la movilización de los chalecos amarillos

So, 09/12/2018 - 11:04
El gobierno se niega a cambiar de rumbo: no tiene en cuenta la urgencia social y ecológica

Desde hace varias semanas, un profundo sentimiento de injusticia se ha expresado en todo el país a través del movimiento del “chaleco amarillo”. Donde se esperaba un cambio de rumbo, el ejecutivo propone sólo suspensiones temporales de medidas impopulares que no resolverán la situación más frágil ni actuarán eficazmente ante la emergencia climática. Donde se necesitaban decisiones fuertes y valientes para reducir las desigualdades, mejorar la situación de los más pobres y precarios y, al mismo tiempo, dotar a la vez de mayor ambición a una política ecológica de la que tanto se carece, el poder ejecutivo simplemente aplaza todas las decisiones importantes hasta después de las elecciones europeas, como si fuera posible pasar por encima de la situación actual y hacer caso omiso de la realidad de las vidas cotidianas de nuestros conciudadanos.

 La negativa a dar un impulso al salario mínimo o a aumentar los mínimos sociales es una bofetada en la cara de todos aquellos que no pueden llegar a fin de mes. La mayoría En Marcha hizo lo mismo con los pensionistas el lunes, votando sin pestañear sobre el proyecto de ley de financiación de la seguridad social y excluyendo así cualquier posibilidad de reajustar las pensiones de jubilación a la inflación. El ejecutivo claramente no ha comprendido el alcance de la ira social que se está expresando en el país.

 Que Bruno Le Maire y Edouard Philippe intenten reducir la movilización de los chalecos amarillos a una aspiración poujadista de “menos impuestos” indica la poca consideración que pueden tener hacia estos cientos de miles de personas que se están movilizando contra la política fiscal desigual, injusta e ineficaz del gobierno. ¿No han escuchado los llamamientos a abolir las exenciones fiscales a los más ricos (ISF), a los poseedores de capital (Flat tax) o a las multinacionales (CICE) para mejorar la situación de los más vulnerables y financiar servicios públicos que están cada vez más lejos de donde viven las personas? ¿Creen que el hecho de hundir el proyecto de impuesto europeo sobre las transacciones financieras y ratificar un impuesto mucho menos ambicioso de lo esperado sobre los GAFA puede “apaciguar” el sentimiento de injusticia fiscal que atraviesa el país?

 Tal sordera e intransigencia raya en la provocación. No se administra un país como se administra una nueva empresa, en la que se podría suspender una movilización social a gran escala con algunas medidas temporales y una consulta cuyas líneas generales no se han especificado. El gobierno, obligado a conceder algunas medidas bajo la presión de las movilizaciones en curso, está tratando de apagar un incendio con regaderas perforadas: es poco probable que lo logre.

 Emmanuel Macron y su gobierno no están respondiendo a la ira social o a la emergencia climática. Mientras que la COP24 se inauguraba en Polonia, el gobierno ha reducido su ambición de luchar contra el cambio climático, planeando aumentar las emisiones de CO2 en un 6% más que los objetivos anunciados en los próximos cinco años. ¿Dónde está la ambición climática, que se ha perseguido regularmente en las últimas semanas para justificar la imposición ineficaz e injusta del carbono? ¿Por qué el gobierno se niega a cambiar los aumentos de los impuestos sobre el carbono en los emplazamientos industriales más contaminantes del país, que ahora están en gran medida exentos de ellos[1]?

 Para Attac, estas políticas social y ecológicamente injustas deben ser combatidas con la misma determinación. Frente a la intransigencia de Emmanuel Macron y su gobierno, que se niegan a cambiar sus políticas, Attac hace un llamamiento a sus partidarios, miembros y comités locales para que refuercen las movilizaciones actuales, para que den a conocer sus análisis y propuestas y para que estén en las calles en gran número el 8 de diciembre, el día de la movilización internacional por la justicia climática y el cuarto día de la movilización de las chaquetas amarillas.

 1] Trasladar los impuestos sobre el carbono a las empresas más contaminantes y hasta ahora exentas en gran medida.

 

Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator

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Bolkestein reloaded: la Comisión Europea quiere tomar el poder sobre nuestros servicios

So, 09/12/2018 - 10:53
Preguntas y respuestas sobre la Directiva de Servicios que puede otorgar a la Comisión Europea nuevos poderes para anular decisiones locales

Las instituciones de la UE están negociando estos meses nuevas reglas del mercado único que podrían tener un severo impácto negativo en la toma de decisiones en los parlamentos, asambleas regionales y ayuntamientos de toda Europa. La Comisión propone hacer cumplir la Directiva de Servicios, también conocida como la Directiva Bolkestein, de una manera nueva y extremadamente intrusiva. En resumen, la Comisión quiere el derecho de aprobar o negar nuevas leyes, así como otras medidas cubiertas por la directiva. Y la directiva cubre una amplia gama de temas: leyes de zonificación (planificación de la ciudad), medidas de suministro en temas de vivienda, suministro de energía, suministro de agua, gestión de residuos y mucho más.

Firma la carta contra la Directiva de Servicios aquí, y sigue la campaña
Carta “Paremos el Procedimiento de Notificación de Servicios de la UE

La oposición a la propuesta de la Comisión está creciendo rápidamente, tanto en la sociedad civil organizada como en los ayuntamientos, cuya capacidad para actuar podría verse severamente restringida en muchas áreas si se aprueba la directiva. Como no se les informó adecuadamente sobre las implicaciones, muchos ayuntamientos están descubriendo en una etapa tardía que incluso los municipios tendrán que solicitar permiso de la Comisión antes de adoptar nuevas medidas relacionadas con los servicios públicos. En Ámsterdam, el ayuntamiento adoptó por unanimidad una resolución que establece que la propuesta “afecta la autonomía de las autoridades locales y, por lo tanto, representa una amenaza para la democracia local”. Este mensaje, en apoyo de la toma de decisiones a nivel local, está comenzando a resonar en las ciudades de Europa. Una declaración pública en contra de la directiva ha reunido a fecha de hoy la firma de más de 80 organizaciones europeas, incluidas ONG, movimientos sociales y partidos políticos, con más firmas llegando cada día.

 

¿Por qué todo este alboroto? Corporate Europe Observatory (CEO) ha reunido una lista de preguntas y respuestas (en este post traducido al castellano) para tratar de explicar las inquietudes y problemas claves con la Directiva de Servicios.

¿Cómo piensa la Comisión detener o cambiar las decisiones tomadas en los Estados miembros?

La propuesta es sobre “notificación”, es decir, “informar” a la Comisión, lo que parece bastante inofensivo. Pero no es tan sencillo.
En la actualidad, cuando se adopta en un Estado miembro una nueva medida política afectada por la Directiva de Servicios, la Comisión debe ser informada una vez la medida haya sido adoptada y haya entrado en vigor. La Comisión entonces verificará si se han seguido sus reglas. Si considera que no fue así, iniciará conversaciones con el Estado miembro en cuestión para encontrar una solución.

Este procedimiento se ha implementado desde que se adoptó la Directiva de Servicios en 2006. Sin embargo, una gran cantidad de grupos de presión corporativos, y la propia Comisión, se han quejado de que este enfoque es ineficaz y lento.

Imitando una propuesta presentada por BusinessEurope y respaldada por otros grupos de presión y lobbies del mundo de la industria, la Comisión ha propuesto un procedimiento nuevo y significativamente más intrusivo. Según la nueva propuesta, las autoridades, ya sean municipios o ministerios, deberían informar a la Comisión sobre las próximas decisiones relevantes tres meses antes de la votación que las aprobaría. Esto le daría a la Comisión la oportunidad de examinar el texto con antelación y, en caso de encontrar algo que contradiga la Directiva de Servicios, emitirá una “alerta”. En la “alerta”, la Comisión identificará qué sería necesario cambiar para obtener su aprobación.
Si las sugerencias de la Comisión, que pueden ir desde el rechazo total hasta ajustes menores, no se toman en cuenta, y el ayuntamiento de la ciudad o el parlamento en cuestión procedne a la adopción de la medida, la Comisión tomará una decisión que requerirá al “Estado miembro en cuestión… derogarla” (artículo 7).

Esto esencialmente y, de manera alarmante, faculta a la Comisión para anular las decisiones tomadas por asambleas democráticamente electas en un gran número de áreas políticas que son cruciales, no solo para la economía, sino también para la mayoría de los aspectos que afectan a la sociedad. Además, cambiaría fundamentalmente la forma de toma de decisiones, especialmente a nivel de los municipios y las autoridades regionales, socavando el principio y la práctica de la democracia local en toda la UE.

¿Qué significa eso en la práctica? ¿Es realmente tan serio?

Antes de seguir examinando la base legal de todo esto, puede ser útil tener una idea de lo que está en juego, y hacerlo a través de un par de ejemplos concretos.

– Cuando el Ayuntamiento de Amsterdam se pronunció en contra de la propuesta de la Comisión, el concejal Tiers Bakker, quien redactó la resolución, se refirió a los intentos de regular AirBnB en la ciudad. Durante mucho tiempo, AirBnB disfrutó de reglas muy flexibles en Ámsterdam, pero con el tiempo el servicio se volvió tan ampliamente utilizado que creó problemas con el acceso a viviendas asequibles y cambió la atmósfera y el ambiente en partes clave de la ciudad. El Ayuntamiento de la ciudad intervino, respondiendo a las demandas de su electorado, los residentes de la ciudad, y fortaleció la normativa solo para descubrir que limitar el uso de AirBnB podría ser una violación de la Directiva de Servicios. Bajo la nueva propuesta, la ciudad de Ámsterdam tendría que pedir permiso a la Comisión para introducir tales regulaciones.

– Las leyes de zonificación y/o la planificación de la ciudad están cubiertas por la Directiva de Servicios, de acuerdo con una sentencia reciente de la Corte de Justicia de la Unión Europea. La planificación de la ciudad puede involucrar decisiones de políticas sobre dónde poner tiendas y dónde no, así como sobre su tamaño. Algunas ciudades pueden preferir no tener grandes supermercados (hipermercados), para salvaguardar la existencia del comercio local y tiendas pequeñas. Sin embargo, esta área de planificación está cubierta por la Directiva de Servicios. Por lo tanto, aquí también debería notificarse a la Comisión, dándo a la Comisión la última palabra, tal vez no en cada decisión de planificación individual, pero sí permitiéndoles bloquear o rechazar planes integrales a largo plazo para el desarrollo de la ciudad.

– La directiva también afecta notablemente a los derechos laborales. Cuando se propuso por primera vez la Directiva de Servicios, hubo una protesta por el hecho de que permitiría a las empresas de servicios operar en toda la UE siguiendo las normas y regulaciones de su país de origen. El movimiento sindical argumentó que esto llevaría inevitablemente al dumping social, ya que empresas con sede en un país con salarios bajos podrían enviar trabajadores a los países con salarios altos y pagarles una fracción de los salarios locales. Después de protestas masivas en toda la UE, la legislación laboral quedó finalmente exenta de la directiva. Pero eso no significa que se permitan medidas destinadas a monitorear el respeto de las empresas de servicios a los convenios colectivos o normativas locales. Recientemente, la Comisión se ha quejado de normas en Dinamarca que permiten a las autoridades y los sindicatos detectar posibles violaciones de los convenios colectivos y de la legislación laboral.

– La Directiva de Servicios incluso afecta el uso de los recursos naturales. En 2015, el Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que supervisa la adhesión a las normas del mercado único en los países del EEE (Islandia, Noruega y Liechtenstein), decidió que la ley de Islandia sobre el uso de energía geotérmica y agua subterránea viola la Directiva de Servicios, dificultando que operadores privados extranjeros obtengan acceso al recurso. La ley fue la respuesta a la preocupación de Islandia sobre el enfoque corto plazista de las empresas privadas en cuanto al uso de los recursos geotérmicos, que no tienen en cuenta el interés público a largo plazo. Aún así, a fecha de hoy se considera una violación de la ley europea.

¿Qué áreas están cubiertas por este procedimiento y, por lo tanto, también por la Directiva de servicios?

La Comisión puede rechazar decisiones sobre áreas y medidas cubiertas por la Directiva de Servicios a partir de 2006 en virtud de la nueva propuesta. Y la Directiva de Servicios cubre una amplia gama de áreas políticas, incluyendo la mayoría de los sectores de servicios.

