Skip navigation

Attac Planet

Bundesfinanzministerium behindert weiterhin Gemeinnützigkeit von Attac

News fo Attac Germany - Fri, 21/07/2017 - 23:53
Beschwerde über die Nichtzulassung der Revision vorgelegt
Categories: Attac Planet

Macron betreibt Ausstieg aus Finanztransaktionssteuer

News fo Attac Germany - Fri, 21/07/2017 - 23:53
Präsident der Banken oder Präsident der Bürger_innen?
Categories: Attac Planet

Gipfelergebnisse sind Desaster für gerechte Globalisierung

News fo Attac Germany - Fri, 21/07/2017 - 23:53
Finanzmärkte, Klima, Welthandel: G20 versagt auf ganzer Linie
Categories: Attac Planet

76.000 demonstrieren in Hamburg für globale Gerechtigkeit und grenzenlose Solidarität

News fo Attac Germany - Fri, 21/07/2017 - 23:53
Vielfältiger und bunter Protest zeigt Haltung für Demokratie und Versammlungsfreiheit / Antwort auf...
Categories: Attac Planet

Attac lehnt sinnlose Zerstörung ab

News fo Attac Germany - Fri, 21/07/2017 - 23:53
Stellungnahme zu Ereignissen vergangener Nacht in Hamburg
Categories: Attac Planet

G20-Großdemonstration: Solidarische Strömung für globale Gerechtigkeit

News fo Attac Germany - Fri, 21/07/2017 - 23:53
Demo will auch Antwort auf Polizeigewalt und sinnlose Zerstörung der vergangenen Nacht geben
Categories: Attac Planet

Attac fordert striktere Maßnahmen gegen Steueroasen und gerechte Handelsabkommen mit Afrika

News fo Attac Germany - Fri, 21/07/2017 - 23:53
G20: Attac-Aktive bei erfolgreichen Sitzblockaden und inhaltlichen Aktionen
Categories: Attac Planet

Rejet de la suppression du verrou de Bercy : une occasion ratée de lutter contre la fraude fiscale

News from Attac France - Fri, 21/07/2017 - 16:12

Pour lutter réellement contre la fraude et l'évasion fiscales, Attac propose une série de mesures concrètes, parmi lesquelles la suppression du verrou de Bercy.

Le « verrou de Bercy » désigne le monopole du ministère du Budget sur les décisions de poursuites judiciaires pour fraude fiscale : en France, seul Bercy peut engager des poursuites pénales pour fraude fiscale, sur avis de la commission des infractions fiscales, qui filtre les dossiers de fraudeurs susceptibles d'être transmis à la justice. De ce fait, chaque année, seulement 2 % des infractions fiscales sont transmises à la justice, un ratio à faire pâlir d'envie tous les autres délinquant·e·s !
Il faudrait au contraire permettre à la justice et au fisc d'agir en toute indépendance par rapport au pouvoir politique. Faire sauter le « verrou de Bercy », c'est supprimer le monopole du ministre du Budget en matière d'ouverture de poursuites pénales et supprimer la commission des infractions pénales. Cette revendication a une portée symbolique forte. Elle est portée largement par la société civile.
Le Parlement a failli voter cette suppression. Le 11 juillet, le Sénat avait adopté – contre l'avis du gouvernement – un amendement demandant la suppression du verrou de Bercy. Mercredi 20 juillet les députés de la « République en marche ! » ont rétabli de justesse en commission des lois ce verrou (25 voix contre 24).

Plutôt que de chercher à économiser quelques milliards d'euros en gelant le point d'indice des fonctionnaires, en remettant en cause les APL ou en dégradant encore les services publics, le gouvernement ferait mieux de s'attaquer à l'évasion fiscale : rappelons qu'elle ampute chaque année les budgets publics de 60 à 80 milliards d'euros, soit l'équivalent du déficit public. Pourquoi le gouvernement ne donne-t-il pas la priorité à la lutte contre l'évasion fiscale ? Ne devrait-il pas renforcer les effectifs du fisc et de la justice, notoirement insuffisants pour lutter contre l'évasion fiscale ?

Attac se félicite que les débats parlementaires aient fait apparaître un large soutien à cette mesure (votée par des députés de la France insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste, du MoDem, du groupe Les Constructifs et de Les Républicains), qui n'a donc été rejetée que par la volonté du gouvernement suivie par la majorité LREM. Cela montre que les revendications que nous portons ne demandent qu'un peu de volonté politique.

Attac poursuivra dès la rentrée ses actions afin d'obtenir de nouvelles avancées concrètes dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Categories: Attac Planet

¿Qué pasa en Catalunya?: Lo que no se dice en los medios, ni en Catalunya ni en España

News from Attac Spain - Fri, 21/07/2017 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Como mostré recientemente en un artículo presentado en este rotativo (“El mayor problema que tiene Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17), la crisis social en Catalunya ha adquirido unas proporciones dramáticas, desconocidas antes durante el periodo democrático. Nunca antes, desde que la democracia se restableció en 1978, las clases populares catalanas habían visto su calidad de vida y bienestar deteriorarse de una manera tan acentuada como ha ocurrido durante los años de crisis económica y financiera conocidos como la Gran Recesión. El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en el trabajo, el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán, afectando muy negativamente el nivel de vida de las clases populares, que representan la mayoría de la población en Catalunya. Tales condiciones están teniendo un impacto devastador entre la juventud, que está perdiendo la esperanza de tener un mundo mejor que el de sus padres. Sus ingresos en términos proporcionales son menores (en su capacidad adquisitiva) que los que sus padres tenían a su edad, determinando con ello un descenso generacional en su estándar de vida.

Esta enorme crisis, resultado del gran deterioro del mercado de trabajo, que ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de las clases populares, ha ido acompañada de unos recortes de los fondos públicos disponibles para financiar las trasferencias y los servicios públicos del Estado del Bienestar en Catalunya (tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios, servicios y transferencias para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, entre otros). En realidad, los recortes del gasto público social, que incluye el gasto en tales transferencias y servicios públicos, realizados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya han sido de los más acentuados en España y en la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al existente en Catalunya y en el resto de España.

Es muy importante señalar que estos recortes se han hecho por el gobierno catalán en unas transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que estaban ya muy poco financiados, con lo cual, tales recortes han tenido un impacto muy negativo en dichas transferencias y servicios, permaneciendo, como consecuencia de ello, entre los Estados del Bienestar menos financiados en España y en la UE-15, muy por debajo de lo que la economía catalana permitiría (ya antes de la crisis Catalunya tenía un gasto social de casi 20.000 millones de euros menos de lo que le correspondía por su nivel de riqueza).

¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?

Una de las respuestas más frecuentes a estas preguntas en el establishment político-mediático catalán es que tal subdesarrollo social (siendo el gasto público social en Catalunya uno de los más bajos de la UE-15) y tal crisis social (unos de los recortes de gasto público social más acentuados y uno de los niveles de desempleo y precariedad más altos de la UE-15), con uno de los niveles salariales más bajos de tal comunidad europea, es resultado de la articulación de Catalunya dentro del Estado español. La culpa de todo ello es del Estado central. Esta externalización de responsabilidades es muy común en la cultura existente en el territorio ibérico. El gobierno español justifica la aplicación (e imposición) de políticas altamente impopulares indicando que no tiene otras alternativas, pues así se lo instruyen Bruselas, o Frankfurt o lo que sea. Y en Barcelona, el gobierno de la Generalitat de Catalunya añade, además de Bruselas y Frankfurt, Madrid.

Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de las mayores causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme crisis social en la que esta se encuentra, y que es ni más ni menos que el enorme dominio que las derechas (partidos conservadores y liberales) han tenido en las instituciones económicas, financieras, mediáticas y representativas de Catalunya durante todo el periodo democrático. La coalición de un partido de derechas perteneciente a la familia liberal europea, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, y de un partido de derechas perteneciente a la familia conservadora democratacristiana, Unió Democrática de Catalunya, UDC, ha gobernado Catalunya durante la mayor parte de tal periodo. En realidad, Catalunya ha estado gobernada 30 de 37 años por las derechas, es decir, 9 de 11 legislaturas, mostrando la gran hegemonía de las derechas (solo superada en España por Galicia y Castilla y León, gobernadas por el PP, y el País Vasco, gobernado por el PNV).

