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Justicia económica global
Updated: 30 weeks 3 days ago

Sindicalismo y lucha contra el cambio climático

Sun, 15/12/2019 - 20:30

publico

EVA GARCÍA SEMPERE

Más de 3.000 millones de personas asalariadas en el mundo. A pesar de la que tasa de afiliación sindical está disminuyendo en términos globales en los últimos años, así como la densidad sindical y existe una elevada preocupación por el envejecimiento de sus miembros, lo cierto es que siguen representando en general las mayores organizaciones de masa en sus países.  En la mayor central sindical del mundo, creada en 2005, se representa a 168 millones de trabajadores de 154 países. En España, con una tasa de afiliación bastante baja, solo una central sindical (CCOO; datos de 2015) tiene más de 900.000 miembros, lo que sigue siendo, de lejos, el mayor espacio de coordinación y organización de las trabajadoras de nuestro país.

Es innegable que el movimiento obrero ha de incorporarse a la lucha contra el cambio climático si queremos que los retos sean asumidos por la mayoría de las personas trabajadoras. Y si queremos que sea más fácil la transición a un necesario  nuevo modelo social, laboral y económico. Porque, en esencia, los propios sindicatos (al menos los de clase) deberían ser los principales motores del movimiento contra la emergencia climática: pocas, muy pocas luchas serán más materiales y más de clase que la lucha contra el cambio climático y, en general, la lucha contra los grandes problemas ambientales.

Sin embargo,  la realidad es tozuda: en términos generales los sindicatos han llegado tarde a las luchas ambientales y con numerosas contradicciones en su seno. Probablemente la propia diversidad ideológica de la afiliación, el hecho incontestable de que la afiliación es considerablemente mayor en sectores industriales “tradicionales” que en los nuevos yacimientos de empleo, los problemas urgentes de acceso a empleo o la falta de formación en materia ambiental han tenido mucho que ver. Pero también, y esto es clave, que no termina de darse el paso a hacerse las preguntas correctas: no es sólo quién y cómo se produce, sino también para qué, a costa de qué y quién y en interés de quién.

Porque en un contexto de disminución de recursos fundamentales para la vida, desde las tierras raras tan necesarias para hacer el cambio tecnológico hacia un sistema más renovable y eficiente ambientalmente, hasta el agua o el suelo fértil, de lo que “toca” hablar es de quién, cómo, cuánto y cuándo se va a decrecer.

Y en este sentido, el papel del movimiento obrero y, por tanto, de las organizaciones que lo representan y aglutinan, ha de pasar de ser tímidos observadores del cumplimiento de la legislación ambiental a ser elementos centrales en la elaboración de programas y políticas de producción: planificación democrática de la producción, ni más ni menos.

No bastan (no solo, quiero decir) medidas que corrijan las formas de producción insostenibles, ni cambios en el sistema energético hacia energías renovables, ni mejorar los sistemas de gestión de residuos, si todo el modelo no se redefine: debemos avanzar hacia otro modelo de producción basado en las necesidades sociales y ambientales y no en los beneficios económicos de unos pocos.

Y ha de hacerse sin dejar a nadie atrás. Dicho de otra manera: transición justa con justicia climática.

Es evidente que para las grandes fortunas y multinacionales su principal objetivo es el beneficio económico, no el beneficio social o ambiental. Y a ello fiarán todas sus actuaciones. No importan cuánta responsabilidad social corporativa o cuántas campañas pidiendo responsabilidad individual a sus consumidores propongan: el mercado nunca garantizará derechos y tratará, por todos los medios, de generalizar el mensaje de que la responsabilidad siempre es del individuo que no hace lo suficiente. Y esto ha de quedar grabado a fuego en el ADN de los sindicatos: quien nos trajo a esta situación, quien no ha dudado nunca en comprometer nuestra salud y la del planeta, no gestionará la transición ecológica para la mayoría.

El movimiento obrero, especialmente de los países más vulnerables, ha venido acercándose a  otros movimientos sociales y ambientales con fuerza. Muy reseñable ha sido la alianza fraguada durante años de oposición a los tratados de libre comercio, tan devastadores para las comunidades y el espacio que habitan. Y es lógico, si tenemos en cuenta que es allí donde las multinacionales campan más a sus anchas, sin respetar derechos laborales, ambientales ni sociales: esquilman recursos, contaminan suelos, agua y aire y provocan desplazamientos masivos de población.

Hambre y enfermedad provocadas de manera directa por el mercado y sus prácticas devastadoras del medio ambiente.

Pero, sin irnos tan lejos, en nuestro propio país empiezan a ser más que evidentes y preocupantes los efectos del cambio climático.

Cada verano sufrimos más y más intensas olas de calor, que elevan las temperaturas a niveles insufribles. También el efecto contrario, con olas de frío polar que, de la misma manera que las olas de calor, han provocado numerosas muertes directas o indirectas, consecuencia de agravarse distintos problemas de salud previos. No olvidemos que, tal como advertía un estudio en el que participó el CSIC y que fue presentado el pasado año, “si las temperaturas aumentasen de manera global entre 3 y 4 grados, en lugar del 1,5 recomendado por el Acuerdo de París, la mortalidad por calor ascendería entre el 0,73 y el 8,86%» “En el caso de España los datos muestran un aumento de entre el 3,27 y el 6,29%”. Escalofriante. Y profundamente injusto en sus efectos: no, no sufren de la misma manera las olas de calor o los episodios de frío siberiano quien vive en la calle que quien tiene un techo, quien puede pagar facturas astronómicas en aire acondicionado/calefacción que quien no puede hacerlo. La clase, siempre es la clase social.

Por otra parte, tal como se señalaba desde la Organización Mundial de Alergia «el cambio climático, conjuntamente con el estilo de vida urbano, la contaminación y el estrés, están haciendo de las enfermedades alérgicas la mayor epidemia no infecciosa del siglo XXI”.

Los impactos en materia laboral vienen también anunciándose. Desde ISTAS-CCOO llevan tiempo advirtiendo de la necesidad de luchar contra el cambio climático, así como de la urgencia de adoptar medidas de adaptación a sus efectos, para evitar que se agraven riesgos laborales existentes y hacer frente a los nuevos.

Las ocupaciones al aire libre (sector primario, servicios como limpieza y cuidado de jardines, funcionarios que desempeñan sus tareas en el exterior o la construcción) son mucho más vulnerables a los periodos de temperaturas extremas: golpes de calor, cansancio extremo, exposición a la contaminación del aire y riesgo químico.

Asimismo, los trabajadores del sector primario tienen mayor riesgo de sufrir infecciones por distintos vectores. Y, dado que el aumento y virulencia de plagas es un hecho, la exposición a pesticidas para combatirlos también incrementará el riesgo de intoxicación.

Y atención, porque serán precisamente los colectivos más precarizados, con menos derechos y con condiciones laborales más desreguladas quienes con mayor virulencia lo sufrirán. Falsos autónomos como los “riders”, trabajadores de la construcción sin contrato, guías turísticos, temporeras  o repartidores de publicidad son carne de cañón para estar entre los primeros que sufrirán el agravamiento de las condiciones ambientales.

De nuevo, los más vulnerables al cambio climático serán trabajadores precarizados que, posiblemente, no puedan ni demandar medidas de vigilancia y prevención. Este mismo verano ha sido dramático en cuanto a muertes laborales asociadas a efectos climáticos.

A pesar de esta realidad que conocen y, en muchos casos, tratan de combatir las centrales sindicales, lo cierto es que siguen ancladas en un discurso cortoplacista. Queda mucho por avanzar para dejar atrás de una vez por todas el enfrentamiento dentro de la clase trabajadora que nos diseñó el capital: no, no existe contradicción entre empleo y medio ambiente. Dejemos de alimentarlo.

No será posible ningún empleo, ningún futuro, sin un medio ambiente que lo sustente, sin los recursos necesarios para garantizar una vida digna.

Por tanto, los sindicatos han de tomar las riendas, formar a su propia afiliación y dar un paso valiente: no solo hay gestionar las pequeñas parcelas de sensibilización, hay que gestionar la transición ecológica con justicia social y climática.

Han de incorporarse como voz propia y vinculante al diseño, ejecución y evaluación de las políticas productivas, con mirada larga, sabiendo que determinados sectores productivos están condenados a las desaparición si queremos sobrevivir como sociedad. Pero garantizando que se ponen en marcha los procesos de reconversión necesaria para que nadie quede atrás, para que no se mueran territorios enteros y para que las siguientes generaciones tengan una oportunidad.

Richard Trumka, representante de uno de los sindicatos más críticos con el Green New Deal y cuyas posiciones han sido utilizadas y aireadas por el Partido Republicano para sustentara su infame negacionismo, dio una clave durante el Global Climate Action Summit en 2018 que deberían recordar cada vez que se habla de la necesidad de emprender medidas difíciles:

“He aprendido alguna cosa a propósito de la ciencia en las minas. Cuando el patrón nos amenaza para que ignoremos los riesgos mortales de nuestro trabajo… esas maderas que se derrumban sobre nuestras cabezas… esa tos que anuncia la silicosis… la ciencia es la única que nos dice la verdad: los efectos de calentamiento climático nos amenazan a quienes trabajamos y también amenazan nuestros empleos y nuestra economía”.

Es normal que haya incertidumbre, que haya inquietud sobre qué nos deparará el futuro. Pero también tenemos algunas certezas: el mercado no velará por nosotras, el patrón no nos dirá la verdad si con ello puede perder beneficios. Si algo nos queda claro en estos tiempos oscuros es que debemos estar unidas. Movimiento ecologista y movimiento obrero han de seguir encontrándose y fortaleciendo el camino común. Si cabe una esperanza, nacerá del trabajo conjunto de quienes nos jugamos la vida.

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Arquitectura hostil: una ciudad contra los sintecho

Sat, 14/12/2019 - 20:26

nuevatribuna
CÁNDIDO MARQUESÁN MILLÁN

Este fin de semana leyendo sin saber cómo, he podido acceder a una pagina Web  argentina titulada APU Agencia Paco Urondo. Periodismo militantedonde aparecía un artículo, para mí impactante, Arquitectura hostil: la ciudad como un territorio sin pobres de la periodista Nadia Mayorquín. De verdad sobrecoge el nivel de crueldad al que puede llegar el ser humano.

Señala Nadia que en Buenos Aíres se diseñan bancos de cemento que simulan ser confortables, hiedra de plástico que simula naturaleza viva para embellecer el paisaje urbano, pinchos en los aparadores y hasta zumbidos de alta frecuencia. Estrategias urbanísticas que intentan desalentar las conductas no deseadas por el poder. La arquitectura hostil es una tendencia de diseño urbano donde los espacios públicos se construyen o alteran para desalentar su uso. Hay un mobiliario de vocación disciplinaria. Los más afectados por esta estrategia son las personas sintecho y los jóvenes. Esta tendencia está más típicamente asociada como medio de repeler a las personas sintecho, por ejemplo, en la forma de “pinchos anti sintecho”, los cuales son colocados en superficies planas para impedir su uso como lugar de descanso. Ya en el extremo del crueldad humana habla de “Basureros “inteligentes” que por su diseño hermético pretenden servir “para evitar que la gente se meta y saque basura” según lo expresó Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Solamente lo puedan usar los vecinos y los comerciantes que disponen de una tarjeta magnética. En la Avenida Corrientes se han instalado 18 de estos artefactos inteligentes. La imagen que aparece a continuación se comenta sola.

Mas lo descrito en Buenas Aires se ha convertido en algo común en otras muchas ciudades del mundo, como en Nueva York. Este domingo La Vanguardia publicaba un reportaje titulado Mejor te traes la silla de casa. El subtitulo es muy claro “A medida que crece la población de los sintecho, Nueva York intensifica la “arquitectura hostil”, esas armas de diseño para excluir a la gente del espacio público.  Se comenzó a diseñar hace una par de décadas, cuando la polarización de la desigualdad distanció a los superricos de los pobres. En la calle 87, cerca de la Tercera Avenida de Manhattan, en una valla se han instalado unos pinchos metálicos para impedir que la gente se siente. Lo curioso es que los vecinos los utilizan para amarrar sus perros. En la calle 77 hay una valla con barra antiasiento. Bancos verticales que van contra la naturaleza de un banco en la calle 86. Alféizar con pinchos en edificio residencial en calle 86 y Park. Un banco para tumbarse de los de diseño de “cara amigable” según el arquitecto Tobías Armborts. El objetivo es evitar que utilicen el espacio público los alrededor de los 79.000 sintecho neoyorkinos. Los llamados homeless, un triste atractivo de la “ciudad de los rascacielos”, donde la miseria contrasta con la reluciente riqueza, y miles de personas, incluso niños y ancianos, carecen de una casa. Todas estas personas sintecho que abundan cada vez por nuestras ciudades, recuerdan a aquellas que el gran novelista inglés del siglo XIX, Charles Dickens, reflejó en sus novelas Oliver Twist o La pequeña Dorrit. Obras en las que ejercitó la crítica a la pobreza y a la estratificación social de la era victoriana.

En España no nos quedamos atrás. No vamos a ser menos. La Fundación RAIS –Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral– calcula que hay en España unos 30.000 sin techo, el mayor estado de vulnerabilidad y desprotección posible. Cáritas en el informe ¿En qué sociedad vivimos? eleva la cifra a 40.000. Por ello, los observamos por todas las ciudades españolas. De septiembre de 2018 es un reportaje de El País, titulado Una guía de la arquitectura contra los pobres en España, realizado por José Manuel Abad Liñán. David Alameda y Javier Galán. Las ubicaciones analizadas con este tipo de arquitectura son A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Córdoba, Madrid, Girona, Granada, Huesca, Ibiza, Jaén, Las Palmas, Lleida, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, San Sebastián, Sevilla, Tarragona, Tenerife (varias localidades en la isla), Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Insertan algunos dibujos de este diseño arquitectónico: bancos con apoyabrazos para que no se puedan tumbar: una superficie resguardada queda inutilizada con unos pinchos; e igualmente un soportal con .rejas. Y otros más artilugios crueles…

En mi ciudad Zaragoza hace unos años en la Avenida Clavé había una zona ajardinada muy agradable con una fuente, bancos, arbolada que producía sombra para el verano. Mas, al estar habitada por transeúntes, sintecho, fue desmantelada y convertida en una zona inhóspita, porque así lo demandó la vecindad. También es cierto que eran frecuentes los altercados. No obstante, la responsabilidad es de la Administración por dejar tirados en la calle a gente aquejada de enfermedades psicológicas o de alcoholismo. Son seres humanos.

Todo lo descrito es una prueba del nivel de deshumanización al que se puede llegar en esta sociedad actual, especialmente en el ámbito de las ciudades. Hay seres humanos que sobran.  Lo explicaba muy bien Bauman Zygmunt  en el 2005 en su libro Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Me fijaré en la reseña que hace a tal libro Sonia Cajade Frías  en la Revista de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid de 2010Bauman plantea una de las paradojas más inquietantes de la modernidad: la producción de una cultura de “residuos humanos”, toda una masa de “poblaciones superfluas” de emigrantes, refugiados y demás parias. Antes, esta generación de residuos superfluos era desviada y reabsorbida por otros lugares a los que todavía no había llegado el proceso de modernización. Sin embargo, en las actuales condiciones de globalización, de extensión de la modernidad a todo el planeta, lo anterior se ha vuelto imposible, pues aquellos lugares se encuentran actualmente también “llenos”. De este modo, la eliminación, el reciclaje —o cuando menos “invisibilización”— de los residuos no deseados se ha convertido en uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas, para el que, es necesario buscar “soluciones locales a problemas producidos globalmente”. Estos procesos de “modernización perpetua, compulsiva, obsesiva y adictiva” extendidos a todo el planeta han dado lugar a una aguda crisis de la industria de eliminación de residuos humanos. Mientras que la producción de residuos humanos persiste en sus avances y alcanza nuevas cotas, en el planeta escasean los vertederos y el instrumental para el reciclaje de residuos”. De ahí,  la creciente preocupación por cuestiones como la inmigración y las solicitudes de asilo, así como por los fenómenos de superpoblación en distintas zonas del planeta, todo lo cual centra la atención social e institucional hacia las fronteras construidas y genera una potente “industria de la seguridad” temerosa de la rebelión de los márgenes.

Termino con unas reflexiones. En su libro Vidas al descubierto. Historias de vida de los sin techo, las sociólogas Elisabet Tejero y Laura Torrabella, nos advierten de la posibilidad de que cualquier persona, en una determinada época de su vida, puede llegar a encontrarse en una situación sintecho. Tal como ha señalado Beck, las teorías de la sociedad del riesgo nos advierten sobre la universalización y democratización de los riesgos, no solo de perder posiciones de bienestar, sino, de manera más radical, verse inmerso en una situación de pobreza y exclusión. Nadie está libre por diferentes circunstancias, el verse obligado a dormir entre cartones en un cajero.

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La polarización regional del empleo

Fri, 13/12/2019 - 20:26

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Carlos Vacas Soriano

La reciente evolución de las desigualdades económicas y sociales en el seno de la Unión Europea (UE) ofrece una lectura dispar. Las desigualdades entre los países de la UE vienen disminuyendo fuertemente desde hace tiempo, pero las disparidades han aumentado dentro de muchos de estos países, en particular durante la última década. Esta brecha entre los que más y los que menos tienen dentro de cada sociedad ha crecido debido a factores como el aumento del desempleo durante la última crisis económica o un cambio tecnológico, que beneficia más a los que tienen mayores niveles educativos. Otro factor menos explorado pero cuya importancia parece estar reforzándose son las crecientes disparidades entre las diferentes regiones dentro de un mismo país. Un reciente informe de Eurofound explora la evolución de la estructura del empleo entre las diferentes regiones en los nueve países europeos más grandes.

Tendencias regionales en la estructura del empleo en España

Existen notables diferencias entre las regiones de España en cuanto al tipo de empleo que han creado en los últimos quince años. El gráfico muestra el número de empleos netos que se han creado entre 2002 y 2017, diferenciando entre aquellos de nivel salarial alto, medio y bajo. Los tres mayores polos de generación de empleo han sido, por este orden, Cataluña, Madrid y Andalucía. Sin embargo, responden a patrones diferentes: Madrid destaca por ser capaz de crear muchos más empleos de salarios altos que de salarios bajos, lo que la ha convertido en la única región que tiene una estructura del empleo de más calidad que la media de la UE; Cataluña es la región que creó más empleo, pero se crearon más trabajos de salarios bajos que de alta remuneración; en Andalucía, la mayoría de nuevos empleos son de salarios bajos. En comparación con estas regiones, el empleo creado en las otras regiones españolas es relativamente pequeño y además tiende a estar concentrado en los trabajos más precarios (especialmente en la parte sur del país).

Gráfico. Cambio absoluto en el número de empleos (en miles), según su nivel salarial y por región (2002-2017)

 

 

Por otra parte, también se ha producido una polarización en los grandes ejes de generación de trabajo, pues los empleos asociados a salarios de rango medio crecieron menos que el resto o incluso menguaron. Esto se debe a que las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, concentran tanto actividades de servicios de alta productividad como servicios de baja productividad como los cuidados, lo que aumenta las desigualdades en los grandes núcleos urbanos. Esta polarización del empleo se explica también por la desaparición de muchos empleos de corte industrial que aportaban empleos de salarios de rango medio: por ejemplo, Cataluña es de las regiones europeas que más ha sufrido este fenómeno, pues su porcentaje de empleo industrial ha pasado del 29% al 17% durante este periodo, en beneficio del sector servicios.

La estructura del empleo en España sigue siendo en general de menos calidad que la media de la UE. Con la excepción de la capital, todas las regiones cuentan con una mayor proporción de trabajos de menores salarios y con una menor proporción de aquellos trabajos con mejor remuneración que la UE en su conjunto.

El auge de las capitales

Los datos para España están en la misma línea de lo que está ocurriendo en el resto de países europeos. Algunos de los datos clave son que el empleo (y la población) se está concentrando de forma creciente en los grandes núcleos urbanos, y especialmente en las capitales, donde además la calidad del empleo está mejorando ya que están generando una cantidad considerable de empleo de alta remuneración.

