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Los Golpes de Estado

News from Attac Spain - Sun, 01/12/2019 - 00:17

Marcelo Colussi
aporrea.org

Puede ser que Somoza sea un hijo de puta, pero es «nuestro» hijo de puta“.

Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos

América Latina y el África tienen una larga tradición de golpes de Estado. En otras latitudes del planeta los mismos son raros, muy infrecuentes, o simplemente no se dan. Cualquiera de ellos, con las diferencias y particularidades del caso, consiste en la interrupción de la institucionalidad democrática que fijan las Constituciones de cada país, reemplazándola por un nuevo orden no sujeto a ningún estado de derecho. La violencia militar cruda y descarnada hace parte vital de ese mecanismo.

En el África subsahariana, en el poco más de medio siglo que tienen sus jóvenes naciones, se llevan registrados más de 220 golpes de Estado, en todos los casos llevados a cabo por fuerzas militares. Burkina Faso, Benín y Nigeria son los que más los han sufrido, con 6 golpes en cada uno de esos países hasta el año 2001. Dada esa continua inestabilidad política, producto de lo joven y débil de esas democracias constitucionales copiadas a las ex metrópolis europeas, la Organización de la Unidad Africana -OUA- en el año 2000 reaccionó promulgando la Declaración de Lomé, la cual prohíbe taxativamente en todo el continente los cambios inconstitucionales de gobierno. Dicha declaración fue recogida en el año 2007 por la Unión Africana en la “Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad”. Es por eso que los golpes de Estado más recientes, que tuvieron lugar luego de esa fecha, como los ocurridos en Guinea (2008), Madagascar (2009), Níger (2010), República Centroafricana (2013) y Burkina Faso (2015), no fueron reconocidos por el organismo regional, suspendiéndoseles del mismo y obligándoseles al retorno al marco constitucional.

En muchos de esos alzamientos militares estuvo presente la influencia de las ex potencias imperialistas de Europa, básicamente Gran Bretaña y Francia, que siglos atrás habían invadido el territorio africano, dividiéndolo artificialmente en lo que hoy son estas jóvenes repúblicas. Los continuos golpes de Estado de estas pocas décadas transcurridas desde su liberación -alrededor de 1960- evidencian lo precaria que son como naciones, al establecérseles límites arbitrarios destruyendo y avasallando culturas y pueblos tradicionales.

En Latinoamérica, los golpes de Estado caracterizaron la dinámica política de todos sus países (excepción hecha de Costa Rica, la “Suiza americana” … ¿y por qué no Suiza la “Costa Rica europea”?) a lo largo de todo el siglo XX. Bolivia encabeza la lista, con más de 160 alzamientos militares.

Un golpe de Estado no significa cambio alguno en la estructura económico-social de una sociedad. Es, en todo caso, un cambio brusco, repentino, en la figura que está al mando del sillón presidencial. En otros términos: luchas de poder intestinas, crisis palaciegas, simples reacomodos a espaldas de los pueblos (eso es, básicamente, lo que caracteriza los pronunciamientos militares en el África). O, en todo caso, injerencia del poder militar en la dinámica política, reemplazando el juego institucional normal cuando las clases dirigentes avizoran algún peligro en orden a un avance popular (lo distintivo de Latinoamérica).

Esto último es el caso, por ejemplo, de la intervención militar en Guatemala en 1954 desplazando la “Primavera democrática”, en Argentina en 1955 y 1976, quitando gobiernos peronistas vistos como “peligro populista” para las clases dirigentes, en Brasil en 1964, volteando al presidente João Goulart, otro “populista peligroso” para la lógica conservadora, en Chile en 1973 (“peligro comunista”, según declarara Henry Kissinger en su momento), y ahora en Bolivia (gran reserva de litio ansiada por compañías multinacionales). En todos estos casos lo que está en juego es la posibilidad de una pérdida de privilegios por parte de la clase dominante local y de los intereses estadounidenses en la región. De esto se desprenden dos conclusiones:

1) El aparato de Estado no está para beneficiar a todos los habitantes de una nación por igual, sino que es el mecanismo de dominación de una clase social (oligarquía, burguesía, empresariado, terratenientes, banqueros o como se la quiera nombrar) sobre otra (trabajadores, pueblo en general). Vale recordar aquí la definición leninista ya clásica: “El Estado es el producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase“. Las fuerzas de seguridad nunca reprimen a las clases dirigentes sino a la “chusma” que protesta.

2) En Latinoamérica, el verdadero poder dominante final, el que tiene la última palabra, es la clase dirigente de Estados Unidos, que hace de la región su reservorio de materias primas, mercado cautivo y proveedor de mano de obra barata. Por eso, y no por otra razón, es que hay acantonadas 74 bases militares de Washington en la región, defendiendo al milímetro lo que considera su natural patio trasero: “América para los americanos” (del Norte), según la tristemente célebre Doctrina Monroe. No está de más recordar que la instalación más grande (Base Mariscal Estigarribia) se encuentra en la Triple frontera argentino-brasileño-paraguaya, “custodiando” el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce subterránea más enorme del mundo. Y la base más grande está en construcción en estos momentos, en Honduras, para “salvaguardar” las reservas petrolíferas de Venezuela.

En todos estos pronunciamientos militares está siempre presente la mano de Washington, quien defiende a capa y espada, ante todo, sus propios intereses económicos, y secundariamente el modelo capitalista vigente, para que los “malos ejemplos populistas” no cundan. Pero los tradicionales golpes de Estado, con tanques de guerra en la calle, sangre y muchos muertos, cuestan demasiado en términos políticos. Hoy día, producto del avance en las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por esos gobiernos militares producto de los golpes de Estado sangrientos, tales prácticas son impresentables. De ahí que la Casa Blanca últimamente ha variado su estrategia desarrollando lo que se conoce como “golpes suaves” (soft), o “procesos de reversión” (roll-back).

Los mismos evitan el despliegue militar violento, presentando varias aristas, articuladas entre sí a veces, que tienen por fin siempre lo mismo: terminar con un mandatario o un proceso díscolo a los dictados imperiales de Estados Unidos. Pueden presentar varias formas:

1) Maquillando el cambio político como un alzamiento espontáneo de la población que, con su protesta, reclama algo nuevo. ¿Qué representan, en realidad, estos movimientos? No son, en sentido estricto, movimientos populares. Con las diferencias del caso, todos tienen líneas comunes. Llamados también “revoluciones de colores” (probadas en otras regiones distintas a Latinoamérica: revolución de las rosas en Georgia, revolución naranja en Ucrania, revolución de los tulipanes en Kirguistán, revolución blanca en Bielorrusia, revolución verde en Irán, revolución azafrán en Birmania, revolución del Cedro en Líbano, revolución de los jazmines en Túnez, “estudiantes democráticos antichavistas” en Venezuela, las “Damas de blanco” en Cuba, las recientes “movilizaciones populares” en Bolivia fustigando el supuesto fraude de Evo Morales) son fuerzas aparentemente espontáneas, que tienen siempre como objeto principal oponerse a un gobierno o proyecto contrario a los intereses geoestratégicos de Washington.

El ideólogo que le dio forma a este tipo de intervenciones es Gene Sharp, escritor estadounidense visceralmente anticomunista, autor de los libros “La política de la acción no violenta” y “De la dictadura a la democracia“, quien fuera nominado en el 2015 al Premio Nobel de la Paz. Paradojas del destino: inspirándose en los métodos de lucha no-violenta de Mahatma Ghandi, este intelectual orgánico al statu quo estadounidense sentó las bases para que la CIA y otras agencias estatales norteamericanas (USAID, NED, algunas Fundaciones de fachada) desarrollen sus intervenciones en distintas partes del mundo, siempre en función de la geoestrategia de dominación de Washington (¡en modo alguno alejada de la violencia!). Las mismas, según Sharp, consisten en tres pasos:

  • Generación de protestas, manifestaciones y piquetes, persuadiendo a la población (léase: manipulando) de la ilegitimidad del poder constituido, buscando la formación de un movimiento antigubernamental.
  • Fomento del desprestigio de las fuerzas de seguridad oficiales (policía o fuerzas del orden), instigación a huelgas, a la desobediencia social, a los disturbios y la provocación de sabotaje.
  • Llamado al derrocamiento no violento del gobierno.

Así, un cambio de gobierno se enmascara como resultado de una protesta popular espontánea.

2) A ello se le puede complementar, como parte de estos nuevos golpes de Estado “suaves”, el trabajo disuasivo que realiza la corporación mediática comercial, siempre alineada con el gran capital y posiciones conservadoras. Trabajar sobre la corrupción, denunciando y magnificando hasta el hartazgo hechos corruptos por parte de los funcionarios “díscolos”, consigue resultados: dado que es un tema sensible, o incluso sensiblero, las poblaciones responden siempre visceralmente: “Mueren niños en un hospital por falta de medicamentos, culpa de la corrupción estatal“; “Podemos ver los resultados de la corrupción aquí en esta escuela: no tienen suficientes aulas para la gente, para los estudiantes (…) Toca al gobierno y a la gente de Guatemala luchar cada día contra la corrupción“, como declarara el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala preparando las “espontáneas” protestas populares. ¿Quién podría avalar la corrupción? Por tanto, insistir y sobredimensionar la misma en función de una estrategia de desprestigio, da resultados. De hecho, ello se evidenció (¿laboratorio de prueba?) en el 2015 en Guatemala, donde las denuncias reiteradas de corrupción por parte de la prensa y las “manifestaciones cívicas pacíficas” de población clasemediera urbana lograron quitar de la presidencia al binomio Otto Pérez-Molina y Roxana Baldetti, conspicuos operadores políticos de derecha (Pérez-Molina, por lo pronto, militar absolutamente comprometido en la guerra contrainsurgente de años atrás, pero ahora “utilizado” como prueba con esto de las cruzadas anticorrupción).

El mecanismo definitivamente funciona, pues fue lo que luego se utilizó para que la geoestrategia hemisférica de Estados Unidos, en connivencia con las oligarquías locales, desplazara con esta modalidad de golpes suaves al Partido de los Trabajadores en Brasil, encarcelando al ex presidente Lula y a la en ese entonces presidenta Dilma Rousseff, por hechos nunca claramente probados de corrupción. Y lo mismo sucedió en Argentina, donde sin llegar a sustanciar un golpe de Estado, la derecha pudo quitar del sillón presidencial a Cristina Fernández (una socialdemócrata pro capitalismo, en todo caso reformista, pero igualmente molesta para el statu quo), acusándola de innumerables hechos corruptos que llevaron al triunfo electoral de Mauricio Macri.

3) Otra forma de “golpe suave” desarrollada por Estados Unidos está dada por intervenciones “quirúrgicas” que, sin apelar al gran despliegue militar, “capturan” al presidente en cuestión, alejándolo de su cargo en forma silenciosa, ordenada, haciéndolo desaparecer “mágicamente” de la vida pública. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con Jean-Bertrand Aristide en Haití, secuestrado y llevado al África, con Manuel Zelaya en Honduras, o con Hugo Chávez en Venezuela (jugada, esta última, que no les resultó por la activa participación popular en defensa de su líder, lo que hizo abortar el golpe).

4) Complementando lo anterior, también como parte de esta nueva modalidad de golpes no cruentos, una nueva técnica que impulsa el gobierno de Estados Unidos es la “autoproclamación” como mandatario. Es una jugada casi absurda, pero que puede resultar efectiva. Crea una situación de hecho, presentando a un determinado personaje como el “nuevo” presidente, con lo que se fuerza un escenario novedoso que puede servir para desplazar al anterior mandatario. Esto se ensayó primeramente en la República Bolivariana de Venezuela, donde el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente, sin que ello tuviera efecto real en la dinámica política del país. Pero sí resultó en la República Plurinacional de Bolivia, donde ilegalmente la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, autonombrándose, ocupó el espacio dejado por la renuncia forzada del legítimo mandatario Evo Morales, completando así el golpe de Estado pergeñado por la derecha.

Esta nueva modalidad de “golpes soft” evita el desgaste político, sin tensar al rojo vivo la situación político-social. Se pueden combinar varios elementos: movilización popular manipulada, prédica antigubernamental por los medios de comunicación, operaciones quirúrgicas, mecanismos de sabotaje, etc. De todos modos, la posibilidad de la “mano dura” no se descarta. La clase dominante siempre se guarda esa carta. La Escuela de las Américas, luego rebautizada pero en esencia siempre la misma cosa, sigue preparando militares latinoamericanos golpistas y torturadores como reaseguro de las clases dominantes para todo el sub-continente. “América del Sur se nos puede embrollar de modo incontrolable si no tenemos siempre a la mano un líder militar (…) Esto reclama un jefe de la calidad solidaria del general Augusto Pinochet“, manifestó el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ante “la preocupante situación de Chile“. De hecho, en procesos llamados democráticos (que lo son solo formalmente), cuando las cosas se “complican”, aparece la bota militar. Eso ocurrió en el virtual golpe de Estado en Honduras en 2009, cuando se desplazó al entonces presidente legítimo Manuel Zelaya (un muy tibio socialdemócrata que había osado negociar el petróleo con la Venezuela chavista a través de Petrocaribe), apareciendo como antaño los tanques de guerra en las calles de Tegucigalpa.

En Bolivia acaba de consumarse un golpe que nuclea varias de estas modalidades. Las cuantiosas reservas de litio (75% de las reservas mundiales, elemento fundamental para las baterías de aparatos electrónicos y futuro posible reemplazo del petróleo) y otros recursos naturales (gran reserva de gas, de minerales estratégicos, de tierras raras) esperan por las ávidas corporaciones multinacionales, que de momento no podían entrar, dado el gobierno socialista de Evo Morales y el MAS.

La institucionalidad de las democracias formales se demuestra un absurdo. Se hace creer a la población que decide algo a través de su voto, cuando en realidad todas las decisiones importantes se toman a sus espaldas. Y si los pueblos alzan la voz, se les reprime (todas las actuales protestas, en todas partes del mundo, fueron sangrientamente reprimidas con fuerza bruta, en Francia y en Haití, en Egipto y en Honduras, en Chile y en Irak, en Ecuador y en Colombia). La actual nueva modalidad de golpes suaves no debe hacernos creer que los golpes duros desaparecieron. Las palabras de Mike Pompeo nos lo recuerdan. La petición de las Comisiones de la Verdad que investigaron los graves delitos de lesa humanidad de gobiernos dictatoriales en Argentina y Guatemala y titularon sus documentos como “Nunca más”, no pasan de un buen deseo. Nada asegura que los golpes cruentos y sangrientos no puedan volver. Las armas no están en manos de los pueblos, sino de los militares preparados para defender “el modo de vida occidental y cristiano”. Solo Cuba y Venezuela tiene fuerzas armadas no golpistas. El capital se sigue protegiendo y protege sus privilegios a toda costa, sin cuartel, sin piedad, y si necesita nuevos “hijos de puta“, como reza el epígrafe, los seguirá usando.

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Hidroituango: la destrucción del territorio como negocio

News from Attac Spain - Sat, 30/11/2019 - 14:01

el salto
Erika Gonzalez

El Cauca es el segundo río más importante de Colombia, pero ya no es lo que era. Kilómetros de río han sido embalsados y miles de personas expulsadas de sus casas. De este negocio se benefician empresas, como Ferrovial, el Banco Santander o el BBVA, que ajenas al daño ocasionado, eluden sus responsabilidades.

Desde la carretera que lleva al municipio Sabanalarga, en el noroeste colombiano, se puede ver el río Cauca. Ahora es un poco menos río, sus aguas no fluyen rápidas y su color ya no es marrón sino verde. Cambió porque ha sido retenido por un muro de 225 metros de altura que represa 80 kilómetros de río y que forma parte del proyecto hidroeléctrico de Ituango. El embalse está en el fondo de un escarpado cañón cubierto por el bosque seco tropical. La densa vegetación forma un tapiz sobre un suelo que parece desmenuzarse, sólo se sostiene por las raíces de las plantas que lo protegen. Por eso, la sinuosa carretera desde la que se ve el río tiene pequeños derrumbes de ese suelo.

“Estos derrumbes siempre han existido. Cuando se producen, viene la maquinaria y lo quita, hasta que se vuelve a derrumbar”, dice Isabel Cristina Zuleta, lideresa del movimiento Ríos Vivos. Vamos con ella a una asamblea en Sabanalarga donde se debatirán las próximas acciones para intentar revertir el proyecto y conseguir el reconocimiento del daño que la presa ha hecho al territorio y a sus habitantes.

I.EL PROGRESO

El coche se tiene que frenar frente a una fila de vehículos parados; un derrumbe que ha cubierto toda la carretera impide el paso, así que toca esperar a que la maquinaria acondicione la vía. Mientras tanto se van haciendo corrillos de gente, muchas de estas personas son de Ríos Vivos y se dirigen a la asamblea. Estos movimientos de tierra, según el gobierno colombiano, no representan ningún riesgo. Cuestión de la que difieren algunos geólogos como Modesto Portilla y Julio Fierro, profesores de la Universidad Nacional. Ambos destacan la ausencia de suficientes estudios y controles sobre la actividad sísmica relacionada con las fallas geológicas activas, la estabilidad de las laderas, la resistencia de las rocas y la relación entre las fracturas y el agua subterránea. De ahí que tengan muchas dudas sobre la capacidad de las laderas de sostener la presa y la elevada presión del embalse.

