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Justicia económica global
Updated: 4 hours 26 min ago

Las movilizaciones contra el CETA continúan a pesar del acuerdo belga

Mon, 07/11/2016 - 13:00

nuevatribuna.es

La campaña No al TTIP, de la que forma parte Ecologistas en Acción, convoca nuevas movilizaciones los días 4 y 5 noviembre para impedir la firma del acuerdo comercial UE-Canadá (CETA).

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“Desde diferentes lugares del planeta debemos seguir luchando para desmantelar el régimen internacional de comercio e inversión y poner fin a la impunidad con la que empresas transnacionales cometen violaciones a los derechos humanos”

La campaña No al TTIP (que incluye a los tratados comerciales TTIP, TISA y CETA) valora de manera negativa el documento que los gobiernos federados belgas y el Gobierno federal belga consensuaron para que el propio Gobierno federal firme el CETA, acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, bajo una serie de condiciones.

De aprobarse esta declaración conjunta se autorizaría la firma del CETA. La campaña No al TTIP apunta que el ‘acuerdo’ belga no modifica el texto del tratado UE-Canadá y, por lo tanto, no resuelve las graves amenazas del CETA para la democracia y los derechos humanos.

La eliminación del mecanismo de arbitraje entre inversores y Estados sigue siendo uno de las demandas más relevantes de los gobiernos y parlamentos regionales belgas. Por este mecanismo, cualquier empresa extranjera podría demandar a un Estado ante tribunales privados internacionales a causa de las legislaciones o fallos judiciales que fueran en contra de sus beneficios.

El Parlamento de Valonia ha cuestionado la legalidad de estos instrumentos porque rompen con los principios del Estado de Derecho y ponen en peligro el derecho a regular de los Estados y Parlamentos. Jueces, fiscales y juristas europeos y canadienses han señalado en repetidas ocasiones la incompatibilidad de un sistema de tribunal de inversiones con el Derecho comunitario.

No obstante, la campaña No al TTIP aplaude un elemento recogido en la declaración entre el Gobierno federal y los ejecutivos federales: la obligación al Gobierno belga de solicitar la opinión legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al controvertido sistema de arbitraje en el CETA. Es esencial que este tribunal tenga la  oportunidad de juzgar sobre la legalidad de estos mecanismos.

El acuerdo belga ha sido enviado a las representaciones permanentes de los 28 Estados miembros de la UE, quienes se reunirán para discutir si aceptan el documento belga. La Campaña No al TTIP se muestra optimista: existen aún muchas posibilidades para impedir la entrada en vigor del tratado UE-Canadá: “Llamamos a los parlamentos regionales de Bélgica a rechazar el acuerdo y no permitir su firma”. Pero en cualquier caso, tal como recoge el acuerdo belga, los parlamentos regionales tienen la opción de rechazar el CETA en 2017 una vez que pase el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo.

Valonia tiene el respaldo de las más de 2.000 gobiernos municipales y diversos parlamentos regionales en Europa que han aprobado resoluciones de oposición al CETA.

Desde la campaña No al TTIP se continúan denunciando las políticas comerciales de la Unión Europea y se hace un llamamiento a una nueva movilización los días 4 y 5 de noviembre. Estos días se llevarán a cabo acciones de protesta en los diferentes territorios para impedir la firma del CETA.

“Desde diferentes lugares del planeta debemos seguir luchando para desmantelar el régimen internacional de comercio e inversión y poner fin a la impunidad con la que empresas transnacionales cometen violaciones a los derechos humanos”, concluyen desde la campaña.

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La vuelta de la derecha

Mon, 07/11/2016 - 09:55

Emir Sader - Público.es

La nueva ola de derecha en América latina no tardó en decir a qué vino. Los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y de Michel Temer en Brasil se dedican, única y exclusivamente, a aplicar el mismo tipo de duro ajuste fiscal que ya había sido aplicado en esos y otros países del continente, con las desastrosas consecuencias económicas y sociales que se conocen.

Para ello, tuvieron que reimponer el viejo diagnóstico, según el cual, los problemas de los países son resultado de gastos excesivos del Estado. Un diagnóstico totalmente desmentido por la forma en que en esos mismos países los gobiernos han reaccionado a los duros efectos de la crisis internacional iniciada en 2008. Se podría haber hecho lo que se hace ahora, disminuyendo notablemente los presupuestos de los recursos destinados a políticas sociales. Pero las economías latinoamericanas habrían ingresado en recesiones profundas y prolongadas, de las cuales no habrían salido, como ocurre con las economías europeas.

Sin embargo, los gobiernos de Argentina y de Brasil, con orientaciones distintas de las actuales, no se dejaron llevar por la crisis y reaccionaron en contra de la recesión, con medidas anticíclicas. Con ello pudieron sacar rápidamente a las economías de la recesión, volver a crecer, superar el desempleo y retomar la dinámica de expansión económica con distribución de renta, que hizo posible el momento más virtuoso de la historia de esos y de otros países del continente en este siglo.

Pero la derecha volvió a los gobiernos de esos países, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubieran fracasado y arrojado a los países a las peores crisis recesivas en mucho tiempo, con altos niveles de desempleo y profundas crisis sociales. Como si no se hubieran dado gobiernos que recuperaron esas economías, superaron su crisis social y desarrollaron los programas de inclusión social más amplios de su historia.

La derecha retoma el mismo diagnóstico que había llevado a los ajustes, a las recesiones, a las crisis sociales. Necesita, para ello, borrar o descalificar todos los avances logrados a lo largo de este siglo. Como si Argentina y Brasil no estuvieran mucho mejor, de todos los puntos de vista, gracias a las políticas con las que han enfrentado a la crisis.

Tratan de pasar la idea de que la crisis actual es generada por el modelo que mejor funcionó. Dicen que se habría gastado demasiado. Que los gastos en políticas sociales serían la causa del desequilibrio de las cuentas públicas. No las altísimas tasas de interés, no el pago de las deudas interna y externa, no la evasión de impuestos, no los paraísos fiscales, no los subsidios a los grandes empresarios, no la especulación financiera.

En realidad, la derecha vuelve para destruir lo que fue construido a lo largo de este siglo en los países donde logra, por una u otra vía, volver al gobierno. Su agenda es estrictamente negativa: privatización de propiedades públicas, menos recursos para políticas sociales, menos derechos para los trabajadores, más recesión, más desempleo. Más Estados Unidos en el continente y menos integración regional.

No pueden decir que son lo nuevo, porque rescatan a los viejos economistas neoliberales. Ni que van a retomar el crecimiento económico, porque ahondan la recesión. Ni que van a controlar las cuentas públicas, porque aumentan la inflación y el déficit público. No tienen nada para prometer, porque lo que hacen no tiene nada de popular, ni de democrático. Sólo pueden sobrevivir, blindados por los medios.

¿Cómo deben reaccionar las fuerzas populares frente a esa ofensiva conservadora?

Antes de todo, buscando el más amplio proceso de toma de conciencia, de movilización y de organización de los sectores populares, víctimas de las políticas de esos gobiernos. Sin eso, no será posible revertir la situación. En segundo lugar, buscar la más amplia unidad de las fuerzas opositoras, tomando como línea divisoria entre los dos campos al modelo neoliberal. Unir a todas las fuerzas antineoliberales. En tercer lugar, hacer un balance del pasado reciente, pero valorando todo lo conquistado como paso previo a la crítica de los errores. En el cuarto, finalmente, reconquistar la hegemonía de los valores que han llevado a los gobiernos progresistas a ser elegidos por la mayoría. Reelaborar los temas de la justicia social, de la democracia política, de la soberanía nacional, entre tantos otros, en los términos actuales, después de los avances de la derecha.

Como cada vez que se da una victoria política de la izquierda o de la derecha ésta es antecedida por una victoria en el plano de las ideas, hay que reimponer como objetivos fundamentales del país el desarrollo económico con distribución de renta, después de desarticular las falsedades con las que la derecha vuelve a los países de América latina.

 

Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).

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Trump y el caos teleonómico

Mon, 07/11/2016 - 09:00

Germán Gorraiz – ATTAC Navarra-Nafarroa

El “escenario teleológico” sería aquel en el que “la finalidad de los procesos creativos eran planeadas por modelos finitos que podían intermodelar o simular varios futuros alternativos y en los que primaba la intención, el propósito y la previsión”. En el supuesto de producirse el triunfo de Donald Trump en las Presidenciales de EE.UU, asistiremos a la irrupción de un “escenario teleonómico” en contraposición al llamado “escenario teleológico” vigente en la actual sociedad occidental y que vendrá marcado por dosis extremas de volatilidad que afectarán de manera especial a sistemas complejos como el Cambio Climático, la Detección y Prevención de Epidemias, los Flujos Migratorios, la Bolsa de Valores y el Nuevo Orden Geopolítico Mundial.

Trump y el cambio cualitativo

El concepto de estabilidad o equilibrio se refiere a un sistema que permanece estable aunque registre un cambio, principio que trasladado a la esfera política de EEUU y a las próximas Elecciones Presidenciales de EEUU, se traduciría en la presencia de candidatos auspiciados por la dirección de los Partidos hegemónicos en EEUU (Demócrata y Republicano) para perpetuar el estatus quo dominante, cuyas figuras visibles serían Hillary Clinton y Ted Cruz. En la orilla antónima, encontramos el concepto de cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva, tesis representada por los iconoclastas Trump y Sanders. Así, la sorpresiva irrupción en el campo republicano de un candidato independiente y refractario a la disciplina de partido como Trump, habría desatado las alarmas en el seno de las cúpulas dirigentes por lo que será asociado por el aparato mediático del sistema dominante (mass media) con el advenimiento del caos. Por caos (Khaos o “vacío que ocupa un hueco en la nada”) entendemos algo impredecible y que se escapa a la miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que se escapan de los parámetros conocidos pues nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos, con lo que inevitablemente recurrimos al término “efecto mariposa” para intentar explicar la vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se estaría gestando en EEUU de lo que sería paradigma la posible elección de Donald Trump como Presidente de EEUU en las Presidenciales de Noviembre.

