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Justicia económica global
Updated: 45 sec ago

La paz negada para los indígenas

Mon, 29/08/2016 - 09:00

Genaro Bautista - AIPIN

Guatemala, GT.- El respeto a los derechos de sus pueblos y comunidades, mayores presupuestos, armonización legislativa, protección y defensa de la Madre Tierra, la inclusión en espacios de tomas de decisión, son los acuerdos a que llegaron parlamentarios y parlamentarias de América, en la XVI Asamblea del Parlamento Indígena de América (PIA), que concluyó el 19 de agosto, en la Antigua Guatemala.

Legisladores de nueve países analizaron, durante dos días, el futuro de las sociedades originarias de Abya Yala, que viven de manera cotidiana discriminación, racismo, exclusión, despojo de sus territorios, depredación del medio ambiente y el riesgo permanente ante la implacable explotación de los recursos naturales, minerales, hídricos y energéticos.

A veinte años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, los liderazgos señalaron, que en otras latitudes como México, la paz y la conciliación está negada para los pueblos indígenas.

Ante ello, el PIA se comprometió a promover enmiendas legislativas, generar políticas públicas y presupuestales para sus pueblos y comunidades. Lo anterior aunado a generar condiciones para la reconstrucción del tejido social.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de los 20 años de la firma de paz entre el movimiento armado y el gobierno guatemalteco, la XVI Asamblea del Parlamento Indígena de América resaltó que “no habrá paz, hasta que se reconozcan y respeten los derechos de nuestros pueblos indígenas”.

En el encuentro, coincidieron que en la actualidad persiste la ausencia del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, además de la armonización legislativa con instrumentos o pactos internacionales.

Entre los asistentes estuvo el diputado federal mexicano Guillermo Rafael Santiago, en representación de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de La Unión, y la diputada local presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso de Chiapas.

La Asamblea destacó que los pueblos indígenas, enfrentan el riesgo de piratería de la propiedad intelectual en bordados y textiles, el reto de incidir en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, una Coordinación Interregional entre legisladores, e incorporar a los Afrodescendientes.

En principio el PIA estableció que, a partir de este 19 de agosto, cambia su denominación y adopta el nombre de Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América.

Para los asistentes a la asamblea del PIA, es claro que mientras los países no asuman un compromiso real, una voluntad política con recursos económicos, será muy difícil alcanzar indicadores óptimos en el combate a la pobreza.

Por ello, los asambleístas juegan un papel preponderante para hacer visible a sus pueblos indígenas.

Ausencio Palacio Pineda, presidente del PIA, expuso que el reto que enfrentan es inmenso para garantizar esto y que siguen siendo discriminados y despojados de sus territorios con el contubernio y complicidad de los gobiernos.

El presidente del Parlamento Indígena, originario de Panamá y quien fue nombrado por Guatemala “Embajador de la Paz”, estima que los Estados y organismos multilaterales deben mostrar su compromiso y atender las necesidades de los pueblos indios, que vaya más allá de simples apoyos asistenciales, que lo único que generan es mayor dependencia.

Al igual que el senador Guaraní Luis Alberto Cayetano Wagner Lezcano, presidente de la Comisión Asesora Permanente de Pueblos Indígenas del Senado de la República de Paraguay, y Marcos Fernando Yax, diputado presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala, Ausencio manifestó que, para ello, deben destinarse financiamiento para el desarrollo de las sociedades originarias y no cercenar las iniciativas estratégicas de las comunidades en materia alimentaria.

Los parlamentarios recordaron que para el 2030, la comunidad internacional pretende que no exista el hambre según lo estipulado en la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Pero para ello, apuntaron que es necesario que los países cumplan con los procesos normativos ya establecidos como el Convenio 169 de la OIT, los acuerdos de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de 2014, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Y una forma de ese cumplimiento consideran es la ejecución de esos compromisos que se vean reflejados en políticas públicas y presupuestales.

La falta de voluntad política, recalcaron, es lo que impide la concreción de las reformas legislativas y de políticas públicas.

Definieron buscar fortalecer el diálogo con los pueblos indígenas y que estos cuenten con una representación en los parlamentos.

La Asamblea de congresistas, tiene claro que la sostenibilidad de la Agenda 2030, no debe de amenazar el futuro y desarrollo de los pueblos indígenas.

La reunión que transcurrió en medio de amplios debates, resolvieron respaldar la Séptima Carrera Continental “Jornadas de Paz y Dignidad 2016”. De igual forma declararon el 12 de octubre Día de la Descolonización Continental.

A propuesta del Diputado Marcos Fernando Yax Guinea, el PIA aprobó una resolución reconociendo el Juego de la Pelota Maya como deporte ancestral”.

En su valoración, Ausencio Palacios, se muestra optimista.

El parlamentario panameño afirma los avances sustantivos del PIA durante el año nueve meses que lleva al frente del organismo.

Menciona que antes del concluir 2016, firmarán un Convenio con la Organización de las Naciones Unidas, un programa permanente de capacitación e incidencia dentro de esta instancia internacional.

Como parte de este acuerdo con la ONU, detalla, trabajarán proyectos conjuntos referentes a una política de consulta de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).

Para el legislador los países no deben ejecutar proyectos de desarrollo que carezcan de la autorización de los pueblos indígenas.

Enfatizó que los Estados deben promulgar leyes donde se reconozca las tierras y territorios de los pueblos indígenas que van ligados al “Buen Vivir”, “Vivir en Paz”.

Junto con el convenio con Naciones Unidas, abundó, debe ir acompañado del diseño de estrategias por país, donde se garantice la participación de las autoridades tradicionales y políticas indígenas en la elaboración de iniciativas legislativas que sean políticas de Estados, no de períodos de gobierno.

Parte de esta estrategia, Ausencio Palacios la está instrumentando en Panamá donde firmaron un Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios y creación un Fideicomiso con un capital inicial de 200 millones de dólares.

El legislador dice que los parlamentarios no pueden ir contra los intereses de sus pueblos y comunidades, deben estar comprometidos con sus regiones de origen, no de los grupos políticos que los llevaron al parlamento.

La estrategia regional está orientada al empoderamiento de autoridades tradicionales y parlamentarias indígenas.

Así mismo, empoderar al ahora Parlamento Indígena y Afordescendiente de América; fortalecer su estatuto jurídico, impulsar la creación de grupos de trabajo; la armonización legislativa, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, además de las Declaraciones Americana y de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; promover la cultura de la Paz y elaborar un Plan Operativo.

Embajador de La Paz

A veinte años de la firma de los acuerdos de paz, los pueblos indígenas continúan padeciendo la pobreza, el racismo y la discriminación. Como parte de las actividades del XVI Encuentro del Parlamento Indígena de América, Guatemala nombró al diputado Asencio como Embajador de la Paz.
En el acto de Cambio de la Rosa, en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, se resaltó la importancia de los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996.

Palacios resaltó la relevancia de la lucha indígena, la cual “ha sido pacífica” y recordó que, desde esa generación, “se convirtió en un amigo del mundo”.

En el reconocimiento participó el expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo, quien pidió recordar los valores de los Acuerdos de Paz en Centroamérica y luchar por cumplirlos, por el desarrollo y la igualdad.

Durante el acto, los panelistas dijeron que, en Guatemala, los objetivos de la paz no se han cristalizado, y es evidente la injusticia social en que se encuentran los pueblos indígenas y afrodescendientes. El desafío, afirmaron, es la inclusión de los excluidos para lograr un nuevo país.

Marcos Fernando Yax, indicó que, en honor a La Paz, se debe traducir los buenos propósitos en hechos concretos en beneficio de los pueblos indígenas:

“Si se tiene la voluntad política, esta debe verse reflejada en un presupuesto digno para la creación de políticas públicas en beneficio de los pueblos indígenas”.

Desde que en 1996 finalizó la guerra civil que dejó 200.000 personas muertas o desaparecidas, “continuó una cadena de vicios que han hecho posible mucho sufrimiento”, ha declarado la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum.

Los Acuerdos de Paz en Guatemala, firmados entre la guerrilla y el Ejército en 1996, permitieron poner fin a la guerra civil pero aún queda pendiente combatir la desigualdad para construir una nación equitativa, dijeron líderes en el VII Foro Regional Esquipulas, que hace tres semanas tuvo lugar el pasado mes de julio en España.

“Fracasamos” en la consecución de un país “más justo y equitativo”, afirmó Marco Vinicio Cerezo, el primer mandatario de la era democrática en Guatemala, durante su intervención en el VII Foro Regional Esquipulas, que se celebra en el país para discutir sobre democracia, integración y desarrollo.

Cerezo, uno de los promotores de los Acuerdos de Esquipulas, recordó que el espíritu de esos tratados condujeron a la paz en Centroamérica.

“No podíamos ser una isla de democracia en una región de conflicto”, pero la construcción de un Estado no ha terminado de completarse, indicó.

En Guatemala, alrededor del 60 % de la población vive en una situación de pobreza y el país necesita urgentemente afrontar el problema de la desigualdad como una prioridad, remarcó el expresidente, citado por EFE.

Cerezo, alertó que su país puede acabar con los monopolios que se apropian de los recursos y exigir a las industrias extractivas que compartan los beneficios.

Para ello, es imprescindible incorporar a los pueblos indígenas, a las mujeres, y recuperar el papel de los partidos políticos como representantes ideológicos, lejos de su actual rol como “partidos de ocasión”, finalizó.

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Declaración ” Desarmar las finanzas y lograr la justicia fiscal” FSM Quebec 2016

Mon, 29/08/2016 - 07:00

 

índice

 

Declaración del Foro Social Mundial

Montreal, Canadá 2016

Estamos comprometidos a trabajar en una amplia coalición social para hacer realidad nuestra visión por un mundo donde las políticas progresivas, redistributivas y transparentes contrarresten las desigualdades dentro y entre las naciones, y generen la financiación pública necesaria para asegurar que los gobiernos cumple con sus obligaciones con los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y los grupos vulnerables, en un medio ambiente saludable y sostenible, con niveles de protección social y servicios públicos de calidad para el bien común de todos y todas.

El papel de los impuestos en el desarrollo de los derechos humanos.

Los impuestos son una herramienta fundamental tanto para la realización de los derechos humanos como para la lucha contra la desigualdad. Los impuestos son sin duda la más importante fuente de ingresos del gobierno, ya que combinan tres funciones fundamentales: la generación de ingresos para la realización de los derechos; la consecución de la igualdad y la lucha contra la discriminación; así como el fortalecimiento de la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Los impuestos son esenciales para la financiación del desarrollo y pueden ser una poderosa herramienta para promover la reducción de la pobreza. Ingresos más altos y estables dan como resultado un aumento de la inversión sostenible en los servicios públicos, infraestructuras y otras necesidades de desarrollo y mejoran la competitividad de las economías alargo plazo.

Muchos países tienen dificultades para recoger suficientes ingresos fiscales para financiar adecuadamente la realización de los derechos humanos. La movilización de recursos internos se ve obstaculizada por la insuficiencia de las normas fiscales globales, la competición fiscal en espiral descendente, la falta de transparencia financiera, incluyendo la existencia de jurisdicciones secretas, y una proliferación de otras políticas y prácticas fiscales perjudiciales. Por ejemplo, los países en desarrollo a menudo no se benefician de la extracción y el uso de sus recursos naturales, en gran parte debido a la falta de transparencia, regulación y tributación justa y eficaz. Estos problemas también contribuyen a la degradación y el abuso del medio ambiente.

Las políticas fiscales regresivas que se persiguen en muchos países de Norte a Sur han planteado una amenaza grave a los derechos económicos y sociales de los grupos ya desfavorecidos. Esta básica injusticia está alimentando las más profundas desigualdades económicas, de género y políticas, y está erosionando la confianza en las instituciones gubernamentales consideradas más responsables ante las elites económicas transnacionales que su propia gente.

La política tributaria es la política pública, y no puede ser tratado como una cuestión de mera ingeniería técnica o dejarse a la discreción del gobierno irresponsable. Las leyes fiscales, las políticas y las prácticas deben trabajar para poner fin a la discriminación estructural en lugar de afianzar cada vez más las desigualdades entre los géneros y las económicas. Llamamos a los gobiernos a poner en práctica la política tributaria con los más altos estándares de transparencia, la participación pública y la significativa rendición de cuentas en consonancia con los principios de derechos humanos.
Cooperación internacional para soluciones globales

El actual sistema fiscal de las empresas transnacionales se ha quedado obsoleto y da privilegios a los grupos empresariales multinacional y a los intereses financieros globales al tiempo que evita los gobiernos nacionales alcanzar suficientes ingresos en formas no discriminatorios y responsables. Además, en la economía globalizada, ningún país puede hacer frente a la evasión y elusión por sí mismo, como se subraya por recientes y frecuentes escándalos de paraísos fiscales, incluyendo los Offshore leaks (2013), LuxLeaks (2014), Swiss Leaks (2015) y los papeles Panamá (2016).

Las recientes negociaciones internacionales relacionadas con los impuestos han estado lejos de ser representativas a escala global. Más de 100 países en desarrollo fueron excluidos cuando la OCDE y el G20 negociaron estándares para las bases impositivas y las transferencias de beneficios (BEPS en sus siglas en inglés) e el intercambio de información. Mientras la OCDE y el G20 sean los organismos principales en la toma de decisiones sobre los estándares impositivos globales, las condiciones injustas se mantendrán y los intereses y problemas concretos de los países en desarrollo serán considerados de baja prioridad. Por ejemplo, la tributación del sector extractivo y la racionalización de los incentivos fiscales son algunos de los asuntos que no están siendo tratados.

Se necesita urgentemente la cooperación internacional global para establecer las bases de un sistema impositivo justo, eficaz y progresivo que pueda proporcionar una fuente de ingresos sostenible en el tiempo y reducir la desigualdad.
Por lo tanto, exigimos a nuestros gobiernos los siguiente:
Reglas internacionales justas que obliguen a las multinacionales a aportar la parte que les toca

Garantizar la revisión de los Acuerdos de Doble Tributación para alinearlos con la agenda de desarrollo sostenible y necesidades de financiación para el desarrollo.
Poner en marcha alternativas sólidas al Principio de Plena Competencia.
Eliminar las normas y tratados que erosionan la base tributaria de otros países.

Políticas impositivas para abordar la desigualdad en los países

Reducir la desigualdad mediante la adopción de un elenco completo de medidas tributarias progresivas. El diseño de las políticas de impuestos y su implementación deben perseguir de forma activa la reducción de las desigualdades de ingresos y de género.
Otorgar la máxima prioridad a la inversión de los impuestos en el desarrollo humano esencial relacionado con los servicios públicos y las infraestructuras públicas (ej. salud, educación, agua, vivienda, saneamiento, y transporte), desarrollo sostenible, protección social adecuada y reversión del cambio climático.
Proporcionar a la ciudadanía los medios para hacer oír sus voces y responsabilizar a los gobiernos de sus políticas tributarias y de cómo se gastan los incrementos de ingresos.
Asegurar que las políticas fiscales tienen en cuenta el factor género. Esto debería incluir la evaluación y el seguimiento del impacto de los impuestos regresivos, tales como el IVA, y la carga impositiva, aplicando medidas para retirar dicha carga a las mujeres y hombres pobres.
Aprobar y aplicar un impuesto a las transacciones financieras.
Los filtradores de información y otros defensores de la justicia tributaria que trabajan para el interés público sacando a la luz flagrantes abusos de elusión y fraude fiscal deberían ser considerados defensores de los derechos humanos, y ser por tanto protegidos de forma adecuada.
Los gobiernos deberían poner en marcha leyes nacionales para acabar con la evasión fiscal.
Los gobiernos y las autoridades locales no deberían autorizar la financiación pública de empresas que tengan delegaciones en territorios offshore.

Cooperación internacional para soluciones globales

Establecer un organismo intergubernamental bien dotado de recursos para temas de impuestos bajo los auspicios y en el marco de la ONU, que pueda iniciar y liderar negociaciones en una nueva convención sobre cooperación internacional y asuntos tributarios como primer paso en la reforma de las normas tributarias internacionales.
Hacemos un llamamiento a los Estados para que realicen evaluaciones de impacto sobre derechos humanos en relación con los efectos secundarios de sus políticas fiscales en otros países, con el fin de tomar acción inmediata para paralizar cualquier práctica dañina y poner remedio allí donde el perjuicio se haya producido.

