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Attac Planet

El humo tóxico de la corrupción española

News from Attac Spain - Tue, 24/05/2016 - 13:00

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

Ahí la tenemos: la corrupción española desenmascarada en toda su crudeza. En toda o en parte, porque cada día nos depara nuevas capítulos de lo que, sin serlo, parece una novela negra. Es impresionante, increíble, que políticos y medios puedan seguir hablando de elecciones, de pactos -hasta con el PP como hace Ciudadanos-, de eslóganes, seguir como si nada cuando la corrupción se desparrama de forma tan escandalosa por las venas de esta sociedad maltratada. En su marcha de autómatas guiados por su propio horizonte, obvian que España es un coche con una bomba de relojería incrustada en el motor. La que nos aprieta cada día y nos está aniquilando. La que puede acabar con nosotros.

David Marjaliza, el socio del que fuera alto cargo del Partido Popular Francisco Granados, ha tirado de la manta. De una de las mantas: la Púnica. Empieza a dar la impresión de que en España operan varias mafias y que una parte de las pistas que sigue la justicia parte de algún tipo de ajuste de cuentas entre bandas rivales. Si la sospecha se puede expresar en términos tan gruesos es porque semejantes trapicheos no han podido desarrollarse en una ignorada trastienda. No es lógico.

A la corrupción española de hoy no le falta un detalle. Recordemos que Ausbanc y Manos Limpias han estado extorsionando, según las pesquisas  judiciales, a múltiples bancos y empresas de lo más relevante del país. Pagaban para que la red no publicara informes desfavorables. Y nadie dijo nada durante más de 20 años. Sectores que han de permanecer totalmente alejados de la menor sombra, como jueces y fiscales, cobraban de la trama por cursos y conferencias. También lo han hecho de otras entidades que, estéticamente siquiera, casan mal en la separación de poderes. No olvidemos los pagos –desorbitados- de la Comunidad de Madrid a miembros de la judicatura, por asistir a reuniones de supervisión de un plan informático.

Todos los estamentos están teñidos de pringue. A los Reyes, como más alta jerarquía, cuando no les sale una hermana y un cuñado dudosos, les aparece una tía con cuentas en paraíso fiscal, o amistades peligrosas. El compi yogui López Madrid –como le llamó por escrito Letizia- ha resultado ser un crack.

El saqueo tiene proporciones bíblicas. Imaginemos a Granados – mano derecha de Aguirre en su momento-, llevándose  mordidas del 20% como mínimo por cada paso urbanístico desde las recalificaciones en adelante. Añadamos el reparto de sobres entre socios del clan púnico. Pensemos en la otra mano, derecha también, de la factótum del PP de Madrid: Ignacio González, con su ático. Pero el viaje continúa por la Comunidad valenciana en donde el trinque y la desfachatez eran tan descomunales como aparentaban. No se han privado ni de usar a niños opersonas discapacitadas, todo les sirve. Y se extiende por gran parte de nuestra geografía. Es trabajoso ya seguir la ruta del pillaje por España, del PP en particular, pero no únicamente. Hay que ver cómo engordaron los ERE andaluces vinculados al PSOE, sin ir más lejos.

Merece la pena detenerse, sin embargo, en Canarias. Dado que allí parece ser dios el ministro offshore del PP, José Manuel Soria. Uno de sus amigos, el juez Alba, ha sido pillado fabricando pruebas contra la jueza Rosell, diputada de Podemos en la reciente y breve legislatura. Y, aunque parezca mentira, ahí sigue impartiendo lo que quiera que imparta. Con apagón informativo, por más que insistamos. En cualquier otro país este sucio asunto hubiera producido un cataclismo. Avergüenza este mutismo.

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Portadas de las principales cabeceras tras las revelaciones de Marjaliza.

Lo doblemente grave es que el PP preparó un marco legal muy preocupante con las leyes y códigos Mordaza. Por ellos, estamos asistiendo ya a juicios inusitados en los que se piden varios años de cárcel por protestar. Mientras, el ministerio llamado de Justicia colocaba una ley que limita el tiempo de instrucción. El primer plazo vence ya, el 6 de junio,  y se van a tener que archivar 400.000 causas penales, según alertan los fiscales. Desastrosa gestión y en entredicho en varios sentidos. Como reiteradamente han denunciado desde la judicatura,  implicaría el sobreseimiento también de causas de corrupción. El Ministro Catalá es uno de los que imparte, día sí, día no, sus soflamas contra adversarios políticos como Podemos.

Como el de Interior. Llamaba la atención Íñigo Sáenz de Ugarte, en eldiario.es, del preocupante uso que el PP está haciendo de las instituciones, en particular de la policía. Un sobrecogedor y documentado relato de cómo “El gobierno exige a los jueces que cumplan sus órdenes”.  Sin que tenga mayor repercusión tampoco. Silencios que evidencian una pésima salud de la convivencia democrática.

¿Sabe la ciudadanía lo que realmente está ocurriendo? Puede hacerlo, aunque muchos ni se molestan. Hay que sortear las noticias que no se publican, las que se tergiversan, las que se desmesuran, las que se inventan. Cualquiera que viera las portadas, el miércoles, el jueves, cargadas de Venezuela, con el escándalo de las revelaciones de Marjaliza ante la justicia, pensaría que España tiene un problema muy grave con la prensa oficial. Que la prensa forma parte del problema. Destacada parte.

¿Y la política? Ese bloque de súbitos seguidores de Adolfo Suárez, con su “centrismo y moderación”, al que sus antecesores de UCD, AP y PSOE acribillaron hasta mandarlo a la dimisión y a la melancolía. Pues ahí andan con Venezuela en la boca de la mañana a la noche como sus portavoces mediáticos. Clama que ,ante las gravísimos sucesos de Brasil tan similares a un golpe de mano, sea Venezuela el único país en el mapa americano. La precampaña empieza en Caracas, sin el menor escrúpulo. Si se piensa con seriedad, es alucinante. El colmo es ver metido en esa fiebre también el PSOE. Su ex presidente Felipe González sabe mucho de amistades presidenciales venezolanas y de su dureza con las protestas. Tal como él mismo escribió, viajó a España en el avión presidencial de Carlos Andrés Pérez, el del “caracazo” que ocasionó decenas de muertos en su represión.

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Bajo el humo podrido y tóxico del cementerio de neumáticos de Seseña, como símbolo de este momento de España. También escondía desgobierno, codicia y un polvorín en ciernes. Con el desamparo de los denunciantes de la corrupción en nuestro país que critica The New York Times. Con tal cúmulo de atropellos que no hay estómago capaz de asimilarlos. Diarios. El reparto de prebendas. Las puertas giratorias, anchas, para que quepa la familia entera. La desigualdad social en récord. La ciencia devastada. La Deuda en récord histórico. La presunta recuperación bajo la espada de Damocles de Bruselas que le da una tregua electoral a Rajoy antes multarnos y de exigir más recortes por el incumplimiento del déficit.

Escandalizados, estupefactos, hartos,  no encontramos la palabra para definir la magnitud de cómo nos sentimos ante las dimensiones de esta corrupción, económica y moral. Una bacanal en la que múltiples facinerosos de la vida pública han venido disfrutando con el dinero que debía emplearse en las necesidades de los ciudadanos. Un desparrame de latrocinios y prebendas, de desvergüenza suma.  Presuntamente, desde luego. Todos niegan todas las acusaciones. No han hecho nada. Y ya se sabe que los mangantes nunca miente.

A muchos de ellos nuestra inquietud les pillara de fiesta. Con sus guirnaldas y trofeos, sus escopetas en ristre y al pie las piezas cobradas, sus tripas orondas, sus “volquetes de putas” aguardando en la cama, sus sonrisas de vino y placer, sus bolsillos llenos, sus carcajadas al pensar en los votantes que los han puesto ahí con mano rapaz y manga ancha.

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Publicado en eldiario.es

El Periscopio

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BNP Paribas va quitter les îles Caïmans, une grande victoire pour Attac

News from Attac France - Tue, 24/05/2016 - 09:30

Les dirigeants de BNP Paribas viennent d'informer la commission financière du Comité central d'entreprise (CCE) de BNP Paribas que leur banque a décidé de fermer ses dernières branches actives dans les îles Caïmans. Cette annonce, qui a été faite dans plus grande discrétion, est de résultat de la mobilisation d'Attac, qui mène des actions depuis 3 ans en direction de BNP Paribas.

Pourquoi cibler la BNP Paribas ? Tout d'abord, parce que cette banque est la championne française de l'évasion fiscale par le nombre de ses filiales dans les paradis fiscaux. Ensuite parce que, grâce au « reporting » obligatoire des banques sur leurs filiales à l'étranger, obtenu de haute lutte par les organisations de la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires (dont Attac fait partie), nous savons qu'il n'y a aucun effectif en personnel dans les filiales de la banque aux îles Caïmans. Ces dernières ne sont donc que des structures dédiées intégralement à l'évasion fiscale. La troisième raison de ce choix d'Attac est que cet objectif était atteignable tout en étant hautement symbolique. Notre pari était fondé : il aura fallu trois ans et des dizaines d'action mais, nous avons gagné ! Bien sûr, si nous venons de remporter une bataille, nous sommes loin d'avoir gagné la guerre contre l'évasion fiscale.

Une autre leçon se dégage de cette première victoire : la mobilisation citoyenne et les actions de désobéissance civile sont efficaces ! Dès 2014, Attac lançait une opération de communication et d'action citoyenne autour de l'édition participative d'un « kit anti-requins  » contenant les outils pour traquer 3 banques et multinationales prédatrices, dont BNP Paribas et ses filiales aux îles Caïmans. En 2015, les nombreuses actions de fauchage de chaises dans les agences de BNP Paribas, que nous avons initié avec les Amis de la terre et ANV COP 21, ont permis d'amplifier la mobilisation et de mettre les dirigeants bancaires, mais aussi le pouvoir politique, face à leurs responsabilités. Ces actions nous ont permis de sensibiliser l'opinion sur les liens entre l'évasion fiscale, d'une part, la dette publique et le financement de la transition sociale et écologique au moment de la COP 21, d'autre part. Des temps forts y ont largement contribué : la « prise du siège » de BNP Paribas le 3 décembre 2015, le contre-sommet sur le climat à Montreuil en décembre 2015 où furent exposées 196 chaises réquisitionnées dans les banques, représentant chacune un des pays participant à la COP 21 puis ensuite, la restitution à la justice des 196 chaises lors de l'ouverture du procès de Cahuzac, le 8 février 2016.

Notre lutte, fondée sur la mobilisation citoyenne et la désobéissance civile, a déjà pris de nouvelles formes. À l'annonce de l'implication de la Société générale dans le scandale des « Panama Papers », nous avons décidé de mener des actions de blocage des agences de la Société générale (une centaine en France) spécialisées dans la « gestion de fortune privée », dont l'optimisation (évasion) fiscale est une des dimensions importantes. Nous sommes décidés à poursuivre nos campagnes. Aujourd'hui se pose la question de l'impunité des dirigeants bancaires, soulevée par les déclarations devant le Sénat de Frédéric Oudéa, patron de la Société générale, qui explique, contre toute évidence, que sa banque n'est pas impliquée dans des opérations d'évasion fiscale.

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La deuda pública española supera el 100% del PIB: cada español debe 23.500 euros

News from Attac Spain - Tue, 24/05/2016 - 09:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

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La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas subió en marzo pasado en 14.031 millones, el mayor repunte mensual desde mayo de 2014, hasta superar el volumen del PIB, según los últimos datos del Banco de España. Concretamente, el endeudamiento se situó en 1.095 billones de euros, lo que supone alrededor del 101% del PIB, calculado con el PIB de 2015 (.,081 billones), y supera el objetivo de deuda del Gobierno para todo el año, situado en el 99,1% del PIB, de acuerdo con la última revisión del Programa de Estabilidad; si el ratio de deuda pública se calcula con el dato previsto para este año (1.142 billones de euros) el dato se sitúa en el 95,88% del PIB.