Cuando la Directiva de Servicios se planeó originalmente en 2004, trataba sobre servicios en general. La Directiva Bolkestein, que lleva el nombre del Comisionado que la redactó, Frits Bolkestein, fue un plan de gran alcance para liberalizar los servicios públicos, ¡y cubrió casi todo lo que puede ser vender vendido! Pero como la Directiva se encontró con una dura oposición, con más de 100.000 personas que salían a las calles de varios Estados miembros en señal de protesta, algunos sectores y áreas fueron eliminados de la Directiva, y en otras áreas se redujo su impacto, en respuesta a la presión ciudadana.

Pero incluso en su forma reducida, la Directiva cubre una amplia gama de temas y áreas de políticas. Los sectores cubiertos incluyen: educación, contabilidad, servicios legales, consultoría, servicios de arquitectura, suministro de agua, gestión de residuos, publicidad, servicios postales, electricidad, suministro de gas o comercio minorista, entre muchos otros.

De hecho, puede ser más fácil de entender al observar los sectores de servicios no cubiertos por la directiva: servicios no económicos de interés general (es decir, servicios de propiedad pública que los ciudadanos no pagan), servicios financieros, servicios de salud, juegos de azar, comunicación electrónica, servicios audiovisuales (TV y radio), servicios de seguridad privada, transporte, agencias de trabajo temporal, notarios y agentes judiciales. También hay una exención para los servicios sociales, pero los planes de seguridad social complementarios están cubiertos.

¿Qué está prohibido por la Directiva de Servicios?

La Directiva de Servicios es esencialmente una lista de medidas, tipos de demandas y marcos que los Estados miembros tienen prohibido adoptar o imponer cuando se trata de regular servicios.

La Directiva se compone de tres listas. Los dos primeras cubren todos los sectores no exentos de la Directiva, mientras que la última, y más extensa, cubre todos los sectores menos unos pocos mencionados explícitamente en el texto.

La primera lista restringe la introducción de esquemas de autorización, prohíbe los requisitos de residencia para los propietarios y limita las restricciones en el número de empresas y la cantidad de actividad en un sector. También prohíbe las demandas para contribuir a planes de seguros o planes de garantía financiera (con algunas excepciones), y rechaza los requisitos de las compañías de servicios que se incluirán en un registro (como en el ejemplo danés anterior), excepto bajo ciertas condiciones.

La segunda lista prohíbe, en principio, los requisitos de las compañías de servicios con respecto al número mínimo de empleados, los precios máximos o mínimos, los límites a las actividades de la compañía según la población en un área determinada y las reglas que exigen que una compañía tenga una “forma legal” específica.
También se adjunta un procedimiento especial a esta segunda lista. Si un Estado miembro adopta un reglamento en las áreas mencionadas anteriormente, hasta ahora ha tenido que notificar a la Comisión. La Comisión podría entonces solicitar (no exigir) al Estado miembro que no adopte, o que suprima las medidas, si considera que son demasiado restrictivas y, por tanto, infringen la Directiva de Servicios. Pero de manera crucial, hasta ahora no ha habido ningún requisito para que los Estados miembros notifiquen a la Comisión antes de que se adoptara la medida.

La tercera lista, en el artículo 16 de la Directiva, es la de mayor alcance. De acuerdo con ese artículo, las empresas de servicios deben ser libres para prestar servicios, y no se permiten restricciones a menos que no discriminen por razones de nacionalidad, y sean proporcionales y “necesarias”. Lo que hace que este artículo sea particularmente severo y restrictivo es que la “necesidad” solo puede ser “justificada por razones de política pública, seguridad pública, salud pública o la protección del medio ambiente”. Esta redacción legal excluye docenas de otras preocupaciones legítimas que podrían motivar la regulación, como las preocupaciones sobre el acceso a viviendas asequible, una vida digna, la protección de los entornos de la ciudad y muchos más.

Esta última lista fue la más polémica políticamente cuando se adoptó la Directiva de Servicios en 2006. Por ese motivo, algunos servicios públicos fueron excluídos explícitamente de esta sección, en particular: electricidad, gas, servicios postales, suministro de agua y gestión de residuos.

Si bien lo expuesto describe el amplio conjunto de áreas que se rigen por la Directiva de Servicios, puede que no quede del todo claro qué consecuencias ha tenido o tendrá la Directiva en un sector determinado. De hecho, este es a menudo el caso de las Directivas de la UE, donde la implementación debe ser observada cuidadosamente para comprender completamente el impacto y las implicaciones para la política.

¿Se requiere notificación para toda la Directiva, incluido el infame artículo 16?

Por el momento, los Estados miembros solo tienen que notificar a la Comisión cuando toman decisiones en un número limitado de áreas. Pero bajo la nueva propuesta, el artículo 16 también está incluido.

Durante la lucha anterior y las protestas contra la Directiva de Bolkestein, había más preocupación por el artículo 16 debido al llamado “principio del país de origen”. Este principio significa esencialmente que un proveedor de servicios solo tiene que seguir las normas de su país de origen, no las de otros Estados miembros donde opera. Después de una larga batalla, el artículo fue modificado para abordar algunas de las preocupaciones planteadas, pero aún tiene un gran alcance. Esencialmente, prohíbe las restricciones en los servicios de todo tipo, a menos que se pueda probar que son necesarias para obtener un número muy limitado de objetivos.

Lo intrusivo que esto es, o será, se reduce en última instancia a la interpretación de las reglas. Con su nueva propuesta, la Comisión está intentando claramente otorgarse el derecho a interpretar el texto de una vez por todas, en un intento de “profundizar el mercado único”.

Pero, ¿no está la Comisión simplemente defendiendo la legislación de la UE?

No, no es tan simple. Como debe ser obvio por la información anterior, la Directiva de Servicios es un acto extremadamente complicado. Está plagado de artículos que requieren algún tipo de evaluación de cualquier caso, antes de decidir si se ha cumplido con la Directiva. Por ejemplo: ¿es la medida “proporcionada” o no?, ¿se adopta debido a “razones imperiosas relacionadas con el interés público?” Estas son preguntas, en parte subjetivas, que requieren una evaluación integral y una justificación claramente establecida para cualquier decisión que se tome al respecto.

La propuesta de cambiar el ‘procedimiento de notificación’ hace que sea una prerrogativa de la Comisión dar respuestas definitivas a preguntas como éstas, y actuar sobre su propia decisión imponiéndose: mientras que en la versión anterior de la Directiva de Servicios, la Comisión podía decidir ‘cuando era apropiado’ ‘solicitar’ que una medida fuese adoptada o derogada, en la nueva propuesta la Comisión puede ‘exigir’ el fin de una medida.

Lo que propone la Comisión no es defender y hacer cumplir la legislación de la UE. De hecho, propone defender y hacer cumplir su propio entendimiento e interpretación de la ley. Y debido a que muchas de las luchas políticas más importantes en la UE tienen que ver con cómo interpretar las leyes de la UE, este es un movimiento audaz, y una toma de poder distinta por parte de la Comisión.
Además, se podría argumentar que si se aprueba la Directiva, la Comisión podría sobrepasar su mandato de dos formas:

– La Directiva de Servicios es justamente eso: una Directiva. Se supone que una Directiva debe dejar a los Estados miembros un margen de maniobra para alcanzar ciertos objetivos de la forma que elijan, en oposición a las “regulaciones” que describen claramente cómo deben hacerse las cosas. Según la propia página web de la Comisión, las directivas “exigen a los países de la UE que obtengan un cierto resultado, pero les permite elegir cómo hacerlo”. Sin embargo, el nuevo procedimiento de notificación socava completamente la libertad de los estados miembros para elegir a este respecto.

– En última instancia, no corresponde a la Comisión decidir si la Directiva ha sido respetada o no, ese es el papel del Tribunal de Justicia Europeo. La Comisión puede formar su opinión y puede advertir a un Estado miembro que puede estar violando la Directiva de Servicios, pero afirmar que posee la máxima sabiduría sobre la interpretación de la Directiva, hasta el punto de anular políticas de las asambleas democráticamente elegidas, es sobrepasar su propio mandato y función.

Pero ¿no reaccionará el Parlamento Europeo con fuerza a este ataque a la democracia?

Lamentablemente no, no tal como está. De hecho, muy al contrario, la Comisión de Mercado Único del Parlamento Europeo ya ha adoptado una posición que parece totalmente indiferente sobre los impactos que esto tendrá en la toma de decisiones en los parlamentos, asambleas regionales o ayuntamientos. Hasta ahora, la principal contribución del Parlamento Europeo ha sido sugerir que mientras la Comisión analiza las notificaciones de los ministerios y los municipios, las empresas privadas deberían poder aportar información para la evaluación. Esto permitiría a las empresas con un interés personal en una nueva ley u otra medida propuesta, presionar a la Comisión para que detenga las iniciativas que irían en contra de sus intereses comerciales. En otras palabras, el Parlamento Europeo quiere abrir otra plataforma para el lobby de la industria.

¿No pueden los municipios y los parlamentos nacionales afirmar que se trata de una toma de poder ilegítima e invocar el principio de subsidiariedad?

Si y no. Los parlamentos nacionales tienen la opción de objetar, utilizando una llamada “tarjeta amarilla”. Al hacerlo, afirman que la Comisión está invadiendo un área que debe manejarse en un nivel de gobierno más bajo, ya sea a nivel nacional o de municipio. De hecho, el Bundesrat austriaco, el Senado italiano, las dos cámaras de los parlamentos francés y alemán han levantado la tarjeta amarilla. Han declarado que la propuesta viola el “principio de subsidiariedad” de la UE, según el cual una cuestión que se trata mejor a nivel nacional o local no debería estar cubierta por normas a nivel de la UE. Las resoluciones de estos organismos envían un fuerte mensaje a la Comisión. La declaración austriaca afirma que la propuesta “se entromete profundamente en la soberanía legislativa de los Estados miembros”, mientras que el Bundestag alemán dio un paso más en el argumento y dijo que, de hecho, la propuesta viola el Tratado de la UE.

Pero, según las normativas actuales, las fuertes objeciones de varios parlamentos y consejos en Austria, Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos no son suficientes para frenar la Directiva o para que la Comisión la modifique. Se necesitarían objeciones de al menos 5 países más para forzar a la Comisión a revisar su propuesta.

¿Cuándo se concluirá la decisión sobre la propuesta?

Podría ser muy pronto. La propuesta se presentó en 2016 y ha llegado muy lejos. Las delegaciones de los Estados miembros (el Consejo de Europa) están negociando con el Parlamento Europeo para ver si pueden encontrar puntos en común. El presidente de las negociaciones, el gobierno austriaco, apunta a concluir las negociaciones antes de entregar la presidencia del Consejo al gobierno rumano. Después de eso, los únicos dos pequeños pasos que quedarán son una votación en el Parlamento Europeo y otra en el Consejo.

Hay muy poco tiempo para actuar, y el tema es extremadamente alarmante, ya que la Directiva puede socavar y alterar fundamentalmente la democracia local y la participación ciudadana en toda la UE, así como la capacidad de las autoridades para dar respuesta a las demandas de su electorado para gobernar en el interés público. Mejor hoy que mañana.

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Carta “Paremos el Procedimiento de Notificación de Servicios de la UE“.

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¿Es posible un nuevo Mayo del 68 en Francia?

Mi, 05/12/2018 - 07:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Hermann Hesse en su libro “El lobo estepario” (Der Steppenwolf,1.927), plasma el sentimiento de angustia, desesperanza y desconcierto que se apoderó de la sociedad europea en el período entre-guerras y es un lúcido análisis sobre la locura de una época en la que agoniza lo viejo sin que haya nacido lo nuevo. En dicha obra critica mordazmente la sociedad burguesa ( “la decadencia de la civilización”), dictadura invisible que anula los ideales del individuo primigenio y le transforma en un ser acrítico, miedoso y conformista que sedado por el consumismo compulsivo de bienes materiales pasa a engrosar ineludiblemente las filas de una sociedad homogénea, uniforme y fácilmente manipulable.

Así, Hesse define al burgués como “una persona que trata siempre de colocarse en el centro, entre los extremos, en una zona templada y agradable, sin violentas tempestades ni tormentas. Consiguientemente , es por naturaleza una criatura de débil impulso vital, miedoso, temiendo la entrega de sí mismo, fácil de gobernar. Por eso ha sustituido el poder por el régimen de mayorías, la fuerza por la ley y la responsabilidad por el sistema de votación. Es evidente que este ser débil y asustadizo, aun existiendo en cantidad tan considerable no puede sostenerse solo y en función de sus cualidades no podría representar en el mundo otro papel que el de rebaño de corderos entre lobos errantes…”.