Trump, la bestia negra del establishment

Wright Millsen su libro “The Power Elite” (1.956), indica que la clave para entender la inquietud norteamericana se encontraría en la sobre-organización de su sociedad. Así, establishment sería “el grupo élite formado por la unión de las sub-élites política, militar, económica, universitaria y mass media de EEUU”, lobbys de presión que estarían interconectadas mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses y dirigidas por la metafísica militar”, concepto que se apoya en una definición militar de la realidad y que habría transformado la economía en una guerra económica permanente y cuyo paradigma serían los Rockefeller al participar en los lobbys financiero, industria militar y judío y uno de cuyos miembros, David sería el impulsor de Trilateral Comission” (TC) o Trilateral(1973).Sin embargo, el biólogo Lyan Watson en su obra “Lifetide” publicada en 1.979 afirma que “ si un número suficientemente grande de personas (Masa Crítica) adquieren un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto se propagará por toda la humanidad”, para lo que es necesario que un determinado número de personas (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada , momento en que el individuo es capaz ya de realizar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad , tesis conocida como “Teoría del Centésimo Mono” y que tendría su plasmación en la sorpresa electoral de Donald Trump, candidato en principio totalmente refractario a la disciplina de partido y devenido en la “bestia negra” del establishment neocon.

Trump y la Cuarta Rama del Gobierno en EE.UU.

En una entrevista a la cadena estadounidense ABC, el futurible candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump expresó sin ambages la idea de que la “OTAN está obsoleta, no sirve para combatir el terrorismo y cuesta demasiado a EEUU”, por lo que exigió a los países europeos integrantes de la OTAN “ pasar por caja” , pues la aportación económica de dichos países europeos sería de un exiguo 2% del PIB nacional, quedando el grueso de la financiación en manos de EEUU (el 70% de cerca del Billón $ del total del presupuesto). Asimismo, en una conferencia pronunciada por Trump en la sede de la influyente revista política “The National Interest”, Donald Trump expuso las líneas maestras de su política exterior que podrían sintetizarse en su lema “Estados Unidos lo primero”, lo que de facto supondría suponer un retorno a la Doctrina Monroe (América para los americanos) el retorno al proteccionismo económico tras cancelar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México (TLCAN) y la intervención de EEUU en el llamado “patio trasero” (América Latina). Asimismo, Trump denunció la “excesiva cantidad de armamento que circula actualmente en el mundo” lo que supondría la asunción de la Doctrina del Aislacionismo de EEUU en el plano militar y la entronización del G-3 (EEUU, Rusia y China) como “primus inter pares” en la gobernanza mundial. Ello supondría un misil en la línea de flotación del complejo militar-industrial que tiene perfilado para la etapa post-Obama la recuperación del papel de EEUU como gendarme mundial mediante un incremento extraordinario de las intervenciones militares estadounidenses en el exterior (léase Nueva Guerra en Oriente Medio), por lo que no sería descartable la gestación de una trama endógena para mediante métodos expeditivos truncar la carrera política de Trump, tras lo que el VicePresidente Mike Pence asumirá la Presidencia para hacer que EEUU vuelva a la senda de las seudodemocracias tuteladas por el verdadero Poder en la sombra de EEUU (Cuarta Rama del Gobierno).

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Concentración en Gran Canaria contra la Ley del Suelo

Sun, 06/11/2016 - 13:56

CONCENTRACIÓN LEY SUELO LPGC 300

Este sábado 5 de noviembre tuvo lugar la concentración contra la Ley del Suelo que el partido del genuflexo Clavijo Ladrillo I, con la colaboración necesaria del partido antiguamente socialista y obrero, pero muy español, de la acomodada Patricia están dispuestos a aprobar, para el mayor beneficio de las empresas amigas, a las que ambas organizaciones y ambas personas tanto quieren  y a las que tanto deben, La Asociación de Comunicadores Populares de Canarias ha publicado en YOU TUBE un vídeo, para general conocimiento y satisfacción.

Como siempre digo y diré, el problema de esta Ley no es todo lo que dice, sino parte de lo que dice y lo mucho que oculta, con las “excepcionalidades” que contempla.

ASOCIACIOÓN COMUNICADORES POPULARES DE CANARIAS

lacasademitia.opennemas.com

En La casa de mi tía con la colaboración de José Guaguaero

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Cuando tiembla el centro del mundo

Sun, 06/11/2016 - 13:00

José Natanson - Le Monde diplomatique. Edición Cono Sur

Editorial

La historia está cargada de acontecimientos inesperados, y aunque en las miradas retrospectivas es fácil identificar los procesos que les dieron forma, porque los quiebres históricos siempre son resultado de un desarrollo previo y porque todos somos más inteligentes con el diario del lunes, lo cierto es que a menudo se desploman sobre nosotros con la fuerza repentina de una tormenta tropical. De la Revolución Rusa al 17 de octubre, de Pearl Harbor al Cordobazo, el siglo XX es generoso en este tipo de sucesos imprevistos. La novedad es que ya no se originan en una explosión social o una invasión extranjera sino bajo las instituciones de la democracia electoral: el Brexit, la candidatura de Donald Trump y el ascenso de la ultraderecha europea son expresiones de esta tendencia.

La explicación general quizás pueda rastrearse a la impotencia social que produce el impacto convergente de tres fuerzas poderosísimas. La primera, a su vez condición de las otras dos, es la globalización financiera, con todos sus efectos en términos de contracción industrial, consolidación de núcleos de desempleo estructural e incremento de la desigualdad. Los datos son impresionantes: las 28 instituciones financieras de importancia sistémica manejan unos 50 billones de dólares, contra un PBI mundial de unos 75 billones. Cada una de ellas dispone en promedio de 1,8 billones de dólares, contra por ejemplo un PBI de Brasil de 1,5 billones. Bajo las nuevas condiciones del capitalismo global, la forma principal de apropiación de riqueza ya no reside en la producción o el comercio de ciertos bienes o servicios sino en la especulación con finanzas, que, como sostiene Joseph Stiglitz, sirven menos para inyectar dinero en las empresas que para extraerlo de ellas. En palabras del sociólogo brasilero Ladislau Dowbor, es la cola la que mueve al perro (1).

La segunda fuerza incontrolable son las migraciones. Alrededor del 3,1% de la población mundial, unos 230 millones de personas, viven hoy en países diferentes al de su origen (2). Tan antiguas como la humanidad, las migraciones aumentan pero no registran una explosión desproporcionada como la ocurrida por ejemplo luego de la Segunda Guerra Mundial. Más cuali que cuantitativa, la novedad parece radicar en el hecho de que las nuevas tecnologías les permiten a los migrantes conservar los lazos con su patria: lejos del italiano que se despedía para siempre del pueblito que lo vio nacer, cruzaba el Atlántico y se argentinizaba, los migrantes preservan hoy –vía Skype, vuelos baratos y noticias al instante– al menos parte de su cultura y su modo de vida, lo que los dota de una “visibilidad étnica” que pone en jaque el viejo ideal asimilacionista.

El tercer factor es el terrorismo. Tampoco es nuevo, por supuesto. Pero su fase actual está determinada por la imposibilidad de una solución negociada, que en el pasado era difícil pero no imposible con organizaciones como, digamos, el ETA, el IRA o las FARC, y que hoy resulta sencillamente inimaginable con grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, cuyo objetivo es imponer el califato mundial. Contra ellos, sostiene el historiador Patrick Boucheron (3), la única alternativa es la guerra de exterminio. Pero además, a la luz de los últimos casos registrados en Francia y Estados Unidos, el terrorismo es cada vez más local y cada vez menos importado, sus causas anidan más en las sociedades nacionales que en los invasores venidos de afuera, lo que fortalece la sensación de amenaza permanente, la aterrorizante percepción de convivir con el peligro que tan rápidamente está corroyendo a las buenas conciencias occidentales.

Obviamente interrelacionadas, la globalización financiera, las migraciones y el terrorismo se presentan ante los ciudadanos, sobre todo del primer mundo, como fuerzas poderosas imposibles de enfrentar, como tendencias incontestables situadas fuera de su control. No es difícil imaginar la mezcla de frustración y bronca que esto genera en personas que desde hace medio siglo se han acostumbrado a vivir en condiciones de relativo bienestar y a salvo de cualquier catástrofe.

Algo muy importante está ocurriendo en el centro del mundo, algo que resulta difícil de capturar analíticamente pero que se hace cada vez más evidente. Quizás el mejor paralelismo, con las distancias oceánicas del caso, sea la República de Weimar, que también se agitaba por la impotencia social ante fenómenos percibidos como ajenos, la angustia ante el avance de la crisis económica y una creciente pérdida de confianza en las instituciones políticas. La transformación social acelerada caracteriza ambos períodos: si en los años 30 los cambios eran consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que propició, entre otras cosas, la incorporación de la mujer al mercado laboral, hoy la mutación es resultado del impacto económico de la globalización: el empleo industrial en Estados Unidos, por ejemplo, cayó 30% en los últimos quince años, afectado por la incorporación tecnológica y la deslocalización (4). Como no tiene mucho sentido enojarse con las computadoras, resulta hasta comprensible que los trabajadores desplazados se enfurezcan con los mexicanos.

O que mueran. Una impactante investigación de los economistas Angus Deaton y Anne Case revela que los hombres blancos adultos con bajo nivel de escolaridad (conocidos como white trash) conforman el único grupo social estadounidense cuya tasa de mortalidad, en lugar de descender como sucede con los latinos, los negros y los universitarios, aumenta, hasta casi duplicar al promedio (5). Las causas principales son, en orden de importancia, el suicidio, el alcoholismo y el abuso de analgésicos. Paradojas de la historia, se trata de la generación del baby-boom, concebida en el clima de optimismo posterior a la Segunda Guerra, que hoy protagoniza un vuelco demográfico en sentido negativo pero igual de espectacular: si su tasa de mortalidad hubiera seguido al promedio, hoy habría 500.000 white trash más en Estados Unidos. La cifra equivale a los muertos por SIDA.

Retomando el hilo del argumento, parece natural que en este clima de no-futuro las sociedades oscilen entre la apatía nihilista, el furor militante (vivimos tiempos de Bernie Sanders, Jeremy Corbin, Podemos) y el apoyo desesperado a la extrema derecha. Si lo mejor que tiene para ofrecer el Partido Demócrata es una ex secretaria de Estado millonaria financiada por Wall Street, si cada vez resulta más difícil distinguir al socialismo francés de la derecha, si, como sostiene Slavoj Žižek (6), la salida ante la crisis europea se limita a elegir entre el modelo anglosajón (adaptarse sin más al capitalismo global) o el modelo franco-germano (salvar lo que sea posible del Estado de Bienestar), ¿por qué no optar por algo distinto, pero total, completa, absolutamente distinto? ¿Por qué no votar No cuando todos recomiendan votar Sí, apoyar el Sí cuando el consenso apunta al No? Como en Weimar, cada día se amplía un poco más la distancia entre un pueblo que sufre y no termina de entender lo que ocurre –ni por qué ocurre– y una elite cosmopolita y ultravanguardista que parece vivir en otro planeta.