EN EL CONJUNTO DE LA UE, MÁS DEL 70% DEL EMPLEO SE CENTRA EN ACTIVIDADES DE SERVICIOS, PERO SUBE A CASI EL 90% EN EL CASO DE LAS REGIONES MÁS URBANIZADAS

A pesar de inconvenientes como el mayor coste de vida, la polución y el tráfico, parece que se imponen las ventajas de las grandes urbes como centros de poder y toma de decisiones, aprendizaje y entretenimiento, donde existe una gran variedad de empresas y potenciales empleadores para una gran cantidad de trabajadores, muchos de ellos muy cualificados. Este proceso se agrava además de forma automática, pues los motivos que llevan a las empresas y a la gente a localizarse en los grandes centros urbanos se refuerzan a medida que la aglomeración progresa.

Este proceso está además muy relacionado con el paso de una economía industrial a una de servicios: en el conjunto de la UE, más del 70% del empleo se centra en actividades de servicios, pero sube a casi el 90% en el caso de las regiones más urbanizadas. Muchos de estos trabajos de servicios de alta cualificación (por ejemplo en el sector financiero, actividades profesionales y científicas o de información y comunicación) se concentran en las capitales y en otras grandes urbes donde se agrupa la población, en contraposición a lo que ocurría con la actividad industrial que no dependía tanto de la cercanía a los grandes núcleos urbanos.

Un caldo de cultivo que erosiona la democracia

Si bien este proceso de auge de las capitales también puede darse en otras grandes áreas urbanas del mismo país (por ejemplo, Barcelona, en el caso de España), otras regiones periféricas representan el reverso de la moneda, a menudo afectadas por un decaimiento de la actividad económica, una reducción relativa del empleo de calidad y a menudo también de empleos de salarios medios por el declive industrial. En nuestro país, el concepto de la España vaciada ha ido haciéndose más conocido en los últimos años como consecuencia de esta realidad.

Se genera así la sensación de que las capitales se están beneficiando mucho más de la globalización y el cambio tecnológico, mientras otras regiones sienten que su situación económica y social se está resintiendo. Este crecimiento regional desequilibrado está contribuyendo a la polarización política y social, al desencanto de muchos ciudadanos y a la emergencia de movimientos políticos que intentan capitalizarlo. Esto se evidencia en el aumento de movimientos nacionalistas y populistas que se ha producido en muchos países europeos, incluido España. Este mapa regional del desencanto parece visible también en el movimiento de los ‘chalecos amarillos’ en Francia o en el papel del cinturón industrial de EE.UU. para aupar a Donald Trump a la presidencia.

El estudio que se presenta aquí sugiere que estas corrientes no parecen explicarse principalmente por fenómenos políticos o culturales específicos de cada país. Se relacionan más bien con tendencias económicas generales que están afectando a la división geográfica del empleo en la mayoría de los países desarrollados y que están ocasionando un reparto desigual de los frutos de la globalización, de la terciarización de la economía y de la revolución digital.

Sin embargo, esto no significa que los poderes públicos no tengan medios para corregir o incluso revertir estas tendencias. Por ejemplo, el sector público siempre ha jugado una función muy importante para sostener el mercado de trabajo y dotar de empleos bien remunerados a aquellas regiones que no disponen de una gran actividad económica privada, tanto mediante la creación de empleo público como a través de inversiones y políticas de desarrollo regional. Este papel equilibrador regional del sector público se ha visto minado en los últimos años por las políticas de austeridad, que sin duda han contribuido al aumento de las disparidades regionales en los países europeos.

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Carlos Vacas Soriano es investigador de la Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo (Eurofound), doctorado en Economía aplicada por la Universidad de Salamanca.

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Los convenios firmados por España permiten a las multinacionales españolas pagar 0 impuestos por repatriar dividendos de 28 países

Tue, 10/12/2019 - 23:04

eldiario.es

Raúl Sánchez / Rodrigo Ponce de León

El informe de la Agencia Tributaria en el que explica que 134 multinacionales españolas obtuvieron un beneficio de 91.849 millones de euros en 2016 pero solo pagaron en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global, ha vuelto a poner la mirada sobre los convenios para evitar la doble imposición (CDI). Estos acuerdos entre las administraciones tributarias de España y terceros países permiten que las compañías españolas en el exterior no paguen nada por repatriar los dividendos de las filiales que tienen en 28 países.

España tiene en la actualidad 95 convenios para evitar la doble imposición rubricados con países muy diferentes que van desde Estados Unidos a Trinidad y Tobago pasando por Singapur, Barbados (salió el pasado mayo de la lista de paraísos fiscales de la UE), Uzbekistán o Italia.

 Llama la atención que entre los 28 países cuyo CDI con España establece un tipo del 0% sobre los dividendos —es decir, no pagan nada en ninguno de los dos países— están jurisdicciones con un historial fiscal tan sospechoso como Panamá; Irlanda, con sus acuerdos fiscales con las grandes tecnológicas; países opacos con importantes relaciones comerciales con España como Arabia Saudí; o viejos protagonistas en la evasión de impuestos como Suiza.

 

 

Cada CDI tiene unas características propias y unas exigencias diferentes. Por ejemplo, el acuerdo con República Dominicana exige que la multinacional tenga un 75% del capital de la sociedad en ese país mientras que en México debe contar con  un 10% del capital de la sociedad o ser un fondo de pensiones  mientras que el convenio con Holanda obliga a la matriz española a controlar un 50% del capital de la sociedad o dos sociedades españolas tienen el 25% cada una del capital.

Holanda, uno de los países más utilizados por las empresas para eludir impuestos mediante la técnica del sandwich holandés, es uno de los 34 países cuyo CDI con España con un tipo impositivo máximo del 5%, al igual que el principal refugio fiscal para grandes fortunas españolas y empresas del Ibex, Luxemburgo, o países donde España tiene muchos intereses empresariales como Cuba.

Ya en menor medida, hay tres países con un CDI con España cuyo tipo máximo impositivo está entre el 5% y el 10%, otras 17 jurisdicciones en las que el máximo impuesto aplicable es del 10%, mientras que hay otros 10 países con un convenio que se acercan al tipo real que deberían pagar las multinacionales por los dividendos: Australia, Ecuador, India, Italia y Nueva Zelanda (con un tipo del 15%) y Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania (con un tipo máximo del 18%).

Con la utilización de los convenios para evitar la doble imposición no es de extrañar que la Agencia Tributaria anunciara que hay 134 multinacionales españolas ingresaron en 2016 en las arcas de las distintas haciendas en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global, que alcanzó los 91.849 millones. En este grupo, hay 27 multinacionales que abonan un 0,3% de sus beneficios en impuestos, pese a que los tipos nominales en España son de un 25% para la mayoría de las empresas, salvo para banca y petroleras, que tienen un 30%.

 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apunta que el principal objetivo de los convenios de doble imposición es promover los intercambios de bienes y servicios y los movimientos de capitales y personas mediante la eliminación de la doble imposición internacional. Sin embargo, en el informe del organismo multilateral Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, publicado en 2016, apunta que “la extensión de la red de convenios de doble imposición eleva el riesgo de que haya abusos al posibilitar la utilización de acuerdos diseñados para obtener tanto los beneficios fiscales previstos en determinadas legislaciones internas como las desgravaciones fiscales establecidas en los convenios de doble imposición”.

Mucho más grave ha sido la acusación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntaba que la ingeniería fiscal de las compañías para mover el dinero entre países tiene como objetivo la elusión o rebaja del pago de impuestos a través de los mecanismos que les ofrece la globalización financiera y de la economía. Según un informe titulado ”El ascenso de las inversiones fantasma: las sociedades instrumentales socavan la recaudación de impuestos en mercados avanzados, emergentes y en desarrollo”, en el año 2017 se movieron en el mundo 40 billones de dólares (36,2 billones de euros) en inversión extranjera directa. De ellos, el 40% (15 billones, equivalentes a la suma del PIB anual de China y Alemania) son “inversiones fantasma”. Es así como se denominan las operaciones que hacen las multinacionales entre sus filiales para eludir el pago de tributos.

Fuentes de la Agencia Tributaria recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminó en una sentencia que se puede anular el efecto del convenio de doble imposición si “cierto número de indicios puede acreditar la existencia de un abuso de derecho, siempre que estos sean objetivos y concordantes”. Tales indicios recogidos en la sentencia pueden consistir en “la existencia de sociedades instrumentales carentes de justificación económica, así como en el carácter puramente formal de la estructura del grupo de sociedades, de las operaciones financieras y de los préstamos” o que “el perceptor de los dividendos no es el beneficiario efectivo y por tanto no sería de aplicación la exención de la directiva matriz-filial sobre la retención”.

El artículo 21 de la Ley del Impuesto de Sociedades marca los requisitos para aplicar la exención: la participación en el capital o en los fondos propios de la filial  debe ser de, al menos, el 5 por ciento o que el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros —la participación se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior— y que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza análoga al Impuesto de Sociedades a un tipo nominal de, al menos, el 10 por ciento en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios, según explican fuentes de la Agencia Tributaria.

Extracto de la Ley de Impuesto de Sociedades, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014.   Extracto de la Ley de Impuesto de Sociedades, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014. ELDIARIO.ES

 

El profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid y Secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, apuntaba en su Twitter como “el salto en las exenciones por doble imposición tiene lugar en 2015, con la entrada en vigor de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. Tras las modificaciones introducidas a partir de dicho año, el importe por esta exención se multiplica por 3″. El cambio de la norma tuvo lugar bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.

A pesar de las facilidades que permitía la nueva Ley de Montoro para evitar la doble imposición y que el tipo impositivo se había reducido del 30% en 2014 al 25% en 2016, los grandes empresarios del Ibex y el entonces ministro de Hacienda chocaron por el interés de Montoro en limitar las deducciones y las bonificaciones. El titular de la cartera de Hacienda llegó a acusar a las multinacionales de no contribuir como debían: “No se explica que cualquiera de nosotros esté tributando por el IRPF o una pyme esté tributando un 18% y un grupo consolidado esté tributando el 7%… A los grandes grupos les conviene tributar más. Si no, la cohesión social no se sostiene”.

La realidad, como denuncia Nacho Álvarez, es que la evolución del importe de las exenciones por doble imposición en los grupos consolidados en España tiene un punto de inflexión con el cambio de la Ley de Sociedades. El montante que las empresas se ahorraron en el pago de tributos por la doble imposición pasó de 19.963 millones en 2014 a 71.446 millones en 2015 y 88.428 millones en 2016, lo que supuso multiplicar por cuatro la cuantía exenta del pago por la doble imposición.

 

 

El sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) siempre han defendido “la necesidad de contar con unas normas comunes para el cálculo de la base imponible del impuesto de sociedades en la UE, que reduzcan la planificación fiscal agresiva y garanticen que los beneficios de las empresas se graven en los países en los que se crea el valor”. Su secretario general, José María Mollinedo, ha recordado reiteradamente que el ”Impuesto de Sociedades aún no ha recuperado sus niveles precrisis, ya que el año pasado los ingresos por este tributo alcanzaron los 25.848 millones de euros, por debajo de los 47.451 millones recaudados en el ejercicio 2007″.

¿Cuál es el secreto para que las empresas tengan unos beneficios similares al año 2006 pero que tributen mucho menos? Entramos en la paradoja del cálculo del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, una pugna por la recaudación pero también una pelea de imagen en la que la CEOE lucha por que no se traslade a la sociedad que las compañías pagan menos impuestos. Aunque el tipo oficial es del 25%, la realidad es que los grupos consolidados tributaron con un tipo efectivo medio del 6,25% en 2017. La patronal se queja de que ese cálculo se hace sobre el resultado contable y se debería hacer sobre la base imponible positiva, que elevaría el tipo efectivo medio que pagan las grandes multinacionales al 18,4%, ya que se aplican deducciones, bonificaciones, se restan las pérdidas y, según la CEOE, ya se tributa en los países donde las compañías tienen filiales y se acogen a convenio para evitar la doble imposición.

 

 

La política impositiva sobre las compañías explica muchas de las iniciativas de los lobbys empresariales contra el Gobierno de coalición progresista. Tanto el PSOE como Unidas Podemos llevan en sus programas electorales un tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15%, que subiría al 18% para bancos y petroleras.

El acuerdo presupuestario  de 2019 entre ambas formaciones, que terminó naufragando, recogía algunas medidas impositivas que provocaron una subida en la repatriación de dividendos por parte de las multinacionales españolas que la Agencia Tributaria contabilizó con un incremento del 37,8% del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades de 2018. Antonio Garamendi, entonces candidato a la presidencia de la CEOE que consiguió, tachó de “barbaridad” las medidas impositivas que el Gobierno preveía aprobar y aviso del riesgo de “deslocalización de empresas”.

El Gobierno propuso rebajar las exenciones de los convenios de doble imposición del 100% actual al 95% (las empresas tendrían que pagar un 5% sobre los dividendos netos de las filiales extranjeras de compañías españolas) en el Programa de Estabilidad 2019-2022 que remitió a Bruselas el pasado abril. Desde Unidos Podemos propone “reformar el régimen de exenciones, permitiéndose sólo cuando las empresas hayan tributado al menos un 15% en otro país, para evitar el uso de paraísos fiscales”. Ambas posiciones han enervado a las organizaciones empresariales.

Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, apunta sobre la idea de eliminar los CDI que hay que ser prudente ya “desincentiva a los inversores nacionales y foráneos”, puede llevar a la ”deslocalización de los beneficios empresariales, pero sobre todo, coloca a las empresas españolas en una posición de desventaja competitiva en el exterior y puede provocar litigiosidad” .

En el caso de la propuesta de los socialistas de rebajar las exenciones de los convenios de doble imposición del 100% actual al 95%, Del Amo explica ”que estarían dentro de la Ley pero avisa que podría provocar una discriminación entre las empresas más grandes, con capacidad para crear subfiliales con las que diluir el 5% que tendría que pagar, y pequeñas empresas en el exterior que no tienen esa capacidad”. Eso sí, el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales admite que “el incremento en la recaudación sería más que notable”.

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La política migratoria en la UE y la crisis de la democracia

Mon, 09/12/2019 - 23:01

Mientrastanto

Antonio Izquierdo Escribano

Tensiones en la política migratoria europea

Tras la odisea televisada de los barcos que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo se ha instalado en la OP la idea de que no hay política de inmigración en la Unión Europea (UE). No es verdad. También se piensa por lo común que los rescatados no huyen de la violencia, sino que se trata de la “inmigración de la miseria”. Eso tampoco es cierto del todo. Se trata de una migración forzosa.

La Unión Europea tiene un proyecto político que sostiene un modelo de sociedad. El hecho de que los Estados nacionales se rebelen y no apliquen la decisión del reparto de los rescatados en el mediterráneo no implica que la UE carezca de política migratoria. Lo que expresa es una discrepancia fuerte sobre los costes electorales y económicos de esa política en cada estado miembro de la Unión y la resistencia a perder el control de la ciudadanía. No se rechaza la inmigración cualificada sino aquella que convive con la ciudadanía vulnerable del estado receptor.

Los gobiernos nacionales ponen sus intereses inmediatos por delante de su compromiso comunitario (UE) y se oponen a perder la prerrogativa de elegir a sus ciudadanos y transferir el control de sus fronteras. Se trata de una renacionalización de las políticas migratorias. Los rebeldes no quieren más Europa, ni un Plan Integral para África sino hacer una política migratoria “a la carta” que les permita participar cuándo, cómo y en lo que les convenga. Es precisamente este empequeñecimiento de Europa el que nos ha abocado a una política migratoria ineficaz y de efectos contraproducentes.

La política migratoria europea es de naturaleza neoliberal

Lo cierto es que la Unión Europea tiene, desde hace tres decenios (convenio de aplicación de Schengen) y en todo caso desde hace veinte (Tratado de Ámsterdam) una política migratoria. Esa política se ha sostenido sobre tres pilares: la discriminación en el mercado laboral (preferencia nacional); el control fronterizo e interior con el fin de reaccionar ante la “invasión del enemigo común”; y, por fin, el mito de la identidad cultural europea. En otras palabras, beneficio económico, seguridad urbana e integración en la sociedad de mercado. El argumento principal es el de captar trabajadores y profesionales para satisfacer las necesidades del mercado nacional y de la competencia internacional, pero eso sí, minimizando los costes de la integración. En cinco palabras: más plusvalías y menos ciudadanía.

Por eso cuando hace treinta años se analizaba la política de inmigración en la UE se dibujaban tres escenarios. El primero se centraba en los países nórdicos que constituían un grupo de estados cuyas políticas se volcaban en la recepción de refugiados y asilados. En el extremo sur, los países ribereños transitaban desde la emigración laboral a la inmigración de trabajadores que en su mayoría se ocupaban en actividades poco cualificadas. La Europa del Sur era la que recibía la estigmatizada como “inmigración económica” que debe su nombre a su bajo coste salarial. Y por fin, los países centrales en la UE atraían familias e inmigrantes cualificados. Esas tres Europas expresaban diferentes tradiciones y, sobre todo, evidenciaban distintos ciclos migratorios. Unos rezumaban cohesión social; los otros exhibían inexperiencia regulatoria; y los terceros aplicaban la selección.  La política actuaba sobre los flujos migratorios y las demandas del mercado, mientras que ocupaban un lugar secundario, las percepciones y, sobre todo, el proyecto de arraigo de los migrantes.

El giro anti- inmigratorio tras la recesión

Tras la recesión de 2008 se ha producido un giro restrictivo en las políticas respecto de la inmigración forzada y el asilo. Los perdedores de la austeridad están contra la inmigración producto de la desesperación.  En un continente poco empático hacia la inmigración se ha decidido actuar sobre la minoría más dramática para apaciguar las actitudes de los golpeados por la austeridad, pero se ha ocultado la lógica del mercado. Así, por ejemplo, crecen y superan los 1,5 millones los trabajadores de la UE enviados por su empleador a otro país de la UE. Bajan las solicitudes de asilo, pero aumentan las migraciones de trabajo temporal. Y más de 2,7 millones de entradas permanentes se han producido en la UE entre 2010 y 2016.

En efecto, los datos proclaman que una mayoría de los flujos migratorios se han consolidado y asentado. Y las comunidades han arraigado propiciando redes y cadenas migratorias.  Esa realidad requiere el cambio de prioridades en las políticas migratorias que han de volcarse sobre todo en la integración y la ciudadanía lo que además ayudará en la regulación de los flujos y achicará la inseguridad real y, quizás, la percibida.

Claro está que han sido los inmigrantes ya asentados los que más han sufrido los efectos de la gestión neoliberal de la crisis. Ellos y, en general, todos los perdedores de la recesión, se sienten inseguros y se atrincheran en los límites de la comunidad nacional. En las elecciones más recientes han manifestado su rechazo a la entrada de inmigrantes con propósitos de empleo y de arraigo votando a los partidos antiinmigración que impulsan las políticas más inhumanas y restrictivas.

La política migratoria contra los derechos universales

Esa política renacionalizada se fundamenta en un desconocimiento de la dinámica de las migraciones y de su encaje jurídico.  Los datos evidencian que a una parte significativa de los flujos actuales no se les puede aplicar una política enteramente restrictiva. En la regulación de los flujos de reagrupación familiar y en los migrantes forzosos la prioridad es la de aplicar los derechos humanos.

Esas dos categorías suponen más de la mitad de los flujos (41% familiares y 14% humanitarios) de entrada en los países de la OCDE. El otro flujo importante por su cuantía es el propiciado por el modelo neoliberal de movilidad laboral, es decir, movimientos circulares y temporales de trabajadores más y menos cualificados. Aquí, en estas migraciones más voluntarias, sí que cabe el debate sobre las cuotas.  Está claro que los asilados y los familiares tienen que trabajar para mantenerse, pero en su tratamiento resulta obligado atenerse a los derechos universales. Lo realmente grave una vez llegados a este punto es que el trabajo se haya convertido en un privilegio y no en un derecho, como la migración.

Figure 1.2. Permanent migration flows to OECD countries by category of entry, 2007­-17


En resumen, las políticas restrictivas que atienden a las percepciones han producido un aumento de la inmigración indocumentada y una mezcla turbia del asilo con la inmigración laboral. Conviene saber que la inmigración irregular es la muestra de una política incapaz de regular la inmigración legal. Además, la inmigración indocumentada exterioriza la desregulación de los mercados laborales y en mucha menor medida traduce la falta de control fronterizo. Así sucede también con la perversión del asilo y la restricción del reagrupamiento familiar que evidencia el retroceso cuando no el desprecio por los derechos humanos y la crisis de la democracia.

