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Justicia económica global
Updated: 4 hours 22 min ago

Las falsedades de la supuesta recuperación económica promovida por el pensamiento neoliberal dominante

Fri, 17/08/2018 - 07:00

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España

Se está creando la percepción en los países del capitalismo desarrollado de que la Gran Recesión -que ha causado un deterioro muy acentuado del bienestar y calidad de vida de la mayoría de sus poblaciones- es un hecho del pasado, consecuencia del supuesto éxito de las políticas neoliberales que los gobiernos de estos países han ido aplicando durante este período. Estas políticas han consistido en reformas laborales (supuestamente encaminadas a favorecer la flexibilidad de los mercados laborales) y recortes del gasto público, incluyendo del gasto público social (en servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, y otros; y en transferencias públicas, como las pensiones) que se aplicaron para reducir el supuestamente excesivo déficit público que estaba “ahogando” a la economía, como consecuencia de una “excesiva generosidad de los derechos sociales” que tenía que corregirse y revertirse mediante la imposición de políticas de austeridad.

El “supuesto éxito” de las políticas públicas neoliberales

Según los establishments político-mediáticos que promueven la sabiduría convencional en cada país, estas medidas han tenido un gran éxito habiendo recuperado el rigor y la eficiencia de sus economías. Como prueba de ello, presentan indicadores que -según afirman- reflejan tal recuperación como, por ejemplo, el aumento del crecimiento económico y la disminución del paro. Esta promoción de las políticas neoliberales va acompañada, por lo general, de referencias al “supuesto gran éxito” de la economía estadounidense -máximo referente del pensamiento neoliberal-, que se atribuye a la gran flexibilidad de su mercado de trabajo y a su escaso gasto público (el más bajo, una vez descontado su gasto militar), muy acentuado en el caso del gasto público social (responsable de que EE.UU. sea el país capitalista desarrollado con menor protección social). Según explica la sabiduría convencional -de clara sensibilidad neoliberal- este país, después del colapso de su economía (de 2007 a 2009 su PIB bajó un 4%), recuperó, a partir del 2009, su tasa de crecimiento (un promedio de 2,1% anual), lo que provocó un gran descenso del paro, que de ser del 10% pasó a ser el más bajo del mundo capitalista desarrollado, con un 3,8%.

Lo que esconden los indicadores del “supuesto éxito”: el deterioro muy notable del bienestar y calidad de vida de las clases populares

Lo que tales argumentos ocultan o desconocen es que, en gran parte de los países capitalistas desarrollados, las cifras del paro tienen un valor muy relativo para medir el grado de eficiencia del mercado laboral, pues excluyen a grandes sectores de la población que sufren las consecuencias del gran deterioro del mercado laboral (causado por tales políticas neoliberales), y que no quedan reflejados en la tasa de paro. Este indicador de paro no incluye, por ejemplo, la población que trabaja en situación parcial y temporal que querrían hacerlo a tiempo completo (la población empleada subocupada), un problema grave creado por las reformas laborales. Este sector ha sufrido un notable aumento, alcanzando su máxima expresión en el trabajo precario, muy generalizado hoy en la gran mayoría de países capitalistas desarrollados. En España se habla mucho (con razón) del elevadísimo paro, pero no se habla tanto del elevadísimo nivel de precariedad entre la población empleada. Los contratos más frecuentes en España son los que duran 15 días y una cuarta parte del total tiene una duración de 7 días, siendo este el tipo de contrato que ha aumentado más desde el inicio de la crisis en 2007. Desde que se inició la crisis, casi el 60% del empleo creado ha sido -precisamente- de carácter temporal y parcial.

Otro sector de la población que no se incluye en la tasa final del paro es la gente que ha abandonado la búsqueda de puestos de trabajo por no encontrarlo. En EE. UU., en caso de incluirse este sector de la población, la tasa de paro ascendería a un 7,6%. En realidad, si se sumaran los desempleados, los empleados subocupados y los que se han desanimado en su búsqueda de puestos de trabajo, la cifra de paro ascendería a un 10,9% (17,6 millones de personas). Esta trágica (y no hay otra manera realista de definirla) situación, muestra las limitaciones de utilizar la tasa de paro como el indicador principal de eficiencia del mercado de trabajo. El “éxito” en la reducción de la tasa de paro, se ha conseguido a costa de un enorme crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo en el que se encuentran grandes sectores de las clases trabajadores en estos países, que representan la mayoría de las clases populares.

En el país modelo neoliberal, EE.UU., a estos datos debe sumarse otro factor raramente mencionado cuando se analiza el tema del paro: el elevadísimo porcentaje de la población que está encarcelada. Los presos de aquel país son 2,2 millones de personas, tres veces superior al promedio de los países de semejante nivel de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, si el porcentaje de la población encarcelada fuera semejante a la existente en la mayoría de países de la UE, el número de personas sin trabajo y que lo están buscando (así como las tasas del paro oficial) sería incluso mucho mayor que el enunciado en las cifras oficiales de paro. En realidad, la elevada encarcelación es una de las causas de que el paro aparente ser tan bajo en EE.UU.

Los elevados costes de las reformas laborales y otras medidas neoliberales

En España, la aplicación de las políticas neoliberales creó un enorme deterioro del mercado laboral español. Todavía hoy, cuando se asume que la economía se ha recuperado, solo la mitad de los puestos de trabajo perdidos (3,8 millones) durante el inicio de la crisis (2008-2013) se han recuperado. Pero como en el caso de EE.UU., si sumamos a las personas que están en paro (17%) las personas que están subocupadas (personas que trabajan a tiempo parcial involuntario) y las que han abandonado la búsqueda de trabajo, desanimados en encontrarlo, la cifra de paro real aumentaría a un 28%, es decir, casi el doble.

Repito pues, una observación que, a pesar de su gran importancia, apenas es visible en los fórums mediáticos y políticos del país: el descenso del paro oculta el gran crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo. Esta es la realidad que se desconoce e ignora, y que ha causado grandes protestas populares en todos los países, canalizadas por los movimientos antiestablishment.

¿Por qué los salarios no suben -e incluso continúan bajando- cuando el desempleo supuestamente se está reduciendo?

Estas cifras reales de personas desocupadas -que no quedan reflejadas en los indicadores de paro- explican que haya una enorme reserva de personas en necesidad de trabajo. Es más, a las personas que constituyen esta gran reserva de gente buscando trabajo hay que añadir los millones de trabajadores que existen en reserva en países menos desarrollados, cuyos trabajadores aceptan salarios mucho más bajos y las condiciones de trabajo mucho peores que en los países capitalistas desarrollados. De ahí que la desregulación del mercado de trabajo (una de las mayores medidas neoliberales) haya ido acompañada de otra gran medida neoliberal: la desregulación de la movilidad de capitales (con la globalización de las llamadas multinacionales) que está empoderando al mundo empresarial frente al mundo del trabajo. La amenaza del desplazamiento de empresas a países con salarios bajos es una de las medidas disciplinarias más comunes hoy en los países capitalistas desarrollados, en contra de los trabajadores.

Como parte de esta desregulación del movimiento de capitales se ha promovido la otra cara de la moneda, es decir, la promoción de la movilidad de los trabajadores, favoreciendo la inmigración como medida para garantizar la disponibilidad de trabajadores que, por la vulnerabilidad asociada a la condición de inmigrantes aceptan salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

Estos datos explican que, a pesar del descenso del nivel de paro oficial, los salarios no suban. Si tal cifra de paro fuera real, la clase trabajadora estaría más empoderada en su negociación con el mundo empresarial, a fin de obtener salarios más altos. El hecho de que ello no ocurra se debe al enorme debilitamiento de la case trabajadora y del mundo del trabajo, incluyendo sus sindicatos, que se traduce en la enorme disponibilidad de trabajadores potenciales, estén estos dentro o fuera del país. 

La gran debilidad del mundo del trabajo: el objetivo de las políticas neoliberales

Hemos visto así que uno de los principios del pensamiento económico dominante -el subrayar que el descenso del paro crea un aumento de los salarios– no se ha realizado: los salarios no han estado subiendo durante la recuperación. Antes al contrario, han estado descendiendo. De nuevo, mirando el modelo estadounidense vemos que el trabajador (no supervisor) de EE.UU. recibe hoy un salario que es un 4% más bajo que en el año 1972 -hace 46 años- y ello a pesar de que la productividad de este tipo de trabajador se ha más que doblado durante este período. La riqueza creada por este aumento de la productividad no ha beneficiado, sin embargo, al trabajador, sino a todos los demás que están por encima de él, desde sus supervisores, empresarios y equipos de dirección, así como a los financieros que manipulan el crédito y especulan con los beneficios empresariales conseguidos por el descenso de los salarios.

Esta situación se ha dado también en las economías europeas, incluida la española. En la gran mayoría de países europeos, el crecimiento de la productividad ha sido mayor que el crecimiento de los salarios, realidad que ha estado ocurriendo desde el inicio de período neoliberal, a finales de la década de los años setenta del pasado siglo, hasta ahora. En otras palabras, esta situación ha contribuido a que el PIB de tales países haya subido más rápidamente que los salarios (que en muchos países, como EE.UU., han incluso bajado) (ver: P. Dolack, Flat Wages ZCommunications, 2018).

Lo mismo o peor está ocurriendo en España

En España los salarios han bajado también. Ha sido un descenso del 10% durante el período de aplicación máximo de las políticas neoliberales (2008-2014) (afectando primordialmente a las mujeres y a los jóvenes), permaneciendo estables (o bajando en el sector privado), perdiendo así capacidad adquisitiva al crecer en menor grado que la inflación. En realidad, los salarios para los mismos puestos de trabajo, desde 2008 a 2015 descendieron un 12%. Ello ha estado ocurriendo a la vez que la productividad del trabajador (productividad real por hora trabajada) ha ido aumentando mucho más rápidamente que los salarios. El excedente se ha destinado a incrementar los beneficios empresariales, a las rentas superiores, aumentando con ello las desigualdades, siendo estas últimas de las más acentuadas en la Unión Europea.

Como resultado de ello, las rentas del trabajo han ido descendiendo en todos los países a la vez que las rentas del capital han ido subiendo. En España, este cambio en la distribución de las rentas ha sido uno de los más marcados. Como bien dijo en su día el magnate empresarial Warren Buffet, hay “una lucha de clases y la hemos estado ganando”. Y esta victoria se extiende a todos los niveles, de tal manera que la ideología del gran mundo empresarial -el neoliberalismo- continúa siendo hegemónica en las instituciones políticas y mediáticas, a pesar del enorme fracaso de lo que han significado en el quehacer económico del país. Ahora bien, la expresión “desastre” es relativa, pues para el mundo del capital y de sus gestores, la economía ha ido muy bien. Y lo que deseaban, es decir, la disminución de los salarios, de las expectativas de los trabajadores y el descenso (y, en ocasiones, el desmantelamiento) de la protección social, ha sido su gran “éxito”.

¿Cómo se ha conseguido la victoria neoliberal?

Lo que hemos visto es cómo la aplicación de las políticas públicas neoliberales ha debilitado los instrumentos creados por el mundo del trabajo para defender sus intereses, como los sindicatos. Las reformas laborales, por ejemplo, estaban encaminadas a “flexibilizar” el mundo del trabajo. El término flexibilizar quiere decir eliminar los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores durante la época dorada del capitalismo (1945-1980), donde un pacto social se había conseguido entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. De ahí que la solución exigiría un cambio político, observación especialmente importante, pues las causas políticas del deterioro del mercado de trabajo se ignoran constantemente, atribuyendo tal deterioro a la automatización, a la robotización o a cualquier otro elemento, sin tener en cuenta que, a su vez, tales variantes técnicas son determinadas por el contexto político.

Parte de este debilitamiento del mundo del trabajo han sido los cambios en los partidos políticos que habían sido creados por este y que se han ido distanciando de su base electoral, haciendo suyas muchas de las medidas neoliberales que han contribuido a tal distanciamiento. El creciente control de estos partidos políticos (la mayoría de tradición socialdemócrata) por la clase media ilustrada (profesionales de formación universitaria que desarrollan intereses de clase propios, distintos a los que había sido su base electoral) explica su renuncia a políticas redistributivas y su conversión al neoliberalismo, tal y como ha ocurrido con los gobiernos Clinton, Obama, Blair, Schröder, Hollande, Zapatero, entre otros.  El colapso de la socialdemocracia y otras izquierdas es un indicador de ello.