Sin embargo, el panorama no es el mismo en todos lados. América Latina atravesó problemas parecidos hace una década pero logró, con todos sus enormes déficits, dejarlos atrás. Los datos del Latinobarómetro, que viene midiendo de manera sistemática la confianza de los latinoamericanos en las instituciones políticas, revelan que entre 2002 y 2003 se registraron niveles mínimos de apoyo (13% de confianza en los partidos políticos, 21% en el Congreso y 28 en el Gobierno) y que a partir de allí comenzaron a recuperarse, alcanzaron su pico en 2008 y luego descendieron levemente (hoy la confianza es del 20% en los partidos, 37 en el Congreso y 34 en el Gobierno).

Habrá entonces que reconocerles a los gobiernos del giro a la izquierda que no sólo lograron mejorar la distribución del ingreso sino también inyectarle vitalidad a un conjunto de democracias que al final del largo ciclo neoliberal se arrastraban exhaustas al borde del knock out. En otras palabras, que nuestros criticados populismos pueden haber contribuido a tensionar las instituciones y en algunos casos amenazar la estabilidad económica, pero que también ayudaron a relegitimar la democracia, en un reencuentro entre sociedad y política que resultó más notable en los países que experimentaron un giro más radical de orientación político-económica, como Argentina o Ecuador, o incluso un recambio de elites, como Bolivia y Venezuela, que en aquellos con gobiernos más serenos. Por si hacía falta, la experiencia latinoamericana reciente confirma que la clásica distinción entre democracias jóvenes y maduras carece de sentido.

Concluyamos señalando que las respuestas a las fuerzas de la globalización apenas se están esbozando. De hecho, los esfuerzos para encarar los desafíos globales mediante iniciativas coordinadas resultan ineficaces y tardíos, como demuestra la decisión de Estados Unidos y Suiza de no suscribir el mecanismo de intercambio automático de información financiera del G-20, el desesperante empantanamiento del conflicto sirio y la desresponsabilización europea ante la ola de refugiados. Frente a esta parálisis aparecen pocas alternativas, entre las que se destaca el camino siempre original de los países nórdicos que, sin embargo, son más una excepción que una regla: cada vez más los ciudadanos se inclinan por una agenda de soluciones nacionales, desde la xenofobia de Viktor Orban y Marie Le Pen (“Francia para los franceses”) al giro proteccionista de la campaña electoral estadounidense, de la demagogia de Boris Johnson a la improbable propuesta de la izquierda española de renegociar los tratados europeos.

En este contexto, el gran desafío consiste en alejar las interpretaciones filo-fascistas y transformar en una perspectiva progresista el reclamo de recuperar al Estado-nación como herramienta efectiva de intervención pública, repatriar el poder político, reestatizar la democracia.

1. “El capitalismo cambió las reglas, la política cambió de lugar” (disponible en www.nuso.org).

2. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

3. La Nación, 10-7-16.

4. http://dfc-economiahistoria.blogspot.com/2010/07/la-economia-de-usa-crisis-y-destruccion.html

5. “Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st Century”, en PNSA, Vol. 112, N°49 .

6. La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror, Anagrama, 2016.

 

Edición Nro 209 – Noviembre de 2016

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Economía en temporada otoñal

Sun, 06/11/2016 - 09:00

Albino Prada – JUFFIGLO ATTAC España

La confianza de los consumidores bajó en el último dato mensual, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, tanto por lo que respecta a la situación presente como a las perspectivas de futuro. Y no debemos olvidar que es el principal motor de la actual recuperación del PIB (pues la demanda externa sigue teniendo una aportación negativa). Citroën ha rebajado sus previsiones de producción para este año, con nuevos ajustes y ceses de actividad.

Supimos en octubre que un tercio de los contratos que se firmaron en Galicia este verano duraron menos de una semana, contratos que multiplican por seis veces el número de los indefinidos, según datos del Instituto Galego de Estatística. Y que en Galicia el pasado mes de septiembre se anotó la peor destrucción de empleo de los últimos cuatro años. Con este panorama no extraña comprobar en un informe que más de la mitad de los jóvenes españoles asuman que tendrán que emigrar.

En el conjunto de España (datos de Save the Children) casi el 17 % de los niños padecen pobreza extrema, mientras seguimos muy por debajo de la media europea en gasto público para protección de la infancia. Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza siguió aumentando en Galicia en el último año, alcanzando ya a uno de cada cuatro ciudadanos; hoy tenemos a más de ciento treinta mil de nuestros vecinos en situación de pobreza extrema.

A todo ello no es ajeno que el número de trabajadores que cobran menos de trescientos euros en el conjunto de España se haya incrementado en medio millón desde el inicio de la crisis, según datos de la Agencia Tributaria. O el hecho de que casi la mitad de los jubilados sobrevivan con una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, lo que -por cierto- no impide que cuatro de cada diez jubilados ayuden económicamente a otros familiares. Así están las cosas.

Añadamos que la economía 4.0 anotó el despido en una de nuestras ciudades de doscientos trabajadores de una empresa de telemárketing, al parecer para transformarlos en contratos a tiempo parcial y aún más precarios. O que en las empresas auxiliares del sector naval se denuncia una moderna esclavitud, ya que se están trabajando catorce horas al día por novecientos euros mensuales. O que en la sanidad pública se cuentan por miles las situaciones de personal temporal, personal que podría vivir en fraude de ley según recientes fallos de la justicia europea.

En agosto, en fin, el nivel de nuestra deuda pública ya superaba en tres mil millones el objetivo marcado para el cierre del año, mientras el vertiginoso vaciado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se nos informa que está provocando una reducción espectacular de los ingresos (por intereses) que se venían obteniendo de dicho fondo (entre enero y agosto, unos cuatrocientos millones menos).

En este ambiente la Comisión Europea anuncia, superado nuestro lío en la Moncloa con el molde alemán, nubarrones presupuestarios en el horizonte.

Publicado en La Voz de Galicia

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La caída de salarios deja en riesgo de pobreza al 28% de trabajadores

Sun, 06/11/2016 - 07:00

INFORME OXFAM SOBRE DESIGUALDAD

La organización denuncia que 13,2 millones de personas en España están al borde de la exclusión social pese a tener empleo

La caída de salarios deja en riesgo de pobreza al 28% de trabajadores

ALBERT BERTRAN

Contraste entre pobreza y poder adquisitivo en el Paseo de Gracia, de Barcelona.  


Mercedes Jansa
el Periódico

El triángulo crisis/devaluación salarial/pobreza persiste con la recuperación y ha profundizado en la desigualdad de las familias. Mientras los salarios más bajos siguen cayendo desde 1990, las retribuciones del 1% de los que más ganan han aumentado casi un 20%. En España concretamente los salarios más bajos han caído el 28% desde el 2008, según el informe sobre impacto de las diferencias salariales en los hogares que ha presentado la organización Oxfam Intermón.

España era, en el 2014, el cuarto país de Europa con más diferencia de renta. Esta situación dejó el año pasado al 28,6% de población en riesgo de pobreza y exclusión. En términos absolutos, son más de 13,2 millones de personas.

Pese a los signos de recuperación de la economía, la brecha entre ricos y pobres aumenta y se consolida el hecho de que tener un trabajo no garantiza que se salga de la pobreza. El recorrido que ha hecho Oxfam por los datos estadísticos dibuja un panorama de carencias: mientras en el 2006, el 10% más rico disfrutaba de una renta 10 veces superior al 10% más pobre, en el 2015 la diferencia es 15 veces más.

Las cifras

  • El 28% de los trabajadores se encuentra en riesgo de pobreza. Es un porcentaje similar al recorte que ha padecido el 10% de los empleados con sueldos mas bajos.
  • El 1% de la población que tienen los sueldos más altos (por encima de 5.000 euros) han tenido un aumento en las retribucuones del 20%.
  • 18,8% es la brecha salarial de género, según Oxfam. Las mujeres tienen que trabajar 50 días más que los hombres para recibir el mismo sueldo. A día de hoy cobran lo mismo que los hombres hace 10 años.
  • El 21% de los trabajadores menores de 24 años está en riesgo de exclusión social. Ante de la crisis este colectivo ganaba la mitad que sus padres; ahora sus retribuciones se han reducido al 45%.

La devaluación salarial impuesta por las empresas con la excusa de la crisis ha supuesto que los salarios hayan caído entre el 2008 y el 2014, el 6,1%. Pero no ha afectado igual a todo el mundo, ya que los que más ganaban, han seguido incrementado sus retribuciones mientras que los sueldos medios y bajos han sufrido los recortes.

Ricos y pobres

Quienes forman el 10% de la población que tiene los sueldos más bajos, en torno a los 375 euros al mes, han sufrido una bajada del 28% entre el 2008 y el 2014. Oxfam calcula que el 30% de la población que menos cobra ha perdido más del 18% de su poder adquisitivo, a los que hay que sumar el 8% de los que tienen sueldos medianos. Eso supone que el 60% de los trabajadores ha visto reducida su nómina en el 10%, mientras que los sueldos más altos, de una media de 5.628 euros, han aumentado.

Las mujeres y los jóvenes son los que han padecido los recortes. Oxfam sitúa la brecha salarial de género en el 18,8%, lo que significa que las mujeres tienen que trabajar 50 días más que los hombres para recibir el mismo sueldo. En líneas generales, las mujeres cobran a día de hoy la  misma cantidad que los hombres hace diez años. Esta situación de desigualdad coloca a España en el sexto país europeo por con mayor brecha salarial de género.

La situación de los más jóvenes no es mejor tras una crisis que ha puesto al descubierto sus carencias profesionales y educativas. Después del abandono escolar para emplearse al calor de la burbuja inmobiliaria, la recesión les ha dejado en mala posición en el mercado laboral. De ahí que el 21% de trabajadores menores de 24 años esté en riesgo de pobreza y exclusión, según Oxfam.

Jóvenes sin emanciparse

La baja cualificación de los más jóvenes y la devaluación salarial generalizada ha ensanchado la brecha de retribuciones entre los más jóvenes y los mayores. En el 2008 los trabajadores de entre 16 y 24 años ganaban la mitad (1.050 euros) que los de entre 55 y 64, pero en el 2014 solo recibían el 45%.

Los sueldos que reciben los jóvenes actualmente “no les permite independizarse ni cubrir sus necesidades básicas, como ir al dentista”, ha afirmado Lara Contreras, responsable del área de contenidos de Oxfam.

La organización no gubernamental sugiere varias medidas ante la llegada del nuevo Gobierno y el inicio de una nueva legislatura, la principal, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), como han reclamado los sindicatos y los partidos de la oposición. El incremento debería ser progresivo en los próximos cuatro años, hasta llegar a los 1.000 euros en el 2020, “suficiente para cubrir los derechos y necesidades básicas”, dice Oxfam.