Intercambio automático de información y transparencia fiscal para las corporaciones transnacionales:

Adoptar un estándar común de la ONU de intercambio automático multilateral de información sobre impuestos con la opción de no reciprocidad para países con baja capacidad.
Eliminar el secreto sobre la propiedad efectiva a escala mundial a través de registros públicos de propietarios reales, incluidas las grandes empresas transnacionales y fundaciones.
Asegurar la transparencia financiera obligando a las corporaciones transnacionales a publicar informes anuales públicos de sus beneficios país por país.
Publicar y pedir responsabilidades en relación con los acuerdos realizados entre empresas y gobiernos sobre incentivos fiscales.
Garantizar que las administraciones tributarias disponen de suficientes recursos.

En relación a los derechos humanos llamamos a:

Las empresas y grupos de empresas a analizar y tratar el fraude fiscal, incluida su declaración política y los procedimientos de diligencia debida, comenzando por un reconocimiento claro de los impactos adversos del fraude fiscal en los derechos humanos, en concordancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas en materia de negocios y derechos humanos.
Los consultores, asesores y proveedores de sistemas que puedan conducir a realizar fraude fiscal (especialmente asesores fiscales, contables e intermediarios financieros) a reconocer sus especiales responsabilidades con respecto a los derechos humanos y corregir cualquier actividad nociva a este respecto.
Las instituciones internacionales a reformar el inservible sistema tributario global mediante la integración de los estándares de derechos humanos en la manera de abordar la evasión de impuestos empresarial y los negativos efectos indirectos de ciertas políticas gubernamentales. Las instituciones financieras internacionales que asesoran a los gobiernos en sus políticas tributarias y fiscales deben, ante todo, respetar las obligaciones que dichos gobiernos tienen con respecto a los derechos humanos.
La comunidad de derechos humanos en general (incluyendo defensores, abogados, universidades, organizaciones de derechos de las mujeres, sindicatos, instituciones nacionales de derechos humanos, organismos de tratados y comisiones regionales) a examinar activamente la manera en que las prácticas tributarias afectan su misión y desarrollan procesos prácticos para promover la justicia tributaria en su trabajo.

Para promover esta agenda de justicia tributaria, nos comprometemos a:

Continuar colaborando y construyendo sinergias locales, regionales y globales para defender, hacer campaña e impulsar movilizaciones populares por la justicia tributaria.
Reforzar nuestros esfuerzos para crear poderosos movimientos sociales locales y globales con el objetivo de forzar a las multinacionales a terminar con la evasión de impuestos. Esto incluye campañas continuas, actividades y días de acción específicos para reclamar justicia tributaria y fiscal, sensibilización pública y apoyo financiero a los medios progresistas alternativos.
Fomentar la justicia de género como elemento clave de la justicia tributaria. Esto significa involucrarse a escala nacional para impugnar las leyes tributarias discriminatorias y asegurar que las políticas impositivas reconozcan el trabajo de cuidados invisible y no remunerado de las mujeres.
Avanzar en la justicia tributaria como medio de conseguir la justicia climática generando financiación para mitigación y la adaptación de los países más vulnerables.
Trabajar juntas para transformar el actual sistema económico que privilegia a las grandes empresas y a los ricos, conduce a la desigualdad y daña el medioambiente.
Organizar un día de acción global contra los territorios offshore o paraísos fiscales (se propone como fecha posible el 10 de junio de 2017, o el 3 de abril aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá).
Acciones creativas para denunciar a los bancos involucrados en la evasión de impuestos.
Auditorías ciudadanas de la deuda para evaluar las políticas impositivas y cómo se gastan los ingresos tributarios.

*Esta declaración del Foro Social Mundial 2016 “Desarmar las finanzas y conseguir la justicia tributaria” continúa la tradición del FSM que en Porto Alegre 2002 dio como resultado la “Declaración Universal sobre el derecho a la justicia tributaria como un componente de la justicia social”, en Túnez 2013 produjo la declaración sobre “Justicia tributaria para la justicia social” y en Túnez 2015 emitió la declaración sobre “Justicia tributaria para acabar con la desigualdad”. También está relacionada con la “Declaración sobre Justicia tributaria y Derechos Humanos de Lima de 2015.

Publicado en ATTAC Acordem

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Se firma la paz en Colombia

Sun, 28/08/2016 - 09:00

Alberto Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Tras más de cincuenta años de guerra en Colombia entre el Gobierno y las FARC, por fin se ha alcanzado la paz. No ha sido fácil, y tras tres intentos fallidos parece que a la cuarta va la vencida. Las negociaciones comenzaron en Noruega en 2012 y se han desarrollado en Cuba. Los acuerdos incluyen medidas para combatir la pobreza y la desigualdad, para reparar la memoria y dignidad de las víctimas, la búsqueda de desaparecidos (más de 50.000), el desarme de guerrilla y paramilitares, la reintegración civil de los ex-guerrilleros y un largo etcétera de medidas harto complejas. Cualquiera puede hacerse cargo de la enorme dificultad que ha tenido llegar hasta aquí. En IU tenemos la fortuna de contar con un dirigente como Enrique Santiago, uno de los abogados inmersos en el proceso y que más ha sido criticado por ello. Pero gracias a él, y a gente como él, hoy podemos celebrar la culminación de un proceso de paz. Y en estos tiempos eso no es poco. Gracias.

Alberto Garzón

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El 15M recaudará fondos para llevar al Supremo a los directivos de Caja Madrid

Sun, 28/08/2016 - 07:00

Sato Díaz - Cuarto poder

El Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), colectivo perteneciente al 15M y surgido raíz de las movilizaciones de mayo del 2011, inicia una campaña de difusión y recaudación para recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la querella contra 24 directivos de Caja Madrid. La demanda, que había sido presentada ante la Audiencia Nacional, admitida y posteriormente archivada, acusa a los directivos de delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. Entre los querellados se encuentran el expresidente de la entidad, Miguel Blesa, y el vicepresidente y vocal en el consejo de administración, José Antonio Morán Santín, nombrado por PP, PSOE e IU, de cuya formación fue suspendido de militancia en 2012.El Tribunal Ciudadano de Justicia inició ayer una campaña de difusión en redes sociales bajo elhaghstag #Querella15M y busca financiación para hacer frente a los costes del recurso ante el Tribunal Supremo. “En una primera fase, queremos llegar a la opinión pública para que tengan en la memoria todo lo que supone este caso, para que la gente conozca el proyecto y se involucre en este recurso de casación que presentamos ante el Tribunal Supremo”, relata a cuartopoder.es uno de los portavoces del TCJ, José Luis Noriega. La querella fue archivada por la Audiencia Nacional el pasado mes de julio tras un proceso cerca de tres años.

Y es que esta lucha del Tribunal Ciudadano de Justicia tiene ya historia. La querella fue presentada ante la Audiencia Nacional en noviembre de 2013 por delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. En ella, este colectivo argumentaba que “los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid orquestaron y tramaron la concesión de una cantidad desorbitada de créditos hipotecarios por importe de 53.208 millones de euros, según la inspección del Banco de España del 20 de julio de 2009”. “Esta ingente cantidad permitió a los gestores inflar sus altísimas retribuciones, que quedaron fijadas en función del volumen de negocio de la entidad, aún en el caso de pérdidas de la Caja, y generaron un agujero de millones de euros”, insistía la querella. En ella se explica además que “el importe de los préstamos hipotecarios concedidos por Caja Madrid es superior al precio de compraventa en una media del 156%” y que “el importe concedido en la inmensa mayoría de los préstamos es superior, de media, al 96% de la tasación realizada, llegando al 99% en los años 2006 y 2007”. La empresa tasadora, TasaMadrid, pertenece al grupo Caja Madrid, “incumpliendo la normativa que exigía la independencia entre prestamista y tasadora”, argumentaba la querella. A pesar de que el Banco de España alertaba ya en 2009 del alto índice de préstamos concedidos sin control, no se tomó ninguna medida al respecto.

El 30 de marzo de 2016 el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional admitió la querella y dio comienzo un proceso en el que la Fiscalía se opuso a la admisión a trámite desde el primer momento. “La Fiscalía puso toda serie de trabas y reconoció que la sobretasación de los inmuebles era práctica generalizada”, denuncian desde el Tribunal Ciudadano de Justicia. “El hecho de que la sobrevaloración de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria no puede, sin embargo, justificar cualquier práctica”, respondió el juez instructor, De la Mata, según unos documentos aportados por el Tribunal Ciudadano de Justicia. “Esto es muy importante, porque esto demuestra que la estafa no era sólo cuestión de Caja Madrid, sino que era una práctica generalizada de toda la banca”, explica a este medio Noriega.

Tras estas y otras dificultades, con la clara y constante oposición de la Fiscalía, la querella fue archivada el pasado día 19 de julio de 2016 por la Sala número 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional. “La Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, de acuerdo con la Fiscalía y los abogados defensores de los querellados, deciden archivar la querella, ya que no aprecia indicios de delito por la sobretasación en los préstamos hipotecarios, al considerar que los 100 expedientes aportados como prueba no representan una práctica sistemática respecto del conjunto de los préstamos concedidos”, denuncian desde el Tribunal Ciudadano. “En este punto, conviene señalar que los técnicos del Banco de España realizaron en los años 2009 y 2010 distintas inspecciones a Caja Madrid con un número similar de expedientes”, añaden. El auto de archivo de la Sala afirma: “lo que es difícil de probar se convierte en un delito imposible”. Este argumento, para el Tribunal Ciudadano de Justicia, es “indigno de un Tribunal que pagamos todos para que defienda la ley y a la población de conductas socialmente dañinas”.

Frente a esto, el Tribunal Ciudadano de Justicia sigue adelante con su lucha y recurrirá al Tribunal Supremo. “Este recurso ante el Tribunal Supremo es sólo el inicio, pues queremos demostrar y denunciar unas prácticas que involucran a todo el sistema financiero”, advierten. Por estos motivos, este colectivo del 15M lanza esta campaña. “Archivaron la causa a pocos días del parón estival, por lo que tenemos sólo hasta el 19 de septiembre para presentar el recurso”, alerta este portavoz.

Fuente: https://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2016/08/23/15m-recaudara-fondos-llevar-al-supremo-los-directivos-caja-madrid/4158

Publicado en Rebelión

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El desborde feminista se enfrenta a la impunidad de las agresiones a mujeres en Perú

Sat, 27/08/2016 - 09:03

Elisa Fuenzalida, Thais Luksic, de Mujeres al Borde de un Ataque Armado / Comando Feminista - diagonalperiodico.net

Alrededor de 500.000 personas de todas las regiones del país participaron el pasado 13 de agosto en la marcha Ni Una Menos, la más multitudinaria de la historia de Perú.

Momento de la marcha Ni Una Menos celebrada en Lima el 13 de agosto.

Momento de la marcha Ni Una Menos celebrada en Lima el 13 de agosto.

El caso de las más de 200.000 campesinas esterilizadas contra su voluntad mediante el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1990 y 2000 ha sido archivado una vez más. La fiscalía no considera que existan suficientes pruebas de que se trata de un crimen de lesa humanidad –a pesar de que fue perpetrado contra un sector específico de la población: mujeres campesinas y de escasos recursos– y niega la autoría directa de Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. El pasado 27 de julio, el Ministerio Público, por decisión de la fiscal Marcelita Gutierrez, dio por cerrada la investigación. La misma semana, la justicia peruana se inclinó en favor del agresor de Arlette Contreras, joven que fue estrangulada y arrastrada de los pelos por su novio al grito de ”si no eres mía no serás de nadie”. A pesar de que el episodio de este culebrón de terror fue registrado en vídeo por una cámara de seguridad, el juzgado ha resuelto que, otra vez, no hay pruebas suficientes.

Al archivo de conocidos casos de agresiones a mujeres en Perú se suman otros en los que son las propias instituciones las que dan el ‘tiro de gracia’ a las mujeres. Fue el caso de L.C., una adolescente que, al sospechar que estaba embarazada producto de las violaciones sistemáticas que sufría desde los 13 años, intentó suicidarse lanzándose desde el techo de su casa. Sobrevivió, pero con graves lesiones en la columna vertebral que requerían de una intervención quirúrgica urgente para no causar daños irreversibles en la movilidad de su cuerpo. Los médicos encargados decidieron que la vida del feto, según ellos en peligro, era más valiosa que su salud y le negaron la operación. Tres meses después L.C. tuvo un aborto espontáneo y finalmente fue operada, pero ya era tarde. Hoy en día es parapléjica y tras nueve años de batalla legal contra el Estado no ha conseguido una compensación.

Durante los últimos años en Perú, colectivos como Alfombra Roja, Las Insurgentes, Comando Feminista, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, Paremos el Acoso Callejero, Chola Contravisual y diversos colectivos universitarios, han luchado desde distintos frentes contra la violencia machista, doméstica e institucional, recibiendo como respuesta, por parte de la policía, golpes y bombas lacrimógenas, y por parte de la prensa y gran parte de la sociedad civil, condescendencia y desprecio ante sus demandas y protestas.

“¿Dónde? –parecen preguntar los estupefactos rostros de las manifestantes, al llegar a la sede–, ¿dónde está esa justicia?

Alrededor de 500.000 personas de todas las regiones del país participaron el pasado 13 de agosto en la marcha Ni Una Menos, la más multitudinaria de la historia de Perú.Las miles de manifestantes vieron como en la fachada de la sede del Poder Judicial peruano en Lima colgaba una inmensa pancarta en la que se podía leer “El Poder Judicial rechaza la violencia contra la mujer”, rematado con la frase “Una justicia con igualdad de género”. Entre ellas y la pancarta, un cordón de policías con guantes blancos –en señal de rechazo a la violencia–. Por todo esto es por lo que es imposible no tomarse las palabras que adornan la inmensa pancarta que el Poder Judicial ha colocado en su fachada como una macabra broma, casi una provocación. “¿Dónde? –parecen preguntar los estupefactos rostros de las manifestantes, al llegar a la sede–, ¿dónde está esa justicia?

La absolución de Adriano Pozo de los delitos de violencia sexual y feminicidio contra Arlette Contreras y la suspensión de la sentencia de cárcel de Ronny García, el individuo que dejó desfigurada a base de golpes y mordiscos a Lady Guillén –otro de los casos de violencia machista que saltó a los medios en 2012–, fueron las gotas que colmaron un vaso que parecía no tener fondo. La convocatoria a ‘Ni Una Menos. Nos tocan a una. Movilización Nacional Ya’ se abrió el 19 de julio como un grupo cerrado en Facebook. La respuesta fue tal que en tres semanas ya había alcanzado casi sesenta mil personas. Las denuncias y los testimonios inundaban el muro, las confesiones de cada una daban valentía a otras más para romper también su silencio e identificar públicamente a su agresor con nombre y apellido, aun cuando se tratase de personajes públicos, como conocidos artistas y activistas.

Pronto la autocompasión dio paso al compañerismo, el compañerismo a la catarsis y la catarsis a la rabia. El objetivo “manifestación” se desdibujó tanto entre las arengas, los llamamientos a la autodefensa, al escrache, al intercambio de recursos e información empoderadora, que se tuvo que crear un nuevo grupo virtual, específico para las cuestiones operativas de la marcha.

Los reclamos identitarios no se hicieron esperar. Un espectro casi kitsch de posturas se abrió como un abanico antes desconocido para las feministas institucionales, incluso para las más combativas, con base en la calle: las pacifistas, las que le tienen terror a la palabra feminista, las fujimoristas, las que reivindican a la mujer en tanto su rol de madre, esposa, hermana o hija; las pro-vida, que claman “Ni una menos desde el vientre”; las que dan me gusta a los testimonios hasta que uno de sus amigos es denunciado; las católicas indignadas ante las cachetadas masculinas, pero indiferentes a las condiciones de horror en las que se practican los cientos de miles de abortos clandestinos en las siniestras ‘clínicas de Atrazo Menstrual´ –las calles del centro de Lima están plagadas de flyers y afiches que ofrecen la solución a un embarazo no deseado y en los que la palabra ‘atraso’ se escribe con z. Se trata de consultorios médicos clandestinos `low cost´ en los que se practican abortos en condiciones de insalubridad e inseguridad que atentan gravemente contra la salud de las pacientes. La inmensa mayoría de mujeres peruanas no puede darse el lujo de pagar entre 600 y 800 dólares en una clínica privada–. A estas se suman los hombres bienintencionados, explicando el camino que debería seguir la lucha feminista, las entusiastas de la pena de muerte para los violadores y un largo etcétera cada día más múltiple y diverso.