 

 

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De recesiones y monopolios

Sun, 08/12/2019 - 11:29

Mientrastanto

Cuaderno de augurios: 4 

Albert Recio Andreu

1. La economía española ante la recesión

Nadie está seguro de que estalle otra crisis a corto plazo, pero existe un temor generalizado a que en los próximos meses decaiga la actividad económica. Desde el Gobierno ya han tratado de tranquilizarnos: “Estamos mucho mejor que en 2008, la economía ahora es más sólida”. Nada sorprendente; los gobiernos siempre tratan de vender optimismo y tranquilidad. Hay en ello bastante de propaganda y, también, de voluntad de evitar que la propagación del pánico agrave los problemas.

He participado en el III Congreso de Economía y Trabajo de CCOO, un encuentro bianual bastante interesante con intervenciones sobre economía, negociación colectiva y sociedad (se pueden encontrar las ponencias en la web de la Fundación Primero de Mayo, www.1mayo.ccoo.es). En la apertura el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en el curso de una brillante intervención sobre la situación laboral del país, introdujo el mismo tipo de reflexión: ahora tenemos una economía más sólida. Entonces mi memoria retrocedió en el tiempo y volví a situarme en 2008 —parece que la historia se repite—, cuando el Gobierno Zapatero se negaba a reconocer la crisis (y alardeaba de que la banca española ya había llevado a cabo las reformas necesarias para evitar un desastre financiero) y en alguna de las jornadas de sindicalistas en las que participé varios líderes sindicales argumentaban que la existencia de acuerdos y compromisos con los empresarios y las administraciones permitía abordar la crisis sin altos costes sociales. Por esto me asaltaron los recelos. Ante esta situación, lo básico es analizar los datos y ver en qué se sustentan los buenos augurios.

Hay ciertamente una base racional en la valoración optimista sobre la economía local. Esta se sustenta básicamente en la notable mejora de la balanza comercial y de pagos, en la reducción del endeudamiento y, en menor medida, en el cambio de estructura productiva. La posición exterior de la economía española ha mejorado considerablemente respecto a la que existía cuando estalló la crisis de 2007. En aquel momento el déficit de la balanza comercial era del 35% (por cada 100 euros de bienes importados se exportaban mercancías por valor de 65), mientras que hoy la balanza comercial está casi en equilibrio (el déficit es sólo del 1,4%), lo que sumado al superávit que suele generar la balanza de servicios, sobre todo por los ingresos del turismo, deja una situación favorable de la economía española respecto al exterior. A esta mejoría se ha llegado por una moderación de las importaciones y un claro crecimiento de las exportaciones, un cambio al que han contribuido diversos factores y que no puede resumirse recurriendo a una explicación simplista. Según esta, habría sido la “devaluación interna”, o sea el ajuste salarial trasladado a precios, lo que habría permitido cambiar la dinámica, algo que casa mal con la evidencia de que los precios de exportación han crecido más que los de importación, lo contrario de la devaluación interna. Una parte de la mejoría se debe al notable abaratamiento de la factura energética debido a los bajos precios del petróleo y del gas y a la apreciación del euro. Otro factor ha sido sin duda el esfuerzo exportador de muchas empresas españolas cuando experimentaron el hundimiento del mercado interno. En este sentido, la crisis obligó a replantear muchas políticas empresariales —organización interna y de mercados, tipo de producto, etc.—, y ello puede entenderse como un impacto positivo de la crisis. Ejemplos de ello son el buen comportamiento del sector de producción de material ferroviario aprovechando el renacimiento mundial del tren y el tranvía, o el de ciertos sectores de la industria alimentaria. En otros casos el cambio estructural se ha debido menos a factores internos que a políticas multinacionales. El ejemplo más obvio es el del sector automovilístico, donde las plantas españolas han vivido una nueva fase expansiva. Y, si del comercio exterior pasamos al análisis del conjunto de la actividad económica, lo más sustancial ha sido la pérdida de peso de la actividad constructiva (hoy se sitúa en un 50% de lo que era antes de la crisis) y una mayor diversificación de las actividades, aunque en gran parte el principal sector de impulso ha sido la actividad turística.

La segunda mejoría reside en el endeudamiento. El endeudamiento externo de la economía española ha bajado del 250% al 171% del PIB. La deuda bruta también se ha reducido, pero en este caso hay trayectorias divergentes. Ha disminuido la deuda bruta de las empresas, de 141% al 94% del PIB, una reducción que es en parte fruto de la mejoría de la actividad, pero que también se ha debido a las ventas de filiales que han realizado muchas grandes empresas siguiendo un patrón clásico de la economía de la deuda (sobre todo los grandes grupos españoles, que en muchos casos se han tenido que desprender de partes de sus viejos negocios). También ha bajado la deuda de las familias de un 85% al 58% del PIB, básicamente por el fin del auge del mercado inmobiliario y la menor alegría crediticia. Pero, por el contrario, ha crecido el endeudamiento público: la deuda bruta de todo el sector público se sitúa en el 135% del PIB. Cabe destacar que este aumento del endeudamiento se produjo sobre todo en el período 2010-2014, en gran parte a causa de dos políticas combinadas: el coste del rescate del sector financiero y el impacto macroeconómico de las políticas de ajuste. A partir de 2014 el endeudamiento público se ha mantenido más o menos estable, y el hecho de no proceder a nuevos ajustes del gasto público ha tenido sin duda un efecto beneficioso sobre la actividad económica.

Hay por tanto razones que avalan este diagnóstico optimista. Hay indicios de una cierta transformación productiva, una mejor posición exterior y un menor endeudamiento global. Así pues, cabría esperar que una recesión global tuviese un impacto más moderado que la crisis anterior, cuando el desplome de la actividad constructiva arrastró al conjunto de la economía a un pozo del que el empleo no se ha recuperado aún del todo.

Pero este diagnóstico optimista debe ser complementado con una serie de anotaciones críticas que suelen olvidarse. En primer lugar está la cuestión del endeudamiento. Si bien este se ha reducido, el sector público ha visto como aumentaba. En la actual situación monetaria, este endeudamiento es fácilmente soportable debido a los bajos tipos de interés, pero puede jugar de forma negativa en caso de un crecimiento del nerviosismo de los mercados. No sólo porque puede producirse un repunte de los tipos de interés de la deuda, sino sobre todo porque el Estado español puede ser forzado, de nuevo, a realizar una política de ajustes (como ya se está empezando a plantear desde la Unión Europea), y ello puede impedir que en un contexto de recesión contemos con una política pública compensatoria o expansiva que evite recaer en una depresión. En segundo lugar, aunque la estructura productiva parece ahora más equilibrada que en el pasado, no hay garantías de que esto no pueda volver a cambiar. El auge del turismo puede encallarse (por la propia recesión o por la mejora de los destinos alternativos), la industria automovilística se enfrenta a un importante cambio de orientación, etc. Pensar que un buen cuadro macroeconómico garantiza la facilidad de un ajuste es bastante insensato. Si algo hemos aprendido del pasado es la enorme variabilidad que caracteriza al período neoliberal. Y faltan políticas y análisis más detallados sobre qué tipo de respuestas podrían adoptarse en caso de que las guerras comerciales u otras causas alteren la situación exterior.

Este análisis convencional ignora, además, otras cuestiones centrales. De la crisis hemos “salido” con más pobreza, con más precariedad laboral, con graves problemas de vivienda…, y cualquier debilitamiento del gasto público derivado de nuevas demandas de ajuste puede provocar un nuevo desastre social. Un desastre que ya forma parte de la vida cotidiana de mucha gente y que podría alcanzar cotas insoportables. A la crisis anterior se llegó con mucha gente endeudada, sobre todo en hipotecas que acabaron en desahucios masivos. Ahora han aumentado los empleos de bajos salarios y los problemas de vivienda están lejos de solucionarse, y en esto las entidades del tercer sector muestran mucha más perspicacia que los economistas ortodoxos. Una nueva recesión podría tener efectos letales para mucha gente y abrir un escenario no previsto en los cuadros macroeconómicos oficiales.

Está asimismo el tema del cambio climático y la crisis ecológica, una cuestión habitualmente olvidada (o despreciada) por el enfoque económico dominante pero que cada vez es más difícil de soslayar, sobre todo en un país con una ubicación complicada según los analistas del calentamiento global, con muchos impactos potenciales que afectan a elementos sustanciales de nuestra estructura económica. Las recientes inundaciones en el sudeste peninsular y el desastre ambiental del mar Menor (claramente provocado por el modelo de agricultura imperante en la zona) deberían considerarse avances palpables de lo que puede ocurrir en los próximos años. Y si para algo es obvio que no estamos preparados es para hacer frente a impactos graves derivados de nuestra mala gestión ambiental.

En definitiva, el optimismo decae cuando se amplían los factores que se introducen en el análisis. Es bastante probable que no vaya a repetirse el tipo de colapso que generó el fin de la burbuja inmobiliaria, pero subyacen suficientes elementos disruptivos para pensar que una nueva recesión traerá consigo un insoportable recrudecimiento de la tragedia social que ahora ya vive una parte de nuestra población. Urge empezar a plantear medidas orientadas hacia un modelo económico diferente.

2. De cómo actúan los monopolios cuando se siente agredidos: el caso Agbar

Esta es una historia ejemplar del poder de algunas empresas y de los mecanismos que lo reproducen. Agbar es un grupo empresarial que tiene su origen en la Sociedad General de Aguas de Barcelona, empresa que desde 1882 ha tenido en sus manos la gestión del suministro de agua en Barcelona. (La de esta ciudad siempre ha sido una sociedad liberal, y la gestión de servicios públicos básicos como el agua o la recogida de residuos siempre ha estado en manos privadas.) Con el paso de los años la empresa ha creado una enorme red empresarial que constituye el principal grupo privado español del sector. Actualmente es una filial de la multinacional francesa Suez Environment, que en 2009 compró la participación mayoritaria de La Caixa.

Poco después, en un pleito privado, un juez decretó que Aguas de Barcelona carecía de un contrato con el Ayuntamiento de Barcelona y, por tanto, su situación estaba en el aire. Ello abrió un flanco preocupante en un momento en que en toda Europa renacía una tendencia hacia la gestión pública directa (que ha hecho que Suez pierda la gestión en plazas tan emblemáticas como París y Berlín). La empresa reaccionó con presteza utilizando su red de contactos políticos. Por una parte, alcanzó un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para organizar cursos a jueces sobre derecho del agua, y por otra llegó a un rápido acuerdo con Convergència i Unió y el PSC (ahora nadie se acuerda de la sociovergencia que mandó en el país durante mucho tiempo) para crear una nueva empresa, Aguas de Barcelona, que integraría toda la actividad del ciclo del agua en 23 municipios del Área Metropolitana, integrando compañías del grupo Agbar y activos públicos. (Algunos ayuntamientos no se sumaron, bien porque tenían empresas mixtas con otros grupos, bien porque contaban con eficientes empresas públicas, como es el caso de El Prat de Llobregat.) Todo se hizo con bastante celeridad y poca transparencia. El objetivo era dar un encaje formal a los intereses de Agbar, que pasó a controlar el 85% de la nueva empresa, quedando el resto para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Agbar había ganado la primera batalla, pero tuvo que hacer frente hasta tal punto a la creciente campaña pro gestión pública impulsada por Aigua és Vida (una entidad animada por grupos ecologistas y vecinales) y la oposición de sus competidores (Acciona, Sacyr…) que vio la posibilidad de hacerse con un negocio suculento. En 2015, en el nuevo ayuntamiento de los Comuns, figuraba como concejal Eloi Badia, uno de los líderes de Aigua és Vida, que pasó a controlar el área de medio ambiente de la AMB. Y en 2016 la cosa se complicó aún más cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó el carácter ilegal de la nueva empresa por razones obvias, como que había sido creada sin concurso, que en 16 de los 23 municipios Agbar no tenía contrato anterior y que la valoración que se hizo en su día de los activos que aportaba la empresa y el sector público era inadecuada. Era una sentencia demoledora que abría las puertas a una municipalización a coste cero, puesto que no existía ninguna concesión que rescatar y la valoración de activos encargada por la propia AMB mostraba un saldo ligeramente favorable para el sector público.

La respuesta de la empresa no se limitó a plantear un recurso al Tribunal Supremo, sino que también puso en marcha una “campaña total” que hemos padecido directamente los movimientos sociales favorables a la municipalización.

  • Una intensa campaña publicitaria no sólo en medios convencionales sino también a través de un plan de esponsorización de entidades.
  • Una campaña de acoso y derribo en la que se han combinado dossieres de prensa contra entidades, amenazas con recursos judiciales y actividades de espionaje.
  • El culmen de esta campaña se alcanzó tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de un nuevo reglamento de participación (largamente reivindicado por todo el tejido asociativo local) que incluía la posibilidad de convocar consultas tras recoger 15.000 firmas de apoyo. Cuando las entidades promotoras de la municipalización recogimos 30.000 firmas en apoyo de la consulta, Agbar lanzó una ofensiva general, bien directamente, bien a través de sociedades impuestas o bien recurriendo a bufetes de abogados con los que existían contactos obvios. Una ofensiva de cuarenta recursos que ha tenido éxito cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en una sentencia insólita, ha decretado la suspensión de todo el reglamento de participación.

Finalmente Agbar ha triunfado. Hace unos días el Tribunal Supremo ha dado un vuelco completo a la sentencia del TSJC y ha decretado la legalidad de todo el proceso de creación de la nueva empresa y de las valoraciones tan favorables a los intereses de Suez. Sorprende un giro tan radical. Sin haber leído aún la sentencia, creo que pueden aventurarse algunas hipótesis. Una es de tipo formal: si la ley permite una interpretación tan diversa es que seguramente su redacción es tan ambigua que deja mucho espacio a los sesgos ideológicos de los jueces. Otra es de tipo “estructural” y tiene que ver con la cultura dominante en la casta judicial, siempre proclive a salvaguardar el statu quo y los intereses dominantes, siempre recelosa de abrir vías al desorden; conozco lo suficiente a las élites económicas como para pensar que lo mismo es trasladable al sector judicial, y ratificar la sentencia de Catalunya era abrir la vía a municipalizar el negocio central de una gran empresa. Y una tercera hipótesis es de tipo “conspirativo”: la formación que Agbar dio a jueces hasta al menos 2015 igual ha dado sus frutos, sin contar el papel de los lobbies que han interferido en todo el proceso. Lo hemos vivido intensamente en Barcelona. Agbar está implicada en diversos casos de corrupción (Pokémon, Cantabria, etc.) y tiene tentáculos muy largos que llegan a gente importante, y posiblemente ahora habrán intentado jugar esta baza. Con la hipótesis estructural basta, pero esta última no es del todo descartable.

Agbar ha conseguido imponer sus intereses en Barcelona (y sigue incordiando en Terrassa y Valladolid, donde no ha podido parar la municipalización), y para ello ha utilizado sus poderosos medios y su falta de escrúpulos. No sólo es una cuestión económica, sino también de derechos sociales (pues existe una enorme opacidad sobre cómo gestiona las ayudas sociales a las personas pobres) y de democracia (ha preferido cargarse todo el modelo de participación de Barcelona a tener que enfrentarse a una consulta no decisiva sobre la gestión del agua).

Hemos perdido una gran oportunidad de municipalizar el agua, y habrá que plantearse cómo seguir actuando. Hay al menos alguna noticia buena. Durante el último mandato municipal (2015-2019), la AMB, que tiene la última palabra sobre las tarifas, ha impuesto un recorte del 9,5%, mientras que la empresa había planteado aumentos del 25% (pese a esta distorsión ha seguido ganando 20 millones de euros anuales y repartiendo dividendos). Ello demuestra que la presión ha limitado su actuación monopolística y que con voluntad política es posible hacer frente a los desmanes de este tipo de empresas. Es una vía menos radical e inmediata, pero no deben despreciarse las vías indirectas para conseguir que la gestión del agua sea ecológicamente eficiente y que el servicio garantice el acceso universal y a un coste adecuado a un suministro que es esencial.

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Un sistema depredador, frente a un espejo

Sat, 07/12/2019 - 11:25

publico
Rosa M. Tristán

Frente a una situación que camina, sin pausa y globalmente, hacia un punto de ‘no inflexión’ respecto a las capacidades de la vida en el planeta, ¿es posible una gobernanza global que ponga freno al sistema que nos lleva al desastre? La respuesta no es fácil, pero ha sido una de las más repetidas en las jornadas de la XI Universidad Verde, celebrada el pasado fin de semana en Córdoba. Científicos, políticos, académicos, divulgadores y activistas han debatido y reflexionado sobre cómo poner “al capitalismo frente al espejo”, título que este año les ha reunido a las puertas de la COP 25 chilena, pero celebrada en España. 

Como era de esperar, las noticias y los datos no son buenos, pero pese a pesimismo general, se plantearon propuestas e iniciativas entre las que destacó la necesidad de esa gobernanza ambiental general que ponga freno a los desmanes, si bien no se sabe cómo podrá abordarse, justo en un momento de debilitamiento político de las instituciones internacionales frente a postulados nacionalistas que ganan apoyos. Sin embargo, el tiempo se agota y ya no podemos esperar, como viene a decir el propio lema de la Cumbre del Clima: “Time for Action”.

En esta nueva Universidad Verde, el periodista de investigación británico Nafeez Ahmed, especialista en seguridad internacional, tras hacer un repaso a lo que ocurre con los sistemas complejos que no se adaptan a los cambios -acaban en colapsos-, aseguró que estamos en situación límite: “La eficiencia del capitalismo ha crecido durante un siglo gracias a que había combustibles fósiles abundantes, pero ahora la tendencia es a tener más usuarios de energía y menos combustibles eficientes, porque hay menos y se pierde eficiencia para conseguirlos. Eso genera un punto de inflexión que se suma a otros, como la crisis de la biodiversidad, lo que en 2040 pueden llevarnos a un gran colapso”, señalaba.

Casos que ejemplifican esta situación, recordaba Ahmed, son la guerra de Siria o la Primavera Árabe, donde la crisis climática (sequías) unida a la del petróleo (menos ingresos por este recurso fósil), generaron conflictos que han llevado a la radicalización, tanto en estos países como en la UE, donde aumenta la extrema-derecha como respuesta a las migraciones generadas, como en Oriente Medio. “De seguir así, podemos llegar a niveles de CO2 que hagan invivible en Oriente Medio y que Europa se divida entre un norte beneficiado por el cambio climático y un sur con muchos problemas. No podemos seguir ajenos a ello porque podemos cambiar, pero para ello es necesario tener mejor información, construir redes para tomar decisiones globales y entender que los cambios son energéticos, pero no únicamente, porque sólo así se creará un ‘tsunami’ para un cambio de sistema”.

Y ¿cómo hemos llegado a este punto? El catedrático de Filosofía Antonio Campillo mencionaba el drama que supuso cambiar nuestro concepto de propiedad de la tierra y la necesaria adaptación humana al entorno, a defender que esa la tierra es la que debe adaptarse a los humanos, bajo la premisa de que “la ciencia lo puede todo” y solucionará los desajustes, lo que calificó de “una nueva religión”. “Nos olvidamos de que la tierra no es nuestra, pero es que además no podemos tener un sistema económico global con gobiernos territoriales. Se precisan alianzas transnacionales” .

Prueba de que hemos convertido la biosfera en “un objeto de transacción mercantil y bursátil”, en palabras de Lourdes Lucía, del movimiento Attack, es que mientras que en las comunidades indígenas el respeto a la naturaleza se relaciona con los bienes comunes, en el sistema económico predominante el agua, el aire limpio o los bosques se convierten en “bonos de capital natural” con los que negocian los bancos en mercados financieros.

Y, sin embargo, proteger la naturaleza es más productivo que no hacerlo, destacaba el científico Fernando Valladares, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en su conferencia sobre “Biodiversidad amenazada”. Según Valladares, la productividad de los bosques amazónicos se ha reducido a la mitad en 30 años, hasta suponer pérdidas de 500.000 millones de dólares al año, más del doble de lo que costaría protegerlos. Con Victoria Sánchez, investigadora del ICREA, plantearon la necesidad de que esa “gobernabilidad global ambiental” deje espacio para la voz de las comunidades locales y los pueblos indígenas. “Su sabiduría sobre la naturaleza es fundamental y no se les tiene en cuenta, muy al contrario, sufren la llegada de las fronteras del sistema allá donde no estaban, a medida que escasean los recursos que requiere el consumo”, destacaba Sánchez.