Es lógico y predecible que los movimientos antiestablishment de base obrera hayan ido apareciendo como respuesta

Esta situación explica el surgimiento de los movimientos antiestablishment, que protestan por la pérdida de la calidad de vida de las clases populares, causada por las reformas laborales, por las políticas de austeridad y por la globalización. El abandono por parte de las fuerzas gobernantes de izquierdas de las políticas redistributivas que las caracterizaron en el pasado (aduciendo que eran “anticuadas” o “imposibles de realizar”), y su compromiso con el neoliberalismo, fue el responsable del surgimiento de tales movimientos. El establishment político-mediático neoliberal atribuye tales movimientos a un crecimiento del nacionalismo, racismo, chovinismo, o cualquier ismo que esté de moda en estos centros.

Y cada una de las características de estos movimientos es respuesta directa al ataque neoliberal. El nacionalismo, por ejemplo, es una protesta frente a la globalización. Su antiinmigración es un indicador de rechazo a la globalización del mundo del trabajo, en respuesta a su ansiedad y temor a la pérdida su empleo o a la dificultad en encontrarlo. Y su antiestablishment es consecuencia de verlo como responsable de las políticas que les perjudicaron. En EE.UU., por ejemplo, no hay evidencia de que el racismo se haya incrementado. En realidad, los votantes que hicieron posible la elección de Trump en el Colegio Electoral de EE.UU. procedían de barrios obreros en áreas desindustrializadas que habían votado a un negro, el candidato Obama, para la presidencia en las elecciones anteriores. Y en 2016, Trump ganó por que Clinton representaba al establishment, al ser Ministra de Asuntos Exteriores y máxima promotora de la globalización, responsable de las políticas públicas que habían estado dañando a la clase trabajadora.

La demonización de las protestas populares antiestablishment

Es característico del establishment político-mediático definir como “retrógrados” y “basura social” -como hizo la Sra. Clinton- estas protestas de los que se han opuesto a las medidas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida de las clases populares. En realidad, era fácilmente predecible que Trump ganaría las elecciones (y así lo anunciamos algunos pocos cuando se iniciaron las primarias del Partido Republicano y más tarde cuando se eligió el Presidente). Las clases trabajadoras, dañadas por tales políticas, están mostrando su rechazo a los establishments político-mediáticos. La única alternativa que hubiera podido ganar a Trump era el candidato socialista Bernie Sanders, que pedía una revolución democrática, y así lo mostraban las encuestas. La destrucción de la candidatura Sanders por parte del partido demócrata, controlado por la candidata Clinton, fue un elemento clave en la victoria de Trump. Ni que decir tiene que las clases trabajadoras no son el único sector que presenta tal rechazo, aunque si que son las más movilizadas por ser también las más perjudicadas. Y lo mismo ha ocurrido en casi cada país europeo. Des del Brexit en el Reino Unido, al surgimiento de la ultraderecha a lo largo del territorio europeo son síntomas de ello. El abandono del proyecto auténticamente transformador por parte de los partidos de izquierda explica la canalización del enfado popular por parte de partidos radicales de ultraderecha.

En España, la aplicación de las políticas neoliberales de los gobiernos Zapatero primero y Rajoy después, afectaron muy negativamente al bienestar de las clases populares, que generó el movimiento de protesta y rechazo llamado 15-M, un soplo de aire fresco en el clima neoliberal promovido por los establishments político-mediáticos del país, y que cristalizó más tarde en Podemos. Este partido en poco tiempo se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas del país, con un enorme impacto canalizando el enorme enfado y rechazo hacia las políticas neoliberales. Ello previno la movilización de la ultraderecha como instrumento de protesta, debido en gran parte a que esta estaba ya en el partido gobernante -el Partido Popular-, mayor impulsor del neoliberalismo (junto con Ciudadanos). De ahí que, el compromiso de tal partido con el neoliberalismo sea uno de los mayores obstáculos para que capitalice el enfado de las clases populares, por muy nacionalista y antiinmigración que se presente, como intenta su nuevo dirigente, Pablo Casado. Un tanto parecido ocurrirá con Ciudadanos, que está hoy utilizando su nacionalismo para ocultar su neoliberalismo.

La única salida a esta situación es que exista una amplia alianza de movimientos sociales y fuerzas políticas que rechacen el neoliberalismo, la globalización y la desregulación de los mercados laborales, así como de la movilidad de capitales y trabajadores a nivel internacional, que ha estado creando un enorme dolor a las clases populares. A no ser que exista este rechazo a las políticas neoliberales actuales, no veo posibilidades de cambio. Así de claro.

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Publicado en Público.es

vnavarro.org

Categories: Attac Planet

El capitalismo, no “la naturaleza humana”, fue lo que acabó con nuestro impulso para enfrentar el cambio climático

Tue, 14/08/2018 - 14:54
Naomi KleinThe Intercept

 

 

Perfil de Manhattan al atardecer, 23 mayo 2018. (Foto Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Este domingo, la revista del New York Times  entera estará dedicada a un solo artículo sobre un único tema: el fracaso a la hora de enfrentar la crisis climática global en la década de 1980, una época en que la ciencia y la política parecían alinearse. Escrito por Nathaniel Rich, esta obra de la historia está llena de revelaciones internas sobre caminos no tomados que, en varias ocasiones, me hicieron maldecir en voz alta. Y para que no quede ninguna duda de que las implicaciones de esas decisiones quedarán grabadas en el tiempo geológico, las palabras de Rich aparecen reforzadas por las fotografías aéreas a toda plana de George Steinmetz, que documentan de forma dolorosa la veloz desintegración de los sistemas planetarios, desde el agua torrencial donde solía haber hielo en Groenlandia, a las floraciones masivas de algas en el tercer lago más grande de China.

El artículo, con una extensión de novela corta, representa el tipo de compromiso de los medios que la crisis climática se ha merecido siempre aunque casi nunca se le ha dedicado. Todos hemos escuchado las diversas excusas de por qué ese pequeño asunto de expoliar nuestro único hogar no se consideraba una noticia urgente: “El cambio climático es cosa de un futuro lejano”; “es inapropiado hablar de política cuando la gente está perdiendo la vida por los huracanes y los incendios”; “los periodistas siguen las noticias, no las crean, y los políticos no hablan del cambio climático”; y, por supuesto: “Cada vez que intentamos hablar del tema, los índices de audiencia se desploman”.

Ninguna de estas excusas puede enmascarar el abandono del deber. Los principales medios de comunicación siempre han podido decidir, por sí mismos, que la desestabilización planetaria es una gran noticia, muy probablemente la más relevante de nuestro tiempo. Siempre tuvieron la capacidad de aprovechar las habilidades de sus reporteros y fotógrafos para conectar la ciencia abstracta con los fenómenos climáticos extremos experimentados. Y si lo hicieran de forma consistente, disminuiría la necesidad que de los periodistas se adelanten a los políticos porque cuanto mejor informada esté la gente sobre la amenaza y las soluciones tangibles, más presionarán a sus representantes electos para que se decidan por acciones audaces.

Por eso es tan excitante ver que el Times pone toda la fuerza de su maquinaria editorial al servicio de la obra de Rich, acompañándola de un video promocional, lanzándola con un evento en vivo en el Times Center y acompañándola de material educativo .

Por todo ello es por lo que resulta tan indignante que el artículo se equivoque de forma espectacular en su tesis central.

Según Rich, entre los años de 1979 y 1989, se entendió y aceptó la ciencia básica relativa al cambio climático; la división partidista sobre la cuestión aún no se había producido, las empresas de combustibles fósiles aún no habían iniciado seriamente su campaña de desinformación y había un enorme impulso global para conseguir un acuerdo internacional vinculante y audaz de reducción de emisiones. Al escribir sobre el período clave de finales de los ochenta, Rich dice: “Las condiciones para el éxito no podrían haber sido más favorables”.

Y, sin embargo, “nosotros”, los seres humanos, lo echamos todo a perder porque al parecer somos demasiado miopes para salvaguardar nuestro futuro. En caso de que no entendamos a quién y a qué hay que culpar por el hecho de que estemos ahora “perdiendo el planeta”, la respuesta de Rich se presenta en un recuadro a toda página: “Conocíamos todos los hechos y nada se interponía en nuestro camino. Nada, excepto nosotros mismos”.

Sí, Vds. y yo. Según Rich, no eran responsables las compañías de combustibles fósiles que acudían a cada reunión política importante descrita en el artículo. (Imagínense a los ejecutivos del tabaco siendo repetidamente invitados por el gobierno estadounidense para proyectar políticas que prohibieran fumar). Cuando todas esas reuniones no consiguieron resultado sustancial alguno, ¿no deberíamos llegar a la conclusión de que la razón de ello es que los seres humanos sólo queremos morirnos? En cambio, ¿no podríamos llegar a la conclusión de que el sistema político es corrupto y está en quiebra?

Varios científicos e historiadores del clima han señalado esta lectura equivocada desde que la versión online del artículo apareció el miércoles. Otros han comentado sobre las enloquecedoras invocaciones de la “naturaleza humana” y el uso del regio “nosotros” para describir a un grupo muy homogéneo de poderosos actores estadounidenses. A lo largo del relato de Rich, no oímos nada de todos aquellos líderes políticos del Sur Global que exigían una acción vinculante en este período clave y después se preocupaban de algún modo por las generaciones futuras a pesar de ser humanos. Al mismo tiempo, las voces de las mujeres son casi tan raras en el texto de Rich como los avistamientos del pájaro carpintero real en peligro de extinción, y cuando las señoras aparecen, es principalmente como esposas sufridoras de hombres trágicamente heroicos.

Todos estos fallos han sido ya abordados, por eso no voy a discutirlos de nuevo aquí. Me centraré en la principal premisa del artículo: que a finales de la década de 1980 las condiciones no “podían haber sido más favorables” para una acción climática audaz. Bien al contrario, una apenas podría imaginar un momento más inoportuno en la evolución humana para que nuestra especie se encontrara cara a cara con la dura verdad de que las ventajas del moderno capitalismo consumista estaban erosionando rápidamente la habitabilidad del planeta. ¿Por qué? Porque los últimos años ochenta estábamos en el cenit absoluto de la cruzada neoliberal, un momento de suprema ascendencia ideológica para el proyecto económico y social que se propuso vilipendiar deliberadamente la acción colectiva en aras a la liberación del “libre mercado” en los aspectos de la vida. Sin embargo, Rich no menciona esta turbulencia paralela en el pensamiento económico y político.

En esta foto de archivo del 9 de mayo de 1989, James Hansen, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, testifica ante el subcomité de transportes del Senado en el Capitolio, Washington D.C., un año después de su histórico testimonio diciéndole al mundo que el calentamiento global estaba ya aquí e iba a empeorar (Foto: Dennis Cook/AP).

Cuando ahondé en esta misma historia del cambio climático hace unos años, llegué a la conclusión, al igual que Rich, que el momento clave en que el impulso mundial se estaba forjando en aras a un acuerdo global firme basado en la ciencia se produjo en 1988. Fue cuando James Hansen, entonces director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, testificó ante el Congreso alegando que tenía un “99% de seguridad” en que había una “tendencia real hacia el calentamiento” vinculada con la actividad humana. Más tarde, ese mismo mes, cientos de científicos y políticos celebraron la histórica Conferencia Mundial sobre Cambios en la Atmósfera en Toronto, cuando se discutió sobre los primeros objetivos para la reducción de emisiones. A finales de ese mismo año, en noviembre de 1988, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, la principal entidad científica para asesorar a los gobiernos sobre la amenaza climática, celebraba su primera sesión.

Pero el cambio climático no sólo preocupaba a políticos y expertos, había pasado a formar parte de las conversaciones cotidianas y charlas de café, a tal nivel que cuando los editores de la revista Time anunciaron en 1988 su “Hombre del Año”, optaron por cambiarlo por el “Planeta del Año: La Tierra en Peligro”. La portada mostraba una imagen del mundo sostenido con un cordel, con el sol poniéndose al fondo de forma inquietante. “Ningún individuo en particular, ningún acontecimiento, ningún movimiento logró capturar la imaginación ni dominó más los titulares”, explicaba el periodista Thomas Sancton, “que el grupo de rocas y suelo y agua y aire que es nuestro hogar común”.

(Curiosamente, a diferencia de Rich, Sancton no culpaba a la “naturaleza humana” del pillaje planetario. Siguió profundizando en el uso indebido del concepto judeocristiano de “dominio” sobre la naturaleza y en el hecho de que suplantó la idea precristiana de que “la Tierra era considerada como madre, como donante fértil de vida. La naturaleza -el suelo, el bosque, el mar- estaba investida de divinidad y los mortales estaban subordinados a ella.)

Cuando examiné las noticias climáticas de este período, parecía que podría lograrse realmente un cambio profundo. Pero después, de forma trágica, todo se desvaneció, con Estados Unidos largándose de las negociaciones internacionales y el resto del mundo conformándose con acuerdos no vinculantes que dependían de “mecanismos de mercado” sospechosos, como la comercialización y compensaciones de bonos del carbono. Por tanto, merece realmente la pena preguntar, como lo hace Rich: ¿Qué demonios sucedió? ¿Qué fue lo que interrumpió la urgencia y la determinación que emanaban de todos estos establishment elitistas de forma simultánea al final de los años ochenta?