De ser una iniciativa considerada graciosa y simpática cuando era sólo una plataforma “contra la violencia de género”, cuando el acoso y la autodefensa entraron en las discusiones ‘Ni Una Menos’ pasó a ser referida como una ”jaula de locas furiosas” y “feminazis fuera de control”

En medio de esta lluvia de información, el fenómeno del ‘victim shaming’ o culpabilización de la víctima no se hizo esperar. Polémicas en redes, bloqueos, eliminaciones, bandos. De haber empezado como una iniciativa considerada graciosa, simpática y a la que sumarse sin arriesgar mucho cuando era tan sólo una plataforma “contra la violencia de género”, una vez que el acoso, la autodefensa y el debate sobre el consenso empezaron a ser temas comunes en las discusiones ‘Ni Una Menos’ pasó a ser referida como una“jaula de locas furiosas” y “feminazis fuera de control”, especialmente por personajes de las redes sociales como la modelo Adri Vainilla, que utilizaron argumentos como estos para defender a amigos sobre los que pesaban denuncias de acoso.

Así y todo, marcas y empresas de toda ralea,incluyendo a las que no permiten sindicarse a sus trabajadoras o las que no reconocen sus permisos de maternidad, se sumaron a la causa, junto al Poder Judicial y los medios de comunicación más recalcitrantes. La marcha del 13 de agosto sumó, además, 24 ciudades del mundo en acciones simultáneas de apoyo. Medio millón de personas marchando es mucha, muchísima gente. Tanta que, entre ella, para estupefacción de las agredidas, podía encontrarse a sus mismísimos agresores, algunos de ellos operando in situ con tal desparpajo, escudados en su uniforme de policía. Tras la marcha, en efecto, las redes sociales ardieron de denuncias a cerca de los lentos repasos que los efectivos policiales dedicaron con la mirada a las manifestantes, casi siempre acompañados de un “qué rica estás”.

Ni Una Menos consiguió una presencia avasalladora en las calles y en los medios. Y sin embargo las cifras de violencia contra la mujer y feminicidio se han incrementado tras la marcha. Milagros Rumiche, inspirada en el movimiento, decidió denunciar el sistemático abuso que recibía del padre de su hijo. La policía recogió el parte y ni siquiera citó al denunciado para interrogarlo. Hoy Milagros yace desfigurada y entubada en la cama de un hospital, pero la médico forense determina que sólo ha sufrido lesiones leves, siguiendo a pies juntillas la ley que dictamina que sólo si la agresión postra a la víctima durante más de 15 días pasaría a tratarse de lesiones graves. El criminal se encuentra ‘no habido’ (no localizado).

La hipocresía peruana, herencia de un pasado cortesano y virreinal, empieza a dar señales de haberse tornado en esquizofrenia. Acosadores marchando contra el patriarcado, fiscalías acariciando una causa con la mano y dándole patadas con los pies, empresas imprimiendo camisetas de Ni Una Menos que reparten trabajadoras en regímenes laborales escandalosos. Los primeros ya cuentan con una segunda cita a la que asistir para manifestarse, Ni Uno Menos, el 3 de septiembre. ¿Sus demandas? Las de siempre: que sus novias aprendan a cocinar “como sus viejitas” –un tipo acaba de destrozarle la cara a ladrillazos a su esposa por servirle la comida “muy picante”–, el derecho a propinar una buena golpiza en caso de infidelidad o sospecha de infidelidad y un extravagante “No + mujeres violadoras”, para darle color al asunto. Las feministas, en cambio, lejos de conformarse con no ser golpeadas, parecen haber agudizado su órgano detector de prácticas patriarcales y empiezan a hablar de reinvindicaciones trans, de rebelarse contra el capitalismo y aseguran siempre haber sabido, eso sí, que la Pachamama es feminista.

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Cómo algo llamado CETA puede cambiarte la vida

Sat, 27/08/2016 - 07:00
Diagonal

25/08/16

Decenas de organizaciones de la sociedad civil europea remitieron ayer 24 de agosto una carta a los responsables de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, encabezados por su presidente, el socialista Bernd Lange, pidiendo una discusión abierta y amplia en el Parlamento con respecto al tratado de inversiones UE-Canadá, conocido como CETA.

La carta se entrega, y se puede leer en la web Seattle to Brusels, un mes antes de la decisiva reunión informal de Bratislava en la que los ministros comunitarios de Comercio analizarán el estado de las negociaciones del tratado comercial con Canadá. El texto del CETA deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de la Unión Europea.

Leer: TTIP, CETA, TiSA, la batalla que se puede ganar

Como recuerdan las organizaciones firmantes de la carta, entre las que se encuentran sindicatos, grupos ecologistas o campañas contra el TTIP –el acuerdo que se negocia con EE UU–, las discusiones que han dado pie al texto del CETA han tenido lugar entre un escaso número de parlamentarios y sin el escrutinio de los Parlamentos nacionales de la UE. Como muestra, dicen desde la campaña, el texto no ha estado disponible en todos los idiomas de la Unión Europea hasta el pasado mes de julio, pocos meses antes de su posible aprobación.

Entre los aspectos más controvertidos del CETA está el mecanismo de arbitraje entre Estados e inversores, una herramienta que, según los firmantes, puede afectar al sistema legal tanto intraeuropeo como de cada uno de los Estados miembros. En julio, la Comisión Europea accedió a que el Tratado tenga que ser ratificado por los Gobiernos nacionales, si bien se aseguró de que el CETA pueda echar a andar de manera provisional antes de que los Parlamentos electos se posicionen.

Como recuerda la sociedad civil, el impacto de la votación del Brexit y las dudas sobre la construcción europea que han aumentado tras la votación en el Reino Unido, son un motivo más para que se vuelva a discutir un tratado que ha avanzado por debajo de los radares de la opinión pública.

Las organizaciones firmantes exigen que otros comités parlamentarios, además del de comercio, discutan un acuerdo con hondas implicaciones en materias de políticas industriales, agricultura, energía, desarrollo, propiedad intelectual o servicios públicos. Las organizaciones de la sociedad europea creen que no se puede votar en el Parlamento el acuerdo hasta que los comités europeos de agricultura, desarrollo, transporte, feminismo o empleo –hasta 15– no hayan emitido sus dictámenes acerca de un acuerdo que puede transformar las condiciones de vida en Europa.

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Destapando la intención por parte del diario Libremercado de calumniar al gobierno de Ahora Madrid

Fri, 26/08/2016 - 09:00

Eduardo Garzón - Consejo Científico de ATTAC España

Recientemente se ha publicado en el diario económico Libre Mercado un artículo en el que se acusa al gobierno de Ahora Madrid de estar preparando incrementos de impuestos para los años 2016 y 2017. Para ello el autor se ha apoyado exclusivamente en los datos de un cuadro recogido en el Plan Económico Financiero elaborado recientemente por el gobierno madrileño.

El análisis que se plasma en el artículo es absolutamente inconsistente y sus conclusiones absurdas y erróneas porque el autor lo ha basado en la observación de un cuadro que no recoge ningún cambio tributario, sino que se limita a presentar los incrementos y disminuciones de ingresos en 2016 y 2017 a efectos de la Regla de Gasto (cuyo cumplimiento es el objetivo del Plan Económico Financiero). Difícilmente se puede detectar un futuro incremento de impuestos mirando un documento en el que no sólo no se plasman las medidas impositivas sino que se refiere fundamentalmente a 2016, un año en curso. Si se quisiese descubrir si el gobierno madrileño va a incrementar o a reducir los impuestos habría que mirar el proyecto de presupuestos para 2017 (aún no elaborado), o si se espera que se haya producido algún incremento “oculto” durante el actual ejercicio habría que analizar la ejecución del presupuesto, pero nunca el citado cuadro que se plasma en el Plan Económico Financiero cuya naturaleza y función es otra muy distinta. La falta de rigor alcanza dimensiones astronómicas y deja al descubierto el verdadero objetivo del autor de la “noticia”: calumniar al equipo de gobierno de Ahora Madrid.

Ya sea de forma intencionada o no el autor confunde constantemente al lector al equiparar ingresos con impuestos. Los ingresos pueden subir o bajar sin necesidad de que los impuestos cambien (por ejemplo, si se ejecutan más obras que el año anterior se ingresará más por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras aunque este impuesto no haya cambiado). Y esto es precisamente lo que se plasma en el famoso cuadro porque es lo que está ocurriendo en el año 2016 y porque es lo que previsiblemente ocurrirá en el año 2017: se ingresará más por la mayoría de las figuras tributarias como consecuencia de una mayor actividad económica y de determinados cambios normativos, pero no porque se hayan producido incrementos impositivos. Los pocos incrementos impositivos que ha aplicado el gobierno son conocidos desde hace casi un año y llevan tiempo en vigor, por lo que es absolutamente incoherente que el autor del artículo los utilice para advertir de una supuesta intención de aumentar la carga fiscal en el futuro por parte del gobierno.

Como ejemplos de incrementos de ingresos que no son consecuencia de una alteración en los impuestos destacan los siguientes. Se prevé una mayor recaudación por IBI (en torno a 950.000 euros en 2016) como consecuencia de la regularización catastral que ejecutó el Estado y en lo que nada ha tenido que ver el gobierno de Ahora Madrid. También se prevé una minoración del mismo impuesto por una revisión parcial del catastro que tampoco fue decidida ni establecida por el gobierno de la capital. Otros ejemplos: un aumento de recaudación de unos 12 millones de euros correspondientes al importe anual de la Tasa de Móviles, que hasta las recientes sentencias favorables del Tribunal Supremo al respecto de esta tasa no se habían tenido en cuenta para el cálculo de la Regla de Gasto; o los aproximadamente 11 millones de euros de incremento en la recaudación como consecuencia del final de la bonificación en el IBI de los inmuebles de patrimonio histórico.

Las únicas medidas fiscales adoptadas por el gobierno que han provocado un cambio en la recaudación ya se conocen desde que en octubre de 2015 se aprobaran los presupuestos del año 2016, pero evidentemente es una aberración utilizarlas para alertar de “futuros incrementos de impuestos”. Estas medidas son las siguientes:

-Reducción del tipo general del IBI en un 7% y que afecta a 2.132.994 inmuebles. Esta medida, además, supuso precisamente una reducción de impuestos.

-Incremento del tipo diferenciado del IBI en un 10% y que afecta a 6.813 unidades urbanas. Esto sí fue un incremento de impuestos pero a muy pocos contribuyentes (con elevada capacidad económica).

-Reducción de umbrales de familia numerosa y aumento de los porcentajes de reducción que afectaba aproximadamente a 19.000 inmuebles. Esta medida provoca un reducido incremento de la recaudación por lo que puede considerarse un incremento del impuesto, pero fue aplicado a propuesta de los grupos de la oposición de manera que tampoco hay lugar a considerarlo un “nuevo sablazo” de Ahora Madrid (amén de que, como el resto de medidas, se conoce desde octubre de 2015).

-Bonificación en el IBI por aprovechamiento de la energía solar, la cual supuso una reducción del impuesto y no un incremento.

-Revisión del coeficiente de situación en el Impuesto de Actividades Económicas porque los anteriores estaban por debajo del máximo autorizado legalmente. Se trató de un incremento de impuestos que sólo afecta a aquellos empresarios cuya cifra de negocios supera el millón de euros.

-Eliminación de la bonificación del Impuesto sobre Obras y Construcciones, que fue aprobada por Ana Botella en el año 2014.

-Nueva Tasa de Gestión de Residuos Urbanos, similar a la que eliminó Botella en el año 2014, pero que sólo afecta a los inmuebles no residenciales que más volumen de basura generan.

En definitiva, puntuales medidas fiscales que llevan tiempo en vigor y que por lo tanto no pueden presentarse como una “nueva ronda de subidas impositivas” (y mucho menos teniendo en cuenta que muchas de estas medidas ni siquiera dependen de la voluntad del equipo de gobierno madrileño), a no ser, claro, que la verdadera intención del autor del artículo no fuese informar sino calumniar.

 

Saque de Esquina

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Argentina-Brasil, hermanos gemelos

Fri, 26/08/2016 - 07:00

Emir SaderPúblico.es

La estrecha alianza establecida entre los gobiernos de Argentina y Brasil a partir de la instalación de los gobiernos de Lula y Nestor Kirchner rompió con el largo proyecto norteamericano de afianzar su poder sobre el continente jugando a un país en contra del otro. Incluso en los años 1990, EUA hacia con que en la negociación de las deudas de los dos países –así como de México – funcionara ese juego, impidiendo, con el beneplácito de los presidentes de entonces – que la coordinación de los mas grandes deudores del continente los fortaleciera en contra del FMI, del Banco Mundial, del Club de París, de la Secretaria del Tesoro de EEUU.

La alianza establecida entre Lula y Nestor Kirchner fue un hito en las relaciones entre los dos países, a partir de aquel momento asumidos como hermanos gemelos, con destinos e intereses comunes. Un hito a partir del cual se fortaleció el Mercosur y se expandieron los procesos de integración regional hacia Unasur, el Banco del Sur, el Consejo Sudamericano de Defensa, Celac.

Nunca EEUU estuvo tan aislado de Latinoamérica como a partir de aquel momento. Fue una marca notable de la historia de nuestro continente en el siglo XXI. Los movimientos sociales, partidos de izquierda, gobernantes, intelectuales de los dos países, entidades como Clacso, Alas, entre tantas otras, se han movido siempre de forma similar y coordinada, con la conciencia de como los procesos históricos de los dos países son estructuralmente articulados, de como los destinos de los dos países caminan irreversiblemente juntos. Quedó claro que hacia donde van Argentina y Brasil, va a ir América Latina.

No es un accidente que las operaciones de retorno de la derecha a los gobiernos de los dos países reciba un apoyo tan inmediato y entusiasta de Washington, con visitas y acuerdos de las autoridades norte-americanas, recibidas por los gobernantes de los dos países con la actitud subalterna que había caracterizado a esos países en gran parte del siglo pasado. EEUU tiene conciencia de lo que significa para sus planes internacionales romper el aislamiento que sufría en Latinoamérica y, al contrario, poder contar con gobiernos – por mas antipopulares que sean, por mas que sean producto de maniobras antidemocráticas – para debilitar al Mercosur, a Unasur, a Celar, al mismo tiempo que dar oxígeno a la Alianza para el Pacífico.

Ese cambio en la correlación de fuerzas en la región, simultáneo, hace que el péndulo del continente tienda hacia el otro lado. El Mercosur ha siente los efectos de las trasformaciones, así como el clima político general en la región. Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, reaccionan, de forma solidaria, conscientes de como los cambios ponen en cuestión los destinos mismos del conjunto del continente.

En un libro que saldrá próximamente en varios países, con el titulo Las vías abiertas de America Latina, que yo coordiné, con análisis sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay Venezuela, se abordan los procesos vividos por esos países en este siglo, como interpretación indispensable, hechas desde adentro de esos procesos, para enfrentar las crisis que se enfrenta y busca sus formas positivas de superación. Un análisis general de Alvaro García Linera da el marco general de la situación del continente, mientras que textos de Ricardo Forster, Manuel Canelas, Emir Sader, René Ramirez, Constnza Morera y Alfredo Serrano, enfocan la situación de cada país.

La conciencia de la naturaleza de la nueva situación enfrentada por el continente, así como la coordinación de los esfuerzos de todos los países, es condición indispensable para enfrentar la contraofensiva imperialista protagonizada por las derechas de nuestros países. La gran mayoría de las fuerzas que se oponen a los proyectos de restauración conservadora tienen conciencia de ello, aunque existan, absurdamente, quienes se suman a la lucha en contra del golpe en Brasil, pero no lo hacen hacia un gobierno absolutamente similar en sus intentos macabros, como el Mauricio Macri en Argentina.

Si hasta recién se ha avanzado de forma más o menos empírica en esos países, promoviendo los mas grandes avances que hemos tenido simultáneamente en nuestra historia, ahora solo podremos seguir avanzando a partir de una conciencia clara de las razones por las que hemos logrado esos avances, porque nos enfrentamos a los obstáculos impuestos por la derecha y de que forma podremos construir un nuevo ciclo de avances, que solo se podrán dar a partir de la coordinación – política, social, económica, intelectual – de los que nos la jugamos en todos los países, sin restricciones, para que América Latina vuelva a trillar el camino de la construcción de sociedades más justas, solidarias, soberanas y humanistas.

 

Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).