Dentro de esta coalición gobernante en Catalunya ahora, CDC (ahora llamada PDeCAT) ha sido la fuerza hegemónica. Y esta fuerza política continúa ahora siendo hegemónica en la mayoría de los aparatos de la Generalitat de Catalunya, presididos por el Sr. Carles Puigdemont, dirigente del PDeCAT, partido que es a su vez presidido por el ex presidente Artur Mas. Es cierto que la coalición Junts Pel Sí incluye, además de CDC, primordialmente a ERC (un partido hoy independentista), así como personas independientes no afiliadas a ningún partido. Pero la herencia de 30 años de ideología nacionalista conservadora es todavía clara en la cultura política promovida por la Generalitat de Catalunya. Ni que decir tiene que ERC es un partido amplio de sensibilidades políticas diferentes, incluyendo la izquierda, unidas todas ellas por un compromiso por la independencia, ideología que respeto y que es totalmente legítima, aunque yo no la comparta, aclarando que no me opondría a ella, naturalmente, si ello fuera el deseo de la mayoría de la población en Catalunya, lo cual es obvio que no se da en la situación actual. Dicha aclaración no diluye mi percepción de que el movimiento independentista esta hoy institucionalmente dirigido por el gobierno de Junts Pel Sí, coalición dentro de la cual el PDeCAT es la primera fuerza. De ahí que es importante que se informe sobre qué es CDC y su sucesor, el PDeCAT, lo cual no puede reducirse a una mera definición de ser un partido nacionalista conservador, ahora pro independencia.

Los herederos del pujolismo, ideología y modus operandi que continúa

Para entender Catalunya, hay que conocer a dicho partido, CDC, fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo, una ideología nacionalista conservadora que siempre ha considerado la Generalitat de Catalunya como su propiedad individual, familiar y colectiva, extendiendo su influencia a través de unas políticas de tipo clientelar, con prácticas intensamente corruptas. Era, y continúa siendo, la versión catalana del caciquismo en su expresión más primaria. En realidad, tiene grandes semejanzas con el Partido Popular en el resto de España. Ambos eran y son partidos nacionalistas  (españolista el PP, y catalanista CDC) y patrimonialistas (que consideran el Estado que gestionan como suyo). Es lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como nacionalpatrimonialismo. Su largo dominio en el gobierno se debe a su claro encaje en la estructura de poder económico, financiero y mediático del país. Su dominio sobre los medios públicos de información de la Generalitat es casi absoluto. E influencia también en gran manera a los privados a base de subvenciones amplias (a modo de ejemplo, en 2015 la Generalitat de Catalunya otorgó 810.719 euros a La Vanguardia; 463.987 a El Periódico de Catalunya; El Punt Avui recibió 457.496; y el diario Ara, 313.495 euros). En consonancia con esta práctica, ya ha amenazado a los medios de comunicación con no proveer de tal subsidio en caso de que no promuevan su ideario a raíz del mal llamado referéndum. En TV3, sus programas económicos son de orientación ultraliberal, los cuales son conducidos por uno de los gurús económicos de CDC y sectores de ERC, el economista Sala i Martín, economista catalán, de nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU al Partido Libertario, un partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy en el Partido Republicano de aquel país. Es más que probable que el Ministro de Economía y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una coalición liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien próximo a él en su orientación política.

Las complicidades del establishment político-mediático catalán con el establishment político-mediático español

El nacionalpatrimonialismo pujolista continúa ejerciendo gran influencia en las instituciones de la Generalitat, y a través de estas, la vida intelectual política y mediática de Catalunya. Su partido ha sido uno de los mayores instrumentos políticos responsables de la aplicación de las políticas públicas neoliberales causantes del subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto de España), y de la crisis social creada por la Gran Recesión. CDC apoyó las reformas laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de trabajo, así como la austeridad del gasto público que guió los recortes al Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su ideología liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martín en su programa de TV3).

Las consecuencias del neoliberalismo

Como resultado de la aplicación de tales políticas, las rentas del trabajo en Catalunya han descendido, pasando de ser un 50% a un 46% de todas las rentas, durante el periodo de la crisis, 2008-2016, mientras que las rentas del capital han aumentado, pasando de un 42% a un 45% durante el mismo periodo. Que ello pasaría era entonces fácilmente predecible, como denuncié en su día. Como también era predecible, se ha producido un gran crecimiento de las desigualdades, que se han disparado, habiéndose incrementado la distancia entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre de 5 a 6 veces durante el mismo periodo. Estas políticas neoliberales se han hecho en colaboración con el PP, estableciéndose una complicidad no solo en las áreas económicas y sociales, sino también en las políticas, complicidades que han permitido el control por parte del PP de las Cortes Españolas, cuya presidenta, Ana Pastor, fue elegida con el apoyo de CDC, y cuya abstención en la moción de censura contra el gobierno del PP contribuyó a mantener al “supuestamente odiado” Rajoy en el poder. Los intereses de clase siempre toman prioridad sobre los intereses de nación en las derechas nacionalistas catalanas, para las cuales el mayor enemigo son las nuevas izquierdas. Y lo que pasa en los pasillos de las Cortes Española es un claro ejemplo de ello.

El silencio mediático sobre las causas de la enorme crisis social catalana

Como era de esperar, de todo esto no se habla o se escribe hoy en Catalunya. Este es el gran éxito del establishment político-mediático hegemonizado por los herederos del pujolismo, y ello con la ayuda de grandes sectores de la intelectualidad catalana, incluyendo algunas figuras que se consideran de izquierdas. CDC (PDeCAT) continúa hegemonizando la Generalitat de Catalunya, intentando influenciar sobre la movilización político-social que promueve el referéndum, centrándose en la confrontación entre el gobierno Rajoy, por un lado, y el gobierno de Junts Pel Sí, por el otro. Esta dualidad, presentada como el enfrentamiento entre España y Catalunya, es clave para su intento de movilización.

La aceptación de esta estrategia es resultado de la enorme insensibilidad del Estado borbónico hacia el carácter plurinacional de España, Estado que ha sido el mayor promotor del independentismo en Catalunya. Ni que decir tiene que este enfrentamiento asume la invariabilidad del Estado español, tesis fuertemente sostenida cuya intensidad alcanza niveles de clara hostilidad hacia los que no están de acuerdo con dicha estrategia, siendo acusados de antidemocráticos o, peor aún, de tener un escaso compromiso con Catalunya, tal como hizo Pilar Rahola, el personaje mediático más parecido a Eduardo Inda en Catalunya (grosera, maleducada, que no deja hablar al adversario y que manipula en extremo), con Xavier Domènech. Y algunas voces de izquierdas han llegado incluso a presentar tal llamada a votar en el referéndum como una continuación del 15-M en su lucha por la democracia. Tales voces parecen ignorar que el 15-M rodeó el Parlament de Catalunya, forzando al president Mas a acceder al Parlament en helicóptero, en protesta por las políticas neoliberales. Viví aquella situación, pues el 15-M me invitó a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba rodeado de manifestantes del 15-M) en protesta por las políticas que el gobierno había propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo hacer la charla porque la policía nos expulsó. Es paradójico que ahora se pida al 15-M que rodee el Parlament, dirigido por los sucesores de Mas, para protegerlo. Además de incoherente, es absurdo que el 15-M se presente como un precedente a la movilización que se presenta mediáticamente como dirigida por un gobierno liderado por los continuadores del president Mas. Naturalmente que soy consciente que el Parlament estaría ocupado por muchas otras fuerzas políticas además del PDeCAT, pero dicho Parlament seguiría liderado por un gobierno en el que los herederos del pujolismo de siempre serían la fuerza hegemónica.