Contreras ha recordado que todos los grupos parlamentarios, incluidos los que apoyan a Rajoy, se han comprometido a incrementar el salario minino en los primeros 100 días de Gobierno hasta el 60% del salario medio, como exige la Carta Social Europea. “Si sube el salario de las personas que menos ganan, el consumo se incrementaría notablemente y no está demostrado que se reduciría el empleo”, ha remarcado.

España tiene uno de los salarios mínimos más bajos, ocupa la penúltima posición (solo antes que Grecia) entre los países de la Europa de los Quince. Durante la crisis ha caído un 1,7%. En términos de poder adquisitivo, es decir, eliminando las diferencias de precios entre países, asciende a 848 euros. Frente a ello Alemania y Luxemburgo cuentan con salarios mínimos de 1.443 y de 1.613, respectivamente, según datos de 2016.

Una de las propuestas más innovadoras de Oxfam para estrechar la desigualdad es establecer por ley medidas de equidad redistributiva, con una escala en la que el salario más alto no supere en más de 10 veces al salario medio en cada centro de trabajo, asegurando así que si se incrementa el salario máximo sube en la misma proporción todas las retribuciones de la plantilla.

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Jorge Verstrynge y la distopía del Estado español

Sat, 05/11/2016 - 09:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

El relato oficial dice que entre la muerte de Franco en 1975 y el fallido golpe de Estado de Tejero (23 de febrero de 1981), España sería una Arcadia idílica (de apellido Transición), en la que los líderes de la oposición al régimen de Franco y los reformistas del interior pactaron una agenda para preparar al Estado español para su anhelada entrada en Europa así como garantizar la democracia y el progreso generalizado, todo ello bajo la supervisión del rey Juan Carlos I como valedor de la balbuciente democracia. Sin embargo, al cabo de 4 décadas, la crisis económica , la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han hecho revisar tales esquemas, incluida la tesis de la supuesta reconciliación nacional propagada por la “mass media” de la época de la Transición , todavía pendiente de su finiquito legal. Así, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido en su informe preliminar que “el Estado español debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 desapariciones forzadas que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista” y ha lamentado que no haya “ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada”, lo que atribuyen a “una combinación de diversos factores, como la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977”, (conocida como Ley de la Reconciliación en la terminología transicionista).

Establishment y Tardofranquismo

Parafraseando a Wright Mills en su libro “The Power Elite (1.956), el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del “Estado Tardofranquista”.
Recordar que el bipartidismo establecido en el acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981), tuvo su culminación con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González ( 1.982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema, mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL).
José Manuel Bandrés en el artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, afirma que “con la entrada en vigor el 4 de enero del 1985 de la llamada Ley antiterrorista asistimos a la aplicación de facto del estado de excepción encubierto, lo que sólo sería un hito más en la deriva totalitaria del fallido sistema democrático español. La Ley Anti-terrorista todavía vigente, sería pues un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González. Esta deriva totalitaria del Estado español habría sido reiteradamente denunciada tanto por Amnistía Internacional como por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, organismo que se pronunció específicamente sobre el indulto a los torturadores de Kepa Urra, señalando que “ dicha medida tendría el efecto práctico de otorgar impunidad a la tortura y alentar su repetición” denunciado además al Estado español por “haber infringido sus obligaciones de prevenir y sancionar los actos de tortura”, todo lo cual sería un reflejo nítido de la deriva totalitaria del Estado Español hacia un Estado distópico.

Jorge Verstrynge y la distopía del Estado español

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema. Asistiremos pues a la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranquista que beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y vendrá refrendado por iniciativas como la aprobación de la nueva Ley de Educación (Lomce); el rechazo del Grupo Popular a la proposición no de ley de IU para “sancionar penalmente los actos de apología de la dictadura franquista así como la actividad delictiva de los grupos de ultraderecha”, la implementación de la censura en Internet tras el cierre decretado por la AN de la web “Ateak Ireki” y la previsible modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de huelga, reunión y manifestación tras la implementación de la Ley Mordaza, cuyo penúltimo exponente sería la posible entrada en la cárcel del Profesor y politólogo vinculado a Podemos Jorge Verstrynge.
Además, no sería descartable con el próximo Gobierno de Rajoy la modificación de la actual Ley de Huelga a petición de la CEOE y una nueva y agresiva reforma del Código Penal, en la que se penalizará la resistencia a la autoridad (tanto activa como pasiva) y la convocatoria de concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación, (incluido Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter), con el objetivo inequívoco de hacer realidad la frase de Fraga en su etapa de Ministro de la Gobernación del régimen franquista (“La calle es mía”).
Finalmente, asistiremos a la implementación de la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España “, lo que se traducirá en el finiquito de la representación institucional lograda por EH Bildu en base al apoyo popular y en la prohibición de la celebración del referéndum sobre la independencia en Cataluña, medidas que conllevarán el final de la más larga experiencia seudodemocrática de la historia del Estado española (35 años).

Germán Gorraiz es Analista internacional

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Estancamiento secular: el paradigma perdido

Sat, 05/11/2016 - 07:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

En la cosmogonía de los economistas no hay nada más aterrador que la perspectiva de la crisis y el estancamiento secular. Ambos se acompañan de la pérdida del paradigma sobre estabilización y crecimiento que desde hace décadas orientó el trabajo de los economistas.

En la actualidad, como huérfanos desorientados, los economistas cercanos a la corriente dominante en teoría macroeconómica siguen buscando señales de que su paradigma no ha muerto. Recuerdan los pasajes del Paraíso perdido de John Milton en los que un Adán desamparado implora perdón pero su expulsión del paraíso es decretada. Así los economistas convencionales vagan sin rumbo, tratando de rescatar el paradigma perdido.

En el poema de Milton, el arcángel Miguel lleva a Adán a una colina desde donde contempla el porvenir que aguarda a la humanidad. Hoy desde una colina similar, los economistas observan consternados el desolador panorama del estancamiento secular. Ante su vista se suceden desempleo, pobreza, desigualdad, finanzas públicas desequilibradas y una política monetaria sumida en el desconcierto.

El viejo paradigma de estos economistas de la corriente neoclásica está basado en la creencia de que la política macroeconómica puede controlar los vaivenes de los ciclos económicos y la volatilidad de los mercados financieros. Sin duda la crisis de 2008 hizo añicos ese sueño y la fantasía de la estabilidad macroeconómica. Pero muy pocos economistas fueron capaces de leer las señales anteriores a la crisis sobre el gran diluvio del estancamiento secular.

Y sin embargo, esas señales eran bastante claras. En los últimos 30 años la tasa de crecimiento de la economía mundial disminuyó de manera constante. Entre 1973 y 2015 la tasa de crecimiento del PIB mundial pasó de 6.4 a 2.4 por ciento. Es decir, antes del frenazo que sufre la tasa de crecimiento del PIB mundial por la crisis de 2008 ya se observaba una tendencia decreciente durante más de tres décadas.

Otro indicador es el comportamiento de la tasa de interés real. Durante el periodo 1975-2015 la tasa de interés real para activos libres de riesgo fue disminuyendo brutalmente y pasó de un nivel cercano a 4 por ciento a niveles negativos cercanos a –1.2 por ciento. Los cálculos pueden variar ligeramente, pero cuando se observa una tendencia de esta magnitud a lo largo de un periodo de 30 o 40 años no se puede evitar pensar que aquí están en juego algunas fuerzas económicas seculares muy poderosas.

El problema es que frente a estas fuerzas del tiempo largo los economistas convencionales no pueden ofrecer un remedio en materia de política macroeconómica. Por ejemplo, los modelos macroeconómicos que utilizan los bancos centrales en la mayoría de los países son incapaces de sugerir medidas para afrontar un problema secular como el del estancamiento de largo aliento. Esos modelos dinámicos estocásticos de equilibro general (DSGE por sus siglas en inglés) sólo permiten en el mejor de los casos pensar en problemas acotados en el tiempo corto, como en algún episodio cíclico o un incidente de volatilidad en los mercados. Pero el marco analítico de esos modelos y sus metas sobre inflación no hace posible el concebir problemas como un desplome constante de la oferta o una deficiencia crónica de la demanda agregada. Es decir, además de tener todas las deficiencias para el tratamiento de problemas de corto plazo (agentes representativos y condiciones artificiales de estabilidad) los modelos DSGE son incapaces de dar cabida al tratamiento de problemas estructurales de largo plazo.

Frente a un escenario de estancamiento de largo plazo la política macroeconómica convencional permanece muda. Es que desde hace décadas su objeto no ha sido el control del nivel general del producto agregado. Y además, hoy los economistas convencionales no saben cómo articular una política fiscal expansiva con una política monetaria no convencional de tasas de interés muy bajas o incluso en terreno negativo. Tampoco tienen algo que ofrecer frente al problema de la desigualdad en la distribución del ingreso que tantos problemas macroeconómicos conlleva.

La teoría y política macroeconómica convencional tienen graves deficiencias, incluyendo sus anacrónicas hipótesis sobre el papel del sector bancario (como simple intermediario) y la presencia de agentes representativos (desacreditados teóricamente desde 1974). Así que ¿cómo pedirles que den el salto conceptual que les permita incorporar cosas como la evolución de la tasa de ganancia, el nivel general de salarios y la evolución del endeudamiento? Éstas son las preguntas centrales en una discusión sobre las tendencias futuras del capitalismo, pero tienen que ver con el espinoso tema de la distribución del ingreso y eso es algo que la teoría convencional prefiere ignorar.

La hipótesis del estancamiento secular invita a pensar en formas novedosas de política macroeconómica. También impone la necesidad de reflexionar sobre la necesidad de transformaciones económicas radicales porque el paradigma perdido de los neoclásicos jamás será recuperado.

 

Twitter: @anadaloficial

Publicado en La Jornada

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CETA, TTIP y TiSA. Volvemos a las calles

Fri, 04/11/2016 - 13:30

El 4 y 5 de noviembre volvemos a las calles y en las redes con #StopCETA para oponernos a los acuerdos comerciales y de inversiones, CETA, TTIP y TiSA.

Tan solo unos pocos días después de las declaraciones de la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland, relativas al fracaso de las negociaciones del CETA, el acuerdo Económico y Comercial Global con la UE, debido a la negativa del Parlamento de Valonia, los feroces chantajes de la Unión Europea han surtido efectos: el CETA está firmado.

Pero el proceso de ratificación no acaba aquí; la firma del acuerdo del pasado 30 de octubre sólo es una pequeña y aperente victoria del chantaje antidemocrático de la Comisión Europea.

De hecho, el proceso democrático tiene que seguir su curso y el acuerdo necesita la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de los 38 parlamentos nacionales y regionales de la Unión Europea.