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Argentina-Brasil, hermanos gemelos

Fri, 26/08/2016 - 07:00

Emir SaderPúblico.es

La estrecha alianza establecida entre los gobiernos de Argentina y Brasil a partir de la instalación de los gobiernos de Lula y Nestor Kirchner rompió con el largo proyecto norteamericano de afianzar su poder sobre el continente jugando a un país en contra del otro. Incluso en los años 1990, EUA hacia con que en la negociación de las deudas de los dos países –así como de México – funcionara ese juego, impidiendo, con el beneplácito de los presidentes de entonces – que la coordinación de los mas grandes deudores del continente los fortaleciera en contra del FMI, del Banco Mundial, del Club de París, de la Secretaria del Tesoro de EEUU.

La alianza establecida entre Lula y Nestor Kirchner fue un hito en las relaciones entre los dos países, a partir de aquel momento asumidos como hermanos gemelos, con destinos e intereses comunes. Un hito a partir del cual se fortaleció el Mercosur y se expandieron los procesos de integración regional hacia Unasur, el Banco del Sur, el Consejo Sudamericano de Defensa, Celac.

Nunca EEUU estuvo tan aislado de Latinoamérica como a partir de aquel momento. Fue una marca notable de la historia de nuestro continente en el siglo XXI. Los movimientos sociales, partidos de izquierda, gobernantes, intelectuales de los dos países, entidades como Clacso, Alas, entre tantas otras, se han movido siempre de forma similar y coordinada, con la conciencia de como los procesos históricos de los dos países son estructuralmente articulados, de como los destinos de los dos países caminan irreversiblemente juntos. Quedó claro que hacia donde van Argentina y Brasil, va a ir América Latina.

No es un accidente que las operaciones de retorno de la derecha a los gobiernos de los dos países reciba un apoyo tan inmediato y entusiasta de Washington, con visitas y acuerdos de las autoridades norte-americanas, recibidas por los gobernantes de los dos países con la actitud subalterna que había caracterizado a esos países en gran parte del siglo pasado. EEUU tiene conciencia de lo que significa para sus planes internacionales romper el aislamiento que sufría en Latinoamérica y, al contrario, poder contar con gobiernos – por mas antipopulares que sean, por mas que sean producto de maniobras antidemocráticas – para debilitar al Mercosur, a Unasur, a Celar, al mismo tiempo que dar oxígeno a la Alianza para el Pacífico.

Ese cambio en la correlación de fuerzas en la región, simultáneo, hace que el péndulo del continente tienda hacia el otro lado. El Mercosur ha siente los efectos de las trasformaciones, así como el clima político general en la región. Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, reaccionan, de forma solidaria, conscientes de como los cambios ponen en cuestión los destinos mismos del conjunto del continente.

En un libro que saldrá próximamente en varios países, con el titulo Las vías abiertas de America Latina, que yo coordiné, con análisis sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay Venezuela, se abordan los procesos vividos por esos países en este siglo, como interpretación indispensable, hechas desde adentro de esos procesos, para enfrentar las crisis que se enfrenta y busca sus formas positivas de superación. Un análisis general de Alvaro García Linera da el marco general de la situación del continente, mientras que textos de Ricardo Forster, Manuel Canelas, Emir Sader, René Ramirez, Constnza Morera y Alfredo Serrano, enfocan la situación de cada país.

La conciencia de la naturaleza de la nueva situación enfrentada por el continente, así como la coordinación de los esfuerzos de todos los países, es condición indispensable para enfrentar la contraofensiva imperialista protagonizada por las derechas de nuestros países. La gran mayoría de las fuerzas que se oponen a los proyectos de restauración conservadora tienen conciencia de ello, aunque existan, absurdamente, quienes se suman a la lucha en contra del golpe en Brasil, pero no lo hacen hacia un gobierno absolutamente similar en sus intentos macabros, como el Mauricio Macri en Argentina.

Si hasta recién se ha avanzado de forma más o menos empírica en esos países, promoviendo los mas grandes avances que hemos tenido simultáneamente en nuestra historia, ahora solo podremos seguir avanzando a partir de una conciencia clara de las razones por las que hemos logrado esos avances, porque nos enfrentamos a los obstáculos impuestos por la derecha y de que forma podremos construir un nuevo ciclo de avances, que solo se podrán dar a partir de la coordinación – política, social, económica, intelectual – de los que nos la jugamos en todos los países, sin restricciones, para que América Latina vuelva a trillar el camino de la construcción de sociedades más justas, solidarias, soberanas y humanistas.

 

Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).

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El retorno de la ola negra involucionista

Thu, 25/08/2016 - 13:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Como explica el escritor Samuel Huntington en su libro “The Third Wave,” (Tercera Ola, 1.991), el mundo ha pasado por tres olas de desestabilización y democratización. Según Huntington, una ola de democratización sería “un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático que ocurren en determinado período de tiempo y superan a las transiciones en dirección opuesta durante ese período y que también implica la liberalización o la democratización parcial de sistemas políticos”. Así, en el mundo moderno se habrían producido tres olas de democratización y cada una de ellas habría afectado a un número escaso de países y durante su transcurso algunos regímenes de transición fueron en una dirección no democrática; pero no todas las transiciones hacia la democracia ocurren durante las olas democráticas.

La primera ola comenzó en el siglo XIX y se extendió hasta la Gran Guerra y la segunda se produjo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y ambas fueron seguidas por una ola inversa, con países como Brasil, España, Portugal, Grecia, Granada, Brasil y Panamá que debieron realizar una posterior transición hacia la democracia, completado en la década de los 90 con la democratización de los países de la extinta URSS y Sudáfrica y ya en el siglo XXI por Irak y Afganistán.

Tercera ola de democratización (1974-1990)

En su análisis de la tercera ola mundial de las transiciones a la democracia (iniciada en 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal), Samuel Huntington observó que las posibilidades de democratización aumentaron cuando estos países salieron de la pobreza y alcanzaron un nivel intermedio de desarrollo socio-económico, momento en el cual ingresaron en una zona de transición política. Recordar que entre 1974 y 1990, mas de treinta países en el sur de Europa, América Latina, el este de Asia y la Europa del este pasaron de un régimen autoritario a disfrutar de un sistema democrático de gobierno, todo ello en el marco de un tsunami global que quizá sea el acontecimiento político más importante de las postrimerías del siglo XX.

Según la tesis de Huntington, dicho sprint democrático se explicaría porque tras darse por finiquitada la distopía virtual de la Guerra Fría las dictaduras militares habrían dejado de ser de ser un instrumento útil para EEUU en la lucha contra el comunismo y ya no serían la solución sino el problema. Además, a pesar de que en los citados países no existía una tradición de cultura democrática, rápidamente entendieron que si el poder continuaba residiendo en una élite que desconfiaba del sistema igualitario exportado por EEUU, siempre gravitarían alrededor de la égida de los intereses de dicha élite, lo que imposibilitaría sine die la asunción del poder por la sociedad civil.

Así, en 15 años la ola democratizadora se trasladó por Europa del Sur, saltó a Latinoamérica, se trasladó a Asia y finiquitó los sistemas autoritarios de los países postsoviéticos, (de lo que sería paradigma el hecho de que en 1974, ocho de los 10 países sudamericanos tenían gobiernos no democráticos y en 1990, 9 tenían ya gobiernos democráticamente elegidos), y según Freedom House, el 39% de la población mundial vivía en países libres en 1990, disminuyendo por primera vez la cantidad absoluta de estados autoritarios.

Cuarta ola democratizadora (2010-2013)

La llamada “Primavera árabe” (que tuvo su detonante en Túnez y se extendió por mimetismo al resto de países árabes del arco mediterráneo, Yemen e Irak durante la década 2003-2013), sería la primera oleada de protestas laicas y democráticas del mundo árabe en el siglo XXI, movimiento popular sin precedentes caracterizado por la exigencia de libertades democráticas frente a regímenes corruptos y dictatoriales y la mejora de las condiciones de vida de una población sumida en una pobreza severa y un desempleo estratosférico, contando además en el caso de Túnez y Egipto con el apoyo del Ejército. Con dicha revolución asistimos a la llegada a los países árabes del arco mediterráneo de la Cuarta Ola mundial de transiciones a la democracia , aunque Huntington no otorgó en la década de los 90 ningún potencial revolucionario a los países islámicos, a pesar de reconocer “la fuerza de la revuelta islámica y las raíces tan débiles de sus respectivas democracias”. Sin embargo, el golpe de mano realizado por el Ejército egipcio contra Morsi podría tener como efecto mimético la traslación a las calles turcas y tunecinas de una campaña de presión contra los últimos Gobiernos islamistas del arco mediterráneo para lograr la intervención del Ejército con lo que asistiríamos al ocaso de la primavera árabe y a su posterior inmersión en la nueva estrategia de EEUU para la zona tras el fracaso para EEUU del experimento de exportación del régimen islamista moderado y pro-occidental de Erdogan a todos los países que componen el tablero gigante del arco árabe-mediterráneo.

¿Nueva ola involucionista?

Muchas de las elecciones democráticas de la última década han estado marcadas por acusaciones de fraude electoral (Nigeria, Ucrania, México, Bielorrusia, Honduras, Costa de Marfil, Tailandia, Pakistán y Afganistán), aislamiento internacional de los gobiernos democráticamente elegidos (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Franja de Gaza); pseudo-elecciones para intentar edulcorar golpes de mano blandos (Honduras, Ucrania, Egipto, Paraguay y Vietnam) y aceptación por la comunidad internacional de sistemas políticos devenidos en meros gobiernos autocráticos ( Georgia y Bielorrusia). De todo ello se deduce que estaríamos en vísperas de la irrupción en el escenario geopolítico de la nueva ola desestabilizadora mundial originada por causas económicas (el ocaso de la economía global),  culturales (el declive de las democracias formales occidentales debido a la cultura de la corrupción, el déficit democrático de EEUU plasmado en el Programa Prism llevado a cabo por la Administración Obama y la pérdida de credibilidad democrática de incontables gobiernos de países occidentales y del Tercer Mundo) y geopolíticas (la irrupción de un nuevo escenario geopolítico mundial tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU y Rusia).

Dicha estrategia consistirá en la implementación de “golpes de mano blandos“ que tendrían a Honduras, Paraguay, Egipto, Ucrania, Irak ,Tailandia y Yemen como paradigmas, con el objetivo inequívoco de sustituir a los regímenes insensibles a los dictados de Washington por regímenes militares autocráticos, produciendo un goteo antidemocrático que terminará deviniendo en una nueva ola involucionista mundial que alcanzará a todos los continentes y que tendrá especial virulencia en Oriente Medio (Líbano, Turquía, Túnez, Pakistán y Azerbaiyán) y América Latina ( Brasil, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Haití, El Salvador, Panamá y Venezuela).

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Cuantificación de los recortes de gasto público desde 2010

Thu, 25/08/2016 - 09:00

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

Muchas personas han notado un deterioro palpable en servicios públicos como los de educación y sanidad, así como en otros ámbitos dependientes de la inversión y gasto público, pero nunca han tenido a su disposición un estudio que les sirviese para confirmar científicamente esa sensación. De hecho, algunos economistas se atreven a afirmar que en realidad en el Estado español ha habido muy pocos recortes y otros dicen incluso que lo que ha habido ha sido una expansión del gasto público. A pesar de los enormes impactos económicos, sociales, políticos, institucionales, ecológicos, humanitarios, culturales, etc, que provocan los recortes de gasto público, llama la atención que muy pocos analistas se hayan animado a recopilar y cuantificar el volumen total de gasto público recortado desde 2010, así como su distribución por partidas. Y ya no hablemos de los que lo han hecho de una forma rigurosa. Afortunadamente hace poco conocimos un informe de Manuel Lago en el que se lleva a cabo un extenso análisis a todo detalle de todos los recortes de gasto público acometidos desde que el gobierno de Zapatero cumpliese a rajatabla las exigencias de la Unión Europea en 2010. Este artículo pretende recoger de una forma breve y asequible los principales resultados del citado informe.

El informe se centra en los recortes aplicados desde 2009 hasta 2014 utilizando datos de la Intervención General de la Administración del Estado, que es el máximo organismo fiscalizador de las cuentas públicas. El año 2015 no forma parte del análisis porque los datos definitivos (los referidos al gasto verdaderamente ejecutado y no presupuestado) tardan en ser publicados, aunque de todas formas bien es sabido que por ser un año inusualmente electoral (elecciones andaluzas en marzo, municipales y autonómicas en mayo, catalanas en septiembre y estatales en diciembre) no ha habido apenas recortes de gasto público (en determinadas materias incluso hubo aumentos), por lo que esta ausencia de información no distorsiona el análisis.

La principal conclusión del informe es la siguiente: desde final del año 2009 hasta el principio de 2015 el conjunto del gasto público del sector público español ha sido recortado en 30.824 millones de euros, aproximadamente un 3% del PIB. Sin embargo, este resultado pueda dar lugar a confusión ya que está recogiendo tanto el recorte experimentado en algunas partidas como el incremento del gasto en otras. No todas las posibilidades de gasto del sector público han sufrido un descenso, sino que algunas han aumentado. Estas partidas han experimentado un incremento del gasto durante el periodo citado de 47.824 millones de euros (un 4,7% del PIB), y la inmensa mayoría se debe al gasto en pensiones, en intereses de deuda y en energía. En cambio, el resto de partidas (educación, sanidad, desempleo, vivienda, etc) han sufrido un recorte de gasto de 78.648 millones de euros (un 7,8% del PIB).

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El gasto en pensiones ha sido el que más ha crecido: 23.577 millones de euros, un 24% más. Esto se debe a tres factores fundamentalmente: 1) al creciente número de jubilaciones (debido a la evolución demográfica española), 2) al incremento desorbitado de prejubilaciones con motivo de la crisis económica (multitud de empresas han prejubilado a muchos de sus empleados y han cubierto sus puestos con trabajadores que cobran menores salarios), y 3) a que todos estos nuevos pensionistas cobran de media una pensión superior a la media de los antiguos jubilados y ello acelera el gasto en pensiones. Y todo ello a pesar de que las reformas del sistema de pensiones del PSOE y del PP empujaron a la baja el gasto al incrementar la edad de jubilación y al desvincular su evolución del IPC, entre otras cosas.

El siguiente gasto que más ha aumentado ha sido el del pago por los intereses de deuda pública: 18.206 millones de euros, un 96% más. Este incremento se explica por dos factores principales: 1) la deuda pública española se ha disparado durante este periodo, pasando desde el 52,7% del PIB al 99,30%, y 2) el alto nivel que alcanzó la prima de riesgo, ya que empujó al alza los intereses de los bonos públicos.

Por último, tenemos al gasto en energía, que ha crecido en 4.920 millones de euros fundamentalmente por las subvenciones y los pagos compensatorios al sector energético (claramente oligopolístico). Este tipo de ayudas públicas se dispararon el 469 %, es decir, se multiplicaron casi por cinco veces hasta situarse cerca de los 6.000 millones de euros.

En definitiva, el gasto que aumentó desde el año 2009 se debe básicamente al paso del tiempo (más jubilados), a la crisis económica (más prejubilaciones), a la crisis de deuda pública (más intereses), y a las ayudas públicas al sector energético. Es decir, salvo en el caso de la energía, no se debe a la decisión por parte de los gobiernos correspondientes de incrementar el gasto público (y mucho menos por incrementar el gasto social), como rezan algunos analistas. La mayor parte de ese incremento de gasto ha sido inercial y accidental, no voluntario.

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En cambio, allí donde se ha reducido el gasto público ha sido por decisión política expresa, precisamente en los usos más potentes en términos sociales y económicos (transporte, desempleo, vivienda, educación, salud, familia e infancia, apoyo al sector primario, servicios culturales, etc). En otras palabras: por supuesto que se han aplicado discrecionalmente políticas de austeridad, y su impacto ha dio muy profundo; se ha recortado con voluntad y decisión gasto público por casi 8 puntos porcentuales del PIB desde 2010 a 2014. Si el descenso del gasto público total no ha caído tanto ha sido porque otros gastos han aumentado considerablemente, pero ello no ha sido por decisión expresa de los gobernantes, sino fundamentalmente por factores inerciales y accidentales.

Y el mejor ejemplo de que se ha recortado y dejado de recortar allí donde han querido expresamente los gobernantes lo aporta el gasto en educación. De los 7.394 millones de euros recortados en gasto en educación, sólo 83 millones corresponden al gasto en conciertos con los colegios privados (denominado técnicamente “producción adquirida en el mercado”), lo que supone un irrisoria recorte del 1% con respecto a 2009. En cambio, la reducción de gasto en asalariados ha sido de 3.705 millones de euros (-11,5%), la reducción en inversión (formación bruta de capital) de 2.235 millones (-62,6%), y en consumos intermedios (materiales, equipamiento, etc) 1.249 millones (-26,7%). Queda claro cuál ha sido la prioridad política de los gobiernos del PSOE y del PP: recortar en la educación pública pero no en la concertada.