Precisamente, este año 2019, el informe de la IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos ) del que participó la antropóloga nos descubrió que hay ya más de un millón de especies en riesgo de extinción. Muchas por el cambio climático, pero también por la sobreexplotación tanto en tierra como en los mares. De lo primero habló el hoy diputado autonómico de Equo y ornitólogo Alejandro Sánchez, quien puso en evidencia el declive de muchas aves por la agricultura extentiva y el uso de pesticidas. Sobre lo segundo, la responsable de la campaña de océanos en Greenpeace, Pilar Marcos, dio algunos datos más que preocupantes: un 80% de las especies marinas están sobreexplotadas, sobre todo por la ‘recolección’ de pescado por más de 64.000 barcos-factorías, también llamados ‘monster boats’ . Si a ello se suma la minería en el fondo marino, en expansión, se tiene una pequeña aproximación al desastre. ¿Por qué no es posible llegar a un acuerdo global sobre gestión de los mares?

La cuestión es que no podemos olvidar a los grandes lobbies económicos. En ello insistió el diputado de Unidas Podemos Juan López Uralde, para quien es muy grave la “enorme pérdida que capacidad democrática” que supone su presencia en Bruselas para ‘debilitar’ las medidas que se adoptan en el Parlamento. También Uralde se unió a grupo de quienes reclamaban más democracia transnacional y puso como ejemplo que cuando “las políticas energéticas se dejan en manos de los Estados, se incrementan las diferencias, como vemos en la UE, en vez lugar de avanzarse hacia la cohesión”.

Ante todo ello, el profesor y político Julio Anguita, presente también en esta Universidad Verde cordobesa, no pudo por menos que llamar a todos los presentes a la acción urgente: “Es necesario un programa de inmediata aplicación que incluya acciones muy concretas. Un programa alternativo a esos lobbies que sea de cooperación colectiva y que sirva para gobernar ya. ¿Seremos capaces?”, se preguntaba.

La nota más optimista de las dos jornadas, sin duda, vino de la mano de los portavoces de movimientos emergentes – Yetta Aguado (Madres por el Clima) y Koro López Uralde y Tomás Castillo (Friday For Future) – cuyas acciones y su repercusión indican que algo en esta sociedad, mucho tiempo adormecida, se anda despertando.

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¿Trabajar todos menos y producir lo mismo?

Fri, 06/12/2019 - 22:19

infolibre
Albino Prada

En este diario he argumentado que, de seguir la tendencia de reducción de jornada registrada en España entre 1955 y 1985, este año en vez de las 36 horas semanales trabajadas por término medio tendríamos que estar trabajando 26 horas. Algo que sería singularmente positivo para las muchas mujeres que en determinados sectores (comercio y hostelería por ejemplo) trabajan más de 40 horas a la semana como también he razonado aquí.

Hoy la pregunta que propongo al lector es si podríamos permitirnos en España esta reducción de jornada a 26 horas semanales manteniendo el mismo nivel de riqueza nacional. Cierto que, aun así, no alcanzaríamos las 15 horas de las que Keynes habló en Madrid en el año 1935, pero nos acercaríamos mucho a un objetivo planteado para el Reino Unido ya en el año 2010 en un informe muy recomendable: 21 horas (New Economics Foundation, 2010).

 Para resolver sobre esta posibilidad utilizaré los datos de lo que llevamos de siglo XXI (2000-2018) de nuestra Contabilidad Nacional Anual del Instituto Nacional de Estadística. Solo serán dos datos básicos.

Por un lado, el valor del Producto Interior Bruto (PIB, riqueza nacional) generado en unidades monetarias constantes (descontada la inflación) para evaluar el crecimiento efectivo de la riqueza generada. Y, por otro lado, el número de horas trabajadas por el conjunto de todos los ocupados del país. Ambos datos –el PIB y las horas necesarias– se transforman previamente en dos series que parten del valor 100 en el año 2000 para visualizar mejor su evolución relativa.

¿Trabajar todos menos y producir lo mismo?

Para situarnos. Observemos la serie azul del PIB: crecimiento imparable hasta 2007, retroceso entre ese año y 2013, recuperación desde entonces. Algo semejante sucede con las horas necesarias de trabajo…, aunque se va abriendo una brecha entre ambas que es crucial para lo que aquí nos interesa analizar.

Esa brecha informa de que en 2018 se trabajaron las mismas horas que en 2004 (unos treinta y tres mil millones) pero vemos que la riqueza generada es un 20 % mayor que en aquél año. Lo que debiera ser una excelente noticia para el conjunto de nuestra sociedad.

Sin embargo la jornada laboral semanal media apenas se redujo un 3% y, lógicamente, mientras en 2004 teníamos dos millones doscientos mil parados, en 2018 teníamos tres millones trescientos mil. Misma jornada para los ocupados y más de un millón de parados a mayores.

Pero si redistribuimos las horas de trabajo realizadas en 2018 por los ocupados españoles entre toda la población entre 20 y 65 años (lo que supone incorporar a todos los parados y a buena parte de las mujeres entre esas edades, tal como simulan para Reino Unido en el informe citado más arriba), la jornada semanal media resultante sería de 23 horas.

Esta jornada semanal sería el resultado de la redistribución de las horas necesarias de trabajo en 2018, y así mantener la producción del PIB de dicho año. Conviene recordar que caminar progresivamente de 36 a 23 horas semanales con idéntico salario es una herramienta de la política de rentas con claro encaje en el acervo sindical (Recomendación ILO 1962 nº 116 punto 4) desde hace ya muchos años. Y así, de paso, no interrumpir la tendencia anotada entre los años 1955-1985.

Es esta una posibilidad que surge del hecho de que en la actualidad, siendo como somos un país mucho más rico que en el año 2000, no fuimos capaces de reducir la jornada laboral de los ocupados ni de incorporar a una población parada creciente. Más bien hemos ido escarbando en una recesión social en paralelo a la recuperación del PIB. Riqueza, jornada laboral y desempleo debieran conjugarse, y acabamos de comprobar que podrían conjugarse, de otras formas.

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Albino Prada es doctor en Economía, ensayista y miembro de ECOBAS

 

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La reducción de emisiones comprometida por España no llega a la mitad de lo que aconseja la ONU

Thu, 05/12/2019 - 22:25
El órgano internacional marcó como objetivo una disminución del 7,6% en las emisiones de CO2 para evitar el aumento de la temperatura en 2030. Solo queda un mes para que los países de la UE envíen a Bruselas sus planes climáticos definitivos CTXT <p>Chimenea.</p>

Chimenea.

EDUARDOFIRE

Los planes de lucha contra el cambio climático son insuficientes y poco ambiciosos. Lo alertó hace apenas unos días la Organización de Naciones Unidas al señalar que las emisiones de gases de efecto invernadero globales deberían reducirse al menos un 7,6% antes de 2030 si se quería limitar el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 1,5ºC. Ahora, la plataforma Climate Action Network hace el mismo reclamo en el marco de la Unión Europea, en un informe en el que se repasan los distintos planes estatales que se han presentado ante las instituciones comunitarias durante el último año. Según esta ONG, los documentos preliminares que España envío a la Comisión apenas recogían un compromiso para reducir las emisiones de CO2 un 3,6% para la próxima década. Es decir, menos de la mitad de lo que reclamó la ONU como mínimo indispensable.

Con apenas un mes para que venza el plazo para que los miembros de la UE manden los planes definitivos con sus programas de acción contra el calentamiento global, el estudio de Climate Action Network concluye que lo recogido en los borradores y documentos provisionales presentados durante 2019 no solo no es suficiente para acercase a los objetivos marcados en los Acuerdos de París, sino a los establecidos por la UE en su agenda climática y energética hasta 2030, menos ambiciosa.

En el caso de España, el estudio destaca la falta de compromiso con el objetivo general de reducción de emisiones respecto de los niveles de 1990, que nuestro país sitúa en el 20%, todavía muy lejos del 40% que marca la propia Unión Europea. Un problema todavía más preocupante si se atiende a la desastrosa situación de partida: en 2018 el país todavía arrastraba un nivel de emisiones un 15% superior al de 1990. Mientras, desde las instituciones europeas ya se ha solicitado que el objetivo de reducción se revise y eleve hasta el 50%.

En última instancia, Climate Action Network también llama la atención sobre la falta de información que todavía existe en nuestro país sobre la actualización y revisión final de su plan energético y climático. España es de los pocos países en los que aún no se ha publicado el documento, y no está claro que este se vaya a someter a una consulta pública cuando se entregue. Así ocurre, por ejemplo, con los progresos que se hayan podido incluir en el apartado de combustibles fósiles, aún desconocidos.

Para abordar esta realidad, la organización asegura que España todavía debe hacer grandes esfuerzos para avanzar en el desarrollo de energías renovables y en la coordinación de competencias a nivel regional.

Tal y como aseguró la ONU en su reciente informe sobre la brecha de emisiones, incluso en el caso de que para el año 2030 se cumplan los puntos primordiales del Acuerdo de París la temperatura global aumentará en cerca de 3,2ºC, más de doble de lo que se marcó como horizonte de sostenibilidad para el planeta. En este sentido, la organización internacional, a través de su Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), apuntó también que los países que firmaron el pacto hace 4 años deberían aumentar hasta cinco veces sus objetivos si se quiere limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC.

Sobre esto, los últimos datos sobre emisiones no pueden ser más catastróficos. Según los últimos análisis de la Organización Meteorológica Mundial, la concentración en la atmósfera de los principales gases de efecto invernadero volvió a marcar un nuevo récord en 2018. Las consecuencias son de sobra conocidas: cambio climático, eventos meteorológicos extremos, o desertización y pérdida de la biodiversidad, entre otros.

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Radiografía de la España Vacía

Thu, 05/12/2019 - 22:11

ctxt
Jose luis Marin

Desde el año 2000, el 63% de los municipios ha perdido habitantes. Mientras, la población del país ha crecido en cerca de 6,2 millones de personas   26 DE NOVIEMBRE DE 2019

Durante los últimos veinte años, entre un 84% y un 89% de los municipios  de Asturias, Castilla y León y Extremadura ha perdido población. Las tres regiones son el caso más extremo y significativo del mal demográfico que atraviesa España desde hace varios lustros: la despoblación. Pero estos no son, desgraciadamente, los únicos lugares donde ha ocurrido esto. Según datos del INE, hasta un 63% de las localidades que hay en España ha visto cómo descendía su número de habitantes desde el cambio de milenio.

Para agravar esta situación, la pérdida de población en casi dos tercios de los cerca de 8.100 municipios que existen en el país ha sucedido en un contexto de crecimiento demográfico a nivel nacional, lo que sin duda sugiere que el fenómeno de la España vacía se encuentra atravesado de forma integral por un fuerte componente migratorio. Concretamente, de las zonas rurales a las urbanas. Tanto es así que a finales de 2018 vivían en el país 6,2 millones de personas más de las que lo hacían allá por el año 2000.

Para algunas localidades, la situación es absolutamente dramática. Desde el año 2000, en casi un tercio de los municipios donde se ha perdido población el descenso ha sido superior al 25%. Por otro lado, y según datos del INE analizados por la agencia de comunicación Stratego, el número de municipios del país que tienen menos de cien habitantes ha crecido un 46% durante el mismo periodo.

En el extremo contrario, aparecen también otros actores clásicos de los flujos migratorios internos del país: en Madrid y Baleares, menos de un 6% de las localidades han perdido población. En Murcia el porcentaje de municipios donde ha descendido el padrón no llega al 14%, mientras que en País Vasco, Canarias y Cataluña no supera el 28%.

Pero el de la España vacía no es un problema que se limite al movimiento masivo de población a grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona. Más bien, el drama demográfico de nuestro país se ha construido en base a la generalización del esquema centro-periferia dentro de las propias regiones de procedencia, sin que necesariamente haya existido entre medias un trasvase hacía las 3 ó 4 regiones y ciudades más pobladas del país.

Así queda demostrado cuando se comprueba que, en términos totales, apenas han sido tres las Comunidades Autónomas que han perdido población durante los últimos 20 años. Al mismo tiempo, y mientras el 63% de los municipios del país han visto como descendía su censo, encontramos solo 15 provincias –menos de un tercio del total– donde se pueden contar menos habitantes que en año 2000, y en ninguna de ellas se ha registrado un descenso de población superior al 15%. Es decir, el vaciado está siendo mucho más acelerado a nivel rural que si se tienen en cuenta otras divisiones administrativas más amplias.

Esto no significa que la España urbana de las provincias se haya librado del espectro de la despoblación y que no atraviese sus propios problemas demográficos. Ejemplo de ello es la pérdida de población joven y cualificada que las ciudades del interior y el norte del país ha vivido en los últimos años. En muchos casos, de forma aún más acelerada que en propio ámbito rural.

En este caso, las cifras vuelven a apuntar a los mismos protagonistas. Según un estudio del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre 2012 y 2017 las capitales de provincia de Castilla y León registraron un  saldo negativo de migración joven del 13,4%, frente al descenso del 9,63% que se vivió en las zonas rurales de la región. Otros lugares donde se ha podido ver una tendencia similar han sido Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Andalucía y Galicia.

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¿Trabajar todos menos y producir lo mismo?

Wed, 04/12/2019 - 11:39

infolibre
A
lbino Prada

tiempotrabajo

En este diario he argumentado que, de seguir la tendencia de reducción de jornada registrada en España entre 1955 y 1985, este año en vez de las 36 horas semanales trabajadas por término medio tendríamos que estar trabajando 26 horas. Algo que sería singularmente positivo para las muchas mujeres que en determinados sectores (comercio y hostelería por ejemplo) trabajan más de 40 horas a la semana como también he razonado aquí.

Hoy la pregunta que propongo al lector es si podríamos permitirnos en España esta reducción de jornada a 26 horas semanales manteniendo el mismo nivel de riqueza nacional. Cierto que, aun así, no alcanzaríamos las 15 horas de las que Keynes habló en Madrid en el año 1935, pero nos acercaríamos mucho a un objetivo planteado para el Reino Unido ya en el año 2010 en un informe muy recomendable: 21 horas (New Economics Foundation, 2010).

Para resolver sobre esta posibilidad utilizaré los datos de lo que llevamos de siglo XXI (2000-2018) de nuestra Contabilidad Nacional Anual del Instituto Nacional de Estadística. Solo serán dos datos básicos.

Por un lado, el valor del Producto Interior Bruto (PIB, riqueza nacional) generado en unidades monetarias constantes (descontada la inflación) para evaluar el crecimiento efectivo de la riqueza generada. Y, por otro lado, el número de horas trabajadas por el conjunto de todos los ocupados del país. Ambos datos –el PIB y las horas necesarias– se transforman previamente en dos series que parten del valor 100 en el año 2000 para visualizar mejor su evolución relativa.

¿Trabajar todos menos y producir lo mismo?

Para situarnos. Observemos la serie azul del PIB: crecimiento imparable hasta 2007, retroceso entre ese año y 2013, recuperación desde entonces. Algo semejante sucede con las horas necesarias de trabajo…, aunque se va abriendo una brecha entre ambas que es crucial para lo que aquí nos interesa analizar.

Esa brecha informa de que en 2018 se trabajaron las mismas horas que en 2004 (unos treinta y tres mil millones) pero vemos que la riqueza generada es un 20 % mayor que en aquél año. Lo que debiera ser una excelente noticia para el conjunto de nuestra sociedad.

Sin embargo la jornada laboral semanal media apenas se redujo un 3% y, lógicamente, mientras en 2004 teníamos dos millones doscientos mil parados, en 2018 teníamos tres millones trescientos mil. Misma jornada para los ocupados y más de un millón de parados a mayores.

Pero si redistribuimos las horas de trabajo realizadas en 2018 por los ocupados españoles entre toda la población entre 20 y 65 años (lo que supone incorporar a todos los parados y a buena parte de las mujeres entre esas edades, tal como simulan para Reino Unido en el informe citado más arriba), la jornada semanal media resultante sería de 23 horas.

Esta jornada semanal sería el resultado de la redistribución de las horas necesarias de trabajo en 2018, y así mantener la producción del PIB de dicho año. Conviene recordar que caminar progresivamente de 36 a 23 horas semanales con idéntico salario es una herramienta de la política de rentas con claro encaje en el acervo sindical (Recomendación ILO 1962 nº 116 punto 4) desde hace ya muchos años. Y así, de paso, no interrumpir la tendencia anotada entre los años 1955-1985.

Es esta una posibilidad que surge del hecho de que en la actualidad, siendo como somos un país mucho más rico que en el año 2000, no fuimos capaces de reducir la jornada laboral de los ocupados ni de incorporar a una población parada creciente. Más bien hemos ido escarbando en una recesión social en paralelo a la recuperación del PIB. Riqueza, jornada laboral y desempleo debieran conjugarse, y acabamos de comprobar que podrían conjugarse, de otras formas.

____________Albino Prada es doctor en Economía, ensayista y miembro de ECOBAS

Categories: Attac Planet

La temperatura se ha incrementado en España 1,57 °C en 57 años

Tue, 03/12/2019 - 14:31

elsalto
Pablo Rivas

En vísperas de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), las últimas informaciones sobre la evolución de la crisis climática no son nada halagüeñas: “La temperatura de España entre 1960 a 2018 se ha ido incrementando progresivamente, y en esos años ha aumentado un 1,57ºC”, ha señalado este viernes en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad (OS), en la presentación del informe Emergencia Climática en España 2019.

El documento analiza más de 135 referencias —de artículos de Science o Nature a los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)— en las que se señalan las evidencias de la emergencia climática en el Estado español, como es el caso de que la totalidad de las capitales de provincia hayan incrementado su temperatura media en “prácticamente un grado en los últimos 30 años”, añadiendo que, “allí donde los datos permiten remontarse más atrás, como Barcelona, Alicante, Madrid y una treintena de ciudades, el incremento es aún mayor, por encima de los 2ºC.

El OS remarca que el verano se ha alargado en nueve días de media por décadas, lo que hace que el estío actual sea cinco semanas más largo que a principios de los años 80. “Lo que antes creíamos que iba a ser algo que iba a afectar a nuestros hijos, a las próximas generaciones, es algo que nos está afectando a todos nosotros y que nos está afectando ya”, ha lamentado Prieto.

Solo Endesa, patrocinadora de la COP25, expulsa a la atmósfera el 23% de las emisiones industriales y el 9% de las totales atribuibles a España

 

“Las evidencias apuntan al mismo sentido en lo que se refiere al mar Mediterráneo”, ha señalado el investigador, apuntando cómo la temperatura del mismo ha aumentado 0,34ºC por década desde los años 80, tal como apuntan los datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Asimismo, ha indicado además el incremento estimado del nivel de dicho mar de 3,4 mm por año de 1993 a 2017, según los datos del Servicio de Información Marítima Copernicus.

Otro dato que el OS resalta es la desaparición de 33 de los 52 glaciares que había en el territorio del Estado en 1850.

SEGUIMOS AÑADIENDO PRESIÓN

Prieto, que ha sido acompañado en la presentación por Jorge Lobo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el biólogo Raúl Estévez, del OS; el bioquímico y ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza; y el integrante de Extinction Rebellion, Nicolás Eliades, ha descrito el complicado panorama que ofrecen las presiones que el ser humano está haciendo sobre el sistema que sostiene la vida en el territorio peninsular.

“Hubo un incremento muy fuerte de emisiones [de gases de efecto invernadero] hasta el 2017, luego bajó con la crisis brutal que tuvimos, pero no acaban de bajar, que es lo que tendríamos que hacer si queremos entrar en la descarbonización”. En concreto, aunque en 2018 disminuyeron en España un 2,3% —principalmente por el excepcional año de lluvias, lo que hizo que la energía hidroeléctrica se incrementase en un 85%—, aumentaron desde 1990 un 15%.

España es el país de la UE en el que más crecen las emisiones de efecto invernadero desde 1990: se han incrementado un 17,9% mientras que en el conjunto de la UE han descendido un 23,5%.

 

A pesar de ello, “durante el año 2019 se observa en la generación eléctrica un fuerte incremento del gas y el mantenimiento de la tendencia de crecimiento de las emisiones debidas al transporte y al sector residencial”, señalan desde el OS. Aunque no todo son malas noticias: “Se observa una disminución pronunciada el uso del carbón en un año con muy escasa hidraulicidad”.