Si se repartirera la deuda por la población española (unos 46,4 milones de habitantes, según el último dato del INE), cada habitante tendría que pagar 23.595 euros. Son unos 7.600 euros más que cuando Mariano Rajoy llegó al poder: en diciembre de 2011, el endeudamiento se situaba en los 743.530 millones, lo que correspondía a una deuda per cápita (la población era de 46,6 millones de habitantes) de unos 15.933 euros; esto es, con el Gobierno del PP ha subido un 48,1%. El aumento de la deuda en marzo, del 4,1%, es superior al ritmo de crecimiento observado el mes precedente, del 3,4%, mientras que con respecto al cierre del pasado año, creció cerca del 2,1%. Así, el saldo deudor de España no ha frenado su crecimiento en 2016. Antes del comienzo de la crisis, en 2007, la deuda pública española ascendía a 384.000 millones de euros, equivalente al 35,5% del PIB.

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Info exclusive : Attac révèle que BNP Paribas va fermer ses filiales aux îles Caïmans

News from Attac France - Tue, 24/05/2016 - 07:40

Ce mardi 24 mai, Attac dévoile un document et révèle sur France Inter et sur Lemonde.fr la décision de BNP Paribas de fermer ses filiales dans les îles Caïmans. Une victoire pour l'association qui se mobilise depuis plus de deux ans pour obtenir la fermeture de toutes les filiales de BNP Paribas dans ce paradis fiscal et judiciaire, véritable trou noir de l'économie mondiale.

À la veille de l'audition de Jacques d'Estais, directeur général adjoint de BNP Paribas par la commission des Finances du Sénat au sujet des Panama Papers, Attac dévoile ce mardi 24 mai le compte-rendu de la réunion de la commission financière du Comité central d'entreprise (CCE) de BNP Paribas qui s'est tenue le 3 mai dernier dans lequel les responsables de la banque annoncent leur intention de fermer leurs « dernières branches encore actives dans les Îles Caïmans ».

Dans son rapport financier 2015, BNP Paribas déclarait posséder 6 filiales aux Îles Caïmans pour un produit net bancaire de 39 millions d'euros et un résultat net de 134 millions d'euros sans aucun salarié sur place.

Pour Dominique Plihon, porte-parole d'Attac, « le retrait des îles Caïmans de BNP Paribas, champion français de l'évasion fiscale, est une victoire importante car ce paradis fiscal est le no1 mondial en matière de dépôts par des non résidents, soit 1 310 milliards de dollars déposés dans les institutions financières locales selon les données de la Banque des règlements internationaux (BRI) ».

Cette victoire est le résultat de plusieurs mois de mobilisation intense d'Attac et de ses partenaires notamment les « faucheuses et faucheurs de chaises » qui ont ciblé la BNP Paribas avec des actions de réquisitions citoyennes sur tout le territoire tout au long de l'année 2015.

« Après cette première victoire, nous appelons à poursuivre et amplifier les actions visant les agences des principales banques impliquées dans les paradis fiscaux » affirme Thomas Coutrot, porte-parole d'Attac, « elles doivent non seulement y fermer leurs filiales mais également y stopper toute activité, directe ou indirecte ».

Les îles Caïmans sont bien plus qu'un symbole de l'évasion fiscale et cette annonce doit en amener d'autres. Dans l'immédiat, Attac va poursuivre sa mobilisation pour que toutes les banques française encore présentes aux îles Caïmans annoncent à leur tour la fermeture de leurs filiales et la cessation de leurs activités dans ce paradis fiscal et judiciaire.

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Photo : Jean-luc Perreard

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Fraude et évasion fiscale : « Il y a encore beaucoup de progrès à faire en matière de transparence et d'accès aux données »

News from Attac France - Tue, 24/05/2016 - 07:39

Entretien avec Lucie Watrinet, chargée de plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire et coordinatrice de la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires.

1/ La direction de BNP Paribas vient d'annoncer la fermeture de ses filiales dans les îles Caïmans. C'était une revendication mise en avant par Attac dans sa campagne contre « les requins de la finance ». Pour Attac, c'est une victoire ! qu'en pensez-vous ?

Il s'agit effectivement d'une victoire, d'abord parce que cela montre que la mobilisation peut marcher et que les banques, comme les grandes entreprises, sont de plus en plus sensibles à leur image.

C'est aussi une victoire parce que les îles Caïmans, même si elles ne figurent plus sur aucune liste officielle, restent un paradis fiscal notoire : en effet il n'y a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur les sociétés, les plus-values, les dividendes et les redevances. De plus, l'opacité y est totale : on peut en effet aisément y créer des sociétés écrans qui permettent de cacher les propriétaires réels des fonds. C'est également un pays où les banques peuvent mener des activités financières risquées et lucratives, dangereuses pour la stabilité financière mondiale. C'est notamment sur ces îles que sont domiciliés une grande partie des hedge funds, ces fonds spéculatifs qui ont joué un rôle prépondérant dans la crise de 2008.

Ensuite, les activités des filiales de la BNP Paribas dans ce territoire étaient effectivement douteuses : grâce au « reporting » pays par pays que les banques sont obligées de publier depuis la loi bancaire de 2013 (c'est-à-dire des informations sur leur bénéfice, leur chiffre d'affaires, leur nombre d'employés, et les impôts payés dans tous les pays où elles sont présentes) on a pu constater que la BNP Paribas dégageait dans ce pays des bénéfices supérieurs à son chiffre d'affaires (en 2015, 134 millions d'euros de bénéfices pour 39 millions de chiffre d'affaires ce qui défie toute logique comptable) et le tout sans employé !

Mais il s'agit d'une victoire qu'il faut nuancer : la BNP Paribas possède encore 20 % de ses filiales étrangères dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire 143 filiales dans 12 autres paradis fiscaux (Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Guernesey, Jersey, Monaco, Suisse, Émirats Arabes Unis, Bermudes, Hong Kong, Philippines et Singapour) ! Avec des activités particulières… Dans le rapport publié en mars 2016 par le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France et le Secours Catholique en partenariat avec la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires, il a été démontré par exemple qu'à chiffre d'affaire égal, les banques dégageaient beaucoup plus de bénéfices dans les paradis fiscaux que dans les autres pays ou que leurs salariés y étaient beaucoup plus productifs. Cela s'explique par trois hypothèses : ou bien les banques sont dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, ou pour aider leurs clients à échapper à l'impôt, ou pour y mener des activités spéculatives risquées. Ou les trois ! Le problème est encore loin d'être réglé…

2/ Les « Panama Papers » ont montré que les grandes banques utilisent tous les moyens à leur disposition, notamment les sociétés écrans offshore, pour organiser l'évasion fiscale, sous couvert d'optimisation fiscale. Quelles conclusions devons-nous en tirer pour l'organisation de nos campagnes futures ?

Ces révélations nous apprennent trois choses : elles nous disent d'abord - commençons par la mauvaise nouvelle - que malgré les avancées en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, il est toujours aujourd'hui relativement simple de passer entre les mailles du filet et d'aller cacher son argent dans des territoires où l'on ne révélera pas votre identité.

Ensuite que l'on doit une fière chandelle aux journalistes et aux lanceurs d'alerte pour avoir mis au jour, une nouvelle fois, des scandales d'évasion fiscale à très grande échelle. Et qu'il faut donc à tout prix les protéger.

Mais surtout, que l'on a raison de se battre pour plus de transparence : on voit bien, qu'au cœur de ce scandale il y a effectivement le problème des sociétés écrans, ces sociétés qui permettent de cacher le propriétaire réel d'une entreprise et qui peuvent servir à frauder le fisc mais aussi à dissimuler l'argent du crime organisé, de la drogue ou du terrorisme. Il faut éradiquer les sociétés écrans : c'est-à-dire exiger qu'au niveau international chaque pays publie un registre qui permette de savoir qui se cache derrière quelle société. Et en attendant, interdire aux banques d'avoir des relations, de quelque nature que ce soit, avec les territoires qui refusent cette transparence.

3/ En tant que coordinatrice de la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires, considérez-vous qu'il y a eu des progrès significatifs récemment dans la lutte contre l'évasion fiscale et le contournement de la réglementation financière par les banques ?

Oui, vraiment.

D'abord des progrès en matière de prise de conscience citoyenne et en traitement médiatique, et je crois qu'on doit cela en partie au travail de sensibilisation de nos organisations. Il y a 10 ans, parler de fraude fiscale et surtout d'évasion fiscale, de ces mécanismes à la limite de la légalité qui permettent aux entreprises de transférer artificiellement leur argent dans des paradis fiscaux, c'était prêcher dans le désert. Aujourd'hui, grâce aussi à la multiplication des scandales et, c'est malheureux à dire, grâce à la crise qui a rendu insupportable aux yeux du grand public le fait que les riches, les banques et les grandes multinationales ne paient pas d'impôts, il est beaucoup plus facile de faire entendre nos messages. Nous avons notamment réussi à faire passer l'idée que le problème des paradis fiscaux ne se limite pas à la question des îles des Caraïbes mais que nous en avions tout près de nous, en Europe ! On peut aussi rappeler qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de députés et de sénateurs sensibilisés à ces questions, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans.

Au niveau international la question est désormais au cœur des discussions, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou de l'OCDE, qui s'est tout de même penché en 2013, pour la première fois depuis 100 ans, sur la révision des règles fiscales internationales ! Il y a même eu des victoires, puisque nous avons obtenu en 2013 que les banques soient obligées de publier des informations dans tous les pays où elles sont présentes. C'est cela qui nous a permis de constater notamment qu'aux îles Caïmans, la BNP Parisbas dégageait plus de bénéfices que de chiffre d'affaires, et cela sans avoir aucun employé…

Mais tout est loin d'être gagné : ce n'est pas parce que les pays, à tous niveaux, se penchent enfin sur ces sujets extrêmement importants (rappelons que les pays de l'Union européenne perdent chaque année 1 000 milliards d'euros du fait de la fraude et de l'évasion fiscale confondues, et que les pays les plus pauvres souffrent encore plus fortement de ces fuites massives de capitaux, qui seraient pourtant bien utiles pour construire des services publics de qualité par exemple…) que la bataille est gagnée. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en matière de transparence et d'accès aux données, de manière à ce que s'exerce un véritable contrôle citoyen, en matière d'harmonisation fiscale mais aussi de lutte contre l'impunité dont bénéficient fraudeurs et évadés fiscaux, particuliers et grosses entreprises.

Il existe un risque réel que le sujet soit enterré jusqu'au prochain scandale parce que les États estiment avoir déjà fait le maximum. En tant qu'organisations de la société civile nous avons le devoir de reconnaître qu'il y a des avancées tout en gardant un véritable esprit critique et en maintenant la pression. Dans la lutte contre l'évasion fiscale, une porte s'est entrouverte. Il s'agit aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour qu'elle ne se referme pas : c'est de l'avenir de nos services publics dont on parle. Et le prochain rendez-vous est très proche. Il s'agit de l'examen de la Loi Sapin 2 à l'Assemblée nationale au début du mois de juin, dans laquelle nous exigerons notamment la transparence de nos grandes entreprises multinationales : c'est-à-dire qu'elles soient également obligées, comme les banques, de publier des informations concernant leurs activités et les impôts qu'elles payent dans tous les pays où elles sont présentes.

4/ Ne faut-il pas s'attaquer également à la question de l'impunité des dirigeants des grandes banques ?