Dichas reflexiones siguen vigentes casi un siglo más tarde, pues la entrada en recesión de las economías europeas ha implementado el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental, derivando posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo y posterior desahucio, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, por lo que se antoja inevitable un proceso de catarsis y posterior metanoia colectiva.

El término Metanoia (del griego μετανοῖεν, metanoien), sería “un enunciado retórico utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para enfocarla de la manera adecuada a un nuevo contexto , lo que traducido a la actual coyuntura socio-económica, se traduciría como “transformar la mente para adoptar una nueva forma de pensar, con ideas nuevas, nuevos conocimientos y una actitud enteramente nueva ante la irrupción del nuevo escenario socio-económico ”, lo que implicaría la doble connotación de movimiento físico (desandar el camino andado) y psicológico (cambio de mentalidad tras desechar los viejos estereotipos económicos vigentes en la última década) y que tendrá como efectos benéficos la liberación de la parte indómita del individuo primigenio ( el lobo estepario) que ha permanecido agazapado en un recodo del corazón, sedado y oprimido por la tiranía de la manipulación consumista de la actual sociedad burguesa occidental.

En consecuencia, asistiremos en Europa a la aparición de un nuevo individuo reafirmado en una sólida conciencia crítica y sustentado en valores caídos en desuso como la solidaridad y la indignación colectiva ante la corrupción e injusticia imperantes y que bajo el lema “prohibido prohibir” generará un tsunami popular de denuncia del déficit democrático, social y de valores de la actual élite dominante. Asimismo, instaurará el caos constructivo que logrará diluir el opiáceo inhibidor de la conciencia crítica (consumismo compulsivo) y provocará la necesaria metanoia de la que nacerá un nuevo individuo dispuesto a quebrantar las normas y leyes impuestas por la “monarquía de las tinieblas”, no siendo descartable la reedición del Mayo del 68 , el hundimiento del castillo de naipes mercantilista de la actual Unión Europea, el retorno a los compartimentos económicos estancos y el posterior diseño cartográfico de la nueva Europa de los Pueblos en el horizonte de la próxima década.

Germán Gorraiz- López es Analista internacional

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Impuesto sobre las transacciones financieras: los grupos de presión financieros han prevalecido

Di, 04/12/2018 - 21:26

Los beneficios del sector financiero tienen prioridad sobre los intereses de la mayoría

Para Attac Austria, el final del impuesto sobre las transacciones financieras (1) es una prueba más de que el poder político del sector financiero es ininterrumpido. “En última instancia, no son los intereses de la mayoría de la gente los que han prevalecido (2), sino los de aquellos gobiernos para los que los beneficios del sector financiero son más importantes que su estabilización y participación en los costes de la crisis”, explica Lisa Mittendrein de Attac Austria.

La decisión no es ninguna sorpresa

Por muy mala que sea la decisión, no es una sorpresa. Desde la presión del Presidente francés Macron en septiembre de 2017 (3), ha quedado claro que la posibilidad de que se aplique el impuesto es mínima. Una carta abierta de miles de organizaciones europeas (4) la semana pasada también fue ignorada por los ministros de finanzas.

Otro ejemplo de la falta de voluntad de los gobiernos para la regulación financiera

El fin del Impuesto a las Transacciones Financieras es, para Attac, un ejemplo más de la falta de voluntad de los gobiernos para regular el sector financiero desde la crisis de 2008: ” Ya se trate de la división de bancos de importancia sistémica, la separación de los bancos comerciales y de inversión, la regulación de los bancos en la sombra o la prohibición de productos financieros y prácticas comerciales arriesgadas, no se ha implementado ninguno de estos requisitos mínimos para una regulación más estricta del sector financiero. Los requisitos de capital para los grandes bancos también siguen siendo demasiado bajos. El riesgo de una grave crisis financiera no es menor hoy que en 2008. Y en una eventual situación de crisis tendremos que volver a asumir los costes”, critica Lisa Mittendrein, de Attac.

(1) La actual propuesta francoalemana prevé la introducción en toda la UE de un impuesto sobre las acciones en lugar del impuesto sobre las transacciones financieras. Esto es al mismo tiempo la salida de los acuerdos anteriores de los 10 países de la UE que hasta ahora han negociado el impuesto. Un impuesto puro sobre las acciones no es un impuesto sobre las transacciones financieras, sino su fin. Sin embargo, no abarcaría precisamente los instrumentos financieros que sirven a la especulación y desestabilizan la economía, incluidos los derivados y todas las transacciones fuera de bolsa. Esto también eliminaría completamente la esperada función de control del impuesto.
(2) Según las encuestas, en muchos países europeos la mayoría de la población está a favor del impuesto sobre las transacciones financieras, en Austria y Alemania es de aproximadamente dos tercios.
(3) https://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2017/09/27/macron-killt-die-finanztransaktionssteuer.html
(4) https://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2018/11/30/finanztransaktionssteuer-3000-organisationen-machen-noch-einmal-druck.html
Más información: https://www.attac.es/2018/10/22/attac-espana-ante-el-impuesto-a-las-transacciones-financieras/

Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator

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Dinero endógeno: escondido a plena vista

Di, 04/12/2018 - 07:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Ya es lugar común criticar a los economistas convencionales por su incapacidad para entender la crisis de 2008. Hay muchas razones para dirigir una severa amonestación a estos economistas. Pero hay una crítica que es fundamental y que no ha recibido la atención que merece, quizá porque está relacionada con un fenómeno que se ha mantenido escondido a plena vista de todos: el dinero endógeno.

Estas palabras pueden sonar algo enigmáticas, porque van en contra de un mensaje transmitido por autoridades y académicos sin interrupción desde el nacimiento de la teoría económica. El mensaje corresponde a la pregunta: ¿De dónde viene el dinero? La respuesta tradicional tiene tres componentes centrales. Primero, no existe una fábrica de dinero, pero sí un instituto emisor que tiene el monopolio de la creación monetaria y se llama banco central. Segundo, ese organismo es independiente de las fuerzas económicas y del mercado, por lo que sus decisiones sobre la cantidad de dinero que hay que emitir son externas a la economía. A ese dinero emitido por el banco central se le denomina dinero exógeno. Tercero, los bancos son simples intermediarios entre los agentes que depositan sus ahorros en sus bóvedas y aquellos que recurren a los bancos para satisfacer su demanda de capitales para invertir.

Todo eso forma parte de una historieta que es falsa. Existe una mejor y más certera descripción del fenómeno de creación monetaria. Proviene de los trabajos de economistas que han cuestionado los dogmas oficiales. En esta visión alternativa la mayor parte del dinero es creado no por el banco central, sino por los bancos comerciales privados. Y esta creación monetaria se lleva a cabo mediante un proceso que no tiene nada que ver con el cuento de hadas de la intermediación bancaria. En síntesis, los bancos no necesitan que un agente deposite sus ahorros para poder otorgar un préstamo. El proceso es al revés: cuando un banco otorga un préstamo, en esa misma operación crea un depósito. En lugar de requerir de un depósito para poder realizar el préstamo, los depósitos son creados al otorgar el crédito.

El crédito otorgado por el banco corresponde en rigor a una creación monetaria. La creación de dinero deja de ser monopolio del banco central y responde a las necesidades de crédito de la economía. Es decir, la oferta monetaria es determinada por la demanda de crédito. A ese circulante se le denomina dinero endógeno, porque su cantidad depende de las fuerzas al interior de la economía y no de las decisiones de un instituto como el banco central. Los bancos comerciales privados pueden satisfacer esa demanda de crédito creando dinero de la nada.

Para darnos cuenta de que el cuento sobre la intermediación bancaria es falso, basta echar un vistazo a los agregados que constituyen la oferta monetaria en cualquier economía capitalista. Ese examen revelará que el dinero emitido por el banco central es sólo una pequeña parte (no más de 5 o 6 por ciento) del total de la oferta monetaria. El resto es emitido por el sistema bancario comercial privado. Lo que mueve a la economía es el dinero creado por los bancos privados mediante los préstamos que otorgan.

Pero si la creación monetaria se lleva a cabo mediante el otorgamiento de crédito, ¿cómo sabe el sistema bancario cuando detenerse? O, para decirlo de otro modo, ¿cuándo saben los bancos en su conjunto cuando ya no es prudente otorgar más crédito? La respuesta es que no lo sabe, porque no hay límites intrínsecos al otorgamiento de crédito. No existe un foco rojo que mande la señal inequívoca de que la economía se ha saturado de crédito (o, lo que es igual, de dinero endógeno). El crédito no es como un producto industrial de la economía real, en la que la sobre-producción envía la señal de que los inventarios están creciendo (la mercancía no vendida se está acumulando). En el caso de los bancos, para cuando el sistema bancario se percata que se ha rebasado el umbral de saturación, ya es demasiado tarde. Buena parte de la crisis de 2008 se debe a este fenómeno.

Las implicaciones del fenómeno de dinero endógeno son enormes y no deben evadirse. Este concepto, que la escuela postkeynesiana tanto ha contribuido a desarrollar, exige redefinir los temas centrales de la teoría y la política macroeconómicas, entre ellos las causas de la inflación, la determinación y el papel de la tasa de interés, la relación entre ahorro e inversión y, por supuesto, la regulación bancaria y del sistema financiero.

Pero mientras los economistas del sistema y la enseñanza de la teoría macroeconómica continúen perpetuando las falsedades de la ortodoxia, no se podrá avanzar en estos temas.

La creación monetaria por los bancos privados es lo que permite a la economía moverse. Está en todas partes y nos parece tan natural que por eso mismo pasa desapercibida. Decía Sherlock Holmes que no hay nada más invisible que lo que es obvio. Seguramente estaba pensando en el dinero endógeno.

Fuente: sinpermiso

Publicado en La Jornada

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Ensimismados

Mo, 03/12/2018 - 11:12

 Alberto Recio Andreu – Consejo Científico de ATTAC España

I

Llevamos demasiados años a la espera; mucho tiempo en el que una tensión política extrema esconde la ausencia de políticas reales. Catalunya ha conseguido ocupar el lugar central de la política española. Nunca había ocupado tanto espacio. El imperialismo medieval catalano-aragonés sólo llegó hasta Murcia (y acabaron cediendo esta región al Reino de Castilla). Ahora Catalunya ocupa un lugar central en el debate de las elecciones andaluzas, y lo volverá a tener a lo largo del nuevo ciclo electoral que ya llama a la puerta. Un debate en que los símbolos, la tensión emocional y la vaciedad argumental lo ocupan casi todo, tanto en Catalunya como en el resto del país.

El debate catalán sirve para esconder, en todos lados, la vaciedad de las políticas reales. En Catalunya la Generalitat hace tiempo que no opera. Tras los brutales recortes que realizó el primer gobierno de Mas (el que pomposamente se autodenominó “Govern dels Millors”), toda la actividad se centró en dar vuelo al procés, en convencer a la gente de que todos los problemas venían de Madrid y de que el futuro sería maravilloso una vez que se alcanzara la independencia. Y, mientras llegaba la apoteosis del fin de fiesta, el país se sumía en un deterioro de los servicios públicos, en la ausencia de políticas necesarias en muchos ámbitos y, poco a poco, aflora la mierda de una corrupción diseñada al alimón por un puñado de empresas habituadas al mangoneo de la cosa pública y el viejo aparato de Convergència Democràtica.

Pero del procés, como del jamón, se aprovecha todo. Y si en Catalunya ha sido útil para tapar la política de la derecha catalana, en el resto del país ha servido para dar a la derecha una batalla a la que apuntarse y tapar también sus vergüenzas. Nada como una buena bandera para arroparse cuando no se tienen ni ideas interesantes ni ganas de afrontar la realidad. Tan jugoso ha sido el envite catalán que ha servido al mismo tiempo para camuflar la inacción política del PP (tan parecida en todo a la de su “enemigo” catalán) y para dar vida a dos nuevos proyectos políticos, Ciudadanos y Vox. Otro producto “tres en uno” surgido de la manufactura catalana.