CULPABLES CLAROS

 

Las principales empresas responsables de esta situación en España son, por este orden, Endesa, Repsol, Naturgy, EDP, ArcelorMittal, Cepsa, Viesgo, Iberdrola, Cemex, Lafarge-Holcim y Cementos Portland, tal como adelantó el organismo en su informe Big Polluters Spain 2019. Solo Endesa, patrocinadora de la COP25, expulsa a la atmósfera el 23% de las emisiones industriales y el 9% de las totales atribuibles a España. De hecho, las diez empresas más sucias, enmarcadas en los sectores de la energía, el cemento y el metal, son responsables del 62% de las emisiones industriales y del 25% del total del Estado.

“Si se ampliase el listado a las 50 compañías más contaminantes, las cifra supondría el 85% de las emisiones fijas y el 35% de la totales, lo que ejemplifica el elevado peso que tienen estas compañías en la contribución española al cambio climático”, destacan desde el OS. España es el país de la UE en el que más crecen las emisiones de efecto invernadero desde 1990: se han incrementado un 17,9% mientras que en el conjunto de la UE han descendido un 23,5%.

Ante este reto, desde el OS plantean la necesidad de “identificar grandes proyectos con el objetivo de iniciar una gran adaptación al cambio climático”. Uno de ellos sería la creación de un Corredor Verde Mediterráneo que consistiría en “la creación de una gran malla ecológica de enfoque sistémico que añadiese a la red de espacios protegidos otros territorios no catalogados de alta calidad ecológica, singularidad paisajística o funcionalidad productiva”.

El objetivo de esta iniciativa sería doble: “Restaurar la biodiversidad y la funcionalidad y conectividad ecológicas” y “enderezar el ciclo hidrológico” para enfrentarse a la emergencia climática desde más ámbitos, no solo mediante la reducción de emisiones. “Básicamente lo que vamos a intentar desarrollar son iniciativas de restauración ecológica en toda esa franja orientadas a combatir los efectos del cambio climático”, ha señalado por su parte Raúl Estévez, coautor del informe.

Asimismo, seguir la vía que señalan las últimas declaraciones de emergencia climática, proclama a la que se sumó este semana el Parlamento Europeo, con hechos y no con palabras, es otro de los caminos que desde el OS señalan como vía para descarbonizar la economía.

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La industria del espionaje digital está ayudando a los Estados a violar los DDHH: ya basta

Mon, 02/12/2019 - 14:06

David Kaye

el diario.es

Imagínese un Gobierno con poder suficiente para espiar a periodistas, activistas y a casi todos sus opositores. Un Estado con capacidad de silenciar y extorsionar a una persona no sólo gracias a la capacidad de seguir sus movimientos, sino sus conversaciones, sus contactos, sus fotos, notas, correos… en definitiva, todo el contenido de su vida digital.

Para algunos eso suena a ficción distópica, pero hoy ese tipo de vigilancia, con capacidad de seleccionar a alguien concreto, es una de las realidades más siniestras de la era digital. Se está convirtiendo en un instrumento en manos de Gobiernos represivos para asfixiar el debate, la crítica y el periodismo.

Una y otra vez, investigadores y periodistas han desenmascarado cómo diversos Gobiernos –con apoyo de empresas privadas– han insertado programas con capacidad para espiar a través de maniobras arteras los teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y dispositivos similares pertenecientes a personas a las que quieren neutralizar: aquellas que juegan un papel importante en la democracia en tanto que facilitadores del derecho de la ciudadanía a estar informada. Y no termina aquí. A veces la vigilancia acaba con los objetivos detenidos y atacados. Incluso asesinados.

El mes pasado, WhatsApp demandó ante la justicia de Estados Unidos a una empresa israelí especializada en vigilancia, el grupo NSO. La demanda argumenta que la plataforma estuvo expuesta a tecnología de la empresa. En concreto, a su producto estrella, Pegasus, un programa que pudo acabar instalado en una cifra cercana a los 1.400 dispositivos y que permitió que varios Gobiernos tuvieran acceso a esa cantidad de información personal prácticamente ilimitada (la empresa lo niega) que cargamos en nuestros bolsillos. El CitizenLab de la Universidad de Toronto ha localizado el programa Pegasus en 45 países.

El sector de la vigilancia –donde el Grupo NSO es sólo una de entre cientos de empresas– parece estar fuera de control, lejos de cualquier posibilidad de rendición de cuentas y actuando sin límites en todo el mundo. Estaría dando acceso a bajo coste a los Gobiernos a todo tipo de herramientas que permiten espiar con una precisión que hasta hace poco sólo podían usar las agencias de inteligencia más sofisticadas.

El sector y quienes lo defienden argumentarán que es el precio a pagar por enfrentarse al terrorismo. Dirán que debemos sacrificar libertad para proteger a los nuestros de otro 11 de septiembre. Como alguien bien ubicado me dijo una vez, dicha vigilancia es “obligatoria” y, peor aún, “es complicado proteger la privacidad y los derechos humanos”.

Todo lo que puedo pedir es que me dejen en paz. Al menos por un tiempo. Es difícil imaginar a las empresas tratando de actuar al respecto. Tampoco los Gobiernos que podrían hacerlo muestran demasiado interés. De hecho a los Gobiernos se les ha visto cómodos contando con las empresas para que les hicieran el trabajo sucio.

Esto no va de Gobiernos utilizando ciertos instrumentos para fines legales y cayendo sin querer en daños colaterales: esto va de usar tecnología de espionaje para ir contra personas cruciales y vulnerables. Contra aquellas a quienes la democracia debería proteger.

De primeras, pareciera que establecer limitaciones a la industria global del espionaje fuera imposible. Las empresas operan en un entorno de sombras donde coluden espionaje y antiterrorismo. Un entorno abstruso para los que no son expertos y que pretendan regularlo o controlarlo.

Muchos argumentan que limitar la exportación de programas como esos es una pérdida de tiempo. A fin de cuentas, las empresas chinas ocuparán cualquier vacío que dejen las empresas occidentales. Es cierto que eso es un obstáculo. Pero no es un argumento para evitar hacer lo que hay que hacer cuando se trata de proteger los derechos humanos. Los intentos por lograr una reforma real de ese sector deben comenzar ya. Deben hacerlo a escala global y deben seguir varios pasos.

Primero, los Gobiernos, por supuesto, tienen que controlar las exportaciones de programas de espionaje. Ya existen contextos que permiten restringir la exportación de tecnología de doble uso, militar y comercial.

El acuerdo más relevante en ese sentido es el Acuerdo de Wassenaar. Es necesario actualizarlo para que vaya más allá de la tecnología de doble uso y amplíe su ámbito regulatorio a los programas utilizados para minar los derechos humanos. Todos los Gobiernos tendrán que comprometerse a poner en marcha controles de exportación por acuerdo mutuo.

Por el momento sólo existe una respuesta que ha probado ser efectiva ante lo evidente de los abusos que se están cometiendo: detener todas las ventas y transferencias de tecnología. En un informe que presenté a Naciones Unidas en Junio, pedí una moratoria inmediata a la transferencia de programas de espionaje hasta que se pongan en marcha controles viables. Es hora de lanzar una campaña sincera para terminar con una vigilancia que no rinde cuentas ante nadie.

En segundo lugar, las empresas deben poner en marcha controles efectivos sobre su propia tecnología. El Grupo NSO se ha comprometido a seguir las prácticas en materia de derechos humanos recomendadas por Naciones Unidas para las empresas. Pero un control efectivo va más allá de políticas de autorregulación. Significa hacer pública la lista de clientes y los usos de la tecnología, la aprobación de reglas contra usos indebidos y violaciones de derechos humanos, una vigilancia periódica y la capacidad de detener de inmediato lo que suceda en violación de derechos fundamentales.

El control efectivo también exige compromisos por parte de las empresas a la hora de impedir la transferencia de su tecnología a quienes violen de manera sistemática los derechos humanos o países en los que no funcione el Estado de derecho en torno a la vigilancia de las personas. Debe rechazarse el uso de este tipo de programas para objetivos ilegítimos. Y todos estos controles deben recibir el refuerzo de un sistema de sanciones gubernamental a quienes los usen para lo que no deben.

Por último, que los Gobiernos o las empresas cómplices rindan cuentas por sus abusos y comportamientos indebidos, algo que cada vez es más difícil para las víctimas de este tipo de espionaje.

Los Gobiernos deben facilitar que existan acciones legales de esa naturaleza. Deben cambiar sus leyes para permitir quejas contra las empresas y administraciones responsables de vigilancia ilegal. Algún tipo de jurisdicción universal que permita controlar la expansión de esta perniciosa tecnología.

Hay pocos ejemplos más claros de la cara oscura de la era digital que el de la industria de la vigilancia digital y sus instrumentos represivos. Ya es hora de controlarlos.

David Kaye es profesor de Derecho en la Universidad de California, relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión y autor de ‘Speech police: the global struggle to govern the internet’ (La policía del discurso: un combate global para gobernar internet).

Traducido por Alberto Arce

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Crítica a Thomas Piketty: ¿incremento de desigualdades o de explotación?

Sun, 01/12/2019 - 14:02

publico
VICENÇ NAVARRO

El aumento de las desigualdades de renta y de propiedad ha sido tan grande en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado que ha llamado la atención de los mayores fórums y medios de comunicación en tales países, así como en las instituciones internacionales. En realidad, el tema de las “desigualdades” se ha convertido casi en un tema de moda. Desde el Foro de Davos (el Vaticano del pensamiento neoliberal) hasta el Foro Social Mundial, todos hablan del tema de desigualdades.

Pero lo que es interesante (y diría yo también intrigante) es que apenas se habla de otro término (o concepto) que está claramente relacionado con el tema de desigualdades. Y me refiero al término (y concepto) de explotación, raramente citado y todavía menos analizado, por ser considerado demasiado polémico. Los datos, sin embargo, muestran que es casi imposible entender la enorme evolución de las desigualdades hoy en el mundo capitalista desarrollado sin hablar de explotación.

Qué es explotación

En realidad, el concepto explotación es muy fácil de definir: A explota a B cuando A vive mejor a costa de que B viva peor. Y A y B pueden ser clases sociales, géneros, razas, naciones o ambientes. Me explico: cuando a un trabajador se le paga menos de lo que contribuye con su producto o servicio a fin de que su empleador (el empresario) pueda aumentar más sus beneficios, hablamos de explotación de clase. Cuando una pareja (hombre y mujer) que viven juntos y trabajan los dos, llegan a casa al mismo tiempo y la mujer se va directamente a la cocina a preparar la cena para los dos mientras el marido se sienta para ver la televisión, hablamos de explotación de género. Cuando a un ciudadano negro se le paga menos que a un blanco por hacer el mismo trabajo, entonces indicamos que hay explotación de raza. Cuando un Estado–nación impone a otro más pobre las condiciones del comercio internacional que le favorecen, a costa de los intereses de esa nación pobre, hay explotación de nación. Y cuando la compañía Volkswagen era consciente del daño causado por sus automóviles, contaminando más de lo legalmente permitido, beneficiándose a costa de dañar la salud de la población, había un caso de explotación del medioambiente por parte de dicha empresa, a costa de la salud de la población.

El crecimiento de las desigualdades de clase causado por un aumento de la explotación Portada del libro 'Capital e Ideología', de Thomas Piketty.
Portada del libro ‘Capital e Ideología’, de Thomas Piketty.

Pues bien, una de las desigualdades más acentuadas y que han aumentado más sustancialmente desde los años ochenta del pasado siglo han sido las desigualdades por clase social, y ello se debe al aumento de la explotación de clase, que explica en gran medida la evolución de estas desigualdades de clase, las cuales, a su vez, afectan a otros tipos de desigualdades (como las desigualdades de género originadas por otros tipos de explotación, como mostraré más adelante). La explotación de clase centra la dinámica de las sociedades capitalistas hasta tal punto que no se puede entender ni la génesis ni el desarrollo de la Gran Depresión o de la Gran Recesión en el mundo capitalista desarrollado sin analizar la evolución de tal explotación. Incluso un economista keynesiano como Paul Krugman ha reconocido últimamente esta realidad, señalando que el economista que explicó mejor la evolución de los ciclos económicos fue Michal Kalecki (que influenció a Keynes), que puso la explotación de clase y el conflicto generado por tal explotación en el centro de su análisis. Thomas Piketty, en su último libro Capital e ideología así también lo reconoce, aludiendo a la famosa cita de Karl Marx: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases”.

La explotación de clase durante la Gran Recesión

Esta observación aplica claramente a España (incluyendo Catalunya), uno de los países de la UE con mayores desigualdades por clase social. Las rentas del trabajo han ido disminuyendo en España (incluyendo Catalunya), mientras que las rentas del capital han ido aumentando, siendo el ascenso de estas últimas a costa del descenso de las primeras. En España (incluyendo Catalunya) el conflicto de banderas (la borbónica por un lado y la estelada independentista por el otro) durante los años de la Gran Recesión ha ocultado esta realidad.  La enorme crisis de legitimidad del Estado se basa precisamente en esta realidad.

Uno de los elementos de estabilidad del sistema capitalista, que era la ideología de la meritocracia (que asumía que el mérito era el motor que definía la jerarquía social), ha perdido toda su credibilidad y capacidad cohesionadora, pues pocos se la creen. Y ahí está el problema para la reproducción del régimen político actual. Esta realidad muestra el poder de las ideologías en la configuración de las desigualdades, como concluye, con razón, Piketty en el libro anteriormente citado, Capital e ideología. Ahora bien, el gran error de Piketty es que concede excesiva autonomía a las ideologías, sin apercibirse de que las que él cita han sido creadas y promovidas para satisfacer los intereses de las clases que las originan. Piketty reconoce que Karl Marx llevaba razón (cuando ponía la lucha de clases en el centro de la explicación), pero añade inmediatamente después que hoy la lucha no es entre clases, sino entre ideologías. Por lo visto, Piketty no se da cuenta de que, como acabo de decir, las ideologías son sostenidas y promovidas como instrumentos del poder de clase. La meritocracia era una ideología promovida por los que estaban en la cúspide del poder, para justificar su derecho a dominar. Y el neoliberalismo ha sido la ideología de la clase capitalista dominante, como bien muestran los datos sobre la evolución de las rentas y su enorme concentración, lo cual ha ocurrido a costa de la clase trabajadora, cuyo nivel de vida ha ido empeorando. La evidencia de ello es clara y contundente (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

Naturalmente que tales ideologías (de clase) no son las únicas, pues cada tipo de explotación genera diferentes ideologías. La explotación de género se sostiene gracias a la existencia de ideologías que reproducen tal explotación. Pero todas ellas están también influenciadas por las ideologías encaminadas a reproducir el dominio de clase. Hay muchos ejemplos de ello. Como ha escrito Rosalind Gill en su libro Cultura y subjetividad en tiempos neoliberales y posfeministas, el neoliberalismo (la ideología de la clase capitalista) influenció la expansión del erotismo en la moda femenina, a fin de empoderar a la mujer para competir en el mundo dominado por el hombre en términos que reproducían también el dominio del machismo, que veía a la mujer como objeto de deseo del hombre. Lo que la mujer (liberal) creía que era la libre expresión de su voluntad era, en realidad, la reafirmación de su opresión, presentándola como objeto de deseo.

Una situación semejante se da en las ideologías basadas en la explotación de raza (y de clase). El racismo ha jugado un papel clave en desempoderar al mundo del trabajo, dividiéndolo por raza. Es de sobras conocido que el racismo juega un papel clave en la desunión de la clase trabajadora., causa de que sea ampliamente promovido por la clase dominante. Como bien dijo Martin Luther King una semana antes de ser asesinado, “la lucha central en EEUU que afecta a todas las demás es la lucha de clases”. Lo dicho anteriormente no es, como algunos estarán tentados de pensar, reduccionismo de clase, sino intentar recuperar y resaltar la importancia de la clase social como variable de poder en el análisis de la realidad, y no solo a nivel económico, algo que raramente se hace no solo en los medios, sino también en los análisis académicos.

La explotación requiere dominio, hegemonía y represión por parte de los explotadores

Y estas ideologías se sustentan a base también de una enorme represión. Basta ver qué está ocurriendo en varios países de Latinoamérica hoy. De ahí que considere enormemente ingenua la observación que hace Piketty en su crítica a Marx. Dice Piketty: “A diferencia de la lucha de clases, la lucha de ideologías está basada en el conocimiento y las experiencias compartidas, en el respeto al otro, en la deliberación y en la democracia.” Tengo que admitir que tuve que leer este párrafo dos veces. Mis muchos años de experiencia y conocimiento de la realidad en los varios países en los que he vivido y he trabajado muestran que no es así. Piketty idealiza el sistema democrático. La prueba de ello es que el siglo XXI se está caracterizando por las enormes agitaciones sociales frente a las consecuencias de la aplicación de las políticas de clase impuestas por los grupos dominantes.

Hoy, la gran mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte están experimentando una enorme crisis de legitimidad de sus Estados, resultado en gran parte de la aplicación de las políticas públicas neoliberales impuestas por los partidos gobernantes, incluidos los partidos socialdemócratas cuyo compromiso y aplicación de políticas públicas del mismo signo han generado su enorme colapso e incluso desaparición, como ha sido el caso del partido socialista en Francia, país donde reside Thomas Piketty. El surgimiento de la ultraderecha en Europa y el gobierno de ultraderecha que gobierna EEUU son un indicador de tal crisis. Me parece incoherente que a la luz de estas realidades, Piketty concluya que los sistemas políticos actuales responden a la idealizada versión que caracteriza su definición de ellos. Hoy estamos viendo el fin de una etapa en la que el poder de las clases dominantes ha alcanzado un nivel tal que la propia supervivencia de los sistemas democráticos está en juego. La escasa atención que Piketty presta al contexto político del fenómeno económico (que es casi característica de los estudios económicos actuales) empobrece su análisis, pues hace poco creíble que las propuestas que hace puedan considerarse como factibles sin que exista un cambio más sustancial de lo que él considera.

Respecto a sus propuestas, admito reservas en cuanto al hecho de que la solución pase por gravar a las rentas superiores y a la clase de propietarios del capital y que se distribuya la renta a cada uno de los ciudadanos. Ya he expresado mis reservas en cuanto a priorizar una renta universal a costa de un cambio más significativo, que es utilizar los fondos adquiridos mediante la grabación del capital y de las rentas superiores para crear una sociedad en la que cada uno contribuya según sus habilidades y los recursos se distribuyan según sus necesidades. Habiendo dicho esto, no quiero desalentar al lector a que lea el libro de Thomas Piketty, que como siempre tiene información de gran interés.

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Bolivia: El MAS y las causas del golpe. Un debate necesario. Dossier

Sun, 01/12/2019 - 00:29

sinpermiso

Bolivia en la tragedia de América Latina

Alejandro Nadal

El proceso de cambio social iniciado por la victoria de Evo Morales hace 14 años estuvo apuntalado por una victoria política de las clases explotadas en la sociedad boliviana. El triunfo electoral casi no cuenta con paralelismos en los procesos de lucha en la región. La vía a un socialismo al estilo Bolivia parecía quedar despejada.

Ese triunfo político coincidió con lo que se ha denominado el superciclo de los commodities. A partir de 1995, el índice de precios de las materias primas aumentó espectacularmente. Eso permitió a gobiernos, como los de Kirchner, Lula, Correa y Evo Morales, mantener ingresos fiscales suficientes para soportar los programas sociales que eran la médula de su estrategia económica y que ayudaron a la gente que había sido más abandonada durante la larga noche del neoliberalismo. Los programas brasileños, como el de Cero Hambre y Bolsa Familia, tuvieron su paralelismo en los distintos bonos que el gobierno entregaba puntualmente a Bolivia.

Esos programas sociales constituyeron un respiro para la gente que recibía los pagos. No sólo se trataba de una ayuda material para sobrellevar la pesada carga cotidiana que el castigo neoliberal había impuesto desde hacía años. También representaban un mensaje de aliento, en el sentido de sentir que alguien por fin se había acordado de las clases más golpeadas, lo que representó una inyección de optimismo y, yo diría, hasta de alegría política.