El llamado referéndum no es un referéndum

Mis comentarios críticos no son a favor o en contra de la independencia, sino sobre la manera como esta se está proponiendo, y que en parte (y solo en parte) se debe a la oposición del Estado central. La realización del referéndum requiere toda una serie de condiciones que garanticen que se realice en un contexto democrático. Democracia es mucho más que votar en unas urnas: requiere libertad democrática con pleno acceso a los medios de información por parte de las distintas opciones consideradas en el proceso de decisión que debe realizarse en el momento de votación. Existe hoy, sin embargo, una muy acentuada falta de diversidad en los medios públicos de la  Generalitat Catalunya, realidad que, por lo visto, no han percibido algunos compañeros de viaje de izquierda, que han visto recompensadas su apoyo al referéndum y su crítica a aquellas fuerzas, como Catalunya en Comú (que lo critican), gozando de un amplio espacio mediático poco accesible a las opciones que cuestionan el referéndum. En realidad, el gobierno de la Generalitat está hoy utilizando su comportamiento clientelar (dando amplios recursos financieros a los medios privados) a fin de promocionar su estrategia política. Es un caso abusivo de utilización de los medios públicos para fines partidistas.

Otra condición para que el referéndum sea considerado democrático es el principio de la mayoría, un eje rector de cualquier proceso democrático (hecho subvertido por la propuesta de Referéndum de Independencia del Govern, que convierte el principio de la mayoría por el principio de la minoría, tal como señalaré más adelante). Otras condiciones violadas por el proyecto del referéndum es el de haberse saltado el propio Estatut de Catalunya, así como el Parlament de Catalunya, que hasta ahora no ha sido consultado, basándose en una mayoría parlamentaria que no representa a la mayoría de la población catalana.

La vía antidemocrática hacia la independencia

La mayoría que el tripartito independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) tiene en el Parlament está basada en una ley electoral que es la misma, repito, la misma, que fue transferida de España a Catalunya, sin que Convergència deseara cambiarla (como tampoco quiso cambiarla el PP). Tal ley es escasamente proporcional, y debido al sesgo conservador, dio la mayoría a unos partidos que en realidad representaban a una minoría. Tal tripartito recibió un número de votos menor que los no independentistas. Atribuirse la representación de la mayoría de la población es faltar a la verdad. Sumando los votos de los tres partidos independentistas en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, se obtiene una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos). La mayoría proindependentista en el Parlament no se corresponde con la mayoría popular, que no es independentista.

Pero esta situación escasamente democrática alcanza su forma extrema en la Ley del Referéndum, en la cual se indica que el resultado del referéndum es vinculante (artículo 4.3), sin especificar el porcentaje mínimo de votantes. En realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos (sin indicar un mínimo de participación), proclamándose la independencia cuarenta y ocho horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso de que sea afirmativo. Lo que ello implica es que si se consiguiera el mismo porcentaje de votos a favor de la independencia sobre el número de catalanes que podrían votar que se logró el 9-N (1.861.753 votos del SÍ-SÍ sobre 5,4 millones de personas), resultaría que el número de votos a favor del SÍ representaría solo un 34% de toda la población que pudiera votar, lo cual querría decir que prácticamente dos terceras partes de los catalanes no habrían dicho SÍ a la independencia. En base a este bajísimo porcentaje se declararía la independencia en 48 horas. Ello sería un acto profundamente antidemocrático carente de credibilidad internacional.

No es un referéndum

La manera como se está utilizando el mal llamado referéndum por parte de los partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya conseguiría que del 80% al 90% del voto fuera a favor de la independencia, en un proceso de muy baja participación. Ocurriría lo mismo que ocurrió en el 9-N, que fue el proceso electoral en Catalunya con menor participación durante el período democrático postfranquista. Solo un 36,6% de catalanes votaron, mucho más bajo que en las elecciones autonómicas del 2012 (67,7%), que en las elecciones generales del 2011 (un 66,8%), que en el referéndum del Estatut del 2006 (48,8%) y que en las elecciones europeas del 2014 (47,6%). Que solo un tercio de los catalanes decidiera el establecimiento de la independencia no puede ser la base para que ocurra un hecho tan significativo como este. Y crearía un estallido social en Catalunya. Creerse que la mayoría de la población catalana aceptaría una decisión de tal envergadura votada solo por un tercio de la población que podría votar, es no conocer Catalunya. La pregunta que debería hacerse es por qué habría una participación tan baja en dicho referéndum, y una de las causas de ello es la identificación institucional del independentismo con el gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha sido responsable de la crisis social que ha afectado tanto a las clases populares en Catalunya.

Naturalmente que el movimiento independentista también recoge una protesta frente a la crisis social descrita en este artículo, pero el hecho de que sea el PDeCAT hoy la fuerza dirigente en el gobierno de la Generalitat que dirige tal movilización tendría influencia en esta elevada abstención. Las clases populares son conscientes de que detrás de un supuesto conflicto España-Catalunya ha habido una alianza de las derechas españolas y catalanas que ha provocado el deterioro de su calidad de vida y bienestar. Y de ahí el enorme silencio sobre este tema en Catalunya y en España, silencio que tiene como función dar mayor visibilidad al tema nacional asumiendo que la independencia resolvería en sí la enorme crisis social, considerando, erróneamente, que el nuevo Estado tendría una vocación resolutiva de dicha crisis, lo cual es altamente cuestionable, pues dependería de los partidos que gobernaran esta Catalunya independiente. Una transición que fuera una continuación del dominio de las derechas en el Estado catalán sería la continuación de la crisis. La evidencia de que ello sería así es abrumadora.

Todas estas consideraciones quedan olvidadas en un proceso de transición claramente idealizado en el que los enormes problemas que podrían crearse, y que podrían afectar a las clases populares, quedan marginados. Es así como la derecha catalana intenta utilizar el mal llamado referéndum como una táctica electoral que se beneficia de las elevadas tensiones entre Catalunya y España, a fin de movilizar su apoyo electoral.

Esta afirmación no implica, en absoluto, que la movilización que está teniendo lugar en Catalunya a favor de la independencia sea un mero instrumento creado por los partidos gobernantes, lectura generalizada en el establishment político-mediático español. Dicho movimiento incluye muchísimas sensibilidades políticas, y como movimiento contestatario lo valoro positivamente. Ahora bien, no hay duda, desde mi punto de vista, que la manera como la Generalitat de Catalunya está intentando dirigirlo incluye un deseo de instrumentalizarlo que disminuye dramáticamente su potencial de cambio. En realidad, el independentismo, al monopolizar el soberanismo o derecho a decidir, está haciendo un flaco favor a la posibilidad de una amplia movilización de las clases populares, que no siendo independentistas, desean un cambio profundo en Catalunya y en España. El independentismo no será vehículo para realizar tales cambios.

¿Cuál debería ser la alternativa?

Creo que debería mostrarse que es imposible crear una nueva sociedad democrática a través de un instrumento claramente antidemocrático como está resultando ser el mal llamado referéndum. Considero que es esencial que las fuerzas que creen en el referéndum democrático presenten y defiendan una alternativa, ilusionante y creíble que presente una propuesta de futura Catalunya, poniendo la resolución del tema social como central en la discusión del tema nacional, indicando que aquellos que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden liderar el proceso de cambio en Catalunya, pues la nueva Catalunya que promueven sería una continuación de la ya existente. Creo que para las izquierdas es fundamental que se defina el concepto de nación, identificando nación primordialmente con la población, de la que las clases populares son la mayoría, afirmando que aquellos que aman más a Catalunya son aquellos que hacen más por las clases populares, denunciando a aquellos que se autodefinen como superpatriotas y a la vez están dañando el bienestar de la mayoría de la ciudadanía. En contra de lo que se cree, sí que hay un barómetro para definir el grado de compromiso con un país.