La inestabilidad de la infraestructura es un riesgo real, como demostró la “contingencia” de abril de 2018. Durante el llenado del embalse, se colapsó la vía de salida de agua de la presa porque sus paredes fallaron ante la presión del agua. El resultado fue que el embalse se llenó rápidamente sin tener la infraestructura lista y empezaron a saltar las alarmas ante el riesgo de colapso de la propia presa. Fue entonces cuando se evacuaron de forma preventiva más de 26.000 personas de la zona de influencia de la obra y se habilitaron otras salidas de agua. Se consiguió salvar lo que pudo haber sido una tragedia de grandes dimensiones, pero la amenaza continúa.

“Los campesinos ignorantes sabíamos que esto podía pasar porque conocemos nuestro territorio”, afirma Genaro Graciano, líder de Ríos Vivos, para hacer referencia a cómo Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía colombiana responsable, ignoró completamente las advertencias que las comunidades afectadas llevan haciendo mucho tiempo. Ninguna autoridad colombiana les ha dado a las comunidades afectadas alguna certeza sobre su seguridad. Es más, la Contraloría y la Fiscalía confirman la posición de Portilla y Fierro con relación a la ausencia de estudios suficientes para una infraestructura de esas dimensiones.

Después de estar con la población de Sabanalarga, vamos hacia Ituango. Para llegar allí hay dos opciones, un barco que cruza el embalse o la carretera que lleva primero a la presa y después al pueblo. En cualquier caso, hay que esperar el horario marcado por la empresa para moverse. Optamos por la carretera y cuando el coche llega cerca de las obras, esperamos hasta que la seguridad privada nos da el paso. Cuando esto sucede, nos escoltan por una serie de túneles y por la parte superior del muro. Ver de cerca el valle inundado, la maquinaria, la dimensión del muro, la ladera cubierta de hormigón hasta prácticamente la cima, el enorme caudal de agua que sale de la parte superior de la presa y que golpea el río… todo produce una sensación de vértigo y de tristeza. Si esta es la impresión de quien recorre por primera vez el valle y la infraestructura, ¿cómo tiene que ser para quienes este territorio es parte de su vida? La mirada de Isabel Cristina Zuleta, que condensa el dolor de quien lleva más de diez años dedicados a la defensa del cañón del río Cauca frente a Hidroituango, es la respuesta.

El embalse ha destruido más de 4.000 hectáreas de bosque seco tropical, un valioso ecosistema que actualmente sólo se encuentra en el 8% de su distribución original en Colombia. Además del patrimonio ambiental, también ha destruido el patrimonio cultural y ancestral del cañón relacionado con la minería artesanal del oro, llamado barequeo. En la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (Amarú) se organizan mujeres afectadas por Hidroituango, muchas de ellas barequeras, que han visto cómo el megaproyecto ha destruido su tierra y sus comunidades y cómo ha profundizado la lógica patriarcal en las relaciones sociales. Rubí Estela Posada, barequera, defensora de los derechos humanos y parte de Amarú nos explica cómo el trabajo les permitía una mayor igualdad a las mujeres, les hacía independientes de los ingresos de sus parejas y podían tener más autonomía y capacidad de decisión sobre sus vidas. Perdieron su río, sus casas y sus medios de vida. Les queda la organización donde aprenden la resistencia colectiva y tejen esperanzas.

II. LA MEMORIA

En Ituango hay un albergue donde se alojan personas desplazadas por el proyecto. Eran las y los habitantes de las orillas del Cauca: barequeros y barequeras, campesinos y pescadoras. Primero, los representantes de la empresa, la seguridad privada, la policía y el ejército les desalojaron de las playas en las que vivían. Si no conseguían echarles, llegaban las amenazas por parte de grupos armados ilegales. “Si son actores armados se le llama desplazamiento, si lo hace el Estado se llama desalojo, pero es la misma cosa”, dice Genaro Graciano para hacer referencia a la violencia estatal y paraestatal que les expulsa del territorio.

Cuando se produjo la “contingencia” muchas de estas personas fueron otra vez desplazadas ante el riesgo de desastre ambiental y se alojaron temporalmente en el coliseo de Ituango, un espacio deportivo. Del coliseo fueron llevados al albergue, también con fecha de caducidad: a finales de noviembre el gobierno municipal lo cierra. Decenas de personas que han sido amenazadas por formar parte de Ríos Vivos, y oponerse a Hidroituango, tienen que volver a desplazarse.

“No nos hemos hecho a la idea de que hemos perdido el río”, dice María Eugenia Gómez, ella es barequera y tuvo que salir con su familia de Ituango cuando recibió el mensaje de grupos paramilitares: “Muerte revolucionaria y a quién no salga de las playas”. Le daban 72 horas para irse de su pueblo si quería conservar la vida. Su visibilidad en la lucha por la reversión del proyecto para recuperar el río Cauca molestaba a los actores que se lucran con el control del territorio y con este tipo de proyectos. Los municipios afectados por Hidroituango han sufrido la expansión paramilitar desde la década de los noventa y su ofensiva se volvió más virulenta justo en el origen del proyecto hidroeléctrico, a partir de 1997. Es entonces cuando se multiplican las masacres, los homicidios, las desapariciones forzadas, como apunta Isabel Cristina: “Cuando me entero de la existencia de Hidroituango, empiezo a buscar los hitos históricos del megaproyecto y coincidían con las masacres”.

La relación entre el paramilitarismo y la hidroeléctrica es conocida por la población afectada y por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que solicitó una investigación en este sentido. Según esta instancia judicial, con la creación de la primera empresa relacionada con Hidroituango “empezaron todas las masacres en esta zona”. La presencia de guerrilla en el área de influencia de la hidroeléctrica justificó la violencia contra quienes pertenecían a una organización social y política, por oponerse al proyecto o por defender los derechos humanos.

El Observatorio Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado a más de 1.000 personas como víctimas de desaparición forzada en los municipios afectados por la presa. Las organizaciones sociales hablan de casi 3.000 desapariciones por las masacres y enfrentamientos que han ocurrido en la zona. “Yo veía pasar los cuerpos y pensaba en el sufrimiento de sus familias. Lo saqué y lo enterré con la esperanza de que algún día su familia le pudiera dar cristiana sepultura”, así relataba una barequera cómo han sido testigos de estas desapariciones durante una audiencia de la Justicia Especial para la Paz que tuvo lugar en Medellín.

Pero no siempre se podía enterrar a los cuerpos que bajaban por el Cauca, el Estado podía hacerles responsables de estas muertes. Lo contaba Cecilia Muriel, víctima del conflicto armado y revictimizada por Hidroituango: “A los muertos se los llevó el río y a los vivos nos desplazaron, sin derecho a recuperarnos como comunidad”. En ese contexto, la Justicia Especial para la Paz se veía como una oportunidad para poder encontrar las fosas, pero el embalse ha inundado gran parte del territorio donde se encontraban.

III. EL NEGOCIO

De vuelta a Medellín hablamos de los responsables del megaproyecto, de Estados, Instituciones Económico Financieras Internacionales y de empresas que hacen negocio con los graves impactos socioambientales y las violaciones de derechos humanos. No sólo hay que poner en la lista al Estado colombiano y EPM, también hay que sumar al Banco Interamericano de Desarrollo y a varias empresas transnacionales españolas, como expone de forma clara y directa el artículo “La banca y las empresas españolas, en el ecocidio del Río Cauca”. Ferrovial se encargó de la construcción de túneles de desviación de la presa en el inicio de la obra y el incumplimiento de su contrato por retrasos y sobrecostes —ambas cuestiones comunes en el “saber hacer” de las constructoras españolas— hizo que fuera relevada por otra compañía. Años más tarde, en 2017, BBVA y Santander financian el proyecto a través de su participación en una línea de crédito otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ninguno de los bancos ha comunicado algún tipo de preocupación relacionada con la persecución, amenazas y muerte de defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio, ni por la inundación de un ecosistema tan valioso como es el bosque seco tropical. Tampoco mostraron alguna inquietud cuando se colapsó la salida de la presa y se estuvo a punto de producir un desastre ambiental y humano de grandes dimensiones. Ni por los informes de la Contraloría General de Colombia que documentan su inviabilidad económica.

Sorprende el silencio ante un estudio que revela un sobrecoste de la obra en torno a 1.500 millones de dólares por inversiones más costosas de lo previsto, el retraso en su construcción, la “contingencia” y los costes financieros asociados. La empresa EPM intenta relativizar el agujero a partir de la cobertura que ha contratado con la compañía española Mapfre. La presencia de esta aseguradora en el megaproyecto sólo ha podido conocerse por el debate que ha suscitado la viabilidad económica de la obra. Lo que está por ver es si realmente la transnacional española va a cubrir tamaño desfase presupuestario o va a encontrar algún documento que le permita no pagar por incumplimiento del contrato. Si no se hace cargo del sobrecoste, el proyecto recuperará la inversión en 2060, año en el que se estima su caducidad. Sin duda, es un buen ejemplo de la irracionalidad e insostenibilidad económica de las grandes infraestructuras.

Las ganancias de las empresas transnacionales españolas en proyectos con graves consecuencias sobre los ecosistemas y la población no les supone problema para sus negocios, nadie les exige responsabilidad alguna. Ni siquiera llega a tener repercusión en su imagen corporativa pues se parapetan detrás de contratos opacos y, en este caso, el BID. Incluso algunas de ellas, como el banco Santander y veremos si también el BBVA, aprovechan la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para presentarse como empresas pioneras en la defensa ambiental patrocinando el evento. La COP25 es una magnífica oportunidad para su lavado verde y la Cumbre Social por el Clima lo es para nuestra respuesta. Allí estaremos para desmentir la publicidad que les presenta como parte de la solución a la crisis ecológica que vivimos. Son parte del problema porque la solución está en las comunidades organizadas que defienden la vida frente a Hidroituango y a todos aquellos megaproyectos que mercantilizan los territorios.

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Attac blockiert Amazon: Black Friday für Steuertricks, Ausbeutung und Klimazerstörung - Report / BILD

News from Attac Austria - Fri, 29/11/2019 - 12:37
Black Friday für Amazon: Unter diesem Motto blockierte das globalisierungskritische Netzwerk Attac heute das Verteilzentrum von Amazon in Großebersdorf bei Wien sowie an rund 50 Orten in Frankreich. Damit will Attac auf den hohen Preis aufmerksam machen, den die Allgemeinheit für die Übermacht des Konzerns bezahlt. „Amazon steht für eine Welt der Steuertricks, der Ausbeutung von Mitarbeiter*innnen und der Schwächung von Gewerkschaften. Amazon schaltet den Wettbewerb aus und zerstört dabei den lokalen Handel und lokale Arbeitsplätze. Und Amazon steht für eine Welt der Klimazerstörung, des Überkonsums sowie der Überwachung von Beschäftigten und Konsument*innen“, kritisiert David Walch von Attac Österreich. Damit ist Amazon ein Paradebeispiel dafür, wie verheerend sich die wachsende Macht großer multinationale Konzerne auf unsere Gesellschaft auswirkt.
Attac Österreich hat all diese Praktiken des Konzerns in einem neuen Kurzbericht dokumentiert und mit politische Forderungen ergänzt. Der Bericht Die Welt von Amazon: Steuertricks, Ausbeutung und Klimazerstörung steht hier zum download zur Verfügung: https://www.attac.at/fileadmin/dateien/Presse/Downloads/Amazons_Welt.pdf BILDER von der heutigen Aktion beim Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf finden Sie unter: http://bit.ly/2XUT76E Sie können die kritische Arbeit von Attac hier unterstützen.
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Steuertransparenz: Attac kritisiert Nein der Regierung und Verwässerung beim EU-Wettbewerbsrat

News from Attac Austria - Thu, 28/11/2019 - 11:53
Das globalisierungskritische Netzwerk Attac und das VIDC kritisieren das angekündigte Nein der Regierung zu mehr Steuertransparenz beim heutigen EU-Wettbewerbsrat in Brüssel. Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl erklärte dazu es sei ausreichend, wenn den Steuerbehörden die notwendigen Informationen zur Verfügung stehen.

„Die Argumente von Wirtschaftsministerin Udolf-Strobl gegen mehr Transparenz sind nachweislich falsch“, erklärt David Walch von Attac Österreich. „Steuerskandale wie LuxLeaks haben gezeigt, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass nationale Regierungen für eine gerechte Besteuerung von Konzernen sorgen. Es waren unabhängige Medien und die Zivilgesellschaft, die diese Skandale aufgedeckt haben.“

Öffentliche Konzernberichte liefern nicht nur wichtige Informationen - sie dämmen Steuervermeidung sogar unmittelbar ein. Eine Studie zeigt, dass sich der Steuerbeitrag von zu mehr Transparenz verpflichteten Banken erhöht, vor allem dann, wenn sie in Steuersümpfen aktiv sind. (1) „Genau deshalb wehren sich die größten Konzerne seit 40 Jahren mit allen erdenklichen Mitteln gegen mehr Transparenz. Umso wichtiger ist es, dass sich die Regierungen diesem Druck nicht beugen“, fordert Walch. „Auch Entwicklungsländer, die am Austausch der Steuerbehörden nicht teilnehmen, würden von mehr Transparenz profitieren. Investor*innen würden zudem einen Einblick in die Steuerstrategien und finanziellen Risiken von Konzernen bekommen“, erklärt Martina Neuwirth vom VIDC.
Kompromisspapier der Regierungen lässt Konzerne weiter tricksen
Für den Beschluss beim Wettbewerbsrat ist eine qualifizierte Mehrheit ausreichend. Die Süddeutsche Zeitung berichtete dazu heute von einer Beschlussvorlage. (2) Diese sehe vor den - ohnehin verbesserungswürdigen - Vorschlag der EU-Kommission noch weiter zu verwässern. Attac und das VIDC kritisieren grundsätzlich, dass die EU-Pläne vorsehen, die Steuerdaten von Niederlassungen in Nicht-EU-Staaten aggregiert dargestellt werden sollen, was die Steuertricks dort weiter im Dunkeln lässt. Die Kommission wollte zudem nur alle Konzerne mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz dazu zwingen diese Informationen preiszugeben.

Laut Entwurf der Mitgliedstaaten sollen nun sogar nur Firmen betroffen sein, die zwei Jahre in Folge diese Umsatzgrenze überschreiten. „Diese exzessive Größengrenze ist durch nichts zu rechtfertigen. Die EU-Bilanzrichtlinie definiert bereits Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 40 Millionen Euro als große Unternehmensgruppen. Diese Grenze wurde auch bei den bereits existierenden öffentlichen Berichtspflichten für Rohstoff-Unternehmen eingezogen und sollte für alle Konzerne gleich gelten“, erklärt Walch.

Außerdem verlangen die EU-Minister*innen eine großzügige Ausnahmeklausel: Wenn die Veröffentlichung des Gewinns „geschäftsschädigend“ ist, darf die Firma die Herausgabe der Daten um sechs Jahre verzögern. „Diese Regelung gibt den Konzernen zusätzlich enormen Spielraum sich der Steuertransparenz völlig zu entziehen. Jegliche Ausnahmen sollten diesbezüglich gestrichen werden“, fordern Walch und Neuwirth.

Hintergrund:

Seit vielen Jahren fordern zivilgesellschaftliche Organisationen Licht ins Dunkel der Steuertricks internationaler Konzerne wie Apple, Google und Co zu bringen. Entscheidend dafür sind öffentliche länderweise Konzernberichte („public country by coutry reporting“). Damit müssten Konzerne unter anderem veröffentlichen, wie viel Gewinn sie wo verbuchen und wie viel Steuern sie bezahlen. Durch Steuerhinterziehung multinationaler Konzerne verlieren die Staaten weltweit jährlich rund 500 Milliarden Euro.

Anmerkungen

(1) Öffentliche Berichtspflichten existieren für Banken und Rohstoffkonzerne in der EU schon seit 2013. Studie: Does Country-by-Country Reporting Alleviate Corporate Tax Avoidance? Evidence from the European Banking Sector https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075784
(2) https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eu-steuern-steuertricks-unternehmen-1.4699683
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27 multinacionales españolas pagan un Impuesto sobre Sociedades en todo el mundo del 0,3% de su beneficio

News from Attac Spain - Thu, 28/11/2019 - 11:26

eldiario.es

Las 134 multinacionales españolas que cuentan con una facturación anual de más de 750 millones de euros pagaron en 2016 en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global, que alcanzó los 91.849 millones, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria de acuerdo con el modelo 231 de declaración ‘País por País’ (CBC por sus siglas en inglés), informa Europa Press.

Si se desciende al detalle, la Agencia Tributaria muestra que un total de 27 sociedades, con 25.325 millones de beneficio en 2016, tan solo pagaron un 0,3%, de esa cantidad. El 36,6% de las multinacionales (49) acumulan el 31,4% del beneficio neto pero solo aportan el 6,4% del impuesto mundial (su tipo efectivo medio es del 3,1%). Las cifras son significativas ya que los datos procedan de una declaración informativa, es decir, proceden de lo declarado por las propias multinacionales a la Agencia Tributaria.