Tan bueno ha sido el producto que hasta lo ha comprado una parte de la izquierda radical (todos los grupos afines al trotskismo, parte del comunismo ortodoxo y el anarcocarlismo cupero). Y es que en tiempos de hegemonía capitalista no hay nada que atraiga tanto a estos sectores como la posibilidad de creer que una revolución es posible. También en estos espacios la contrapartida ha sido olvidarse de organizar a la gente para otras cosas. Y es que ya se sabe: uno no puede estar en todo.

Mientras, la gente espera que haya gobiernos que mejoren la educación, la sanidad, los servicios sociales, la cultura; que las políticas ayuden a transformar nuestro sistema productivo y nuestra organización social para adaptarse al cambio climático, para que todo el mundo tenga una renta y unas condiciones de vida dignas, para que se afronten los cambios técnicos; para que se tomen medidas de verdad contra los problemas que genera el patriarcado; para que el empleo mercantil sea sólo una parte de una vida social y personal aceptable…

Escribir hoy, cuando ha habido en Barcelona movilizaciones de parte de la profesión médica, de parte de los docentes, de los estudiantes universitarios y de los bomberos, puede dar la impresión de que las cosas están empezando a cambiar, de que la gente está saliendo de la larga sesión de hipnotismo a la que fue convocada (y vale la pena recordarlo, se apuntó con entusiasmo) y vuelve a luchar por lo principal. De hecho, ha habido gente que nunca lo ha dejado de hacer: los de la PAH, los pensionistas, los movimientos vecinales en defensa de los servicios públicos, las kellys. Pero ahora sería distinto. Pues los que se movilizan son en gran medida una parte de los mismos que han apoyado entusiásticamente el procés (por ejemplo, la movilización de enseñanza ha sido organizada por IAC-USTEC y CGT, los dos sindicatos que convocaron el año pasado una huelga general en apoyo del independentismo). No se puede descartar nada. Es posible que, como la gente ya sabe que lo de la independencia va para largo, piense que ya es hora de volver a exigir lo mínimo. Pero también hay malas lenguas que apuntan que es una movilización en la que se mezclan demandas sociales auténticas con estrategias diseñadas ante el próximo ciclo de elecciones sindicales.

Si realmente se quisieran imponer cambios a corto plazo, lo primero que habría que hacer sería presionar para que se aprueben los presupuestos de las distintas administraciones, puesto que en nuestro sistema fiscal el presupuesto de cada nivel (local y autonómico) depende en buena medida de los presupuestos de niveles superiores. Y en este campo todos los niveles de la Administración (al menos Barcelona, Catalunya y España) parecen conformados a una prórroga presupuestaria que no significa más que prolongar la tortura, la inactividad real de las políticas. Y es también la política catalana la que va a impedir la aprobación de un presupuesto estatal.

Todo conspira para que el empantanamiento no tenga fin. En Catalunya hay bastante gente con influencia mediática que vive del procés. Por otra parte, ninguno de los actores está dispuesto a hacer una autocrítica o una seria revisión de lo inviable de la propuesta independentista, y cuando aparece alguna indicación al respecto, enseguida es sepultada por un exabrupto de alguien más radical que impide profundizar en esta línea. De hecho, tampoco las bases están dispuestas a hacer este ejercicio de reflexión pues nadie tiene interés en reconocer que se ha dejado engañar o ha participado alegremente en una aventura insensata. Pero es que tampoco en la derecha española hay nadie dispuesto a frenar la sinrazón de entender que estamos ante una situación que requiere capacidad de innovación institucional y voluntad de reconstruir el encaje de la periferia. La insensata, y poco justificada, acusación de rebelión y sedición a unos líderes que en todo momento llamaron a una respuesta pacífica y que ni siquiera se atrevieron a realizar el acto simbólico de cambiar la bandera tras proclamar (más bien con sordina) la independencia, no hace más que dar gasolina al independentismo. Estamos ante una dinámica petrificada, donde todo parece moverse pero seguimos varados en el mismo lugar. Y, mientras, los problemas sociales, ecológicos y económicos siguen cavando una fosa de la que costará salir.

II

A la espera de que los movimientos sociales ganen fuerza (aunque no sabemos muy bien cómo fortalecerlos), mientras seguimos empantanados en Catalunya, en toda Europa emerge con fuerza una nueva derecha ultranacionalista, reaccionaria, autoritaria que nunca se fue, pero que ahora se alimenta de las amenazas simbólicas y reales que genera la globalización. De hecho, siempre estuvo aquí, aletargada. Descansa en años de cultura imperialista en muchos países europeos, en dos siglos de socialización nacionalista en todos lados, en la pervivencia de viejas ideas reaccionarias habitualmente promovidas por las distintas iglesias y también en buena parte de las políticas culturales del capitalismo consumista.

No cabe duda de que el procés ha hecho mucho por alimentar a la bestia en nuestros lares. Pero la dimensión del fenómeno indica que se trata de un proceso más general, que tiene que ver no sólo con el impacto de las políticas de ajuste y la frustración de las expectativas sociales (recortes que han afectado de forma muy desigual en los distintos países europeos), sino sobre todo con el miedo a la “invasión de los bárbaros” y el rechazo a las voces agoreras de la crisis ecológica y el fin del crecimiento. También se nutre del simplismo y la impaciencia ante la dificultad de resolver muchos de los problemas complejos que afectan incluso a la vida cotidiana de la gente. El autoritarismo siempre tiene como aliado la simplificación de las soluciones. Y, aunque nunca se suele mostrar eficaz, su prestigio nunca decae.

Estamos en una situación tan peligrosa como la de los años treinta, aunque las circunstancias son otras. Entonces el peligro venía de una movilización de fuerzas reaccionarias para atajar la expansión de la revolución proletaria y las frustraciones generadas por la crisis de 1929. Se basó en promover una intensa movilización social, de corte militarista, y en ofrecer políticas claramente orientadas hacia el expansionismo imperialista. Era un reaccionarismo “hacia afuera” aunque también incluyera una criminal política de limpieza interna. Ahora el modelo apunta hacia otra variante, el de blindarse hacia adentro y el de generar un autoritarismo por delegación compatible con mantener a la gente aislada y enganchada a los diferentes juguetes de la industria electrónica. La limpieza interna puede ser incluso más suave, por cuanto en una sociedad mediática el ostracismo es un potente mecanismo de control social.

Frente a esta amenaza no parece que haya otra opción que desarrollar un amplio frente de gente dispuesta a parar una nueva experiencia reaccionaria. Hace unos años, con el 15-M, Occupy Wall Street o el ascenso electoral de Syriza y Podemos, parecía que estábamos en otra fase de cambio intenso. Hoy, en cambio, la situación ha virado en muchos sitios hacia la amenaza de un giro radical a la derecha. En este contexto, no queda otra que hacer frente a esta amenaza tejiendo un verdadero movimiento social en defensa de los valores democráticos de base que deben sustentar cualquier sociedad decente. Para tratar de generar una respuesta racional, socialmente avanzada, organizada a los problemas que ha hecho aflorar la globalización, a los impactos de la última crisis, a las transformaciones que plantea la amenazante crisis ecológica. Y para ello no parece que la batalla principal pase ni por la cuestión nacional ni por un enfrentamiento entre reforma y revolución. Mientras cada cual siga ensimismado en su parcela, el empuje reaccionario se nos puede llevar por delante. Empieza a ser hora de despertar, de buscar mediaciones para reconocer dónde está la amenaza principal.

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La enorme crisis social creada por las políticas neoliberales de los gobiernos españoles y catalanes

Di, 27/11/2018 - 16:23

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

La aplicación de políticas neoliberales, como las reformas laborales que tenían como objetivo, en teoría, aumentar la flexibilidad laboral (lo cual consiguieron a costa de un enorme crecimiento de la precariedad, de la inestabilidad laboral y de la desprotección social), y como los recortes del gasto y empleo públicos que han afectado especialmente a las transferencias y servicios públicos del ya muy poco financiado Estado del Bienestar español, incluyendo el catalán (a fin de reducir el déficit público con la intención, en teoría, de tranquilizar a los mercados financieros), por parte de los gobiernos liderados en España por el Sr. Zapatero primero y por el Sr. Rajoy después (con el apoyo de Ciudadanos), y de los gobiernos del Sr. Mas y del Sr. Puigdemont –y ahora del Sr. Torra– (en alianza con Unió Democràtica y más tarde con ERC) en Catalunya, ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de España, incluyendo Catalunya. Nunca antes en el periodo democrático se había visto tal deterioro. Desde el inicio de la Gran Recesión –causada por la aplicación de tales políticas– en 2007 hasta el año pasado, 2017, la tasa de desempleo pasó de un 8,2% a un 17,2% (un crecimiento del 110%). En número de personas, significó pasar de tener 1.846.000 parados a tener 3.917.000 (2.071.000 personas más). Durante el mismo periodo de tiempo 2007-2017, el porcentaje de personas en paro de larga duración pasó de ser un 1,7% (377.000 personas) a un 7,7% (1.724.000 personas). El porcentaje de trabajadores que ganaron solo una tercera parte del salario medio pasó de ser el 21% a un 27% (en el caso de personas solteras sin hijos), y del 13% a un 14% en el caso de parejas con un salario y dos hijos. Y el porcentaje de trabajadores que ganaban menos del salario mínimo subió de un 8,8% a un 12%. Hoy España (incluyendo Catalunya) tiene una de las tasas de riesgo de pobreza más altas en la UE (un 22%), que es incluso mayor en el caso de los niños (32%).

La tasa de ocupación (porcentaje de la población que trabaja) entre la gente joven es hoy solo del 18% (en Catalunya el 25%), una situación dramática y que augura un futuro nivel de vida para los jóvenes que estará por debajo del de sus padres. Pero no solo los jóvenes están en una situación muy preocupante. Otro grupo etario con grandes dificultades es el trabajador “maduro” (por encima de 55 años), que representan el 14% del total de parados, habiendo crecido su desempleo un 293% durante el periodo 2007-2017. Esta situación tan deteriorada en el mundo del trabajo explica también el gran crecimiento de las desigualdades, siendo España (incluyendo Catalunya) el país que tiene unas desigualdades más acentuadas en la UE-15.

El desmantelamiento del Estado del Bienestar

Como consecuencia de los recortes, el porcentaje del PIB gastado en la sanidad pública bajó durante el periodo 2009-2015 de un 5,8% a un 5,4% en Catalunya, y de un 6,8% a un 6,5% en España, porcentajes de gasto sanitario público más bajos que en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de mayor desarrollo económico, y mucho más bajos que en Suecia (donde subió durante el mismo periodo de un 7,3% a un 9,2%). Un tanto igual ocurrió con la educación, cuyo gasto bajó en Catalunya de un 4,21% a un 3,68% (durante el periodo 2009-2015), y en España de un 5,02% a un 4,16%, mucho más bajos que en la UE-15. Y así un largo y penoso descenso por cada uno de los capítulos del Estado del bienestar español, incluyendo el catalán.

Es importante destacar que las dimensiones más duras y antisociales de estas políticas neoliberales, tanto los recortes (como la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 o el decreto de recortes del mismo año) como las reformas laborales y la amnistía fiscal, fueron aprobadas por los dos partidos gobernantes en España (el PP) y en Catalunya (CiU). CiU era una coalición de dos partidos: CDC, un partido liberal, y UDC, un partido cristianodemócrata. Más tarde CDC dejó de aliarse con UDC y pasó a gobernar con ERC, apoyado desde fuera del gobierno por la CUP. Tal partido (CDC, ahora PDeCAT) es un partido neoliberal que hasta hace unos días pertenecía a la misma familia política que Ciudadanos (otro partido político neoliberal), de la que fue expulsado por su historial de corrupción en su etapa pujolista. Este partido ha promocionado, como parte de su política neoliberal, la llamada declaración del Dia de l’Alliberament Fiscal, que expresa el deseo de establecer un límite en cuanto a la carga fiscal, distanciándose de garantizar los servicios básicos del Estado del Bienestar. Tal declaración es presentada en forma de moción de este partido en los ayuntamientos catalanes (inspirada por un movimiento semejante de la derecha en EEUU, conocido como Tax Freedom Day, que favorece la limitación de la carga fiscal junto con un cuestionamiento del compromiso estatal de garantizar el acceso a la sanidad y a la educación). En su día, Convergència fue responsable de los mayores recortes de gasto público sanitario conocidos en la UE-15 (promovidos por el conseller de Salud, Boi Ruiz, que había sido presidente de la patronal sanitaria privada antes de ser nombrado consejero, y que durante su mandato recomendó que la gente afectada por los recortes contratara un seguro sanitario privado).