De ahí que es importante que las fuerzas progresistas que prioricen la justicia social, la democracia y la plurinacionalidad de España y favorables al desarrollo de un referéndum auténticamente democrático desarrollen una campaña alternativa que movilice al conjunto de la sociedad catalana y de las diferentes sociedades en el territorio español para cambiar tanto el Estado Catalán como el Estado Español de tal forma que resuelva al fin la cuestión social y nacional. Esta campaña debiera de contar con actos a los que se invite a hermanos y hermanas de las nuevas izquierdas de otras partes de España, para señalar que el derecho a decidir tenemos que ganarlo a través de la movilización de la mayoría (y no solo de una minoría) de la población catalana para crear una nueva Catalunya, y abriendo la posibilidad de realizar un cambio profundo, que tenga el apoyo de las clases populares. Para que ello ocurra, es necesario poner la resolución del tema social como prioritario, y no de una manera genérica e indirecta a través de conseguir una no realizable independencia, sino muy concreta, oponiéndose a las políticas que han sido promocionadas por el Estado español por un lado, y por la Generalitat de Catalunya por el otro. Sin un apoyo generalizado entre la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares, no se podrá tener un auténtico referéndum democrático con una petición de cambio masivo. Este cambio será facilitado por las campañas que ya existen a lo largo del territorio español para crear una España social, justa, democrática y plurinacional. De ahí que es fundamental que, para que el proceso de cambio en Catalunya ocurra (yendo o no hacia la independencia según desee la mayoría de la población en Catalunya), haya una nueva dirección y otro liderazgo del movimiento por el derecho a decidir, basada en una amplia coalición de fuerzas de izquierdas y progresistas que defienda un programa de transformación de Catalunya (y de España). Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Catalunya.

Autor del libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante

Publicado en nueva tribuna
vnavarro.org

Categories: Attac Planet

Le RQIC propose de remplacer l'ALÉNA par une nouvelle entente

Attac Québec - Thu, 20/07/2017 - 21:55

Communiqué du Réseau Québécois sur l'Intégration Continentale :

« Le Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC), qui représente une quinzaine d'organisations de la société civile au Québec, propose de remplacer l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) par une nouvelle entente économique et commerciale soucieuse des droits sociaux et de l'environnement. Dans un mémoire transmis aux Affaires mondiales du Canada, la semaine dernière, le RQIC propose des modifications majeures et soutient que la renégociation de l'ALÉNA ne doit pas suivre le schéma habituel » et qu'elle doit « viser l'amélioration des conditions de vie de la majorité et non enrichir davantage la minorité habituelle ».

Un accord en soutien à la mondialisation néolibérale.


crédits : Oxford- www.billoxford.com

Le RQIC représente non seulement l'ensemble des organisations syndicales au Québec, mais aussi des ONG, toutes opposées à la mondialisation néolibérale. Pour Ronald Cameron, coordonnateur du RQIC, « l'ALÉNA n'a pas vraiment rempli ses promesses ». Au contraire des célébrations menées par les plus riches et leurs chambres de commerce, la croissance a surtout profité aux multinationales et aux mieux nantis de nos sociétés.
Un accord qui a fait école

L'ALÉNA a été le premier accord de libre-échange à contenir des dispositions qui favorisent la dérèglementation et la libéralisation de pans entiers de l'économie. Il a créé des déséquilibres au niveau du pouvoir, rendant les États frileux à l'idée d'adopter des mesures pour protéger leur population et l'environnement, de crainte d'être poursuivis pour des sommes parfois faramineuses.
Abolir le chapitre 11 et accroître les exclusions

En plus d'assurer une plus grande protection des droits syndicaux et des droits de la personne, l'ALÉNA doit être revu en profondeur : le chapitre 11 et son mode de règlement des différends entre investisseurs et État doivent être abrogés purement et simplement ; des exclusions claires et sans appel doivent viser les services publics (santé, éducation, sécurité sociale, énergie, eau, marchés publics), les entreprises publiques, la culture et l'agriculture.
Une approche nouvelle des échanges commerciaux

La position du RQIC n'est toutefois pas une opposition de principe aux échanges commerciaux. Le RQIC n'est pas pour la fermeture des frontières et rejette toute politique qui s'appuie sur l'intolérance et l'exclusion. Nous nous dissocions clairement des positions de Donald Trump sur ce plan.

Le président américain utilise le mécontentement de la population laborieuse américaine à l'endroit de l'ALÉNA pour réduire les droits sociaux et s'en prendre au monde du travail. Nous profitons de la consultation en cours menée par le gouvernement canadien pour dire haut et fort que la renégociation de l'ALÉNA ne doit pas suivre le schéma habituel. Elle doit réellement viser l'amélioration des conditions de vie de la majorité et non enrichir davantage la minorité habituelle.
Les exigences de la transparence

De véritables débats publics doivent se faire au Canada et au Québec avant l'adoption de l'ALÉNA. Les gouvernements doivent informer leurs populations des impacts potentiels des accords de libre-échange, en tenant compte de la question des emplois, des droits, des conditions de travail, de la protection de l'environnement, de la culture, du développement territorial, de l'intégrité des services publics. Les consultations en cours ne sont pas suffisantes. La consultation de la société civile et le débat public tout au long des négociations est une condition essentielle de la renégociation de l'ALÉNA.

Pour information : Ronald Cameron, coordination, rqic@ciso.qc.ca ; 514-217-0264. »

Voir en ligne : Communiqué du RQIC
Categories: Attac Planet

G20 : des militant⋅e⋅s d'Attac France et Allemagne opacifient la Deutsche Bank

News from Attac France - Thu, 20/07/2017 - 15:14

Hambourg, le 7 juillet, des militant·e·s d'AttacFrance se sont joints aux camarades d'Attac Allemagne pour dénoncer les activités dans les paradis fiscaux de la Deutsche Bank ; ainsi que la politique du G20 qui ne fait qu'envenimer le problème.

Categories: Attac Planet

États généraux de l'alimentation : les organisations de la société civile interpellent le président de la République sur les conditions et enjeux des débats

News from Attac France - Thu, 20/07/2017 - 09:57

À la veille de l'ouverture des États généraux de l'alimentation, 39 organisations de la société civile saluent l'initiative d'Emmanuel Macron d'ouvrir le débat sur les questions de l'alimentation et de l'agriculture. Elles rappellent néanmoins que certaines priorités essentielles manquent pour l'instant à l'appel afin d'assurer le succès de cette initiative. Le président de la République doit les prendre en compte et les annoncer dès le lancement des États généraux ce jeudi 20 juillet.

Engager une phase de négociations politiques

Tout d'abord, il faut clarifier la finalité de ces États généraux. Au-delà des deux phases d'ateliers thématiques, il convient de prévoir et d'annoncer dès le lancement la tenue d'une phase 3 de négociations politiques. Cette phase permettra d'arbitrer sur les sujets transversaux et les dissensus issus des différents ateliers. Cette troisième phase doit également viser à donner une cohérence aux politiques publiques aussi bien entre politiques sectorielles qu'entre les différentes échelles (nationale – européenne – internationale). Nous ne pouvons en effet pas réorienter la politique alimentaire en France sans prendre en compte ses impacts sur les autres pays (du sud en particulier) et sans une refondation de la Politique agricole commune.

Intégrer des enjeux cruciaux, absents des débats

De plus, certains sujets sont pour l'instant absents des ateliers. Il est urgent d'y intégrer :

  • La santé environnementale. Le lien entre alimentation et santé n'est plus à démontrer. La question de la santé des travailleurs agricoles, des riverain·e·s et des consommateurs·rices finaux·les ne doit plus être un sujet tabou.
  • L'adaptation aux changements climatiques, phénomène majeur auquel fait déjà face la profession agricole, et qui devrait être un enjeu structurant de ces États Généraux s'il s'agit bien de préparer l'avenir.
  • La fiscalité agricole et les droits sociaux des paysan·ne·s. La politique fiscale oriente fortement le mode de développement des fermes. De plus, le droit au revenu paysan est une priorité.
  • La préservation et la répartition équilibrée du foncier qui est pourtant une thématique incontournable, étant à la base du processus de production agricole et garantissant le renouvellement des générations.
  • La préservation de l'environnement marin, de ses ressources halieutiques et le développement d'une pêche durable.
  • La démocratie agricole et alimentaire. L'ouverture des décisions agricoles, alimentaires et territoriales aux citoyen·ne·s et à la société civile organisée permettra de jeter les bases d'un modèle agricole réellement soutenu par la société.
Assurer la mobilisation citoyenne

Enfin, nos organisations rappellent que la consultation publique, organisée dans le cadre des États généraux de l'alimentation, doit permettre une participation large du public. Or, pour l'instant, ces consultations sont prévues en plein été et à la rentrée, un phasage qui rend difficile leur organisation et la participation du grand public. En particulier, les objectifs et le traitement de cette consultation, encore inconnus, devraient être précisés demain.L'ensemble de ces éléments doit être pris en compte dans les derniers arbitrages concernant l'organisation des États généraux de l'alimentation afin de garantir leur ambition, leur succès et la mobilisation des citoyennes et des citoyens.