Absolument. Frédéric Oudéa a affirmé en 2012 devant le Sénat qu'il n'avait plus « d'activités » au Panama. Or, depuis que les Panama Papers ont été révélés au public, on voit que deux fondations, Valvert et Rousseau, ouvertes par la Société générale en 2009 au Panama, sont toujours actives. A moins d'être malhonnête sur ce que signifie « avoir des activités » il semble évident que Frédéric Oudéa ait menti devant la commission d'enquête, au moins par omission. Néanmoins, le Bureau du Sénat, le seul à même de décider de poursuites pour parjure, semble souhaiter en rester là. Mais cette affaire pose la question de l'impunité des fraudeurs au sens large. En France il y a très peu de condamnations pénales car l'administration fiscale (qui, rappelons-le, a le monopole des poursuites en matière de fraude fiscale, le fameux « verrou de Bercy ») préfère en général transiger, c'est-à-dire récupérer l'argent de la fraude avec majoration plutôt que de faire passer les fraudeurs devant les juges. C'est un choix pragmatique : en passant outre la case procès, l'argent rentre plus vite dans les caisses des États. Mais sur le long terme, cela a des conséquences extrêmement importantes : cela donne l'impression que la fraude n'est pas un délit si grave (alors que dans les textes, il est passible de deux millions d'euros d'amende et 7 ans de prison) et que si l'on se fait prendre, il suffira de payer. Sans compter le fait que pour tout ce qui est évasion fiscale « légale » aucune punition n'est envisagée… Il faut donc effectivement s'attaquer à ce volet judiciaire et exiger non seulement que le ministère des finances n'ait plus le monopole des poursuites mais aussi avoir des procès exemplaires et des peines importantes, qui peuvent être inventives : travaux d'intérêt général, interdiction de gérer ou d'exercer une profession, privation de droits civiques, civils, et de famille, rendre publics les profils des délinquants fiscaux…Il y a un excellent livre à ce sujet que je vous invite à lire, L'impunité fiscale d'Alexis Spire et Katia Weidenfeld, qui date de 2015.

Propos recueillis par Dominique Plihon

Pour aller plus loin
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BNP Paribas annonce la fermeture de ses filiales aux Îles Caïmans : première victoire des faucheurs de chaises !

News from Attac France - Tue, 24/05/2016 - 07:39

La direction de BNP Paribas a annoncé le 3 mai dernier au Comité central d'entreprise la fermeture de ses filiales dans les îles Caïmans. C'est le résultat direct de la pression des Faucheurs de chaises sur les banques impliquées dans les paradis fiscaux, avec, en moins d'un an, plus de quarante actions de réquisitions citoyennes de chaises dans toute la France. Cette première victoire en appelle d'autres : elle prouve qu'avec des actions de désobéissance civile non-violentes, les citoyen·ne·s peuvent faire céder un mastodonte dont le bilan équivaut au PIB de la France.

Philippe Bordenave, Directeur général délégué de la banque, qui recevait la délégation des Faucheurs de chaises le 24 novembre dernier, avait pourtant refusé d'accéder à la demande citoyenne de fermeture des filiales aux îles Caïmans, prétendant que BNP Paribas n'y avait aucune activité répréhensible. Selon lui, les motifs de la présence de la BNP Paribas aux Caïmans n'étaient pas fiscaux mais réglementaires, s'agissant d'un « paradis réglementaire » (sic) moins contraignant que les États-Unis ou l'Union européenne. Les 1 310 milliards de dollars de capitaux abrités aux Caïmans, première place offshore mondiale en terme de dépôt par des non résidents, y seraient donc venus par hasard, sans la contribution des banques qui y sont implantées ?

Pour faire cesser ce scandale, en amont de la COP 21, de nombreuses personnalités lançaient un appel à la réquisition de chaises dans les banques pour « répondre à la menace grave et imminente que représente l'évasion fiscale » et appeler à financer la transition écologique et sociale. Depuis, plus de 40 actions ont eu lieu dans de nombreuses villes, les Faucheurs ont « assiégé la BNP Paribas » le 3 décembre 2015 [1], organisé le Sommet des 196 chaises pendant le Village mondial des alternatives de Montreuil le 6 décembre 2015 [2] et remis à la justice une partie des chaises réquisitionnées lors de l'ouverture du procès Cahuzac [3]. Le scandale « Panama Papers » a sans doute achevé de convaincre BNP Paribas du danger de rester aussi exposée dans les paradis fiscaux, à commencer par l'un des premiers d'entre eux, les îles Caïmans.

Sur plus de quarante actions de réquisition de chaises et des dizaines de plaintes déposées par les banques (la première d'entre elles BNP Paribas) pour « vol en réunion », aucune poursuite n'a à ce jour été engagée contre les Faucheurs de chaises : le recul de BNP Paribas sur ses filiales aux îles Caïmans achève de démontrer la légitimité et l'efficacité de ces actions citoyennes. BNP Paribas, comme les autres banques françaises impliquées dans les paradis fiscaux, doit non seulement y fermer toutes ses filiales mais réellement y cesser toutes ses activités, directes, indirectes ou de sous-traitance organisées comme celles qu'ont révélés les « Panama Papers ». Les pouvoirs publics doivent s'en assurer par un contrôle effectif et des sanctions exemplaires en cas de manquement. L'argent de la transition écologique et sociale existe, il est dans les paradis fiscaux !

Pour aller plus loin

[1] http://www.lesinrocks.com/2015/12/03/actualite/cop21-des-faucheurs-de-chaises-prennent-le-siege-de-la-bnp-paribas-a-paris-11791535/

[2] http://www.novethic.fr/portfolios/sommet-citoyen-pour-le-climat.html

[3] http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/02/08/les-faucheurs-de-chaises-s-invitent-au-proces-cahuzac_4861216_823448.html

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¿Más recortes innecesarios e injustos para España?

News from Attac Spain - Tue, 24/05/2016 - 07:00

La Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC en el Estado Español después de analizar los efectos que podría ocasionar la aplicación de las políticas económicas que Bruselas exige al gobierno español que aplique, elaboró el documento que transcribimos a continuación:

Soberanía monetaria para construir otra Europa

A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.
Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). Las políticas de austeridad han sido la ÚNICA respuesta en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) establecida en el Tratado de Maastricht.

En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son legales. La estabilidad presupuestaria está por encima de cualquier otro objetivo de política.

El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público excesivo, de casi el 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación impositiva, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos.

El Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.

La política fiscal a través del gasto público y la recaudación impositiva, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente.

Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficits ni los superávits presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de la estabilidad.

No obstante, desde el tratado de Maastricht, en la eurozona se ha impuesto el concepto de hacienda responsable, término que como el de austeridad induce a equívoco. El déficit público, que ha sido tradicionalmente un instrumento de política económica anticíclica, se ha convertido en un objetivo cuya consecución (déficit cercano a cero) es prioritaria por encima de cualquier otro. Los gobiernos tienen las manos atadas en este ámbito, y casi ocho años después de la crisis económico-financiera de 2008, la eurozona no acaba de salir de la recesión y el estancamiento, por más que el BCE haya bajado los tipos de interés a su mínimo histórico.

El equilibrio presupuestario que exige el Pacto de Estabilidad se ha buscado fundamentalmente por la vía de menores gastos (recortes sociales), desechando la opción de mayores ingresos impositivos de carácter progresivo así como derivados de la persecución de la evasión y elusión fiscal. De nuevo se evidencia cómo la carga de las políticas desarrolladas durante esta crisis está recayendo sobre los grupos sociales más débiles y vulnerables.

Los dos principales problemas de España y el mundo son la desigualdad social y la crisis ecológica. El crecimiento económico a toda costa ha estado detrás de su agudizamiento durante las últimas décadas. Por ello es preciso encarar el futuro de España, Europa y el mundo de acuerdo con principios de cooperación entre los pueblos, así como de respeto y cuidado de la Naturaleza, construyendo nuevas sociedades liberadas de un capitalismo salvaje que ha mercantilizado y precarizado la mayor parte de las necesidades humanas básicas y de los recursos naturales.

Las políticas públicas en pos de la justicia social no pueden relegarse con falsas excusas de falta de recursos para financiarlas. Los principios de la soberanía monetaria y presupuestaria permiten superar el mito de la estabilidad del presupuesto público y su financiación exclusiva a través de la emisión de deuda en los mercados de capital. Permiten poder volver a hacer políticas públicas para la gente.

Por todo lo anterior, la Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC España denuncia el marco definido por la UEM y el Pacto de Estabilidad de la UE y apuesta por su superación, para que la política fiscal y presupuestaria pueda desplegarse con toda intensidad en aras de recuperar la justicia social y ecológica.

Un nuevo marco institucional basado en la soberanía monetaria permitiría disponer de financiación para movilizar recursos reales ociosos disponibles en la propia moneda de la Unión Europa, sin depender el gasto público de los ingresos impositivos que se puedan obtener o de la deuda que se pueda colocar en los mercados financieros, límites éstos que obligan a los actuales Estados miembros de la eurozona, que son usuarios del euro, pero no emisores del mismo. Los Estados no tendrían peligro de ser insolventes como ocurre hoy, y contarían con un Banco Central detrás que acomodaría su balance al gasto público, saliendo así de la trampa de la austeridad en que está inmersa la eurozona.

Las leyes y los tratados sirven si liberan a las personas y facilitan su vida en armonía con el resto de la sociedad y de la Naturaleza. Los tratados y pactos vigentes en la UE no respetan la vida. No sirven. Su superación necesita de educación, concienciación y movilización de la ciudadanía y los colectivos sociales, y a esa tarea va a dedicar esta Subcomisión de Soberanía Monetaria todos sus esfuerzos.

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Le Petit manuel de la transition (nouvelle édition augmentée) vient de sortir

News from Attac France - Mon, 23/05/2016 - 17:53

Dans cette nouvelle édition augmentée et mise à jour du Petit Manuel de la transition, Attac met en débat une multitude de propositions pour changer de modèle. Des propositions et une méthode : la construction de convergences. Car si les mouvements sociaux ne parviennent pas à travailler ensemble, nous serons emportés par les désastres qui s'annoncent.

Commandez le livre Petit manuel de la transition (nouvelle édition augmentée) à 10 €(frais de port inclus), sortie en librairie le 8 juin 2016.

Voici le manifeste d'Attac, en édition augmentée et mis à jour, pour changer notre modèle économique et politique.

L'Europe est au bord du gouffre et la planète ne va pas mieux. Licenciements, chômage, austérité, spéculation, pollutions, dérèglement du climat… le néolibéralisme va de crises en catastrophes.
Il est grand temps de bifurquer ! De rompre résolument avec ce capitalisme débridé, intrinsèquement inégalitaire et productiviste et de remettre la démocratie au poste de commande.

Mais comment imaginer la transition vers une société vi­vable ? Avec qui et comment ?

Les réponses, multiples, foisonnent déjà sous nos yeux, dans les mouvements de la société. Résistances et actions de désobéissance créative contre les lois du Medef et des transnationales, occupations de places et d'espaces libérés, construction des com­muns dans l'alimentation, le logement, la monnaie, Internet...

Le Petit manuel de la transition veut ainsi permettre aux citoyen·e·s de s'engager pour faire de la politique autrement, sans carrières ni rivalités, au seul service du bien commun.

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La crisis de los refugiados

News from Attac Spain - Mon, 23/05/2016 - 13:00

Noam ChomskyALAI, América Latina en Movimiento

En algunos países existe una verdadera crisis de refugiados. En Líbano, por ejemplo, donde al menos un cuarto de la población consiste en refugiados de Siria,​han recibido ​​esta ola de gente desesperada después de otra que les había llegado desde Palestina y desde ​Irak. Otros países de la región, pobres y golpeados por los conflictos, también han debido dar refugio a inmensas cantidades de personas. Entre ellos Jordania y la misma Siria, antes de que se hundiese en un suicidio colectivo.

Sin embargo, los países que han sobrevivido a la crisis de los refugiados no son aquellos que han tenido alguna responsabilidad en la creación de la crisis. El actual fenómeno de los refugiados es, en gran medida, consecuencia de las acciones de los países ricos y poderosos, esos mismos que ahora llorisquean por el terrible peso que les producen unas pocas víctimas de la miseria, a los que fácilmente podrían echar una mano abriéndole las puertas.