Rich concluye, aunque sin ofrecer ninguna prueba social o científica, que algo llamado “naturaleza humana” se puso a dar patadas y lo estropeó todo. “Los seres humanos”, escribe, “ya sea en organizaciones globales, democracias, industrias, partidos políticos o como individuos, son incapaces de sacrificar las ventajas presentes para evitar el desastre impuesto a las generaciones futuras”. Parece que estamos programados para “obsesionarnos con el presente, preocuparnos por el medio plazo y eliminar de nuestra mente el término a largo plazo, aunque acabemos envenenados por ello”.

Al examinar el mismo período, llegué a una conclusión muy diferente: que lo que al principio parecía ser nuestro mejor intento para salvar la vida de la acción climática había sufrido, en retrospectiva, un caso épico de mal momento histórico. Porque lo que queda claro cuando se mira hacia atrás en esta coyuntura es que justo cuando los gobiernos se estaban uniendo para actuar seriamente a fin de controlar el sector de los combustibles fósiles, la revolución neoliberal global se convirtió en supernova y ese proyecto de reingeniería económica y social chocó a cada paso con los imperativos tanto de la ciencia del clima como de la regulación corporativa.

El hecho de no hacer siquiera una referencia pasajera a esta otra tendencia global que estaba desarrollándose en los últimos años ochenta representa un gran punto ciego incomprensible en el artículo de Rich. Después de todo, el principal beneficio de volver como periodista a un período en un pasado no muy lejano es que puedes ver tendencias y pautas que aún no resultaban visibles para las personas que vivieron esos tumultuosos acontecimientos en tiempo real. Por ejemplo, en 1988, la comunidad del clima no tenía manera de saber que estaban en la cúspide de la convulsa revolución neoliberal que transformaría todas las economías principales del planeta.

Pero nosotros sí lo sabemos. Y una cosa que queda muy clara cuando se mira hacia atrás, en los finales ochenta, es que desde ofrecer “condiciones para el éxito que no podrían haber sido más favorables”, 1988-89 fue el peor momento posible para que la humanidad decidiera que iba a tomarse en serie el hecho de poner la salud planetaria por delante de los beneficios.

Recuerden qué otras cosas estaban pasando. En 1988, Canadá y Estados Unidos firmaron su acuerdo de libre comercio, un prototipo del NAFTA (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y de los innumerables acuerdos que lo seguirían. El muro de Berlín estaba a punto de caer, un acontecimiento que los ideólogos de la derecha aprovecharían con éxito en EE. UU. como prueba del “fin de la historia”, tomándolo como licencia para exportar la receta Reagan-Thatcher de privatización, desregulación y austeridad a todos los rincones del mundo.

Fue esta convergencia de tendencias históricas -la aparición de una arquitectura global que se suponía iba a abordar el cambio climático y el afianzamiento de una arquitectura global mucho más poderosa que iba a liberar el capital de cualquier restricción- lo que hizo descarrilar el impulso que Rich identifica correctamente. Porque, como señala repetidamente, enfrentar el desafío del cambio climático hubiera requerido imponer rígidas regulaciones a los contaminadores, a la vez que invertir en la esfera pública para transformar la forma en que impulsamos nuestras vidas, vivimos en las ciudades y nos movemos.

Todo esto fue posible en los años 80 y 90 (todavía lo es hoy), pero habría exigido una batalla frontal contra el proyecto del neoliberalismo, que en ese momento estaba librando una guerra contra la idea misma de la esfera pública (“La sociedad no existe”, nos dijo Thatcher). Mientras tanto, los acuerdos de libre comercio que se firmaron en este período estaban desarrollando muchas iniciativas climáticas sensatas, como subvencionar y ofrecer un trato preferencial a la industria verde local y rechazar muchos proyectos contaminantes como la fractura hidráulica y los oleoductos, que son ilegales en virtud del derecho comercial internacional.

Sobre esta colisión entre el capitalismo y el planeta escribí un libro de 500 páginas, y no quiero entrar de nuevo en los detalles aquí. Sin embargo, este extracto se introduce en el tema con cierta profundidad, por lo que citaré aquí un breve fragmento:

No hemos hecho lo necesario para reducir las emisiones porque eso entra fundamentalmente en conflicto con el capitalismo desregulado, la ideología reinante durante todo el período en el que hemos estado luchando para encontrar una salida a esta crisis. Estamos atrapados porque las acciones que nos darían la mejor oportunidad para evitar una catástrofe -que beneficiarían a la gran mayoría- son extremadamente amenazadoras para una élite minoritaria que tiene un dominio absoluto sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación. Ese problema podría no haber sido insuperable si se hubiera presentado en otro momento de nuestra historia. Pero es nuestra gran desgracia colectiva que la comunidad científica hiciera su decisivo diagnóstico sobre la amenaza climática en el preciso momento en que esas élites disfrutaban de un poder político, cultural e intelectual más ilimitado que en cualquier momento desde la década de 1920. De hecho, los gobiernos y los científicos habían empezado a hablar seriamente sobre los recortes radicales a las emisiones de gases de efecto invernadero en 1988, el año exacto que marcó el comienzo de lo que se llamó “globalización”.

¿Por qué es importante que Rich no mencione este choque y, en cambio, afirme que nuestro destino ha sido sellado por la “naturaleza humana”? Es importante porque si la fuerza que interrumpió el impulso hacia la acción somos “nosotros mismos”, entonces el titular fatalista en la portada de la revista New York Times Magazine “Perdiendo la Tierra” es realmente merecido. Si la incapacidad de sacrificarnos a corto plazo por una dosis de salud y seguridad en el futuro se cuece en nuestro ADN colectivo, entonces no tenemos ninguna esperanza de cambiar las cosas a tiempo para evitar un calentamiento verdaderamente catastrófico.

Por otra parte, si nosotros, los seres humanos, estuvimos realmente a punto de salvarnos en los años 80, pero nos vimos inundados por una oleada de fanatismos por parte de la élite del libre mercado, a la que se oponían millones de personas en todo el mundo, entonces ahí hay algo bastante concreto que podemos hacer al respecto. Podemos enfrentar ese orden económico y tratar de reemplazarlo con algo que esté enraizado en la seguridad humana y planetaria, esa que no coloca la búsqueda del crecimiento y el beneficio a toda costa en su centro.

Y la buena noticia -y sí, hay alguna- es que hoy, a diferencia de 1989, un movimiento joven y en crecimiento de socialistas democráticos verdes está avanzando precisamente con esa visión en EE. UU. Y eso representa algo más que sólo una alternativa electoral: es nuestra única línea de vida planetaria.

Sin embargo, tenemos que tener claro que la línea de vida que necesitamos no es algo que haya sido probado antes, al menos no en la escala requerida. Cuando el Times tuiteó su tráiler del artículo de Rich sobre “la incapacidad de la humanidad para enfrentar la catástrofe del cambio climático”, la excelente ala de ecojusticia de los Socialistas Democráticos de América ofreció velozmente esta corrección : “*CAPITALISMO* Si fueran serios a la hora de investigar qué ha ido tan mal, deberían centrarse en la ‘incapacidad del capitalismo para abordar la catástrofe del cambio climático’. Por encima del capitalismo, *la humanidad* es totalmente capaz de organizar sociedades que prosperen dentro de límites ecológicos”.

Su punto de vista es bueno, pero está incompleto. No hay nada esencial sobre los seres humanos que viven bajo el capitalismo; los humanos somos capaces de organizarnos en todo tipo de órdenes sociales diferentes, incluidas las sociedades con horizontes de tiempo mucho más largos y con mucho más respeto por los sistemas de apoyo a la vida natural. De hecho, los humanos han vivido de esa manera durante la gran mayoría de nuestra historia y muchas culturas indígenas mantienen vivas hasta el día de hoy las cosmologías centradas en la tierra. El capitalismo es un breve incidente en la historia colectiva de nuestra especie.

Pero culpar simplemente al capitalismo no es suficiente. Es absolutamente cierto que el impulso hacia el crecimiento y las ganancias sin fin se oponen rotundamente al imperativo de una transición rápida en el abandono de los combustibles fósiles. Es absolutamente cierto que el desencadenante global de la forma desatada de capitalismo conocida como neoliberalismo en los años 80 y 90, ha sido el mayor contribuyente al desastroso pico de las emisiones globales en las últimas décadas, así como el mayor obstáculo para la acción climática basada en la ciencia desde que los gobiernos comenzaron a reunirse para hablar (y hablar y hablar) sobre la reducción de emisiones. Y sigue siendo el mayor obstáculo hoy en día, incluso en países que se promocionan como líderes climáticos, como Canadá y Francia.

Pero tenemos que ser honestos y reconocer que el socialismo industrial autocrático ha sido también un desastre para el medioambiente, como lo demuestra radicalmente el hecho de que las emisiones de carbono descendieron brevemente cuando las economías de la antigua Unión Soviética se colapsaron a principios de los años noventa. Y como escribí en “Esto lo cambia todo”, el petropopulismo venezolano ha continuado con esta tradición tóxica hasta nuestros días, con resultados desastrosos.

Reconozcamos este hecho al tiempo que señalamos que los países con una fuerte tradición socialista democrática, como Dinamarca, Suecia y Uruguay, tienen algunas de las políticas ambientales más visionarias del mundo. De esto podemos concluir que el socialismo no es necesariamente ecológico, pero que una nueva forma de ecosocialismo democrático, con la humildad de aprender de las enseñanzas indígenas sobre los deberes para con las generaciones futuras y la interconexión de toda la vida, parece ser la mejor oportunidad que tiene la humanidad para la supervivencia colectiva.

Estas son las apuestas del aluvión de candidatos políticos que están promoviendo una visión democrático ecosocialista, conectando los puntos entre los expolios económicos causados por décadas de ascendencia neoliberal y el devastado estado de nuestro mundo natural. Inspirados en parte por la carrera presidencial de Bernie Sanders, candidatos de diversos tipos, como Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, Kaniela Ing en Hawai y muchos más, se presentan en plataformas que piden un “Nuevo acuerdo ecológico” que satisfaga las necesidades materiales básicas de todos, ofrezca soluciones reales a las desigualdades raciales y de género, al tiempo que catalice una transición rápida al cien por cien de energía renovable. Muchos, como la candidata a gobernadora de Nueva York, Cynthia Nixon, y el candidato a fiscal general de Nueva York, Zephyr Teachout, se han comprometido a no aceptar dinero de las compañías de combustibles fósiles y, en cambio, están prometiendo procesarlas.

Estos candidatos, se identifiquen o no como socialistas demócratas, rechazan el centrismo neoliberal del establishment del Partido Demócrata, con sus tibias “soluciones basadas en el mercado” para la crisis ecológica, así como la guerra total de Donald Trump contra la naturaleza. También están presentando una alternativa concreta ante los socialistas extractivistas antidemocráticos del pasado y del presente. Y quizá lo más importante, esta nueva generación de líderes no está interesada en convertir a la “humanidad” en chivo expiatorio de la avaricia y corrupción de una élite minúscula. Busca en cambio ayudar a la humanidad, en particular a sus innumerables miembros sistemáticamente desconocidos, a encontrar su voz y poder colectivos para poder enfrentarse a esa élite.

No estamos perdiendo la Tierra, pero esta se está calentando de forma tan veloz que está inmersa en una trayectoria en la que muchos de nosotros vamos a perdernos. Justo a tiempo, está apareciendo un nuevo camino político hacia la seguridad. No es el momento de lamentar nuestras décadas perdidas. Es hora ya de salir del infierno por ese camino.

Naomi Klein es una periodista e investigadora canadiense de gran influencia en el movimiento antiglobalización y el socialismo democrático. Entre sus libros publicados figuran: No Logo, Vallas y Ventanas, Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima. Su nuevo libro es: Decir no, no basta: Contra las nuevas políticas del shock, por el mundo que queremos.

Fuente: https://theintercept.com/2018/08/03/climate-change-new-york-times-magazine/

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la misma.

 

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Una política a contramano choca con la realidad

Mon, 13/08/2018 - 07:00

 Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España

El pasado 8 de agosto una institución retrógrada e innecesaria como el Senado Nacional frenó la media sanción relativa a la despenalización del aborto, a contramano de la abrumadora legitimación social del debate militado por millones de personas, especialmente mujeres jóvenes. Se dice que fue la influencia de la Iglesia y la cultura hegemónica conservadora del interior, más precisamente en el norte empobrecido, quienes desplegaron una fortísima iniciativa política de corte conservador desde la aprobación del proyecto en Diputados. La marea verde con su lucha actual, que recoge la larga tradición de la brega por el aborto seguro y gratuito, tiene el mérito de instalar las bases subjetivas para una futura sanción que identifique a la legislación con el sentimiento de avanzada de la sociedad argentina.