Cuadro con el porcentaje de Impuesto de Sociedades pagado por las multinacionales españolas Cuadro con el porcentaje de Impuesto de Sociedades pagado por las multinacionales españolas

Tomando el criterio de devengo, y no de caja, el importe que pagaron estas empresas por el Impuesto sobre Sociedades en 2016 asciende a 14.260 millones, en este caso el 15,5% del beneficio. El ejercicio 2016 es el primer año en el que estaba vigente la obligación de información que tiene por objeto recopilar datos agregados del colectivo de multinacionales para el intercambio de información entre administraciones tributarias establecido en los acuerdos ‘BEPS’ (‘Erosión de Bases y Traslado de Beneficios’) de la OCDE.

Así, la Agencia Tributaria destaca que se trata de un análisis “pionero a nivel mundial” y ofrece de forma agregada la información de los 134 grupos españoles y sus 16.160 filiales, de ellas 10.967 extranjeras, para mantener la exigencia de confidencialidad establecida en los propios acuerdos ‘BEPS’.

El análisis elaborado afecta a grupos de matriz española que globalmente sumaron 934.408 millones de euros de facturación mundial en 2016, con unos beneficios netos globales que totalizaron 91.849 millones de euros. El impuesto pagado por estos 134 grupos sumó 11.594 millones en términos de caja (combinación de los pagos fraccionados de 2016 y la cuota diferencial de 2015).

43 multinacionales logran casi el 50% de todo el beneficio

Los resultados muestran, según la Agencia Tributaria, una “gran dispersión” de tipos efectivos sobre beneficios, ya que la estadística refleja que solo 43 multinacionales sumaron el 49,1% del beneficio de todo el colectivo y, sin embargo, solo representaron el 10,5% de la cuota total pagada por el conjunto de las mismas.

En términos de devengo (el impuesto es la cuota líquida del ejercicio fiscal 2016, formada por la suma de los pagos fraccionados y la cuota diferencial del mismo año fiscal 2016), el Impuesto de Sociedades que pagaron estos grupos alcanzó los 14.260 millones de euros. Hacienda explica que la diferencia entre caja y devengo hace que, por ejemplo, los créditos fiscales aplicados en uno u otro concepto sean diferentes.

Hasta ahora datos declarados en España

Hasta ahora, la Agencia Tributaria venía publicando estadísticas basadas en los datos declarados en el Impuesto sobre Sociedades en España, que presentan los tipos efectivos a los que tributan las empresas y grupos en el país, calculando dichos tipos tanto sobre las bases imponibles del impuesto como sobre los resultados contables declarados, incluyendo estos últimos también las rentas obtenidas en el exterior y susceptibles de haber tributado en otros países.

La principal diferencia con la estadística actual, precisa Hacienda, estriba en el concepto de ‘beneficio’ que recoge el CBC y el que figura en las Cuentas Anuales Consolidadas de Sociedades, ya que en el CBC se hace referencia a beneficio neto, es decir, una vez descontadas las pérdidas de todas las filiales del grupo en una misma jurisdicción fiscal.

En cambio, en las Cuentas Anuales se toma como referencia el beneficio bruto (no considera las pérdidas), que se entiende como una magnitud más precisa y cercana a la filosofía de un impuesto que sólo pretende gravar los resultados positivos. Así, al tomarse los beneficios netos, descontando las pérdidas, los tipos impositivos resultantes son superiores a los que se obtendrían si el CBC incluyera el beneficio bruto.

El ‘Country by country’ (CBC) o información ‘País por País’ es un modelo de declaración informativa que deben presentar, en su domicilio fiscal de residencia, las matrices de multinacionales con cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial superior a los 750 millones de euros.

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¿Por qué no se van a recuperar todas las ayudas a la banca?

News from Attac Spain - Wed, 27/11/2019 - 11:50

publico
EDUARDO BAYONA

La diferencia entre un optimista y un pesimista consiste, según el poeta Mario Bendetti, en que el segundo, al contrario que el primero, modula el optimismo con el manejo de información. De acuerdo con esa lógica, y con los datos del Banco de España en la mano, la lectura optimista del rescate a la banca lleva a concluir que el Estado ha recuperado hasta ahora 5.225 millones de euros de las entidades financieras, mientras que la informada apunta a un agujero de 73.261 millones que, en el mejor de los casos, se vería reducido en otros 9.560 si el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) logra colocar por ese precio su participación en Bankia.

El Banco de España acaba de hacer pública su última Nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema financiero español (2009-2018), la séptima de la serie desde 2013, en la que ofrece una “estimación de los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero que se sitúa en 42.561 millones aportados por el Frob y 23.164 millones por el propio sector a través del FGDEC o Fondo de Garantía de Depósitos, lo que, dando por hecha la venta del banco público, daría un total de 65.725, aunque con un matiz: “estos importes no incorporan los intereses y comisiones obtenidos o pagados, ni los gastos incurridos” en todo el proceso, pero si descuentan unos ajustes contables en los que se volatilizaron, respectivamente, 2.250 millones que el FGDEC invirtió en el Frob y 2.224 de este último en la Sareb o banco malo.

¿En qué consistió el rescate bancario?

Básicamente, en una inyección de dinero público y semipúblico a las entidades financieras en el que el FROB, una entidad pública diseñada para dirigir la bancarización de las cajas de ahorro y la reestructuración del sector a base de ventas y absorciones, movilizó 56.679 millones de euros y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Créditos, un instrumento inicialmente creado para garantizar que todo cliente recupere hasta 100.000 euros de sus cuentas en caso de quebrar una caja o banco y que se nutre de aportaciones de estas, que inyectó otros 21.187.

¿Qué parte de ese dinero se ha recuperado?

Poco, escasamente un 6,6% del total: 4.477 del Frob y 748 del FDGEC, lo que suma 5.225. Quince de cada dieciséis euros se han volatilizado, a la espera de ver como finaliza la eventual reprivatización de Bankia, que lleva fusionada la catalana BNM (Banca Mare Nostrum).

¿Pero este rescate no iba a salir?

Eso nos dijeron hace unos años: no iba a costar “ni un euro” a los ciudadanos, aseguraba la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría, mientras el responsable económico de aquel ejecutivo, Luis de Guindos, mantenía que “no hubo rescate” sino “una línea financiera preferente de Europa” que iba a ser devuelta “sin coste alguno” para el contribuyente. No anduvieron muy finos en los pronósticos.

¿Qué efectos ha tenido el rescate en la banca?

Los resultados han sido extraordinarios: las ganancias de la banca en los seis años posteriores al rescate propiamente dicho, entre 2012 y 2018, superan la cantidad inyectada mientras el sector, a falta de varias operaciones para darlo por concluido, ha experimentado un vertiginoso proceso de concentración que en apenas una década se ha llevado por delante 51 entidades, 11.000 oficinas y 90.000 empleos.

¿Dónde está el dinero de rescate?

Invertido en el saneamiento de las entidades, lo que permite identificar a los principales beneficiarios si se combina la movilización del dinero con el posterior proceso de concentración. Solo dos entidades, Banca Cívica (977 millones) y Caja3 (407, absorbida por Ibercaja) han devuelto todo el dinero invertido en lo que son hoy. Los principales beneficiarios de las inyecciones no devueltas son el BBVA, que ha absorbido a Catalunya Banc (12.704 por devolver) y Unnim (2.902); el Sabadell, que se hizo con la CAM (12.458) y el Banco Gallego (295); Abanca, que se comió a las cajas gallegas (9.277); CaixaBank, que se llevó el Banco de Valencia (6.103); Liberbank, que captó la Caja de Castilla-La Mancha (4.156) aunque devolvió los 124 recibidos de manera directa; Unicaja, que creció a costa de Ceiss (935), y Kutxabank, que absorbió a CajaSur (392).

¿Y por qué no recupera el Estado esos fondos?

Es el mercado, el financiero en este caso, y aunque el inversor fuera el Estado. Buena parte de las operaciones de saneamiento incluyeron una toma de participación por parte del Frob que luego era vendida al banco adquiriente de la entidad, en ocasiones por precios simbólicos y en operaciones que remiten al castizo dicho de “lo comido por lo servido”, tal y como explica la nota informativa del Banco de España de 2016. El Banco Central Europeo (BCE) ya alertó en 2015 de los riesgos del modelo español de rescate.

El retorno ha sido escuálido en materia de impuestos: hasta el año pasado, y a base de combinar las pérdidas de unos años con el arrastre de las registradas en otros como activos fiscales diferidos, la gran banca española llevaba el año pasado sin tributar en el Impuesto de Sociedades en la práctica desde el inicio de la crisis.

¿Qué pasa con Bankia?

Bankia es la pieza que, según las previsiones del Banco de España y del Gobierno, puede redimensionar el impacto del rescate en las arcas públicas desde lo catastrófico a lo disparatado al permitir, sobre el papel, recuperar 9.650 de los 22.424 millones de euros invertidos en esa entidad, que incluyen los de la absorbida Banco Mare Nostrum (1.645). Esa operación plantea, no obstante, el dilema de optar entre ese ingreso o mantener vivo un banco público de esas dimensiones, presencia territorial y resultados, ya que encadena siete años de beneficios netos. En el momento de la fusión, el FROB era el propietario del 100% del capital de Bankia y el 65% de BMN.

¿A qué equivale un agujero de ese tamaño?

En términos presupuestarios, y según las cifras de DatosMacro, las pérdidas que ahora mismo arroja para las arcas públicas el rescate bancario superan a la suma del déficit público español de los dos últimos años (65.633 millones de euros), incluso si se le suma el de las comunidades autónomas (2.321 en 2018), y superan con creces el volumen de cada una de las tres grandes facturas sociales del país, asumidas todas ellas por las autonomías: 60.670 millones al año en sanidad, 39.385 en educación y 13.210 en servicios sociales.

¿Esos 73.000 millones son todo el dinero movilizado en la operación?

Para nada. El socorro a las entidades financieras ha llevado al Gobierno español a poner sobre la mesa alrededor de 350.000 millones de euros en una década, ya que a los 73.000 del Frob y el Fondo de Garantía se les suman otros 20.141 y 14.312 de cada una de esas entidades, según el Tribunal de Cuentas, que añade al cálculo 9.801 del Banco de España y 83.683 más inyectados en las entidades mediante aportaciones de capital y esquemas de protección de activos, otros 2.194 para dotar de liquidez al Sareb o banco malo.

Completan la cuenta 85.965 millones en avales para que bancos y bajas acudieran a las subastas de liquidez, la práctica totalidad de los cuales han sido recuperados; los 43.476 que alcanzó la deuda viva del Sareb, que recibió 42.170 en “aportaciones públicas a su fondo patrimonial”, y los 19.300 con los que fue dotado en 2009 el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF), que operó con más de medio centenar de entidades.

Banco de España: Ayudas al sector financiero. by Público.es on Scribd

 

 

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Llamamiento a participar en la Cumbre Social por el Clima de la COP 25 en Madrid

News from Attac Spain - Tue, 26/11/2019 - 22:04
cop25 Call to participate in the Social Summit for Climate in Madrid (English) Appel à participer au Sommet Social pour le Climat à Madrid (Français)

Más allá de la COP25: los pueblos por el clima

Las decisiones unilaterales del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP 25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno de Pedro Sánchez de acoger el evento, obligan a los movimientos sociales del Estado español a tomar un relevo sobre el que no han sido consultados, en un marco temporal casi inasumible para garantizar una participación y contestación social adecuadas.

Siendo conscientes del claro eurocentrismo que implica la celebración de una COP en un país europeo por tercer año consecutivo, aceptamos el reto de articular protestas y críticas contra estas políticas como una enorme responsabilidad. Lo hacemos desde la rabia e impotencia ante las injusticias y atrocidades que se están cometiendo contra el pueblo chileno, desde la solidaridad y apoyo frente a la decisión de continuar con la celebración de la Cumbre de los Pueblos y de la Cumbre Social por la Acción Climática en Chile, y desde la determinación de intentar generar un espacio donde su voz también pueda ser escuchada.

Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de derechos humanos en Chile y exigimos su cese. La declaración de guerra contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social. Demandamos que los responsables de esta represión sean sancionados. Queremos poner bajo el foco que la protesta social en Chile y en otros lugares del mundo es también la expresión de la crisis ecológica. El paradigma del crecimiento económico ilimitado está estrellando a la humanidad contra unos límites planetarios que desde el sistema económico se insiste en invisibilizar.

Vivimos tiempos convulsos de auténtica emergencia ecológica, climática y social. El diagnóstico científico es diáfano respecto a la gravedad y la urgencia del momento. El crecimiento económico se produce a costa de las personas más vulnerables: las personas racializadas, las personas indígenas, el campesinado, las personas empobrecidas, las personas migrantes, las personas LGBTI y queer, las comunidades de vanguardia en resistencia… Y se produce también a costa de nuestro entorno, las demás especies y los ecosistemas. Las mujeres, que forman parte de todos estos colectivos, se ven afectadas diferencialmente y son víctimas de las peores consecuencias del modelo capitalista cisheteropatriarcal.

Como activistas con base en el Estado español y la Unión Europea, queremos asumir la responsabilidad de denunciar el papel explotador de las regiones enriquecidas del mundo y su protagonismo en la generación de “zonas de sacrificio” en países empobrecidos, a través del extractivismo energético, material y cultural, que destruye comunidades y bienes comunes. Estamos viviendo en países que impulsan el consumo y la destrucción de la humanidad y la naturaleza, imponiendo nuestros modelos y visiones del mundo en otras partes del planeta.

Desde estos mismos países, que poseen una gran capacidad militar (especialmente armamento nuclear), se impulsa un nuevo concepto de securitización climática para proteger sus intereses por medio de la ocupación de importantes nichos de poder y dejando el control de tecnologías clave para la transición energética en manos grandes empresas de seguridad, mientras se incrementa la militarización de las fronteras y se acaparan tierras por todo el planeta. El cambio climático continuará alimentando conflictos armados y guerras a gran escala y violencia entre comunidades.

Desde esta posición privilegiada, nos comprometemos a asumir la responsabilidad de nuestro pasado común, presente y futuro. Nos rebelamos para cambiar este sistema letal.

Es necesario desenmascarar la hipocresía de gobiernos que llevan décadas fracasando en las negociaciones climáticas, al tiempo que blindan tratados comerciales y de inversiones como herramientas de dominación del capital, dirigidos a perpetuar el desequilibrio de poder que permiten el lujo de unas pocas personas a costa del sufrimiento de la mayoría, acaparando, privatizando y financiarizando cada vez mayores esferas de la vida. Esos mismos gobiernos alimentan la industria fósil con subsidios millonarios y protegen y rescatan bancos fósiles que se lucran con la crisis climática y la devastación ambiental y social.

El papel de las empresas transnacionales españolas y europeas en regiones como América Latina han supuesto una prolongación de la larga noche de los 500 años de colonialismo, acrecentando la crisis ecológica, y minando las posibilidades de soberanía de los pueblos. Chile, hoy, es la expresión del cansancio de las políticas neoliberales y extractivistas en todo el continente. América Latina es Chile y Chile es América Latina.

Creemos en la justicia climática como el eje vertebrador de la lucha social de nuestro tiempo: porque la sostenibilidad es imposible sin justicia social, y la justicia no existe sin un respeto a todos los seres que viven en el planeta. La justicia climática es el paraguas más amplio que existe para proteger bajo su esfera toda la diversidad de luchas por otro mundo posible: ecologismo, activismo climático, feminismo, LGBTIQ+, sindicalismo, antirracismo, antifascismo, antimilitarismo, movimientos decoloniales, movimiento indígena, movimiento campesino, movimiento rural… Promovemos la justicia climática como un movimiento de movimientos en el que quepan muchos mundos diversos.

Nos comprometemos a trabajar para dar visibilidad a las demandas que garanticen una transición justa realizada con la rapidez suficiente, para evitar nuevas catástrofes, como un calentamiento por encima de los 1.5°C o el colapso de los ecosistemas y la sociedad. Es necesario tomar decisiones basadas en la ciencia; la comunidad científica ya ha indicado con claridad la necesidad de dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo, sin extraer, para lograr unas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que estén a la altura del reto climático.

Por ello nos rebelamos contra los modelos extractivistas relacionados con la producción y consumo de energía fósil en todo el mundo, así como rechazamos también con especial énfasis el uso civil y militar de la energía nuclear.

Instamos a un cambio radical en el modelo de movilidad que conduzca a la reducción del transporte masivo de mercancías y personas, causantes entre otros problemas de la turistificación y gentrificación exacerbadas en las ciudades, donde generan graves desigualdades sociales. El modelo de transporte debe paliar al mismo tiempo el creciente aislamiento del medio rural, una de las causas de su progresivo despoblamiento.

Denunciamos los intentos de promover falsas soluciones como aquellas basadas en la geoingeniería, que pretenden mantener el statu quo del actual sistema productivo, aleja el foco de las verdaderas soluciones y amenaza, además, con desiguales impactos a escala planetaria que nuevamente sacrificará primero a las comunidades más desfavorecidas.

Denunciamos también la imposición de un modelo de producción y consumo que no reconoce la alimentación como un derecho y que es corresponsable de la crisis climática y de biodiversidad y condena al hambre a más de 800 millones de personas. Exigimos una transición agroecológica que impulse sistemas justos y sostenibles, que respeten la soberanía alimentaria de los pueblos.