Sin embargo, en una economía capitalista las fuerzas que mantienen a la gente en la trampa de la pobreza no desaparecen con esas entregas de dinero en efectivo. El otorgamiento de bonos en Bolivia amplió sin duda la capacidad de consumo de los estratos de menores ingresos, pero eso no necesariamente constituye una política redistributiva duradera. Por cierto, esa es una lección que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no parece querer entender. Claramente, se requiere algo más y a escala macroeconómica para que esos programas tengan un alcance distinto. Lo que sí es claro es que los programas sociales basados en pagos en efectivo no son sinónimo de una política para el desarrollo.

La industria extractiva siguió jugando un papel clave en la economía boliviana. La estrategia de desarrollo del gobierno de Evo Morales siguió dependiendo de la extracción de algunas materias primas claves. El oro, el zinc y el gas llegaron a representar cerca de 65 por ciento de las exportaciones totales. Es cierto que el gobierno de Evo Morales procedió a nacionalizar el sector hidrocarburos (las grandes compañías trasnacionales permanecieron como los grandes operadores del sector). Y también es cierto que los impuestos y regalías que el gobierno pudo renegociar con esas compañías le permitieron alimentar sus programas sociales y ciertos proyectos de inversión. Pero una estrategia basada en las exportaciones de materias primas tenía que verse afectada tarde o temprano por las variaciones de precios de esos productos. Tal como lo previó Raúl Prebisch hace ya más de seis décadas, los ciclos de precios de las materias primas son un enemigo mortal del proceso económico en América Latina (y eso vale para cualquier país que sea dependiente de los mercados de commodities). Bolivia no es una excepción, y cuando el superciclo de los commodities terminó por la crisis de 2009 los efectos negativos no tardaron en dejarse sentir.

En el terreno de la minería, las cosas tomaron un cauce todavía más complicado. Una parte de la industria minera siguió en manos de grandes empresas trasnacionales, mientras otro segmento estuvo explotado por cooperativas mineras. Ahí las contradicciones fueron de otra índole. Una parte del sector se opuso a la sindicalización de los trabajadores, lo que llevó a violentos enfrentamientos. En otras localidades muchas comunidades se opusieron a los grandes proyectos mineros, con sus secuelas de contaminación y destrucción. Detrás del mito sobre la protección de los derechos de la Pachamama en la Constitución, Bolivia siguió siendo un territorio devastado por las secuelas del extractivismo (éste es uno de los países más contaminados del mundo por mercurio).

Evo Morales obtuvo 61 por ciento de los sufragios en las elecciones de 2014. Pero en el referendo de 2015, para reformar la Constitución y permitirle postularse una cuarta vez, Evo fue derrotado. Grave error político cometió Evo cuando buscó por otros medios dar la vuelta a ese resultado negativo. Además de las contradicciones que ya experimentaba el modelo boliviano, este error abrió las puertas al golpe por una oposición que nunca abandonó su odio al presidente indígena y todo lo que representaba.

Hoy, América Latina sigue atrapada en una inserción defectuosa en la economía mundial. Habiendo abandonado el proyecto de industrializarse desde la década de los años 80, Latinoamérica sigue siendo prisionera de una tragedia que se llama extractivismo. Y las donaciones en dinero a los más pobres pueden ser un paliativo, pero no constituyen una estrategia de desarrollo ni un proyecto redistributivo duradero.

La Jornada, 13 de noviembre 2019

 

La debacle del MAS y el golpe

Raúl Zibechi

Señor presidente, desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos: ¿dónde te perdiste? Porque no vives dentro de los preceptos ancestrales que dicen que debemos respetar el muyu (círculo): sólo una vez debemos gobernar. ¿Por qué has prostituido a nuestra Pachamama? ¿Por qué mandaste a quemar la Chiquitanía? ¿Por qué maltrataste a nuestros hermanos indígenas en Chaparina y en Tariquía?”, dice el manifiesto de la Nación Qhara Qhara, con el que un sector del movimiento indígena se incorporaba el pasado jueves 7 de noviembre a las protestas contra el fraude electoral en Bolivia.

El manifiesto es una de las piezas más duras contra Evo Morales, quizá porque proviene de las propias entrañas de la fuerza que lo llevó al poder: “Respeta nuestras culturas, ya no siembres más odio entre los hermanos del campo y de la ciudad, deja de dividir a los pueblos, ya vulneraste su libre determinación. Deja de enviar indígenas como carne de cañón para el respaldo de tus intereses y de los que te rodean, que ya no son los nuestros; deja de enviar matones a maltratar a nuestra gente; deja que vivamos en nuestra ley; deja de hablar en nombre de los indígenas, que ya perdiste tu identidad” (Fides, 7‑XI‑19).

El contraste entre lo que ocurre ahora y lo sucedido en octubre de 2003, durante la primera guerra del gas, es notable. En aquella ocasión todos los movimientos sociales se enfrentaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y pagaron un precio de más de sesenta muertos y cientos de heridos y mutilados. Pese a la brutal represión –el ejército ametralló a los manifestantes desde helicópteros–, la población consiguió doblegar al gobierno, que debió renunciar.

Pero en esta ocasión, luego de tres semanas de protestas opositoras y denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales se proclamó reelecto, había mucha rabia por el gobierno en gran parte de los dirigentes y las bases de las organizaciones sociales, que, al llegar la tarde del pasado domingo 10, se habían ido manifestando por la renuncia del presidente, como la Central Obrera Boliviana, la federación minera y organizaciones indígenas. Por eso, ese día la derecha más extremista pudo entrar a la casa de gobierno sin problemas y nadie salió de inmediato a la calle a defender a Morales cuando el ejército le sugirió que renunciara.

En estos casi catorce años en el gobierno hubo actuaciones del oficialista Movimiento al Socialismo (Mas) que los movimientos sociales no olvidaron. Entre 2002 y 2006 se formó el Pacto de Unidad entre las principales organizaciones campesinas e indígenas como sostén del gobierno de Morales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y las juntas vecinales de El Alto. A fines de 2011, la Cidob y el Conamaq decidieron abandonar el Pacto de Unidad, por considerar que “el Poder Ejecutivo ha parcializado la participación de las organizaciones indígenas, valorando más que todo a las organizaciones afines al Mas”, al tiempo que consideraban que ello afectaba “de forma directa a nuestros territorios, culturas y nuestros recursos naturales”.

En junio de 2012, la Cidob denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia” (Cidob, 7‑VI‑12). Un grupo de disidentes de la Confederación apoyado por el gobierno desconoció a las autoridades y convocó una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.

En diciembre de 2013, disidentes de la Conamaq “afines al Mas” tomaron el local de la organización, y golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con el apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidió que las legítimas autoridades pudieran recuperarla (Servindi, 11‑XII‑13). El comunicado posterior del Conamaq aseguró que el ataque en su contra se dio para “aprobar todas las políticas contrarias al movimiento indígena originario y al pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.

Salto al vacío

El miércoles 13 se produjo una situación inédita, un vuelco tan importante como lo había sido la renuncia de Morales tres días antes. Jeanine Áñez fue ungida presidenta en un parlamento sin cuórum, ya que los diputados del Mas, la mayoría absoluta, no pudieron ingresar al recinto, como tampoco pudo hacerlo la senadora masista Adriana Salvatierra. Presidenta del senado, Salvatierra había renunciado públicamente a ese cargo, aunque no a su banca, el mismo día que lo hicieron Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Aunque intentaron ingresar al recinto parlamentario, ella y los diputados de su bancada fueron impedidos de hacerlo por la fuerza pública.

Áñez, por su parte, era la vicepresidenta segunda de la Cámara alta y pudo llegar a la presidencia de la República porque los demás en la línea de sucesión, masistas ellos, renunciaron también, como forma de la política del gobierno de denunciar un golpe. La actual presidenta es miembro de la alianza opositora Unidad Demócrata y una aliada incondicional de las elites racistas del departamento de Santa Cruz. De este modo, tres días después de la renuncia de Evo se consumó un verdadero golpe, aunque, en realidad, unos y otros colaboraron en que se llegara a esta situación.

La cronología de este vuelco arranca con las elecciones del 20 de octubre, pero, sobre todo, con la interrupción del conteo de votos y su reanudación, 24 horas después, con datos que contradicen los difundidos hasta el día anterior. Una situación que dio lugar a las sospechas, por repetir una dinámica de fraude demasiado evidente y tradicional en nuestra América Latina como para ser ignorada. Ahí comenzó una protesta que fue creciendo lentamente hasta el viernes 8 de noviembre, protagonizada, en gran medida, por los grupos cívicos, sectores de clase media con gran implantación en las grandes ciudades del oriente del país.

Al parecer, el gobierno de Morales subestimó la magnitud de las protestas, ya que mantenía una alianza con el Comité Cívico de Santa Cruz, luego de haberlo derrotado en su intento secesionista de 2008. Las cosas parecían mantenerse en un cauce favorable para el Mas, que tenía buenas relaciones con la Organización de los Estados Americanos (en particular, con su secretario general, Luis Almagro), al punto de que el candidato opositor Carlos Mesa rechazó la auditoría pactada entre esa organización y el gobierno.

La situación cambió bruscamente el viernes 8 al extenderse un motín policial iniciado en Santa Cruz y La Paz. En las redes sociales circularon versiones según las cuales los policías fueron “comprados” con dinero de una empresa localizada en Santa Cruz. Lo cierto es que el motín policial fue un punto de inflexión, cuyo origen y cuyas circunstancias será necesario investigar. El gobierno no podía contar con la policía, pero tampoco podía enviar a las fuerzas armadas contra los manifestantes, lo que hubiera creado una situación insostenible en sus propias bases. Peor aun, no podía contar con organizaciones populares fuertes que lo defendieran, porque estas habían sido purgadas y muchos de sus dirigentes, apartados y condenados, algunos al ostracismo, otros, encarcelados. En este punto, presidente y vice decidieron arriesgar. Llegado el domingo, ensayaron una jugada que consistió en salir de La Paz, saturada de barricadas y protestas, con la intención de retornar en mejores condiciones.

La derecha siguió operando, probablemente, y como es habitual en estos casos, con el apoyo de la embajada de Estados Unidos. Tomó la delantera un personaje siniestro, el empresario cruceño Luis Fernando Camacho. Con un discurso radical y ultracatólico, de claro contenido racista y colonial, Camacho se erigió en representante de las clases medias blancas del oriente y las elites terratenientes de la región más rica del país. Convocó un cabildo para desconocer los resultados de las elecciones y, con su discurso incendiario, desbordó tanto a los “cívicos” cruceños, que convivían sin mayores problemas con el Mas, como a Mesa, a quien desplazó en pocos días como referente de la oposición. Se trata de un oportunista ultra que, tras la quema de whipalas protagonizada por los suyos, debió pedir perdón, en una muestra del escaso margen que tienen los más conservadores en la Bolivia actual.

La guerra y las mujeres

Si la oligarquía cruceña mostró su extremismo de la mano de Camacho, el oficialismo no se quedó atrás. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, declaró a Sputnik, días antes de la debacle del gobierno, que “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno” (30‑X‑19).

Quintana, uno de los más altos cargos del gobierno de Evo, mostró su alejamiento de la realidad al decir: “Aquí hay una acumulación política de los movimientos sociales que están dispuestos a pelear”. Y propuso una estrategia consistente en “una batalla campal frente a la virulencia mentirosa de los medios”, que, en su opinión, son parte de “una guerra de dimensiones muy complejas, desconocidas, que nos va a exigir muchísimo agudizar el pensamiento y la estrategia de autodefensa”.

Las mujeres fueron el sector que con mayor claridad y transparencia se empeñó en desarmar los dispositivos guerreros. En La Paz, el colectivo Mujeres Creando convocó un Parlamento de Mujeres (al que asistió un puñado de varones), en el que se esforzaron por construir “voces colectivas” que desafiaran la polarización en curso. En esos momentos, en la ciudad de El Alto miles de jóvenes gritaban: “Ahora sí, guerra civil”, flameando la whipala.

Muchas mujeres mostraron una doble indignación: contra el fraude de Morales y contra la derecha racista. En general, predominó una defensa de los avances en la última década y media, no todos atribuibles al Mas, sino al hecho de que ganó terreno la potencia creativa de los movimientos, que las autoridades nunca pudieron ignorar.

Se destacó la intervención de la socióloga e historiadora Silvia Rivera Cusicanqui: “Yo no creo en las dos hipótesis que se han manejado. El triunfalismo de que con la caída de Evo hemos recuperado la democracia me parece un exceso, un análisis que se está saliendo de foco (…). La segunda hipótesis equivocada, que me parece a mí sumamente peligrosa, es la del golpe de Estado, que simplemente quiere legitimar, enterito, con paquete y todo, envuelto en celofanes, a todo el gobierno de Evo Morales en sus momentos de degradación mayor. Toda esa degradación, legitimarla con la idea del golpe de Estado es criminal y, por lo tanto, debe pensarse cómo ha empezado esa degradación” (Desinformémonos, 13‑XI‑19).

En la misma orientación, la vocera de Mujeres Creando, María Galindo, escribió en su columna en Página Siete: “El sentimiento de abandono y orfandad que deja ver el despegar a Evo Morales rumbo a México se siente en las calles. La gente me llama a la radio y rompe en llanto sin poder hablar; su sentimiento de debilidad y abandono hace que de la memoria se les borren, por arte del dolor, las violencias y las arbitrariedades del caudillo, y que la gente lo añore como padre protector y benefactor” (13‑XI‑19).

Un futuro incierto

Fracasado el plan de Morales‑García Linera de retornar como “pacificadores”, se abre la caja de las sorpresas. La iniciativa la tiene la ultraderecha, racista y fascista, que cuenta con enormes recursos materiales y mediáticos para encaramarse en el poder, aunque no tiene la legitimidad para mantenerlo.

La memoria larga, concepto de Rivera Cusicanqui, nos enseña que las elites racistas pueden permanecer en el poder a sangre y fuego durante largo tiempo, aunque no tengan apoyo social, porque tienen medios para hacerlo. Sin embargo, la memoria corta, complemento de la anterior, apunta a algo diferente, por lo menos desde 2000 en Bolivia: la potencia de las y los de abajo impide que los regímenes racistas y patriarcales gocen de estabilidad y durabilidad. Porque las mujeres y los pueblos originarios ya no se dejan, como lo enseñan estos días las calles de Santiago y Quito, testigos de una alianza de nuevo tipo (de hecho y en los hechos) que se plasma en que la bandera mapuche ondea en manos blancas y que las mujeres abrieron una grieta en Ecuador en el fragor del combate.

La salida a la tremenda situación que vive Bolivia pueden ser las elecciones generales, que el gobierno que usurpa Áñez debe convocar de forma inmediata. Como apunta la socióloga Raquel Gutiérrez Aguilar, la alternativa es “elecciones generales o guerra civil”. Si hablan las urnas, es muy probable que el próximo presidente sea Carlos Mesa, pero que el Mas conserve una importante bancada y siga siendo, tal vez, el partido más votado.

Más temprano que tarde, la alianza de diversidades que algún día representó el Mas volverá al Palacio Quemado, porque es la mayoría social y cultural del país andino. Sería deseable que no fuera la repetición, necesariamente degradada, del Mas actual, porque el paso del tiempo termina pudriendo las aguas estancadas. Para que eso no suceda, una nueva cultura política debe arraigar en los dirigentes y los cuadros de los movimientos y las organizaciones. Una cultura capaz de beber en las tradiciones andinas de rotación de cargos y complementariedad entre géneros, edades y, ahora también, visiones del mundo. Una cultura que se deje permear por el radical rechazo al patriarcado de las feministas, que están deconstruyendo caudillismos y organizaciones jerárquicas. Bolivia puede aportarnos, como pocas regiones en nuestra América, las contribuciones de ambas vertientes. Sin ellas, será imposible tejer, comunitariamente, un tapiz emancipador capaz de superar las opresiones que nos atraviesan.

Brecha, 15 de noviembre 2019

Un largo proceso de degradación

Silvia Rivera Cucicanqui

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía

Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.

Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.

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Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.

Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.

Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.

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Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.

Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

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Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.

A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.

Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.

En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.

Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus y la defensa de las mujeres.

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Bolivia, Evo y desarmar la guerra

Sun, 01/12/2019 - 00:25

Raquel Gutiérrez fue presa de conciencia en Bolivia. Ahora, como académica en México, analiza los sucesos en el país del sur, a partir de su experiencia como integrante de las luchas comunitarias en las décadas de 1980 y 1990. Convoca a salir del binarismo entre los gobiernos de izquierda y derecha, entre la postura del golpe y no golpe, para escuchar las voces feministas que están pensando y construyendo alternativas

Texto: Daniela Rea

Foto: Especial

Las reflexiones de Raquel Gutiérrez Aguilar ocurren en tres tiempos: el viernes 8 de noviembre, enmedio de protestas contra Evo Morales en Bolivia; el segundo, el domingo 10 de noviembre, con la deposición; y el tercero, con Morales llegando a suelo mexicano.

Momento 1. Viernes 8 de noviembre

El pasado viernes 8 de noviembre Raquel Gutiérrez Aguilar escribió el artículo “Bolivia: la profunda convulsión que lleva al desastre”   donde analizó la sucesión de hechos después del 20 de octubre cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y que tenían esa noche a Bolivia en vilo. No se sabía entonces, pero Evo Morales renunciaría dos noches después.

Gutiérrez Aguilar actualmente es académica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En las décadas de 1980 y 1990 vivió en Bolivia y  participó en la insurgencia de las comunidades aimaras y quechuas. En el año 2000, luego de salir de prisión, donde fue internada y torturada como represión por su lucha política, se unió a la lucha por el agua en Cochabamba.

En su artículo y contexto, Raquel Gutiérrez trajo al presente lo que ella nombra “un fraude desde hace diez años. Desde que se pactó la constitución y la permanencia del latifundio” desde un gobierno que desconoció “cualquier otra forma en competencia de acuerpamiento político negando, desde entonces, la ampliación democrática”. Recordó también el referéndum de febrero de 2016 sobre la reelección de Evo Morales por cuarta vez.

“Y Bolivia dijo NO. No a la reelección indefinida de un régimen político de fomento al extractivismo aunque con retórica anti-imperialista y rígidamente autoritario aun vistiendo el disfraz plurinacional. Un régimen político extractivista pues, ferozmente anti-comunitario y misógino”.

Raquel Gutiérrez

Y entonces llegó el 20 de octubre. El día de las elecciones Evo Morales postulado a través del Movimiento al Socialismo (MAS) y Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, y la falla o el cese del conteo de votos en tiempo real. Los días siguientes, las disputas entre uno y otro lado, que la artista y activista María Galindo llamó “pelea de gallos” proponiendo desde entonces a pensar en una mediación desde las mujeres. Luego llegó la exigencia de la segunda vuelta electoral.

“Resultó entonces que quedamos así: Evo cada vez más enojado, cercando con sus aliados la Plaza Murillo que es el corazón político de La Paz, diciendo que su voluntad es ley en medio de disturbios crecientes por todo el país; Carlos Mesa descolocado y anulada su capacidad de hablar; Camacho, yendo y viniendo de Santa Cruz a El Alto, afirmando que él es la salvación de la nación por designio de dios. Víctima-verdugo-redentor: en la confrontación política se instaló amplificado el triángulo simbólico patriarcal por excelencia.

“Así, la mediación de la palabra feminista/femenina se hace cada vez más urgente y, a la vez, resulta más difícil. Se hace cada vez más complicado enunciar las palabras y diseñar las acciones que puedan hacer entrar aire en ese trágico triángulo que terminará por tragarnos a todas. Algunas voces se asustan y eligen plegarse a alguno de los redentores en oferta, otras nos empecinamos en no hacerlo”.

El viernes 8 de noviembre Raquel terminaba el día pensando en cómo “reforzar una voz colectiva y pública que vuelva audibles las palabras, propuestas y deseos feministas, las voces de las mujeres atrapadas en la pugna patriarcal por el dominio y el control de nuestras vidas, las decisiones de las comunidades que rechazan el extractivismo acelerado y las ideas de los varones no violentos”.

Momento 2. Domingo 10 de noviembre por la noche

–¿Cuál es tu análisis del proceso que vimos en Bolivia, cómo se llegó a esta noche? 

–Ahorita, lo que estamos viendo es una implosión, una implosión. Ellos se cayeron porque no estuvieron dispuestos a retroceder, a ceder, no estuvieron dispuestos. ¿Cómo llegamos hasta aquí hoy? Podemos hacer este recuento de datos, de hechos, pero yo siento que hay que esperar un ratito, dos días, a que se aquiete un poco de brincar el polvo.