Organisations signataires

ActionAid France, Action contre la faim, Agir pour l'Environnement, Association française des diététiciens et des nutritionnistes, Amis de la Terre, Attac, BLOOM, CCFD Terre solidaire, CIWF France, Club Experts Nutrition et Alimentation, Coordination SUD, Crid, FADEAR – Réseau de l'agriculture paysanne, Fermes d'avenir, Filière paysanne, Fédération artisans du monde, Fédération des Associations pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural, Foodwatch France, FNAB, France Nature Environnement, Fondation pour la Nature et l'Homme, Générations Futures, Greenpeace France, Miramap, Mouvement de l'agriculture bio-dynamique, Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française, Plate-forme pour le commerce équitable, Oxfam France, Réseau Action climat, Réseau CIVAM, Réseau Cocagne, Réseau environnement santé, SOL alternatives agroécologiques et solidaires, Terre de Liens, Terre et Humanisme, TFT France, Union nationale de l'apiculture française, WECF France, WWF France

Photo : JudaM, CC0 Public Domain.

Categories: Attac Planet

États Généraux de l'Alimentation : Les organisations de la société civile interpellent le président de la République sur les conditions et enjeux des débats

News from Attac France - Thu, 20/07/2017 - 09:57

À la veille de l'ouverture des États Généraux de l'Alimentation, 39 organisations de la société civile saluent l'initiative d'Emmanuel Macron d'ouvrir le débat sur les questions de l'alimentation et de l'agriculture. Elles rappellent néanmoins que certaines priorités essentielles manquent pour l'instant à l'appel afin d'assurer le succès de cette initiative. Le président de la République doit les prendre en compte et les annoncer dès le lancement des États Généraux ce jeudi 20 juillet.

Engager une phase de négociations politiques

Tout d'abord, il faut clarifier la finalité de ces États Généraux. Au-delà des deux phases d'ateliers thématiques, il convient de prévoir et d'annoncer dès le lancement la tenue d'une phase 3 de négociations politiques. Cette phase permettra d'arbitrer sur les sujets transversaux et les dissensus issus des différents ateliers. Cette troisième phase doit également viser à donner une cohérence aux politiques publiques aussi bien entre politiques sectorielles qu'entre les différentes échelles (nationale – européenne – internationale). Nous ne pouvons en effet pas réorienter la politique alimentaire en France sans prendre en compte ses impacts sur les autres pays (du sud en particulier) et sans une refondation de la Politique agricole commune.

Intégrer des enjeux cruciaux, absents des débats

De plus, certains sujets sont pour l'instant absents des ateliers. Il est urgent d'y intégrer :

  • La santé environnementale. Le lien entre alimentation et santé n'est plus à démontrer. La question de la santé des travailleurs agricoles, des riverain·e·s et des consommateurs·rices finaux·les ne doit plus être un sujet tabou.
  • L'adaptation aux changements climatiques, phénomène majeur auquel fait déjà face la profession agricole, et qui devrait être un enjeu structurant de ces États Généraux s'il s'agit bien de préparer l'avenir.
  • La fiscalité agricole et les droits sociaux des paysan·ne·s. La politique fiscale oriente fortement le mode de développement des fermes. De plus, le droit au revenu paysan est une priorité.
  • La préservation et la répartition équilibrée du foncier qui est pourtant une thématique incontournable, étant à la base du processus de production agricole et garantissant le renouvellement des générations.
  • La préservation de l'environnement marin, de ses ressources halieutiques et le développement d'une pêche durable.
  • La démocratie agricole et alimentaire. L'ouverture des décisions agricoles, alimentaires et territoriales aux citoyen·ne·s et à la société civile organisée permettra de jeter les bases d'un modèle agricole réellement soutenu par la société.
Assurer la mobilisation citoyenne

Enfin, nos organisations rappellent que la consultation publique, organisée dans le cadre des États Généraux de l'Alimentation, doit permettre une participation large du public. Or, pour l'instant, ces consultations sont prévues en plein été et à la rentrée, un phasage qui rend difficile leur organisation et la participation du grand public. En particulier, les objectifs et le traitement de cette consultation, encore inconnus, devraient être précisés demain.L'ensemble de ces éléments doit être pris en compte dans les derniers arbitrages concernant l'organisation des États Généraux de l'Alimentation afin de garantir leur ambition, leur succès et la mobilisation des citoyennes et des citoyens.

Organisations signataires :
ActionAid France, Action contre la faim, Agir pour l'Environnement, Association française des diététiciens et des nutritionnistes, Amis de la Terre, Attac, BLOOM, CCFD Terre solidaire, CIWF France, Club Experts Nutrition et Alimentation, Coordination SUD, Crid, FADEAR – Réseau de l'agriculture paysanne, Fermes d'avenir, Filière paysanne, Fédération artisans du monde, Fédération des Associations pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural, Foodwatch France, FNAB, France Nature Environnement, Fondation pour la Nature et l'Homme, Générations Futures, Greenpeace France, Miramap, Mouvement de l'agriculture bio-dynamique, Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française, Plate-forme pour le commerce équitable, Oxfam France, Réseau Action climat, Réseau CIVAM, Réseau Cocagne, Réseau environnement santé, SOL alternatives agroécologiques et solidaires, Terre de Liens, Terre et Humanisme, TFT France, Union nationale de l'apiculture française, WECF France, WWF France

Photo : JudaM, CC0 Public Domain.

Categories: Attac Planet

Los tres burladeros de la corrupción

News from Attac Spain - Thu, 20/07/2017 - 07:00

Plataforma por la Justicia Fiscal

En casi todos los casos de corrupción que vamos conociendo y afectan a miembros y dirigentes del Partido Popular se dan circunstancias que dificultan que se pueda perseguir la corrupción, juzgar y condenar a las personas corruptas.
Cada vez que hay un nuevo caso, a pesar de las excusas, de negar lo evidente, de señalar a terceras personas y de acusar a los medios de comunicación de orquestar campañas…  en fin, a pesar del recurso a la llamada ‘posverdad’ (que es engaño), sale a la luz como se adjudican obras millonarias  por cantidades de dinero muy considerables y empresas grandes y pequeñas se enganchan a la telaraña de la corrupción. El rechazo a la corrupción se generaliza en el país, aunque parece que eso afecta muy poco a los votantes. Además, hay burladeros donde esconderse, pues los corruptos disponen de tres parapetos que el gobierno no parece tenga intención de eliminar. Parapetos que protegen, que permiten escapar.

Parapeto de las guaridas fiscales

Las cuentas receptoras de las ilegales comisiones de los corruptos se esconden en paraísos o ‘guaridas’ fiscales. Ahí se ocultan al fisco en cuentas difíciles de conocer y más difíciles de controlar. Ese dinero corrupto está en los mismos bancos donde esconden sus fondos los terroristas, narcos, traficantes de personas y todo tipo de criminales. Un lugar donde los políticos corruptos no tienen inconveniente alguno en coincidir con lo peor de cada país. Con la existencia del primer parapeto no sorprende que tras la Amnistía Fiscal no se den a conocer quienes son los corruptos beneficiados por la misma.