La conocida invasión de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña produjo el desplazamiento de cuatro millones de seres humanos, de los cuales la mitad huyó a los países vecinos. Los iraquíes continúan huyendo de su propio país, un país que ahora es uno de los más miserables sobre la Tierra después de una década de sanciones criminales seguidas de la masacre de los ricos y poderosos que devastaron y arruinaron el país y, por si fuese poco, iniciaron un conflicto sectario que ahora está destrozando el país y la región en mil pedazos.

No hay necesidad de volver a revisar el conocido rol que jugó Europa en África, que es de donde provienen las otras olas de refugiados, los que ahora deben pasar por el embudo creado por los bombardeos de Francia, Gran Bretaña y Estaos Unidos sobre Libia, acciones que no solo destruyeron el país sino que además lo dejó en las manos de milicias que ahora se combaten unas a otras.

Tampoco es necesario volver a recordar el historial de Estados Unidos en América Central, el que produjo terroríficas cámaras de exterminación de las cuales la gente ha intentado escapar desesperada, uniéndose ahora también a las victimas mexicanas del Tratado de Libre Comercio que virtualmente destruyó la agricultura en ese país, haciéndola inviable en una abierta competencia con la producción de los conglomerados agrícolas estadounidenses, fuertemente subsidiados por el gobierno federal.

La reacción de uno de los ricos y poderosos, Estados Unidos, es presionar a México para mantener alejadas de su frontera a sus propias víctimas, enviándolas de regreso sin misericordia, en aquellos casos en que la víctimas logran evadir los controles. La reacción del otro rico y poderoso, la Unión Europea, consiste en chantajear y presionar a Turquía para que mantenga a los sobrevivientes lejos de su fronteras y arree como ganado aquellos que logren escapar del horror hacia campamentos donde son tratados con brutalidad.

Entre los ciudadanos hay honrosas excepciones. Sin embargo, la reacción de los gobiernos es una desgracia inmoral, aun dejando de lado sus responsabilidades en la creación de las circunstancias que han llevado a toda esa gente a huir de sus tierras para salvar sus vidas.

Toda esta vergüenza no es algo nuevo. Basta con considerar solo el caso de Estados Unidos, el país más poderoso y privilegiado de la tierra, rodeado de ventajas incomparables. A lo largo de su historia les dio la bienvenida a los refugiados europeos para que se asentaran en sus tierras, aquellas tierras que antes habían sido tomadas con brutalidad, eliminando a las naciones nativas que antes las ocupaban. Todo eso cambió con la ley de inmigración de 1924, diseñada para excluir a judíos e italianos. No es necesario entrar en detalles. Aún después de la guerra, se les negó la entrada a aquellos sobrevivientes que todavía permanecían en campos de concentración. Ahora los gitanos están siendo expulsados de Francia hacia condiciones desesperantes en la Europa del Este, es decir, están expulsando a los descendientes de las víctimas del holocausto, si es que a alguien le importa.

La vergüenza persiste y no tiene límites. Sin duda, el tiempo para ponerle un punto final a todo eso ha llegado, sin el cual no podremos nunca alcanzar un mínimo de decencia y de civilización.

 

Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge.

Traducción de Jorge Majfud

 

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Geneviève Azam dans _ Ce soir ou jamais Est ce que « ça va mieux » comme le dit François Hollande

News from Attac France - Mon, 23/05/2016 - 12:34

Quand Geneviève Azam, porte-parole d'Attac, explique que « Ca va mieux » extrait de l'émission du 20 mai 2016.

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Petit manuel de la transition (nouvelle édition augmentée)

News from Attac France - Mon, 23/05/2016 - 11:18

Un autre monde est-il vraiment possible ? Il le faut car le monde actuel ne l'est plus.

Tout le monde le voit, ce système de compétition féroce et mondialisée fonce dans le mur. Les dégâts sociaux et écologiques s'accumulent, les inégalités explosent, la démocratie devient une coquille vide.

Mais comment imaginer la transition vers une société vivable ? Avec qui et comment ?

Les réponses, multiples, foisonnent déjà sous nos yeux, dans les mouvements de la société. Résistances et actions de désobéissance créative contre les lois du Medef et des transnationales, occupations de places et d'espaces libérés, construction des communs dans l'alimentation, le logement, la monnaie, Internet...
Même si la route est longue, elle peut être tracée. Ce petit manuel propose une stratégie à l'intention de tous ceux, aujourd'hui nombreux, qui se demandent si l'espoir est encore permis.

Attac veut ainsi permettre aux citoyens de s'engager pour faire de la politique autrement, sans carrières ni rivalités, au seul service du bien commun.

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Elusión fiscal a la navarra

News from Attac Spain - Mon, 23/05/2016 - 09:00

Iñigo Muerza Erroz – ATTAC Navarra-Nafarroa

Hace escasamente tres semanas Joan Bosch presentó en el Parlamento de Navarra una propuesta de modificación del sistema de recaudación del impuesto de sociedades gravándolo en función del destino de las operaciones y no del origen, real o ficticio, del beneficio declarado con el objeto de reducir la elusión o el fraude fiscal vinculado a este impuesto.

Estos días tenemos en nuestra tierra un vergonzoso ejemplo de la impunidad con la que operan las grandes empresas.  El gobierno del cambio navarro acaba de aprobar un crédito extraordinario de 4 millones de euros para la adquisición de licencias de Microsoft con la finalidad de apañar la mala gestión que el ejecutivo anterior hizo de las mismas permitiendo que 6.000 de los 12.000 equipos de la administración navarra operasen con sistemas operativos pirateados. Las licencias legales están concedidas por Microsoft en régimen de alquiler a un desorbitado precio que dobla el del valor de compra de las mismas. Las condiciones del contrato con la administración navarra no permite, de momento, la migración a soluciones de software libre. Al parecer la compra de las nuevas licencias se facturará a Microsoft IRLANDA (Diario de Navarra 20/05/16), lo que permitiría a la multinacional acogerse a la baja fiscalidad de dicho país y eludir así pagar aquí los impuestos correspondientes por la venta, la instalación y el mantenimiento de su software en los equipos de la administración pública navarra.

Todo esto al mismo tiempo que la deuda pública navarra se sitúa en máximos históricos —multiplicándose por 5 desde 2007—; otro tanto lo hace la española —superando estos días el 100% del PIB—; y el fantasma de las navidades pasadas —José María Aznar— aparece reclamando más recortes en el gasto público.

Sería interesante poder contar con una auditoría ciudadana de la deuda pública navarra que estableciese cuánto de la misma pudiera estar ligada tanto a la pérdida de ingresos por la falta de solidaridad contributiva de determinadas empresas como a operaciones realizadas en unas condiciones anómalas que apuntasen a un lucro odioso o ilegitimo. Auditoría que por su carácter ciudadano quedaría al margen de instrumentalizaciones partidistas, al no estar directamente controlada por los grupos parlamentarios, y que tendría vocación de permanencia, al no depender del reparto de fuerzas de la cámara foral en cada periodo electoral.

Y también sería de gran interés que propuestas como la lanzada por Joan Bosch y apoyada por ATTAC Navarra-Nafarroa fuesen abriéndose camino tanto a niveles territoriales como estatales o supra-estatales conduciéndonos hacía modelos de recaudación que basándose en variables como las ventas, los costes de personal y/o el capital fijo dificultasen al máximo las habituales manipulaciones en la distribución y declaración de beneficios que tanto daño nos hacen a todas.

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Barcelona, otras ciudades y los paraísos fiscales. Son de agradecer los gestos valientes

News from Attac Spain - Mon, 23/05/2016 - 07:00

Antonio Fuertes Esteban – ATTAC Acordem

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El Ayuntamiento de Barcelona ha sido uno de los primeros en poner trabas reglamentarias a la contratación con empresas que puedan tener relación con operaciones delictivas, fraude fiscal o lavado de dinero, vía paraísos fiscales. La propuesta, aprobada por el pleno municipal, obligará a las empresas licitadoras a declarar que no operan delictivamente en el marco de la jurisdicción nacional e internacional vigente. Esto a partir de la aprobación del decreto municipal, que textualmente establece que “los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales” y ello tomando como referencia los paraísos fiscales contenidos en la lista de La Unión Europea y los de la lista española.

Es de agradecer e ilusiona que uno de los llamados ayuntamientos del cambio comience, a través de esta medida, a enarbolar institucionalmente la bandera contra los paraísos fiscales o centros offshore extraterritoriales. El que una ciudad importante en el Estado español y en Europa, como Barcelona,  abra una vía en el cuestionamiento institucional a estos agujeros negros del dinero y ponga cortapisas legales a las empresas que se afincan en ellos, nos llena de orgullo y nos emociona.

No obstante hay que decir que esta es una primera y muy humilde batalla contra la delincuencia fiscal y financiera, bien asentadas en nuestras sociedades a través de estos territorios offshore.

En primer lugar habríamos de suponer la buena voluntad y lealtad a la norma pactada de empresas y entidades bancarias signatarias de los futuros contratos con el consistorio municipal. Si bien, la experiencia reciente nos hace ser cautos al respecto. La crisis generada por la hipertrofia financiera global y por los excesos causantes de la burbuja inmobiliaria y de las estafas a los consumidores bancarios e inmobiliarios, nos orienta en los posibles futuros. Si hay una experiencia firme de la aún reciente crisis, es que no podemos dejar que sean las empresas comerciales o financieras, las que se autorregulen. Es un hecho, que especialmente la mayoría de las grandes empresas, no se imponen límites en su camino al beneficio, así como lo es que no podemos esperar nada de los actuales reguladores (BCE, CNMV,..,etc). Y sabiendo esto pregunto ¿Podemos asegurar la veracidad y lealtad de las grandes empresas en el cumplimiento de los pliegos de pactos en los contratos municipales cuando tiene que ver con paraísos fiscales?

Lo común en este aspecto viene marcado por las grandes posibilidades que el actual sistema financiero internacional ofrece a las grandes empresas y capitales móviles. Cuando se ha creado y expandido, globalmente en las últimas décadas, un espacio financiero internacional absolutamente libre, desregulado y opaco, resulta muy complejo y difícil tratar de establecer contrapoderes locales reguladores. Y lo es porque la estructura opaca de las finanzas está bien asentada en dichos paraísos fiscales, una herramienta imprescindible de los poderes de la globalización financiera, herramienta a la que no van a renunciar mientras su poder siga siendo inmenso. Habría que quitarles la herramienta de las manos, pero ¿cómo?

Es un hecho que lo que distingue a estos paraísos fiscales, por encima de su escasa o nula tributación, es su opacidad. Opacidad bien cimentada en los sistemas jurídicos especiales de estos territorios y que incorporan, entre otros aspectos, la prescripción del secreto bancario. Así como la facilidad para crear empresas pantalla o instrumentales, fideicomisos o fundaciones y entrelazar con todo ello entramados societarios, que son fundamentales para la ocultación de las personas físicas o jurídicas propietarias de cuentas y empresas. Y también fundamentales para impedir a las policías judiciales e inspectores de Hacienda seguir el rastro o trazabilidad de los dineros.

Resulta increíble y es absurdo que algunos pequeños territorios, sin apenas actividad económica, puedan acumular tantos títulos financieros, debido a los apuntes contables de las empresas y particulares, pero hemos tenido que acostumbrarnos a que sea así. Hemos tenido que acostumbrarnos a que el delito de cuello blanco esté amparado por el marco jurídico internacional, dado el reconocimiento de los sistemas jurídicos offshore. Esto está en la base de la corrupción social y de los sistemas políticos y en el código genético del capitalismo actual: Capitalismo delictivo y de casino. Se ha montado y legalizado la gran farsa: El imperio de la ley, pilar del liberalismo y de la democracia liberal, es pura hipocresía. La ley que impera es la del más fuerte y utilizan los paraísos fiscales para el robo generalizado y para socavar la democracia. Es patente que los paraísos fiscales, a través de su sistema jurídico, venden su soberanía al capital financiero internacional y mientras éste domine, la vida de los paraísos fiscales será larga.