El pasado 15 de octubre fuimos miles en las calles, en las plazas y en las redes a gritar que no queremos ni el CETA ni el TTIP, acuerdos fruto de una política comercial europea irrespetuosa de los derechos sociales, ambientales y políticos.
No nos vamos a rendir y seguiremos tomando las calles todas las veces que haga falta para mostrar nuestra oposición a estos tratados enemigos de las personas y del planeta.

Desde la campaña No al TTIP denunciamos el proceso antidemocratico a través del cual el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, el pasado 14 de octubre, autorizó la firma del acuerdo de inversiones y libre comercio con Canadá, sin que el mismo haya sido objeto de debate y autorización en las Cortes Genarales, a pesar de la obligación constitucional de hacerlo.

Rechazamos la aplicación provisional del acuerdo, considerando inaceptable que los parlamentos nacionales no puedan pronunciarse sobre temas de tal envergadura como los contenidos en el CETA y seguimos denunciando las políticas comerciales de la Unión Europea.

En el marco de unas movilizaciones globales de lucha, en América Latina contra el TPP, en varios países europeos* contra CETA, TTIP y TiSA, la campaña NoalTTIP se une con un llamado a continuar con nuevas movilizaciones y acciones descentralizadas durante el resto del año 2016.
Los días 4 y 5 de noviembre algunos nodos locales de la campaña llevarán a cabo acciones de protesta en sus territorios para exigir la paralización del CETA. Más información será recogida en la web de la campaña.

Seguimos en resistencia, seguimos en las calles; mantenemos la presión social que ya hizo descarrilar el TTIP y celebramos el poder de movilización ciudadana de América Latina que en 2005 tumbó el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyo aniversario celebramos este mismo mes. Un gran éxito de la lucha popular contra el neolibelalismo globalizador que demuestra que podemos lograrlo, que todas y todos, desde los diferentes lugares del Planeta, somos capaces de frenar el comercio y la inversión salvajes, de desmantelar la arquitectura de la impunidad y de defender nuestros territorios y nuestra forma de vida.

Las acciones tendrán lugar los días 4 y 5 de noviembre en distintos lugares que puedes ver más abajo, así como en nuestro Facebook, o en nuestro Twitter

*Bélgica, segunda edición de los TTIP Game Over
Italia, movilizaciones en varias ciudades: https://stop-ttip-italia.net/mobilitazione-stopceta-05112016/

ACCIONES Y MOVILIZACIONES

CASTELLÓ
viernes 4 de noviembre, 19h
Projecció de documental y debat, Pl.les Aules, 5
Nota de prensa
Evento facebook

VALENCIA
sábado 5 de noviembre, 18h
concentración, Plaza de los Pinazos
Evento facebook

EUSKAL HERRIA
sábado 5 noviembre
Bilbo
13h, Kalejira – Unamono plaza
17:30h, manifestazioa – Plaza eliptikoa
Donostia
17h, manifestazioa – Bulebarra
Gasteiz
12h, Kalejira – Virgen blanca
Iruñea
13h, manifestazioa – Bus geltoki zaharra
Más información, pincha aquí

Para difusión en redes
HT: #StopCETA y #niCETAniTTIP
Otros HT
America Látina: #NOALTPP
Italia:#StopCETAday
TTIP Games:#TTIPGameOver

Enlaces de interés:

Llamado a las acciones del 4 y 5 de noviembre: http://www.noalttip.org/stopceta-5-noviembre-movilizate/

Movilizaciones en Euskal Herria
Herriek Erabaki! ¡Defendamos nuestra tierra y nuestros derechos!
http://www.noalttip.org/5-noviembre-mobilizazioak/

Evento facebook
https://www.facebook.com/events/212357622526358/

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“Otro mundo es necesario, juntos es posible “

Fri, 04/11/2016 - 13:16

ATTAC CANARIAS INFO
“Otro mundo es necesario, juntos es posible “

Estimad@s amig@s:

Mañana sábado 5 de noviembre la Plataforma ” Canarias, Territorio Sostenible ” ha acordado hacer una Concentración a las 11.00 hrs ante la sede del Gobierno de Canarias, Plaza Dr. Rafael O´Shanahan 1 de Las Palmas de Gran Canaria, no solo para rechazar el el contenido del Anteproyecto de Ley del Suelo del Gobierno de Canarias, sino también para denunciar una tramitación que ha impedido una auténtica participación ciudadana en un tema de tanta trascendencia para las Islas.

Por coincidir el día y la hora de esta Concentración con la Reunión de la Asamblea Popular de Gran Canaria, lógicamente esta última suspende su cita habitual, con el fin de facilitar a todas las organizaciones de la APGC sus asistencia al acto ante la sede del Gobierno de Canarias.

En fin, como contribución de Attac Canarias al acto de mañana, hemos decidido proponer a la Plataforma algo tan indispensable como algunas consignas para corear en la Concentración y en las futuras movilizaciones, con el doble objetivo de hacer la crítica pertinente a la propia Ley del Suelo y a sus promotores, por este orden la Patronal de la Construcción y el Gobierno de Canarias, por una parte, y convertir las propias consignas en un medio de información e instrumento para la pedagogía popular, por la otra, con los siguientes lemas:

Siempre el mismo invento,
más y más cemento.

Patronal de la Construcción,
el cemento es su adicción.

A base de ladrillos,
se llenan los bolsillos.

No somos pardillos,
basta de ladrillos.

Nos quieren colar,
que Canarias es un solar.

Respetar el territorio,
les molesta es un incordio.

Que esta Ley del Suelo,
no levante el vuelo.

Esta Ley hace imposible,
la Canarias Sostenible.

Gobierno Clavijo,
Canarias no es su cortijo.

Se van a enterar,
Canarias no es un solar.

Canarias, Territorio Sostenible,
que otra Ley lo haga posible.

Imágenes integradas 2
Sede del Gobierno de Canarias
Plaza Dr. Rafael O´Shanahan 1 de Las Palmas de Gran Canaria

SÁBADO 5-N

¡¡¡ CONCENTRACIÓN !!!

¡¡¡ NO PODEMOS FALTAR !!!

¡ SE RUEGA LA MÁXIMA DIFUSIÓN !

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Entrevista sobre Teoría Monetaria Moderna

Fri, 04/11/2016 - 09:00

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

Comparto el vídeo de la entrevista que me hicieron en Berlín sobre Teoría Monetaria Moderna.

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Lo que se llama economía colaborativa no tiene nada de colaborativa

Fri, 04/11/2016 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo hace una crítica de lo que se ha venido a llamar economía colaborativa o cooperativa, que es una de las actividades económicas que se está expandiendo más rápidamente en los países de capitalismo avanzado, y que paradójicamente es presentada por algunos pensadores progresistas como una evolución positiva, cuando en realidad es una expresión del dominio del pensamiento neoliberal en los comportamientos económicos. En el artículo señalo ejemplos como Uber y Airbnb, que han tenido un impacto muy negativo tanto en el mercado de trabajo como en el inmobiliario.

Una práctica económica que se está extendiendo rápidamente en el mundo capitalista desarrollado es lo que se ha venido a llamar la economía colaborativa, que, paradójicamente, tiene buena prensa en algunos círculos progresistas y que, sin embargo, es consecuencia del dominio del pensamiento neoliberal en el área de la provisión de servicios. En realidad, es la individualización del servicio, transformando la relación empresario versus colectivo de trabajadores en una relación empresario versus cada uno de sus trabajadores. A pesar del nombre que se utiliza para definirla, “economía colaborativa”, la relación dista mucho de ser colaborativa (y todavía menos, de economía cooperativa y solidaria) como, repito, algunos autores progresistas la presentan.

El discurso de los proponentes de tal economía parece ser muy lógico, racional e incluso atractivo. Cuando el propietario de un coche no lo utiliza para fines personales, lo deja a otro ciudadano que pueda necesitarlo. O, en lugar de dejarlo, él mismo lo conduce para servir al ciudadano con necesidad de transporte. Lo único que tiene que hacer es dar su nombre y teléfono a una compañía que le pondrá en contacto inmediato con el usuario. Siguiendo el mismo argumento, el propietario de un piso que tiene una habitación libre, o que tiene un piso vacío sin utilizar, da su nombre y teléfono a una compañía que le pondrá en contacto con una persona que está buscando una habitación o un piso en alquiler por periodos reducidos, resolviendo su problema.

En ambos casos se considera que esta relación (entre un usuario con necesidad de un servicio, por un lado, y una persona con recursos disponibles para él) representa un uso eficiente de los recursos (ya sea el coche, ya sea el piso), ya que estos recursos dejan de estar poco utilizados, en el caso del automóvil, o vacíos, en el caso de la vivienda, y con una gran flexibilidad. En resumidas cuentas, es la optimización de la relación entre individuos, que se realiza, cada vez más fácilmente, en las áreas de servicios privados. En realidad, se señala que la mejor prueba de su utilidad y necesidad es su éxito. La compañía UBER, que está sustituyendo a las compañías de taxis en muchos países, está valorada en alrededor de 70.000 millones de dólares, uno de los mayores negocios de transporte privado e individual en el mundo (para una versión idealizada de la economía colaborativa ver The Sharing Economy, del economista Arun Sundararajan).

¿Cuál es el problema con la economía colaborativa?

Para definir una práctica como buena o mala hay que compararla, sin embargo, con la práctica que sustituye. De ahí que en el caso de UBER haya que compararla con las compañías de taxis, compañías que son privadas y que cumplen una función pública: servir a la ciudadanía. Esta función pública justifica, por cierto, que el Estado (por lo general, el poder municipal) les dé privilegios en la vía pública (como un carril especial junto con los transportes públicos). Las compañías de taxis son cooperativas de taxistas o, más frecuentemente, son compañías privadas que contratan a taxistas, organizados como colectivo, con su propia representación institucional (sindicatos u organismos profesionales) que negocian colectivamente con las empresas las condiciones de trabajo, salarios o cualquier otra dimensión entre el taxista y la empresa. El taxista tiene que reunir unas condiciones profesionales, garantizadas tanto por el municipio como por la empresa, para satisfacer la normativa vigente. El aseguramiento del taxista y del usuario es parte de este servicio.

Gran parte de estas condiciones y circunstancias no existen en UBER, donde la relación es individual entre la empresa y el individuo propietario del coche, que probablemente será el conductor. Al ser la relación individual, este último tiene muy poco poder de negociación. Y como consecuencia, su salario es mucho menor, las condiciones de trabajo son mucho peores y el aseguramiento del cliente-usuario, en caso de accidente, mucho más limitado. Este arreglo es el sueño de cualquier empresario: contratar al trabajador por horas, individualizando y externalizando todos los beneficios sociales (como la seguridad social) que antes tenía como empleado de una empresa. Este es el futuro en la empresa, que el atractivo término de “colaborativa” oculta. Y todo esto se promueve como un canto a la flexibilidad y a la cooperación.