De igual forma, denunciamos la imposición de un modelo de producción y consumo basado en el “usar y tirar” que afecta una vez más a las personas más empobrecidas. Las cantidades ingentes de residuos producidos por los países enriquecidos son trasladados en su mayor parte a países del Sur obligando a vivir en una espiral de pobreza, violencia y condiciones insalubres a las comunidades y colectivos más vulnerables que habitan esos lugares.

Por otra parte la explosión social chilena y su brutal represión nos muestra que la crisis civilizatoria que vivimos es también una crisis democrática. Necesitamos avanzar hacia la construcción de modelos más democráticos de sociedad, que garanticen la toma de decisiones colectivas poniendo el bien común en el centro. En este sentido, la decisión de trasladar la COP 25 a Madrid supone también una merma democrática al comprometer los trabajos de meses de numerosas redes, colectivos y organizaciones de todo el mundo que no podrán ahora participar de la forma que habrían deseado.

Nos solidarizamos con quienes más sufren, con las personas trabajadoras y con las comunidades que están en primera línea de resistencia en todos los continentes. También nos solidarizamos con quienes menos han participado en alimentar la crisis climática y más acusan sus impactos. Apoyamos a todas las personas de cualquier género, origen, lengua, raza, etnia, capacidad física, orientación sexual, experiencia, edad y creencia.

Hacemos un llamamiento a personas y colectivos a rebelarse frente a un sistema capitalista opresor que expulsa cada vez a más personas –muchas de las cuales se ven obligadas a migrar de sus territorios– y esquilma de forma creciente las bases que sostienen la vida. Hacemos un llamamiento a participar en la respuesta social a la COP25 y a tejer red y construir comunidad frente a una crisis climática que es solo el síntoma más visible de un sistema profundamente injusto.

Invitamos a todas las personas y colectivos que se sientan interpelados por estas demandas a participar en la construcción de la Cumbre Social por el Clima, para rebelarse, proponer y tejer comunidad. Frente a la creciente represión y las estrategias para dividir y desmovilizar a los movimientos, mostraremos más unidad que nunca en la lucha común por la justicia.

¡Únete al llamamiento! Donaciones para la Cumbre Social por el Clima aquí Organizaciones sociales adheridas

+100 organisation (SENEGAL )
2degrees artivism (Portugal)
30 DÍAS EN BICI (ESPAÑA)
350.org (Turkey)
A Coletiva (Portugal)
Abece organización (España)
Abibiman Foundation (Ghana)
Abrir Brecha (Estado Español)
Abrir Brecha Guadalajara (España)
ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ (ESPANYA)
Acción en Red de Madrid (España)
ACOPA (España)
ActionAid International (United Kingdom)
Ágora Sol Radio (España)
AGRUPACIÓN PARQUE URBANO CATRICO (CHILE)
Agrupación PLANETA VERDE (Ecuador residente en España)
AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos)
(España)
Aire Limpio en La Hoya De Buñol (España)
Aire Limpio Residuo Cero Madrid (España)
Aitec (France)
Aktivera (Spain)
Alcoress (España)
Aliança Emergència Climàtica Valencia (España)
Alianza Internacional de Habitantes (Italia)
Alianza Mexicana contra el Fracking (México)
AMaSaP- Asociacion Madrileña de Salud Publica (MADRID-ESPAÑA)
Amics de la Terra Mallorca (España)
Amigos da Terra (Galicia, España)
Amigos de la Tierra (España)
Amigos de la Tierra Aragon (España)
Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid (España)
Amycos.org (España )
Animal Rebellion (España )
ANUMA animalistas unidas Madrid (España)
APROFEM CASTILLA LA MANCHA (España )
ARBA – Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (España)
ARCA Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (España)
ARegadera Asociación (Espanha)
ARRIBA LAS RAMAS (España)
Asamblea Chile Despertó Barcelona (Chile)
Asamblea Transmaricabollo de Sol (15M) (España)
Ascan ecologistas en accion (España)
Aso valle-inclan (España)
Asociación Acción Clima (España)
Asociación Agentes de Cambio Nicaragua (Nicaragua, Exiliada en España)
ASOCIACION AMIGOS BRIGADAS INTERNACIONALES (España)
Asociación Comunicambio (España)
Asociación Cultural Antitaurina Ciudad Real (España)
Asociación de Alumnos y Exalumnos de Derecho Ambiental de Tarragona (España)
Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Safor (España)
Asociación de Mujeres Emprendedoras Brasil España (España )
Asociación de Permacultura ATTA (España)
Asociación de Productores JOAJU (Paraguay)
Asociación educación ambiental de Madrid AEA-Madrid (España)
Asociación española de educación ambiental (España )
Asociación Iberoamericana pro Derechos Humanos. Castilla-la Mancha (España )
Asociación Madrid Ciclista (España)
Asociación Medio Ambiente – AMA (España)
Asociación medioambiental ameco (España)
Asociación para el Vínculo Humano-Animal (AVHA) (España)
ASOCIACION PARA LA COMUNICACION E INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL (ESPAÑA)
Asociación Pedalibre (España)
Asociación por la Arquitectura Rural Tradicional de Extremadura, ARTE. (España)
Asociación Teatro de la Tierra (España)
Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras (España)
Asociación Vecinal El Pantano (España )
Asociación Vecinal La Flor (España)
Associació de Naturalistes de Girona (Spain)
Association Action Citoyenne et Écologique (AACE) (Maroc)
ATAEC, Asociación de Transmisión Artística, Étnica- Cultural (Internacional)
ATTAC España (España)
Attac France (France)
Attac Germany (Germany)
AU Sputnik – Físicas UCM (España)
AV Raval i carrers adjacents (España)
AVAcanaria (Canarias)
Aventurasnauticas (Spain)
BankTrack (United Kingdom)
Barbastro Animalista (ESPAÑA)
BBFF CAM (España)
Berliner Wassertisch (Germany)
Bloque Latinoamericano Berlín (Alemania)
Brigada Cimarrona Sebastian Lemba. (Rep. Dominicana)
Calala Fondo de Mujeres (Spain)
Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió (España)
Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión (España)
Carre Geo & Environnement France (France)
CEIPSO Miguel de Cervantes (España)
CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS (Brasil)
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)
(Ecuador)
Centro Social El Balcón de Mataelpino (España)
Ciclobollos Dykes on Bikes (España)
CIDES (España)
CIDES Malaga (España)
CIM Burkina (España)
CIUDAD ALTERNATIVA (Granada) (Spain)
ClimAcció (Espana)
CLIMALAB (Colombia)
Climate Save España (España)
Climáximo (Portugal)
COESUS – Coalición Latinoamericana contra el Fracking (Brasil)
Col.lectiu Ontinyent en bici (España)
Col.lectiu Soterranya (España)
Colectivo Animalista Aranjuez (España)
Colectivo Burbuja (España)
Colectivo chilenxs en Madrid (España)
Colectivo Ecologista Artemisa (Andalucía/España)
Colectivo feminista Las Tejedoras (España)
Colectivo Venus Urania Asociacion Cultural y Artística (España)
Coletivo pelos Direitos no Brasil (España)
Collective Climate Justice (Switzerland)
Collettivo FocusPuller (Italy)
COMITÉ ANTINUCLEAR Y ECOLOGISTA DE SALAMANCA (ESPAÑA)
COMITE CIDADAN DE EMERXENCIA (ferrol) (España)
Comité Madrid con Kurdistán (España)
Committee in solidarity with Indigenous Peoples of the Americas (CSIA-Nitassinan)
(FRANCE)
Compromiso con todas las formas de vida/Sustaining All Life (United States)
ConBici (España)
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (España)
Confederación Intersindical (Estado español)
Conseil Coutumier de l’Aire Djubea Kapumë (New Caledonia )
Convergencia de las Culturas (España)
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (España)
Coordinadora de Vivienda de Madrid (España)
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (ESPAÑA)
COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD (spain )
Coordinadora Valenciana de ONGD (España)
CORASON (Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca
Totonacapan) (México)
Corazón Verde de Chamberí (España)
Corio Psicología (España)
Corporate Europe Observatory (Belgium)
CS Seco (España)
DDHH Madrid (España)
Democràcia en Verd (España)
Demos e.V. (Germany)
Desarma Madrid (España)
Destruccion.medio.ambiente campo de gibraltar (España)
Dramblys (España/Spain)
DUKINGIRE ISI YACU (BURUNDI)
EA26 (España)
EA26 (Movimiento proEducacionAmbiental) (España)
ECOAR))) (Galiza)
Ecologistas en Acción (España)
Ecologistas en Acción Badajoz (España)
Ecologistas en acción La Rioja (España)
Ecologistas en Acción Sierras (España)
Economías BioRegionales (España)
Ecooo Revolución Solar (España)
ECORAICES ASOC. CIVIL (Argentina)
Ecotono s. Coop. And de interés social (España)
eco-union (España)
Eirene Cultura para la Paz (Burgos) (España)
Ekologistak Martxan (Euskal Herria.)
EL BANCAL AGROECOLOGÍA (España)
El Tenderete – mercado social Cabranes (Asturias, España)
ELA sindikatua (Euskal Herria)
Elo Brasil – Rede de Mulheres Ambientalistas da América Latina (Brasil)
Ende Gelände (Germany)
EnergÉtica s.coop. (España)
Energy and Climate Policy Institute for Just Transition (South Korea)
ENRAMA. Ecosistemas que Cuidan (España)
enRRRedando (España)
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte (Spanish Kingdom)
EPQQ (Spain)
escuela babiana de ski ()
Escuela Transmedia (España)
Espacio Común 15M (España)
Espositivo (España)
ETC group (internacional)
EUPV ( Esquerra Unida del País Valencià ) (España )
European Water Movement (Europe)
Extinction Rebellion BCN (Spain)
Extinction Rebellion Sanitarios / Doctors (España)
Extinction Rebellion Zaragoza (Spain)
Fairtrade Ibérica (España)
FASE – Solidariedade e Educação (BRASIL)
Federación aavv Bilbao (España)
Federacion de Comites de Solidaridad con Africa negra UMOYA (España)
Federation of Young European Greens (FYEG) (Belgium/Pan-European)
Feministas por el clima (España)
Fent Cami (España)
Formigues Festival (España)
Foro Local de Medio Ambiente de Puente Vallecas (ESPAÑA)
Foro Movimientos Sociales Madrid (España)
Fridays For Future Salamanca (España)
Fundación APY (Spain)
Fundación Ecoagroturismo -ECOTUR (España)
Fundación Mundubat (Euskal Herria)
Fundación Solón – Bolivia (Bolivia)
Garaldea ecofeminista (España)
Gastivists Collective ()
GEEMA – Grupo de Estudos dm Educação e Meio Ambiente (Brasil)
Getafenbici (España)
Global Forest Coalition (Global)
GRAMA (España)
GreenFaith (USA)
Grupo Carta de Belém (Brasil)
Grupo Promotor Corredor Ecológico del Suroeste (España)
Guadalajara Antitaurina (España)
Gure Energia (Euskal Herria)
Habitat International Coalition (HIC) (Global)
Huerto Urbano Lucero (España)
Iglesia de Dios Todopoderoso (España)
Imaginario Cultural (España)
Impulso a la Jara (España)
Indigenous Environmental Network (EEUU)
InspirAction (España)
Institute for Circular Economy (Poland)
Institute for Sustainable Energy and Environmental Solutions (IS (GH)
Instituto Internacional Ayarara (Brasil)
Instituto Mais Democracia (Brasil)
Instituto por la paz y la ecologia (España)
Interkonexio Elektrikorik ez! (España)
Intersindical Región Murciana (España)
Intersindical Solidària (País Valencià)
Intersindical Valenciana (País Valencià (Espanya))
Jarama Vivo (España)
Jeunes volontaires pour l’environnement (Togo)
Justicia Alimentaria (España)
JUVENTUD ESTUDIANTE CATÓLICA (España)
Juventud por el Clima – Fridays For Future España (España)
KalmaK (España)
kekorraelagua (España)
Kima Berdea (Euskadi)
La Atenea (España)
La Corriente sociedad cooperativa (España)
La Garbancita Ecológica (España)
La gran bellotada (España)
LA GRAN BELLOTADA IBÉRICA (ESPAÑA)
La Moradita de Torrelodones (España)
La Ribera en Bici (España)
La Ruta del Clima (Costa Rica)
LA SAGRA ANTIESPECISTA (España)
LA SAGRA ANTITAURINA (España)
La Trivial (España)
La Vall de la Casella, Coop.V. (Espanya)
La Villana de Vallekas (España)
Laboratorio Multimedia para la Investigación Social – UNAM (México)
LAMADA (España)
Madres por el Clima Cantabria (España)
Madres x el Clima Asturias (España)
Madrid Agroecológico (Spain)
Madrid Ciudadanía y Patrimonio (España)
Make Rojava Green Again (Northern Syria/Rojava)
MAREAS VIVAS DEL SUR (Andalucía/Spain)
Marfull-Acció ecologista Agró (spain)
medicusmundi (España)
Mercado Social de Madrid (España)
Mesa de la Movilidad Sostenible de Tenerife (España)
Mesa del Árbol de Carabanchel (España)
Mesa del Clima de Granada. (España )
Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo (Honduras )
Miengo en Transicion (España)
Moviment ecosocial mallorquí (MEM) (España)
MOVIMIENTO ASAMBLEARIO DE TRABAJADORAS-ES DE SANIDAD (MATS) (ESPAÑA)
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climatico (Lima, Perú)
Movimiento de defensa del agua, la tierra y el medioambiente (MODATIMA), Chile (Chile)
Movimiento Ibérico Antinuclear (España)
Movimiento Nuevo Perú (España)
Mundubat (Spain)
Nasti de plastic Bizkaia (Bizkaia)
National Association for Women’s Action in Development (Uganda)
Naturaleza con cabeza (España)
Nature Friends Greece (????da)
NeSoVe – Netzwerk Soziale Verantwortung (Austria)
Nodo Cantabria PX1NME (Spain)
npa65 (France)
Nueva Cultura por el Clima (España)
Observatori del Deute en la Globalització (ODG) ()
Observatori DESC (España )
Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine (España)
OBSERVATORIO SOSTENIBILIDAD (España)
OCM Paracuellos (España)
OCSI (España)
Oil Change International (United States / International)
PAH PARLA (España)
PASBF (plataforma de asociaciones y sindicatos de Bomberos forestales (España)
Patologia Ambiental – Camfic (España)
Paz con Dignidad (España)
PESCAVINA SL (España)
Planet blue (España)
Planta un pino (España)
Plataforma Ampliación Supersur Ez! (Euskal Herria)
Plataforma Carril Bici Castellana (España)
Plataforma CIEs No Madrid (España)
Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (España)
Plataforma de usuarios y pacientes en defensa de una Sanidad Universal, Pública y de
Calidad.(PUPA) (España(Madrid))
Plataforma Defensa Animal Extremeña (España)
Plataforma Emergencia Climática de Zamora (España)
Plataforma en Defensa de Madrid Central (España)
Plataforma No Macrovertedero, Sí Residuos 0 (España)
PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO (España)
Plataforma Protección de la Ribera del Guadiana Menor (España)
Plataforma Resposta al Midcat (Spain)
plataforma salvatusarboles (España)
Plataforma Tanquem Cofrents (España)
Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica (Aragón / Catalunya (España))
POBRESA ZERO (España)
Pressenza IPA (Agencia Internacional Noticias) (España)
Protectores de la Tierra – Stop Ecocidio (España) (España)
Protectores de la Tierra – StopEcocidio (España)
PROYECTO GM MÉXICO (MÉXICO )
PTrevolutionTV (Portugal )
RCA – REDE DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA (Brasil)
REAS Madrid (España)
REAS Red de Redes (España)
Reclaim the Power (UK)
Red Agua Pública (España)
Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos (RECAEL) (España)
Red de Hondureñas Migradas-REDHMI- (España)
Red de huertos urbanos comunitarios de Madrid ReHd Mad! (España)
Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista (España )
REd Interlavapies (españa)
Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro (Brasil)
Revista Rincones del Atlántico (España)
Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas ()
Revolución Sustentable ODS (Argentina )
REVOLVE (Spain)
Rivas Aire Limpio (Spain)
Ruralitzem (Catalunya)
Salva la Selva (España)
SERUNI (Indonesia)
Servicio Jesuita a Migrantes Valencia (España)
SETEM Madrid y CLM (España)
Sí Carril Bici Madrid (España)
Sindicato Labrego Galego CC.LL (Galiza)
Sindicato único Solidaridad Obrera (España)
SLOW FOOD GREDOS-TIÉTAR (ESPAÑA)
Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC (Chile)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA/AGROECOLOGIA (SEAE) (España)
SOLABRIA SOCIEDAD COOPERATIVA (España)
SOLdePaz.Pachakuti (españa)
Solidaridad Internacional Andalucía (España)
SOM ENERGÍA (España)
Southern Africa Climate Change Coalition (Botswana)
STEILAS (Euskal Herria)
Stop the Coup ni Brasil – Madrid Connection (BRASIL/ ESPAÑA)
strike-wef.org (Switzerland)
SustainUs (United States )
Sustraiak Hábitat Design Koop (España)
Teatro del Barrio (España)
The International Institute of Climate Action & Theory (IICAT) (United States)
TRADENER: Transiciones energéticas y democracia (Euskal Herria)
Transnational Institute (TNI) (Netherlands)
Tribu Verde (España)
TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo (Portugal)
Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) (Andalucía)
Unión Sindical Obrera (USO) (España)
United4Earth (France)
Universidad y Compromiso Social por el Clima (España)
València Saludable (España)
Vall de can masdeu (Catalunya)
Viaje a la Sostenibilidad (España)
Volt España (España)
Voluntariat Mediambiental de Corbera (VMC) (España)
War on Want (UK)
We Move Europe (Movemos Europa) (España / Europa)
WINA Deporte y sostenibilidad (España)
WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE (Alemania)
Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN) International (United States)
XR (España)
XTalavera 2016 (España)
Xúquer Viu (País Valencià (España)
Yerberica (España )
Yogix nuestra tribu (España)

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Las cárceles, espacios para la privación de la libertad… y de la salud

News from Attac Spain - Tue, 26/11/2019 - 21:50
Según un informe de la OMS, el deficiente seguimiento de la salud de la población carcelaria aumenta la desigualdad y tiene un impacto negativo sobre la salud pública. En España, un 14,8% de las muertes en prisión son por suicidio CTXT <p>Centro Penitenciario Madrid V Soto del Real, Comunidad de Madrid, España.</p>

Centro Penitenciario Madrid V Soto del Real, Comunidad de Madrid, España.