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De esta exposición se pueden extraer tres principales conclusiones: 1) los recortes de gasto público aplicados desde 2010 han sido muy significativos aunque las cifras agregadas oculten este hecho al integrar los incrementos de gasto en partidas como las pensiones, los intereses de deuda y la energía, 2) la inmensa mayoría del incremento del gasto experimentado no se debe a decisiones políticas, sino a factores inerciales y fortuitos, por lo que no ha habido una voluntad por parte de los gobernantes de incrementar el gasto (excepto en las ayudas al sector energético) aunque así haya ocurrido en cierta manera, 3) la elección del destino de los recortes ha sido claramente ideológica, y ha optado por perjudicar los sectores más emblemáticos del Estado del Bienestar (educación, sanidad, desempleo, etc) y por beneficiar o no dañar a sectores empresariales determinados como el energético, la banca (que cobra los intereses de deuda) y los colegios privados.

Artículo publicado en eldiario.es

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Recortes, corrupción y Juegos Olímpicos: así es la privatización del agua en Río

Thu, 25/08/2016 - 07:00

diagonalperiodico.net

LA CONSTRUCTORA OBREDECHT, FINANCIADORA DEL DERECHISTA PMDB, INTERESADA EN LA PRIVATIZACIÓN

El gobierno en funciones del derechista Temer condicionó el rescate financiero del Estado de Río a que hubiera más recortes y privatizaciones, entre ellas la del agua.

Avería en las instalaciones del agua en la favela Rocinha, en Río. Según datos de la empresa del agua, Cedae, un 30% del suministro se pierde por fugas. / BBC WORLD SERVICE

Avería en las instalaciones del agua en la favela Rocinha, en Río. Según datos de la empresa del agua, Cedae, un 30% del suministro se pierde por fugas. / BBC WORLD SERVICE

Si queréis que los Juegos lleguen a buen término, tenéis que privatizar el agua. Así de claro lo dejaron en junio tanto el presidente brasileño en funciones, el derechista Michel Temer, como su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. La historia de la privatización en proceso de Cedae, la sociedad pública del agua en el Estado de Río de Janeiro, va unida estrechamente al momento de crisis política –tras el golpe civil del pasado mayo contra la presidenta electa, la petista Dilma Roussef-, y económica que atraviesa el país, así como a la celebración de los Juegos Olímpicos que comenzaron ayer viernes.

Los actores en esta trama: el Gobierno federal derechista de Temer, el Gobierno estatal de Río dirigido por el derechista PMDB, la constructora Obredecht –cuyo presidente está en la cárcel por el escándalo de corrupción de la empresa petrolera estatal, Petrobras- y un puñado de contratistas de obra pública interesados en los nuevos desarrollos de infraestructuras acuíferas que prevé Cedae.

En junio, tanto Río como otros estados brasileños declararon el estado de emergencia económica, con las cuentas públicas por los suelos debido a la recesión –se prevé un decrecimiento del 4% para este año-. Inmediatamente el Gobierno federal de Temer propuso un plan de rescate de los estados. Sólo que, tal y como ha sucedido en Europa tras la crisis de la deuda desatada en 2010, esas ayudas van condicionadas a la puesta en marcha de recortes y privatización de empresas públicas, en un proceso que de hecho ya habían comenzado tanto el Gobierno federal de Dilma como los estados. Cedae era una de las mencionadas expresamente por el ministerio brasileño de Hacienda. En concreto, el condicionamiento iba unido a un plan para terminar las obras de Metro Río que debían conectar la Villa Olímpica.

El Gobierno de Río niega que tenga un plan concreto para privatizar Cedae. Marco Capute, secretario de Desarrollo Económico del Estado, declaró que hablar en este momento de privatización del agua era “un despropósito”, si bien su explicación no sonaba muy convincente: “estamos en un proceso de creación de valor para la compañía”, aseguraba, en referencia a las inversiones por valor de hasta 9.000 millones de reales (unos 2.500 millones de euros) para un plan de saneamiento en 11 municipios de la región de la Baixada Fluminense, una zona en el área metropolitana de Río con tres millones de habitantes. De manera similar a lo que sucede con respecto al agua en diversas ciudades españolas (y especialmente el caso de Madrid), el Ejecutivo del PNMB no oculta la intención de que esa “creación de valor” vaya dirigida a la salida a Bolsa y posible privatización de la entidad.

Según recuerda Renato “Cinco” Athayde Silva, concejal en Río por el PSOL (una escisión a la izquierda del PT), la privatización de la compañía ya es una realidad en parte: “partes de la red ya se han privatizado, con una concesión a 30 años firmada en 2012 con una empresa llamada Foz Águas 5”, señalaba en una entrevista reciente para CorporateWatch. Esta empresa es responsable de desarrollos en 21 distritos de la zona oeste de Río de Janeiro. El concejal izquierdista afirmaba rotundamente que el plan del PMDB no es otro que “privatizar las empresas públicas y venderlas a las empresas que financian sus campañas”.

En este caso, la empresa en cuestión es Obredecht, una compañía constructora cuyas donaciones, según el periódico brasileño Estadao, supusieron dos tercios de los ingresos del PMDB en 2013. La concesionaria Foz Aguas 5, recordaba Renato “Cinco”, es socia de Obredecht y de la compañía privada Águas do Brasil. En coherencia con estos planteamientos, el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, dependiente del Gobierno federal) trabaja conjuntamente con el Estado de Río en la definición de un plan de desinversión de activos: traducido, en la venta de patrimonio y empresas públicas.

Según el concejal del PSOL, la intención de Cedae/Foz Aguas no es realmente gestionar la totalidad del servicio, algo que puede casar con las declaraciones del responsable  de Hacienda sobre el “despropósito” que supondría la privatización. Sí estaría interesada en recibir los generosos subsidios estatales para la construcción de infraestructuras, en un negocio ventajoso dado que el contrato excluye llevar el servicio a las favelas. Según Renato “Cinco”, esto deja fuera del suministro a un 16% de la población de esta zona de Río.

“Cedae es técnicamente una empresa pública pero es muy poco transparente. Cualquier control social de la compañía es muy frágil, de momento. En gran parte depende de los órganos ejecutivos y los gerentes, que están cooptados y elegidos por los partidos dominantes”, concluía. Una historia que resulta tristemente familiar para los lectores del Estado español.

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Desmontando los mitos sobre la inflación y la creación de dinero (9)

Wed, 24/08/2016 - 09:00

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

Ésta es la novena entrega de una serie de artículos en los que estoy abordando poco a poco la relación entre la creación de dinero y la inflación, con el objetivo de rebatir muchos falsos mantras ampliamente extendidos y ofrecer explicaciones alternativas más serias que las que imperan en el imaginario colectivo. En los artículos inmediatamente anteriores vimos que entre las distintas causas que pueden provocar inflación se encuentra la creación de dinero. En este artículo exploramos las distintas formas que existen de crear dinero, empezando por el dinero que los bancos privados crean a través de la concesión de préstamos.

3.4.2.2 Diferentes formas de introducir nuevo dinero: dinero bancario

Desgraciadamente hay mucho desconocimiento sobre la naturaleza del dinero y sobre cómo se crea. Normalmente la gente suele pensar que el dinero es exclusivamente lo que conforman las monedas y los billetes, y que por lo tanto es el Estado a través de su banco central el único capaz de crear dinero. Por otro lado, se suele creer erróneamente que las anotaciones electrónicas de nuestras cuentas bancarias están respaldadas por monedas y billetes (que por cada numerito hay dinero físico detrás), cuando en realidad se estima que sólo el 3% de todo el dinero que existe son monedas y billetes, quedando el 97% restante representado por simples números electrónicos, absolutamente inmateriales. Vamos a intentar deshacer el entuerto.

¿Qué es el dinero? El dinero no es más que un invento del ser humano para facilitar las transacciones económicas que tienen lugar en la sociedad. Es una convención social; no es algo que esté en la naturaleza y que nosotros decidamos utilizar (como algunos podrían pensar que ocurre con el oro u otros metales preciosos), sino que es un acuerdo que tiene lugar en una comunidad social para facilitar las transacciones.Dinero es todo aquello que en una sociedad determinada se haya decidido utilizar para realizar transacciones de bienes y servicios. Las monedas y billetes conforman dinero porque se ha acordado que sirvan para ejecutar compraventas, pero también sirven para ello los números electrónicos de una cuenta bancaria, o la entrega de otro bien o servicio cualquiera si así se ha acordado entre las partes implicadas, o incluso la simple promesa frente al vendedor de que se pagará en el futuro (en el momento solamente la palabra dada sirve para comprar algo, ergo eso es dinero).

Como se puede ver, hay muchos tipos de dinero, tantos como a los individuos de una sociedad se les ocurra. La diferencia entre esas tipologías de dinero es el alcance que tienen, es decir, la cantidad de sitios en los que es aceptado. Todo el mundo puede crear dinero, el problema reside en que sea aceptado por otras personas. Si le decimos al dueño del bar de siempre que le pagaremos el café al día siguiente porque en ese momento no disponemos de efectivo, estamos utilizando nuestra simple palabra como dinero, como medio de pago. Pero nuestra palabra no nos sirve para comprar en establecimientos donde no nos conozcan, ergo el alcance de este tipo de dinero es muy limitado, quedando restringido únicamente a los sitios donde confíen en que somos buenos pagadores. Las fichas de casino es otra forma de dinero, pues sirven para participar en los juegos del establecimiento, pero fuera del local no sirven para nada, por lo que su alcance es también muy limitado. Le ocurre lo mismo a las entradas de conciertos, billetes de avión, de tren, etc.

En cambio, las monedas y billetes que crean los bancos centrales tienen muchísimo más alcance: sirven para realizar casi todo tipo de transacciones dentro del territorio en cuestión porque así lo han establecido las autoridades públicas competentes. Por ejemplo, las monedas y billetes de euros sirven para realizar casi todo tipo de compras en los países de la Eurozona. Pero su alcance tampoco es infinito: fuera de estos países es necesario utilizar otro tipo de dinero para efectuar compras. Tampoco sirven para jugar en un casino donde es necesario utilizar fichas, o viajar en un tren donde necesitas un billete homologado por la empresa vendedora, o para entrar en un concierto donde sólo sirve utilizar la entrada oficial. Antes de poder hacerlo hay que cambiar las monedas y billetes por el tipo de dinero correspondiente (fichas, billetes, tickets, etc).

Podríamos, por tanto, clasificar los tipos de dinero en dos grupos amplios: el oficial, creado y respaldado por las autoridades públicas (euros, dólares, libras, etc); y el extraoficial, creado y respaldado por los agentes privados (promesas de pago particulares, fichas de casino, billetes de tren, etc). El dinero oficial tiene muchísimo alcance, y el dinero extraoficial normalmente tiene muy poco alcance. Aunque hay una importante excepción: el dinero bancario. Los bancos comerciales privados crean también su propio dinero, pero a diferencia del resto de dinero extraoficial, el dinero bancario tiene un alcance importantísimo: sirve para casi todo.

Cuando yo creo mi propio dinero, por ejemplo, escribiendo en una nota “pagaré 1.000 euros al poseedor de esta nota”, muy pocas personas la aceptarán como medio de pago, porque yo no soy nadie y pocos se fiarían de que yo acabase pagando 1.000 euros. Pero cuando lo hace un banco comercial privado, a través de números electrónicos en cuentas bancarias, ese dinero es ampliamente aceptado en la sociedad. No obstante, sigue siendo una promesa de pago creada por una institución privada, ergo es dinero extraoficial.Cuando un banco da un préstamo a una persona, muchos creen que está prestando el dinero de alguien que depositó en su día en el banco su dinero, pero esto es absolutamente falso. Cuando un banco da un préstamo lo único que hace es anotar la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria del que recibe el préstamo[1]. Es su promesa de pago: hay que entenderlo como si fuese una promesa del banco a pagar esa cantidad determinada en la moneda oficial que sea. Si un banco me concede un préstamo de 1.000 euros, en realidad lo que está pasando es que el banco se ha comprometido a pagarme a mí 1.000 euros oficiales en el momento en el que yo se lo pida. Ese momento puede ser cuando saque el dinero del banco en forma de billetes y monedas, pero puede ser también cuando pague con tarjeta de crédito a una persona que tenga su cuenta bancaria en otra entidad bancaria[2].

En cualquier caso, lo importante es entender que, como esas promesas de pago del banco son ampliamente aceptadas en la sociedad, el banco correspondiente sólo tiene que cumplir su promesa (dar euros oficiales) en muy pocas ocasiones comparado con todo el dinero que crea y mueve. La gente utiliza ese dinero bancario en las transacciones como si fuese dinero oficial y por lo tanto el banco no tiene la necesidad de estar cambiando todos los euros de dinero bancario en euros de dinero oficial. Es como si a mí me aceptase todo el mundo la nota de “pagaré 1.000 euros”, entonces mi promesa se eternizaría y nunca se cumpliría, y a mí nadie me reclamaría nunca que pagase 1.000 euros, porque la propia nota estaría funcionando como dinero oficial. Esto es prácticamente lo mismo que ocurre con el dinero bancario: son promesas de pago que se eternizan porque al servir para realizar compraventas no se suelen ejecutar (cambiar por euros oficiales). De hecho, la legislación europea establece que los bancos privados puedan tener 99 euros de dinero bancario (promesas de pago del banco) por cada euro oficial (respaldado por el banco central).

Así se entiende mejor en qué consisten los famosos “corralitos” o crisis de liquidez: es el momento en el que el banco no tiene tanto dinero oficial como para cumplir todas las promesas de pago que ha creado, de forma que muchos depositantes se quedan sin recibir euros oficiales. Por eso las autoridades públicas se ven obligadas a dar ayudas públicas a los bancos en momentos de crisis: porque cuando la cosa va bien las promesas de pago de los bancos son aceptadas para las compraventas, pero cuando la cosa va mal dejan de ser aceptadas y los bancos recurren a las autoridades para que les den euros oficiales.

Lo que nos importa aquí es tener claro que no todo el dinero que existe en circulación es creado por los bancos centrales (dinero oficial), sino que también hay muchísimo dinero que es creado por los bancos privados. Entender esto es clave para el asunto que nos preocupa: los efectos que tiene sobre los precios el hecho de que haya más dinero en circulación. La gente suele creer erróneamente que la única forma de que haya más dinero en circulación es a través de la creación de dinero oficial por parte de las autoridades públicas. Pero no, cuando los bancos dan créditos están incrementando la cantidad de dinero en circulación. Y en épocas de intenso crecimiento del crédito estamos hablando de muchísimo dinero creado por los bancos. De hecho, desde el año 2000 hasta el 2007 en la economía española se estuvo creando dinero bancario a tasas superiores al 10% y en algunos casos cercanas al 20%, ¡muchísimo más dinero del que creó el Estado en esos años (que en 2006 y 2007 incluso destruyó dinero al registrar superávits[3])! ¿Y qué pasó con la inflación? Pues que aumentó, pero a unos ritmos completamente razonables y aceptables, que no llegaron a alcanzar el 5% anual (muy lejos de las temidas hiperinflaciones que son superiores al 100%).

En el siguiente gráfico podemos ver cómo durante los años en los que los bancos crearon mucho dinero bancario los precios aumentaron a un ritmo aproximado, y que cuando los bancos colapsaron y dejaron de dar crédito, los precios se ralentizaron hasta incluso llegar a descender en 2015. El periodo comprendido entre 2010 y 2013, en el que la inflación aumenta bastante a pesar de que la creación de dinero bancario se desploma, coincide con incrementos de impuestos decretados por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, que como ya sabemos conforman otro factor que incrementa los precios (el caso A, el de incremento de los costes de producción), destacando las subidas de IVA en 2010 y 2012. Una vez el efecto de los impuestos en los precios se disipa en 2014, el ritmo de crecimiento de la inflación se acompasa con el de crecimiento del dinero bancario.

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Constatamos con esto lo siguiente: hay relación entre la creación de dinero bancario y la inflación, pero a pesar de que durante varios años la creación de dinero fue colosal, los precios sólo se incrementaron un poco, a ritmos absolutamente razonables y normales[1]. ¿Por qué habría de suceder algo diferente con la creación de dinero por parte del Estado? Nos tienen acostumbrados a pensar que si el Estado crea dinero la inflación se dispararía hasta las nubes, pero cuando observamos lo que ocurre cuando se crea muchísimo dinero bancario (un gran desconocido porque no nos hablan de él) nos damos cuenta de que de elevada inflación nada, en todo caso algunos puntos porcentuales por encima de lo típico, que no es en absoluto dañino para la economía.