Es pues muy posible que, ante las seguridades que ofrece la opacidad de estos territorios, las empresas móviles y globalizadas no se sientan intimidadas por un pliego de condiciones firmado con los poderes locales y sigan utilizando las ventajas competitivas que les ofrecen el secreto bancario y la opacidad. Hoy queda muy lejos aquello de la ética empresarial, solo la amenaza de sanciones posibles y aplicables y la posibilidad de poner luz en los vericuetos por los que transitan la evasión y el lavado de dinero, podría asegurar que los contratantes cumplan el pacto para no ser sancionados. Bien es verdad que ahora los ciudadanos, ciudadanas y los poderes públicos estamos exultantes por algo que no ha pasado hasta hace poco y es la sucesión de filtraciones que están dejando en evidencia a empresas y particulares, Swissleaks, Luxleaks o Panamá Papers. Aunque la ciudadanía no puede permanecer confiando en un “Zorro protector” que realice, a largo plazo, el rol histórico que solo a ella puede y le corresponde ejercer. La lucha para acabar con los paraísos fiscales es hoy un reto necesario de la ciudadanía en el tránsito a otro mundo mejor posible.

En segundo lugar, apreciamos en el decreto municipal, que hace especial énfasis en sancionar a las empresas que actúen ilegalmente, pero no explicita medios para disuadir a las empresas que utilizan la ingeniería fiscal o planificación fiscal agresiva, para legalmente pagar sus impuestos en paraísos fiscales o territorios de muy baja tributación. Este parece, a mi modo de ver, el principal agujero por donde pueden escapar estas empresas de las haciendas locales. Parece ser que los representantes del Ayuntamiento de Barcelona, se han querido situar con este decreto, bajo el paraguas de una estricta legalidad, aunque de sobras saben que legalidad y legitimidad no viene a ser lo mismo. Además se puede constatar, cómo en los últimos años, las empresas transnacionales van aumentando la parte de su presupuesto que dedican a contratar servicios de fiscalistas para que les ayude a eludir impuestos, operación legal a nivel internacional, pero que vacía los erarios públicos favoreciendo a las empresas. Otra vez tenemos que citar aquí el caso de Luxleaks, base de la elusión fiscal de grandes empresas o también hemos de reseñar el peligro que para la elusión fiscal va a constituir la firma del acuerdo de nuestro país con Andorra, para evitar la doble tributación y los acuerdos bilaterales comerciales con las comunidades autónomas.

Finalmente expresar que la lógica línea de estricta legalidad del Ayuntamiento de Barcelona, también afecta a la elección de la lista a la que se ajustan los países de referencia, paraísos fiscales, en el decreto. Se han elegido las listas “legales” la de la Unión Europea y la de España, pero tampoco considero que sean la más legítimas en cuanto a figurantes, creo más completa la lista elaborada con criterios muy estrictos, por la red ciudadana de expertos “Tax Justice Network”. Por ejemplo en la lista de TJN figuran Países Bajos o Luxemburgo y en la de la UE no. Es un hecho que ambos son paraísos fiscales entre los más importantes, Países Bajos que constituyen un complejo offshore importante junto a sus terrenos insulares de Aruba o Antillas holandesas. Los países bajos son paraíso fiscal para los holdings, lo cual podría afectar a empresas como ING o Triodos Bank, que son propietarias de holdings. Por lo que hace referencia a Luxemburgo, posee secreto bancario y muy baja fiscalidad, demostrada ésta en el caso de Luxleaks.

Creo loable la actuación al respecto del Ayuntamiento de Barcelona y otros y comunidades que están actuando en la misma línea, o bien simplemente comienzan por declarar a sus municipios ZLPF (Zonas libres de paraísos fiscales) en un ejercicio de dignidad para focalizar la atención ciudadana y de las autoridades internacionales sobre  esta lacra del Siglo XXI. Sin embargo hemos de tener muy claro que recién acabamos de abrir la puerta que nos conduce a un camino muy largo y lleno de trampas y dificultades.

Animo a las personas comprometidas y conscientes a que se unan a esta comitiva, que justo acaba de comenzar su andadura, para presentar cara a los poderes financieros y a la existencia de los paraísos fiscales, que socavan las democracias y hacen tambalearse al Estado de derecho. Y adelanto que la única forma de enfrentarse eficazmente a las finanzas offshore es acabar con la opacidad y los regímenes jurídicos de los territorios paraísos fiscales. En este sentido sólo una voluntad internacional unida, para poner luz a los procedimientos financieros y contables y que al mismo tiempo utilice sanciones fiscales y comerciales contra estos territorios de no cambiar sus sistemas jurídicos, tendría la posibilidad de acabar con el problema. No obstante soy consciente que la voluntad internacional está a nivel político hoy presa de los grandes poderes económico – financieros y de las oligarquías políticas locales que les sirven.

El camino para plantar cara a las oligarquías políticas y económicas, lo comenzamos ganando en algunos grandes ayuntamientos, ahora vienen las elecciones generales, a ver si cunde el ejemplo y más adelante hacia las europeas. Mientras tanto vayamos tejiendo una sociedad civil crítica, consciente y cohexionada ¡No hay otro camino!

Barcelona 21 de mayo de 2016

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20 cosas que hay que saber del tratado con Canadá y el TTIP

News from Attac Spain - Sun, 22/05/2016 - 13:00

Tom Kucharz - Ecologistas en Acción

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), que consta aproximadamente de unas 500 páginas y mil de anexos, es el equivalente canadiense al TTIP, negociado por la tecnocracia de la Comisión Europea y el Gobierno conservador canadiense entre 2009 y 2014. Este acuerdo está mucho más avanzado en el proceso de aprobación que el que se negocia con EE UU (el TTIP).

Sus defensores pretenden abrir los mercados de la Unión Europea y de Canadá a sus respectivas corporaciones, incluyendo los sectores de servicios, farmacéutico, energético y agrícola.

Igual que en el caso del TTIP, el CETA es un tratado comercial que se centra ya no en las barreras arancelarias a productos y servicios sino en las mal llamadas “barreras no arancelarias”, o sea regulaciones económicas y políticas que limitan la acumulación de beneficios privados y que abarcan amplias áreas de políticas públicas como la protección de la inversión, la contratación pública, los servicios públicos, la armonización de las normas, la cooperación reguladora, y el sector agrícola.

Las negociaciones han tenido lugar principalmente a puerta cerrada con poca información a la opinión pública y ningún debate abierto a la ciudadanía. Por ejemplo, el Congreso español no han tenido debates ni acceso a información adecuados. En septiembre de 2014, el entonces primer ministro canadiense, Stephen Harper, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, firmaron una declaración conjunta para “celebrar” la conclusión de las conversaciones sobre el CETA. Desde entonces, sigue habiendo una oposición clara tanto en Canadá como en Europa y el acuerdo está lejos de poderse implementar. De hecho cada semana crece el rechazo y se suman gobiernos que se muestran reacios a ratificar el CETA.

Los que más oposición muestran son Rumanía y Bulgaria, a quienes se les niega la parte positiva que podría tener para sus ciudadanos el tratado, ya que se les excluirá del capítulo de libre circulación de personas. Austria y Bélgica, por medio de sus parlamentos regionales, también han cuestionado el acuerdo, que puede quedar en papel mojado en los próximos meses.

En marzo, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, que representa a más de ocho millones de trabajadores del sector público, llamaba al rechazo de este tratado por sus implicaciones sobre el sector público, la inclusión de cláusulas de protección de inversores como el ISDS o el riesgo para derechos laborales e incluso derechos humanos.

El acuerdo con Canadá se terminó de negociar en 2014, aunque algunos mandatarios europeos parecen no ser conscientes de ello. Recientemente, el diputado sueco Christofer Fjellner pedía cambios en un tratado que debe volver a ratificarse el 13 de mayo en la reunión del consejo de ministros de comercio. El texto final se presentará en junio y, en septiembre, una reunión informal dará el “sí” definitivo para una firma que tendría lugar en octubre. Rumanía y el estado belga de Valonia son los territorios que más se oponen.

1. Los antecedentes

Respecto a los sectores de servicios sociales y de salud, el antecedente para las negociaciones del CETA y del TTIP es la lista de la UE que se negoció en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) en la Organización Mundial del Comercio en 1994 y 2003 y que contiene compromisos para abrir estos sectores a empresas privadas de otros países. Ninguno de estos sectores de servicios se llegaron a abrir por completo, ya que los Estados miembros de la UE hicieron algunas reservas específicas.

2. Competencia

Resulta especialmente preocupante que bajo el CETA y el TTIP incluso las regulaciones sobre la asistencia sanitaria en España, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), podrían verse amenazadas. La consecuencia práctica es que los inversores podrían desafiar las regulaciones de los sistemas de seguridad social, incluso las aseguradoras de salud pública. La Plataforma Europea de la Seguridad Social (ESIP) advierte: “En muchos sistemas de seguridad social es difícil decir si los servicios se suministran en condiciones comerciales o en competencia con uno o varios proveedores de servicios, ya que no se define claramente lo que se entiende por las expresiones ‘base comercial’ y ‘competencia’”.

3. Lista negativa

El CETA se convertirá en el primer acuerdo de la UE con el enfoque de “lista negativa” para los compromisos de servicios. Todos los servicios estarán sujetos a la liberalización, a menos que se haga una excepción explícita. Algo parecido sucede con la negociación sobre servicios en TTIP relativo al “trato nacional”.

4. Excepciones

En el CETA existe una exención muy limitada para los servicios “suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”. Hoy en día, en prácticamente en todos los servicios actúan empresas privadas junto a proveedores públicos. Esto limita la exención de autoridad gubernamental a unas pocas funciones tales como la policía, el poder judicial o los servicios de un banco central. Problemas similares afectan a la llamada exención de “servicios públicos”, que contiene tantos vacíos que no permite una protección adecuada a los servicios públicos.

5. Los cuidados

Los servicios públicos no están excluidos del CETA y tanto este tratado como el TTIP amenazan con liberalizar la atención sanitaria y social. Al menos 11 Estados miembros de la UE (entre ellos, España) se han comprometido a liberalizar –o sea, privatizar– con el CETA los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad. Tales compromisos pueden chocar con las medidas para proteger el sector de salud y de atención social a largo plazo frente a las estrategias de los inversores financieros que están comprando y vendiendo activos financieros en este sector todo el mundo.

6. Un ejemplo: el agua

En octubre de 2014, la compañía de agua AS Tallinna Vesi junto con su accionista United Utilities B.V. presentaron una demanda inversor-Estado contra Estonia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad del Grupo del Banco Mundial. Tallinna Vesi es la empresa de agua de la capital de Estonia, Tallin, que fue privatizada en 2001, cuando United Utilities B.V. se convirtió en su mayor accionista. Las demandantes alegan que Estonia violó la norma de “trato justo y equitativo” por denegar la solicitud de Tallinna Vesi para aumentar las tarifas de agua. Ahora están buscando “indemnización por daños potenciales de más de 90 millones de euros para el total de las pérdidas durante la vigencia del contrato hasta 2020”. El holding holandés permitió a los solicitantes utilizar el mecanismo de arbitraje internacional incluido en el tratado bilateral de protección de la inversión entre los Países Bajos y Estonia.

7. Externalización de servicios

El CETA facilitaría aun más a las grandes empresas multinacionales el acceso sin restricciones a la contratación pública. Ello podría restringir la capacidad de los gobiernos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro y provocar la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, donde el personal a menudo se ve obligado a hacer el mismo trabajo en peores condiciones salariales y laborales. En el CETA ya hay varias administraciones públicas que tendrán que permitir la competencia transatlántica cuando quieren comprar suministros y servicios, un medio eficaz para la privatización mediante la transferencia gradual de los servicios públicos a los proveedores con fines de lucro.