La realidad es que la vieja política conservadora frenó transitoriamente el impulso de lo nuevo gestado por una nueva generación de lucha por los derechos humanos en sentido integral, muy destacadamente los relativos a la igualdad de género, a la diversidad sexual y al goce, como muy bien señaló Pino Solanas en su intervención en el Senado. Por eso, el dato relevante, sin embargo, remite a lo nuevo que emerge en las niñas, adolescentes y jóvenes activistas militantes de la vieja causa por el derecho al aborto seguro y gratuito sustentado desde una convicción histórica por mujeres, abuelas y bisabuelas. La posta de la militancia histórica es asumida en esta coyuntura por millones de jóvenes que alimentan la gestación de un nuevo tiempo, como ayer y como siempre, arrasando con la vieja y conservadora cultura del rechazo a la superación.

La economía también a contramano

En materia económica ocurre algo similar. En diciembre del 2015 asumió el gobierno de la Argentina una propuesta con un programa de derecha que transita a contramano de los nuevos rumbos del capitalismo mundial, claramente identificado con las políticas de Trump o del Brexit; de recreación del proteccionismo nacionalista en defensa de la hegemonía imperialista histórica de Inglaterra y EEUU. Esa política nacional emanada desde la hegemonía impone la guerra comercial en curso, desde EEUU contra China o Europa y el resto del mundo, lo que incluye la reciente suba de los aranceles a Turquía y la consecuente devaluación de la moneda turca, la que arrastra otros procesos similares en el mundo, caso de la modificación cambiaria en la Argentina con un dólar rozando los 30 pesos por unidad.

No se trata de defender la política estadounidense, británica o del nacionalismo de derecha y conservador en el mundo, sino de interpretar las contradicciones de la situación mundial y en ese marco definir un rumbo propio para alejar lo más posible al país de los efectos desastrosos para la sociedad por la inserción internacional subordinada. Por eso preocupa que la economía argentina marche a contramano de las orientaciones sustentadas desde la hegemonía, sobre todo si no existe una lógica social y política mayoritaria en contra del capitalismo. Cuando en el mundo se fortalece el dólar por imperio de la política económica proteccionista estadounidense, aumento de las tasas de interés mediante, más allá de cualquier impacto a largo plazo, en el país (que no emite dólares) no se cuidan los escasos dólares o divisas que ingresan. En rigor, ocurre todo lo contrario y se generan condiciones para la salida (fuga) de esos recursos escasos. En lugar de cuidar las escasas divisas conseguidas, se facilita la salida y así se construye la llamada “restricción externa” de la economía local.

Remito a la libre y acrecentada importación, en simultáneo con bajas de precios internacionales de productos de exportación, caso de la soja, sumado a maniobras especulativas que demorando ventas externas demandan mayores devaluaciones en favor de la rentabilidad de grandes productores y exportadores del complejo sojero del agro-negocio. Pero también la libre circulación de capitales, sea por pagos de intereses acrecentados con nueva deuda pública, remesas de utilidades al exterior o déficit por turismo internacional. Es más, esa salida de dólares solo es posible por el ingreso de fondos especulativos o mayor deuda externa. A contramano de la tendencia hegemónica, en lugar de generar condiciones de funcionamiento local para limitar la restricción externa, se la fomenta. De ese modo solo queda el ajuste sobre los ingresos de la mayoría de la sociedad. Ese es el resultado del rumbo económico del Gobierno Macri en el tramo final de su gestión con vencimiento en diciembre del 2019.

La inflación y la recesión son manifestaciones del ajuste que empobrece a la mayoría de la sociedad y renueva el descontento, anima la protesta social y crea condiciones de posibilidad para transitar nuevos rumbos de construcción de iniciativa política popular para un nuevo tiempo de construcción social.

Avanzar con lo nuevo

La marea verde entusiasma, por la masividad y la juventud incluida, señalando posibles subjetividades que afecten al conjunto de la cotidianeidad, entre ellas las relaciones económicas. Estas convalidan el capitalismo local, que para funcionar necesita recrear los mecanismos de transferencia de riqueza producto del trabajo social a una minoría asentada en el poder y la dominación. El problema a resolver es como otorgarle centralidad a la disputa por la apropiación social del producto del trabajo, en tanto sustento de la vida cotidiana, hoy apropiada por núcleos reducidos de poder hegemónico a costo de insuficiencias e insatisfacciones de la mayoría de la sociedad.

El ejemplo de la lucha feminista por décadas y los cambios en la cultura de la sociedad, más allá de los traspiés legislativos, nos dan señales por donde sustentar con convicciones el trabajo de organización y lucha para confrontar con la estrategia actual en el gobierno y el poder. Pero cuidado que siempre se puede recaer en otra ilusión de un capitalismo posible, autónomo y soberano. Otras relaciones económicas supone un rumbo contra y más allá del capitalismo. No es imposible si se sostienen convicciones y formas adecuadas de lucha, tal como se abrieron camino movimientos, entre los que destaca ahora el feminismo, o el ecologismo, como aporte a una lucha civilizatoria contra el patriarcalismo y el capitalismo como modelo productivo depredador de la naturaleza y la vida. En la Argentina, la lucha del movimiento obrero tiene antecedentes para inspirar a nuevas generaciones para una perspectiva de emancipación social.

Buenos Aires, 12 de agosto de 2018

El Blog de Julio C. Gambina

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¿Puede el “efecto mariposa” provocar una nueva recesión económica mundial?

Sat, 11/08/2018 - 11:24

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra – Nafarroa

La posibilidad real de la tercera ola de la recesión estaría pasando desapercibida para la mayoría de Agencias de Calificación debido a la desconexión con la realidad que les llevaría a justificar la exuberancia irracional de los mercados, con lo que se cumpliría la famosa frase del iconoclasta John Kenneth Galbraiht. ”Hay dos clases de economistas: los que no tenemos ni idea y los que no saben ni eso”. Así, el ” efecto mariposa” trasladado a sistemas complejos como la Bolsa de Valores, tendría como efecto colateral la imposibilidad de detectar con antelación un futuro mediato pues los modelos cuánticos que utilizan serían tan sólo simulaciones basadas en modelos precedentes (Teoría de la Inestabilidad financiera de Minsky), con lo que la inclusión de tan sólo una variable incorrecta o la repentina aparición de una variable imprevista provoca que el margen de error de dichos modelos se amplifique en cada unidad de tiempo simulada hasta exceder incluso el límite estratosférico del cien por cien, dando lugar a un nuevo estallido o crash bursátil.

La exuberancia irracional de los mercados

El proceso especulativo impulsa a comprar con la esperanza de sustanciosas ganancias en el futuro, lo que provoca una espiral alcista alejada de toda base factual y el precio del activo llega a alcanzar niveles estratosféricos hasta que la burbuja acaba estallando (crash) debido a la venta masiva de activos y la ausencia de compradores, lo que provoca una caída repentina y brusca de los precios hasta límites inferiores a su nivel natural (crack), cumpliéndose una vez más la máxima de Keynes: “Los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que tú puedes permanecer solvente”. Así, un inversor está dispuesto a pagar un precio por una acción si le reporta dinero en el futuro, por lo que el valor de dicha acción es el total de flujos esperados pero el nivel suelo de las Bolsas mundiales, (nivel en el que confluyen beneficios y multiplicadores mínimos), se situaría a años-luz de los niveles actuales debido al riesgo de estancamiento económico secular que presentan las principales economías mundiales.

Sin embargo, debido al “efecto Trump” los inversores de EEUU estaban instalados en la euforia tras superar el techo ionosférico de los 26.000 puntos en el Dow Jones, (rememorando el boom bursátil de los años 20, preludio del crack bursátil de 1.929), por lo que son incapaces de percibir el vértigo de la altura pero la sombra del impeachment que planea sobre Donald Trump y la incertidumbre existente en Wall Street sobre su agenda económica , provocará que los grandes inversores sientan por primera vez el mal de la altura que les llevará a reducir su exposición al riesgo con el consecuente efecto bajista en las cotizaciones de las acciones. Además, la inflación en EEUU acelerará las próximas subida de tipos de interés del dólar en el 2018, haciendo que los inversionistas se distancien de los activos de renta variable y que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial, derivando en una psicosis vendedora que terminará por desencadenar el estallido de la actual burbuja bursátil. Dicho estallido tendrá como efectos colaterales la consiguiente inanición financiera de las empresas, la subsiguiente devaluación de las monedas de incontables países para incrementar sus exportaciones y como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil del 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de quiebras.

¿Finiquito a los Tratados Comerciales Transnacionales?

La obsesión paranoica de las multinacionales apátridas o corporaciones transnacionales por maximizar los beneficios, (debido al apetito insaciable de sus accionistas, al exigir incrementos constantes en los dividendos), les habría inducido a endeudarse peligrosamente en aras del gigantismo mediante OPAS hostiles y a la intensificación de la política de deslocalización de empresas a países emergentes en aras de reducir los costes de producción (dado el enorme diferencial en salarios y la ausencia de derechos laborales de los trabajadores). Así, el Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Canadá y México (NAFTA o TLCAN), firmado por el Presidente Clinton en 1964 habría provocado que adultos blancos de más de 45 años sin estudios universitarios y con empleos de bajo valor añadido tras quedar enrolados en las filas del paro, habrían terminado sumido en un círculo explosivo de depresión, alcoholismo, drogadición y suicidio tras ver esfumarse el mirlo del “sueño americano”, lo que habría tenido como efecto colateral la desafección de dichos segmentos de población blanca respecto del establishment tradicional demócrata y republicano, por lo que Trump se propone renegociarlo.

Igualmente, la Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) sería la pieza central de Obama en su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico para hacer frente a la Unión EuroAsiática que inició su singladura el 1 de enero del 2015 , pero el Presidente electo de EEUU, Donald Trump incluyó en su programa electoral la salida de EEUU de dicha asociación. Finalmente, tenemos el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE) cuyas negociaciones deberían finalizar para principios del 2017 pues en teoría tan sólo implicaban la eliminación de aranceles, la normativa innecesaria y las barreras burocráticas pero la tardía reafirmación de la soberanía europeísta por parte del eje franco-alemán aunado con el retorno a políticas neo-proteccionistas por parte de Trump, lograrán que la niebla del olvido cubra con su manto el TTIP.

¿Hacia la tercera ola de la recesión?

El retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU-Rusia tras la crisis de Ucrania y la imposición de sanciones por UE-Japón-EEUU contra Rusia , marcarían el inicio del ocaso de la economía global y del libre comercio, máxime al haberse demostrado inoperante la Ronda Doha (organismo que tenía como objetivo principal de liberalizar el comercio mundial por medio de una gran negociación entre los 153 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y haber fracasado en todos sus intentos desde su creación en el 2011. Así, asistiremos al finiquito de los Tratados Comerciales transnacionales (TTIP, NAFTA y TTP) y a la implementación por las economías del Primer Mundo de medidas proteccionistas frente a los países emergentes cuyo paradigma sería el establecimiento por la UE y EEUU de medidas antidumping contra el acero Chino con aranceles que oscilarán del 20% europeo al 500% estadounidense y que significarán el retorno al Neo-Proteccionismo económico. Finalmente, tanto la UE como EEUU implementarán la Doctrina del “Fomento del Consumo de Productos nacionales” en forma de ayudas para evitar la deslocalización de empresas, subvenciones a la industria agroalimentaria para la Instauración de la etiqueta BIO a todos sus productos manufacturados, Elevación de los Parámetros de calidad exigidos a los productos manufacturados del exterior y la imposición de medidas fitosanitarias adicionales a los productos de países emergentes. Ello obligará a China, México, Sudáfrica, Brasil e India a realizar costosísimas inversiones para reducir sus niveles de contaminación y mejorar los parámetros de calidad, dibujándose un escenario a cinco años en el que se pasaría de las guerras comerciales al proteccionismo económico, con la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.

Efectos colaterales de la nueva recesión económica

En el escenario europeo, si la Deuda Pública y privada prosigan su vuelo por la estratosfera, los salarios permanecen congelados o con incrementos inferiores al IPC, el crédito bancario sigue sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales a pymes, autónomos y particulares y no se aprovecha la bajada del precio del petróleo y la dilación en los plazos para reducir el déficit público de los países para implementar medidas keynesianas de inversión en Obra Pública y reducir el desempleo, la economías europeas se verán abocadas a un peligroso cóctel explosivo. Dicho explosivo impedirá a las empresas conseguir beneficios y a los trabajadores incrementar sus sueldos así como a una subida de las tasas de interés reales que agravarían los problemas de sobreendeudamiento público y privado aunado con un desempleo rayando el 11%, lo que podría generar una década de estancamiento rememorando la Década perdida de la economía japonesa.