Es también importante subrayar que tales partidos políticos neoliberales (PP, Ciudadanos y el PDeCAT) lideran los bloques nacionalistas –el españolista los dos primeros, y el catalanista, hoy independentista, el último (siendo partidos en polos opuestos en sus políticas nacionales)–. Todos ellos utilizan el nacionalismo para movilizar a sus bases a la vez que en los pasillos y despachos del poder –como en el Congreso de los Diputados– firman y apoyan las mismas políticas que han hecho un enorme daño a las clases populares a ambos lados del Ebro. Ni que decir tiene que detrás de su supuesto “amor a la patria y a la nación” hay un intento de ocultar el daño e impopularidad creada por la implementación forzosa (pues no estaban en sus programas electorales) de tales políticas neoliberales, las cuales han creado dicha enorme crisis social. Sin las movilizaciones de banderas –la borbónica por el lado españolista y la estelada por el lado independentista–, tales partidos habrían disminuido espectacularmente su apoyo electoral como ha ocurrido en la mayoría de países de la UE.

Gran parte de la población es consciente de la enorme crisis y atribuye a las políticas neoliberalres aplicadas su existencia

Como era de esperar, artículos publicados en revistas de signo neoliberal próximas a los nacionalistas de ambos lados han intentado convencer a la ciudadanía de que la situación se ha resuelto y que los recortes se han revertido alcanzando los niveles de gasto que España, incluyendo Catalunya, tenían antes de la crisis. Artículos titulados “La remisión de los recortes” o parecidos son comunes en tales medios. Pero los datos muestran la enorme falsedad de esos supuestos. En realidad, la gran mayoría de la ciudadanía es plenamente consciente de ello. En una encuesta reciente publicada en El País (11.11.18), la gran mayoría de españoles (82%), incluyendo los catalanes, no creen que España haya salido de la crisis. Y un porcentaje también muy elevado (66%) acusa a las políticas de la clase política (es decir, de los partidos gobernantes) de la crisis y de su continuidad como consecuencia de tales políticas. El 73,6% de los encuestados, que representan a la población española, creen (con razón) que España tiene mayor pobreza, un 77,9% que hay menor calidad en el empleo, el 67,4% que hay mayores desigualdades y el 58,5% que hay menor desarrollo económico. Las estadísticas muestran que tales percepciones responden claramente a una realidad. Casi un cuarto de la población sufre riesgo de pobreza y exclusión social, incluyendo gente asalariada. Y los ingresos y el nivel de vida de la mayoría de la población han disminuido. Es también importante señalar que además de responsabilizar a la clase política gobernante por la enorme crisis, también el 67,2% responsabiliza al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea (comúnmente conocidos como la Troika) por haber promovido tales políticas.

Y hace solamente unos días el barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión del la Generalitat de Catalunya) mostraba que los dos principales problemas (que están incluso por encima del desempleo) que la mayoría de la población catalana considera que hay en Catalunya son la insatisfacción con la política (que incluye las políticas públicas que se están aplicando) y las tensiones entre Catalunya y España (que en realidad quiere decir entre el bloque unionista y el separatista). En la misma encuesta, el 66% favorece la protesta social para lograr que “los políticos cambien de rumbo”, y la gran mayoría suspende con claridad la gestión de los gobiernos catalán y español.

La respuesta popular a la enorme crisis

Como era de esperar, apareció un movimiento de protesta, el 15-M, cuyo principal eslogan era una denuncia de tales políticas y de los partidos gobernantes que las impusieron, indicando que la clase política carecía de legitimidad pues no estaba sirviendo a la población. El “no nos representan” era su denuncia, y el “sí se puede” era el camino para encontrar una solución. Era fundamental que se cuestionara el argumento del establishment neoliberal que justificaba la aplicación de tales políticas indicando que eran las únicas posibles. Tal movimiento mostró con datos (ver Navarro, V. Torres, J. Garzón, A. Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur, 2011) que sí se podían seguir otras alternativas. Y se estableció un movimiento político-social, Podemos, que ha tenido un gran impacto político en el país. De nuevo, en la encuesta de El País, una mayoría de la población (alrededor del 66%) cree que la aparición de Podemos fue consecuencia del rechazo a tales políticas. Entre otros cambios, el fin del bipartidismo es un resultado de ello.

La respuesta del establishment neoliberal

Hay que subrayar que tal crisis fue fácil de predecir. Algunos lo hicimos: en el libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Ariel Económica, 1997) ya avancé que las políticas iniciadas en la década de los años ochenta a los dos lados del Atlántico Norte crearían una enorme crisis. Y así ocurrió. Tales políticas favorecieron sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando unas enormes desigualdades que crearían una crisis económica y financiera, que a su vez originaría una gran crisis social y, por último, una gran crisis política que cuestionaría la legitimidad de las instituciones que sustentan la estructura de poder.

Por lo general, el establishment neoliberal está hoy a la defensiva, aun cuando el conflicto de banderas está en cierta medida alentado por los dos bandos, a fin de ocultar la crisis social y sus responsabilidades en su establecimiento. A mayor responsabilidad, mayor es el grito de las banderas. Por lo demás, su apoyo a tales políticas continúa.

Ahora bien, en el panorama político español ha habido cambios en gran parte como consecuencia de la movilización y protesta que ha aparecido en las calles. El PSOE ha sido sensible y ha sido receptivo a las propuestas de Unidos Podemos, siendo su resultado el establecimiento de una propuesta de presupuestos cuya aplicación sería el inicio del fin del neoliberalismo. Desde el incremento del salario mínimo (de los más bajos de la UE) hasta la regulación del precio del alquiler, hay toda una serie de propuestas que beneficiarían enormemente la calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en particular de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Predeciblemente las derechas españolas (PP y Ciudadanos) se han opuesto a ello, aunque no ha sido la única oposición que está encontrando la propuesta de presupuestos.

Más sorprendente ha sido la oposición de las izquierdas independentistas, que han puesto la aprobación de los presupuestos como parte de una negociación con el gobierno socialista, subrayando que su apoyo a los presupuestos sería un favor al gobierno que no están dispuestos a realizar a no ser que este cambie en su política hacia los presos. Los presupuestos, que sin lugar a dudas beneficiarían a la mayoría de la población catalana, quedan, pues, supeditados a la resolución del tema de los presos.

Conscientes de que tal posición les podría suponer un coste electoral, algunas voces de tales izquierdas del bloque independentista han indicado que favorecen las medidas sociales que incluyen los presupuestos, ofreciéndose a apoyar tales cambios no como parte de unos presupuestos, sino como una suma de decretos-ley, cada uno de los cuales contendría una medida social. Según la Constitución, el gobierno está autorizado a establecer medidas presupuestarias excepcionales de apoyo a decretos-ley que el gobierno considere de especial interés. Y así lo ha propuesto el mismo gobierno Sánchez.

Los decretos-ley no son lo que se supone

El error de sustituir los presupuestos por decretos-ley es, sin embargo, creer que las medidas sociales de los presupuestos pueden sustituirse por una suma de tales decretos, lo cual es altamente cuestionable, tal como la experiencia demuestra. No hay duda de que las derechas neoliberales, el PP y Ciudadanos, llevarán esos decretos-ley al Tribunal Constitucional (TC), basándose en que una condición para su aprobación es su excepcionalidad. En otras palabras, los decretos-ley en los temas sociales enunciados tienen que responder a circunstancias de urgencia y excepcionalidad, categoría subjetiva que, sin lugar a dudas, dará pie a la intervención del TC, lo que llevará, además de a un gran retraso, a la posibilidad muy probable de que dichas medidas sean vetadas por tal tribunal. La judicialización de la política es una constante en la estrategia de las derechas en España, conscientes de que el poder judicial en este país está muy escorado a la derecha, como el juicio de los presos políticos está demostrando. De ahí que tal judicialización dificultará e incluso imposibilitará su aprobación. Así pasó con anteriores decretos-ley, como la declaración de inconstitucionalidad en el año 1997 de una reforma fiscal de 1992, o en el año 2016 de unos créditos extraordinarios aprobados en 2014. En ambos casos el TC indicó que unos cambios de tal naturaleza no podían seguir la vía extraordinaria, sino la ordinaria. Y así podría pasar, anulando la probabilidad de que tales medidas pudieran ser aprobadas.

La enorme responsabilidad de las izquierdas independentistas en perpetuar la enorme crisis social existente en Catalunya y en España

Es un gran error y una enorme incoherencia el ligar y relacionar la aprobación de los presupuestos (que significan un paso muy importante, ya que contienen medidas de gran calado que beneficiarían enormemente a las clases populares de Catalunya y de España) a cambios del gobierno español en el tema nacional. La continua supeditación de la resolución de la enorme crisis social a la resolución del tema nacional está convirtiendo a tales izquierdas en cómplices del enorme daño que los partidos neoliberales están imponiendo a la población.

Su comportamiento durante el “procés” está ahora alcanzando su máxima expresión en su oposición a la aprobación de tales medidas progresistas. Las clases populares están sufriendo y no pueden supeditarse las acciones encaminadas a eliminar o al menos disminuir tal dolor a acciones en otros ámbitos, anteponiendo el tema nacional (por muy noble que su causa les parezca) a la resolución de la brutal crisis social.

Hoy, la gran mayoría de la población catalana votaría a partidos de izquierdas. Según la última encuesta del CEO, la suma de los votos de ERC, PSC, Catalunya en Comú y la CUP sería mayoritaria entre la población (58,5%). Es lógico, pues, asumir que, conforme al principio de representatividad y solidaridad que debería guiar a las izquierdas, la mayoría de catalanes desea que estas medidas sean aprobadas. Ahora bien, las izquierdas independentistas (ERC y CUP) prefieren mantener la alianza con otros partidos independentistas (y por lo tanto con la derecha neoliberal del PDeCAT), una alianza que sería minoritaria (la suma de ERC, PDeCAT y CUP no alcanzaría el 50%, concretamente sería el 48,4%). Y la suma de las derechas (PDeCAT, Ciudadanos y PP) sería solo del 39,5%. Y, en cambio, los partidos neoliberales de derechas, claramente en minoría, serían los mayores beneficiarios del veto independentista a los presupuestos.

Las izquierdas independentistas deberían anteponer el deseo de las clases populares, en un momento de gran crisis social. Ignorar tal deseo (a favor de un futuro incierto) es un gran error que, por desgracia, se ha cometido durante un largo periodo de tiempo. Parecen no entender que la estrategia de tensión que están favoreciendo está llevando a una situación que está causando un enorme daño a la mayoría de la población, que no es para nada responsable ni de la situación, ni de los presos políticos, ni de la rigidez y represión del Estado central, ni de la torpeza del gobierno catalán. Así de claro.

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales

http://www.vnavarro.org/

https://blogs.publico.es/

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¿Nuevo fracaso en la Cumbre del G20?

Fr, 23/11/2018 - 12:56

Germán Gorraiz López - ATTAC Navarra-Nafarroa

El fenómeno de la globalización económica ha conseguido que todos los elementos racionales de la economía estén interrelacionados entre sí debido a la consolidación de los oligopolios, la convergencia tecnológica y los acuerdos tácitos corporativos, neoliberalismo económico que sería el culpable de que según la OIT para el 2.019 el número total de desempleados en el mundo sería de 213 millones (6% de la población activa): Ello estaría aunado con un déficit de 65.000 millones de dólares en los presupuestos de los países pobres y con cerca de 44 millones de personas viviendo en la absoluta pobreza según Intermón Oxfam, por lo que las autoridades económicas mundiales debieran impulsar la frágil recuperación económica global, promover una capacidad productiva diversificada y garantizar una evolución equilibrada de los ingresos, objetivos que no tendrán su plasmación en la agenda de la próxima Cumbre del G20 a celebrar en Buenos Aires a finales de Noviembre.