 –¿Es un golpe?

–¿Un golpe contra quién? Esa es la cosa… es un golpe contra la fuerza social que estaba en vías de recuperación, de organización. Eso es lo que yo creo.

Las imágenes que circularon son muy fuertes. Camacho dirigiéndose a Palacio y los policías le abrieron la puerta, con su bandera y su biblia. Esa foto es pesadísima en el imaginario, en el constriur esta historia del golpe. Ves la foto, pero no ves toda la sabiduría popular ayer de: ‘espérense, vamos a calcular, a ver si Evo ya entiende’. La gente decía que Evo convoque a elecciones. Hoy se acabó de caer el machismo leninista, se fue llorando y nos dejó el país incendiado. Es un ciclo que se cierra con militares en las calles, pero bueno, así toca. Vamos pensando con calma. Esto es de mediano plazo. Se acabó un ciclo.

-¿–Qué pasa, qué pasó con Evo y su gobierno en relación a la organización horizontal de las comunidades?

–Lo que hizo fue una clientela. Es México, pero con 13 años adelante. Lo que estamos viendo aquí, lo que AMLO hace: desoír, clientilizar. Eso es lo que había allá. Y con un hombre que tenía muy buen discurso. Había 10 años de eso. Pero después de eso ha sido una barbaridad de extractivistmo, de indolencia, de irse sobre las comunidades.

–¿Cuáles son las propuestas de los movimientos sociales y la respuesta de Evo Morales a esas propuestas de los movimientos?

–Tienes movimientos sociales plenamente desarticulados porque se planteó la hegemonía. Porque contra quienes se vino el gobierno del MAS fue contra la pluralidad de los movimientos y sus voces. Las voces estaban un poco a la saga, viendo, calculando… La onda del fraude sí era una cosa de clases medias y el único sector popular explícitamente denunciando el fraude eran los de coca, los cocaleros del lado de La Paz.

Estoy esperando que hablen los aymaras, que vuelvan a aparecer las voces de las mujeres organizadas, las feministas. Hay que esperar que esto acabe de caer.

En América Latina hemos visto a personajes que se han dedicado a desarrollar sistemáticamente una capacidad para enajenar y apropiarse de esfuerzos colectivos y concentrarlos.

–Es esto la crisis de lo que expropió nuestra fuerza. Ellos se fueron a jugar a la víctima ¿y quién se va a quedar a bancar lo que venga? Nosotros. Se quedan los pueblos, las mujeres. Si el Ejército se alía y se arma un gobierno de transición tutelado por el Ejército nos irá del carajo. Pero si mañana el Ejército no hace eso y más bien hay un gobierno constitucional que llama a elecciones y se discute quienes van a participar, lo que se estaba empezando a armar cuando renunciaron… Empujaron hasta allá, no respetan a la gente.

–¿Cuándo percibiste que esto devendría en esta convulsión?

–Cuando el día de las elecciones empezó a ocurrir algo que en México 2006, el conteo que se detiene. Pero Bolivia protesta de otro modo, en Bolivia se impone un caudillo pero siempre está tensa la relación con el caudillo y se movilizan otros bloques que no lograban expresar su palabra. Que quedaban bajo el discurso de Carlos Mesa.  El día de ayer desde el 20 de octubre fue el primer día que se dignó Evo a decir que escucharía a alguien.

–¿Qué significa esto para las luchas indígenas en Bolivia y en América Latina?

–Es muy grave. Porque no hay cosa más horrible que hoy haya gente quemando las whipalas. Es horrible, es espantoso. Pero el problema es algo así como la gigantesca simulación que lograron montar los del MAS con la complacencia de un montón de sentido común de izquierda muy ramplón. Hoy vimos unos machos tristes contando que han hecho lo mejor que han podido, esa es la mentira.

Yo nunca me había sentido tan agraviada, tan triste. Una polarización que te tapa la boca, entre un gobierno de izquierda y derecha y ahí no pueden hablar los pueblos, las voces críticas, la autonomía. Hay una lucha de izquierda, pero los gobiernos de izquierda son los que traicionan. Entonces ¿cuál es el contenido de una lucha de izquierda? ¿Qué significa desarmar el neoliberalismo? Ese es el gran problema, desarmar el extractivismo neoliberal que no se acaba con la pura retórica.

–¿Qué se mueve en América Latina?

–Hay un movimiento de insoburdinación a lo que se nos había impuesto durante todos estos años como único destino posible y no hay una plena claridad de qué significa terminar de desarmar los sistemas neoliberales.  Si el régimen chileno era la perla del neoliberalismo, el régimen boliviano era la perla del progresismo. Hay un fenómeno de implosión, implosión del extractivismo neoliberal pleno. Obviamente en Bolivia se van revolviendo capas y capas de problemas, de variantes. Se cayeron esos regímenes. Y obviamente en Bolivia la derecha empujó, empujó mucho.

Sin embargo esto no nace de repente y sólo por fuerza de derechas. Las fuerzas en contra de Evo esperaron el momento más propicio, cuando saben que pueden activarse. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Evo perdió la base.

Momento 3. Lunes 11 y martes 12 de noviembre.

Raquel Gutiérrez trata de hilar algunas ideas en la vorágine de hechos, de datos, de información que fluye, de emociones. Escribe:

La cúpula del MAS que hoy renunció, dejó un país incendiado e hirviendo la caldera del odio. Ellos no sufrirán las consecuencias de lo que venga. Cómodamente podrán continuar contando su historia del “golpe-cívico”, negando su responsabilidad y regodeándose en su papel de víctimas, soñando que algún día volverán otra vez como redentores. Las consecuencias de lo que venga, las peleará y las sufrirá la población trabajadora y comunitaria de Bolivia; las sentirán en sus cuerpos las mujeres y las disidencias. 

Implosionó un régimen político que se nutrió hace años de una heterogénea y plural fuerza colectiva; energía creativa que después, el propio MAS desconoció y disciplinó subordinándola como clientela. Eso colapsó hoy. Los gobiernos se van, los pueblos quedan. Conviene no olvidarlo.

–Hace un par de días preguntaba si se trataba de un golpe

–Hay una coproducción de golpe. Nos tragó el triángulo (Víctima-verdugo-redentor). Lo que siento es que había una rebelión juvenil en expansión que estaba pensando a muchos sectores populares. Eso estaba pasando. Y cambian el escenario, ellos (gobierno) enfrentan una disyuntiva: no vamos a perder y preferimos ser mártires que perdedores. No hay capacidad de retroceder y entonces empezar esta gigante narrativa de la victimización. ¿Y quién está sufriendo? Es la población boliviana. Las tiendas están cerradas, esta empezando a dejar de haber comida, todo está alterado. Eso por un lado está súper bien porque saca del encierro doméstico la vida, pero por otro lado es lo que se siente inmediato como una amenaza.

La importancia de nombrar lo que vemos ¿Es golpe o es fraude? ¿Es golpe o no es golpe? Así parece estar encuadrada la discusión hasta esta hora en Bolivia. Es una discusión que está instalada, sobre todo, hacia afuera de Bolivia, para que se organice el alineamiento regional en una u otra posición. Lo importante es que se instale la idea de que lo que vemos es un golpe y que no haya manera de salir de ahí. Morales y Camacho, en esto, son simétricos, ambos han producido eso que llaman “golpe”.

Sin embargo, en Bolivia, cada vez con más angustia vemos que esa manera de nombrar no sirve para instalar aquello por lo que luchamos. Discutir desde ahí no sirve hoy, porque sólo incrementa la polarización binaria que cancela la posibilidad de autonomía política y simbólica.  Quienes no estamos dispuestas a quedar situadas atrás de uno u otro de los bandos en conflicto creciente, tratamos de rastrear hechos elocuentes y de significarlos con cabeza propia.

Raquel propone analizar la salida de Evo Morales y su gobierno desde una perspectiva feminista. Ensaya nombrar lo que sucedió como “abandono de funciones”, como una técnica. “La policía abandonó sus funciones cuando se amotinó y el gobierno abandonó sus funciones cuando renunció”.

“Morales y sus colegas se autoelogiaron en cadena nacional, se despidieron y se fueron. Sin ninguna autocrítica, sin una sola palabra sobre su responsabilidad en la configuración de la tremenda situación política, sin tomar ninguna acción en el traspaso del mando político en Bolivia, asunto que hasta hoy continúa indefinido”. El abandono, concordante con la “irresponsabilidad paterna”. Y mientras, las mujeres, las comunidades, “a sostener la vida”.

–Vimos a la distancia el Parlamento de las mujeres. Que diversas y juntas celebraban “no hay transporte, la Cámara de Diputados no ha podido sesionar, pero nosotras estamos aquí, llenando un cine” para compartir la palabra. 

La palabra entre diversos, plural, diversa, crítica y dolida, es lo único que puede salvarnos de la guerra civil y de la continuación del extractivismo, la impunidad y la violencia.

Nota: este texto se elaboró a partir de los escritos que Raquel Gutiérrez publicados en Zur, de una entrevista realizada el domingo 11 a las 9 de la noche; además de apuntes personales que Raquel Gutiérrez compartió con Pie de Página.

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Los Golpes de Estado

Sun, 01/12/2019 - 00:17

Marcelo Colussi
aporrea.org

Puede ser que Somoza sea un hijo de puta, pero es «nuestro» hijo de puta“.

Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos

América Latina y el África tienen una larga tradición de golpes de Estado. En otras latitudes del planeta los mismos son raros, muy infrecuentes, o simplemente no se dan. Cualquiera de ellos, con las diferencias y particularidades del caso, consiste en la interrupción de la institucionalidad democrática que fijan las Constituciones de cada país, reemplazándola por un nuevo orden no sujeto a ningún estado de derecho. La violencia militar cruda y descarnada hace parte vital de ese mecanismo.

En el África subsahariana, en el poco más de medio siglo que tienen sus jóvenes naciones, se llevan registrados más de 220 golpes de Estado, en todos los casos llevados a cabo por fuerzas militares. Burkina Faso, Benín y Nigeria son los que más los han sufrido, con 6 golpes en cada uno de esos países hasta el año 2001. Dada esa continua inestabilidad política, producto de lo joven y débil de esas democracias constitucionales copiadas a las ex metrópolis europeas, la Organización de la Unidad Africana -OUA- en el año 2000 reaccionó promulgando la Declaración de Lomé, la cual prohíbe taxativamente en todo el continente los cambios inconstitucionales de gobierno. Dicha declaración fue recogida en el año 2007 por la Unión Africana en la “Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad”. Es por eso que los golpes de Estado más recientes, que tuvieron lugar luego de esa fecha, como los ocurridos en Guinea (2008), Madagascar (2009), Níger (2010), República Centroafricana (2013) y Burkina Faso (2015), no fueron reconocidos por el organismo regional, suspendiéndoseles del mismo y obligándoseles al retorno al marco constitucional.

En muchos de esos alzamientos militares estuvo presente la influencia de las ex potencias imperialistas de Europa, básicamente Gran Bretaña y Francia, que siglos atrás habían invadido el territorio africano, dividiéndolo artificialmente en lo que hoy son estas jóvenes repúblicas. Los continuos golpes de Estado de estas pocas décadas transcurridas desde su liberación -alrededor de 1960- evidencian lo precaria que son como naciones, al establecérseles límites arbitrarios destruyendo y avasallando culturas y pueblos tradicionales.

En Latinoamérica, los golpes de Estado caracterizaron la dinámica política de todos sus países (excepción hecha de Costa Rica, la “Suiza americana” … ¿y por qué no Suiza la “Costa Rica europea”?) a lo largo de todo el siglo XX. Bolivia encabeza la lista, con más de 160 alzamientos militares.

Un golpe de Estado no significa cambio alguno en la estructura económico-social de una sociedad. Es, en todo caso, un cambio brusco, repentino, en la figura que está al mando del sillón presidencial. En otros términos: luchas de poder intestinas, crisis palaciegas, simples reacomodos a espaldas de los pueblos (eso es, básicamente, lo que caracteriza los pronunciamientos militares en el África). O, en todo caso, injerencia del poder militar en la dinámica política, reemplazando el juego institucional normal cuando las clases dirigentes avizoran algún peligro en orden a un avance popular (lo distintivo de Latinoamérica).

Esto último es el caso, por ejemplo, de la intervención militar en Guatemala en 1954 desplazando la “Primavera democrática”, en Argentina en 1955 y 1976, quitando gobiernos peronistas vistos como “peligro populista” para las clases dirigentes, en Brasil en 1964, volteando al presidente João Goulart, otro “populista peligroso” para la lógica conservadora, en Chile en 1973 (“peligro comunista”, según declarara Henry Kissinger en su momento), y ahora en Bolivia (gran reserva de litio ansiada por compañías multinacionales). En todos estos casos lo que está en juego es la posibilidad de una pérdida de privilegios por parte de la clase dominante local y de los intereses estadounidenses en la región. De esto se desprenden dos conclusiones:

1) El aparato de Estado no está para beneficiar a todos los habitantes de una nación por igual, sino que es el mecanismo de dominación de una clase social (oligarquía, burguesía, empresariado, terratenientes, banqueros o como se la quiera nombrar) sobre otra (trabajadores, pueblo en general). Vale recordar aquí la definición leninista ya clásica: “El Estado es el producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase“. Las fuerzas de seguridad nunca reprimen a las clases dirigentes sino a la “chusma” que protesta.

2) En Latinoamérica, el verdadero poder dominante final, el que tiene la última palabra, es la clase dirigente de Estados Unidos, que hace de la región su reservorio de materias primas, mercado cautivo y proveedor de mano de obra barata. Por eso, y no por otra razón, es que hay acantonadas 74 bases militares de Washington en la región, defendiendo al milímetro lo que considera su natural patio trasero: “América para los americanos” (del Norte), según la tristemente célebre Doctrina Monroe. No está de más recordar que la instalación más grande (Base Mariscal Estigarribia) se encuentra en la Triple frontera argentino-brasileño-paraguaya, “custodiando” el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce subterránea más enorme del mundo. Y la base más grande está en construcción en estos momentos, en Honduras, para “salvaguardar” las reservas petrolíferas de Venezuela.

En todos estos pronunciamientos militares está siempre presente la mano de Washington, quien defiende a capa y espada, ante todo, sus propios intereses económicos, y secundariamente el modelo capitalista vigente, para que los “malos ejemplos populistas” no cundan. Pero los tradicionales golpes de Estado, con tanques de guerra en la calle, sangre y muchos muertos, cuestan demasiado en términos políticos. Hoy día, producto del avance en las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por esos gobiernos militares producto de los golpes de Estado sangrientos, tales prácticas son impresentables. De ahí que la Casa Blanca últimamente ha variado su estrategia desarrollando lo que se conoce como “golpes suaves” (soft), o “procesos de reversión” (roll-back).

Los mismos evitan el despliegue militar violento, presentando varias aristas, articuladas entre sí a veces, que tienen por fin siempre lo mismo: terminar con un mandatario o un proceso díscolo a los dictados imperiales de Estados Unidos. Pueden presentar varias formas:

1) Maquillando el cambio político como un alzamiento espontáneo de la población que, con su protesta, reclama algo nuevo. ¿Qué representan, en realidad, estos movimientos? No son, en sentido estricto, movimientos populares. Con las diferencias del caso, todos tienen líneas comunes. Llamados también “revoluciones de colores” (probadas en otras regiones distintas a Latinoamérica: revolución de las rosas en Georgia, revolución naranja en Ucrania, revolución de los tulipanes en Kirguistán, revolución blanca en Bielorrusia, revolución verde en Irán, revolución azafrán en Birmania, revolución del Cedro en Líbano, revolución de los jazmines en Túnez, “estudiantes democráticos antichavistas” en Venezuela, las “Damas de blanco” en Cuba, las recientes “movilizaciones populares” en Bolivia fustigando el supuesto fraude de Evo Morales) son fuerzas aparentemente espontáneas, que tienen siempre como objeto principal oponerse a un gobierno o proyecto contrario a los intereses geoestratégicos de Washington.

El ideólogo que le dio forma a este tipo de intervenciones es Gene Sharp, escritor estadounidense visceralmente anticomunista, autor de los libros “La política de la acción no violenta” y “De la dictadura a la democracia“, quien fuera nominado en el 2015 al Premio Nobel de la Paz. Paradojas del destino: inspirándose en los métodos de lucha no-violenta de Mahatma Ghandi, este intelectual orgánico al statu quo estadounidense sentó las bases para que la CIA y otras agencias estatales norteamericanas (USAID, NED, algunas Fundaciones de fachada) desarrollen sus intervenciones en distintas partes del mundo, siempre en función de la geoestrategia de dominación de Washington (¡en modo alguno alejada de la violencia!). Las mismas, según Sharp, consisten en tres pasos:

  • Generación de protestas, manifestaciones y piquetes, persuadiendo a la población (léase: manipulando) de la ilegitimidad del poder constituido, buscando la formación de un movimiento antigubernamental.
  • Fomento del desprestigio de las fuerzas de seguridad oficiales (policía o fuerzas del orden), instigación a huelgas, a la desobediencia social, a los disturbios y la provocación de sabotaje.
  • Llamado al derrocamiento no violento del gobierno.

Así, un cambio de gobierno se enmascara como resultado de una protesta popular espontánea.

2) A ello se le puede complementar, como parte de estos nuevos golpes de Estado “suaves”, el trabajo disuasivo que realiza la corporación mediática comercial, siempre alineada con el gran capital y posiciones conservadoras. Trabajar sobre la corrupción, denunciando y magnificando hasta el hartazgo hechos corruptos por parte de los funcionarios “díscolos”, consigue resultados: dado que es un tema sensible, o incluso sensiblero, las poblaciones responden siempre visceralmente: “Mueren niños en un hospital por falta de medicamentos, culpa de la corrupción estatal“; “Podemos ver los resultados de la corrupción aquí en esta escuela: no tienen suficientes aulas para la gente, para los estudiantes (…) Toca al gobierno y a la gente de Guatemala luchar cada día contra la corrupción“, como declarara el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala preparando las “espontáneas” protestas populares. ¿Quién podría avalar la corrupción? Por tanto, insistir y sobredimensionar la misma en función de una estrategia de desprestigio, da resultados. De hecho, ello se evidenció (¿laboratorio de prueba?) en el 2015 en Guatemala, donde las denuncias reiteradas de corrupción por parte de la prensa y las “manifestaciones cívicas pacíficas” de población clasemediera urbana lograron quitar de la presidencia al binomio Otto Pérez-Molina y Roxana Baldetti, conspicuos operadores políticos de derecha (Pérez-Molina, por lo pronto, militar absolutamente comprometido en la guerra contrainsurgente de años atrás, pero ahora “utilizado” como prueba con esto de las cruzadas anticorrupción).

El mecanismo definitivamente funciona, pues fue lo que luego se utilizó para que la geoestrategia hemisférica de Estados Unidos, en connivencia con las oligarquías locales, desplazara con esta modalidad de golpes suaves al Partido de los Trabajadores en Brasil, encarcelando al ex presidente Lula y a la en ese entonces presidenta Dilma Rousseff, por hechos nunca claramente probados de corrupción. Y lo mismo sucedió en Argentina, donde sin llegar a sustanciar un golpe de Estado, la derecha pudo quitar del sillón presidencial a Cristina Fernández (una socialdemócrata pro capitalismo, en todo caso reformista, pero igualmente molesta para el statu quo), acusándola de innumerables hechos corruptos que llevaron al triunfo electoral de Mauricio Macri.

3) Otra forma de “golpe suave” desarrollada por Estados Unidos está dada por intervenciones “quirúrgicas” que, sin apelar al gran despliegue militar, “capturan” al presidente en cuestión, alejándolo de su cargo en forma silenciosa, ordenada, haciéndolo desaparecer “mágicamente” de la vida pública. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con Jean-Bertrand Aristide en Haití, secuestrado y llevado al África, con Manuel Zelaya en Honduras, o con Hugo Chávez en Venezuela (jugada, esta última, que no les resultó por la activa participación popular en defensa de su líder, lo que hizo abortar el golpe).