8. Irreversibilidad

El CETA y el TTIP afectarían a las mejoras en servicios públicos que quieran iniciar nuevos gobiernos. Al asumir los compromisos comerciales internacionales vinculantes, la UE obliga a los Estados miembros a mantener las privatizaciones ya realizadas en el pasado. Revertir las medidas neoliberales con el fin de restablecer la igualdad de acceso a la salud y la cobertura universal de los sistemas de seguridad social se hará cada vez más difícil y costoso para los futuros gobiernos. En el CETA, en la página 51, se recoge la cláusula de trinquete (ratchet clause), que permite únicamente las modificaciones que sean más “liberales” y prohíbe las consideradas como una restricción al comercio.

Esto podría amenazar la tendencia creciente a la remunicipalización de los servicios de agua, redes de energía y servicios de transporte. Una reversión de algunas de las privatizaciones fallidas del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido puede ser considerada como una violación del CETA y del TTIP.

9. Antes gestión del riesgo que precaución

En el CETA, igual que en los papeles filtrados del TTIP, se pretende omitir el principio de precaución, base del ordenamiento jurídico europeo, al que no se menciona en la parte de la cooperación reguladora. Esto significa que con el CETA los medicamentos, los productos agrícolas, aditivos alimentarios y otros productos podrían ser comercializados con mucha más rapidez que en la actualidad. El principio de precaución, recogido en el artículo 191 de Tratado de la Unión Europea, permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro para la salud humana o el medio ambiente. Si los datos científicos no determinan la seguridad de una sustancia o la ausencia de alternativas, el recurso a este principio evita su distribución e incluso puede retirarla del mercado.

Es decir, previene el daño antes de que se ocasione y busca alternativas. En arreglo a este principio, la UE no ha permitido la entrada de carne estadounidense tratada con hormonas, como medida de precaución, por su posible relación con el desarrollo de cáncer. Tampoco permite a la industria introducir una nueva sustancia en un producto, por ejemplo un champú, sin demostrar previamente que no causará daños a la población o al medio ambiente. En varios capítulos de los documentos filtrados del TTIP se confirma la elección del “principio de gestión del riesgo”, seguido en EE UU y Canadá, que enuncia lo contrario: todas las sustancias químicas son seguras hasta que se demuestre, con toda certeza, que causan daño.

10. Cooperación reguladora

Con la inclusión del principio de cooperación reguladora en el CETA, Canadá y la UE persiguen la idea de aceptar las normas de cada uno, lo que puede poner en peligro estándares en diversos campos a largo plazo. Ello invita a las grandes empresas a proponer armonizaciones en las regulaciones y los estándares, lo que llevaría a una competencia a la baja en la protección de la salud y el medio ambiente, la seguridad alimentaria y laboral. La cooperación reguladora está presente también en el TTIP.

11. Cooperación reguladora: un ejemplo

La cooperación reguladora comenzó a andar en la década de los 90, con la creación del Diálogo Empresarial Trasatlántico, para incorporar a las empresas en los procesos legislativos de toma de decisiones. Por las protestas de la sociedad civil, se crearon otros “diálogos” de uniones laborales, medioambientales y de consumidores, pero pronto se vaciaron de contenido y los dos primeros terminaron desapareciendo.

Se ha calculado que CETA aumentaría el precio de los medicamentos en Canadá en casi 3.000 millones de dólares cada año

Entre los “éxitos” de la cooperación reguladora está haber vetado la propuesta de que las líneas aéreas paguen más por emisiones de gases de efecto invernadero; otro hito de la cooperación reguladora es haber conseguido, en 2004, que las instituciones financieras estadounidenses operasen en la UE bajo la legislación de Washington. Esto tuvo un efecto visible en 2008, con la quiebra de AIG (rescatada con 186.000 millones de dólares). Ni la UE ni EE UU sabían qué tenía AIG en sus libros contables.

12. El tribunal de arbitraje

Estos tratados proporcionan a las empresas transnacionales los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que extienden los privilegios de los inversores. Con la inclusión del arbitraje privado inversor-Estado en el CETA y el TTIP, junto al mecanismo tradicional de controversias Estado-Estado, se les concederá a los inversores una herramienta muy poderosa para hacer valer sus demandas. El CETA permite a los inversores extranjeros presentar reclamaciones ante tribunales privados contra Estados por cualquier reglamentación en el sector servicios. Las políticas que regulan los servicios públicos –a partir de la limitación del precio del agua a las empresas privatizadas– ya han pasado por tribunales ISDS.

13. Los costes del ISDS

En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Estado canadiense ha sido demandado 35 veces, ha perdido o llegado a un acuerdo sobre seis demandas y ha pagado un total de más de 171,5 millones de dólares canadienses a inversores extranjeros en concepto de daños. El CETA incrementará notablemente el riesgo de que Canadá sea demandada por bancos, aseguradoras y sociedades financieras.

En el caso de la UE y sus Estados miembros, el acuerdo incrementará el riesgo de que sean demandados por inversores canadienses en los sectores de la minería y de la extracción de petróleo y gas. El 75% de las mineras del mundo cotizan en la bolsa de Toronto; son canadienses las empresas que mantienen abiertos los proyectos de Corcoesto en Galicia –cuya empresa promotora tiene una filial en Pamamá–, Rosia Montana en Rumanía o de Halkidiki en Grecia. Las filiales canadienses de multinacionales con sede en Estados Unidos también podrán usar el CETA para demandar a Gobiernos europeos.

14. Agricultura y alimentación: la ingeniería genética

El CETA sería un buen negocio para la industria agroalimentaria, pero no tanto para los pequeños agricultores de Europa y de Canadá, que tendrían que hacer frente a una competencia adicional y a una creciente presión de los mercados internacionales, que bajan los precios, empeoran las condiciones de trabajo y afectan negativamente a la calidad de los alimentos.

La homogeneización –a la baja– de las normas de ingeniería genética existentes en la Unión Europea, Canadá y EE UU podría afectar a la salud, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la biodiversidad. La aprobación de acuerdos comerciales como el CETA y el TTIP está destinada a reducir la protección del medio ambiente y de los consumidores frente a los productos agrícolas de la ingeniería genética.

En las últimas décadas, la sociedad civil ha desempeñado un papel clave en el debate político sobre la ingeniería genética en la agricultura y la alimentación. Como resultado, existen múltiples regulaciones y disposiciones sobre la protección de la producción agrícola y alimentaria, la prohibición de cultivar transgénicos en varios países europeos, la obligación del etiquetado en los alimentos de consumo humano, así como más de 170 regiones europeas y 4.700 gobiernos o entidades locales que se han declarado zonas libres de organismos modificados genéticamente (OMG) en la alimentación.

Leer: Así reduce el TTIP las competencias municipales

En la actualidad existen considerables diferencias de regulación entre la UE y los respectivos interlocutores en las negociaciones con Canadá y Estados Unidos, pero la UE está sacrificando, cada vez más, preocupaciones ambientales y de salud en aras del comercio. La apertura de las negociaciones de la UE con Canadá y Estados Unidos está llevando a un “enfriamiento regulatorio”, es decir, a que los países se abstengan de introducir regulaciones en este sentido.

Los sistemas de autorización y control canadienses y de EE UU en relación con los transgénicos no son consistentes porque el legislador no distingue entre la ingeniería genética y otros procedimientos de producción. En esos dos países –a diferencia de la UE–, plantas modificadas genéticamente pueden venderse en el mercado sin ningún tipo de examen de aprobación. Y los consumidores y agricultores de esos países no pueden saber si los alimentos o los piensos se producen con plantas modificadas genéticamente debido a que éstos no están etiquetados como tales.

Protesta contra el TTIP en Berlín.

15. Protección a los consumidores

Al contrario que en la UE, donde deben tenerse en cuenta las incertidumbres científicas en los procedimientos de evaluación de riesgos, en EE UU las plantas modificadas genéticamente se consideran seguras hasta que se demuestre lo contrario. En este país, así como en Canadá, tampoco existen normas para proteger la agricultura libre de transgénicos o para prevenir la propagación incontrolada de OMG en el medio ambiente. La UE tiene disposiciones legales de ese tipo, aunque sean absolutamente inadecuadas e insuficientes. El CETA y el TTIP darían lugar a medio plazo a una reducción de las normas de la UE.

Tampoco hay que subestimar el papel de los tribunales privados de arbitraje que deciden sobre las controversias entre inversores y Estados (ISDS). Es muy probable que los inversores utilicen los tribunales privados de arbitraje para ejercer presión con el fin de eliminar las normas medioambientales y de protección a los consumidores en el ámbito de los transgénicos.

16. Derechos digitales

La propiedad intelectual es otro de los aspectos clave de los acuerdos de libre comercio que se negocian en la actualidad. Tras la publicación de los TTIPLeaks, la asociación European Digital Rights (EDRI) señalaba varios puntos rojos en las negociaciones en lo que respecta a propiedad intelectual, derechos digitales y neutralidad de la red. Uno se refiere a la llamada ‘flexibilidad regula­toria’, que dará “nuevos y excesivos poderes” a las operadoras de telecomunicaciones.

El artículo X.6 del borrador filtrado, dice esta organización, “es aún peor”, ya que permite a los operadores de telecomunicaciones modificar e incluso derogar legislación de los Estados miembros o de la UE. Esta organización también ha criticado el CETA porque pone en riesgo la protección de datos. Canadá forma parte del grupo de los “Cinco ojos” un grupo de países del que también forman parte Reino Unido y Estados Unidos, acusados de prácticas de vigilancia masiva sobre la población. Si se aprueba el CETA, dice la organización EDRI, este tratado estará de facto por encima de la carta de derechos fundamentales de la UE.

17. Empleos

“El libre comercio con Estados Unidos permitirá crear más de 334.000 empleos en España en cinco años”, decía sin ruborizarse el secretario de Estado de Comercio, en 2015. Según la lógica de sus defensores, la eliminación de barreras comerciales llevará a la creación de una avalancha de empleos. Sin embargo, otros estudios llegan a conclusiones opuestas. La propia UE maneja desde hace al menos dos años informes que prevén, según el escenario más cauto, una pérdida de un millón de empleos en ambos continentes de aprobarse el TTIP. El estudio realizado por Jeronim Capaldo muestra que el TTIP es un ataque al empleo de Europa y destruiría –por lo menos– 600.000 empleos y daría lugar a una pérdida de salarios. Capaldo ha basado su estudio en el Modelo de Políticas Globales (GPM) de la ONU.

18. Medicamentos

La prevalencia de la Propiedad Intelectual sobre el derecho a la salud puede influir en una excesiva protección de los intereses de la industria farmacéutica, algo que ya ha sido denunciado en el marco de las negociaciones del Tratado Trans-Pacífico (TPP). Entre estas medidas están el aumento de la duración de las patentes, el consiguiente retraso de la entrada en el sistema de los medicamentos genéricos, el incremento del periodo de protección de los datos acerca de los medicamentos y aspectos relacionados con la cooperación reguladora –el lobby farmacéutico ha gastado 40 millones de euros para presionar a favor del TTIP en Bruselas– y el recurso a los tribunales de arbitraje ISDS. Se ha calculado que CETA aumentaría el precio de los medicamentos en Canadá en casi 3.000 millones de dólares cada año.

19. Energía: París en el olvido

Universos paralelos: un viernes, Barack Obama y Angela Merkel firman en Nueva York el nefasto acuerdo de la cumbre sobre el clima de París y dos días más tarde promueven en Hannover el TTIP, que profundizaría peligrosamente las crisis ambientales. La propia Comisión Europea ha admitido que el modelo que representan estos acuerdos supondrá un incremento de las emisiones de 11 millones de toneladas de CO2.