Frente a este asunto muchos economistas alegan que la creación de dinero bancario, al contrario de lo que ocurre con el dinero oficial del Estado, no es nociva para la economía porque los bancos sólo crean dinero (sólo dan crédito) cuando hay familias o empresas que han demostrado tener alguna perspectiva de consumo o inversión y además han demostrado que tienen suficiente capacidad económica para devolver el préstamo, al contrario de lo que ocurre con el dinero creado por el Estado que se canaliza fiscalmente a través de mayores sueldos, prestaciones sociales, inversiones públicas, etc[2], acabando en los bolsillos de personas o empresas que pueden hacer un uso irresponsable y/o ineficiente del mismo. Según esta versión, todo el dinero bancario se estaría creando por una razón económica de peso: la intención por parte de una familia de consumir o de una empresa de invertir. En cambio, el dinero del Estado se estaría creando sin razón económica, sino exclusivamente política, pudiendo desembocar en un desastre económico como el de inflaciones galopantes.

Pero es que ese alegato no es serio. Por un lado, la evidencia empírica ha demostrado que las familias y empresas piden créditos para hacer cosas que no son en absoluto eficientes en términos económicos (no ya digamos en términos sociales o ecológicos), como por ejemplo comprar coches o casas que luego no pueden costearse, o construir edificios por doquier provocando burbujas que luego hacen colapsar la economía. Por otro lado, no todos los que reciben los créditos son solventes, como demostró la experiencia reciente de las hipotecas subprime, o de las empresas y familias que tras la crisis han entrado en mora. Además, ahora que hay poco crédito, hay familias y empresas muy solventes pero que no están recibiendo créditos simplemente porque la aversión al riesgo de los bancos ha disminuido muchísimo. Salta a la vista que el criterio de la rentabilidad de los bancos como guía para crear dinero no es eficiente en términos económicos (quizás sí para los bancos, que cuando todo les falla son rescatados por lo público, pero no para la economía en general).

Por último, y no menos importante, la creación de dinero por parte del Estado (que analizaremos enseguida) es simplemente una herramienta, y como tal puede utilizarse de una forma sensata o no (igual que un cuchillo se puede utilizar para cocinar o para matar personas). Que el dinero sea creado por el Estado no es garantía de que se vaya a hacer correctamente, pero la virtud de este mecanismo es que no está restringido por el criterio de la rentabilidad económica y además es susceptible de incorporar procesos democráticos, criterios sociales, de género, de sostenibilidad medioambiental, de respeto a las minorías, etc. En ese caso, que la creación de dinero por parte del Estado sea un proceso más político que económico es su principal ventaja, no su defecto. Lo que ocurre es que ese mecanismo debe estar adecuadamente controlado democráticamente para que no haya colectivos que se beneficien de él y para que los efectos sean lo más beneficiosos posibles para la economía, la gente y el planeta.

En el próximo artículo exploraremos otra vía para crear dinero: el déficit fiscal del sector público.

 

[1] El indicador convencional para medir la inflación es el Índice de Precios al Consumo (IPC), que es una media del precio de determinados productos considerados básicos. Una de las críticas más frecuentes que recibe es que no tiene en cuenta el precio de la vivienda, a pesar de ser un producto básico. Es conocido que durante la época señalada en la economía española hubo una burbuja inmobiliaria que incrementó muchísimo los precios de las viviendas, pero este incremento no quedó registrado en el IPC.

[2] Profundizaremos en ello más adelante.

 

[1] Para más detalle leer: http://eduardogarzon.net/dinero-bancari/

[2] Para más detalle leer: http://eduardogarzon.net/transacciones-bancarias/.

[3] Profundizaremos en ello más adelante.

 

Saque de Esquina

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Perú: Más allá de ‘Ni Una Menos’

Wed, 24/08/2016 - 07:00

El desborde feminista se enfrenta a la impunidad de las agresiones a mujeres en Perú.

Alrededor de 500.000 personas de todas las regiones del país participaron el pasado 13 de agosto en la marcha Ni Una Menos, la más multitudinaria de la historia de Perú.

Elisa Fuenzalida, Thais Luksic - Mujeres al Borde de un Ataque Armado / Comando Feminista – Diagonal

Momento de la marcha Ni Una Menos celebrada en Lima el 13 de agosto.

 

El caso de las más de 200.000 campesinas esterilizadas contra su voluntad mediante el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1990 y 2000 ha sido archivado una vez más. La fiscalía no considera que existan suficientes pruebas de que se trata de un crimen de lesa humanidad –a pesar de que fue perpetrado contra un sector específico de la población: mujeres campesinas y de escasos recursos– y niega la autoría directa de Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. El pasado 27 de julio, el Ministerio Público, por decisión de la fiscal Marcelita Gutierrez, dio por cerrada la investigación. La misma semana, la justicia peruana se inclinó en favor del agresor de Arlette Contreras, joven que fue estrangulada y arrastrada de los pelos por su novio al grito de “si no eres mía no serás de nadie”. A pesar de que el episodio de este culebrón de terror fue registrado en vídeo por una cámara de seguridad, el juzgado ha resuelto que, otra vez, no hay pruebas suficientes.

Al archivo de conocidos casos de agresiones a mujeres en Perú se suman otros en los que son las propias instituciones las que dan el ‘tiro de gracia’ a las mujeres. Fue el caso de L.C., una adolescente que, al sospechar que estaba embarazada producto de las violaciones sistemáticas que sufría desde los 13 años, intentó suicidarse lanzándose desde el techo de su casa. Sobrevivió, pero con graves lesiones en la columna vertebral que requerían de una intervención quirúrgica urgente para no causar daños irreversibles en la movilidad de su cuerpo. Los médicos encargados decidieron que la vida del feto, según ellos en peligro, era más valiosa que su salud y le negaron la operación. Tres meses después L.C. tuvo un aborto espontáneo y finalmente fue operada, pero ya era tarde. Hoy en día es parapléjica y tras nueve años de batalla legal contra el Estado no ha conseguido una compensación.

Durante los últimos años en Perú, colectivos como Alfombra Roja, Las Insurgentes, Comando Feminista, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, Paremos el Acoso Callejero, Chola Contravisual y diversos colectivos universitarios, han luchado desde distintos frentes contra la violencia machista, doméstica e institucional, recibiendo como respuesta, por parte de la policía, golpes y bombas lacrimógenas, y por parte de la prensa y gran parte de la sociedad civil, condescendencia y desprecio ante sus demandas y protestas.

“¿Dónde? –parecen preguntar los estupefactos rostros de las manifestantes, al llegar a la sede–, ¿dónde está esa justicia?

Alrededor de 500.000 personas de todas las regiones del país participaron el pasado 13 de agosto en la marcha Ni Una Menos, la más multitudinaria de la historia de Perú.Las miles de manifestantes vieron como en la fachada de la sede del Poder Judicial peruano en Lima colgaba una inmensa pancarta en la que se podía leer “El Poder Judicial rechaza la violencia contra la mujer”, rematado con la frase “Una justicia con igualdad de género”. Entre ellas y la pancarta, un cordón de policías con guantes blancos –en señal de rechazo a la violencia–. Por todo esto es por lo que es imposible no tomarse las palabras que adornan la inmensa pancarta que el Poder Judicial ha colocado en su fachada como una macabra broma, casi una provocación. “¿Dónde? –parecen preguntar los estupefactos rostros de las manifestantes, al llegar a la sede–, ¿dónde está esa justicia?

La absolución de Adriano Pozo de los delitos de violencia sexual y feminicidio contra Arlette Contreras y la suspensión de la sentencia de cárcel de Ronny García, el individuo que dejó desfigurada a base de golpes y mordiscos a Lady Guillén –otro de los casos de violencia machista que saltó a los medios en 2012–, fueron las gotas que colmaron un vaso que parecía no tener fondo. La convocatoria a ‘Ni Una Menos. Nos tocan a una. Movilización Nacional Ya’ se abrió el 19 de julio como un grupo cerrado en Facebook. La respuesta fue tal que en tres semanas ya había alcanzado casi sesenta mil personas. Las denuncias y los testimonios inundaban el muro, las confesiones de cada una daban valentía a otras más para romper también su silencio e identificar públicamente a su agresor con nombre y apellido, aun cuando se tratase de personajes públicos, como conocidos artistas y activistas.

Pronto la autocompasión dio paso al compañerismo, el compañerismo a la catarsis y la catarsis a la rabia. El objetivo “manifestación” se desdibujó tanto entre las arengas, los llamamientos a la autodefensa, al escrache, al intercambio de recursos e información empoderadora, que se tuvo que crear un nuevo grupo virtual, específico para las cuestiones operativas de la marcha.

Los reclamos identitarios no se hicieron esperar. Un espectro casi kitsch de posturas se abrió como un abanico antes desconocido para las feministas institucionales, incluso para las más combativas, con base en la calle: las pacifistas, las que le tienen terror a la palabra feminista, las fujimoristas, las que reivindican a la mujer en tanto su rol de madre, esposa, hermana o hija; las pro-vida, que claman “Ni una menos desde el vientre”; las que dan me gusta a los testimonios hasta que uno de sus amigos es denunciado; las católicas indignadas ante las cachetadas masculinas, pero indiferentes a las condiciones de horror en las que se practican los cientos de miles de abortos clandestinos en las siniestras ‘clínicas de Atrazo Menstrual´ –las calles del centro de Lima están plagadas de flyers y afiches que ofrecen la solución a un embarazo no deseado y en los que la palabra ‘atraso’ se escribe con z. Se trata de consultorios médicos clandestinos `low cost´ en los que se practican abortos en condiciones de insalubridad e inseguridad que atentan gravemente contra la salud de las pacientes. La inmensa mayoría de mujeres peruanas no puede darse el lujo de pagar entre 600 y 800 dólares en una clínica privada–. A estas se suman los hombres bienintencionados, explicando el camino que debería seguir la lucha feminista, las entusiastas de la pena de muerte para los violadores y un largo etcétera cada día más múltiple y diverso.
De ser una iniciativa considerada graciosa y simpática cuando era sólo una plataforma “contra la violencia de género”, cuando el acoso y la autodefensa entraron en las discusiones ‘Ni Una Menos’ pasó a ser referida como una ”jaula de locas furiosas” y “feminazis fuera de control”

En medio de esta lluvia de información, el fenómeno del ‘victim shaming’ o culpabilización de la víctima no se hizo esperar. Polémicas en redes, bloqueos, eliminaciones, bandos. De haber empezado como una iniciativa considerada graciosa, simpática y a la que sumarse sin arriesgar mucho cuando era tan sólo una plataforma “contra la violencia de género”, una vez que el acoso, la autodefensa y el debate sobre el consenso empezaron a ser temas comunes en las discusiones ‘Ni Una Menos’ pasó a ser referida como una “jaula de locas furiosas” y “feminazis fuera de control”, especialmente por personajes de las redes sociales como la modelo Adri Vainilla, que utilizaron argumentos como estos para defender a amigos sobre los que pesaban denuncias de acoso.

Así y todo, marcas y empresas de toda ralea, incluyendo a las que no permiten sindicarse a sus trabajadoras o las que no reconocen sus permisos de maternidad, se sumaron a la causa, junto al Poder Judicial y los medios de comunicación más recalcitrantes. La marcha del 13 de agosto sumó, además, 24 ciudades del mundo en acciones simultáneas de apoyo. Medio millón de personas marchando es mucha, muchísima gente. Tanta que, entre ella, para estupefacción de las agredidas, podía encontrarse a sus mismísimos agresores, algunos de ellos operando in situ con tal desparpajo, escudados en su uniforme de policía. Tras la marcha, en efecto, las redes sociales ardieron de denuncias a cerca de los lentos repasos que los efectivos policiales dedicaron con la mirada a las manifestantes, casi siempre acompañados de un “qué rica estás”.

Ni Una Menos consiguió una presencia avasalladora en las calles y en los medios. Y sin embargo las cifras de violencia contra la mujer y feminicidio se han incrementado tras la marcha. Milagros Rumiche, inspirada en el movimiento, decidió denunciar el sistemático abuso que recibía del padre de su hijo. La policía recogió el parte y ni siquiera citó al denunciado para interrogarlo. Hoy Milagros yace desfigurada y entubada en la cama de un hospital, pero la médico forense determina que sólo ha sufrido lesiones leves, siguiendo a pies juntillas la ley que dictamina que sólo si la agresión postra a la víctima durante más de 15 días pasaría a tratarse de lesiones graves. El criminal se encuentra ‘no habido’ (no localizado).

La hipocresía peruana, herencia de un pasado cortesano y virreinal, empieza a dar señales de haberse tornado en esquizofrenia. Acosadores marchando contra el patriarcado, fiscalías acariciando una causa con la mano y dándole patadas con los pies, empresas imprimiendo camisetas de Ni Una Menos que reparten trabajadoras en regímenes laborales escandalosos. Los primeros ya cuentan con una segunda cita a la que asistir para manifestarse, Ni Uno Menos, el 3 de septiembre. ¿Sus demandas? Las de siempre: que sus novias aprendan a cocinar “como sus viejitas” –un tipo acaba de destrozarle la cara a ladrillazos a su esposa por servirle la comida “muy picante”–, el derecho a propinar una buena golpiza en caso de infidelidad o sospecha de infidelidad y un extravagante “No + mujeres violadoras”, para darle color al asunto. Las feministas, en cambio, lejos de conformarse con no ser golpeadas, parecen haber agudizado su órgano detector de prácticas patriarcales y empiezan a hablar de reinvindicaciones trans, de rebelarse contra el capitalismo y aseguran siempre haber sabido, eso sí, que la Pachamama es feminista.

 

Vista previa del vídeo Encuentro Feminista Perú de YouTube

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FSM 2016: coger impulso para un otoño de acción

Tue, 23/08/2016 - 09:00

Cuca Hernández - Adoración Guaman – ATTAC España

La ciudad de Montreal ha sido durante una semana (del 8 al 14 de agosto) el lugar de encuentro de miles de activistas llegados desde centenares de movimientos sociales y organizaciones para participar en el Foro Social Mundial. Desde su primera edición, celebrada en Porto Alegre en el año 2001, el foro sigue persiguiendo el desafío ser un espacio de reunión para promover la convergencia de luchas y alternativas así como el desarrollo de redes de acción y solidaridades. En esta edición, la número 12, se enfrentaba un reto adicional ya que, por primera vez, una ciudad del norte actuaba como anfitriona y esto ha marcado claramente el contenido y desarrollo de un encuentro menos global y más americano que en las ediciones anteriores pero con un potencial reivindicativo enorme.

La menor presencia de activistas del sur, incluso de Europa ha sido notable. A esto ha contribuido no solo el coste del desplazamiento sino fundamentalmente la denegación de 230 visados a activistas de países como la República democrática del Congo, Marruecos, Irán, Haití, Nigeria y Nepal, Benín, Brasil, Burkina Faso, Ecuador, Ghana, Mali, Palestina, Togo… A pesar de las cartas de protesta y de las diferentes acciones desde las organizaciones participantes del Foro, se mantuvo la negativa de una cantidad enorme de visados por lo que muchos talleres y debates tuvieron que ser suspendidos o modificados. Sus protagonistas, con invitación oficial desde la organización del Foro, no habían sido admitidos por el Gobierno en territorio canadiense. La imposibilidad de que el FSM haya sido realmente mundial por unas políticas migratorias restrictivas y claramente discriminatorias ha sido una de las grandes carencias del foro y ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la conveniencia de mantener estos encuentros en el sur a sabiendas de que esta solución es solo un parche y que el objetivo debe ser la lucha por el derecho a la movilidad humana sin distinción de nacionalidades. Por otro lado, en esta ocasión no se ha realizado una Asamblea de Movimientos Sociales y muchas voces han echado un falta un contenido más político y de denuncias contundentes respecto de situaciones como el golpe de Estado en Brasil o la denegación de las visas. No obstante, a pesar de sus límites y debilidades, el Foro Social Mundial (FSM) sigue siendo el mayor espacio de encuentro, de intercambio y de debate, a nivel internacional, de aquellos actores que se oponen al modelo de globalización neoliberal.