CARLOS DELGADO

La población reclusa sufre, en un grado desproporcionado, problemas complejos de salud. Además, durante los primeros días tras la excarcelación el riesgo de suicidio o consumo de drogas aumenta de forma proporcional. Sin embargo, la información sobre el estado de salud de las personas encarceladas es deficiente y escasa, y en muchas ocasiones se desliga del propio desarrollo de políticas públicas. Así lo asegura un estudio realizado en 39 países europeos y que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, donde se advierte que esta situación no solo afecta al ejercicio efectivo de los derechos de los reclusos, sino a la sociedad en su conjunto.

Según el documento, la instauración de una sanidad monitorizada y de buena calidad en las prisiones, donde se incluyan métodos preventivos y de seguimiento, es una herramienta especialmente eficaz para mejorar la alfabetización en salud y para promover hábitos saludables de vida en personas que, en su inmensa mayoría, solo pasaran un periodo corto de tiempo en prisión.

Es decir, que pronto se reinsertaran en una sociedad donde los familiares y la propia comunidad también se ven afectados por el sistema de salud que esté instaurado en las cárceles. De su eficiencia, asegura la OMS, depende también la capacidad para luchar con problemas de desigualdad enraizados en la sociedad: aquellos que, por situaciones de exclusión, no han podido disfrutar de un acceso a la salud estando en libertad, tienen la oportunidad de recibir tratamiento en un espacio donde la universalización del servicio esté garantizada.

Frente a esto, los datos de la OMS dejan claro el abandono y desinterés por lo que ocurre tras las paredes de las prisiones en gran parte de Europa. Solo 16 de los 39 países que participaron en la encuesta de la organización pudieron ofrecer datos sobre el número de personas mayores de 65 años que hay encarceladas en sus centros penitenciarios.

Todavía memos, ocho, son los que poseían estadísticas sobre el porcentaje de personas encarceladas que pertenecen a una minoría étnica, mientras que solo en 9 existía información sobre el número de mujeres encarceladas.

En las cifras relativas a la salud, un tercio de los países aseguró que no hace ningún tipo de chequeo bucal en el momento del ingreso en prisión, y solo la mitad de los Estados tiene protocolos relacionados con la prevención de muertes por sobredosis tras la excarcelación.

Pese a esto, los datos que ha recopilado la organización internacional arrojan también cierta luz sobre la realidad que atraviesan las cárceles de la región en asuntos como la salud mental, el tratamiento de las adicciones o las afecciones por enfermedades infecciosas.

En el primero caso, destaca el altísimo porcentaje que representa el suicidio dentro de las causas de muerte que se producen en prisión. En España, hasta el 14,8% de los fallecimientos registrados en sus cárceles ocurrieron por este motivo, una tasa que incluso se sitúa por encima la media del resto de países analizados, del 13,5%.

En el otro extremo, nuestro país destaca en el monitoreo y la detección de enfermedades de trasmisión sexual, instaurado en todas las prisiones, o en los distintos tratamientos contra la drogodependencia que se ofrecen en los centros de internamiento.

Durante 2018, la media diaria de personas encarceladas en Europa ascendió a 1,5 millones de personas, aproximadamente un 15% de la que existe en el mundo. Sin embargo, se calcula que hasta 6 millones de personas pasan cada año por prisiones de la región, lo que demuestra el alto grado de rotación y la levedad de muchas de las condenas pese a la ola de populismo punitivo que ha terminado, por ejemplo, con la instauración de la cadena perpetua en España.

Por último, y aunque Europa también es la única región del mundo donde ha descendido el ratio de encarcelamiento desde el año 2000 –187 prisioneros por cada 100.000 habitantes–, todavía mantiene una proporción de personas privadas de libertad por encima de la media mundial.

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Sareb: anatomía de un desfalco

News from Attac Spain - Sun, 24/11/2019 - 11:10
250.000 viviendas sufragadas con dinero público terminarán en manos de fondos de inversión dejando además una enorme deuda que será asumida por el Estado MANUEL GABARRE DE SUS ctxt <p>Bloques de viviendas sin terminar en Seseña.</p>

Bloques de viviendas sin terminar en Seseña.

“El banco malo nunca supondrá costes para los contribuyentes”.
Luis de Guindos

Los antecedentes

El Estado adquirió el patrimonio inmobiliario de las cajas de ahorros y de los bancos quebrados para rescatar al sistema financiero. Fue así también cómo se hizo con el mayor número de viviendas y de solares que haya tenido nunca. Sin embargo, el Estado ha eludido su condición de garante de lo público y ha malvendido este patrimonio a través de Sareb, que también es conocida como el banco malo.

Sareb es la parte central de un entramado jurídico creado para distraer la atención del ciudadano sobre la privatización encubierta de decenas de miles de solares y de viviendas. A Sareb se le ha llamado el banco malo con el ánimo de confundir a la sociedad. En realidad, su naturaleza no tiene nada que ver con la de un banco. Simplemente se trata de una compañía propietaria de bienes inmobiliarios que además se encarga de su gestión.  Aunque haya pasado desapercibido, el fundamento de Sareb es algo tan simple como “coge el dinero y escapa antes de que se den cuenta”.

¿Qué es Sareb?

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) fue creada por el Estado y por el Consejo Europeo. Aunque Sareb es una entidad con una finalidad y con una financiación pública, está gestionada por entidades privadas.

La finalidad de Sareb era la de actuar como un cortafuegos, hecho de dinero público, con el propósito de evitar que la crisis española se propagase por toda Europa. Este peligro provenía de que los bancos se encontraban fuertemente endeudados entre sí. Si entidades importantes como Bankia o Catalunya Banc no hubiesen devuelto los préstamos que habían recibido de otros bancos europeos, también los podrían haber arrastrado a la quiebra. En realidad, el sistema bancario funciona como un castillo de naipes en el que la quiebra de una entidad importante puede provocar el desmoronamiento de todo el sistema financiero.

Debido al riesgo de contagio, el Consejo Europeo prestó más de 50.000 millones de euros al Estado español con la obligación de que los emplease en pagar las deudas que estas entidades arruinadas tenían con otras entidades financieras.

Sin embargo, esta operación todavía no ha sido contabilizada dentro de las ayudas públicas a la banca. Sareb fue constituida a finales de 2012 con un capital de  4.800 millones de euros. Más de la mitad de este capital era de origen privado (55%) y el resto era de origen público (45%). Pero la cuestión central es que Sareb iba a recibir un préstamo de más de 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea.

El capital público fue aportado a través del FROB. Hay que recordar que, además de las intervenciones a través de Sareb que se tratan en este artículo, el FROB ha socorrido a la banca sufriendo pérdidas que podrían alcanzar los 50.000 millones de euros. Por su parte, el capital privado vino aportado por las entidades financieras, quienes, por otro lado, compensarían parte de las pérdidas soportadas con los servicios que iban a prestar a Sareb.

¿Cómo estaba previsto que Sareb devolviese el préstamo que le había concedido la Unión Europea?

Hay que tener en cuenta que los fondos aportados a Sareb por el Estado a través del FROB y por las entidades financieras suponían menos de una décima parte del importe del préstamo que esta había contraído. Además, estaba previsto que el negocio fuese ruinoso. La finalidad de Sareb consistía en comprar bienes inmobiliarios para después tratar de revenderlos a fondos buitre por un precio mucho menor del que se había pagado.

Lo que sucede en realidad es que todos los implicados en la constitución de Sareb eran conscientes de que esta entidad no iba a ser capaz de devolver el préstamo y sabían que el Estado sería quien finalmente asumiría la mayor parte de su coste. La obligación de que el sector público sea quien finalmente deba asumir la devolución del préstamo proviene de la imposición del Consejo Europeo, que obligó al Estado español avalar la deuda de Sareb durante el ataque especulativo que tuvo lugar en el verano de 2012, en el que la prima de riesgo se convirtió en la protagonista de la agenda mediática.

Por otro lado, Sareb se creó con un plazo de duración de quince años. Por eso también, desde 2013 se está deshaciendo vertiginosamente de sus bienes en un proceso de venta totalmente opaco. Pero, cuando ya no queden bienes que vender y Sareb no pueda afrontar las cuotas préstamo, se ejecutará el aval. Así es cómo el Estado deberá correr con la parte del préstamo que no se haya devuelto. En definitiva, es la sociedad española quien finalmente se hará cargo de la deuda de Sareb a través de los impuestos.

¿Por qué se decidió que Sareb fuese gestionada de manera privada?

Existen varios motivos. Uno de ellos es que su deuda no ha sido todavía contabilizada como deuda pública porque el Estado posee menos de la mitad de su capital y porque los avales públicos no se computan como deuda hasta su ejecución.

Además, debido a que Sareb fue configurada como una entidad privada, se han podido evitar todos los controles de la administración pública y los procedimientos administrativos para vender sus bienes. De esta manera, Sareb ha podido deshacerse con total opacidad del mayor patrimonio de vivienda pública que haya tenido nunca el Estado. Por otro lado, al no ser una entidad pública se evitan las garantías que exige la aplicación de la legislación de contratos del sector público. Entre ellas se encuentra la de vender las viviendas a quien haya hecho la mejor oferta.

En el fondo, la estrategia acordada por el gobierno de España con la Unión Europea consistía en que, a través de Sareb, las entidades financieras quebradas se deshicieran de sus activos inmobiliarios mediante la venta masiva a fondos de inversión internacionales, que también son conocidos como fondos buitre. Las ventas se harían por una pequeña parte del coste que tuvieron estos activos para la banca. La diferencia entre el coste pagado por Sareb y el precio de venta a los fondos, es decir, la pérdida, sería asumida por el Estado español.

SAREB GASTÓ 50.782 MILLONES DE EUROS EN ADQUIRIR LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUEBRADAS

¿Para qué ha utilizado Sareb el préstamo que recibió?

Sareb gastó 50.782 millones de euros en adquirir los activos inmobiliarios de las entidades financieras quebradas.  Sareb gastó el 22% de esta cantidad en adjudicaciones de solares, pisos terminados en venta, pisos en alquiler y obras en curso. En total adquirió 14.952 solares para edificar junto con 87.972 viviendas terminadas, que en algunos casos estaban sin alquilar y en otros estaban alquiladas. Estas viviendas provenían frecuentemente de desahucios.

El 78% restante lo gastó en comprar los préstamos y los créditos a promotores que estaban en poder de las entidades financieras que habían quebrado. Estos también tenían normalmente viviendas o suelo como garantía, por lo que Sareb en realidad adquirió de esta manera decenas de miles de viviendas. No obstante, Sareb no ha publicado ni qué viviendas concretas adquirió como garantía ni tan siquiera el número global de inmuebles.

Sin embargo, Caixabank (La Caixa), que es el segundo mayor accionista privado de Sareb, publicó un estudio llamado “Sareb: claves estratégicas” en el que se hacía un análisis de los bienes de esta entidad. Tomando este estudio como base del cálculo de los bienes adquiridos por Sareb, concluimos que Sareb adquirió 257.136 viviendas que eran la garantía de los préstamos que compró y viviendas provenientes de subastas judiciales.

¿Cómo funciona Sareb?

En un principio los bienes de Sareb eran gestionados por las entidades financieras que le habían traspasado sus activos inmobiliarios, aunque en 2014 Sareb abandonó este modelo de gestión. A finales de aquel año Sareb adjudicó el servicio de administración, gestión y venta de sus activos a cuatro intermediarios en el marco de un plan general que denominó Proyecto Íbero. Resultaron adjudicatarias de este servicio varias entidades vinculadas con el sector financiero: Haya Real Estate, Altamira Asset Management (Santander), Servihabitat (La Caixa) y Solvia (Banco de Sabadell).

LA VENTA DE LOS BIENES DE SAREB SE HAYA ENCOMENDADO A LAS ENTIDADES QUE DISPONEN DEL MAYOR PODER DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

A estas cuatro entidades se les encomendó la prestación de estos servicios por un periodo de cinco a siete años, por lo que el vencimiento de los contratos se produciría entre 2019 y 2021. Las entidades a las que se les ha encargado la venta de los bienes de Sareb son los socios que habían aportado la mayor parte de su capital privado: Santander, La Caixa y Banco Sabadell. La única excepción es Haya Real Estate, que no era una entidad financiera ni había realizado ninguna inversión. De esta manera, vemos cómo la banca ha logrado mitigar las pérdidas que la inversión en Sareb podía provocarle mediante el cobro de comisiones. Hasta 2018, Sareb había pagado a estas entidades 1.111 millones de euros en concepto de comisiones por la gestión y por la comercialización de sus activos.

Sin embargo, lo que resulta más preocupante es que la venta de los bienes de Sareb se haya encomendado a las entidades que disponen del mayor poder de intervención en el mercado inmobiliario, por lo que está servida la posibilidad de que se produzcan conflictos de intereses en la venta de los bienes de Sareb.

Por su parte, Haya Real Estate recibió la gestión de 52.000 préstamos vinculados con el sector inmobiliario. Estos provenían de los bienes de Bankia, que fueron adquiridos por Sareb. Estos préstamos suponían el 40 % del valor total de los bienes de Sareb.

Haya es una gestora perteneciente al fondo buitre Cerberus Capital Management L.P., cuya sede se encuentra en Nueva York y que es dirigido por antiguos altos cargos del Partido Republicano. A resultas de estas conexiones, Cerberus designó a José María Aznar Botella como consejero de Haya en España. Cerberus replicó, de esta manera, la estrategia que utiliza en Estados Unidos en su división española. Esta estrategia consiste en contratar políticos que unan a su capacidad de influencia un inverso sentido de la ética. A su vez, el presidente de Haya es Juan Hoyos Martínez de Irujo, cuya característica más notoria es ser amigo íntimo de Aznar, según asegura en sus memorias el propio expresidente. Las designaciones de estos consejeros por Haya se produjeron en octubre de 2013. Cabe preguntarse si es casual que la fecha de las designaciones coincida con la época en la se decidió modificar la gestión de Sareb para encomendársela a intermediarios.

La creación de la Socimi Témpore Properties

En 2017 Sareb creó una Socimi, Témpore Properties, para gestionar 2.249 viviendas en régimen de alquiler, de las que más de un tercio se encuentran en la Comunidad de Madrid. Estas viviendas fueron tasadas en 339 millones de euros.

Sareb encomendó la gestión de su Socimi a Azora. Es preciso recordar que la Comunidad de Madrid vendió las 2.935 viviendas de Ivima (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) a Azora y a Goldman Sachs, en un proceso trufado de irregularidades en palabras del informe de la Fiscalía que está investigando esta venta.

En julio de 2019 Sareb acordó la venta del 75% de Tempore al fondo de inversión Texas Pacific Group Real Estate Partners. Por lo tanto, la venta de Témpore Properties a un fondo permite constatar que el cambio de gobierno no ha hecho variar ni un ápice la política consistente en la venta del patrimonio público de vivienda, a pesar de las grandes necesidades sociales que existen.

Conclusiones: una reflexión general sobre Sareb

Luis de Guindos manifestó que el banco malo nunca supondría costes para los contribuyentes. Sin embargo, esta afirmación no tiene ningún viso de cumplirse, puesto que en 2018 Sareb declaró que todavía debe 39.929 millones de euros, a pesar de que ha estado deshaciéndose de sus bienes vertiginosamente desde su creación.

AUNQUE TODAVÍA QUEDAN POR DEVOLVER CASI 40.000 MILLONES DE EUROS, SAREB HA VENDIDO LA PARTE MÁS SUSTANCIAL DE LOS RECURSOS CON LOS QUE CONTABA PARA HACER FRENTE A ESTA DEVOLUCIÓN

Sareb declaró que hasta 2018 había vendido bienes por valor de 24.343 millones de euros. A pesar de esto, los resultados de Sareb arrojan unas pérdidas de casi tres mil millones de euros. Esto se debe a que ha ido devolviendo una parte del préstamo que le concedieron las instituciones europeas.

Lamentablemente, aunque todavía quedan por devolver casi 40.000 millones de euros, Sareb ha vendido la parte más sustancial de los recursos con los que contaba para hacer frente a esta devolución. Debido a todo ello, el Estado será quien con certeza asumirá su deuda en un futuro próximo, como avalista último del préstamo.