El escándalo de la vivienda colaborativa

Una situación semejante ocurre con los “alquileres colaborativos”. La empresa Airbnb (ver mi artículo “Ejemplos nefastos de la mal llamada economía cooperativa”, Público, 31.12.15), que pone en contacto al propietario del piso (o el inquilino) con el turista o persona joven que necesita alojamiento, se ha convertido en una de las mayores empresas inmobiliarias, siendo receptora de gran cantidad de capital riesgo (la mayoría de carácter especulativo). Una gran parte de esta actividad es incluso ilegal (como he señalado en el artículo “Las consecuencias de la gentrificación y de la turistificación de las ciudades en EEUU y España”, Público, 22.09.16). Pero ahí, en este negocio, el más perjudicado es el vecino de estos pisos, que está sujeto a una población flotante, sin compromiso con el vecindario, lo que disminuye la calidad de vida de dicho vecindario. En realidad, recientemente ciudades conocidas por su atractivo turístico tales como Nueva York y Barcelona están protestando por el declive que barrios enteros están sufriendo como consecuencia de la invasión de Airbnb, que, además de las enormes molestias que provoca al vecindario, ha causado el aumento del precio del alquiler en tales ciudades, expulsando a los residentes de dichos barrios. Ello ha forzado a que las autoridades públicas de Nueva York hayan puesto coto a las prácticas de Airbnb, limitándolas significativamente, pues de no frenarlas romperán, cambiarán y destruirán la cohesión social en los barrios, habiéndose convertido en una de las mayores amenazas para tal cohesión, todo ello realizado por empresas como Airbnb que se presentan como “colaborativas, cooperativas y solidarias”. Una situación similar está sucediendo en Barcelona. Es sorprendente que pensadores progresistas las estén promoviendo. En realidad, la expansión de este tipo de economía es un indicador de la expansión de la economía neoliberal que está afectando muy negativamente tanto a la calidad del mercado de trabajo como al bienestar de los barrios urbanos en el tiempo que vivimos. No es sorprendente, por lo tanto, que tanto en el caso de los trabajadores de las empresas mal llamadas “colaborativas” como en las compañías inmobiliarias que también se definen como tal, estén apareciendo sindicatos tanto de trabajadores como de inquilinos para parar su avalancha, que rompe con el mero concepto de colaboración y cooperación entre los ciudadanos.

 

Publicado en Público.es

vnavarro.org

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Antes de que sea demasiado tarde,

Thu, 03/11/2016 - 09:00

Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

Antes de que sea demasiado tarde,

alzar la voz, grandes clamores.

Lo escribí en “Donde no habite el miedo”, con María Novo como co-autora, hace ya cuatro o cinco años.

“No hay tiempo para dormir.
Hay que ganarles
por diligencia,
no por la fuerza.
Hay que ganarles
por el número de voces
por el grito.
Hay que ganarles
por el clamor
del mundo entero.
Haremos alianzas con el viento,
con el eco iremos juntos
para que no quede una sola
conciencia inalcanzada.
Sólo así se detendrá
esta maquinaria infernal
que todo lo arrasa,
silencia
y aniquila.
Sólo así daremos sentido
a nuestras vidas”

No podemos seguir siendo espectadores impasibles. Alzar la voz, especialmente en cuestiones que pueden alcanzar puntos de no retorno: desigualdad social; extrema pobreza y exclusión; medio ambiente; amenaza nuclear…

¡Fuera los grupos plutocráticos (G7, G8, G20) y restablecimiento, en régimen de emergencia, de unas Naciones Unidas con una Asamblea General constituida en el 50% por representantes de la sociedad civil. Inmediato desarme para el desarrollo: no hay recursos para la puesta en práctica de los Acuerdos de París sobre el cambio climático ni de los objetivos de desarrollo sostenible. Con el 10% de las colosales y desmesuradas inversiones en armamento y gastos militares (4.000 millones de dólares al día) sería posible, sin menoscabo alguno de la “seguridad territorial” poner en práctica las prioridades de las Naciones Unidas: alimentación, agua potable, servicios de salud, cuidado del medio ambiente, educación y paz.

Es necesario exigir la transición acelerada de una economía de especulación, deslocalización productiva y guerra a una economía basada en el conocimiento para un desarrollo global, sostenible y humano.

El grito de la humanidad, consciente de que cada día mueren de hambre y condiciones inhumanas de vida más de 20.000 personas, la mayoría niños y niñas de uno a cinco años de edad, a de ser firme, exigente y perseverante.

Una Unión Europea exclusivamente monetaria, insolidaria, empleada en pagar muchas deudas excepto la que realmente importa: la que tiene contraída con la humanidad entera, de la que debería ser vigía y faro.

Antes de que sea demasiado tarde, alzar la voz de “nosotros, los pueblos…” decididos a tomar en nuestras manos las riendas del destino común.

 

La fuerza de la palabra

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Por qué Francia no es Guantánamo

Thu, 03/11/2016 - 07:00

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España

Además de sus efectos asesinos, el terrorismo posee la perversa facultad de poner en crisis cualquier sistema político, incluso el más democrático (1). En vísperas de las elecciones presidenciales de mayo 2017 y en el tenso contexto actual de las primarias, Francia lo está experimentando en este momento. Sometida a una ola de odiosos atentados yihadistas desde hace casi dos años, la nación francesa ve cómo una serie de dirigentes políticos de derechas y de extrema derecha compiten en proponer, en nombre de una “guerra santa contra el terror”, un catálogo de “medidas antiterroristas” que, sin garantizar el cese de la violencia, podrían poner en peligro el carácter democrático de la República.

El ex presidente Nicolas Sarkozy y varios responsables importantes de su partido Les Républicains (conservador) –Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, etc.– no dudan, por ejemplo, en proponer que “mediante una simple decisión administrativa, se detenga y coloque en encierro vigilado a personas que todavía no han cometido ningún crimen o delito pero cuya peligrosidad es conocida por los servicios de inteligencia” (2).

En cualquier régimen democrático auténtico, semejante propuesta constituye una aberración (3). Principalmente porque, en un Estado de derecho donde se respeta la separación de poderes, no se puede detener y encerrar a un ciudadano por una simple “decisión administrativa” (4). Como lo explica el jurista francés Michel Tubiana, presidente de honor de la Liga de los Derechos Humanos (LDH): “La Constitución francesa prevé, en su artículo 66, que sólo la decisión de un juez puede permitir encerrar a alguien, ya sea en una cárcel o en un centro de retención. Eso no lo puede decidir una autoridad administrativa, ni siquiera el Gobierno”.

Por otra parte, la Constitución también prohíbe detener a alguien que todavía no ha cometido delito alguno. Y el Consejo de Estado (5) ha estipulado que, a título preventivo, las autoridades sólo pueden vigilar, no arrestar ni castigar. Lo contrario significaría desconocer la independencia del poder judicial y retroceder a épocas anteriores al habeas corpus, establecido en Inglaterra en 1679, que prohíbe los arrestos arbitrarios y afirma el derecho de toda persona a conocer por qué se la detiene y de qué se la acusa.

Con la intensificación de la “guerra contra el terrorismo”, las autoridades francesas han identificado nada menos que a unos 20.000 individuos sospechosos… Cada uno de los cuales se halla, en principio, bajo vigilancia y es objeto de una “ficha S” (“S” por “Seguridad de Estado”) (6) establecida por la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), equivalente al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en España.

Obviamente, no todos esos 20.000 individuos fichados como “S” son potenciales terroristas. El verdadero número de sospechosos que tendrían relación con el movimiento yihadista radical y que estarían dispuestos a cometer un acto de violencia criminal no se conoce con exactitud. Según el primer ministro, Manuel Valls, no serían sin embargo menos de 10.500… Pero según el Fichero de los Señalamientos para la Prevención de la Radicalización de carácter Terrorista (FSPRT) (7), serían más bien unos 15.000 (8), de los cuales más de 4.000 estarían a punto ya de pasar al acto (9)… O sea, estamos hablando de cifras muy considerables: miles de personas dispersas a través del conjunto de la geografía francesa y listas para cometer, en cualquier momento, todo tipo de atentado criminal…

A esto hay que añadir los cerca de 2.000 franceses que, como “voluntarios yihadistas”, han ido a incorporarse a las filas combatientes de Daesh en los territorios del “califato sirioiraquí”. De los cuales unos 200 habrían muerto. Pero se teme que varios centenares de los que sobrevivan a las actuales ofensivas aliadas en Siria e Irak regresen a Francia con irrefrenables deseos de sembrar la muerte…

Ante tan peligrosas perspectivas, se entiende que haya debate sobre qué hacer para rebajar el nivel de la amenaza yihadista interior. Por eso, las fuerzas más conservadoras están proponiendo que se encierre ya a los miles de sospechosos fichados como “S”… Uno de sus principales argumentos a favor de esa medida es que muchos de los yihadistas que cometieron atentados en los últimos meses en Francia estaban fichados como “S”, pero no se les detuvo… Por ejemplo, los hermanos Kouachi, que asesinaron a gran parte de la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo; o Amedy Coulibaly, que atacó una tienda kosher y mató a varias personas de confesión judía; o Yassin Salhi, que decapitó a su patrón en Saint-Quentin-Fallavier; o Larossi Abballa, que degolló a una pareja de funcionarios del Ministerio del Interior; o Abdel Malik Petitjean, uno de los asesinos de un sacerdote católico en Saint-Étienne-du-Rouvray… Todos ellos estaban fichados como “S”, es decir, “peligrosos para la seguridad del Estado”, pero se hallaban en libertad… y consiguieron matar.

Por eso, algunos dirigentes políticos reclaman ahora, en Francia, la creación urgente de “centros de retención o de internamiento” donde se encerraría a estos miles de personas del “entorno yihadista”, consideradas como muy peligrosas. Tanto los defensores de esta solución como sus detractores citan el controvertido caso de Guantánamo como ejemplo, según unos, de lo que una democracia debe hacer para su legítima defensa; o como modelo, según otros, de lo que precisamente nunca debe hacer para no perder su alma.

Guantánamo Bay Naval Base, como se sabe, es una base militar estadounidense situada en territorio de soberanía cubana, alquilada por Washington a La Habana en el marco del desigual tratado leonino de 1903. El Gobierno cubano la considera “territorio ocupado” y reclama su restitución. A principios de los años 1980, el presidente George H. Bush (padre) utilizó las instalaciones de la base para establecer, por primera vez, un centro de internamiento destinado a los miles de refugiados haitianos “sin papeles” que intentaban entrar en Estados Unidos. Unos años después, el presidente Bill Clinton hizo lo mismo con una oleada de emigrantes cubanos. En los dos casos, las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos denunciaron la violencia de ese tratamiento contra refugiados civiles “sin papeles”.