Parapeto de la falta de medios de la Agencia Tributaria

Algunas personas corruptas han sido descubiertas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica Fiscal de la Policía Nacional), por la UCO (Unidad Central Operativa de policía judicial de la Guardia Civil) y por esforzados jueces y tenaces fiscales. ¿Cómo parece actuar el gobierno en tal situación de afrontar la corrupción? Pues sin proporcionar los recursos necesarios que precisa la Agencia Tributaria ni las personas precisas que investiguen y persigan el gran fraude. De 2010 a 2016 los empleados de la Agencia Tributaria son casi tres mil menos. Teniendo en cuenta que el volumen de fraude fiscal en España es un 23%, (el doble que en Alemania, Bélgica, o Francia), en España hay menos de la mitad de empleados de Hacienda que en esos países y menos que la media de la UE-28  en la proporción de empleados de Hacienda respecto a la población. Además no se han convocado plazas en los últimos años. No aumentan los medios de inspección ni las personas que investigan, aunque el fraude sea enorme y a pesar de que ha aumentado la dificultad de inspeccionar grandes empresas y fortunas. Y para colmo el 40% de la Agencia Tributaria se jubilará en diez años. Se jubilará el personal con más experiencia. Esta situación impide que sean investigadas grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude fiscal en este país, con la interposición de múltiples sociedades y otros trucos y trampas contables que convierten en ardua gesta el descubrir a corruptos y defraudadores.

Parapeto del funcionamiento deficiente de la administración de justicia

A pesar de parapetos y burladeros, en ocasiones se descubre a los corruptos, son acusados y van a juicio. Y ahí surge un tercer parapeto como el nombramiento por el gobierno de fiscales anticorrupción no muy dignos de confianza que son reprobados por el Congreso de Diputados. Además de ser designados algunos jueces muy cercanos al gobierno. Otrosí, por falta de medios materiales, en ocasiones de personal y otras razones, los juicios se prolongan 5, 10  o más años y es sabido que justicia retardada es justicia denegada.
La muestra del interés real del gobierno por resolver este panorama inquietante es que el  presupuesto del Ministerio de Justicia de 2008 fue de 3.904 millones de euros, pero en 2016 solo era de 3.948 millones que, ponderada la inflación, resulta ser un 10% menos que ocho años atrás. Y, mientras en Europa hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España solo hay 11, poco más de la mitad.
Tal escenario, más las sabidas prácticas de los abogados del mundo, logra que los corruptos actúen de hecho con impunidad considerable. Panorama que hace  imprescindible que el Gobierno y los partidos se propongan en serio acabar con la corrupción, yendo contra los Paraísos Fiscales (verdaderas guaridas de corruptos), aumentando recursos y funcionarios de inspección de la Agencia Tributaria y proporcionando más medios a la administración de Justicia. Solo así habrá un sistema fiscal y judicial equivalente al de los países europeos de nuestro entorno que elimine la corrupción o la reduzca de modo considerable.

Categories: Attac Planet

5000 Aktivistinnen und Aktivisten blockieren erfolgreich G20-Gipfel

News fo Attac Germany - Thu, 20/07/2017 - 05:45
Massenhafter Ziviler Ungehorsam streut Sand ins G20-Getriebe / Mehrere Delegationen müssen umkehren
Categories: Attac Planet

Fraude fiscal, fraude en derechos humanos

News from Attac Spain - Wed, 19/07/2017 - 07:00

Marta Iglesias LópezPlataforma por la Justicia Fiscal

En estos tiempos es realmente complicado abrir los periódicos y no encontrar alguna noticia (o escándalo) relacionada con la corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, etc. Esto ocurre también cuando nos enfocamos en el estado actual de los derechos humanos en todo el mundo. Puede parecer que una cosa no está relacionada con la otra. Pero, el fraude fiscal provoca un vacío de recursos para que los Estados cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.

¿Esto que tiene que ver con lo anterior? Los mecanismos que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos, cosa a la que por otro lado están obligados, son los ingresos del Estado. Es decir, los ingresos del Estado, recaudados fundamentalmente a partir de los impuestos, sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia son elementos vitales y necesarios para combatir la pobreza y la desigualdad.

De hecho, sendos titulares y grandes reportajes se han destinado recientemente para denunciar un sistema actual en el que unos pagan proporcionalmente mucho menos que otros. Otras tantas líneas se han destinado para contar las consecuencias de estas injusticias, llamándole desigualdad.

Lo cierto es que los datos son estremecedores. Mientras un 1% de la población acumula casi la mitad de las riquezas del mundo, 1.400 millones de personas viven en situación de pobreza.

La teoría nos dice que la pobreza va más allá de la falta de ingresos. Se manifiesta también en un acceso restringido a servicios básicos y la vida digna. Estos servicios básicos y vida digna sólo pueden garantizarse a través del cumplimiento de los derechos humanos.

Sistemas injustos desde la raíz

Las fronteras económicas y políticas de los Estados son cada vez más difusas. Vivimos en un mundo globalizado donde una persona en Tokio puede fabricar productos en Brasilia y a su vez venderlos en Madrid. Esta disolución aparente de las fronteras debiera obligar al establecimiento de mecanismos de control para el flujo de capitales de un lado al otro. Estos mecanismos no son otros que sistemas fiscales que promuevan la transparencia, una tributación justa y una vigilancia para que no se promuevan fenómenos como la evasión o la elusión fiscal.

Actualmente ocurre todo lo contrario. El sistema fiscal internacional y las escasas medidas contundentes para reforzarlos permiten que muchas empresas transnacionales eludan el pago de los impuestos que les corresponden.

El fraude fiscal cuesta cada año a España unos 59.000 millones de euros. Se calculaba en 2013 que el 71% del fraude fiscal en España correspondía a las grandes empresas y las grandes fortunas. Lejos de ser un fenómeno aislado, esto es una tendencia global. En 2015 un informe denunciaba que el continente africano pierde aproximadamente 6.000 millones de dólares al año sólo por la evasión fiscal.

Pero, ¿qué tiene que ver la evasión y el fraude fiscal con los derechos?. Pues más de lo que nos imaginamos. Varios informes del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación concluyen que los sistemas fiscales están directamente relacionados, por ejemplo, con el derecho a la alimentación. ¿Qué pasaría si las empresas que defraudan tuvieran en sus manos el control de lo que comemos?

1 + 1 son 1.400 millones

Con todo lo anterior, es inevitable concluir que esta brecha entre una riqueza tan extrema y una pobreza y desigualdad crecientes, son la punta del iceberg de un sistema profundamente injusto. Se genera riqueza a costa del empobrecimiento de millones de personas. Esto hace que el modelo actual sea insostenible.

Por una parte, los sistemas fiscales actuales son injustos y contribuyen a la perpetuación de la pobreza y de las desigualdades. Por otra, la inacción de los Estados para cumplir con su obligación de cumplir progresivamente los derechos humanos supone una grave amenaza a las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Si no se acompasa la puesta en marcha de políticas para cubrir los derechos humanos con el robustecimiento de unas políticas fiscales que permitan recaudar, de forma más progresiva y justa, todos los pasos serán inútiles.

No puede construirse por un lado lo que se destruye por el otro. En el ámbito internacional es necesario que se cierren las puertas a la opacidad de las empresas y que se pongan por delante los derechos de las personas y del planeta.

Categories: Attac Planet

Quel avenir pour le mouvement altermondialiste ?

Attac Québec - Tue, 18/07/2017 - 21:48


(Entrée libre)

Controversé, le FSM de Montréal l'a été avant, pendant et après. Tenir un tel rassemblement international devient un défi plus ambitieux qu'il y a 0 ou 15 ans. Les obstacles sont plus lourds dans une conjoncture internationale à contre-courant. Comment celui de 2018 au Brésil contribuera-t-il à renverser la tendance ?

Le mouvement altermondialiste a-t-il un avenir ? La formule des FSM a-t-elle fait son temps ? Comment renouer avec les mobilisations anti-systémiques du tournant du siècle ? Quels gestes doivent être posés pour le changer ?

Il revient à l'ensemble du mouvement altermondialiste à se poser la question de son avenir. Il doit revoir les formes qu'il doit prendre et les pratiques qu'il peut développer, dans le respect du projet inclusif et rassembleur.

Nous lançons un appel à toutes et tous qui s'intéressent à l'avenir du mouvement altermondialiste, de venir en débattre lors d'un atelier qu'ATTAC-Québec organise le 18 août dans le cadre de l'Université populaire des Nouveaux cahiers du socialisme. La formule que nous développerons fera une grande place aux échanges.