Preocupa mucho el capítulo de reglamentación nacional que podríamos llamar “Regalos para la industria del petróleo y gas”. Los artículos de dicho capítulo parecen diseñados para matar los esfuerzos para hacer frente al calentamiento global y regular la industria extractiva y de los combustibles fósiles. Un intercambio de cartas hecho público por The Guardian ha mostrado la influencia de empresas petroleras como BP en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea. Según las misivas, Bruselas había modificado la Directiva de emisiones industriales (referentes, por ejemplo, a refinerías) a favor de lo que le demandaba la petrolera.

Los gobiernos de la UE y Canadá incluyen nuevas restricciones en el CETA para limitar el derecho a regular el ámbito de las políticas ambientales y energéticas. A falta de un tratado internacional que prohiba todas las regulaciones gubernamentales, el CETA da a la industria del petróleo y del gas prácticamente todo lo que lleva décadas pidiendo.

20. Normativa nacional

La mayoría de los acuerdos comerciales y de inversión están llenos de una jerga deliberadamente oscura, pero el capítulo de la normativa nacional del CETA es en realidad sencillo de entender. El capítulo 14 sobre la normativa nacional ofrece tantos motivos para desafiar reglamentos que casi cualquier regulación ambiental podría definirse en el futuro como “contraria” al acuerdo CETA.

Éste exige que las partes aseguren “que los procedimientos de concesión de licencias sean tan simples como sea posible y no deberían complicar ni retrasar indebidamente la prestación de un servicio o el ejercicio de cualquier otra actividad económica” (artículo 2, sección 7). Requerir que las compañías de petróleo y gas hagan evaluaciones ambientales, estudios arqueológicos o conseguir aprobaciones de diferentes niveles de gobierno es claramente un proceso que podría simplificarse mediante la supresión de estos requisitos.

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Paraísos fiscales, guaridas financieras

News from Attac Spain - Sun, 22/05/2016 - 09:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

La OCDE y entidades similares, dignas de toda sospecha, no han elaborado en serio una lista veraz de paraísos fiscales. Incluso en los últimos años pretenden que hay muchos menos. Pero no, están ahí. Territorios donde apenas se pagan impuestos. Primera condición sine qua non. Que el secreto bancario es dogma, la segunda. Y la tercera, el inviolable anonimato de titulares de cuentas, depósitos y movimientos de capital. Y negar por sistema cualquier información fiscal o financiera. Porque lo suyo es ocultar datos, nombres, apellidos, capitales y ganancias. Para no pagar impuestos.

Hoy los paraísos fiscales campan impunes por Europa. Las diminutas islas británicas del canal de la Mancha, por ejemplo, y los pequeños estados de Liechtenstein, Mónaco, Gibraltar, Malta, Luxemburgo o Andorra, sin ir más lejos, tienen una bien ganada fama de paraísos fiscales. Mientras Austria, Holanda e Irlanda actúan también a menudo como ellos, sin olvidar a Suiza, por supuesto, que a pesar de alguna concesión reciente a la información, es aún buen lugar para esconder fortunas.

Los paraísos ya no son lugares exóticos con palmeras y playas de aguas cristalinas. En el nuevo panorama de la burla fiscal destaca Londres, por ejemplo. Aunque, por mayor precisión, la capital del escaqueo tributario sería la City, su distrito financiero. Ahí funcionan a todo gas excelentes operaciones de lavado y blanqueo. Con la necesaria complicidad del carísimo mercado inmobiliario de la ciudad. Genial para ocultar y lavar miles de millones de euros. Así se han blanqueado más de 150.000 millones de euros, según datos oficiales británicos. Y, siendo dato oficial, es probable que sea más.

El blanqueo es sencillo. Los súper-ricos de donde sea llegan a la capital del Reino Unido con billetes en mano o en maletín y compran, por ejemplo, un apartamento, ático o palacete, cuanto más caro, mejor. Nada de nombres ni apellidos, of course, y los propietarios no pagan ni un chelín de impuestos. Los Papeles de Panamá desvelan que los propietarios de cuarenta mil carísimas propiedades inmobiliarias londinenses… son empresas con sede en paraísos fiscales. Y ahí la hacienda británica no tiene nada que rascar.

En el nuevo panorama del pirateo de impuestos, los Estados Unidos de América funcionan como paraíso fiscal. Así lo denuncia un reciente informe del grupo parlamentario europeo Los Verdes. Explican que en Estados Unidos está la quinta parte de los servicios financieros del mundo para ciudadanos no residentes. ‘No residentes’ es jerga de paraísos para designar a su clientela. Son cuentas, depósitos, otras ocultaciones, inversión y especulación de no estadounidenses sin nombre ni identificación. Y da igual que la OCDE acuerde el intercambio automático de información financiera y fiscal entre sus estados contra el blanqueo y la evasión fiscal. Estados Unidos no forma parte de ese acuerdo y no da ni dará información.

El informe de Los Verdes denuncia que catorce Estados de Estados Unidos actúan como paraísos fiscales. Y en Delaware, Nevada y Wyoming se pueden registrar con suma facilidad empresas-pantalla o fantasma. Indispensables en la evasión fiscal. Solo existen en el papel y no se sabe ni se puede saber quiénes son sus propietarios, accionistas y gestores. Ni quienes se lo llevan crudo. Para hacerse una idea del tinglado, en el estado de Delaware (con la misma superficie que la pequeña Rioja y 860.000 habitantes), en el número 1209 de la calle Orange de la pequeña ciudad de Wilmington, tienen su sede más de 285.000 empresas. Más apretadas que los personajes del camarote de los hermanos Marx.

Otro sí, las patrióticas empresas del Ibex 35 en 2014 tenían más de cuatrocientas empresas filiales con sede en ese aprovechado edificio de Delaware. Y casi novecientas en total en ese y otros paraísos fiscales. ¿Para qué será?

Echando la vista siete años atrás, temblorosos mandatarios europeos ponían a dios por testigo de que acabarían con los paraísos fiscales. Fue tras el hundimiento de Lehman Brothers que tanto acoquinó a las élites. Pero, pasado el susto inicial, se olvidaron de propósitos de enmienda y hoy los paraísos gozan de excelente salud. Con su ayuda, ésta es la era de la evasión fiscal. Además, esos paraísos han crecido como setas en el bosque tras lluvias otoñales y no pagar impuestos o impuestos ridículos ya es plaga, epidemia.

En aras de la decencia semántica, deberíamos dejar de llamarlos paraísos fiscales. Mejor guaridas financieras.


Periodista

Publicado en CCS, Centro de Colaboraciones Solidarias

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Las reformas laborales del gobierno de Zapatero y del gobierno de Rajoy matan

News from Attac Spain - Sun, 22/05/2016 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo resume el informe devastador preparado por la Unión General de Trabajadores sobre el crecimiento de la mortalidad y accidentalidad laboral como consecuencia de las reformas laborales aprobadas por el gobierno PSOE y por el gobierno PP.

Cada año los sindicatos publican los datos anuales del número de muertes y accidentes graves que ocurren en los lugares de trabajo en España y en sus comunidades autónomas. Son datos desoladores que raramente aparecen en las primeras páginas de los grandes rotativos del país. En realidad, no aparecen ni en la última página. No son noticia. Y lo que es escandaloso (y creo que es justo utilizar este término a fin de denunciar tal silencio ensordecedor) es que la gran mayoría de tales muertes son evitables y prevenibles. En España cada día mueren 2 trabajadores en el lugar de trabajo, 12 sufren un accidente grave y 53 son diagnosticados de enfermedades laborales (de las cuales muchas pueden causarles la muerte). Y lo que es incluso más preocupante es que habiendo mejorado las cifras a principios de siglo, se han deteriorado de una manera muy espectacular (en realidad en porcentajes no vistos desde hace tiempo) durante los años de las reformas laborales, que han dejado al mundo del trabajo debilitado y desprotegido frente a la avalancha del mundo empresarial, consecuencia del impacto muy negativo que tales reformas (tanto las del gobierno PSOE como las del gobierno PP, ambas reformas aplaudidas, por cierto, por el partido neoliberal Ciudadanos) han tenido en la protección y seguridad de los trabajadores como resultado del gran debilitamiento de los sindicatos. En la lucha de clases (de la cual nunca se habla en los mayores medios de información y persuasión por considerarla “inexistente” o “anticuada”) que ocurre diariamente entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo, el número de accidentes mortales ha ido aumentando significativamente. En el año 2015, último año de recogida de datos, el incremento fue de un 4,8%, una cifra que, junto con el incremento del año anterior, 2014 (3,9%), no se había alcanzado nunca desde principios de siglo. Estos y otros datos proceden del detallado y riguroso estudio publicado por la Unión General de Trabajadores, UGT, titulado Informe Accidentes de Trabajo. Enero-Diciembre 2015. La información es estremecedora y, como era predecible, ha sido ignorada por los grandes medios. En Catalunya, una de las CCAA con más fallecidos durante la jornada laboral, ningún medio escrito, oral o televisivo ha informado de tal situación.

La brutal realidad ignorada por los medios

En 2015, 608 trabajadores perdieron la vida en su lugar de trabajo, 28 más que el año anterior. El número total de accidentes fue de 1.233.918, un 3,8% superior al año anterior. Este aumento ocurrió en todos los sectores de la economía (servicios, industria, construcción y sector agrario). Y tal mortalidad ocurre entre los asalariados peor pagados, entre los más jóvenes, y también, por cierto, entre los trabajadores por encima de los cincuenta años. Catalunya, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas peores en cuanto a siniestralidad laboral. Y los más vulnerables son los peones de la agricultura, de la pesca, de la construcción, de las industrias manufactureras y del transporte. El grupo que tiene menos accidentes es el de los directores y gerentes de las empresas, cuyos salarios han crecido en relación con los de menores salarios, siendo los que han sufrido mayor mortalidad los trabajadores de salarios más bajos (y muy en especial conductores y operadores de maquinarias móviles). Por otra parte, los trabajadores con menor estabilidad y mayor precariedad son los que tienen mayores accidentes graves. Son causas de accidentes el sobreesfuerzo físico, el trauma psíquico, las radiaciones, el ruido, la luz y la presión laboral. Y los diagnósticos de muerte son por infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas.

Esta es la realidad ocultada por los establishments político-mediáticos del país, pues no quieren que se conozca el enorme coste humano de sus políticas de austeridad y reformas laborales, impuestas (y digo impuestas, pues no estaban en sus programas electorales) a la población por los gobiernos del PP y del PSOE, y aplaudidas por Ciudadanos, bajo el nombre de “reformas estructurales”, necesarias según ellos para salir de la crisis. Como el Sr. Rosell, presidente de la patronal del país, dijo recientemente, estas medidas son “dolorosas y necesarias para que la economía se recupere”. Teniendo en cuenta que los datos muestran que las rentas del trabajo en este país han ido bajando (como porcentaje de la renta nacional) durante los años de crisis económica y las del capital han ido aumentado, es justo que se pregunte al Sr. Rosell: ¿de qué economía está usted hablando? Seguro que ningún periodista le preguntará tal obviedad.

Publicado en Público.es

vnavarro.org

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Claude Vaillancourt contre la religion économique

Attac Québec - Sat, 21/05/2016 - 16:35

Excellente recension du livre « L'âge économique » de Claude Vaillancourt dans Le Devoir du 21 avril 2016. « De courts essais toujours clairs, rédigés avec fougue et élégance » que les lecteurs et lectrices d'À Bâbord ! et de la revue Relations, entre autres, apprécient bien. « Le message central de ce fort recueil d'essais est troublant : l'économie, qui ne devrait être qu'un tremplin vers des fins humaines plus élevées, est devenue, sous la férule de gourous cupides et mesquins, notre nouvelle religion. » Lire la recension

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La crisis brasileña era una estrategia golpista

News from Attac Spain - Sat, 21/05/2016 - 13:02

Emir Sader - Público.es

La crisis brasileña, que algunos dicen que se inició con las manifestaciones callejeras de junio del 2013, y cuyo origen otros sitúan tras las elecciones del 2016, empieza a perfilar sus contornos conforme desemboca en un golpe blanco. No se puede decir que todo ha sido meticulosa y fríamente calculado, pero no cabe duda de que ambos acontecimientos han terminado por significarse como pilares de una estrategia golpista con el único objetivo de sacar al PT del gobierno.