Sareb ha sido una de las principales operaciones políticas que ha tenido lugar en España durante los últimos años. De esta operación se han beneficiado los fondos de inversión extranjeros, que venían principalmente de Estados Unidos, la banca nacional y algunos personajes del panorama político como la familia Aznar Botella o Rodolfo Martín Villa, que fue consejero de Sareb desde su constitución.

La principal damnificada es la sociedad española en su conjunto. Hemos perdido la ocasión de disponer de un parque público de vivienda con un tamaño suficiente para hacer frente a la especulación llevada a cabo por las elites económicas. De hecho, desde 2014 venimos sufriendo otra subida generalizada y constante de los precios de la vivienda, que tiene consecuencias devastadoras para el desarrollo humano y económico de nuestra sociedad. Por ejemplo, en este período el precio medio de los alquileres ha subido un 51% en Barcelona y un 45% en Madrid. La subida se ha producido en buena medida por la falta de vivienda pública en alquiler social, lo que ha venido acompañado con el agravante de que las viviendas que se deberían haber destinado a este fin han sido malvendidas por el Estado a través de Sareb.

Dentro de unos pocos años el Estado deberá afrontar el aval de Sareb. Cuando llegue ese momento, no estaría de más recordar quiénes han sido los responsables de este gran desfalco.

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Este artículo se ha hecho a partir de extractos del libro Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler que ha sido publicado recientemente por la editorial Traficantes de Sueños.

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Pensar Cataluña desde la paz. Construyendo un nuevo proyecto político de modernidad

News from Attac Spain - Sat, 23/11/2019 - 11:24
Res Publica Global
Antonio Fuertes Esteban  Attac Acordem

Hace décadas que, con la llamada posmodernidad, se habla del fin de las ideologías, del final discursivo, de la imposibilidad de encontrar un proyecto emancipador. Lo cierto es que la modernidad, como proyecto de los países soberanos, sucumbió con su pérdida de soberanía a manos de las grandes corporaciones y el poder Financiero.

A muchos nos une el ser metecos, itinerantes, haber salido de nuestro vientre lugareño en pos de trabajo, horizontes de futuro o simplemente aventuras. No menos tienen peor suerte y buscan un refugio fuera de las pandemias, de las guerras y de la falta de formas de subsistencia, del hambre.

Durante los años 60 y 70 Cataluña fue un lugar donde huir del mísero horizonte del hambre en el sur de España. Los planes de estabilización y desarrollo creados por los desarrollistas del sistema nacional católico, los tecnócratas del Opus Dei, encontraron en el carácter emprendedor catalán y en las posibilidades de su industria un lugar donde invertir en infraestructuras y fomentar la industria patria. Igual lo hicieron en el País Vasco y Madrid, fueron los tres polos de desarrollo del régimen.

Cientos de miles desde Andalucía, Aragón o Galicia, tomaron el tren, con o sin familia, hacia la Cataluña prometida. Hubieron los que se aventuraron a viajar sin permiso de trabajo en origen y se arriesgaron a ser devueltos a los lugares de origen por la guardia civil cuando llegaban a la Estación de Francia. Una vez en Cataluña se instalaron en chabolas y chamizos que ellos mismo se fabricaban con materiales de desecho en lo que ahora son los barrios periféricos de la ciudad y metrópoli de Barcelona. Hacían jornadas de trabajo inacabables y con su esfuerzo y la austera economía doméstica pudieron, al cabo de años, comprarse o alquilar una vivienda. Se han hecho múltiples relatos de las gestas de estas familias y de las adversas circunstancias de su asentamiento, que superaron a base de trabajo y pundonor.

La mayoría, llegada la transición hicieron definitivamente de esta tierra catalana su lugar en el mundo y se adaptaron, algunos a duras penas, a las políticas de inmersión cultural. Si bien una mayoría en casa y sus hijos en el patio de las escuelas seguían hablando en la lengua materna. A algunos, de origen catalán, les hubiera gustado que estos, metecos o charnegos, hubieran dejado en casa su cultura y aquí se hubieran asimilado culturalmente sin más. No pocos prohombres de CiU y de ERC advirtieron de los riesgos para los catalanes y su sacrosanta cultura, de atraer demasiados metecos. Y verdaderamente el tema no era para menos, pues luego vinieron latinos, marroquíes, surafricanos, caribeños, chinos, rumanos,… y la gran metrópoli se convirtió en una gran arca llena de especies donde los catalanes de 8 apellidos vieron peligrar su reino en este mundo, entre otras, las poderosas, nombradas por algunos como 400 familias, repartidas y con ramificaciones en todas las formaciones políticas catalanas, más en las nacionalistas.

La realidad es que, lejos de lo que algunos piensan ahora, no ha sido internet que ha hecho crecer el cosmopolitismo en Cataluña, sino la inmigración y el comercio. A algunos les gustaría también que parte del “cosmopolitismo” fuera la conquista dels Països Catalans, pero me temo que es un sueño del que no participan otros de los llamados Països.

Ahora, en Cataluña, hay empadronados entre un 55 y un 60% de metecos o charnegos, que hacían de Cataluña un territorio mestizo y bendito hasta que llegó la crisis acompañada del maldito PP y se removieron los cimientos étnicos en este territorio que amo porque es donde han nacido mis hijos, un territorio de tradición cosmopolita e históricamente mestizo, un sueño de los “sinrazas” de los “sincredos nacionales” y eso se sabe y se sabe que mayoritariamente el conflicto con el Estado español no ha sido óbice para que durante 34 años de pos-transición Cataluña haya sido el “Oasis Catalán”, si no que se lo pregunten al “muy Honorable” y sus arreglos con el centralismo. Cataluña iba bien y “pillaba” con la bisagra pujoliana, ora a diestra, ora a siniestra, más que nadie.

Las cosas han cambiado, la pugna ante la crisis por el trabajo escaso, los servicios, etc., pueden convertir este lugar de acogida en territorio de expulsión y germinar la xenofobia, tanto de orientación españolista, como catalanista. No despertéis a la bicha, no os queráis imponer unos sobre otros. Se sabe perfectamente que una mayoría de catalanes – que viven y trabajan en Cataluña – no quieren la independencia, los sondeos del Instituto de opinión de la Generalitat lo han dejado muy patente en las dos últimas ocasiones.

No, los discursos desde el eje nación no constituyen actualmente un camino de modernidad. Hay muchos que creen que la modernidad no ha acabado, que aún hay discursos y los hechos les dan cotidianamente la razón, pero los Estados son categorías zombies y la modernidad caída solo puede ser refundada de forma universalista, trascendiendo y diluyendo fronteras físicas y psíquicas, las más importantes son las que ponemos o quitamos en nuestros corazones.

Los riesgos que percibimos hoy son, en gran parte, globales y como tales han de ser abordados. Sin embargo Europa está demostrando a diario que muchos de estos riesgos no se enfrentan colectivamente, sino que los gobiernos de cada país actúan trasladando la carga negativa y precarizando a los más débiles. Y en eso, puede ser, que una Cataluña soberana con autogobierno pudiera “soltar lastre” y adquirir un lugar entre la media docena de territorios-nación privilegiados económicamente Europa. Me pregunto razones y encuentro actores secesionistas para todos los gustos: Unos por simple interés económico u otras formas de cálculo instrumental, otros por la herida abierta desde el nacionalismo español, otros de vuelos románticos. Si lo que prima en el secesionismo es el romanticismo habrá que decir que el discurso nacional romántico no es ya de este Mundo globalizado, o si lo es, es un peligro en ciernes para otros. Aún habría más, los que más allá de cálculos y romanticismos o de hartos del Estado, lo que desean es tener más competencias y nivel de autogobierno para poder afirmar su patrimonio diferencial, en este punto todos podemos comprender que hace falta un cambio profundo a nivel constitucional y hacia la federación de territorios y naciones del Estado.

Cuando los tiempos despiertan las pasiones, más si son nacionales, hemos de tener un espejo retrovisor conectado con la razón, no sea que la realidad nos arrolle. Y creo que podemos colegir en Cataluña que a pesar de los intentos del PP, la lengua y la cultura catalana están más que asentadas y solo una dictadura como la franquista las podría atacar, no nos engañemos. Y de los cerca de 8 millones catalanes casi todos defenderemos la cultura y el idioma catalán. Aunque también un porcentaje ampliamente mayoritario pedimos conservar nuestros orígenes españoles en Cataluña, comenzando por un idioma que hablan 600 millones de personas en el mundo, lo cual también es un gran patrimonio de la cultura catalana, no lo despreciemos. Hemos de contar con lo que hay, que nos hace diferentes, más ricos culturalmente y más universalistas.

En este punto de la transcendente historia de relación y confrontación entre Cataluña y España, solo pido que podamos filtrar nuestros sentimientos por el cedazo de una racionalidad situada en el contexto actual y no histórica solamente. Me pregunto si no, si será posible que en Europa los diversos pueblos se entiendan y solidaricen, después de que diversos imperios arrasaron y ocuparon a fuego y sangre territorios por doquier, y todos hayamos sido, en algún momento histórico, hostigadores o zaheridos sin excepción, antes o después. Francos, Prusianos, Ingleses, Españoles, o Catalanes y Aragoneses antes en el Mediterráneo.

La historia sangrienta ha de servir para no repetirla, por eso la idea de Europa surgió como territorio común de los pueblos enfrentados, como federación y solidaridad, aunque después los gobiernos hayan traicionado a la ciudadanía al escuchar los cantos de sirena del capital. Solo veo posible una España y una Europa de solidaridad y progreso, que sea democrática, social y ambiental , pero para ello se necesita un proceso de federación progresivo y convergente en aras de la paz y la reconstrucción de la modernidad

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Sostenibilidad colonial: megaproyectos eólicos como forma de extractivismo

News from Attac Spain - Fri, 22/11/2019 - 11:15

Alberto Matarán

eldiario.es

Hace años que atravesamos el rubicón del cénit del petróleo a partir del cual se inicia el declive en la disponibilidad de este recurso energético fundamental para el funcionamiento del sistema-mundo. Además, en algún momento de las dos próximas décadas vamos a alcanzar el cénit del conjunto de fuentes no renovables (petróleo, gas natural, carbón y uranio). Por lo tanto, en el siglo XXI asistiremos a una transición energética en la que ya no serán asequibles el uranio y los combustibles fósiles utilizados de forma masiva desde la Revolución Industrial.

A esta escasez energética se le suman numerosos problemas ambientales que están poniendo en serio peligro la posibilidad de una vida buena en el planeta Tierra. Por ello en los últimos meses se han sucedido movilizaciones internacionales sin precedentes que exigen una acción urgente frente a la emergencia climática y los escenarios de colapso a los que nos dirigimos.

Toda vez que podemos descartar por inciertas y en todo caso muy lejanas fantasías tecnológicas como la fusión nuclear fría, la esperanza para mitigar la escasez se encuentra en las energías renovables. Pero hay una condición de partida que ya es reveladora de las dificultades que afrontamos: por mucho esfuerzo que hagamos no vamos a poder cubrir con fuentes renovables la demanda energética actual, así que no tenemos más remedio que reducir nuestro consumo energético. Para muestra dos botones: la mayoría de biocombustibles no suponen una generación neta de energía pues tienen una tasa de retorno negativa, es decir, se consume más energía en su producción de la que conseguimos cuando los usamos. Y aunque es un dato todavía desconocido, la tasa de retorno de las placas solares fotovoltaicas también es muy baja lo que no evita que la mayoría de los gobiernos como el español, el alemán o el chino estén apostando claramente por ellas.

Por lo tanto, ahora mismo los ojos del mundo científico, del ecologismo, y obviamente de los grandes capitales están puestos sobre la energía eólica que tiene una mayor tasa de retorno energético.

Sin embargo, también existen limitaciones importantes para el desarrollo de esta fuente energética. En primer lugar, no todos los espacios tienen buenas condiciones de viento para la instalación de estructuras de producción masiva de energía eólica (los llamados parques eólicos).

A este problema hay que sumarle otro factor limitante para los parques eólicos: los impactos ambientales que generan sobre el medio, incluyendo claro está, la ocupación y transformación del territorio en el que se instalan. Aunque existen ciertas compatibilidades de usos, si el parque eólico no se ha construido respetando la agricultura y la ganadería, puede limitar o eliminar esta actividad. Además, la población no puede residir bajo los molinos eólicos ni en lugares cercanos, por el riesgo de accidente y porque generan ruidos y otras molestias que afectan a la salud humana.

Finalmente existe el problema añadido de que el modelo de producción de las energías renovables tiende a seguir el patrón masivo, centralizado y jerárquico de los combustibles fósiles y las nucleares. Los megaproyectos eólicos que se nos venden como sostenibles, muy al contrario, generan transformaciones que atentan de manera directa contra el derecho al territorio y en definitiva contra el derecho a existir de las comunidades donde se instalan. Esta nueva forma de expolio incluye en muchos casos pérdidas irreparables de la memoria biocultural que las poblaciones campesinas y/o indígenas han ido acumulando durante siglos en forma de estructuras territoriales y saberes esenciales en la obtención de manera sostenible los recursos necesarios para la vida.

Este escenario de gran demanda energética, escasez de territorios óptimos y megaproyectos supone que se multipliquen las tensiones sobre los suelos disponibles y se intensifiquen las guerras coloniales por el territorio y los recursos.

Uno de los mayores ejemplos de esta nueva ola colonial, es el megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec en el sur de Oaxaca (México) que se analiza con detalle en un reciente documento de Ecologistas en Acción. Se trata de la mayor infraestructura de este tipo en Latinoamérica con 28 parques eólicos que incluyen un total de 2.122 turbinas instaladas (y alrededor de 3.000 más en proyecto) en uno de los territorios más biodiversos del mundo. Como ocurre en otros sectores extractivistas, las empresas transnacionales tienen un papel central como agentes colonizadores y ejecutan los proyectos acaparando tierras comunales e impidiendo el acceso de la población a los parques eólicos (algo ilegal en Europa). Con ello expulsan a quienes habitan esos territorios desde hace siglos y acaban con sus sistemas agrarios tradicionales.

La gran mayoría de los parques son construidos y operados por empresas españolas (p. eje. GAMESA, GAS NATURAL FENOSA, ENDESA, ABENGOA, ACCIONA, IBERDROLA, RENOVALIA, PRENEAL), italianas (p. eje. SIGMA, ENEL) y francesas (p. eje. EDF). Y además, la producción energética está destinada casi en exclusiva a grandes industrias de capital transnacional como Bimbo, Coca Cola, Cemex o WallMart (práctica que también es ilegal en Europa). De este modo las comunidades locales a las que expolian sus recursos y que reciben los impactos ni siquiera se benefician directamente de la energía que se produce en sus territorios.

Desde hace más de una década, numerosos colectivos sociales y los pueblos indígenas del istmo de Tehuantepec están resistiendo a este extractivismo de nuevo tipo. A pesar de que venden los proyectos eólicos como inversiones sostenibles en realidad se trata de un expolio de tierras comunales que se ha podido consumar a través de pagos irrisorios y mediante presiones de todo tipo, incluyendo agresiones a la población y asesinatos de activistas en defensa del territorio. Es el capital de las empresas transnacionales, principalmente españolas, el que constituye una parte fundamental de la violencia estructural que sufre la región, ya que ataca a la sociedad civil y se apoya en los caciques locales que son la base de una economía criminal.

Otro megaproyecto regional similar es The Sahara Wind Project. Se trata de 5 parques eólicos con 336 turbinas en total construidas en el Sáhara Occidental por el gobierno de Marruecos, junto con otros países y organismos internacionales, y en partenariado con empresas transnacionales europeas.

En este caso la producción de energía eólica se desarrolla gracias a la ocupación militar del territorio por parte de Marruecos y sirve para abastecer a las industrias de este país incluyendo las mineras que despojan al pueblo saharaui de sus recursos. The Sahara Wind Project está vinculado a un megaproyecto que incluye la construcción de grandes infraestructuras de producción y transporte de energía en la región del Sahara que sería finalmente utilizada por Europa.

Siguiendo un esquema de colonialismo interno, en Andalucía también se está produciendo una extraordinaria expansión de los megaproyectos de energía renovable y de las redes de alta tensión para enviar la producción a los lugares de más consumo en el centro y norte del país. Sirva de ejemplo la nueva autopista eléctrica para el norte de la provincia de Granada que está diseñada para evacuar la energía que producirían unas 5000 turbinas. Incluso las cooperativas de energía renovable cuya clientela se concentra en las zonas ricas del país, están deslocalizando su producción al sur peninsular con la excusa de que el suelo es más barato.

Es profundamente injusto y paradójico que las comunidades campesinas y los pueblos de las regiones periféricas que son quienes menos se han beneficiado del desarrollo generado gracias a la utilización de sus recursos (incluyendo los combustibles fósiles) tengan que llevarse (de nuevo) la peor parte de la transición energética que pretende ser sostenible pero que finalmente vuelve a reproducir las lógicas de expolio y dominación colonial.

Por lo tanto, para abordar la crisis climática siendo coherentes con el componente social de la sostenibilidad tenemos que apostar claramente por sociedades de bajo consumo energético. Además, la energía que utilicemos debe producirse principalmente de forma local en lugares adecuados utilizando fuentes renovables en el contexto de sistemas descentralizados y conectados en red para compartir los sobrantes. Este modelo es posible con las energías renovables que no tienen por qué seguir con la estructura de grandes instalaciones propugnadas por la forma colonial de jerarquías territoriales y productivas del actual sistema-mundo.