Así, marcado desde su inicio por la polémica de los visados, el FSM comenzaba con una gran manifestación de apertura donde ya se notó la gran implicación de los movimientos de Montreal. A partir de ese momento se sucedieron durante tres jornadas más de 1200 talleres, veinte grandes conferencias y 26 asambleas de convergencia para la acción en las que han debatido miles de personas (no hay acuerdo sobre el número total entre la organización y los movimientos presentes, oscilando entre las 50.000 y las 12.000). De cada una de las asambleas, con mayor o menor elaboración, ha surgido un documento con diagnósticos y propuestas para la acción conjunta, que son sin duda uno de los grandes logros del foro. Por añadidura, aunque se han dividido los lugares para el trabajo en la convergencia en 26 ejes, los resultados han demostrado que en la gran mayoría de ellos las propuestas han sido coincidentes y que hay grandes temas (como la justicia fiscal, el rechazo a los tratados comerciales, la lucha contra la austeridad, contra el poder de las multinacionales…). Además, y aun respetando la necesaria identidad e independencia de cada lucha, el Foro ha demostrado como la apuesta por la transversalidad es clara y como la suma de luchas y alternativas es la solución más veces señalada.

La participación de ATTAC Global y las actividades propuestas por ATTAC España se han focalizado en dos de las asambleas de convergencia, la relativa a la justicia fiscal y la que ha aglutinado las luchas frente a los tratados de comercio, al extractivismo y frente al poder de las multinacionales.

En la asamblea “Desarmar las finanzas y lograr una justicia fiscal” se evidenció la necesidad de una moratoria de la deuda pública, de auditarla y reestructurarla, pero no sólo. Es igualmente necesario reducir las rentas del capital con la imposición de impuestos globales, como un impuesto a las transacciones financieras que no solo sirva como forma de recaudación, si no también como una forma de control de la especulación financiera. No se trata de un objetivo imposible ya que como vimos a lo largo de la asamblea existen ejemplos, Bolivia, donde se está aplicando. Desde 2011, diez países de la Unión Europea entre los que se encuentra el Estado Español, están negociando la aplicación a determinadas operaciones de un limitado impuesto a las transacciones financieras. De hecho 10.000 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de más de 20 países, algunas de las cuales estuvieron en el foro, han firmado una carta conjunta de cara al lanzamiento de la campaña “The Time Is Now” (www.thetimeisnow.eu),  en la que exigen a los respectivos Jefes de Gobierno no ceder ante la presión del sector financiero, que amenaza con hacer descarrilar la iniciativa.

La propuesta de consenso, siempre compleja, es la apuesta por lograr una política fiscal progresiva a la que someter a las multinacionales y que permita la forma de reparto justo de la riqueza mundial, garantizando que lo recaudado se invierta en servicios públicos para resolver desigualdades. Para ello, una premisa indispensable y comúnmente aceptada es la desaparición de los paraísos fiscales que agravan la crisis financiera, son un instrumento de desestabilización económica de los estados, y contribuyen a crear desigualdades y pobreza. Desde ATTAC se ha propuesto la creación de un día de lucha contra los paraísos fiscales, que muy probablemente será el próximo día 3 de abril, aniversario de la salida a la luz de los papeles de Panamá.

Aunque la injusticia fiscal y la desigualdad han tenido su propia asamblea, han sido uno de los temas transversales de todos los espacios, poniendo en evidencia que mientras la pobreza crece en el mundo, la concentración de la riqueza es cada vez mayor. Como dijo uno de los ponentes de una de las conferencias “antes de la crisis el número de personas que poseen la  misma riqueza que el 50% más pobre cabían en un avión, ahora caben en un autobús y si seguimos así podrán ir en bicicleta”.

Bajo el lema “los pueblos y el planeta antes que el lucro” se desarrollaron un amplio conjunto de actividades, dos reuniones de estrategia y una asamblea de convergencia. El encuentro de tantas luchas tuvo como objetivo el favorecer una articulación aún mayor entre los grupos y movimientos que combaten el extractivismo en pro de la justicia social, de la defensa del territorio y el respeto a los derechos humanos; que atacan la arquitectura de los acuerdos de libre comercio e inversiones y sus impactos, en particular sobre los servicios públicos, el trabajo decente y la soberanía alimentaria; que desafían, a cada paso, el poder de las transnacionales y su lógica de lucro a costa del interés público, y que luchan por acciones decisivas por el clima y una transición justa. En el marco de esta asamblea tuvo una participación especialmente destacada ATTAC Global, de la que forma parte ATTAC España. En concreto se organizó y participó en dos talleres sobre los tratados comerciales y en particular el CETA. El resultado de estos encuentros ha sido especialmente enriquecedor. En el primero de ellos tuvimos la oportunidad de estudiar a fondo el contenido del CETA con expertas de Europa y de Canadá, provenientes de distintas disciplinas y movimientos, lo que nos ha permitido mejorar las estrategias posibles de lucha y establecer contactos futuros para que ATTAC colabore con otros movimientos contra el CETA, en concreto con The Council of Canadians, en publicaciones sobre el Tratado. La segunda de las participaciones de ATTAC España tuvo lugar en el taller sobre estrategias y alternativas contra estos tratados. En el mismo tuvo una especial relevancia la reivindicación de las luchas contra los “otros tratados”. Reivindicamos, con las compañeras de ATTAC Marruecos, ATTAC Francia y ATTAC Quebec la existencia de una red cada vez extensa y compleja de acuerdos comerciales y tratados bilaterales de inversión o de asociación económica, en vigor o en vías de negociación. Se trata de un conjunto de tratados que llevan décadas tejiéndose en dirección norte-sur y que no son sólo instrumentos de regulación comercial, sino elementos ya imprescindibles de la política exterior de la Unión Europea. En este sentido, es importante recordar que la UE ha negociado y está negociando de forma intensa tratados comerciales de diverso tipo con el resto del mundo y que todos merecen ser denunciados y combatidos.

El Foro ha sido un momento importante para el encuentro y articulación de luchas, para compartir experiencias y para generar ilusiones. Se ha puesto de manifiesto cómo al calor de las campañas contra los tratados comerciales se está tejiendo una amplia red de resistencias que muchas han calificado como un renacer del movimiento antiglobalización. Estamos las puertas de un otoño de acción importantísimo, a lo largo del cual el rechazo al CETA y al TTIP tiene que conjugarse con la lucha contra el resto de tratado comerciales que someten a los países del sur, contra los paraísos fiscales, en defensa de los servicios públicos, contra el extractivismo, las políticas de precarización y empobrecimiento… tenemos como horizonte el fortalecer iniciativas como la campaña global para desmantelar el poder de las multinacionales que tendrá en octubre un encuentro fundamental en Ginebra donde también participará ATTAC España. En el Foro hemos cogido impulso, seguimos!

Montreal, Agosto 2016

Adoración Guaman

Cuca Hernández

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“El Foro Social Mundial prepara una lucha global contra los paraísos fiscales”

Tue, 23/08/2016 - 07:00

Entrevista a Cuca Hernández – Vicepresidenta de ATTAC Madrid

Sato Díaz - cuartopoder.es

Cuca Hernández, vicepresidenta de ATTAC Madrid, atiende a cuartopoder tras llegar del Foro Social Mundial de Canadá. / S.D.

Cuca Hernández, vicepresidenta de ATTAC Madrid, atiende a cuartopoder tras llegar del Foro Social Mundial de Canadá. / S.D.

Unas 50.000 personas de movimientos y organizaciones sociales y políticas de más de 125 países de todo el mundo se han dado cita en Montreal, Canadá, desde el pasado 9 de agosto al 14, con motivo de la celebración allí este año del Foro Social Mundial. El movimiento altermundista, que nació en Porto Alegre, Brasil, hace 14 años, cuando se celebró la primera edición de este foro, ha celebrado durante estos días unas 1.300 actividades de distinto formato y temática. Se ha debatido sobre alternativas económicas al capitalismo en crisis, sobre la democratización del conocimiento, la cultura de paz, descolonización, derechos de la naturaleza o sobre cómo combatir el racismo, la xenofobia, el patriarcado y el fundamentalismo, entre otros muchos asuntos de relevancia global. Un Foro Social Mundial marcado por la negativa de Canadá a conceder visados a muchos activistas de países del sur.

Cuca Hernández (Madrid, 1953) es la actual vicepresidenta de ATTAC Madrid y está recién llegada de Canadá donde ha participado en este foro. Activista desde los 16 años, ha militado en el PCE en la clandestinidad, en sindicatos y en asociaciones de vecinos. Desde hace 7 años, participa en ATTAC, donde está especializada en temas de comercio internacional y tratados. Atiende a cuartopoder.es en una céntrica cafetería madrileña y relata su reciente experiencia en Montreal.

— Es la primera vez que se celebra un Foro Social Mundial en un país de G7, en Canadá. ¿Qué ha supuesto esta novedad?

— Normalmente los foros se hacen en países para reforzar a sus movimientos sociales y reivindicaciones. Se ha hecho en Senegal, dos veces en Túnez, varias veces también en Porto Alegre, siempre para reforzar las actividades reivindicativas o si un gobierno de izquierdas está tratando de sacar adelante propuestas, para dar apoyo. Se hizo en Montreal para reforzar las reivindicaciones en el planteamiento ecologista en contra de las arenas bituminosas y la extracción de fósiles, así como para dar apoyo a las movilizaciones de reafirmación cultural de la gente de Québec.

— Canadá ha negado la entrada al país de muchos activistas. ¿Qué ha ocurrido?

Se han negado más de 200 visados de activistas provenientes de países del sur. Ha habido muy poca presencia de movimientos asiáticos y de africanos. Dentro de la representación de ATTAC se le han denegado los visados a dos personas. También a gente de países latinoamericanos. Hay que tener en cuenta que la política de tránsito de personas de Canadá está muy influenciada por la estadounidense. En el momento que hay activistas críticos con Estados Unidos, este país puede limitar su paso incluso por cielo estadounidense, creemos que esto ha tenido mucho que ver en este problema. Nos hemos privado de mentes pensantes del altermundismo que son muy necesarias. Ha habido más presencia por contraste de representantes de pueblos indígenas norteamericanos que daban su nota de color con sus reivindicaciones. Me ha llamado la atención cómo las reivindicaciones del norte son muy distintas a las de los activistas del sur, el estado del bienestar que estamos perdiendo en los países del norte no tiene nada que ver con las reivindicaciones provenientes de los países del sur. Resulta a veces gracioso ver las reivindicaciones de derechos del norte con otras luchas de una magnitud distinta, como la gente que lucha en la selva de Ecuador contra Chevron y Texaco.

— ¿Qué reivindicaciones principales se han tratado en esta edición del Foro Social Mundial?

— Temas transversales han sido el asunto climático, el activismo, la lucha contra los paraísos fiscales y tratados de libre comercio. En este sentido, el año pasado en Túnez estuvo muy presente la lucha de los pueblos africanos con respecto a los tratados de libre comercio con Europa. Para los países africanos es tremendamente importante que no se acabe con los aranceles porque gran parte de su economía depende de la exportación, y la eliminación de los aranceles supone un problema de recaudación. En este foro se ha hablado más de los tratados desde la filosofía de los países del norte, desde la no pérdida de derechos, de encontrar fórmulas de comercio alternativo y de intercambio directo, que no sea todo a través de las trasnacionales. Sobre migraciones se sigue reivindicando el derecho a la libre circulación de personas, el respeto a los ciudadanos en las fronteras. Es muy difícil encontrar una solución a esto cuando las fronteras se cierran cada vez más. Se ha planteado la posibilidad de que no se celebre de nuevo en países del norte el Foro Social Mundial, porque cierran las fronteras. Pero en países del sur nos veríamos con los mismos problemas. En países como Marruecos se están reproduciendo las mismas políticas de restricción de movimientos impulsados por el norte.

— El encuentro se ha desarrollado en Canadá a pocos meses de que pueda ser ratificado el CETA, el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea. ¿Se ha tratado el tema entre movimientos sociales europeos y canadienses?

— Se hizo un taller interesante con presencia de organizaciones canadienses y ATTAC desde Europa. También hubo representación del GUE, el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo. Los movimientos europeos hemos llegado tarde a la lucha contra el CETA, esa es una de las conclusiones que hemos sacado. Se ha trabajado de forma mucho más secreta que el TTIP, pero es un tratado igual al TTIP. Canadá tampoco tiene principio de precaución ni unos derechos sociales muy avanzados. Además, a nivel climático puede suponer la entrada de combustible procedente de las arenas bituminosas, algo que nos preocupa y que no beneficia ni a los pueblos de Canadá ni a los europeos. Los movimientos ecologistas de allí temen que esto se lleve a cabo. La salida de ese combustible hacia Europa puede suponer una intensificación de la producción en Canadá. Otra cosa que se ha comentado es la negativa de los movimientos a un oleoducto entre Estados Unidos y Canadá, a lo que se ha negado el estado de Québec.

cucahernandez3— ¿Cuáles son los aspectos más negativos de este tratado entre la Unión Europea y Canadá para la población?

— Un 90 por ciento de las empresas multinacionales estadounidenses tienen también sede en Canadá, por lo que los esquemas y los beneficiados son los mismos que con el TTIP. La desprotección del consumidor va a estar patente con este tratado. Europa tiene unas normas muy estrictas, por ejemplo, en cuanto al etiquetado de alimentos, que no se cumplen en Canadá ni en Estados Unidos. El principio de precaución tampoco se cumple allí. Este principio obliga a las empresas a demostrar que un producto es inocuo antes de que salga al mercado, y en Estados Unidos y Canadá un producto puede salir al mercado si no hay una prueba fehaciente de que es dañino. Por lo tanto, el producto puede salir al mercado y luego le corresponde al estado retirarlo si demuestra que es dañino. Esto produce unos costes económicos enormes para el estado y unos costes en salud tremendos para la ciudadanía. Un producto se demuestra que es dañino porque ha generado algún daño a personas, y estas personas tienen que demostrar que ese perjuicio ha sido consecuencia de ese producto en concreto. Ese modelo de precaución desaparecería en Europa. Esa desaparición la contemplamos tanto en el CETA como en los documentos filtrados del TTIP.Estos tratados están por encima de las constituciones. Si Canadá, quisiera implantar este principio de precaución, se encontraría por un lado con el Consejo de Cooperación Reguladora que frenaría la posibilidad de implantar la ley, y posteriormente con las posibles demandas de empresas a través del Mecanismo de Resolución de Conflictos entre inversores y estados. Este mecanismo da potestad a las empresas para demandar a los estados cuando una ley perjudica sus aspiraciones de lucro. Y el Consejo Reguladora son funcionarios no elegidos a los que tienen acceso los lobbies empresariales. Es un atentado contra las decisiones democráticas de los estados.

— ¿Le queda tiempo a la ciudadanía para intentar paralizar este acuerdo?

— Vamos fatal de plazos porque a mediados de octubre hay un Consejo Europeo y va a venir el presidente de Canadá para ratificar la firma. Lo tiene que ratificar cada país supuestamente, pero han hecho un truco. La Comisión Europea decía que el tratado no era mixto, que es un tratado a nivel europeo, pero muchos países querían la ratificación en cada uno de los parlamentos. Ahora han dicho que es mixto, pero las cuestiones que afectan a la Unión Europea en su conjunto entrarán en vigor cuando lo ratifique el Parlamento Europeo, el cual lo puede ratificar a finales de este año o enero del 2017. En el momento en el que se ratifique entrará en vigor, y cuando un parlamento diga que no, se paralizará en ese estado, pero el Mecanismo de Resolución de Conflictos hace que siga en vigor durante tres años.

— ¿Qué opciones reales hay de paralizar este acuerdo?

— Pocas. En estos momentos necesitamos que el Parlamento Europeo diga no, aunque sea solamente porque lo deja sin atribuciones y merma mucho su capacidad de decisión política. También está la esperanza de que gobiernos de izquierdas se planten en el Consejo Europeo, pero esa esperanza es débil. Yo espero que las contradicciones mismas de los socialdemócratas que han puesto unas líneas rojas que no se cumplen en el CETA les hagan reconsiderarlo. Entre otras cosas, el Mecanismo de Resolución de Conflictos, que es el Sistema de Corte Internacional, no responde a lo que propusieron los propios socialdemócratas. Esperemos que esa misma división se mantenga en el Parlamento Europeo

.— ¿Cuál de todas las actividades del Foro Social Mundial le ha parecido más innovadora?