El crecimiento asimétrico de América Latina

La publicación por el FMI de su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO en inglés) augura un notable descenso de sus previsiones de crecimiento para América Latina ( 2´2 % para el 2019) , lo que le aleja del resto de zonas emergentes que tendrían un crecimiento estimado del 3,4 % y vendría provocado por el caos económico venezolano, la entrada en recesión de Argentina (-1,9%) y la ralentización de México y Brasil quedando tan sólo Bolivia, Perú, Paraguay y Chile como islotes en un océano de aguas estancadas, lo que agudizará el crecimiento asimétrico de América Latina Así, la contracción de la demanda mundial de materias estaría ya provocando el estrangulamiento de sus exportaciones y la depreciación generalizada de sus monedas debido a la fortaleza del dólar, lo que se traducirá en aumentos de los costes de producción, pérdida de competitividad, tasas de inflación desbocadas e incrementos espectaculares de la Deuda Exterior que podrían terminar dibujando un escenario de estancamiento económico secular en América Latina y Caribe. Así, según la Directora Gerente del FMI, Lagarde, “la fortaleza del dólar junto con la debilidad de los precios de los productos crea riesgos para los balances y financiación de los países deudores en dólares”, de lo que se deduce que las economías de América Latina y Caribe estarán más expuestas a una posible apreciación del dólar y la reversión de los flujos de capital asociados, fenómeno que podría reeditar la “Década perdida de América Latina” (Década de los 80). Además, la política anti-inmigración de Trump conllevará una severa constricción de la entrada de remesas de dólares en México, El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que podría suponer una debacle económica y social y terminar por desencadenar frecuentes estallidos de conflictividad social y un severo retroceso de las libertades democráticas

¿Retorno del proteccionismo comercial?

El retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU-Rusia tras la crisis de Ucrania y la imposición de sanciones por UE-Japón-EEUU contra Rusia , marcarían el inicio del ocaso de la economía global y del libre comercio, máxime al haberse demostrado inoperante la Ronda Doha (organismo que tenía como objetivo principal de liberalizar el comercio mundial por medio de una gran negociación entre los 153 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y haber fracasado en todos sus intentos desde su creación en el 2011. La economía global estaría amenazada por la aparición de medidas neo-proteccionistas en los países del Primer Mundo, especialmente tras la firma por Donald Trump de la orden ejecutiva “Buy American, Hire American” (compra americano, contrata americanos) así como por la posible retirada de EE.UU del Tratado Internacional suscrito por 195 países en el 2015 para reducir las emisiones contaminantes, conocido como Acuerdo del Clima de París. Así, asistiremos al finiquito o renovación de los Tratados Comerciales transnacionales (TTIP, NAFTA y TTP) y a la implementación por las economías del Primer Mundo de medidas proteccionistas frente a los países emergentes cuyo paradigma sería el establecimiento por EEUU de medidas antidumpin contra el acero y el aluminio mediante la imposición de aranceles del 25% y del 10% respectivamente y que significarán el retorno al Neo-Proteccionismo económico con la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.

Petróleo+ Dólar, la tormenta perfecta

La conjunción de una nueva crisis del petróleo que podría elevar los precios hasta los 100 $ el barril con la excesiva fortaleza del Dólar podría provocar una ciclogénesis económica. Los principales países desarrollados cuentan con reservas estratégicas de petróleo que destinan exclusivamente para uso en situaciones críticas para garantizar el consumo interno durante un par de meses, inventarios que habrían sufrido una caída por debajo de la media de los últimos cinco años. Ello, aunado con un aumento de la demanda energética mundial cercana a 1,5 millones de barriles al año, el recorte de producción pactado entre Rusia y la OPEP y una peligrosa caída de la producción en países como Venezuela (600 mil barriles menos al día), Angola (300 mil barriles menos al día), posibles disrupciones en el bombeo de países inestables como Nigeria y Libia y el incremento de sanciones de EEUU a Irán podría desembocar en un recorte de 1,5 millones barriles, lo que conllevará un peligroso incremento de los precios del crudo hasta rozar los 100 $ barril, que darán lugar a tasas de inflación desbocadas e incrementos del precio del dinero por parte de los Bancos Centrales, lo que provocará la asfixia económica de países con una Deuda Pública estratosférica.

Riesgo de estancamiento económico mundial

La total retirada por la Fed de sus medidas de estímulo a la economía estadounidense aunado con las sucesivas de tipos de interés debido a la elevada inflación en EEUU, provocará una preocupante falta de liquidez en los mercados así como un notable encarecimiento del dinero lo que aunado con la revalorización de la Deuda soberana (bono norteamericano podría superar el 4% de rentabilidad), provocará que los inversionistas se distancien de los activos de renta variable y que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial. Todo ello originará una psicosis vendedora que provocará que el Dow Jones de Industriales salte por los aires y termine por desencadenar el estallido de la actual burbuja bursátil que sería hija de la euforia de Wall Street (y por extrapolación del resto de bolsas mundiales) tras las políticas monetarias de los grandes bancos centrales mundiales que han inundado los mercados con centenares de miles de millones de dólares y euros con la esperanza de relanzar la economía, más aún cuando las colocaciones sin riesgo ( deuda de EEUU o de Alemania), no retribuían nada a los inversionistas. Dicho crack bursátil tendrá como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil del 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de quiebras que podría dibujar un escenario de estancamiento económico secular (secular stangantion) para el 2011.

 

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Democracia: del discurso a la acción urgente

Do, 22/11/2018 - 13:40

Federico Mayor Zaragoza - Comité de Apoyo de ATTAC España

Considero oportuno y apremiante proponer una Declaración Universal de la Democracia a los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que es el único contexto en el que sería posible el pleno ejercicio de los mismos, al tiempo que daría a las Naciones Unidas la capacidad de actuación a escala mundial que los grupos plutocráticos neoliberales (G6, G7, G8, G20) le arrebataron en  la década de los 80.

Hace ya 6 años que se redactó –con Karel Vasak, Juan Antonio Carrillo Salcedo,…- una Declaración de la Democracia que incluía sus múltiples dimensiones: ética, social, política, económica, cultural e internacional. Luego, con la colaboración de varios firmantes –entre los que figuran Mario Soares, Mikhail S. Gorbachev, Javier Pérez de Cuéllar, Boutros Boutros Ghali, Kofi Annan, Adolfo Pérez Esquivel…- se fue mejorando el texto original.

La humanidad “será guiada por los principios democráticos” de la justicia, libertad, igualdad y solidaridad (intelectual y moral), según establece el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO.

Ha llegado el momento de esclarecer el concepto de democracia ante acepciones totalmente equivocadas, intencionadamente o con buena voluntad. Ha llegado el momento de hablar menos y actuar más porque, de otro modo, perderíamos también -lo que constituiría otro error intergeneracional- el gran asidero que permitiría que fueran “Nosotros, los pueblos…”, como prematuramente estableció la Carta de las Naciones Unidas en 1945, los que tomaran en sus manos las riendas del destino común, y dejaran de ser espectadores para convertirse en actores capaces de diseñar su propio futuro, convencidos de que sólo cuando se conoce la realidad en profundidad puede transformarse en profundidad.

Aconsejo, pues, leer la versión actual de la Declaración Universal de la Democracia (texto: https://declaraciondemocracia.wordpress.com/ y firmantes: https://declaraciondemocracia.wordpress.com/firmantes/) y,  con las mejoras que ojalá puedan introducirse, proponer oficialmente al Secretario General de las Naciones Unidas el debate y adopción de la misma en la Asamblea General. Sería extraordinariamente importante para la gobernanza a todos los niveles y para el reconocimiento generalizado de la igual dignidad humana. Sería un momento de gran esperanza para la invención del futuro, que no debemos demorar.

Sólo con el multilateralismo democrático –que tan concretamente se fomenta en el capítulo de “Democracia Internacional”– será posible, de una vez, el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.  Se iniciaría la transición histórica de la fuerza a la palabra.

Publicado en Público el 21 de noviembre de 2018

Publicado por Federico Mayor Zaragoza

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Un país fallido con su juventud

Di, 20/11/2018 - 07:00

Albino Prada - Comisión JUFFIGLO de ATTAC España

Diez años después del estallido de la crisis financiero-inmobiliaria de 2008, sus efectos en el empleo no solo siguen concretándose en una estratosférica tasa de paro juvenil (mucho mayor que la ya elevada tasa media) o en un empleo de los más jóvenes crecientemente precario (en su duración, jornada o ingresos).
Un hecho especialmente grave, y muy poco resaltado, está siendo el envejecimiento de nuestra población ocupada, a causa de la masiva expulsión de los más jóvenes en la distribución de los empleos hoy existentes respecto a la situación de hace diez años.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE la población joven ocupada (de 16 a 34 años) entre 2008-2018 (datos del tercer trimestre) ha disminuido en tres millones de personas. Presentamos en un primer gráfico el desglose completo de la variación de los ocupados españoles para todas las edades en esta última década.

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Elaboración propia con datos INE-EPA del tercer trimestre

Como puede observarse, mientras el empleo total aún hoy es inferior en un millón de personas al del año 2008, los ocupados de menos de 35 años se han desplomado en tres millones de personas, y los ocupados de más de 35 años se han incrementado en dos millones.

Se está produciendo así un envejecimiento de nuestros ocupados, que se traduce en escasas oportunidades de empleo para los más jóvenes y en presión hacia la emigración. Dicho envejecimiento queda patente en un segundo gráfico que presentamos, más resumido. Por cierto, un envejecimiento que no se observa en otros países europeos.

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Elaboración propia con datos INE-EPA del tercer trimestre

De manera que mientras en 2008 los ocupados más jóvenes se acercaban al 40% del total, hoy ya son apenas un 25% del mismo. Una mutación que compromete seriamente la sostenibilidad de nuestro sistema demográfico y de protección social.¿Qué podemos precisar sobre esa mutación en función de la nacionalidad? En primer lugar que, según los mismos datos del INE por nacionalidades, de los tres millones de más jóvenes (entre 16 y 34 años) que han dejado de estar empleados en España entre 2008 y 2018, unos 800.000 eran extranjeros mientras que 2.300.000 tenían la nacionalidad española.

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Elaboración propia con datos INE-EPA

Es fácil suponer que buena parte de los 800.000 jóvenes extranjeros, que hoy ya no tienen un empleo en España (y lo tenían en 2008), han regresado a sus países de origen. ¿Habrá también emigrado buena parte de aquellos 2.300.000 jóvenes españoles?

Para empezar se comprueba que no han engrosado el número de parados puesto que su volumen total, para los jóvenes entre 16-34 años, es hoy muy semejante al del año 2008. Tampoco encontramos en una mayor población joven inactiva una explicación suficiente: porque, por ejemplo, los que han buscado en los estudios una forma de transitar la crisis solo asciende a unos 300.000. Y menos aún se observa que hayan engrosado, diez años después, los ocupados entre 35-44 años, grupos en que los ocupados se mantienen estables (vea de nuevo nuestro primer gráfico).

De manera que nos quedan cerca de dos millones de jóvenes españoles menos candidatos a haber dejado el país entre 2008-2018.

Podemos indagar algo más al respecto consultando las cifras de población total residente que estima el INE en su EPA. También en este caso se anotan en tres millones el descenso de población residente en España entre los 16-34 años. Un desplome muy semejante al de la población ocupada total entre esas edades. Como también registra, por cierto, un desplome de 360.000 ciudadanos en ese mismo período entre 0-4 años, sin duda derivado del impacto de la crisis sobre la natalidad tanto de los que no emigran como de los que ya no nacerán aquí. Una emigración de jóvenes que retroalimenta un desplome demográfico con caída de la natalidad.

Estamos ante un caso desafortunado, entre otros muchos por desgracia recurrentes a lo largo del mundo, de lo que denomino formas de despilfarro catastrófico en mi reciente ensayo “El despilfarro de las naciones”.

Para esquivar tal despilfarro de la juventud más cualificada que hemos tenido en España, no nos va a quedar más remedio que incentivar el reemplazo de las personas ocupadas de menos de 65 años (con contratos de relevo, en vez de aplazar su jubilación), repartir el menguante empleo (y la mayor riqueza) que provoca la llamada economía 4.0 y evitar que dicha economía afecte a sectores que consideremos clave para dar oportunidades de empleo digno a nuestros jóvenes, tal como ya se aplican a hacer en el muy robotizado Japón.

Solo así podremos primero detener y luego revertir una sangría demográfica que nos convierte en un país fallido con su juventud. Sin caer en la tentación de camuflar un colapso colectivo con medidas elitistas para el retorno selectivo de los jóvenes “primeros de la clase”, como bien razona el Nobel indio Amartya Sen en uno de sus últimos ensayos.
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Publicado en infoLibre

Albino Prada es doctor en Economía y miembro de ECOBAS

 

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¿Hay una nueva derecha latinoamericana?