Si les interesan estas cuestiones, durante los próximos días hay previstos diversos debates gracias a la presencia en nuestro país Mariana Solórzano y Josefa Sánchez Contreras, activistas en defensa del territorio del istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México).

Madrid 21 de Noviembre, 18:30 en el Espacio Abierto FUHEM.

Madrid 23 de Noviembre, 19:00 en el Ateneo Cooperativo Nosaltres.

Granada 26-29 de Noviembre, Universidad de Granada.

Sevilla 4 de Diciembre, 20:00, Lanónima-tramallol.

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Supercopa de España, vender el alma por 120 millones

News from Attac Spain - Thu, 21/11/2019 - 12:11

XAVIER CAÑO TAMAYO

NUEVATRIBUNA.ES Se ha confirmado que campos de fútbol de Arabia Saudí serán el escenario de la Supercopa de España. Se hablaba hace semanas y entonces hubo quejas y desacuerdos con esa opción de jugar ese torneo en ese país, tanto en el sector del deporte como en el de los derechos humanos. Sin embargo, contra las protestas de los defensores de derechos humanos, deportistas y políticos, la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que esa Supercopa se jugará en Arabia Saudí del miércoles 8 de enero al domingo 12 de ese mes de 2020. Es más, esa competición se jugará también en ese país los tres próximos años y por ello Arabia Saudí pagará 40 millones de euros por temporada. ¿No querías caldo?, toma tres tazas.

La Federación de Fútbol ha intentado justificar la decisión alegando que la Supercopa era una competición obsoleta con pérdidas económicas y ahora proporcionará beneficios al fútbol español. Portavoces de la RFEF han dicho que o se jugaba en Arabia Saudí o desaparecía la Supercopa. Bueno y qué. Que no se juegue un torneo sacado de la manga por la Federación de Fútbol de España en 1982 para hacer más negocio no es relevante ni altera la buena marcha del fútbol español. Aparte de que ¿acaso no hay campos de fútbol en países democráticos?

Conseguir beneficios de 120 millones de euros, que la RFEF percibirá en tres años, de ningún modo justifica que se contribuya a ‘normalizar’ la autocrática Arabia Saudí y presentarla como Estado normal y democrático cuando no es así

Conseguir beneficios de 120 millones de euros, que la RFEF percibirá en tres años, de ningún modo justifica que se contribuya a ‘normalizar’ la autocrática Arabia Saudí y presentarla como Estado normal y democrático cuando no es así. Si conseguir más beneficios económicos justificara las actuaciones inaceptables, habría que canonizar a Al Capone y a otros violadores de la ley y de los derechos humanos que en el mundo han sido y son.

Como denunció la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional, jugar en ese país es tanto como ‘blanquear’ Arabia Saudí a golpe de talonario. Si importan más unos millones de euros que los derechos humanos, la Federación hace un pan como unas tortas al ignorar que Arabia Saudí es uno de los países del mundo donde más se vulneran esos derechos. Como proclama Amnistía Internacional, nada puede estar por encima de los derechos humanos. Nada.

Líderes en penas de muerte

Amnistía Internacional ha recordado también las abundantes penas de muerte que se perpetran en ese Estado todos los años, así como la práctica habitual de torturar a las personas detenidas por no olvidar la discriminación que sufren las mujeres o los ataques a la libertad de expresión.

Es importante recordar que Arabia Saudí es el tercer Estado del mundo donde más se aplica la pena de muerte, sólo superado por China e Irán, según informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en el mundo. Amnistía recuerda que de enero a junio de 2015, 102 personas fueron ejecutadas en ese país y casi la mitad de ejecuciones en 2014 y hasta junio de 2015 fueron por delitos no violentos ni mortales, como adulterio, apostasía, tráfico de drogas, hechicería o brujería. El modo de ejecución más frecuente en Arabia es la decapitación, pero también se fusila y se crucifica. Las ejecuciones son públicas.

La pena de muerte que se aplica muy a menudo en Arabia Saudí vulnera las leyes y normas de derecho internacional sobre derechos humanos y agrava la violación de derechos de los acusados que son declarados culpables sin más pruebas que las ‘confesiones’ obtenidas con torturas.

Amnistía Internacional ha denunciado que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí por el historial de violaciones de derechos humanos en ese Estado y también ha acusado a Arabia Saudí por su participación en la guerra del Yemen, bombardeando desde los aviones de la coalición que lidera, bombardeos que ya han provocado miles de víctimas civiles.

Hablando de derechos, hace unos días el rey Felipe VI visitó Cuba para asistir a la celebración de los 500 años de la fundación de La Habana. En banquete oficial y ambiente cordial, el rey se explayó en la defensa e importancia de los derechos humanos y eso está bien. Pero no recordamos que hiciera una intervención semejante en alguna de sus visitas a Arabia Saudí.

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Por qué Bolivia es una pieza codiciada en plena guerra comercial

News from Attac Spain - Sun, 17/11/2019 - 11:57

publico
DIEGO AITOR SAN JOSÉ

Bolivia tiene algo más de un millón de metros cuadrados de superficie (el doble de España), una población de 11 millones y no tiene salida al mar. Es el único país de América del Sur que no tiene una conexión natural directa con el comercio marítimo lo que ha provocado numerosas tensiones a lo largo de la historia con Chile. Y, sin embargo, el golpe de Estado que estos últimos días acabó con los 14 años de gobierno ha ocupado un importante espacio informativo. ¿Acaso Bolivia tiene algún interés político o económico para la partida global?

La respuesta es sencilla: sí. Esto no quiere decir que haya habido injerencias extranjeras o que no las haya habido. Pero Bolivia es un país que brilla en medio del continente sudamericano. Uno de los principales motivos para este resplandor es el litio. El país andino dispone, según cálculos de la empresa estadounidense SRK, 21 millones de toneladas en el salar de Uyuny, lo que supone la mayor reserva de este metal en el mundo. Este material es utilizado en la industria del vidrio y cerámica y para las baterías de todo tipo de instrumentos electrónicos como móviles o los coches.

La extracción del litio ha traído varios problemas al gobierno boliviano. El ejecutivo de Evo Morales tenía firmados dos contratos con una empresa alemana y con otra empresa china, la primera para fabricar baterías para el mercado europeo y la segunda para procesar esta materia prima en Asia. Sin embargo, las protestas en la región de Potosí, una de las más pobres del país, obligaron al gobierno a suspender los contratos. El principal problema punto de fricción fue en el porcentaje de las regalías, es decir, qué cantidad de la inversión se quedaba en el territorio. El gobierno estipulado un 3%, algo que no convencía a los potosinos que saben en en otros países la regalía es mayor.

Además del litio, Bolivia dispone de reservas en otros materiales mineros como oro, plata, plomo, cobre y zinc en un yacimiento que según el ex ministro de Minería, César Navarro, tendría un valor de unos 8.800 millones de dólares. Este yacimiento tuvo también su polémica ya que fue una concesión recuperada por Morales a la empresa canadiense South American Silver que demandó al gobierno reclamando más de 300 millones de dólares. En 2018, un tribunal falló a favor del Estado boliviano que solo tuvo que pagar 25 millones.

El gas supone seguramente la joya de la corona

El gas supone seguramente la joya de la corona. Según estimaciones de la CIA en el año 2017, Bolivia ocupa el número 41 en cantidad de reservas de gas natural en el mundo. El país recibe en torno a 1.200 millones de euros al año de la exportación de este hidrocarburo a Brasil y Argentina principalmente, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior a mediados de 2019. Eso sí, en los cuatro primeros meses del año perdió un 30% del valor de sus ventas, especialmente por la caída de demanda de Brasil, que no crece económicamente y que ha comenzado a comprar gas licuado a EEUU.

De los gobiernos progresistas que inundaron el continente en la primera década de los 2000, Evo Morales y Bolivia eran los más estables

Pero el gas es un valor simbólico para los bolivianos y especialmente para el gobierno de Evo Morales. Su nacionalización en 2006 a partir de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia fue determinante para el crecimiento del país y para que desde el Estado se pudieran poner en marcha políticas sociales que redujeran la pobreza a mínimos históricos. No obstante, esta nacionalización no afectó a la relación con empresas como Repsol que sigue trabajando en el país y su presidente, Antonio Brufau, que ahora ven en el derrocamiento del líder indígena un motivo de preocupación.

Más allá de lo económico (que también es político), Bolivia resulta un país importante en la geoestrategia regional y mundial. De los gobiernos progresistas que inundaron el continente en la primera década de los 2000, Evo Morales y Bolivia eran los más estables, un ejemplo de crecimiento económico y estabilidad política para una región que había perdido el poder en Brasil, Ecuador, Argentina y Paraguay y con Venezuela viviendo momentos muy complicados. La presencia de Morales en el poder era un símbolo en un momento en el que Argentina vuelve a la izquierda, la derecha chilena está en problemas y el Frente Amplio de Uruguay se juega su continuidad en semana y media.

Especial es la relación de Bolivia con Venezuela. Morales es un aliado de Maduro en los principales foros internacionales. Por ejemplo, cuando la Organización de Estados Americanos llamó a no reconocer a Maduro, Evo lo calificó de atentado . La autoproclamada nueva presidenta, Jeanine Áñezm invitó a Juan Guaidó, líder opositor y autoproclamado presidente de Venezuela, a instalar a un embajador de su gobierno en el país. Previamente, Guaidó había reconocido Áñez como presidenta de Bolivia.

Qué países han reconocido a Áñez, es una muestra de la geopolítica global. Donald Trump, Bolsonaro y el propio Guaidó han saludado a la que consideran nueva mandataria del país. Mientras, países como México, Rusia o China han desconocido al gobierno surgido del golpe de Estado . Las buenas relaciones con estos dos países en temas comerciales, pero también en cuestiones estratégicas y políticas, son el otro orden mundial que va contra la hegemonía estadounidense. Un ‘cambio de bando’ por parte de Bolivia sería un golpe para los intereses de ambas potencias en la región.

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La forma de financiar la RBU es a través del IRPF. Entrevista a Jordi Arcarons

News from Attac Spain - Sat, 16/11/2019 - 11:55

redrentabasica

Profesor de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcaróns Bullich es, junto a sus colegas Daniel Raventós y Lluís Torréns, el autor de uno de los trabajos científicos de referencia sobre la posibilidad de establecer una RBU en España. Su investigación, recogida en el libro Renta básica incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa (Ediciones del Serbal, 2018), pasaría por una reforma radical del IRPF. Su objetivo, poner remedio a las crecientes desigualdades económicas.

-¿Pide el contrato social una revisión a gritos? Me refiero a que las crecientes desigualdades se manifiestan ya de forma preocupante en lo social, lo político, por descontado lo económico…

-Es un hecho incontestable que en la última década ha habido un aumento desenfrenado de la desigualdad y la pobreza. En el capítulo de la desigualdad, España ha ocupado siempre posiciones por encima de la vigésima en la ordenación de la UE-28 utilizando el índice de Gini en el período 2008-2017 (en tres de esos años la 26, en otro la 25 y en dos más la 24), según los datos que publica Eurostat. Con un valor medio en dicho período que se sitúa 7,5 puntos por encima de la media de los tres países escandinavos que forman parte de la UE-28 y cuatro puntos por encima de Francia y Alemania. En el capítulo de la pobreza, la media de la tasa Arope, según publica el INE, para el mismo período 2008-2017, se ha situado en el 26,8 % utilizando para su cálculo todos los hogares; en el 29,3 % para los hogares unipersonales y en el 50,2 % cuando se analizan únicamente los hogares monoparentales. El panorama, por tanto, no es nada halagüeño, la desigualdad en la distribución de la renta se amplía año tras año, al punto de que se ha abierto una brecha entre ricos y pobres realmente difícil de reconducir. En consecuencia, existe una necesidad de revisar algunos aspectos del gasto social que permitan una recuperación de esta situación.

-¿Por qué ha cobrado tanta fuerza el debate alrededor de la renta básica universal? ¿Será indispensable en el mundo que viene?

-Vistos los resultados después de la supuesta salida de la crisis que se inició en el 2008, el llamado estado del bienestar, en lo concerniente al gasto social destinado a paliar desigualdades y carencias o la mera receta del crecimiento, no parecen ser la solución. Por ejemplo, en cuanto a las cifras de paro, aun cuando han mostrado una clara recuperación en los últimos tres años, se observa que sigue existiendo una bolsa importante de desempleados, que se concentran en los perfiles más desfavorecidos que señala la tasa Arope. Según la EPA, desde el último trimestre del 2016 hasta el segundo trimestre del 2019 se ha reducido en un millón la cifra de parados, pero siguen existiendo más de 3,2 millones, lo que supone una tasa de paro que roza el 16 %. El problema es que si analizamos por grupos de edad estas cifras, vemos que para la franja entre 16-30 años, la proporción en lugar de disminuir ha aumentado en más de un punto porcentual, situándose muy cercana al 28 %. La creación de empleo no repercute en la población joven y una parte importante de los puestos de trabajo que se crean lo son a tiempo parcial. Es en este punto donde la renta básica universal (RBU) puede configurarse como una medida de política económica capaz de dar solución a parte de estos problemas, por supuesto a la eliminación de la pobreza y la exclusión social y a la mejora de la desigualdad en la distribución de la renta. Lo que no puede predecirse es si la va a hacer indispensable el mundo que viene, pero desde luego la coloca en una posición muy visible en este contexto. De RBU se habla en los círculos académicos desde hace más de 30 años, pero probablemente en los últimos cinco se empieza a conocer en muchos otros ámbitos, la proliferación de libros y artículos y también los experimentos realizados en distintos países son factores que han ayudado a popularizar el concepto.

-¿Es financiable la RBU? ¿Tiene el sistema recursos para sostenerla cuando las administraciones preconan lo contrario, el cada vez más estrecho margen para garantizar el estado de bienestar?

-La RBU sí es financiable, existen diversos modelos elaborados para España que así lo demuestran. Recursos también existen, pero el empeño en las últimas décadas por demostrar cuál es el gobierno que se apunta antes a reducir impuestos y, sobre todo, a reducirlos a los que más deberían pagarlos, es una de las razones por las cuales el estado del bienestar se empieza a tambalear. No hay estado del bienestar que pueda mantenerse sin impuestos, y sin el efecto redistributivo que esos impuestos generan. La presión fiscal en España sigue alejada de la media de los países integrantes de la UE a los que pretendemos emular y puede cifrarse, según Eurostat, en entre 6 y 8 puntos porcentuales. La lucha contra el gran fraude fiscal existente, pero también contra la elusión fiscal (aquella ingeniería fiscal que establece mecanismos para aprovechar vacíos legales para no pagar impuestos), la existencia de paraísos fiscales en los que se acumulan ingentes cantidades de dinero sustraídas al fisco (con una escasa oposición por parte de los gobiernos a combatir sus prácticas defraudadoras) ponen de manifiesto que recursos no faltan.

-Uno de los elementos centrales de la RBU es la incondicionalidad del cobro. ¿Por qué se propone en estos términos?

-Según la Basic Income Earth Network, la RBU ‘es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser la otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva’. Por tanto, el principio de incondicionalidad es una de las partes más sustantivas de la RBU. Otro argumento muy importante es porque la incondicionalidad de la RBU permite diferenciarla de otros conceptos que podríamos agrupar dentro de la denominación de garantía de rentas, esto es, los conocidos subsidios condicionados a los pobres. Contra los cuales la RBU se muestra como una medida infinitamente más eficiente, puesto que elimina de raíz las principales carencias de dichos subsidios: la estigmatización por parte de quien lo recibe, la trampa de la pobreza en la que incurren y el alto coste de gestión y de desvío de recursos que conlleva su fiscalización.

-¿Cómo se financia una propuesta tan ambiciosa?

-Existen estudios y modelos que se han ocupado de investigar la viabilidad económica y la financiación de una RBU para España. El resumen es que la forma de financiarla debe ser a través de una reforma fiscal del actual IRPF, el impuesto que por definición debe ser el mejor instrumento para conseguir una más justa redistribución de la renta y, por extensión, para reducir su desigualdad.

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CPPs – La privatización encubierta de nuestros bienes y servicios públicos

News from Attac Spain - Fri, 15/11/2019 - 13:23

Colaboracion publico privada

El próximo 10 de noviembre, elegiremos un nuevo gobierno que tendrá que afrontar problemas pendientes y dar respuestas a muchos procesos clave. La pérdida de lo público y la corrupción en la contratación pública es indudablemente uno de estos retos urgentes. Las futuras políticas afectaran a la actual y siguientes generaciones y la calidad de nuestros servicios y bienes públicos.

Tras las advertencias de la UE sobre las deficiencias del Estado español en la supervisión y regulación de este tipo de contratos, primero el gobierno del PP creó la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) -que no produjo ningún resultado-, y luego el gobierno del PSOE, en junio de 2018, puso en marcha de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon), cuya misión es velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades y corruptelas en la contratación pública. A fecha de hoy, todavía no se ha publicado un calendario para la elaboración de informes de supervisión con los incumplimientos detectados, las aplicaciones incorrectas de la legislación o con casos de fraude y corrupción, mientras los escándalos no cesan: el pelotazo del proyecto Castor, el cartel de Adif y el reabierto cartel de la basura o las vergonzosas condiciones laborales de personas con discapacidad en el Palacio Real Todos estos casos además, tienen protagonistas recurrentes; entre ellos ACS y su entramado corporativo.