Por su parte, los países emergentes (BRICS, México, Corea de Sur y Tigres asiáticos), sufrirán un severo estancamiento de sus economías, con la entrada en recesión de países como Brasil y Rusia y raquíticos crecimientos anuales del PIB (rozando el 4% en el caso de India y China) tras un decenio espectacular con tasas de crecimiento superiores a los dos dígitos), debido al desplome del precio del crudo y a la brutal constricción de las exportaciones por la contracción del consumo mundial, lo que conllevará la devaluación de sus monedas para incrementar sus exportaciones así como una drástica reducción de sus Superávit que acelerará la agudización de la fractura social, el incremento de la inestabilidad social y un severo retroceso de sus incipientes libertades democráticas.

Mención especial merece China que estaría inmersa en una crisis económica identitaria al tener que implementar una amplia batería de reformas estructurales. Así, entre las fragilidades de su economía se encuentran la todavía limitada integración financiera internacional, su aislamiento y control del aparato estatal en el ámbito interno, así como una asignación de recursos económicos poco eficiente provocada por el paternalismo público y un insuficiente nivel de desarrollo de las redes de distribución, marketing y venta. Los desafíos están centrados en vencer la alta dependencia de China respecto de la demanda de las economías desarrolladas y la incierta capacidad de la demanda privada para tomar el relevo una vez que se agoten los estímulos públicos.

Respecto a América Latina y el Caribe, la contracción de la demanda mundial de materias estaría ya provocando el estrangulamiento de sus exportaciones y la depreciación generalizada de sus monedas debido a la fortaleza del dólar, lo que se traducirá en aumentos de los costes de producción, pérdida de competitividad, tasas de inflación desbocadas e incrementos espectaculares de la Deuda Exterior. Así, según la Directora Gerente del FMI, Lagarde, “la fortaleza del dólar junto con la debilidad de los precios de los productos crea riesgos para los balances y financiación de los países deudores en dólares”, de lo que se deduce que las economías de América Latina y Caribe estarán más expuestas a una posible apreciación del dólar y la reversión de los flujos de capital asociados, fenómeno que podría reeditar la “Década perdida de América Latina” (Década de los 80), agravado por un notable incremento de la inestabilidad social, el aumento de las tasas de pobreza y un severo retroceso de las libertades democráticas.

Analista internacional

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¿Los nuevos modelos de capitalismo virtual son el progreso y la modernidad?

Wed, 08/08/2018 - 11:22

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

Cuando tras el triunfo de la contra-revolución conservadora (Thatcher-Reagan) se inicia el periodo neoliberal se apunta la llamada globalización y las nuevas tecnologías facilitan ese tránsito. El capitalismo inicia el nuevo periodo de la finanaciarización y el fin del capitalismo fordista, adobado todo ello con la deslocalización industrial de Occidente, Asia oriental fábrica de mundo y desregulación de las finanzas y los movimientos de capital. Las izquierdas, todas ellas en sus diferentes variantes y sindicatos, no ven de inicio los terribles efectos que para la humanidad y para las mismas fuerzas transformadoras o reformistas va a tener este proceso. Debe ser Ramonet, Georg y otras y otros los que a través de los Foros Sociales Mundiales y ATTAC, comienzan a denunciar los efectos devastadores. Ellos y el movimiento ecologista no controlado por el sistema. Pero todavía sufrimos esa fase neoliberal y propuestas tan simples y sencillas como la Tasa Tobin todavía no hemos logrado implementarlas. Por cierto Marx ya había predicho esta fase del capitalismo financiero y su crisis, pero no se había visto por los aparatos de las izquierdas, por eso la socialdemocracia sucumbe a la globalización y el comunismo pasa a ser residual o se hace capitalista nacional en China y Vietnam.

La revolución neoliberal logra sus objetivos culturales y de pensamiento de masas. Alcanzada esta fase, lo que vemos ahora es que conseguido el libre tránsito de capitales e impuesto el mito del libre comercio, falacia pura más que demostrada y si no, no veríamos las migraciones del hambre a Lampedusa o Algeciras. Ahora le toca el turno a escribir sobre la más profunda desregulación laboral que hemos vivido desde los inicios del movimiento obrero.

Las empresas multinacionales virtuales de hoy, no son sino una sede física en cualquier lugar del mundo, sede preferentemente ubicada en un territorio con una legislación fiscal muy favorable y/o paraíso fiscal y tienen reducidas plantillas directivas muy bien pagadas, en relación al capital que movilizan y que desde el internet compiten con las formulas tradicionales de producción capitalista o prestación de servicios. Pero el objetivo ya conseguido anteriormente de desregulación laboral recibe un nuevo giro de tuerca con la simple aniquilación de las relaciones laborales que conlleva el capitalismo virtual. Los estados, deben pasar a ser para estos nuevos profetas de la libre competencia, lo que el liberalismo decimonónico instituyó ya a inicios del XIX, meros gendarmes de las poblaciones para que el capitalismo pueda amasar fortunas y poder, pero con policías y ejércitos estatales que lo garanticen. Nada más. Ningún sistema de protección social que no sea de caridad y religioso o voluntario. Como en el último tercio del siglo XIX es decir, poca novedad.

A pesar de esa situación tan opresora, surge el movimiento obrero y socialista en el siglo XIX y como respuesta al viejo liberalismo se logran importantes avances, pero tras ganar batallas, lograr la derrota del fascismo e implementar los primeros estados del bienestar, el capitalismo en la década de los ochenta del siglo pasado inicia su recuperación total mediante la ideología neoliberal. Para ello hay que regresar a menos estado, liquidar los escasos estados del bienestar del mundo y sobre todo conseguir la desregulación laboral, buscando fórmulas para hacerlo e incluso inventos que parezcan progresistas al objeto de imponer la cultura de la modernidad post-capitalista como la política espectáculo, la economía colaborativa (muy peligroso este invento, aunque pueda tener como todo algunos segmentos positivos) o el voluntariado usurpando servicios públicos revistiéndolo de humanismo.

Las máquinas y los avances son buenos, la red es positiva, pero claro, la red depende de cómo y para que se utilice y sobre todo el quien la controle. Desde luego la ciudadanía no controla la red. Es más, nos controlan desde la red. Lo cual no quiere decir que yo llame a romper los ordenadores. La conquista del capitalismo virtual es crear una generación autista al resto de sus hermanos de raza humana. Para ello hay que acabar con antiguallas, la existencia de la clase trabajadora lo es y lo de las clases antagónicas se niega. Se rompe la cadena solidaria y surge cada vez con más fuerza una sociedad egoísta en la que curiosamente las personas jóvenes que son sus principales víctimas, se nos presentan como los más entusiastas.

Todo esto necesita de una nueva legislación y que esta legislación sustituya a la protectora de los estados, que por cierto ha sido legislada y/o conquistada por los pueblos y las clases populares de esos mismos estados al objeto de proteger aunque sea mínimamente sus poblaciones. Pues bien, eso les sobra a los nuevos gestores capitalistas y ya sea mediante estructuras internacionales como la Unión Europea o los Tratados Internacionales de Libre Comercio se imponen siempre las reglas que más favorezcan los intereses de las multinacionales y las oligarquías locales. Es decir no se trata de liberar e igualar las regulaciones estatales.En el caso de la legislación laboral siempre se trata de imponer la más favorable a los intereses de las grandes corporaciones y sus satélites menores. Ejemplo: no es que Marruecos o Tailandia se igualen en derechos laborales a la “atrasada” Francia según los capitalistas colaborativos y neoliberales, sino que Francia se parezca en derechos a los citados reinos. El TTIP o el TISA o el TLC de los EE.UU con América Latina tienen todos ellos clausulas laborales tremendamente regresivas. La UE también impone una desregulación muy reaccionaria, pues también en este caso y a diferencia de cuando ingresó España, no se trata de que Rumanía tenga los derechos de los alemanes, sino de que estos se desdibujen a semejanza de los muy reducidos de Bulgaria o Polonia impuestas a Alemania, claro, por los propios capitalistas alemanes aprovechando que el Danubio pasa por Hungría. Así tenemos que tras la directiva de servicios de mercado interior europea, los contratos de empresas radicadas en países sin derechos o menos derechos, pueden ser aplicados en otros países de la UE, por ejemplo los tristemente famosos contratos irlandeses o polacos.

Pero estamos ante una nueva fase de la liquidación de los derechos sociales y laborales,  la “uberización”. El tema es sencillo, gracias a las nuevas tecnologías se multiplican sitios web y aplicaciones en las que se puede obtener a demanda un producto o un servicio y diversos voluntarios y voluntarias o “colaboradores” sin relación laboral más allá de un contrato muy laxo, reparten, conducen y cobran al objeto de que el pago por el servicio que el “colaborador” pueda establecer con el consumidor sea un pago de parte, pero nunca una nómina laboral de la empresa multinacional que realmente mueve los hilos.Es decir controlado por la empresa propietaria de la simple aplicación y que es la empresa en sí misma. Desparece la figura del repartidor asalariado, se daña al pequeño comercio o las empresas familiares; se reducen las plantillas de asalariados cuando no desaparecen y nadie es responsable de nada, ni contribuye o lo hace de forma mínima. Si desaparecen los taxistas, las empleadas de comercio, se reducen plantillas de conductores o de empresas familiares de paquetería… qué le vamos a hacer. Además aunque el pequeño comercio, el taxi o los bares… se modernicen e informaticen no pueden jamás competir con poderosas multinacionales que siempre podrán ofertar lo suyo más barato y rápido gracias a sus app y a un ejército de “colaboradores” que empujados por  el desempleo y la pobreza están dispuestos por necesidad a hacer cualquier cosa y poner su bicicleta o su BMW a disposición de la empresa que no es sino una marca, una aplicación. El resultado es el falso autónomo o la plantilla que realidad lo es de una ETT. Vamos lo que cuando yo inicié mi vida laboral llamábamos los pistoleros. Esta es una de las principales facetas de la llamada uberización de la economía, que toma su nombre de la empresa UBER y sus prácticas laborales y fiscales.

Afortunadamente el taxi ha plantado cara. Las Kellys se están organizando como esclavas de las ETT y denunciado su doble explotación. AMAZON ha ido a la huelga y ha creado un ilusionante precedente y los contratos irlandeses han sido denunciados en Ryanair y sus huelgas.

Es decir un nuevo movimiento obrero surge y hemos de agradecer sus luchas pues nos benefician. Por tanto apoyarlas.

La respuesta de los taxistas es una gran noticia y si triunfan sobre la uberización de la economía será mejor para el futuro de nuestras pensiones, sanidad y educación pública. Sencillamente.

El problema cultural e incluso mental y que por tanto debemos denunciar y combatir es que para conseguir una economía más moderna y de futuro para los neoliberales, los capitalistas, los pilla-bichos de la nueva economía, esto solo tenga una traducción real: menos plantillas de trabajadoras y trabajadores, ningún derecho sindical, sueldos de miseria, derechos nulos, precariedad esclava y poner la herramienta propia para que el patrón se haga multimillonario a costa de nuestras vidas y nuestra dignidad, con y ganancias ilimitadas para las empresas que encima son premiadas con no pagar impuestos o hacerlo de forma irrisoria ¿Entonces quien financiará nuestros hospitales o que pensiones tendrán nuestros hijos?

Mejor nos organizamos y ya contra el peligro que ya está sobre nosotras y nosotros: la uberización y si alguien la defiende ya sabéis que quiere y quien le paga.

Politólogo. Plataforma Socialista pro PSlF

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Multinacionales y evasión fiscal

Tue, 07/08/2018 - 16:14

El 40 % de los beneficios termina en paraísos fiscales

Isidro Esnaola – Viento Sur

La cantidad de beneficios que evaden las empresas y que suelen terminar en paraísos fiscales es una gran incógnita. Muchos son los intentos de cuantificar esta fuga de recursos, aunque por su propia naturaleza no es una tarea sencilla; a fin de cuentas, evadir es poner fuera de circulación. Esas ganancias no aparecen en las estadísticas públicas y quedan camufladas en las cuentas de las empresas. Uno de los últimos intentos de cuantificar este fraude está protagonizado por Gabriel Zucman, investigador de la Universidad de Berkeley que ha colaborado entre otros con Thomas Piketty. Zucman y dos profesores de la Universidad de Copenhague, Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, han publicado un estudio 1/ en el que concluyen que el 40% de los beneficios de las multinacionales termina en paraísos fiscales. Según los datos que han recopilado, las multinacionales estadounidenses son las más activas en este tipo de evasión; sin embargo, son los países de la Unión Europea los que más recaudación pierden en el Impuesto sobre Sociedades.