Lo cual no impidió que, a raíz de los atentados yihadistas del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush decidiera, en nombre de la “guerra santa contra el terrorismo”, crear en Guantánamo una suerte de penal especial para los prisioneros pertenecientes a la organización yihadista Al Qaeda. La razón principal de la elección de Guantánamo fue que, al no tratarse de territorio estadounidense, el derecho penal de Estados Unidos no tiene vigencia en ese lugar y no puede, por consiguiente, proteger a los prisioneros. Cuando le preguntaron a Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa, por qué habían elegido la base de Guantánamo, respondió: “Porque es el cosmos… Allí, las leyes de Estados Unidos no se aplican”. Por otra parte, Washington decidió no aplicar tampoco las Convenciones de Ginebra a los yihadistas detenidos, considerando que “la guerra contra el terrorismo” no era una conflicto convencional y que los “asesinos de la peor especie” allí encarcelados no merecían mejor suerte.

De tal modo que toda persona recluida en las instalaciones del penal de Guantánamo Bay nunca ha visto a un abogado, y se halla desprovista de cualquier tipo de derecho y a merced de la arbitrariedad de las autoridades militares estadounidenses. De hecho, se trata de un islote de iniquidad medieval en el mundo contemporáneo. Lo cual permitió que los prisioneros (procedentes a menudo de “cárceles secretas” y transportados en “vuelos secretos” de la CIA) fuesen torturados, golpeados, colgados de manos y brazos, privados de sueño, sometidos a interrogatorios de varios días seguidos y a la agresión permanente de música ensordecedora. El mundo entero ha denunciado la monstruosidad jurídica que constituye Guantánamo.

Por eso, apenas electo en 2008, el presidente Barack Obama, profesor de Derecho Constitucional, prometió cerrar ese “agujero negro” de la Justicia. Pero ocho años después, cuando está a punto de abandonar el cargo, constatamos que no ha podido hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque el Congreso se opone a ello. Segundo, porque la mayoría (un 52%) de la opinión pública tampoco lo desea. Y finalmente, porque de los 779 presos que fueron enrejados allí, 710 ya fueron liberados (lo cual significa que no eran tan “asesinos de la peor especie” como se pretendía) (10) y sólo quedan 61 detenidos (11).

Esos 61 se dividen en tres grupos: un primer grupo de 10 presos condenados por una Comisión Militar que no es reconocida por la Justicia estadounidense; un segundo grupo de 20 presos que van a ser liberados pero aún no se ha decidido a qué país o países se van a entregar; y un tercer grupo de 31 presos con los cuales el Gobierno estadounidense no sabe muy bien qué hacer. El presidente Obama ha declarado: “Estos 31 detenidos constituyen un caso bien peliagudo. Sabemos que han actuado mal y que siguen siendo extremadamente peligrosos, pero no podríamos presentar pruebas convincentes contra ellos ante un tribunal de justicia ordinario”. No podrían porque esas “pruebas” fueron obtenidas mediante tortura, y cualquier tribunal las consideraría nulas…

Por consiguiente, el destino de ese grupo de 31 presos que no puede ser liberado, ni transferido a una cárcel militar en territorio estadounidense, ni entregado a un país de acogida, será morir en el penal de Guantánamo Bay… Quizás algunos de ellos se lo merezcan por los odiosos atentados que cometieron. Pero, para Estados Unidos, como democracia, eso va a significar, para las próximas décadas, una permanente violación de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

¿Cómo podría Francia, patria de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptar tan indignante modelo en nombre de una “guerra santa contra el terror”?

____________________

(1) Léase Ignacio Ramonet, “Frente al terrorismo”, Le Monde diplomatique en español, agosto de 2016.

(2) Cable AFP, París, 18 de julio de 2016.

(3) Israel es el único Estado democrático que, en virtud de una ley de excepción heredada de la época colonial británica, aplica las “detenciones preventivas” que le permiten encarcelar, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”, a un individuo sin acusación formal y sin juicio. Según la ONU, de los 7.000 palestinos privados de libertad en Israel, unos 700 se encuentran en “detención administrativa”. Las autoridades israelíes justifican esas medidas basándose en una interpretación singular de un artículo de la 4ª Convención de Ginebra. Varias ONG humanitarias han denunciado esa interpretación.

(4) Excepto casos contados relacionados con la psiquiatría.

(5) En Francia, el Consejo de Estado es la más alta autoridad administrativa.

(6) La ficha “S” es una subcategoría del Fichero de Personas Buscadas (FPR, por sus siglas en francés). También hay fichas “M” (por “menores en fuga”), fichas “V” (por “evadidos”) y fichas “T” (por “deudores del Tesoro Público”).

(7) Creado en marzo de 2015, el FSPRT permite a la Unidad de Coordinación de la Lucha Anti-Terrorista (UCLAT) centralizar toda la información que resulta de los señalamientos que le llegan a través del Centro Nacional de Asistencia y de Prevención de la Radicalización (CNAPR).

(8) Entre los cuales habría unos 2.000 menores de edad.

(9) Léase Le Journal du Dimanche, París, 9 de octubre de 2016.

(10) Muchos de ellos eran civiles inocentes capturados por aventureros que los vendieron como “terroristas” a las autoridades militares estadounidenses. Otros fueron declarados “terroristas” simplemente porque llevaban en la muñeca un reloj de marca Casio, modelo F91W, que, según el Pentágono, era el tipo de reloj que Osama Ben Laden regalaba a los mejores combatientes de Al Qaeda…

(11) Ocho detenidos se suicidaron.

 

Periodista y escritor. Director de ‘Le Monde diplomatique’ en español

Publicado en Público.es

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La UE se apunta un nuevo tanto con la firma del CETA

Wed, 02/11/2016 - 09:00

Diagonal

Protesta de greenpeace en el Consejo de la UE en Luxemburgo el 18 de octubre / Greenpeace

 

Los conservadores, socialdemócratas y liberales europeos han ganado la penúltima batalla en la guerra por el tratado de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés). El pasado 30 de octubre representantes de la Unión Europea y de Canadá firmaban, en una cumbre celebrada con algunos días de retraso debido al bloqueo de Valonia (una de las tres regiones belgas), el acuerdo económico y comercial global entre las dos entidades. Los acontecimientos daban un giro de 180 grados tan sólo una semana después del anuncio por parte de la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland, del fracaso de las negociaciones con la UE debido a la negativa del Parlamento valón.

Bélgica cedía así ante el ultimátum lanzado por la Comisión y el Consejo Europeo, que avisaban de “recortes en subvenciones u otras consecuencias políticas y económicas”, apuntaba el activista Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, a Diagonal.

Al tratado de libre comercio le queda un largo camino por recorrer antes de su aprobación final.
La Cámara Federal valona, que ha estado trabajando durante 18 meses sobre el texto, había dado un ‘no’ al tratado. Hasta cinco veces se reafirmó en él al considerar que los derechos con que contarán los inversores con el CETA constituyen “un atentado contra los derechos laborales, sociales y ambientales”.

El Parlamento se refería a los tribunales de resolución de diferencias entre Estados e inversores, el mecanismo conocido como ISDS, más tarde ICS, que para organizaciones como Amigos de la Tierra “otorga derechos a las empresas por encima de gobiernos”. Este apartado permite a una empresa denunciar a Gobiernos regionales y locales que legislen contra lo que ellos entiendan que son sus legítimos intereses.
Finalmente, los parlamentos de Valonia y la región francófona Valonia-Capital Bruselas levantaban el veto inicial tras un acuerdo suscrito entre el gobierno federal belga y los cuatro gobiernos regionales que, sin embargo, no producía ningún retoque en el tratado, lo que hacía posible la firma del acuerdo. Culminaba así toda una operación de chantaje por parte de la gobernanza europea, que incluyó la comparecencia del ministro-presidente valón, Paul Magnette, hasta cinco veces en la Comisión Europea.

Sin aprobación definitiva

Las élites europeas no las tienen todas consigo y al tratado le queda un largo camino por recorrer antes de su aprobación final. De hecho, la firma implica que se aplicará de manera provisional una parte importante del mismo –la referida a la competencia exclusiva de la UE–, pero no su totalidad.

Asimismo, necesita de la aprobación del Parlamento Europeo, votación que tendrá lugar, previsiblemente, en diciembre, para más tarde pasar por la ratificación de los 38 parlamentos nacionales y regionales de la Unión. Hasta entonces no podrá aplicarse plenamente.

El reparto en el Parlamento Europeo, con mayoría de conservadores, socialdemócratas y liberales, no plantea mayor problema para los sectores pro-CETA. No ocurre lo mismo en el caso de algunas de las 38 cámaras de representantes. Valonia es uno de los puntos clave: supedita su aprobación a la desaparición del tribunal de arbitraje. No es el único: países como Austria o Rumanía, además de la cámara de la región de Bruselas, podrían suponer un obstáculo.

Oposición alemana

El caso alemán también puede ser un escollo para los planes del poder europeo. Tal como explica Kucharz, la ratificación deberá pasar por el Bundestag y el Senado, lo que “es poco probable”, ya que “por el momento los Verdes han dicho que se oponen y participan en muchos gobiernos en coalición de Estados federados, pero habrá que ver si son capaces de imponerse a sus aliados de las coaliciones del SPD”.

La presión social también estará presente. Las últimas acciones del sinfín de protestas contra el CETA y el TTIP, su equivalente entre la UE y Estados Unidos, tuvieron lugar el mismo día de la firma, cuando activistas trataron de bloquear la entrada del Consejo Europeo. Dos semanas antes, miles de personas salieron a la calle en las manifestaciones organizadas en una nueva semana de lucha contra ambos tratados.

El Gobierno en funciones dice ‘sí’ al tratado

El Gobierno en funciones de Rajoy autorizaba el 14 de octubre la firma del acuerdo de inversiones y libre comercio con Canadá. Lo hacía sin apenas haber debatido sobre ello en el Congreso, un día antes de que una veintena de ciudades del Estado saliesen a la calle y a sabiendas de que varios parlamentos autonómicos –entre los que se incluyen los de Extremadura, País Valenciano, Baleares o Cataluña– se han opuesto al mismo. Tampoco tuvo en cuenta las declaraciones de urbes como Madrid o Barcelona, que se han declarado ciudades libres de TTIP y CETA.