Las CPPs son fórmulas contractuales entre una autoridad pública y el sector privado (como concesiones, gestión interesada, sociedad mixta o contrato de servicios), para que el socio privado construya y gestione un servicio tradicionalmente público, como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento y energía. Pero el peligro está en que la receta CPP está convirtiéndose en la solución casi única para financiar y/o gestionar nuestros bienes y servicios públicos.

Nacieron en 1992 en el Reino Unido como una treta contable para esquivar las restricciones del gobierno sobre el endeudamiento público, y desde entonces se ha experimentado un auge de este modelo en todo el mundo, promocionado por instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y gobiernos tanto del Norte como del Sur Global. A medida que en Europa, y el resto del mundo, se comenzó a limitar el endeudamiento público con la aplicación de medidas de austeridad, -especialmente tras la crisis financiera de 2008-, también se disparó la utilización de las CPPs como un componente de la política de privatizaciones y una forma de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento. Hablando en plata; son privatizaciones encubiertas. Las prácticas contables de las CPPs permiten a gobiernos mantener estos proyectos fuera de sus cuentas (no son transparentes ni auditables), ya que es el sector privado -y no el gobierno- el titular del préstamo que financia el proyecto. Una maniobra de contabilidad creativa, donde el coste real de un proyecto queda escondido, hasta que algo falla y todo revierte sobre lo público, o sobre los bolsillos de la ciudadanía.

Este gran empuje de las CPPs también viene enmarcado en la creciente demanda por parte de grandes inversores del mundo, con trillones de dólares, y que están buscando una cartera diversificada de inversiones en infraestructura con atractivos rendimientos. Estos grupos han ejercido presión para abrir fondos especializados en infraestructuras, contribuyendo así a la «financiarización» de nuestra infraestructura, y poniendo en tela de juicio la necesidad real de muchas de estas inversiones más allá de los beneficios corporativos.

Ante este escenario, es urgente una estricta regulación, supervisión, control democrático y transparencia del modelo CPP, mientras se transita hacia un modelo 100% público y público-comunitario. El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), en colaboración con La Hidra Cooperativa y Audita Sanidad, ha publicado el informe “Las colaboraciones público-privadas (CPPs) como herramientas de privatización» que apunta a la falta de regulación específica para proyectos CPPs en el Estado español y a la ausencia de una autoridad a cargo de estos proyectos que sea operativa, estudiando el marco legislativo de estos contratos y profundizando en el caso de las infraestructuras (con el caso de la autopista de peaje del Mediterráneo AP7 y el conflicto entre Abertis y el Estado), la sanidad (con Quirónsalud) y la educación (concertada).

La opacidad y la corrupción afectan a la calidad de los servicios ofrecidos, dañan las arcas públicas, tienen un grave impacto sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras, y afectan a los derechos económicos, culturales, ambientales y de género de la ciudadanía. Este estudio se suma a estudios de casos de todo el mundo que continúan demostrando que cuando gobiernos optan por la inversión privada para la construcción y la prestación de servicios en la salud, el transporte, la educación o la energía, el acceso a servicios esenciales se ve restringido y las desigualdades tienden a aumentar.

El consenso en torno a los beneficios de la expansión de los instrumentos de financiación privada, como es el caso de las CPPs, parece desmontarse. El rechazo público aumenta a medida que sus efectos se vuelven más evidentes con el tiempo. Algunos países europeos ya están empezando a poner límites, como es el caso de Francia, donde en marzo de 2018 la Ministra de Justicia, Nicole Belloubet, anunció el abandono de las CPPs para la futura construcción de prisiones y tribunales. Su argumento principal fue que consideraba esta opción «demasiado cara». El mismo mes, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe especial que expone el fracaso de las CPPs y critica el apoyo de la Unión Europea a este modelo a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y fondos de la UE a través del Plan Juncker y sus «project bonds«. El Tribunal declaró que las CPPs «no siempre se gestionan eficazmente y no proporcionan una relación calidad-precio adecuada».

Con este panorama, esperamos que el nuevo gobierno inicie un proceso de reflexión y acción sobre las prioridades a la hora de gestionar nuestros bienes y servicios públicos. La salud, la educación, el transporte o la infraestructura, entre otros, son servicios y bienes comunes de toda la población. Derechos que deben estar blindados en la Constitución como fundamentales y protegidos ante los intereses privados.

Publicado en Observatorio de la deuda en la globalización.

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Gegen Amazon und seine Welt

News from Attac Austria - Fri, 15/11/2019 - 10:57
Die Zufriedenheit der Kunden ist das erklärte Ziel von Jeff Bezos, Chef von Amazon. Die Strategie: "in einem Tag", d.h. die Maximierung des Tempos der Paketvorbereitung, um dank Drohnen in weniger als einem Tag, weniger als einer Stunde und vielleicht weniger als einer halben Stunde zu liefern. Sein Ziel ist es ein komplettes Ökosystem mit verbundenen Häusern, E-Books, Musik, Serien, Filmen etc. zu schaffen, um immer mehr Aufträge für seine Produkte zu niedrigen Preisen zu generieren. Aber hinter dem Helden des Neoliberalismus 2.0 steht eine Vision der Welt, die wir bekämpfen müssen. Trotz Jeff Bezos' jüngsten Versprechungen über erneuerbare Energien oder die Kompensation seiner Emissionen bleibt die Welt von Amazon eine ökologische Katastrophe. Der multinationale Konzern verkaufte im vergangenen Jahr mehr als 11 Milliarden Produkte. Die niedrigen Preise, die täglichen Werbeaktionen treiben den Überverbrauch an und tragen zum Anstieg der CO2-Emissionen bei, indem sie die Ressourcengewinnung und den Transport per Boot, Flugzeug oder LKW erhöhen. Amazon Web Services (AWS) ist auch weltweit führend in der Cloud und seine Rechenzentren erzeugten 2018 so viele Treibhausgase wie Portugal. AWS erbringt seine Dienstleistungen für Palantir, ein Konzern, der Donald Trump dabei unterstützt, Migranten zu identifizieren und zu verhaften, die die Grenze illegal überschreiten. Eine Welt ohne Arbeitsplätze Es wird geschätzt, dass für jeden von Jeff Bezos' Firma geschaffenen Arbeitsplatz zwei Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich verloren gehen. Amazon-Mitarbeiter, von denen viele Zeitarbeiter sind, führen Aufgaben aus, die von den Algorithmen in ihren Scannern getaktet werden. In den neuen Lagern werden sie zur Unterstützung von 100.000 Robotern eingesetzt. Und bald werden die bereits zahlreich zu überfliegenden Zusteller durch Drohnen ersetzt werden können. Eine Welt ohne Steuern und Demokratie Die Flucht vor Steuern und rechtlichen Regulierungen ist für den Liberalen Jeff Bezos eine echte Obsession. Als guter multinationaler Konzern verschiebt Amazon seine Gewinne künstlich in Steuersümpfen wie Luxemburg in Europa oder Delaware in den Vereinigten Staaten. In Frankreich kündigte Amazon einseitig an, die niedrige Digitalsteuer an seine Lieferanten weiterzugeben. In Seattle, dem Hauptsitz von Amazon, wurde eine Steuer auf multinationale Konzerne zugunsten der Obdachlosen gestrichen, obwohl sie vom Stadtrat einstimmig angenommen wurde. Zwölf Jahre nach der Eröffnung des ersten französischen Lagers in Saran (Loiret) weihte Amazon in Anwesenheit des Staatssekretärs für Digitaltechnik Cédric O ein riesiges Lager mit 4.000 Robotern in Brétigny-sur-Orge in Essonne ein. In Fournès im Gard und bei Metz in der Mosel sollen neue Standorte entstehen. Wir mobilisieren nicht gegen die 7.500 Mitarbeiter von Amazon, die schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhnen ausgesetzt sind um für Amazon die Kosten zu senken (und die Gewinne zu erhöhen). Aber die von Amazon versprochenen Arbeitsplätze führen zur Blindheit von Politiker*innen. Sie durschneiden lieber Eröffnungsbänder als sich über das Verschwinden von Tausenden von lokalen Unternehmen zu wundern, die Arbeitsplätze und soziale Bindungen in ganz Frankreich schaffen. Diese Welt zeigt sich jedes Jahr am sogenannten „Black Friday“, heuer am Freitag, den 29. November. Vorbereitet mit massiver Werbung ermutigt dieser Tag Verbraucher*innen, zu Millionen von Produkten zu greifen, die sie nicht unbedingt benötigen. Der Schwarze Freitag ist einer der wichtigsten Faktoren der Strategie des Preisdumpings, der es Amazon ermöglicht hat, der größte Händler für Textilien und Elektronik in Frankreich zu werden. Diese Weltsicht steht im völligen Widerspruch zu dem tiefen Streben nach einem menschenwürdigen Leben auf einem lebenswerten Planeten, das vor allem durch Gelbwesten oder Klimabewegung zum Ausdruck kommt. Es ist dringend nötig, den Bau neuer Infrastrukturen bei Amazon und anderen E-Commerce-Unternehmen zu stoppen und für die Entwicklung einer lokalen Wirtschaft zu mobilisieren, die Arbeitsplätze schafft, sozialen Zusammenhalt stärkt und mit der Klimakrise vereinbar ist. Um diese Forderung zu bekräftigen und Amazon nicht länger soziale und ökologische Rechte unterminieren zu lassen, fordern wir, dass der Black Friday 2019 in einen "Schwarzen Freitag für Amazon" umgewandelt wird. Am 29. November werden wir in ganz Frankreich zivilrechtliche Maßnahmen ergreifen, um die Geschäfte von Amazon zu stören und Alternativen zu fördern, um immer mehr Menschen aus ihrem schädlichen Einfluss zu befreien. Quelle:  www.stop-amazon.fr/ Veröffentlicht in der Le Monde: https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/15/amazon-derriere-le-heros-du-neoliberalisme-2-0-se-cache-une-vision-du-monde-que-nous-devons-combattre_6019227_3232.html Erstunterzeichner*innen:
  • Nayla Ajaltouni (coordinatrice du collectif Éthique sur l’étiquette)
  • Christophe Alévêque (humoriste)
  • Alice Brauns et François Dubreuil (Unis pour le climat)
  • Jean-Christophe Angaut (philosophe et traducteur)
  • Sara Angeli Aguiton (sociologue CNRS)
  • Geneviève Azam (économiste)
  • Marie-Hélène Bacqué (Professeure des universités)
  • Ingrid Balazard et Marie Hermann (éditrices pour les éditions Hors d’atteinte)
  • Jacques Baujard et Fred Giacomoni (librairie Quilombo)
  • Jean-Paul Barriolade (éditions Libre & Solidaire)
  • Miguel Benasayag (philosophe)
  • Dominique Bourg (philosophe)
  • Alexandra Casenave-Camgasto (librairie des Éditeurs associés)
  • Eric Beynel et Cécile Gondard-Lalanne (porte-paroles de l’Union syndicale Solidaires)
  • Manuel Cervera-Marzal (sociologue)
  • Michèle Chadeisson (librairie Texture)
  • Patrick Chamoiseau (écrivain)
  • Maxime Combes, Raphaël Pradeau & Aurélie Trouvé (porte-paroles d’Attac France)
  • Sandra Cossart (directrice de Sherpa)
  • Marin Cousin (présidente de Résistance à l’agression publicitaire)
  • Thomas Coutrot (économiste)
  • Stéphane Cuttaïa (co-fondateur de Gilets Verts)
  • Alain Damasio (écrivain)
  • Laurence De Cock (historienne)
  • Carlo De Sacco (chanteur de Grèn Sémé)
  • Laurent Degousée (co-délégué de SUD Commerce)
  • Antoine Deltour (lanceur d’alerte)
  • Olivier Dubuquoy (géographe documentariste)
  • Cédric Durand (économiste)
  • Margot Duvivier (présidente du REFEDD)
  • Jean-Baptiste Eyraud (porte-parole de Droit au logement)
  • Guillaume Faburel (enseignant-chercheur)
  • Olivier Favier (journaliste indépendant)
  • Maya Flandin (vice-président du Syndicat de la librairie française / librairie Vivement dimanche)
  • Fabrice Flipo (philosophe)
  • Eric Floury, Hervé Floury & Chloë Bénéteau (librairie Floury-Toulouse)
  • Pascal Franchet (président du CADTM France)
  • Jean-Baptiste Fressoz (historien)
  • Iris Frey (chargée de campagne pour Attac Autriche)
  • Bruno Gaccio (auteur)
  • Khaled Gaiji (président des Amis de la Terre)
  • Guillaume Gandelot (librairie La Friche et président de l’INFL)
  • François Gemenne (chercheur en sciences politiques)
  • Susan George (écrivain)
  • Nicolas Girod (porte-parole de la Confédération paysanne)
  • Barbara Glowczewski (directrice de recherche au CNRS)
  • Pierre-Henri Gouyon (professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle Paris)
  • Anahita Grisoni (sociologue et urbaniste)
  • Victoire Guillonneau (organisatrice pour 350.org)
  • Kaddour Hadadi (artiste)
  • Anaïs Henneguelle (maîtresse de conférences en économie à l’université de Rennes 2)
  • Mathilde Houlès (librairie la Friche)
  • François Jarrige (historien)
  • Kévin Jean (président de Sciences Citoyennes)
  • Marie Antonelle Joubert (coordinatrice de l’Alliance Mondiale pour la Justice Fiscale)
  • Jean-François Julliard (directeur de Greenpeace France)
  • Stéphen Kerckohve (délégué général d’Agir pour l’environnement)
  • Marie-Pierre Lajot (éditrice)
  • Mathilde Larrère (historienne)
  • Sonia Larue (réalisatrice)
  • Paul Laverty (scénariste)
  • Stéphane Lavignotte (théologien protestant et militant écologiste)
  • Yvan Le Bolloc’h (chanteur comédien)
  • Nicolas Lefort (librairie Les Guetteurs de Vent)
  • Geneviève Legay (porte-parole d’Attac 06)
  • Elliot Lepers (directeur exécutif de l’ONG - Le Mouvement)
  • Les Ogres de Barback (musiciens)
  • Li-Cam (autrice de science-fiction)
  • Ken Loach (réalisateur)
  • Joëlle Losfeld (éditrice)
  • Priscillia Ludosky (gilet jaune)
  • Josépha Mariotti et Pauline Fousse (éditions Passager Clandestin)
  • Dominique Méda (sociologue)
  • Cécile Menanteau et Géraldine Schiano de Colella (librairie-café Les bien-aimés)
  • Fabrice Michaud (secrétaire général FNST / CGT)
  • Xavier Moni (président du Syndicat de la librairie française / librairie Comme un roman )
  • Gérard Mordillat (écrivain et cinéaste)
  • Corinne Morel-Darleux (autrice)
  • Tatiana Moroni & Amandine Guichon (librairie Les villes invisibles)
  • Mr Mondialisation (journaliste indépendant)
  • Philippe N’go (éditions Moltogone)
  • Claire Nouvian (fondatrice de BLOOM)
  • Rebecca O’Brien’s (producteur)
  • Sandy Olivar Calvo (ANV-COP21)
  • Maxime Ollivier (La Bascule)
  • Yves Pagès (écrivain & éditeur aux éditions Verticales)
  • Emmanuel Poilane (président du CRID)
  • Thomas Porcher (économiste)
  • Julie Potier (directrice générale de Bio Consom’Acteurs)
  • Lison Rehbinder (coordinatrice de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires)
  • Cécilia Rinaudo Cécilia (coordinatrice générale de Notre Affaire à Tous)
  • Marie-Monique Robin (documentariste et écrivaine)
  • Jérôme Rodrigues (gilet jaune)
  • Roland Nivet & Edith Boulanger (porte-paroles du Mouvement de la Paix)
  • Olivier Rouard (directeur de la librairie Charlemagne à Toulon et Vice-Président du Syndicat de la librairie française)
  • Christel Rouma (coordination de Bizi !)
  • Liliane Rovere (actrice)
  • Samuel Sauvage (président de l’association Halte à l’Obsolescence Programmée)
  • Agnès Sinaï (enseignante à Sciences Po)
  • Yves Sintomer (politologue)
  • Sylvain Steer (La Quadrature du Net)
  • Bernard Stephan (directeur des éditions de l’Atelier)
  • Henri Sterdyniak (membre des Économistes Atterrés)
  • Jacques Testart (biologiste et écrivain)
  • Alexandra Tobelaim (metteure en scène)
  • Sezin Torçu (chercheuse au CNRS)
  • Usul (youtubeur)
  • Alain V. (Décroissance IDF)
  • Paco Vallat (librairie Terre des livres)
  • Victor Vauquois (Il est encore temps)
  • Léa Vavasseur (Alternatiba)
  • Vincent Verzat (Partager c’est sympa)
  • Denis Vicherat (co-président éditions Utopia)
  • Patrick Viveret (essayiste philosophe)
  • Peter Wahl (Attac Allemagne)
  • Youth For Climate (groupe locaux de Grenoble Lyon Paris/IDF et Saint-Quentin-en-Yvelines)
Categories: Attac Planet