Parmi les personnes qui ont accepté de prendre la parole, on retrouve :

  • Chistophe Aguiton, membre de la commission internationale d'ATTAC, un des responsables de la mobilisation à la COP 21 et auteur de « La gauche au 21e siècle »
  • Ronald Cameron, membre du conseil d'administration d'ATTAC-Québec
  • Pacale Dufour, professeure à l'Université de Montréal et spécialiste des mouvements sociaux
  • Carminda MacLorin, co-coordonnatrice du Collectif d'organisation du FSM de Montréal et membre fondatrice du Collectif pour une Transition Sociale Mondiale
  • Emilio Taddei, membre du Groupe d'études sur l'Amérique Latine et les Caraibes (GEAL). chercheur d'un institut de recherche qui participe à la Coalition Argentina Mejor sin TLC (Une meilleure Argentine sans accord de libre-échange)
  • Sebastian Vielmas militant étudiant au Chili et au Québec, responsable de la mobilisation au Conseil international pour l'éducation des adultes, un organisme membre du CI du FSM.
Voir en ligne : Événement Facebook
Categories: Attac Planet

La Caravana Abriendo Fronteras llega hoy a Melilla

News from Attac Spain - Tue, 18/07/2017 - 21:10

NOTA DE PRENSA

Obrim Fronteres Passatge Segur <safepassagevlc@gmail.com>
Fecha: 18 de julio de 2017

Hace ya un año, cientos de activistas de todo el Estado Español participamos en la primera Caravana a Grecia. Nos desplazamos entonces hasta el mediterráneo oriental para reclamar un pasaje seguro para todas aquellas personas que, en busca de refugio, huían de las guerras y las violencias que se cebaban con Oriente Medio. Aquella experiencia nos sirvió para afianzar vínculos y nos hizo pensar también en la necesidad de denunciar no solo en Grecia, sino también en esta zona de la  Frontera Sur de Europa, la sistemática vulneración de los Derechos Humanos que conllevan las políticas migratorias asesinas que practican tanto la Unión Europea como el Estado Español, que dejan morir a las personas.

Unas 500 personas y más de 100 colectivos ciudadanos y organizaciones sociales participamos en la Caravana ‘Abriendo Fronteras’, que partió el pasado 14 de julio desde Catalunya, Euskal Herria, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Cantabria y Comunitat Valenciana. Un día después, el sábado 15 de julio, hicimos parada en Madrid y, con una cadena humana que partía desde el Congreso de los Diputados, exigimos al Gobierno español que cumpliera con su compromiso de acogida para las personas refugiadas que se ven expulsadas de sus lugares de origen por las guerras y conflictos provocados por un sistema económico y político que genera injusticia y que prima los privilegios de unos pocos frente a los derechos de la mayoria. Tras una nueva parada en Sevilla, donde más activistas se sumaron a nuestra Caravana, llegamos el 17 de julio a Algeciras y Tarifa, para mostrar nuestro rechazo a la reclusión forzosa de personas migrantes, que no han cometido ningún delito, en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). En ambas localidades se ubica además un CIE en ruinas, con una terrible impronta carcelaria y con unas condiciones indignas para cualquier ser humano. Allí nos manifestamos y exigimos su cierre y el de todos.

Hoy por fin hemos llegado a la ciudad autónoma de Melilla, donde se visibiliza como en ningún otro lugar la sistemática violación de los Derechos Humanos que practica el Estado Español en la Frontera Sur de Europa. Queremos ubicar en el debate público cuestiones tan relevantes como las violencias específicas que sufren las mujeres en el proceso migratorio, la trata con fines de explotación sexual, las devoluciones en caliente (a todas luces ilegales según la legislación internacional), las vallas con concertinas, la situación de las trabajadoras de hogar transfronterizas y las porteadoras, las pésimas condiciones del CETI de Melilla, la situación desesperada que viven las y los menores no acompañados que malviven en las calles de Melilla y la política de externalización de fronteras que practica el Gobierno español y que la UE ha elegido como modelo, delegando en las autoridades marroquíes la salvaje represión a las personas migrantes que intentan llegar a Europa.

Nos preocupan también y mucho las condiciones de vida de las y los vecinos de Melilla. Las estadísticas oficiales señalan que un tercio de la población, más de 22.000 personas, se encuentran en riesgo de exclusión y pobreza. Aproximadamente unas 3.000 están en situación de pobreza extrema. El 70% del desempleo que padece la ciudad autónoma corresponde a mujeres.

Esta situación no va encontrar solución convirtiendo Melilla en una fortaleza inexpugnable, por ello solicitamos el restablecimiento de la legalidad y la puesta en marcha de un política migratoria diferente que respete los derechos humanos y atienda las causas reales que provocan este drama humano.

Queremos agradecer a las personas de Melilla la acogida y nos gustaría compartir con todas vosotras y vosotros las reivindicaciones y los actos que tendrán lugar estos días. Nos gustaría abrir las fronteras de la indiferencia porque además de fronteras físicas hemos levantado fronteras que nos atraviesan a todas y todos y alimentan los discursos xenófobos que sitúan a las personas migrantes en un espacio de no derecho.

Porque migrar es un derecho, no es un delito.

 

Para más información y entrevistas: Cristina Garcia de Andoin 696 37 4001

Obrim Fronteres – Passatge Segur

http://abriendofronteras.net

Facebook Caravana abriendo fronteras

 

Categories: Attac Planet

OCDE, Comisión Europea y sus políticas fiscales aumentan la desigualdad

News from Attac Spain - Tue, 18/07/2017 - 07:00

Carlos Cruzado Catalá - Gestha y Plataforma por la Justicia Fiscal

En las últimas semanas, tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como la Comisión Europea (CE), han publicado sendos informes sobre la economía española, coincidiendo ambos en lo elevado de los niveles de desigualdad y de pobreza, destacando especialmente el de pobreza infantil.

Así, el estudio económico sobre España de la Organización que agrupa a los 35 países más desarrollados señala expresamente que los niveles generales de pobreza y la pobreza infantil siguen en cotas elevadas, siendo las transferencias en efectivo de tan baja cuantía y deficiente concepción, que apenas contribuyen a su reducción. Y la explicación estaría, según la OCDE, en el elevado índice de desempleo, así como en la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados. Estos factores conllevan el riesgo, tal y como se destaca en el informe, de afianzar las desigualdades, incidiendo negativamente en el crecimiento futuro y en la cohesión social.

La CE, por su parte, en su informe de 22 de febrero último, en el que se hace un examen exhaustivo relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, destaca que La pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta son de las más elevadas de la Unión Europea (UE), así como que existe un alto riesgo de que el desempleo se arraigue. Coincide con la OCDE en que la pobreza de las personas en situación de empleo siguió aumentando entre quienes cuentan con contratos temporales o trabajan a tiempo parcial, señalando a los bajos salarios por hora y al bajo nivel de intensidad de trabajo en los hogares como factores causantes de dicha situación. A este respecto, señala que un uso tan extendido de los contratos temporales puede afectar negativamente a la cuestión social y frenar el necesario incremento de la productividad. Y concluye en lo que se refiere a esta cuestión que los efectos redistributivos de los impuestos y de las transferencias sociales siguen siendo inferiores a la media de la UE.

A pesar de dicho diagnóstico, ambos informes, sorprendentemente, destacan como datos positivos, por su contribución a la disminución del desempleo, la reforma laboral y la moderación salarial, con la contradicción que ello supone respecto de lo que acabamos de apuntar. Y a este respecto basta recordar las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, dirigidas al entonces Comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que un indiscreto micrófono abierto recogió en febrero de 2012: “Mañana aprobaremos la reforma del mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva…”

Pero si la OCDE y la CE insisten, en relación al mercado de trabajo, en seguir planteando las mismas recetas que han provocado la situación de desigualdad y pobreza que, asimismo, destacan como uno de los mayores desequilibrios macroeconómicos, es en el ámbito de sus propuestas tributarias donde alcanzan los mayores niveles de esquizofrenia económica.

Ambos informes proponen profundizar en la sustitución de imposición directa por indirecta, que ya se viene produciendo en los últimos años, recomendando la eliminación o reducción de los tipos reducidos y superreducidos del IVA. Y ello, a pesar de que, como reconocía un informe anterior sobre la economía española, de octubre de 2014, de la OCDE, se trata de una medida regresiva, que obligaría a mitigar el impacto sobre las rentas más bajas mejorando la red de protección social. Protección social que, por el contrario, continúa reduciéndose con las políticas de austeridad que, asimismo, recomiendan y aplauden tanto la CE como la OCDE bajo el eufemismo de “políticas fiscales responsables”.