— No he estado en todas, había 1.300 actividades programadas. Attac ha presentado 20 talleres y tres grandes conferencias. ATTAC se ha centrado en la justicia fiscal. Se sigue pidiendo también la auditoría de la deuda en todos los estados. Esa medida es realizable, no es el fin del mundo, en Ecuador se planteó la auditoría y bajó el precio de la deuda. En los últimos años se ha demostrado que las deudas de Grecia, España o Portugal han aumentado no por el gasto, sino por las necesidades de los bancos y los mercados financieros. También se ha propuesto aumentar la recaudación por impuestos y se ha hablado sobre que los impuestos a las transacciones financieras se pueden aplicar; Bolivia lo ha hecho y ha mejorado económicamente. La propia Unión Europea lo está estudiando, aunque es muy remolona. Otra de las cosas que habló Attac es la incidencia en el CETA del brexit. Este hecho político tendría que haber cambiado las negociaciones, la Unión Europea y el Reino Unido serán sujetos políticos distintos. El CETA está sin cerrarse porque una de las reivindicaciones del Reino Unido era el tema de los mercados financieros, porque la City londinense es uno de los mercados más importantes a nivel global y se van a quedar con un volumen de negocio mucho menor al salir de la Unión Europea.

— ¿Qué papel está desempeñando el Estado español en la negociación del CETA?

— El Gobierno en funciones español está metiendo prisas a la Unión Europea para que se ratifique el CETA, para que se ponga en marcha cuanto antes, lo cual se sale de sus atribuciones totalmente y si no lo remediamos tendremos un presidente del Gobierno en funciones que en el Consejo Europeo de octubre va a ratificar el CETA. Attac presentó hacer un día de lucha global contra los paraísos fiscales. Se quiere que durante un día la lucha global se centre contra los paraísos fiscales, un tema que está en el candelero tras la aparición de los ‘papeles de Panamá’. Es un tema que ATTAC lo lleva peleando siempre, ahora mismo hay una mayor conciencia sobre lo que supone el tema. Desde el Foro Social Mundial estamos preparando esta jornada de lucha global contra los paraísos fiscales, y se celebrará el 3 de abril, por la conmemoración de la aparición de los ‘papeles de Panamá’, o el 10 de junio, a medio año de distancia del Día Internacional de los Derechos Humanos, por contraposición.

— ¿Cómo ha visto la salud de los movimientos sociales a nivel global?

— Creo que los movimientos sociales a nivel global gozan de muy buena salud. Han participado unos 50.000 participantes en el foro, de muchos países. Ha habido gente muy joven demostrando que está involucrada en movimientos y luchas muy distintas y muy importantes. Tenemos mucha gente muy preparada trabajando para demostrar que otro mundo es posible, y la lucha global altermundista tiene ahora más sentido que nunca. Los movimientos sociales de todo el mundo tienen una muy buena salud.

— ¿Qué les pasa a los movimientos sociales en España?

— En España es verdad que hemos estado paralizados con este ciclo electoral tan largo. Hemos abandonado las calles y eso no puede ser. Las cosas se cambian trabajando, en el tú a tú entre ciudadanos, con el activismo desde distintos puntos, en sindicatos, en asociaciones de vecinos, en organizaciones. Creo que en España los movimientos sociales se han desinflado durante el ciclo electoral, pero preveo un otoño muy caliente. Va a haber muchos temas por los que movilizarse este otoño. Vamos a tener un otoño de movilizaciones a nivel global. De momento, estamos preparando una serie de movilizaciones contra el CETA y el 15 de octubre haremos una gran manifestación que estará compartida por la protesta contra la pobreza del Día Internacional contra la Pobreza.

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¿Tú te pondrías un burkini?¿Tu obligarías a tu hija de 13 años a ir con velo siquiera a misa?

Mon, 22/08/2016 - 07:00

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

Lo de la defensa del Burkini de forma irresponsable por parte de “modernos” occidentales, haciéndolo de forma indiscriminada, es una solemne tontería, fruto de nuestro liberalismo decadente y poca solvencia ideológica. La izquierda laica, lo es con todas las religiones y si exigimos a la Iglesia Católica no injerencia política y denunciamos sus imposiciones, el velo islámico es una imposición contra la mujer en la mayor parte de los casos. Además de esta forma no apoyamos a las feministas árabes, perseguidas y asesinadas muchas de ellas. Lo del burka o nikab es una imposición tribal y religioso-fascista contra la mujer. No está claro que sea propiamente del islam. Es como si la iglesia católica obligará a las mujeres a ir con velo y cubiertas hasta los pies, (de hecho lo hizo y fue combatida por los republicanos laicos, Liberales consecuentes, feministas y la izquierda).
Nos rebelaríamos todos si los curas volvieran a golpear en los colegios o discriminar a las niñas.

La mujer musulmana está sometida a una tremenda presión y violencia estructural. Parece mentira que “progresistas” defiendan el burkini. Una cosa es prohibirlo y otra jalearlo. Seguramente las personas que lo hacen ni conocen el mundo arabo-musulmán rigorista ni a a musulmanes radicales, yo sí. La verdad no deseo a ninguna mujer vivir en ese ambiente. Por favor no habléis de libertad. Si nos podemos reír y lo hago de las monjas y denunciar los curas y lo hago, los musulmanes rigoristas también deben ser objeto de nuestras denuncias. Hay que ser solidarios ya de una vez con los árabes progresistas y de izquierdas y laicos que están siendo masacrados por el ISI y sus satélites e incluso musulmanes no radicales.
El socialismo es satán y la izquierda es el diablo, tanto para un musulmán ortodoxo como para un cura de los años cuarenta del siglo pasado era un republicano o un rojo.

Nasser, el gran y lúcido líder egipcio, socialista y antimperialista encarcelaba a los Hermanos Musulmanes ¿Por qué?

Los árabes de izquierdas están siendo perseguidos, asesinados y prohibidos en muchos países musulmanes. El otrora importante movimiento socialista árabe y laico a sido masacrado entre Arabia Saudita, el islam rigorista, los Hermanos Musulmanes, Israel y la CIA en santa alianza.

Vamos a comenzar a ser sensatos de una vez y de paso solidarios con las hermanas y hermanos socialistas árabes y dejar de reír las gracias a los fascistas religiosos, sean de la religión que sean, también del islam rigorista.

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Más pobres, indigentes y desempleados para bajar la inflación. ¿Qué hay de la pobreza cero?

Sun, 21/08/2016 - 07:00

Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España

Buenos Aires, 13 de agosto de 2016

La inflación medida por el INDEC a julio del 2016 marca 2% y por encima de ese registro está el rubro alimentos y bebidas con el 2,7%. Es un dato relevante ya que para los más pobres es lo último que se deja de comprar y por ende, entre los sectores de menores ingresos se encuentran los mayores perjudicados por la evolución de los precios.
Alimentos y bebidas tienen incrementos que llegan al 38% en un mes. Entre los que más subieron están los aceites, lácteos, frutas y verduras, muchos de los cuales son parte, o debieran serlo, de la dieta cotidiana.

Por encima del promedio se encuentra el esparcimiento con un 5%, especialmente el turismo de las pasadas vacaciones de invierno, dejando claro que los pobres no tienen espacio para la diversión, el descanso o el paseo.
La salud (2,1%) y la educación (2,4%) marcan una evolución de precios por encima del promedio.

Desde el gobierno se mira la tendencia a la baja de una inflación medida por el INDEC en registro descendente desde mayo (4,2%), junio (3,1%) y ahora en julio (2%), a costa claro de ajustar hacia abajo según capacidad de los ingresos de la mayoría de la sociedad.
La anualización de la inflación, de julio a julio está por encima del 45% según que medición se tome, ya que el INDEC discontinuó su información y solo tenemos datos desde mayo pasado. El ente de la ciudad de Buenos Aires indica un 47% entre julio del 2015 y del 2016.

Para el presente año, la proyección rondará el 40%, solo si se mantiene la tendencia descendente de los últimos informes del INDEC.
Indigencia, pobreza y desempleo

Crece la pobreza, la indigencia y el desempleo a contramano de la promesa oficial de bajar a cero la pobreza. En ese sentido son varias las consideraciones a realizar.

Una proviene de la actualización de la pobreza del Observatorio social de la Universidad Católica, que indica un avance de la indigencia del 5,3% en diciembre del 2015 a 6,2% para fines del primer trimestre del 2016, sumando 400 mil nuevos indigentes.
El dato de la pobreza pasa de 29% en diciembre pasado a 32,6% a marzo del 2016, incrementando en 1,4 millones la cantidad de pobres para un registro absoluto de 13 millones de pobres sobre 40 millones de habitantes.

Puede deducirse un agravamiento de la situación desde entonces, con la inflación de abril del 6,5% y los registros del INDEC entre mayo y julio (4,2%; 3,1% y 2%), que aun con tendencia a la baja, contrastan con ingresos populares mayoritariamente congelados o actualizados en valores menores a esa evolución de los precios.
Es muy probable que la pobreza e indigencia siga degradando la condición de millones de personas en el país, agravando los problemas estructurales al respecto.

A ello debe sumarse el creciente desempleo o pérdidas de ingreso por suspensiones que motoriza la recesión económica.
Son muchos los empleos perdidos en el sector estatal y privado de la economía con bajas del nivel de actividad económica de la producción manufacturera que registra la Unión Industrial Argentina, del 9% para el mes de julio pasado, y en el mismo sentido la baja informada por la Cámara de la Construcción y que también se verifica en el sector comercial, con un combo de menores ventas y producción, coherentes con menor consumo y mayor desempleo. La recesión es un dato de la realidad.

Los ingresos previsionales se actualizan dos veces al año en un registro anual del 30% contra una inflación anualizada del orden del 45% y una tendencia a cerrar el año en torno al 40%, lo que supone una pérdida proyectada mínima de 10%.
Ni hablar del salario mínimo, que llegará a 8.000 pesos en enero del 2017 contra una canasta actual superior a los 19.000 según miden los trabajadores estatales del INDEC.

Crece la pobreza, la indigencia, el desempleo y se deteriora la calidad de vida de la mayoría de la población por la pérdida de ingresos contra aumentos del costo de vida.
El resultado económico social está a contramano de la promesa oficial para lograr pobreza cero.

La ilusión de salir de pobre en la disputa política

Parece una obviedad señalar que un gobierno que es expresión del capital más concentrado solo tiene políticas para recomponer la tasa de ganancia de los sectores económicos hegemónicos.

Aun siendo así, vale señalar la iniciativa ideológica propagandística gubernamental para justificar la situación de la política actual transfiriendo la responsabilidad a la herencia por los efectos actuales de su política y convocar a un imaginario de soluciones a futuro.
En ese plano bien vale interrogarse el hasta cuándo será aceptada la responsabilidad heredada por la historia reciente y cuando empieza el futuro de cosecha para salir de pobre a la mayoría de la población.

Son preguntas sin respuestas que escenifican la política actual en la disputa del consenso social. Es parte del discurso que actúa sobre el descontento en la gestión kirchnerista para generar sentido común favorable a la política oficial.
El gobierno seguirá prometiendo pobreza cero a futuro para facilitar consensos a sus propósitos de inserción dependiente del capitalismo local, con el límite de la protesta social que es extensa y fragmentada, sin por ahora existir síntesis política que pueda otorgarle fortaleza al movimiento popular en la confrontación con el objetivo de las clases dominantes.

Junto al gobierno disputan el consenso diversos proyectos de la oposición política, cuyos matices explicitan variantes en la gestión del capitalismo, e incluso algunos de ellos entran y salen en la dinámica de protesta social contra el ajuste y especialmente los tarifazos.
Vale la consideración para no engañarse sobre algunos proyectos políticos que a veces pueblan la protesta social sin sacar los pies del orden capitalista y hacer lo posible o permitido según la correlación de fuerzas.

Es una realidad que convoca a pensar la necesaria autonomía del movimiento popular sobre el proyecto de las clases dominantes y sus múltiples mediaciones organizacionales (partidos, sindicatos, otros), instrumentales (coaliciones, ong, etc.), mediáticas e intelectuales (periodistas, comunicadores, etc.).
Una nueva síntesis política de la protesta social y la aspiración por una nueva propuesta política popular constituye la asignatura pendiente de nuestro tiempo.

 

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Marea Blanca 47

Sat, 20/08/2016 - 07:06

Marea Blanca

Domingo, 21 de agosto de 2016, a las 12 h. en el Ministerio de Sanidad.

Sanidad Universal, ¡Sí!

Unidad Gestión Clínica, ¡No!

¡Ni un paso atrás!

Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) – Marea Blanca

mareablanca

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Siete eufemismos del libre comercio

Sat, 20/08/2016 - 07:00

El Salmón Contracorriente - Diagonal

Un listado de eufemismos del TTIP y el CETA para ‘entender’ cuáles son las ‘bondades’ que hay que abrazar y las ‘barreras’ para eliminar.

Protesta contra el TTIP en Hanover, en abril de 2016.

Protesta contra el TTIP en Hanover, en abril de 2016.

Tras las filtraciones de Greenpeace y su impacto social y mediático, las instituciones europeas y los medios liberales se han visto obligados a explicar en qué consisten esas cosas raras llamadas TTIP o CETA. Para ello utilizan una gran variedad de eufemismos positivistas que nos hacen “entender” las bondades del maravilloso libre comercio y otros negativos que nos muestran cuáles son las ‘barreras’ que hay que derribar.

Armonización

Como si se tratara de buscar la sintonía perfecta entre las normativas europeas y estadounidenses, la palabra ‘armonización’ es usada por los pro-TTIP para referirse al proceso por el que las distintas legislaciones, normativas y controles se igualan para que no haya diferencias entre las dos partes. Lo que no suelen explicar es que las grandes multinacionales y lobbies que tienen normativas más permisivas en su país no tienen la intención de dejar que aumenten esos controles, por lo que queda claro –y más viendo otros tratados firmados anteriormente– que esta armonización es un bonito eufemismo para referirse a “igualar a la baja”.

Barreras no arancelarias

Como si de un summum de eufemismos negativos se tratara, este concepto combina tres palabras que ya de por sí tienen connotación negativa. Esta técnica es usada para que el receptor entienda que de lo que se está hablando es de algo muy malo y que se tiene que eliminar. Pero lo que se esconde tras las “barreras no arancelarias” son legislaciones como la que prohíbe el uso de sustancias que no se haya probado que no son cancerígenas, las denominaciones de origen o los controles fitosanitarios. Para un comercio totalmente abierto, todo lo que sea una “barrera” para las mercancías es algo malo que se debe eliminar, incluida nuestra salud.

Normas proteccionistas

A las “barreras no arancelarias” también se les puede llamar normas proteccionistas. Utilizar el término ‘proteccionista’ con connotaciones negativas ha sido repetido y normalizado por el neoliberalismo. Para los defensores del libre comercio, los gobiernos no deben “proteger” sus mercados, sus empresas, su naturaleza ni a su población, porque el “proteger” está en contra del sagrado libre comercio.

Burocracia fronteriza

La palabra ‘burocracia’ siempre ha llevado la connotación de papeleo innecesario y trabas a algo que debería ser sencillo. Los defensores del libre comercio utilizan este término para hablar de los controles fronterizos que necesitan pasar las mercancías, para evitar, por ejemplo, que pollos bañados en cloro lleguen a nuestras mesas. Es bastante increíble que la UE o EE UU, donde para poder entrar o residir necesitas realizar bastante más que interminables trámites burocráticos si eres migrante, insistan en eliminar esa otra “burocracia fronteriza”.

Tribunales arbitrarios independientes privados

¡Toma ya! Nos superamos con un eufemismo de cuatro palabras. Los tribunales privados incluidos en los tratados de libre comercio deciden sobre los litigios entre empresas y gobiernos. Este concepto, más que un eufemismo, puede considerarse un oxímoron, ya que decir que algo privado que tiene que mediar entre gobiernos y empresas es ‘independiente’ cuesta de creer.

Cooperación reguladora

Como suele ser normal en el uso de los eufemismos, aquellos que los usan se apoderan de palabras tan positivas como ‘cooperación’ para esconder que tras esta ‘regulación’ sólo se encuentra la cooperación entre multinacionales y funcionarios de la Comisión Europea que nunca han sido votados. El “consejo de cooperación reguladora” de estos tratados pretende que estos actores sean los que puedan “cooperar” para modificar las leyes a medida que les vaya haciendo falta.

Productos de tecnología agrícola moderna

Con los transgénicos hemos topado. A pesar de que la mayoría de los expertos reconocen que el hambre en el mundo es un problema de distribución y no de escasez, la industria agroalimentaria de los Estados Unidos puja fuerte para que los estándares de seguridad se equiparen a la baja para poder inundar el mercado europeo de alimentos, semillas, herbicidas, etc., con su correspondiente patente. Las dificultades a la llegada de maíz y soja transgénicos no autorizados en Europa representaron un duro golpe para las exportaciones estadounidenses, por lo que no descartamos nuevos eufemismos modificados ideológicamente.

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