A juicio de estos investigadores, el principal problema para detectar la evasión de beneficios es que estos no aparecen como tales en las cuentas financieras de las empresas. Los autores estiman que solamente el 17% de los réditos de las multinacionales es visible. Diversas ONG y grupos contra la evasión fiscal han exigido reiteradamente que se obligue a las grandes multinacionales a presentar sus cuentas de tal modo que se pueda conocer cuál es la parte del beneficio que se genera por la actividad de las empresas locales y cuál por las filiales extranjeras. Esa presión ha dado algunos frutos. Así, la Unión Europea aprobó la directiva 2013/36/EU que, entre otras cosas, obliga a los bancos a desglosar su actividad país por país. La mejora en los datos de pagos intragrupo y el comercio bilateral entre filiales de un mismo grupo han permitido a los investigadores afinar sus estimaciones. Esos movimientos, así como los datos de inversión directa de los propietarios finales, han posibilitado conocer qué multinacionales evaden impuestos.

Las vías de evasión

El informe identifica tres vías contables por las que las multinacionales esconden beneficios. La primera se conoce como la de los «precios de transferencia». Consiste básicamente en manipular los precios de los productos que se mueven entre la matriz y las filiales: unos precios bajos a lo producido en las sucursales dejan sin ganancia a estas y dan la oportunidad de acumular los beneficios a la matriz, lejos del escrutinio de la administración tributaria. También permiten, llegado el caso, cerrar la filial aduciendo pérdidas. Esta forma de evasión no requiere complejas estructuras, solamente situar estratégicamente la matriz y las filiales.

El segundo sistema son los pagos de intereses dentro del grupo. Normalmente el abono de intereses suele ser un gasto deducible, se restan de los beneficios a la hora de declarar las ganancias. La lógica es sencilla. Si una empresa pide un préstamo para realizar una inversión, comprar una máquina por ejemplo, los intereses de ese préstamo son un gasto asociado a la inversión y por tanto se descuentan de los beneficios. Los grandes grupos utilizan esta posibilidad para traspasar rendimientos utilizando los préstamos entre filiales. Pero es una vía que también se utiliza dentro de los países, lo que ha llevado a la administración tributaria a establecer límites sobre la cantidad de intereses pagados que se pueden deducir.

El tercer canal para la evasión es la colocación estratégica de los intangibles de la multinacional. Patentes y marcas se domicilian en paraísos fiscales. La multinacional exige a sus filiales elevados cánones por el uso de estos intangibles, trasladando de esta manera los beneficios de los lugares donde opera a los paraísos, camuflados en este caso como gastos por uso de patentes o marcas.

La magnitud de la riqueza evadida

Definidos los principales canales de evasión, los investigadores han establecido la proporción de cada uno de estos gastos en las cuentas de las corporaciones locales y de las multinacionales, y a partir de esos coeficientes han calculado la dimensión de lo evadido. Así, por ejemplo, han determinado que, mientras la proporción de beneficios en relación con el gasto en sueldos supone el 36% de media en el mundo, en los paraísos fiscales supera el 200%; es decir, las multinacionales tienen unos beneficios anormalmente altos para los pocos trabajadores que mantienen en esos territorios. Correlativamente, las grandes corporaciones suelen tener menos beneficios que las empresas locales en aquellos países que no son paraísos fiscales.

Los autores se inclinaron por ese criterio para cuantificar la evasión: el porcentaje de beneficios en relación con el gasto en sueldos. Valoraron que la única distorsión posible era que esas sucursales pudieran haber realizado importantes inversiones de capital; es decir, que las filiales en paraísos fiscales fueran más intensivas en capital que el resto de delegaciones. Pero una somera comparación confirmó que no era así. Los beneficios se mueven, pero las máquinas no. Especialmente significativo era el aumento de los beneficios de las filiales de las multinacionales norteamericanas registrados en los paraísos fiscales. Sin mayores inversiones en capital, los beneficios eran del 100% sobre los sueldos de los trabajadores a principios de los años 90 y en la actualidad alcanzan ya el 350%.

Para valorar quiénes son los perdedores, los autores del estudio han calculado las pérdidas comparando las operaciones dentro de los grupos multinacionales con la balanza comercial de los países. En este cotejo destaca que los paraísos fiscales no reciben beneficios netos y, en cambio, cobran una enorme cantidad de intereses y sus filiales tienen un balance comercial positivo con las empresas del propio grupo multinacional. Ese balance comercial positivo indica claramente que los precios de transferencia están manipulados para mover discretamente los beneficios.

Siguiendo ese criterio, los países que más pierden son los de la UE, alrededor del 20% de sus ingresos por el Impuesto sobre Sociedades; después le sigue Estados Unidos con el 15% y el resto de la OCDE, y los países en vías de desarrollo pierden entre un 6% y un 7%. Aunque cuantitativamente la pérdida sea mayor en los países desarrollados, el daño es mucho mayor en los países en vías de desarrollo, que no cuentan con grandes posibilidades para la recaudación de impuestos.

Crítica a las autoridades fiscales

Los autores del estudio señalan, por último, que los países con altos impuestos suelen dirigir sus esfuerzos a evitar la evasión hacia otros territorios con los que comparten altas tasas impositivas, pero que ignoran a los paraísos fiscales. Es como si se robaran contribuyentes mutuamente mientras dejan que los paraísos fiscales florezcan. Así lo demuestran las estadísticas de disputas y acuerdos fiscales entre administraciones tributarias: solo un 10% de los casos se dan con los paraísos fiscales.

Una afirmación que contiene ciertas dosis de verdad, pero que olvida un importante detalle. Si bien es obvio que las administraciones tributarias tratan de recuperar los impuestos que se evaden a través de otras administraciones tributarias, lo cierto es que para perseguir el fraude fiscal es básico tener acceso a la información y, precisamente, la ausencia de información es lo que convierte a determinados territorios en paraísos fiscales. No se trata por tanto de que no haya voluntad de investigar esas operaciones, sino que muchas veces la administración tributaria de países con alta tributación carece de información relevante para hacerlo.

Implicaciones políticas de la evasión de capitales

Los autores del informe concluyen que su trabajo tiene dos implicaciones políticas. Por una parte, los modelos utilizados sugieren que entrar en una dinámica de competencia a la baja en el Impuesto sobre Sociedades, como ha hecho la Administración Trump, no conduce a una mejora de los salarios de los trabajadores. Eso solo ocurre cuando otros factores de producción también se modernizan, para lo que es necesario que haya un flujo de capital real, no un mero flujo de ganancias contables. Por otra parte, la evasión de beneficios reduce la tributación de las multinacionales con respecto a las empresas locales, lo que condiciona la capacidad de maniobra de estas últimas. Además, se reducen los impuestos pagados por los propietarios de las grandes corporaciones, que habría que compensar cambiando la tributación de las multinacionales o los impuestos individuales para que las grandes fortunas coticen. Por último, los autores se muestran escépticos sobre el alcance de los mecanismos que negocian la UE y la OCDE si dejan fuera a los paraísos fiscales.

30/7/2018

https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2018-07-30/hemeroteca_articles/el-40-de-los-beneficios-termina-en-paraisos-fiscales

Notas

1/ Ver estudio completo (NdR).

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El excesivo poder del Estado central dificulta la resolución del problema de la vivienda y el transporte

Mon, 06/08/2018 - 13:44

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Uno de los argumentos que se da con mayor frecuencia por parte de aquellas sensibilidades políticas que se oponen a que el Estado central español, basado en la capital del reino, Madrid, descentralice sus responsabilidades, empoderando más a las comunidades autónomas (CCAA) y a las autoridades locales, es que dicho Estado ya está muy descentralizado, llegando incluso a afirmar que España es “uno de los países más descentralizados del mundo”, como más de un dirigente jacobino (ansioso por mantener el poder centralizado en el Estado) ha llegado a afirmar (como por ejemplo hizo el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales del Gobierno de Rajoy, el Sr. Roberto Bermúdez de Castro, el pasado noviembre). Entre estas voces hay también personalidades de la izquierda tradicional del país pertenecientes a las familias políticas socialista y comunista, que asumen que para poder redistribuir mejor los recursos públicos del país es mejor tener y mantener un Estado central fuerte, con muchas responsabilidades y con mucho poder, a fin de transferir fondos de las partes más ricas del país a las más pobres, con el objetivo de alcanzar la deseada igualdad. Este último argumento, junto con el anterior, les permite concluir a tales autoridades jacobinas que las grandes desigualdades del país (entre otros problemas sociales) se deben al escaso poder que se supone tiene el Estado central.

Los datos muestran el error de los jacobinos

Si miramos los datos vemos que el Estado central español, lejos de ser débil y estar en peligro de desaparición, continúa siendo, y con mucho, el nivel territorial de los tres (el central, el autonómico y el local) que maneja y gestiona un porcentaje mayor del gasto público realizado por estos tres niveles de gobierno (47,6% de todo este gasto en 2017, sin incluir la Seguridad Social, por encima del 37,7% de las CCAA y el 14,7% de los entes locales, según Eurostat). En realidad, en la comunidad que incluye a países de semejante nivel de desarrollo económico al español (la Unión Europea de los Quince) podemos ver que España es uno de los países que tiene un Estado central más grande (en el caso de Alemania, durante el mismo año el Estado central realizó el 37,5% de todo el gasto público llevado a cabo por los tres niveles de gobierno, mientras que los gobiernos regionales realizaron el 38,9% y los locales un 23,6%).

Y si en lugar de gasto queremos analizar la capacidad y responsabilidad en la toma de decisiones, vemos que, de nuevo, el Estado central tiene mucha más autoridad que los otros dos niveles de gobierno (el autonómico y el local, el cual tiene un poder limitadísimo y muy pocos recursos). Lo estamos viendo estos días en dos de los mayores problemas que tienen las ciudades del país: uno es el de la vivienda –que ha alcanzado dimensiones más que preocupantes en el caso del alquiler, hasta el punto de que amplios sectores de la población se están viendo expulsados de sus lugares de residencia habituales–, y el otro es la crisis del taxi. Ambos están recibiendo una gran atención por parte de los medios, y reflejan un gran malestar que existe entre las clases populares en el caso de la vivienda, y en sectores de la clase trabajadora en el caso del sector del taxi.

El Estado central es, en parte, responsable de tales crisis sociales

En ambos casos el Estado central tiene una gran responsabilidad en la existencia de estos problemas. Las autoridades municipales –que son el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, y que en cualquier país es la autoridad más pública, más popular o menos impopular– tienen un escasísimo (por no decir nulo) poder para regular los alquileres en su territorio. La máxima autoridad es el Estado central. En otros países, como en Alemania o los Países Bajos, por ejemplo, los municipios (como Berlín o Ámsterdam) tienen mucho más poder para regular estos alquileres, resolviendo el enorme problema de la vivienda de una manera mucho más contundente y eficaz.

Un tanto igual ocurre con los elementos clave del transporte público, como por ejemplo los taxis, en los que todo depende de lo que diga el Estado central, que regula y normativiza este tipo de transporte. La huelga de los taxistas –que llevan bastante razón– incluye precisamente una demanda de que no sea el Estado central, sino los municipios, los que regulen tal tipo de transporte urbano, sustituyendo la situación actual –en la que el protagonista principal es el Estado central– que permite que corporaciones multinacionales como Uber o Cabify se expandan y compitan en términos muy desfavorables para los taxistas, ya que pagan una miseria a los conductores contratados por tales compañías, a los que o no provee ningún tipo de protección social, o bien lo hace de una manera muy limitada.

La centralización del Estado permite su instrumentalización por parte de los grandes grupos y lobbies económicos: el caso de Uber y Cabify

Uber y Cabify son dos multinacionales (la segunda con origen en España) cuya empresa matriz se encuentra en paraísos fiscales –en los Países Bajos en el primer caso, y en el Estado de Delaware (EEUU) en el segundo–, con lo que evitan pagar impuestos en los Estados donde proveen sus servicios. Y es que ejercen una enorme influencia política y mediática (los medios siempre son grandes defensores de los supuestos méritos del mercado), capturando el poder de los Estados centrales y expandiéndose por todo el mundo, incluyendo España.

Hay ya alrededor de 9.000 licencias de coches que están a disposición de tales compañías (4.300 en la Comunidad de Madrid, 1.478 en Andalucía y 1.457 en Catalunya). Tales coches son propiedad de individuos que se ofrecen a esas compañías (como autónomos) para proveer servicios de transporte. A primera vista parece una cosa normal y corriente, de la misma manera que parece una cosa normal y corriente y lógica que una persona propietaria de un piso lo alquile (en su totalidad o parcialmente) al turista que necesita un techo y una casa para unos días (como ocurre en el sector de la vivienda con Airbnb). Son dos ejemplos de lo que se llama economía colaborativa (ver mi artículo “Lo que se llama economía colaborativa no tiene nada de colaborativa”, Público, 03.11.16).