4) Complementando lo anterior, también como parte de esta nueva modalidad de golpes no cruentos, una nueva técnica que impulsa el gobierno de Estados Unidos es la “autoproclamación” como mandatario. Es una jugada casi absurda, pero que puede resultar efectiva. Crea una situación de hecho, presentando a un determinado personaje como el “nuevo” presidente, con lo que se fuerza un escenario novedoso que puede servir para desplazar al anterior mandatario. Esto se ensayó primeramente en la República Bolivariana de Venezuela, donde el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente, sin que ello tuviera efecto real en la dinámica política del país. Pero sí resultó en la República Plurinacional de Bolivia, donde ilegalmente la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, autonombrándose, ocupó el espacio dejado por la renuncia forzada del legítimo mandatario Evo Morales, completando así el golpe de Estado pergeñado por la derecha.

Esta nueva modalidad de “golpes soft” evita el desgaste político, sin tensar al rojo vivo la situación político-social. Se pueden combinar varios elementos: movilización popular manipulada, prédica antigubernamental por los medios de comunicación, operaciones quirúrgicas, mecanismos de sabotaje, etc. De todos modos, la posibilidad de la “mano dura” no se descarta. La clase dominante siempre se guarda esa carta. La Escuela de las Américas, luego rebautizada pero en esencia siempre la misma cosa, sigue preparando militares latinoamericanos golpistas y torturadores como reaseguro de las clases dominantes para todo el sub-continente. “América del Sur se nos puede embrollar de modo incontrolable si no tenemos siempre a la mano un líder militar (…) Esto reclama un jefe de la calidad solidaria del general Augusto Pinochet“, manifestó el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ante “la preocupante situación de Chile“. De hecho, en procesos llamados democráticos (que lo son solo formalmente), cuando las cosas se “complican”, aparece la bota militar. Eso ocurrió en el virtual golpe de Estado en Honduras en 2009, cuando se desplazó al entonces presidente legítimo Manuel Zelaya (un muy tibio socialdemócrata que había osado negociar el petróleo con la Venezuela chavista a través de Petrocaribe), apareciendo como antaño los tanques de guerra en las calles de Tegucigalpa.

En Bolivia acaba de consumarse un golpe que nuclea varias de estas modalidades. Las cuantiosas reservas de litio (75% de las reservas mundiales, elemento fundamental para las baterías de aparatos electrónicos y futuro posible reemplazo del petróleo) y otros recursos naturales (gran reserva de gas, de minerales estratégicos, de tierras raras) esperan por las ávidas corporaciones multinacionales, que de momento no podían entrar, dado el gobierno socialista de Evo Morales y el MAS.

La institucionalidad de las democracias formales se demuestra un absurdo. Se hace creer a la población que decide algo a través de su voto, cuando en realidad todas las decisiones importantes se toman a sus espaldas. Y si los pueblos alzan la voz, se les reprime (todas las actuales protestas, en todas partes del mundo, fueron sangrientamente reprimidas con fuerza bruta, en Francia y en Haití, en Egipto y en Honduras, en Chile y en Irak, en Ecuador y en Colombia). La actual nueva modalidad de golpes suaves no debe hacernos creer que los golpes duros desaparecieron. Las palabras de Mike Pompeo nos lo recuerdan. La petición de las Comisiones de la Verdad que investigaron los graves delitos de lesa humanidad de gobiernos dictatoriales en Argentina y Guatemala y titularon sus documentos como “Nunca más”, no pasan de un buen deseo. Nada asegura que los golpes cruentos y sangrientos no puedan volver. Las armas no están en manos de los pueblos, sino de los militares preparados para defender “el modo de vida occidental y cristiano”. Solo Cuba y Venezuela tiene fuerzas armadas no golpistas. El capital se sigue protegiendo y protege sus privilegios a toda costa, sin cuartel, sin piedad, y si necesita nuevos “hijos de puta“, como reza el epígrafe, los seguirá usando.

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Hidroituango: la destrucción del territorio como negocio

Sat, 30/11/2019 - 14:01

el salto
Erika Gonzalez

El Cauca es el segundo río más importante de Colombia, pero ya no es lo que era. Kilómetros de río han sido embalsados y miles de personas expulsadas de sus casas. De este negocio se benefician empresas, como Ferrovial, el Banco Santander o el BBVA, que ajenas al daño ocasionado, eluden sus responsabilidades.

Desde la carretera que lleva al municipio Sabanalarga, en el noroeste colombiano, se puede ver el río Cauca. Ahora es un poco menos río, sus aguas no fluyen rápidas y su color ya no es marrón sino verde. Cambió porque ha sido retenido por un muro de 225 metros de altura que represa 80 kilómetros de río y que forma parte del proyecto hidroeléctrico de Ituango. El embalse está en el fondo de un escarpado cañón cubierto por el bosque seco tropical. La densa vegetación forma un tapiz sobre un suelo que parece desmenuzarse, sólo se sostiene por las raíces de las plantas que lo protegen. Por eso, la sinuosa carretera desde la que se ve el río tiene pequeños derrumbes de ese suelo.

“Estos derrumbes siempre han existido. Cuando se producen, viene la maquinaria y lo quita, hasta que se vuelve a derrumbar”, dice Isabel Cristina Zuleta, lideresa del movimiento Ríos Vivos. Vamos con ella a una asamblea en Sabanalarga donde se debatirán las próximas acciones para intentar revertir el proyecto y conseguir el reconocimiento del daño que la presa ha hecho al territorio y a sus habitantes.

I.EL PROGRESO

El coche se tiene que frenar frente a una fila de vehículos parados; un derrumbe que ha cubierto toda la carretera impide el paso, así que toca esperar a que la maquinaria acondicione la vía. Mientras tanto se van haciendo corrillos de gente, muchas de estas personas son de Ríos Vivos y se dirigen a la asamblea. Estos movimientos de tierra, según el gobierno colombiano, no representan ningún riesgo. Cuestión de la que difieren algunos geólogos como Modesto Portilla y Julio Fierro, profesores de la Universidad Nacional. Ambos destacan la ausencia de suficientes estudios y controles sobre la actividad sísmica relacionada con las fallas geológicas activas, la estabilidad de las laderas, la resistencia de las rocas y la relación entre las fracturas y el agua subterránea. De ahí que tengan muchas dudas sobre la capacidad de las laderas de sostener la presa y la elevada presión del embalse.

La inestabilidad de la infraestructura es un riesgo real, como demostró la “contingencia” de abril de 2018. Durante el llenado del embalse, se colapsó la vía de salida de agua de la presa porque sus paredes fallaron ante la presión del agua. El resultado fue que el embalse se llenó rápidamente sin tener la infraestructura lista y empezaron a saltar las alarmas ante el riesgo de colapso de la propia presa. Fue entonces cuando se evacuaron de forma preventiva más de 26.000 personas de la zona de influencia de la obra y se habilitaron otras salidas de agua. Se consiguió salvar lo que pudo haber sido una tragedia de grandes dimensiones, pero la amenaza continúa.

“Los campesinos ignorantes sabíamos que esto podía pasar porque conocemos nuestro territorio”, afirma Genaro Graciano, líder de Ríos Vivos, para hacer referencia a cómo Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía colombiana responsable, ignoró completamente las advertencias que las comunidades afectadas llevan haciendo mucho tiempo. Ninguna autoridad colombiana les ha dado a las comunidades afectadas alguna certeza sobre su seguridad. Es más, la Contraloría y la Fiscalía confirman la posición de Portilla y Fierro con relación a la ausencia de estudios suficientes para una infraestructura de esas dimensiones.

Después de estar con la población de Sabanalarga, vamos hacia Ituango. Para llegar allí hay dos opciones, un barco que cruza el embalse o la carretera que lleva primero a la presa y después al pueblo. En cualquier caso, hay que esperar el horario marcado por la empresa para moverse. Optamos por la carretera y cuando el coche llega cerca de las obras, esperamos hasta que la seguridad privada nos da el paso. Cuando esto sucede, nos escoltan por una serie de túneles y por la parte superior del muro. Ver de cerca el valle inundado, la maquinaria, la dimensión del muro, la ladera cubierta de hormigón hasta prácticamente la cima, el enorme caudal de agua que sale de la parte superior de la presa y que golpea el río… todo produce una sensación de vértigo y de tristeza. Si esta es la impresión de quien recorre por primera vez el valle y la infraestructura, ¿cómo tiene que ser para quienes este territorio es parte de su vida? La mirada de Isabel Cristina Zuleta, que condensa el dolor de quien lleva más de diez años dedicados a la defensa del cañón del río Cauca frente a Hidroituango, es la respuesta.

El embalse ha destruido más de 4.000 hectáreas de bosque seco tropical, un valioso ecosistema que actualmente sólo se encuentra en el 8% de su distribución original en Colombia. Además del patrimonio ambiental, también ha destruido el patrimonio cultural y ancestral del cañón relacionado con la minería artesanal del oro, llamado barequeo. En la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (Amarú) se organizan mujeres afectadas por Hidroituango, muchas de ellas barequeras, que han visto cómo el megaproyecto ha destruido su tierra y sus comunidades y cómo ha profundizado la lógica patriarcal en las relaciones sociales. Rubí Estela Posada, barequera, defensora de los derechos humanos y parte de Amarú nos explica cómo el trabajo les permitía una mayor igualdad a las mujeres, les hacía independientes de los ingresos de sus parejas y podían tener más autonomía y capacidad de decisión sobre sus vidas. Perdieron su río, sus casas y sus medios de vida. Les queda la organización donde aprenden la resistencia colectiva y tejen esperanzas.

II. LA MEMORIA

En Ituango hay un albergue donde se alojan personas desplazadas por el proyecto. Eran las y los habitantes de las orillas del Cauca: barequeros y barequeras, campesinos y pescadoras. Primero, los representantes de la empresa, la seguridad privada, la policía y el ejército les desalojaron de las playas en las que vivían. Si no conseguían echarles, llegaban las amenazas por parte de grupos armados ilegales. “Si son actores armados se le llama desplazamiento, si lo hace el Estado se llama desalojo, pero es la misma cosa”, dice Genaro Graciano para hacer referencia a la violencia estatal y paraestatal que les expulsa del territorio.

Cuando se produjo la “contingencia” muchas de estas personas fueron otra vez desplazadas ante el riesgo de desastre ambiental y se alojaron temporalmente en el coliseo de Ituango, un espacio deportivo. Del coliseo fueron llevados al albergue, también con fecha de caducidad: a finales de noviembre el gobierno municipal lo cierra. Decenas de personas que han sido amenazadas por formar parte de Ríos Vivos, y oponerse a Hidroituango, tienen que volver a desplazarse.

“No nos hemos hecho a la idea de que hemos perdido el río”, dice María Eugenia Gómez, ella es barequera y tuvo que salir con su familia de Ituango cuando recibió el mensaje de grupos paramilitares: “Muerte revolucionaria y a quién no salga de las playas”. Le daban 72 horas para irse de su pueblo si quería conservar la vida. Su visibilidad en la lucha por la reversión del proyecto para recuperar el río Cauca molestaba a los actores que se lucran con el control del territorio y con este tipo de proyectos. Los municipios afectados por Hidroituango han sufrido la expansión paramilitar desde la década de los noventa y su ofensiva se volvió más virulenta justo en el origen del proyecto hidroeléctrico, a partir de 1997. Es entonces cuando se multiplican las masacres, los homicidios, las desapariciones forzadas, como apunta Isabel Cristina: “Cuando me entero de la existencia de Hidroituango, empiezo a buscar los hitos históricos del megaproyecto y coincidían con las masacres”.

La relación entre el paramilitarismo y la hidroeléctrica es conocida por la población afectada y por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que solicitó una investigación en este sentido. Según esta instancia judicial, con la creación de la primera empresa relacionada con Hidroituango “empezaron todas las masacres en esta zona”. La presencia de guerrilla en el área de influencia de la hidroeléctrica justificó la violencia contra quienes pertenecían a una organización social y política, por oponerse al proyecto o por defender los derechos humanos.

El Observatorio Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado a más de 1.000 personas como víctimas de desaparición forzada en los municipios afectados por la presa. Las organizaciones sociales hablan de casi 3.000 desapariciones por las masacres y enfrentamientos que han ocurrido en la zona. “Yo veía pasar los cuerpos y pensaba en el sufrimiento de sus familias. Lo saqué y lo enterré con la esperanza de que algún día su familia le pudiera dar cristiana sepultura”, así relataba una barequera cómo han sido testigos de estas desapariciones durante una audiencia de la Justicia Especial para la Paz que tuvo lugar en Medellín.

Pero no siempre se podía enterrar a los cuerpos que bajaban por el Cauca, el Estado podía hacerles responsables de estas muertes. Lo contaba Cecilia Muriel, víctima del conflicto armado y revictimizada por Hidroituango: “A los muertos se los llevó el río y a los vivos nos desplazaron, sin derecho a recuperarnos como comunidad”. En ese contexto, la Justicia Especial para la Paz se veía como una oportunidad para poder encontrar las fosas, pero el embalse ha inundado gran parte del territorio donde se encontraban.

III. EL NEGOCIO

De vuelta a Medellín hablamos de los responsables del megaproyecto, de Estados, Instituciones Económico Financieras Internacionales y de empresas que hacen negocio con los graves impactos socioambientales y las violaciones de derechos humanos. No sólo hay que poner en la lista al Estado colombiano y EPM, también hay que sumar al Banco Interamericano de Desarrollo y a varias empresas transnacionales españolas, como expone de forma clara y directa el artículo “La banca y las empresas españolas, en el ecocidio del Río Cauca”. Ferrovial se encargó de la construcción de túneles de desviación de la presa en el inicio de la obra y el incumplimiento de su contrato por retrasos y sobrecostes —ambas cuestiones comunes en el “saber hacer” de las constructoras españolas— hizo que fuera relevada por otra compañía. Años más tarde, en 2017, BBVA y Santander financian el proyecto a través de su participación en una línea de crédito otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ninguno de los bancos ha comunicado algún tipo de preocupación relacionada con la persecución, amenazas y muerte de defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio, ni por la inundación de un ecosistema tan valioso como es el bosque seco tropical. Tampoco mostraron alguna inquietud cuando se colapsó la salida de la presa y se estuvo a punto de producir un desastre ambiental y humano de grandes dimensiones. Ni por los informes de la Contraloría General de Colombia que documentan su inviabilidad económica.

Sorprende el silencio ante un estudio que revela un sobrecoste de la obra en torno a 1.500 millones de dólares por inversiones más costosas de lo previsto, el retraso en su construcción, la “contingencia” y los costes financieros asociados. La empresa EPM intenta relativizar el agujero a partir de la cobertura que ha contratado con la compañía española Mapfre. La presencia de esta aseguradora en el megaproyecto sólo ha podido conocerse por el debate que ha suscitado la viabilidad económica de la obra. Lo que está por ver es si realmente la transnacional española va a cubrir tamaño desfase presupuestario o va a encontrar algún documento que le permita no pagar por incumplimiento del contrato. Si no se hace cargo del sobrecoste, el proyecto recuperará la inversión en 2060, año en el que se estima su caducidad. Sin duda, es un buen ejemplo de la irracionalidad e insostenibilidad económica de las grandes infraestructuras.

Las ganancias de las empresas transnacionales españolas en proyectos con graves consecuencias sobre los ecosistemas y la población no les supone problema para sus negocios, nadie les exige responsabilidad alguna. Ni siquiera llega a tener repercusión en su imagen corporativa pues se parapetan detrás de contratos opacos y, en este caso, el BID. Incluso algunas de ellas, como el banco Santander y veremos si también el BBVA, aprovechan la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para presentarse como empresas pioneras en la defensa ambiental patrocinando el evento. La COP25 es una magnífica oportunidad para su lavado verde y la Cumbre Social por el Clima lo es para nuestra respuesta. Allí estaremos para desmentir la publicidad que les presenta como parte de la solución a la crisis ecológica que vivimos. Son parte del problema porque la solución está en las comunidades organizadas que defienden la vida frente a Hidroituango y a todos aquellos megaproyectos que mercantilizan los territorios.

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27 multinacionales españolas pagan un Impuesto sobre Sociedades en todo el mundo del 0,3% de su beneficio

Thu, 28/11/2019 - 11:26

eldiario.es

Las 134 multinacionales españolas que cuentan con una facturación anual de más de 750 millones de euros pagaron en 2016 en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global, que alcanzó los 91.849 millones, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria de acuerdo con el modelo 231 de declaración ‘País por País’ (CBC por sus siglas en inglés), informa Europa Press.

Si se desciende al detalle, la Agencia Tributaria muestra que un total de 27 sociedades, con 25.325 millones de beneficio en 2016, tan solo pagaron un 0,3%, de esa cantidad. El 36,6% de las multinacionales (49) acumulan el 31,4% del beneficio neto pero solo aportan el 6,4% del impuesto mundial (su tipo efectivo medio es del 3,1%). Las cifras son significativas ya que los datos procedan de una declaración informativa, es decir, proceden de lo declarado por las propias multinacionales a la Agencia Tributaria.

Cuadro con el porcentaje de Impuesto de Sociedades pagado por las multinacionales españolas Cuadro con el porcentaje de Impuesto de Sociedades pagado por las multinacionales españolas

Tomando el criterio de devengo, y no de caja, el importe que pagaron estas empresas por el Impuesto sobre Sociedades en 2016 asciende a 14.260 millones, en este caso el 15,5% del beneficio. El ejercicio 2016 es el primer año en el que estaba vigente la obligación de información que tiene por objeto recopilar datos agregados del colectivo de multinacionales para el intercambio de información entre administraciones tributarias establecido en los acuerdos ‘BEPS’ (‘Erosión de Bases y Traslado de Beneficios’) de la OCDE.

Así, la Agencia Tributaria destaca que se trata de un análisis “pionero a nivel mundial” y ofrece de forma agregada la información de los 134 grupos españoles y sus 16.160 filiales, de ellas 10.967 extranjeras, para mantener la exigencia de confidencialidad establecida en los propios acuerdos ‘BEPS’.

El análisis elaborado afecta a grupos de matriz española que globalmente sumaron 934.408 millones de euros de facturación mundial en 2016, con unos beneficios netos globales que totalizaron 91.849 millones de euros. El impuesto pagado por estos 134 grupos sumó 11.594 millones en términos de caja (combinación de los pagos fraccionados de 2016 y la cuota diferencial de 2015).

43 multinacionales logran casi el 50% de todo el beneficio

Los resultados muestran, según la Agencia Tributaria, una “gran dispersión” de tipos efectivos sobre beneficios, ya que la estadística refleja que solo 43 multinacionales sumaron el 49,1% del beneficio de todo el colectivo y, sin embargo, solo representaron el 10,5% de la cuota total pagada por el conjunto de las mismas.

En términos de devengo (el impuesto es la cuota líquida del ejercicio fiscal 2016, formada por la suma de los pagos fraccionados y la cuota diferencial del mismo año fiscal 2016), el Impuesto de Sociedades que pagaron estos grupos alcanzó los 14.260 millones de euros. Hacienda explica que la diferencia entre caja y devengo hace que, por ejemplo, los créditos fiscales aplicados en uno u otro concepto sean diferentes.

Hasta ahora datos declarados en España

Hasta ahora, la Agencia Tributaria venía publicando estadísticas basadas en los datos declarados en el Impuesto sobre Sociedades en España, que presentan los tipos efectivos a los que tributan las empresas y grupos en el país, calculando dichos tipos tanto sobre las bases imponibles del impuesto como sobre los resultados contables declarados, incluyendo estos últimos también las rentas obtenidas en el exterior y susceptibles de haber tributado en otros países.

La principal diferencia con la estadística actual, precisa Hacienda, estriba en el concepto de ‘beneficio’ que recoge el CBC y el que figura en las Cuentas Anuales Consolidadas de Sociedades, ya que en el CBC se hace referencia a beneficio neto, es decir, una vez descontadas las pérdidas de todas las filiales del grupo en una misma jurisdicción fiscal.

En cambio, en las Cuentas Anuales se toma como referencia el beneficio bruto (no considera las pérdidas), que se entiende como una magnitud más precisa y cercana a la filosofía de un impuesto que sólo pretende gravar los resultados positivos. Así, al tomarse los beneficios netos, descontando las pérdidas, los tipos impositivos resultantes son superiores a los que se obtendrían si el CBC incluyera el beneficio bruto.

El ‘Country by country’ (CBC) o información ‘País por País’ es un modelo de declaración informativa que deben presentar, en su domicilio fiscal de residencia, las matrices de multinacionales con cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial superior a los 750 millones de euros.

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