Sa, 17/11/2018 - 11:42

Emir Sader – Público.es

La derecha latinoamericana se renovó y ensanchó sus fuerzas cuando adhirió al modelo neoliberal. Pasó a reivindicar el futuro, buscando relegar la izquierda al pasado. Incorporó fuerzas socialdemócratas e incluso de origen nacionalista, ampliando su bloque político.

La izquierda tardó un poco en reaccionar, un tanto atónita frente a tantos golpes – fin de la URSS, enfrentarse a una ofensiva global del neoliberalismo, perder los aliados socialdemócratas, debilitamiento de los sindicatos, de los Estados, de los mismos partidos. La afirmación tan reiterada de que, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, parecía muy real.

Hasta que a izquierda se dio cuenta que el capitalismo había vestido una ropa neoliberal y que la izquierda tiene que ser una izquierda antes que todo antineoliberal. Fue dura la pelea de resistencia a los flamantes gobiernos neoliberales, porque no se daba solo en contra de la derecha tradicional, sino también en contra de gobiernos como los de Menem, Cardoso, Carlos Andrés Pérez, de la Concertación chilena, entre otros.

Pero finalmente la izquierda logró ganar elecciones y mostrar a lo que venía, con los gobiernos antineoliberales. La derecha quedó acusada, perdió iniciativa, actuaba como respuesta al éxito de las políticas sociales de los gobiernos de la izquierda, pasó a afirmar que las iba a incorporar, pero en el marco del modelo neoliberal.

Después de sucesivas derrotas, la derecha vuelve al gobierno en Argentina y en Brasil. La victoria de Macri provocó reacciones apresuradas de que el macrismo se había vuelto el partido de la derecha argentina y que venía para quedarse. En Brasil ahora se dice lo mismo con Bolsonaro. Hay que preguntarse si hay de hecho una nueva derecha en América Latina.

Lo que es cierto es que la que fue la derecha hasta entonces se ha degastado con su modelo neoliberal y dejó espacio abierto para nuevas fuerzas, más radicales a la derecha. Pasó ello con el Partido Radical en Argentina, sin que liderazgos de centro dentro del peronismo hayan logrado ocupar ese lugar, finalmente ocupado por el macrismo. Pasó lo mismo con el desgaste del PSDB en Brasil, dejando campo para el avance del bolsonarismo.

¿Pero cuánto tienen de nuevas esas fuerzas y que aliento tienen para quedarse por largo plazo? Es cierto que se han vuelto los representantes políticos de las derechas de esos países. Es cierto que llegan con fuerza y con planteamientos de ultra derecha, especialmente en el caso de Brasil. Pero el debilitamiento rápido de Macri, por los pies de barro que tiene siempre la derecha con su modelo neoliberal, indica que fueron un poco apresuradas las previsiones de su aliento largo. Al igual que Bolsonaro que, como Macri, está condenado al vaciamiento de apoyo, conforme todos se den cuenta que la recesión y el desempleo se mantendrán, por la continuidad del modelo neoliberal, más allá de sus discursos, de los cuales ya ha reculado en varias promesas – como el fin del ministerio del trabajo, entre otros.

Pero es una nueva derecha más radical, bastante más radical, en el caso de Bolsonaro. Que se vale de debilidades de las fuerzas de izquierda, pero que, no por ello, vino para quedarse en los gobiernos. Tienen en común las acusaciones de corrupción en contra de la izquierda, intentando aparecer como los no corruptos, que la van a combatir. No importa el grado de realidad de esas acusaciones. Importa que ellas han logrado imponer a la opinión pública la imagen de que los gobiernos, los dirigentes y los partidos de izquierda se han envuelto en corrupción. Y hacer como si los de derecha, no. Así como el diagnóstico de que los problemas económicos actuales son todavía efectos de los gobiernos de izquierda. En lo primero tienen éxito generalizado, en lo segundo tienen bastante más en Argentina que Brasil.

¿Es una nueva derecha? Si. ¿Llega con fuerza al gobierno? Si. ¿Vino para quedarse? Como nueva representante de la derecha, probablemente. ¿Gobernará por un tiempo largo? Difícilmente. Esto depende de la capacidad de la izquierda de unirse y de readecuarse a los temas del debate planteados por esa nueva derecha, volver a presentarse como la renovación de la política, la defensora de la trasparencia en la política, así como retomar los temas pendientes en la superación del neoliberalismo con más fuerzas, como la democratización de los medios, al cual se une ahora la democratización del Poder Judicial. Ahondando siempre en la vía democrática, ensanchando los espacios que existan, creando otros, para que la fuerza de la resistencia de masas al neoliberalismo vuelva a traducirse en fuerza política.

Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).

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Declaración de ATTAC – ARGENTINA

Fr, 16/11/2018 - 15:00

  ATTAC ARGENTINA

           Denunciamos la persecución ideológica y el intento de amedrentarnos

Desde ATTAC – Argentina les decimos “No lograrán AMEDRENTARNOS”. ATTAC es una organización mundialmente reconocida por su activismo contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero. Resulta absurdo y repugnante que un gobierno plagado de evasores, con cuentas off shore  pretenda manchar a una organización como ATTAC  acusándola de lavado de dinero. Las sumas que recibió ATTAC – Argentina, como donación por parte de organizaciones internacionales de renombre, que comparten nuestras ideas, además de ser ínfimas, fueron recibidas cumpliendo con toda la normativa bancaria y, fueron destinadas, con el correspondiente respaldo documental, a realizar campañas contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y el pago de las ilegítimas Deudas Públicas, de los países del tercer mundo. No tenemos nada que esconder, nuestras acciones e iniciativas son abiertas y públicas.

Esta estrategia que el gobierno argentino viene utilizando contra organizaciones del campo popular ha despertado expresiones de solidaridad a nivel nacional e internacional.

Como integrantes de la Confluencia Fuera G20/FMI trabajamos con el fin de desnudar la obscenidad de la reunión del Grupo de los Veinte (G20), que necesita blindar la ciudad para funcionar, junto a las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIS): FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que necesitan 25 mil efectivos que los protejan, viajar en porta-aviones y utilizar sofisticados aparatos de seguridad, con el gasto que ello conlleva. Ya que se trata de una cumbre donde está el selecto grupo de Presidentes y Jefes de Estado de veinte poderosos países que se arrogan el derecho a decidir, dejando afuera a los 174 países soberanos restantes; una cumbre a la cual asistirán Trump, Macron, Putin, Merkel, etc y asesinos de la talla del príncipe heredero Mohamed bin Salman, involucrado en el caso del periodista asesinado  Jamal Khashoggi.

Nuestro objetivo, en el marco de la Semana de Acción Global contra el G20 y el FMI, es denunciar a este foro que no nos representa, así como debatir y buscar alternativas a la profunda crisis en la que estamos inmersos, no sólo en Argentina sino a nivel regional y global. La crisis económica, financiera, alimentaria, energética, climática, en fin, civilizatoria, no va a ser paliada con las políticas que recetan el G20 ni las principales Instituciones Financieras Internacionales, como el FMI.

Ahora, en ese contexto, no nos sorprende esta nota intimidatoria de Infobae. Es la mejor demostración del amedrentamiento que se quiere realizar contra las organizaciones sociales argentinas, intentando “meter miedo” y dividir a la sociedad argentina. Es una acción de represión preventiva para justificar cualquier acción de las fuerzas de seguridad contra las movilizaciones pacíficas que se realizarán el 30 de Noviembre, para repudiar la llegada del G20.

Asimismo, repudiamos el señalamiento de la doctora Beatriz Rajland, reconocida Abogada y activista de Derechos Humanos, investigadora de la Agencia de Ciencia y Técnica, Profesora Titular regular de Teoría del Estado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Señalando, a su vez, que su nombre está asociado a la resistencia civil contra la dictadura militar y, que ha sido un permanente ejemplo de coherencia y compromiso.

Desde ATTAC – Argentina, no aceptamos que se nos intente “perseguir” y amedrentar con falsas acusaciones. No tenemos nada para ocultar, al contrario: nuestras mochilas están llenas de ideas, propuestas y sueños por Otro Mundo Posible.

Noviembre de 2018

                                      ATTAC Argentina

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Ayuntamientos en el olvido

Fr, 16/11/2018 - 14:24

Carlos Martínez García - Consejo Científico de ATTAC España

 

Cuando hablamos de municipios en España, pareciera que tan solo son cinco o seis capitales de provincia, en realidad hay 8.124 aproximadamente. Existen lógicamente diferentes tipos y tipología de municipios pero en el estado español, todos los ayuntamientos son iguales ante la ley, todos tienen autonomía y competencias propias, son además no solo parte del Estado, sino Estado. Más antiguos que las propias Diputaciones y por supuesto mucho más antiguos y sabios que las Comunidades Autónomas. Los ayuntamientos son expresión del poder local y deben dejar de ser corporaciones locales para ser gobiernos locales. El Gobierno local debe tener los órganos de control correspondientes no solo institucionales, sino ciudadanos y barriales o comunales. Contando además con las nuevas tecnologías a la hora de establecer consultas etc. pero, ofertando medidas alternativas al objeto de superar la importante brecha digital existente, mucho más numerosa de lo que pudiera parecer. Desde que el espíritu de clase -de clase media- y lo postmoderno se ha apoderado de la política parece ser que todo el mundo tiene internet en casa o se maneja con un móvil y eso es cierto. Hay que regresar a las asambleas de vecinas y vecinos.

Pero es que hay que volver a rescatar los municipios, sobre todo su autonomía politica, fiscal y de gasto, de inversión social.

Los ayuntamientos tienen tres adversarios declarados, muy claros y otro más tolerante y/o incluso colaborador. A saber, el primero y hablando del estado español es la Ley Montoro o la LARSAL, ley de racionalización de las administraciones locales impuesta por el PP y que a pesar de tres sentencias que la modifican sustancialmente, sigue vigente inexplicablemente, conviertiendo a los ayuntamientos en meros prestadores de ciertos servicios, controlados y como certeramente señala el profesor Manuel Zafra ofertados a bajo precio. La ley Montoro es la transposición de las directivas europeas UE, de austeridad y de control de techo de gasto, pero va más allá y asume la filosofía politica de la UE en el sentido de tratar de eliminar ayuntamientos o al menos disminuir sus inversiones en políticas sociales, culturales, de fomento y de dotaciones y servicios, imponiendo la privatización de los servicios municipales, que la ley Montoro -la LRSAL- no solo insinúa sino que obliga.

El segundo terrible adversario de los municipios es la patronal. La gran patronal plantea la disolución de unos 5000 ayuntamientos, con una gran carga demagógica, pues en realidad lo que desean es comerse todo el pastel de los servicios públicos municipales mediante la privatización generalizada y hacer negocio de lo público. Si los servicios públicos no pudieran ser negocio, la patronal no intervendría. Por eso reduciendo municipios hay menos personas con las que negociar… Convencer… Invitar a comer… hay menos plenos y menos contratos que hacer con lo que la gestión se simplifica y también la gestión de las grandes contratistas de las que Florentino Pérez es el gran manejero, se hace más sencilla y por tanto más beneficios todavía. Por eso revertir las privatizaciones es imprescindible para cualquier práctica municipalista honrada y en defensa de los derechos de las vecinas y vecinos.

El tercer enemigo; número uno es la ideología neoliberal y conservadora. Un municipio concebido como mero prestador de servicios es además un negocio redondo y la idea neoiliberal de que lo importante son los servicios y no quien los presta, no es sino excusa para favorecer negocios de empresas privadas en detrimento del poder local. Los ayuntamientos por otro lado son un instrumento político muy peligroso para las derechas, pues extiende la participación politica y conforma un poder local democrático y republicano, muy difuso y difícil de controlar. Por eso se ha inventado el techo de gasto, pues a pesar de los pesares los ayuntamientos son la administración pública española que menos despilfarra y mejor gestiona, insistimos a pesar de los pesares y la numerosa publicidad pagada en los medios corporativos de comunicación contra los ayuntamientos.