¿Cuál es el problema con la economía colaborativa en el transporte público?

Estas compañías –Uber y Cabify– no tienen empleados con cuyos colectivos tengan que pactar –a través de convenios colectivos– las condiciones de trabajo, salarios, protección social o lo que sea. Las compañías contratan a las personas propietarias de los coches, a las que pagan cantidades muy inferiores a las que reciben los taxistas. Es más, la licencia para poder trabajar, que en el caso de los taxistas alcanza cifras de 200.000 euros, es solo de 20.000-30.000 euros en el caso de tales compañías. Y no ofrecen ninguna o muy poca seguridad al usuario del transporte (dato del que el usuario no es ni siquiera consciente, de manera que si hay un accidente, el usuario tiene escasísima protección). De ahí que la famosa “competencia” sea una farsa desde el principio. Es un ataque frontal a la industria del taxi, pues es difícil que esta pueda competir en estas condiciones.

La aplicación de este modelo a nivel de todos los sectores y servicios tendría un impacto enormemente negativo en la economía, pues los salarios y la protección social bajarían en picado, ya que siempre hay sectores de la población que aceptarán los salarios bajos dado que necesitan sobrevivir, creando un conflicto entre aquellos que ya tienen trabajo y protección social y aquellos que no los tienen. Esto es lo que está ocurriendo en muchos sectores de la economía. Y precisamente los medios de comunicación (la mayoría de los cuales están instrumentalizados por los grupos económicos que controlan el mercado) acusan a los primeros de egoístas y poco solidarios. La cobertura mediática muy desfavorable de la huelga de los taxis es un ejemplo de ello.

De la misma manera que la llamada economía colaborativa de los pisos turísticos realizada por compañías como Aribnb está destruyendo barrios enteros, el mismo tipo de economía en los transportes está destruyendo el transporte público realizado por los taxis. En realidad, en EEUU hay múltiples ejemplos de que cuando Uber ha prácticamente eliminado los taxis ha subido el precio del transporte con tarifas a niveles muy superiores a los proveídos antes por el taxi.

La raíz del problema: el escaso poder municipal

El excesivo poder del Estado central se hace sobre todo a costa del escasísimo poder de los ayuntamientos de las grandes ciudades, que hoy tienen problemas sociales enormes sin instrumentos que les permitan resolverlos, y ello debido a la enorme influencia que las fuerzas conservadoras han tenido históricamente en España sobre el Estado borbónico. No es por casualidad que en los países europeos donde históricamente las derechas han tenido mayor poder –como en el sur de Europa– sus Estados estén muy centralizados, otorgando poderes muy limitados a las autoridades locales, mientras que aquellos países donde las izquierdas democráticas han tenido más poder, como en los países nórdicos, tienen Estados centrales con menos responsabilidades y los municipios tienen más poder que en el sur de Europa.

Las fuerzas conservadoras desfavorecen la participación democrática popular en los procesos de toma de decisiones, y de ahí que se opongan a que los municipios, que son el nivel de decisión más próximo a la ciudadanía, tengan más poder. Los casos de la vivienda y del transporte público son un claro ejemplo de ello. Enfatizar el poder central es facilitar que los lobbies económicos multinacionales lo coopten e instrumentalicen como constantemente ocurre en España.

El Estado central español continúa, así pues, acumulando un número excesivo de responsabilidades, lo cual empobrece la democracia. Y no puede justificarse este centralismo argumentado que es necesario para garantizar la redistribución de recursos para alcanzar la deseada igualdad. En realidad España es uno de los países donde el Estado tiene mayor número de responsabilidades (siendo la fiscal una de ellas), y en cambio es uno de los países con mayores desigualdades sociales e interterritoriales. Suecia, por el contrario, es uno de los países en los que las autoridades locales tienen más poder y a la vez uno de los que tiene menos desigualdades sociales y regionales. Se pueden redistribuir los recursos mediante políticas públicas descentralizadas aceptadas por toda la población, y desarrolladas y puestas en marcha por los niveles más cercanos a esta población. Es lógico que sean los municipios los que tengan que tener la autoridad para resolver los problemas que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos en temas como la vivienda y el transporte público, necesidad todavía más palpable en un país como España que es muy diverso en su composición, culturas e identidades.

No es por casualidad que hoy en España y en muchos otros países en Europa y en Norteamérica sean las ciudades las que estén liderando las reformas que están afectando más directamente el bienestar de las clases populares. Hoy Barcelona y Madrid, por ejemplo, están desarrollando nuevas iniciativas para solucionar los problemas de la vivienda y del tráfico, las cuales están claramente dificultadas por las políticas de las derechas que han controlado las palancas de poder para poder solucionarlos. Así de claro.

 

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales

http://www.vnavarro.org/

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Europa necesita denunciantes/whistleblowers protegidos

Sun, 05/08/2018 - 11:11

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

La realidad nos muestra que el combate contra la corrupción política requiere la intervención activa de aquellos ciudadanos más concienciados en la aplicación de las leyes y la defensa del interés general que tienen noticia de hechos delictivos; pero necesitan protección legal para impedir represalias. Gracias a las denuncias públicas, entre otras a las de la funcionaria Ana Garrido, interventora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (un municipio de Madrid de 50,000 habitantes), pudo llevarse a los tribunales a la trama nacional de Gürtel, el importante caso judicial – del que Garrido ha sido testigo – que implica a dirigentes del Partido Popular y que en Mayo pasado motivó la caída del Gobierno Rajoy. Antes y después de esas denuncias esta funcionaria hubo de sufrir una virulenta campaña de acoso que llegó hasta su despido, por negarse a firmar informes sesgados favorables a empresas adjudicatarias, que más tarde aparecieron ligadas a la referida trama de corrupción política y financiación ilegal de un partido político en España. Sn embargo, en noviembre de 2017 el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia  del Tribunal Superior de Madrid que había condenado  al dicho Ayuntamiento al pago de una indemnización por acoso laboral a dicha ex funcionaria, pero ratificando la pérdida del empleo que había ejercido durante veinte años.

Asimismo, para la erradicación del fraude fiscal o financiero en un mundo bancario globalizado y complejo es imprescindible que los empleados o clientes denunciantes dispongan de canales apropiados y de garantías legales. El caso Falciani es paradigmático. En 2006 y 2007, el ciudadano franco-italiano Hervé Falciani, empleado como técnico informático en la filial suiza del HSBC,  trasladó al entonces Ministro de Finanzas francés, Christine Lagarde, los datos bancarios de más de 100.000 clientes adinerados que tenían sus cuentas en dicho banco. Y el gobierno francés compartió esa información con sus contrapartes de la UE en España, Alemania y Grecia, lo que resultó en unos considerables ingresos fiscales adicionales de alrededor de 135.000 millones de euros. Pero Falciani fue condenado a prisión en Suiza por haber violado el secreto bancario; y  actualmente permanece en prisión provisional en España,  pendiente de la extradición solicitada por la Confederación Helvética.

Y la inquietante opacidad de los negocios ilícitos montados sobre los big data o megadatos solamente podrá ser horadada y regulada con la cooperación de quienes conocen sus interioridades. Lo prueba el alcance mundial que han tenido las revelaciones a los medios, confirmadas luego ante el Senado de los EEUU, de Christopher Wylie, un joven informático de la firma de análisis de datos Cambridge Analytica, que denunció la masiva explotación comercial ilícita de los millones de datos personales de los suscritores de Facebook; y, en particular, su utilización técnica para contribuir a la campaña electoral del presidente Donald Trump durante 2016; y asimismo como ayuda de la campaña del referéndum británico en favor del Brexit.

A estos casos podríamos sumar la mención de muchos otros que han generado los recientes escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks o los papeles de Panamá, que han sido desencadenados por ciudadanos anónimos en defensa del interés general.

Que es un whistleblower o denunciante

Todos esos escándalos son el resultado de comportamientos de personas que son denominadas en inglés con la palabra whistleblower (literalmente: persona que hace sonar un silbato o pito), un ciudadano, empleado en el sector público o privado, que decide dar a conocer a las autoridades u organismos públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, un hecho que puede constituir un fraude u otro delito o una grave irregularidad, del que en un momento dado dispone de información que se oculta o está siendo silenciada en perjuicio público. El diccionario de Cambridge define whistleblower (traducción) como “una persona que le dice a alguien con autoridad sobre algo ilegal que está sucediendo, especialmente en un departamento gubernamental o una empresa”. Por el contrario, en español disponemos de vocablos equivalentes pero que designan tal conducta peyorativamente como chivato, delator, alertador, informador o denunciante e incluso soplón en algunos países.

La Comisión europea parece haber zanjado el tema optando por el vocablo denunciante para denominar aquellas personas que pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Y en abril de 2018, el ejecutivo de Bruselas ha propuesto una nueva directiva para reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades e ilegalidades en toda la UE.

La necesidad de protección legal de los denunciantes

En el conjunto de la Unión Europea las acciones de los delatores de fraudes fiscales o de la corrupción política carecen de amparo legal que asegure su exposición frente a las represalias de las entidades denunciadas, públicas o privadas. En la actualidad, la protección ofrecida a los denunciantes de irregularidades o ilegalidades en toda la UE es dispersa y desigual. Según informa la Comisión, solo diez Estados miembros de la UE garantizan la plena protección de los denunciantes de ilegalidades e irregularidades.  Y España se sitúa a la cola de los países de la Unión en materia de protección legal y social de los denunciantes de corrupción o whistleblower, según un estudio de 2017 coordinado por FIBGAR (la Fundación que lidera el juez Baltasar Garzón)  que analiza la situación legal, judicial, social y política y la percepción social del papel de estos ciudadanos. Hasta hoy carecemos de una ley específica sobre la protección de denunciantes en nuestro país y la legislación actual se refiere sólo de manera indirecta a la denuncia de ilegalidades e irregularidades.  En los demás países, según la Comisión, la protección concedida al denunciante es parcial y se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores.

Con la inaceptable lentitud tradicional de los procesos legislativos en las instituciones de la UE, la citada propuesta de la Comisión responde a una Recomendación del Consejo de Europa de 2014 que abogaba por que «los Estados miembros creen un marco normativo, institucional y judicial para proteger a las personas que, en el contexto de sus relaciones laborales, informen o revelen información sobre amenazas o perjuicios para el interés público» y establece principios para orientar a los Estados cuando introduzcan o revisen dichos marcos.

La propuesta de la Comisión europea pretende garantizar un elevado nivel de protección para los denunciantes que notifiquen infracciones del Derecho de la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas en toda la UE; que prevean canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. El vicepresidente primero, Frans Timmermans, reconocía que: «Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la evasión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto. Además, la propuesta europea también protegerán a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación, con lo que se contribuirá a garantizar la defensa de la libertad de expresión y de medios de comunicación en Europa».

Los denunciantes de ilegalidades e irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la prensa libre desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por ello, estos denunciantes necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias, impidiendo que los ciudadanos que revelen actividades ilegales no sean castigados por su actuación. Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden por sus actos su empleo, su reputación o incluso su salud; el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey). Proteger a los denunciantes de irregularidades también contribuirá a defender la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, y es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.

Amplitud de la protección legal prevista

La referida propuesta pretende garantizar una protección en toda la UE para los denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación europea en materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplicará a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la Unión. La Comisión alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades.

Asimismo la propuesta prevé que todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales, regionales y locales. Entre los mecanismos de protección que deberán establecerse se incluyen: canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad; la notificación a las autoridades competentes si los canales internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen (por ejemplo, si el uso de los canales internos podría poner en peligro la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes); y la notificación a los medios de comunicación o al público si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.

La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público, contemplando salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación.

Valoración positiva de ONGs

La propuesta “no podría llegar en un momento más vital“, se afirma en un comunicado de prensa de Transparency International, la conocida ONG que combate la corrupción. Esta organización, que ha estado haciendo campaña por la protección de denunciantes durante mucho tiempo, estima que la Comisión Europea ha producido una propuesta ambiciosa que tendrá que reforzarse para garantizar que los denunciantes estén protegidos, sin importar quiénes puedan ser o dónde trabajan. Transparencia Internacional España viene trabajando desde hace tiempo en materia de Protección de denunciantes o whistleblowing, tanto a nivel nacional como internacional, buscando como objetivo principal la aprobación de una Ley para proteger a los denunciantes corrupción en nuestro país. Entre las varias acciones emprendidas, destaca en especial la elaboración de propuestas para que los Partidos políticos incluyan la protección de denunciantes en sus programas electorales o la publicación de recomendaciones a la Proposición de Ley Integral contra la Corrupción que se debate en el Congreso de los diputados en España.