La pretensión de la derecha brasileña, así como de otros gobiernos progresistas de la región, no es otra que cerrar el ciclo de gobiernos populares, sacar a dichas fuerzas del gobierno, de cualquier forma, para así restablecer el modelo neoliberal. Es esto lo que ha pasado y está pasando en Brasil ahora.

Hubo quienes creyeron que las manifestaciones del 2013 eran democráticas, que criticaban al gobierno y al PT desde un punto de vista de la izquierda, pero nada más lejos de la realidad, era el comienzo de un profundo desprestigio de la política, primera escala en la ofensiva llevada a cabo por la derecha.

Hubo también quienes desde la ultra izquierda saludaban el final de los gobiernos del PT, su fracaso, el final del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, como si hubiera llegado el momento de la ultra izquierda. Pero se trataba de un nuevo engaño: la alternativa al PT y a los gobiernos progresistas están en la derecha. La crisis demostró que el único gran liderazgo popular en Brasil es el que desempeña Lula. Que las grandes manifestaciones populares tienen en la CUT —Central Única dos Trabalhadores, cercana al PT— su principal puntal.

Hubo quienes se dejaron llevar por los medios brasileños y creyeron que el tema central de la crisis era un tema de corrupción del PT. Sin embargo, en cuanto la crisis se agravó, los medios internacionales mandaron raudos a sus corresponsales y todos, unánimemente, se dieron cuenta de que los corruptos estaban del otro lado, es decir, en el lado de los golpistas. No hay pruebas concretas contra Dilma o Lula, mientras que los dirigentes del golpe y más de 200 parlamentarios que lo hicieron posible, están implicados en casos de corrupción en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En resumen, la larga y profunda crisis brasileña es la estrategia de la derecha para recuperar el gobierno y, desde ahí, poder cargar contra los avances de los últimos 13 años en Brasil. Modificar, por ejemplo, el presupuesto constitucional de recursos destinados a educación y salud pública, recortar los derechos de los trabajadores, imponer un durísimo ajuste fiscal, reprimir a los movimientos populares, establecer una política internacional de subordinación a los intereses de EEUU —ése es el verdadero objetivo del golpe blanco, un golpe que se ha ido gestando a lo largo de los últimos años en Brasil.

La izquierda en su conjunto y todos los movimientos sociales lo han comprendido muy bien uniéndose en defensa de la democracia, en contra del golpe, a sabiendas de que lo que viene, como en Argentina, no es otra cosa que una venganza en contra del pueblo y sus derechos.

La derecha brasileña tiene que enfrentarse al mayor movimiento de masas que el país ha conocido, y lo hace con su habitual falta de propuestas que pudieran darle legitimidad y apoyo popular, por no hablar de que enfrente se encuentra un político como Lula, que posee un amplio respaldo popular.

Son tiempos de lucha, de disputa, de inestabilidad, de crisis hegemónica profunda. El juego no ha terminado, al contrario, se ha profundizado, los enfrentamientos de clase son ahora mucho más visibles, Brasil ya no será el mismo país después de esta crisis. La derecha ya no podrá disfrazarse de civilizada, de democrática, de reformista, sino que se muestra tal y como es: neoliberal, corrupta, golpista.

Mientras que la izquierda está comprometida con volver al gobierno para desatar los nudos que han bloqueado sus gobiernos y han llevado al golpe. Para ello, es importante trabajar en la democratización de los medios, en el quiebre de la hegemonía del capital especulativo, en la reforma del sistema electoral, entre tantas otras reformas. Esa disputa es la que caracteriza al nuevo período político abierto hoy en Brasil.

Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).

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La crisis brasileña era una estrategia golpista

News from Attac Spain - Sat, 21/05/2016 - 13:02

Emir Sader - Público.es

La crisis brasileña, que algunos dicen que se inició con las manifestaciones callejeras de junio del 2013, y cuyo origen otros sitúan tras las elecciones del 2016, empieza a perfilar sus contornos conforme desemboca en un golpe blanco. No se puede decir que todo ha sido meticulosa y fríamente calculado, pero no cabe duda de que ambos acontecimientos han terminado por significarse como pilares de una estrategia golpista con el único objetivo de sacar al PT del gobierno.

La pretensión de la derecha brasileña, así como de otros gobiernos progresistas de la región, no es otra que cerrar el ciclo de gobiernos populares, sacar a dichas fuerzas del gobierno, de cualquier forma, para así restablecer el modelo neoliberal. Es esto lo que ha pasado y está pasando en Brasil ahora.

Hubo quienes creyeron que las manifestaciones del 2013 eran democráticas, que criticaban al gobierno y al PT desde un punto de vista de la izquierda, pero nada más lejos de la realidad, era el comienzo de un profundo desprestigio de la política, primera escala en la ofensiva llevada a cabo por la derecha.

Hubo también quienes desde la ultra izquierda saludaban el final de los gobiernos del PT, su fracaso, el final del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, como si hubiera llegado el momento de la ultra izquierda. Pero se trataba de un nuevo engaño: la alternativa al PT y a los gobiernos progresistas están en la derecha. La crisis demostró que el único gran liderazgo popular en Brasil es el que desempeña Lula. Que las grandes manifestaciones populares tienen en la CUT —Central Única dos Trabalhadores, cercana al PT— su principal puntal.

Hubo quienes se dejaron llevar por los medios brasileños y creyeron que el tema central de la crisis era un tema de corrupción del PT. Sin embargo, en cuanto la crisis se agravó, los medios internacionales mandaron raudos a sus corresponsales y todos, unánimemente, se dieron cuenta de que los corruptos estaban del otro lado, es decir, en el lado de los golpistas. No hay pruebas concretas contra Dilma o Lula, mientras que los dirigentes del golpe y más de 200 parlamentarios que lo hicieron posible, están implicados en casos de corrupción en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En resumen, la larga y profunda crisis brasileña es la estrategia de la derecha para recuperar el gobierno y, desde ahí, poder cargar contra los avances de los últimos 13 años en Brasil. Modificar, por ejemplo, el presupuesto constitucional de recursos destinados a educación y salud pública, recortar los derechos de los trabajadores, imponer un durísimo ajuste fiscal, reprimir a los movimientos populares, establecer una política internacional de subordinación a los intereses de EEUU —ése es el verdadero objetivo del golpe blanco, un golpe que se ha ido gestando a lo largo de los últimos años en Brasil.

La izquierda en su conjunto y todos los movimientos sociales lo han comprendido muy bien uniéndose en defensa de la democracia, en contra del golpe, a sabiendas de que lo que viene, como en Argentina, no es otra cosa que una venganza en contra del pueblo y sus derechos.

La derecha brasileña tiene que enfrentarse al mayor movimiento de masas que el país ha conocido, y lo hace con su habitual falta de propuestas que pudieran darle legitimidad y apoyo popular, por no hablar de que enfrente se encuentra un político como Lula, que posee un amplio respaldo popular.

Son tiempos de lucha, de disputa, de inestabilidad, de crisis hegemónica profunda. El juego no ha terminado, al contrario, se ha profundizado, los enfrentamientos de clase son ahora mucho más visibles, Brasil ya no será el mismo país después de esta crisis. La derecha ya no podrá disfrazarse de civilizada, de democrática, de reformista, sino que se muestra tal y como es: neoliberal, corrupta, golpista.

Mientras que la izquierda está comprometida con volver al gobierno para desatar los nudos que han bloqueado sus gobiernos y han llevado al golpe. Para ello, es importante trabajar en la democratización de los medios, en el quiebre de la hegemonía del capital especulativo, en la reforma del sistema electoral, entre tantas otras reformas. Esa disputa es la que caracteriza al nuevo período político abierto hoy en Brasil.

Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).

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Comunicado de prensa de War on Want

News from Attac Spain - Sat, 21/05/2016 - 09:00

Comunicado de prensa de War on Want

13 de mayo de 2016

El TTIP tendrá efectos dañinos sobre la salud y el clima, advierte un informe oficial.

El polémico TTIP, que se está negociando entre la UE y EEUU, tendrá efectos negativos sobre la salud pública, el empleo y el clima, de acuerdo con la evaluación de impacto oficial publicada hoy.

El informe, que contiene 394 páginas y que ha tardado dos años y medio en completarse, proporciona una visión única sobre las negativas consecuencias sociales y medioambientales del TTIP, tanto para la población de la UE como la de EEUU.

John Hilary, consejero ejecutivo de War on Want, ha dicho: “Las revelaciones de este nuevo informe dan los últimos martillazos a los clavos del ataúd del TTIP. La evaluación oficial revela la verdadera dimensión de la amenaza para nuestro futuro de este sucio tratado, y no es nada agradable. Instamos a la UE a que pare las negociaciones inmediatamente y evite que estos peligros sean una realidad”.

Riesgos para la salud pública

La evaluación de impacto advierte que el TTIP se traducirá en mayores niveles de enfermedades relacionadas con la dieta, tales como la obesidad y la diabetes, consecuencia de un mayor consumo de alimentos no saludables, como las bebidas azucaradas y la comida elaborada con altos niveles de sal y grasas.  Según el informe, el TTIP también pone en peligro los esfuerzos para contener los efectos negativos del consumo de tabaco y alcohol en Europa, ya que las importaciones más baratas de EEUU provocarán más casos de cáncer e ictus.

Utilizando un lenguaje contundente, la evaluación de impacto sostiene que el TTIP corre el riesgo de socavar el derecho a la salud en Europa. Además, las peores consecuencias serán para los más vulnerables y más pobres de la sociedad.  También advierte que el TTIP choca frontalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por todos los países en Naciones Unidas hace solo un año.

Pérdida de empleo

La evaluación de impacto calcula que el TTIP provocará la pérdida de al menos un millón de empleos en la UE y EEUU conjuntamente, y más de dos millones en el caso de alcanzarse la versión más ambiciosa del tratado. El impacto sobre el empleo se sentirá más entre los trabajadores menos cualificados y  con mayor dificultad para encontrar un empleo alternativo.

Los trabajadores europeos del sector de equipos eléctricos se llevarán la peor parte,  hasta un 7.5% del total del sector (más de 100,000 puestos de trabajo) desaparecerán como resultado del TTIP. El acosado sector europeo del acero también sufrirá una pérdida de empleo por el TTIP, añadiendo más problemas a los que ya tiene a consecuencia de la  liberalización del mercado.

Se confirma que el sector cárnico en Europa es otro de los sectores donde habrá  más pérdida de puestos de trabajo, debido a la competencia desleal de la gran industria agroalimentaria americana que privará a los agricultores y ganaderos europeos de su medio de vida. La Comisión Europea ha advertido a países como Irlanda sobre el gran choque que supondrá el TTIP para su industria cárnica.
El aumento de las emisiones de CO2

El informe calcula que el TTIP supondrá un aumento de más de 21 millones de toneladas de emisiones de CO2 en la UE y EEUU de forma conjunta, a pesar de que sus  emisiones de CO2 per cápita ya son más altas que la media global más de tres veces en el caso de EEUU. También contradice los compromisos asumidos por  todos los países en la COP21 de Paris en diciembre de 2015.

La evaluación de impacto también constata que el TTIP provocará un aumento en la contaminación del aire en toda Europa. Se esperan niveles más altos en las emisiones de  monóxido de carbono,  dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de PM10. Se sabe  que todas estas sustancias presentan una amenaza para la salud humana.

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