En este sentido es sintomática la desaparición, del último informe de la OCDE, de las recomendaciones que se incluían en el del año 2014 respecto de la eliminación de la dualidad del impuesto sobre la renta, al señalar que podrían impulsarse la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas, tanto del capital como del trabajo, al mismo tipo marginal. Recomendación que ahora se obvia, al igual que la de revisar el tratamiento de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), de manera que se evite la utilización para eludir el pago de impuestos, que también se incluía anteriormente.

Las recetas fiscales que ahora se proponen, tanto por la OCDE como por la CE, tienen como finalidad “mejorar la eficiencia del sistema” y no pasan por la mejora de la equidad tributaria. Y ello, a pesar que según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 87% de los ciudadanos creen que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene; siendo también abrumadora la mayoría de quienes opinan, en su último barómetro fiscal, que los impuestos deberían recaudarse sobre todo con impuestos directos.

En definitiva, y de continuar, en la línea propuesta por los últimos informes de la OCDE y de la CE, sustituyendo imposición directa por indirecta, la fiscalidad tenderá a alejarse cada vez más del concepto de progresividad. Y así, se podría llegar a configurar un sistema fiscal proporcional alejado del efecto redistributivo que, según establece el artículo 31.1 de la Constitución, debe inspirar nuestro sistema tributario, incrementando aún más la desigualdad en la distribución de la renta. Escenario que evidenciará la esquizofrenia de los informes recién publicados por la OCDE y la CE sobre la economía española y la evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, respectivamente.

Categories: Attac Planet

Venezuela: la oposición redobla la apuesta

News from Attac Spain - Mon, 17/07/2017 - 07:00

Atilio Boron – alai, AMÉRICA LATINA en movimiento

Sólo espíritus ingenuos pueden desconocer que la oposición venezolana está instrumentando una estrategia a dos puntas para derrocar al presidente constitucional de ese país. Un sector optó por desatar la violencia en sus variantes más aberrantes como forma de instalar la imagen de una “crisis humanitaria” -producto del desabastecimiento planificado de productos de primera necesidad y la orgía de ataques, saqueos, “guarimbas”, incendios a personas vivas y atentados con “bombas molotov” a escuelas y hospitales- que sirva como preludio a una invasión no menos “humanitaria” del Comando Sur y, aplicando la receta utilizada en Libia para derrocar y linchar a Gadafi, producir el ansiado “cambio de régimen” en Venezuela.

Hay un sector de la oposición que no concuerda con esa metodología porque barrunta que el final puede ser una guerra civil en donde las masas chavistas, quietas por ahora, salgan a dar batalla y pongan fin al enfrentamiento infligiendo una aplastante derrota a los golpistas. Pero esta ala de la oposición, llamémosla institucional o dialoguista (aunque en realidad no sea ni lo uno ni lo otro) estuvo durante estos meses sometida a la intimidación o lisa y llana extorsión de la fracción violentista que juzgaba como una incalificable traición el sólo hecho de sentarse a negociar con el gobierno una salida no violenta a la crisis.

Pero ahora las cosas parecen cambiar, y para mal. ¿Por qué? Porque al parecer las estrategias de ambas fracciones se han unificado bajo la batuta que desde Estados Unidos lleva el Comando Sur (el binomio terrorista formado por el Almirante Kurt Tidd y la ex embajadora en Paraguay y Brasil en tiempos de golpe de estado Liliana Ayalde). Debido a ello los sectores “dialoguista” han convocado, para este próximo domingo 16 de Julio, a un plebiscito o “consulta soberana” que no es otra cosa que la antesala de un golpe de estado porque en dicho ejercicio se le preguntará a la ciudadanía si quiere o no un cambio total e inmediato de gobierno y, simultáneamente, decretar la ilegitimidad de la legal y legítima convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente programada para el día 30 de Julio y que ha registrado ya más de cincuenta y cinco mil candidaturas en todo el país. Pero la oposición no quiere esperar todo ese tiempo y mucho menos competir en una elección con todas las reglas. Por eso montó este ejercicio absolutamente informal, sin ningún tipo de garantías ni registros; ni padrones electorales ni normas de recuento y fiscalización pública, en un país en donde, según lo asegurara el ex presidente James Carter, el sistema electoral es más transparente y confiable que el de Estados Unidos.

Es más, según lo afirmara Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, una vez que las improvisadas mesas receptoras de votos terminaran su recuento y se proclamara el resultado del plebiscito –que obviamente darían el triunfo a quienes votaron derogar de inmediato al gobierno de Maduro- las actas serían quemadas para evitar futuras represalias del chavismo y, de paso, cualquier tipo de verificación independiente. Además, dijo que “el único requisito para poder emitir su opinión en la consulta popular es presentar su cédula de identidad, vencida o no, en cualquiera de los puntos soberanos” y, sin decirlo, dejó entrever que los ciudadanos podrán votar cuántas veces quieran y donde deseen.[1]

Va de suyo que el gobierno bolivariano, como cualquier otro, desconocerá esta patética pantomima lo cual provocará la furiosa protesta de los antichavistas que, atizados por la propaganda de la derecha golpista, se sentirán estafados en su voluntad escalando a nuevos niveles de violencia la confrontación que ya azota al país.[2] Los autoproclamados defensores de la democracia y la república en nuestros países (así como el impresentable Secretario General de la OEA) han expresado su simpatía ante este estallido anómico que celebran como si fuera un venturoso florecimiento del protagonismo de la sociedad civil en Venezuela siendo que no es más que una siniestra maniobra para desatar una crisis que abra la puerta a una invasión del Comando Sur, eventualidad que es reconocida explícitamente por algunos personajes más moderados de la MUD, como el ya mencionado Ochoa Antich.

Habrá que ver qué sucede este próximo domingo en Venezuela, y también cuál podría ser la repercusión en nuestros países. Quienes han manifestado su complacencia con esta iniciativa golpista de la oposición antichavista –políticos del establishment latinoamericano y la “prensa corrupta”, como la designara el ex presidente Rafael Correa- harían bien en pensarlo dos veces. No vaya a ser que aparezcan quienes, inspirados en el ejemplo venezolano, decidan también ellos convocar a una “consulta soberana” para preguntarle a la ciudadanía, ante la grave crisis que afecta a nuestros países, si Mauricio Macri, Michel Temer o Enrique Peña Nieto deben o no continuar ejerciendo la presidencia. Si los sempiternos custodios de la democracia y las instituciones republicanas en Argentina, Brasil o México convalidan –sea abiertamente o con su silencio cómplice- la payasada que se escenificará este próximo domingo en Venezuela no deberían sorprenderse si al cabo de un tiempo una iniciativa similar fuese propuesta para ser llevada a la práctica en estos países.

Para nadie es un misterio que la legitimidad de sus gobiernos está profundamente cuestionada –la estafa post electoral del macrismo, el golpe de la cleptocracia en el Brasil, la abismal crisis política y social en México- y que la crisis económica y las políticas de ajuste han intensificado a tal extremo la explotación y los padecimientos de las masas populares que sería temerario descartar una violenta irrupción de rebeldía plebeya, misma que encontraría en una “consulta soberana” como la que próximamente se realizará en Venezuela, el pretexto ideal para tratar de poner fin, antes de tiempo, a gobiernos repudiados por la gran mayoría de sus ciudadanos.

[1] Ver las declaraciones de Borges en http://www.notiminuto.com/noticia/cuadernos-electorales-seran-quemados/#

[2] Esto motivó la reacción de un dirigente de la MUD, Enrique Ochoa Antich, quien hizo pública su negativa a participar de la consulta porque, según sus palabras, desencadenaría “más fractura y más violencia, incluso una guerra civil, financiada desde el exterior e incluso con una intervención extranjera.” Ver su reveladora nota titulada “Por qué no votaré el 16” en http://puntodecorte.com/no-votare-16/

 
Categories: Attac Planet