Para FIBGAR esta propuesta de la Comisión europea es un hito importantísimo que cuenta con aspectos positivos gracias a la implicación de muchas organizaciones expertas, y sobre todo de cara a que estas propuestas se implementen en los distintos países miembros, todo un desafío para España. El proceso legislativo iniciado prevé no sólo abarcar al mercado financiero de la Unión Europea o el funcionamiento de los mercados individuales, sino que también considera garantizar la protección a los que presenten información de malas prácticas contra el medioambiente, en asuntos nucleares, de protección de la privacidad y datos personales, sistemas de salud, entre otros.

Sin embargo, en opinión del autor de este blog, esta pretensión europea de una legislación ómnibus en materia de protección de whistleblowers corre el riesgo de ofrecer una normativa demasiado generalista de limitada virtualidad; y que su desarrollo en algunos de los países miembros les reste eficacia práctica. Concretamente, una regulación sólida de la protección de las denuncias frente a los fraudes financieros tendría que ir precedida de un profundo análisis de las prácticas y mecanismos que aplican la banca y las firmas que operan en los mercados. Y subrayemos que la reforma financiera del Presidente Obama de 2010 ya incluyó unas primeras medidas legales en este campo a las que siguieron leyes específicas; mientras que la UE ha comenzado el largo proceso de regulación de los denunciantes unos diez años más tarde. Y un problema congénito de la legislación de la UE es que el diablo está en los detalles, según el dicho británico.-

 

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 LA EUROPA OPACA DE LAS FINANZAS

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La voluntad del PP de rebajar impuestos amenaza el estado de bienestar

Wed, 01/08/2018 - 14:19

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

En una de sus primeras intervenciones, Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, ha expresado sin ambages su voluntad de rebajar impuestos, con especial atención a reducir el IRPF y el de Sociedades. Si llega a gobernar, claro.

Uno de los mantras de conservadores y derechistas de todo jaez es pretender que rebajar impuestos es bueno para la gente de a pie. Una de las falacias que esgrimen es que si los ricos tienen más dinero por pagar menos impuestos, invierten y crean empleo. Sin embargo, el The New York Times publicó un estudio de las repercusiones de la enorme bajada de impuestos que perpetró Bush tras ser elegido presidente  y resultó que el período tras la citada rebaja de impuestos fue el de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

Las sucesivas reformas fiscales perpetradas en el Reino de España han significado que la mayoría pague algo más (salvo tal vez el grupo de gente con ingresos muy bajos) y la minoría más rica, menos. ¿Acaso los sucesivos aumentos del IVA, que son parte de las medidas fiscales,  no han reducido el poder adquisitivo de la clase trabajadora?

Lo cierto es que sin impuestos no hay democracia ni justicia y sin democracia ni justicia no hay estado de bienestar. O, dicho de otro modo, un país donde se aseguran los servicios públicos esenciales y se garantiza el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía.

Las rebajas de impuestos benefician especialmente a quien más tiene y atesora, que es esa muy reducida minoría del 0.1% que controla la economía, sobre todo financiera, aunque, según el Nobel de economía, Paul Krugman, aún son menos: 0,01% (menos de 50.000 personas entre 46 millones de población).

En el reino de España, ha habido rebajas de impuestos y pretendidas reformas fiscales, pero pasado el tiempo se ha comprobado que, fraude fiscal aparte, las grandes empresas y fortunas pagan menos impuestos, el Estado recauda menos y, a pesar del crecimiento económico según las cifras macroeconómicas, no se ven consecuencias positivas tangibles para las clases trabajadoras.

Y volviendo al fraude fiscal, según los datos estimados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal en España está perpetrado por las grandes empresas y grandes fortunas. ¿Y el PP aún quiere rebajar impuestos a quienes más tienen y acumulan? Para que no quepan dudas sobre la deslealtad de la minoría rica nacional, cabe recordar que, según la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU, las grandes fortunas españolas ocultan en guaridas fiscales (antes llamadas paraísos) más de 140.000 millones de euros, que es tanto como al 12% del PIB, la riqueza nacional anual. Fortunas que no pagan impuestos, por supuesto, pues para eso están ocultas en guaridas fiscales.

Según un informe elaborado por la universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en colaboración con el sindicato de técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España mueve unos 290.000 millones de euros al año. Euros que escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social y es tanto como el 24% del PIB. Por esa ocultación se dejan de ingresar cada año más de 90.000 millones de impuestos y cotizaciones sociales.

Pero, en tanto los que más tienen pagan menos impuestos, se mantienen con pocos cambios los datos de desigualdad, riesgo de pobreza y de exclusión social. Y así, además del 14% de trabajadores con contrato que son pobres, la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que el 37% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, el 34% no puede ir de vacaciones ni una semana al año, casi el 10% llega a fin de mes con mucha dificultad, el 7% no puede pagar a tiempo la hipoteca, alquiler, gas, electricidad o la comunidad y una quinta parte de personas (casi 22% de población) vive pobremente con menos de 8.520 euros al año, cuando la media de vida digna en este país supone disponer de 11.000 euros anuales por persona.

El PP, Casado y los impuestos

No hablamos de pobreza absoluta sino de desigualdad, de empobrecimiento progresivo, de vida difícil. Tan difícil a veces que es imposible considerarla digna. Lo cierto es que, en tanto no se asegure una justa redistribución de la riqueza, este país no levantará cabeza por más que algunos indicadores económicos pretendan que vamos bien. Y la herramienta principal del Estado para redistribuir la riqueza es la fiscalidad, los impuestos y tasas.

No tengan la menor duda de que fraude fiscal y las diversas prácticas para no pagar impuestos, o pagar menos de lo que se debería, tiene mucho que ver con el aumento de la desigualdad, las antes citadas dificultades de los hogares y el riesgo de pobreza.

Pues bien, a pasar de la evidencia expuesta, el nuevo presidente del PP tiene empeño en rebajar el impuesto de sociedades, el que se paga por beneficios obtenidos ¿Aún más?, porque según la Agencia Tributaria, el impuesto efectivo de sociedades que pagan en el Reino de España las grandes empresas es el 7,3% sobre beneficios. Pero el tipo nominal (antes de deducciones, subvenciones, otros favores y canonjías) sería, según está escrito, el 25%. ¿Saben quiénes pagan el 18 o 20% efectivo? Las pequeñas y medianas empresas que no disponen de caros asesores fiscales para hurgar en las grietas de la ley tributaria y pagar menos.

Por supuesto, Pablo Casado quiere también suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, que el PP ya aplica en alguna comunidad autónoma donde gobierna, como la de Madrid. Según Gestha, suprimir el impuesto de sucesiones, por ejemplo, solo beneficiaría a un muy reducido 0,7% de contribuyentes ricos que no pagarían ni un euro por cuantiosas herencias recibidas. En tanto que en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde el PP suprimió de hecho el impuesto de patrimonio con una bonificación del 100%, esa anulación ha supuesto que el gobierno autonómico de Madrid hay dejado de recaudar de 800 a 1.000 millones de euros anuales. Dinero que dejan de pagar los más ricos que han fijado su residencia en esa comunidad para no pagar el impuesto de patrimonio, precisamente.

La voluntad de reducir impuestos del nuevo presidente del PP es una amenaza para la ciudadanía, porque los impuestos, la fiscalidad, son esenciales como medio del Estado para redistribuir la riqueza y garantizar el estado de bienestar. Sin impuestos justos, progresivos y suficientes aumentan la desigualdad y el empobrecimiento y la injusticia deviene institucional. Cualquier alteración, disminución o rebaja de la fiscalidad dificulta la necesaria redistribución de riqueza. Por eso necesitamos una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Justa para que se pague lo adecuado según los ingresos y posesiones. Progresiva para que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Y suficiente para que el Estado y sus instancias públicas garanticen los servicios públicos sin recortes y faciliten el respeto de los derechos de la ciudadanía.

¡Por razones!
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El reino de la desigualdad

Mon, 30/07/2018 - 11:54

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

La profunda crisis de estado que vivimos, junto al deterioro de las libertades democráticas que sufrimos, es fruto no sólo del desgaste de la Transición ya superada y sus fallos, pues los aciertos ya han dado de sí, incrementada por la crisis capitalista de 2008 y sus consecuencias. Ésta da para mucho más que un simple artículo, pero enunciemos algunos problemas.

La Transición consiguió una cierta legitimidad social, sobre todo por los avances en sanidad, educación, becas, subsidios, pensiones… La construcción de un tardío estado del bienestar y un incremento salarial y de rentas. Con muchos problemas, pero negar variados avances que la clase trabajadora consiguió en gran parte gracias a sus luchas y votos sería injusto. El sistema necesitaba consolidarse.

Pero la crisis de 2008 deja al descubierto las graves carencias de la economía española, basada en sol y ladrillo y condenada por la Unión Europea alemana a ser sol y ladrillo, obligándonos ésta, a desmantelar la industria pesada metalúrgica y la minería y deslocalizando otros sectores como el textil, la madera… Un capitalismo exclusivamente rentista y especulador, excepto en ciertas comarcas del Estado Español, conforma la élite del sistema. Capitalistas rentistas que amasan fortunas con la construcción y con el Estado. Contratos y contratas públicas, privatizaciones, obra pública o la gran mina de las contratas municipales de basuras, aguas, servicios sociales y culturales… En fin, capitalistas ultra-liberales pero que viven de la teta pública y corrompen las administraciones para obtener grandes beneficios privados. La corrupción es intrínseca a la propia esencia de la economía española y de sus comunidades, todas. Esto además se ve nítidamente en las fórmulas utilizadas por el PP para superar la crisis.

La crisis es una oportunidad para el capitalismo rentista español y el inversor internacional. El PP desmonta todas las legitimidades sociales que había logrado la Transición, privatizando más todavía, recortando derechos sociales y sanitarios, disminuyendo la administración, haciendo desaparecer paulatinamente los servicios, y, sobre todo, rebajando sueldos y derechos laborales, fomentando el esclavismo laboral a través de las ETT y el precariado. El “si no estás de acuerdo ahí tienes la puerta” patronal. Todo ello amparado y protegido por la ley mordaza y la reforma laboral que son las dos patas de la recuperación de los beneficios capitalistas conseguidos por medio de un trabajo, sometido, humillado y derrotado. Pero sin embargo, no pueden conseguir tapar toda la miseria y ola de corrupción que envuelve a este sistema podrido del que no se salva la Corona.

Ahora cuando el gobierno Sánchez, que es fruto de la resistencia social contra el PP y sus “reformas” y leyes represivas, intenta alguna tímida medida de corrección o avance, se encuentra ante un entramado legal y una judicatura que impide cualquier avance o lo dificulta tanto que hace caer en el ridículo al Gobierno, el cual a su vez es preso por su apego a las leyes. Cuando las leyes que no sirven hay que cambiarlas, derogar todas las que no sean orgánicas y se puede hacer ya, porque los socialistas cuando llegaron a los parlamentos en el siglo XX, lo hicieron para cambiar las leyes burguesas y no para someterse a ellas. Sánchez debe hablar claro, más claro, haciéndolo él. Además la Corona, que ha bendecido todas las contrarreformas y represiones del PP, también está desgastada y además ha participado de la corrupción, pues ésta ha envuelto todo el sistema. Hay que hablar alto y claro, la corrupción es sistémica y su origen está en el capitalismo rentista y especulador, que sin corruptores no hay corrupción. Ese populismo que tanto daño ha hecho a la causa de la clase trabajadora ha desviado el punto de mira hacía la administración y los políticos y es cierto, pero ha dejado al margen a grandes familias franquistas muy ricas, a banqueras a especuladores privados, a capitalistas e inversores extranjeros, que son los que mandan. En la clave de bóveda, la corona.

La opción central es volver a la senda democrática y eso incluye recuperar la libertad sindical, recuperar los salarios y la dignidad en el trabajo, recuperar los derechos sociales, educativos, sanitarios, pensiones dignas, derogación de la ley mordaza y de la reforma laboral y ser tajantes con la corrupción, venga de donde venga, también del rey, su padre o el sumsum corda. El problema que tienen los defensores de los privilegios y corrupción sistémica, es que esta sociedad está cambiando y las cobardías de ahora se van a pagar caras muy pronto. El socialismo llegó para repartir y cambiar. Una corona es algo medieval o del antiguo régimen, si cambia deja de ser corona. Vivimos en el estado más desigual de Europa y corregir eso es urgente, y la dignidad de las personas, de la clase trabajadora, vale más que un imperio, incluso que un reino.

Politólogo y miembro de la plataforma socialista pro PSF y Socialismo y República

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Macri y el tiempo de gracia

Sun, 29/07/2018 - 15:26

Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España

El interrogante que circula es si se le terminó la luna de miel al gobierno de Mauricio Macri, la que disfrutaba con los consensos electorales del 2015 y 2017.

No hay respuesta clara ni evidente, pero todos los datos de la realidad confirman la v