En cuarto lugar las Comunidades Autónomas, tratan de tutelar de forma ilegal por cierto, a los ayuntamientos. Los ayuntamientos en sus materias de competencia son al menos tan autónomos como las Comunidades. Las CCAA han creado todas ellas poderosas redes clientelares que duplican las administraciones de forma innecesaria al objeto de controlar municipios que no son de su color político o pagar favores a los de su cuerda. Las CCAA controlan un gasto superior ya al del Estado, pero asfixian e impiden que los municipios puedan tener suficiencia financiera al objeto de servir a los intereses de sus habitantes. Las CCAA, manipulan o desprecian la gestión local y jamás y ninguna de ellas respeta el principio de subsidiariedad invadiendo competencias locales. Son por tanto adversarias si bien tratan de disimularlo y se llenan la boca de supuestas colaboraciones.

Por tanto la demanda de que el gasto público se reparta en un 50%-25%-25% sigue siendo necesaria. En cualquier caso que Estado y CCAA se repartan el total de lo suyo pero dejen de meter la mano en la caja local.

Finalmente los ayuntamientos y las próximas elecciones locales son una excelente oportunidad para la izquierda al objeto de consolidar poder territorial y hacerlo de la mano de los ciudadanos e impulsar candidaturas republicanas y de cambio social real y transformador. Por eso a la derecha y a todos los aparatos políticos lo local les da grima y meten la mano, controlan, sancionan, o disuelven pues en realidad la democracia local les preocupa y mucho, pero para controlarla desde arriba.

Politólogo, de la plataforma socialista pro PSF

Publicado en  Nuevatribuna

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Italia, Europa, déficit público y populismos

Do, 15/11/2018 - 13:03

Fernando Luengo – Público.es

La magnitud del déficit público y la senda de reducción del mismo enfrentan al gobierno de Italia y a la Comisión Europea, la cual ha rechazado y obligado a rectificar el borrador de presupuesto presentado. La lectura política, interesada, que se hace de ese desencuentro es la pugna entre el populismo irresponsable, abanderado por los dirigentes italianos, y la defensa firme de la construcción europea por parte de las autoridades comunitarias.

El discurso dominante defiende la necesidad de reducir el déficit público; o, para ser más exactos, situar esa reducción como la piedra angular de una buena política económica. Quien se atreva a defender otro planteamiento, distinto u opuesto al oficial, quien cuestione ese enunciado, elevado a dogma, no sólo queda desacreditado y desacreditadas sus reflexiones en materia de economía, sino que inmediatamente es arrojado al confuso magma de los populismos de uno u otro signo, cuyo denominador común sería la eurofobia y el nacionalismo desintegrador.

Si bien, evidentemente, no es indiferente el nivel de déficit público que tiene una economía, creo, sin embargo, que hay buenas razones para impugnar una línea argumental que ha encerrado, literalmente hablando, la reflexión económica y la acción política en asuntos como los ajustes fiscales y la fijación del techo de gasto. En las páginas que siguen se presentan algunos de los elementos que, en mi opinión, deben ser tenidos en cuenta para construir un relato alternativo.

Hay que empezar por decir que la crisis económica es un fenómeno complejo que, en modo alguno, admite un planteamiento tan pobre y sesgado. Es cierto que, al menos en teoría, se reconoce esa complejidad, pero en la práctica, como acabo de mencionar, el grueso del debate -económico, político y mediático- y de la acción pública están enfocados a los ajustes presupuestarios.

Situar estos ajustes en el epicentro de la agenda política significa aceptar, de hecho, el diagnóstico de que la causa de la crisis y el principal obstáculo para su superación se encuentra en el desorden de las cuentas públicas. Este es un buen diagnóstico para quienes ocultan o ignoran que la marea de fondo que está detrás de la crisis apunta, sobre todo, a una industria financiera hipertrofiada, al aumento de la desigualdad, a la exacerbación de las disparidades productivas y comerciales dentro de la Unión Europea (UE), a la intensificación de la concentración empresarial, al mantenimiento de unas estructuras patriarcales, a un diseño institucional de la zona euro funcional a los intereses de las oligarquías y de los países más poderosos, a la relación depredadora con la naturaleza y al cambio climático. Todos estos factores desbordan, con mucho, el ámbito de las finanzas públicas -aunque, por supuesto- afectan y se ven afectados por las mismas-, quedando (deliberadamente) sepultados en un planteamiento tan reduccionista como el actual.

Hay que reconocer, en todo caso, que, en efecto, Italia y el resto de economías periféricas se enfrentan a un grave problema presupuestario. Dicho problema no reside tanto en un supuesto déficit público excesivo como en la reducción de la carga tributaria soportada por los beneficios corporativos y las grandes fortunas y patrimonios, la competencia fiscal dentro de la UE y la existencia, también dentro de las fronteras comunitarias, de verdaderos paraísos fiscales. Dice mucho del sesgo de las políticas implementadas y de la captura de las instituciones por las elites que poco o nada se haya avanzado en estos ámbitos en las últimas décadas o que nos encontramos en una dinámica de abierta regresión.

La reducción del déficit público se ha convertido, ya lo era antes del estallido de la crisis económica, en un objetivo en sí mismo. Se presume -sin respaldo teórico ni empírico y con una notable carga de ideología- que los ajustes presupuestarios son la clave para que mejoren el resto de los indicadores económicos y, de este modo, salir de la crisis. De acuerdo con este planteamiento, limitar la cuantía del déficit público mejoraría el balance macroeconómico y “liberaría” recursos en dirección a la iniciativa privada, más eficiente, que los convertiría en capital productivo, con el resultado global de un crecimiento más intenso y sólido.

Una falacia tras otra. Resulta inaceptable presuponer la existencia de un nexo automático y mucho menos inexorable entre dicho ajuste, por un lado, y el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad de los procesos económicos, por otro; estos son los genuinos objetivos de la política económica, a los cuales tiene que someterse cualquier otra consideración. Las medidas de contención del déficit público sólo encontrarían legitimidad si son un instrumento que nos permite avanzar en esa dirección, lo que evidentemente no ha sucedido.

La obsesión por aplicar esas políticas, en un contexto de debilidad del consumo y de la inversión privada, tienen, inevitablemente, un efecto contractivo, prolongando y agravando la crisis, y dificultando su superación. Se oculta lo que, por decencia y por evidencia, ya no se puede ocultar; que seguir esa hoja de ruta ha tenido costes enormes, muy desigualmente repartidos. A pesar de los esfuerzos presupuestarios que ha soportado la ciudadanía, especialmente los grupos de población más vulnerables, los parámetros macroeconómicos permanecen frágiles, la debilidad de los tejidos productivos es manifiesta, la mayor eficiencia del sector privado respecto del público es discutible y el crecimiento económico resulta endeble e inestable.

Hemos heredado, como consecuencia del fracaso de la construcción europea en materia de convergencia (por mucho que, contra toda evidencia empírica, el discurso oficial lo niegue) unas disparidades productivas, comerciales y sociales entre las regiones y los países comunitarios muy pronunciadas. Seguir las prescripciones de los que postulan las virtudes y la urgencia de las políticas austeritarias agrava las fracturas entre el centro y la periferia, condenando a una posición subalterna a las economías y a las regiones que han acumulado a lo largo de las décadas un rezago mayor.

Aunque, en teoría, la reducción del déficit público abre una página que puede escribirse con políticas de signo muy diferente, la correlación de fuerzas -un factor, sin duda decisivo, que oculta la economía convencional-, ampliamente favorable a los intereses de los privilegiados, impone las más regresiva para la población: reducción del gasto público social y productivo y aumento de la carga fiscal sobre las clases populares.

El relato dominante presenta los ajustes presupuestarios como la piedra angular de una “economía normalizada”. Al razonar de esta manera, saca este asunto del debate público y político, que queda confinado, en el mejor de los casos, a especificar los ritmos y los plazos en los que se acometerá este objetivo.

Esos ajustes ocultan lo que las fuerzas del cambio deben poner sobre la mesa, negro sobre blanco: la lucha de los poderosos por reforzar sus privilegios y expropiar a la ciudadanía. La reducción del déficit público forma parte de una agenda -cada vez más visible y explícita que oculta- de saqueo y derribo de los espacios sociales y productivos públicos, con el único propósito transferir renta y riqueza desde la esfera pública a la privada. La estrategia de los grandes capitales es, pues. convertir lo público en negocio, cuestionando y vaciando de recursos las políticas de signo redistributivo, debilitando de paso la resistencia social articulada alrededor de la defensa de las mismas. Este es el sentido profundo de las denominadas políticas de austeridad presupuestaria y de las reformas de la arquitectura institucional promovidas desde Bruselas.

Por todo lo anterior, oponerse a esas políticas y al escenario que propician y ofrecer alternativas a las mismas es una cuestión crucial. La asociación disciplina presupuestaria/ Europa en oposición al desorden de las cuentas públicas/no Europa es una trampa en la que no debemos caer. La izquierda transformadora debe posicionarse con claridad en ese debate, alumbrando un relato que nos reconozca política y socialmente. Aquí está una de las claves para bloquear el avance de la extrema derecha y también para impedir que Europa quede secuestrada por las políticas y los intereses del neoliberalismo.

Me parece evidente que hay que pelear en el corto plazo para hacer valer las necesidades sociales y productivas de aquellas economías que han sido especialmente maltratadas por la crisis y por las políticas impuestas desde Bruselas, lo que significa trasladar a las instituciones comunitarias la voluntad política y la exigencia de superar la camisa de fuerza representada por los objetivos de déficit público.

Es cierto que la política económica seguida por el gobierno portugués -basado en una amplia alianza de las izquierdas- indica la existencia de cierto margen de maniobra a la hora de implementar unos presupuestos públicos con contenido social. Pero resulta igualmente evidente que el gesto autoritario con que la Comisión Europea ha despachado el programa presupuestario italiano y las dudas que se ciernen sobre el presentado por el gobierno socialista español, resultado de un acuerdo con Unidos Podemos,  por no hablar de la política de acoso y derribo contra el gobierno griego de Syriza, nos hablan de una Europa restrictiva, enfrentada a los intereses de las mayorías sociales. Dispensar rango constitucional a una opción de política económica que pivota alrededor de los ajustes presupuestarios, de marcado perfil conservador, y someter los parlamentos nacionales a instituciones supraestatales carentes legitimidad democrática sitúa a Europa en una preocupante deriva autoritaria.

Poner en el centro la redistribución de los ingresos y la riqueza ampliaría el margen de actuación de los gobiernos, sin salirse de las estrictas normas presupuestarias fijadas desde Bruselas. En este asunto las fuerzas del cambio tienen que defender con determinación la progresividad tributaria, revertir una dinámica fiscal que, desde hace décadas, beneficia a las grandes fortunas y patrimonios, perjudicando a las clases populares; siendo muy conscientes de las resistencias (por parte de los defensores del actual orden de cosas) y de los temores (por parte de la izquierda tradicional) a la hora de avanzar en esa dirección.

El cuestionamiento de los muy restrictivos (sobre todo para las economías más débiles) objetivos presupuestarios abren un debate, un espacio político y una agenda pública muy necesarios para los que defendemos Otra Europa. En esas coordenadas más amplias, hay que plantearse la necesidad de que los gobiernos recuperen la soberanía presupuestaria y un profundo cambio en la política económica, donde la redistribución y la convergencia ocupen la centralidad que merecen. Avanzar en esa dirección exigiría, al menos, la derogación del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, las desconstitucionalización de las políticas austeritarias, la introducción, en oposición a la condicionalidad macroeconómica actual, de una condicionalidad social y ecológica, una sustancial ampliación del presupuesto comunitario y la reformulación del tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.

Es evidente que una Europa levantada sobre esos pilares colisiona abiertamente con la actual institucionalidad y la que surgirá de las reformas previstas desde Bruselas, y con los intereses que las sostienen. Por esa razón, todos los escenarios están abiertos y deben ser contemplados, incluida la disolución o salida de la zona euro. En todo caso, que se abra el que someramente he perfilado o que se impongan las inercias más conservadoras y reaccionarias dependerá, en buena medida, de la correlación de fuerzas en presencia. El enorme desafío de las fuerzas del cambio es elaborar un relato valiente y coherente que -lejos de la banalidad de la retórica europeísta y de la demagogia e inconsistencia de los populismos de extrema derecha- permita disputar a las elites, defendiendo una economía para las mayorías sociales, el espacio europeo (y global).

Miembro de la Secretaría de Europa de Podemos y del círculo de Chamberí
Twitter: @fluengoe
Blog Otra Economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

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