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El Banco Santander y otros en los papeles de Panamá y Bahamas leaks

Wed, 02/11/2016 - 07:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

Con la publicación de los conocidos como Papeles de Panamá y Bahamas leaks, la filtración de datos del registro mercantil de ese pequeño país caribeño, ha quedado demostrado una vez más como el impago de impuestos de personas adineradas, ahora identificadas con nombres y apellidos, se sirve de la gran banca globalizada, que facilita la creación y aprovechamiento de estas sociedades mercantiles instrumentales en los llamados paraísos fiscales, unas entidades que son puras ficciones jurídicas sin actividad económica local alguna y mero instrumento para la opacidad y ocultación del verdadero titular beneficiario del dinero.

El Banco Santander se encuentra entre los grandes bancos internacionales que han creado sociedades pantalla en las Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes, según Bahamas leaks, las informaciones publicadas en septiembre de 2016 el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ y elConfidencial y La Sexta en España, en el marco de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La documentación del registro mercantil de Bahamas confirma que el banco español, presidido actualmente por Ana Botín, abrió 559 sociedades mercantiles instrumentales entre 1990 y 2015 a través de su filial Santander Bank & Trust Ltd. en las Bahamas; cifra que ha variado según los años; actualmente se mantienen unas 380 estructuras que no han sido disueltas, aunque se desconoce el grado de actividad.

Las cifras de sociedades fantasma creadas por el Banco Santander en Bahamas están muy lejos de las de los grandes bancos suizos: UBS ha constituido 9.717 sociedades pantallas durante el mismo periodo de tiempo, y Credit Suisse, 8.299. Otros grandes bancos con una presencia relevante en ese paraíso fiscal son JP Morgan, con 1.617 estructuras y BNP Paribas, con 657.

Y en abril de 2016, por la investigación tambien liderada por el citado Consorcio Internacional de Periodistas y publicada por los medios citados antes, supimos que más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá, según el análisis de la documentación revelada. El gigante británico HSBC (el banco que colaboró con el narcotráfico mexicano; el de la conocida lista Falciani; y el avalista del Grupo Prisa), a través de distintas filiales seria el responsable por sí solo de más de 2.300 de estas sociedades instrumentales para defraudar al fisco; y UBS creó 1.100.

Otros grandes bancos internacionales que han hecho negocios con este despacho citado son el francés Société Générale (979 sociedades), Royal Bank of Canadá (378), el alemán Commerzbank (92) y el Credit Suisse (1.105). Asimismo los bancos españoles Santander y BBVA realizaron esta actividad para clientes de elevado patrimonio de los distintos países en los que operan, incluyendo algunos con domicilio en España, según la citada investigación, el primero creó 118 sociedades tapadera en Panamá y el segundo, 19.

Y es que la banca globalizada incentiva el impago de impuestos.-

La Europa Opaca de las Finanzas

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Nace el CADTM Italia

Tue, 01/11/2016 - 09:00

Chiara FiloniCADTM

27 de octubre de 2016

arton14120-cc0afDespués del fructífero encuentro entre movimientos laicos y católicos del 15 de julio en Génova, |1| del que surgió la Carta de Génova, a favor de la abolición de las deudas ilegítimas, una veintena de movimientos italianos y de realidades progresistas se dieron cita el pasado 15 de septiembre, esta vez en la capital, Roma, para poner en marcha el CADTM Italia.

El salón de actos de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de La Sapienza estaba abarrotado. Para formalizar el nacimiento de CADTM Italia se reunieron activistas de colectivos universitarios, profesores, miembros de las auditorías locales de la deuda (de la Comisión por la auditoría de la deuda de Parma), ATTAC Italie, Communia, partidos políticos (como Sinistra anticapitalista), asociaciones de la sociedad civil (Associazione culturale il Bradipo, Arci, Pop-Off Giornalismo, Cooperativa Bottega Solidale Genova, Fair, Fondazione “Lorenzo Milani” Onlus di Termoli, Centro Nuovo Modello di Sviluppo), algunos sindicalistas y representantes de Pax Christi |2|.
Un nacimiento que parece unir a las fuerzas necesarias para empezar a trabajar. Esta dinámica tiene su razón de ser en las cuestiones planteadas por los diferentes participantes de la conferencia. Se han planteado distintos orígenes de la ilegitimidad de la deuda italiana, empezando por la situación crítica de los bancos italianos debido a su embarazosa exposición a los préstamos sin intereses (+ 85% a partir de 2011) |3| y a pesar de los rescates bancarios que se iniciaron en el año 2012, las tasas de interés de los usuarios durante la década de 1980 y principios de 1990 (alcanzando el 24% en 1981), el aumento de la evasión fiscal que asciende a 180 mil millones de euros al año (lo que representa un gran déficit para el Estado italiano), el gasto militar y de seguridad (este último ascendió a 1,9 mil millones de euros, superior a la media europea de 1,7 ), grandes proyectos innecesarios e impuestos (GPNI, como el proyecto de tren de alta velocidad Turín-Lyon o los inmuebles de lujo construidos por el G8 de 2009 en Cerdeña, que en última instancia tuvo lugar en L’Aquila, en el centro de Italia), además de la corrupción, origen inagotable del despilfarro de recursos públicos.

A pesar de que las tasas de interés de la deuda disminuyeron hace 2 años con la política de flexibilización cuantitativa BCE (el estado presta a una tasa del 2,4% en 2016 en comparación con la de un 6 a 6,5% en 2008) |4|, la devolución de los intereses de la deuda sigue ocupando el tercer puesto en el gasto público en Italia después de la Seguridad Social (300.000 millones de euros) y la salud (110.000 millones de euros). Como ya se ha descrito, esto se debe al mecanismo de acumulación de interés y a las elevadas tasas que se pagaron en años anteriores. En 2016, el pago de intereses representa el 4,3% PIB de la Península, es decir, más de 70.000 millones de euros.
En nombre de esta deuda y sus intereses, se han puesto en marcha privatizaciones y recortes en el presupuesto de salud, de la educación y de las comunidades locales.

El Pacto de estabilidad y crecimiento dictado por la Unión Europea (que tiene como objetivo situar el ratio deuda/PIB del 130% al 60%) supondría para Italia 50.000 millones de euros en recortes al año. En 8 años, entre 2008 y 2015, el gobierno central ha reducido las transferencias financieras a los municipios en 22.000 millones de euros. Pero hay que añadir los 17.500 millones de euros de recortes en el sector de la salud para un total de casi un 40.000 millones de euros. Los gobernadores regionales han respondido aumentando los impuestos en la primera y la segunda vivienda |5|. Esto es aún más injusto si tenemos en cuenta que la deuda de los municipios representa solo el 2,4% de la deuda nacional.
En palabras de Milton Friedman, neoliberal orgulloso, la deuda sirve para «convertir en inevitable a nivel político lo que socialmente es inaceptable.»

Muchos son los posibles campos de trabajo para el recién nacido CADTM Italia, que en noviembre (fecha por determinar) volverá a reunirse para decidir su plan de acción.

Un comité de coordinación se pondrá en marcha para comenzar un trabajo de auditoría a la imagen de las experiencias internacionales de Ecuador y Grecia. Más de una treintena de personas (profesionales del mundo académico, activistas, sindicalistas y personalidades del mundo católico) están ya dispuestos para comenzar. La idea es comenzar a trabajar en un sector estratégico importante a nivel nacional, como lo representa la salud, que sufrió recortes y privatizaciones importantes (también se considerarán otros frentes, como los bancos o los grandes proyectos innecesarios). El CADTM es un centro de análisis y estudio sobre la cuestión de la deuda, pero también de acción, siempre en relación con las movilizaciones nacionales y las luchas en curso, tratando de integrar la cuestión de la deuda y la promoción de la abolición de las deudas ilegítimas en las reivindicaciones más comunes de los movimientos sociales.

El comité también se convertirá en una plataforma de referencia para las diferentes auditorías del país. El apoyo y el intercambio de información y de prácticas es esencial en esta etapa ya que los diferentes grupos de auditoría de la deuda local se han extendido en los últimos años, de norte a sur del país: Parma, Milán, Venecia, Nápoles, Livorno y recientemente Roma y Génova. Parma, en particular, es una de las experiencias más desarrollada. El comité de auditoría local ha logrado atraer la atención de la sociedad civil y del poder jurídico sobre un caso de corrupción y especulación relacionado con el aumento del precio del suelo, que trajo como consecuencia la imposición de políticas de austeridad por la administración pública local. El grupo también está trabajando en las PPP (asociación público-privada) que gestionan servicios públicos municipales básicos como el agua y el gas.

El lanzamiento del CADTM Italia se vio facilitado por la adhesión de ATTAC Italia (que será un pilar importante, entre otros, para el CADTM Italia) a la red internacional CADTM en la última asamblea mundial de 2016 en Túnez .
Por otra parte, ATTAC Italia dirigió su universidad de verano del 16 al 18 de septiembre en Roma, inmediatamente después de la puesta en marcha del CADTM.

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La universidad trató exclusivamente el tema de la economía de la deuda, considerado como la principal característica del capitalismo moderno. Tres sesiones, en particular, se centraron en la deuda ilegítima, medios a emplear para anularla y las experiencias históricas de anulación de la deuda (aquí el programa: http://www.italia.attac.org/index.p…)

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«Es el momento adecuado», insiste Eric Toussaint, invitado de honor en la fiesta de lanzamiento «puesto que aún tienen por delante un poco de tiempo antes de que explote una nueva crisis de la deuda.»
El trabajo que el CADTM Italia tiene frente a él no será fácil, ya que son muchos los desafíos que tiene que asumir. El primero de ellos es la necesidad de involucrar con más intensidad a otros movimientos sociales con los que comparte reivindicaciones y estrategias. La capacidad de hacer de puente entre ellos es esencial puesto que la deuda es la excusa perfecta para aplicar austeridad, hacer recortes en el estado de bienestar, privatizar. Por tanto, será esencial el análisis que realicen los movimientos estudiantiles del CADTM Italia, quienes se oponen a la mercantilización de los bienes comunes, los grandes proyectos innecesarios, el aumento de la pobreza, el desalojo de las viviendas ocupadas, etc. También está la dificultad para analizar los datos que tendrá un grupo de ciudadanos que no tiene apoyo de los políticos.

A pesar de estos desafíos, la abolición de la deuda es una prioridad para un cambio radical de las políticas económicas, financieras y sociales. Es urgente, tanto en Italia como en otros lugares, comenzar el trabajo de sensibilización en torno a este tema.

Traducción: Trommons

Notas:

|1| Véase también http://www.cadtm.org/Genova-15-anos-desde-las-grandes

|2| Pax Christi es un movimiento católico internacional por la paz nacido en Francia en 1945. Pax Christi Italia nació en 1954, gracias a la iniciativa de Mons. Giovanni Battista Montini del secretariado del Vaticano.

|3| Para más información, lea (en Inglés): http://www.cadtm.org/Italy-s-banking-problems-A-useful

|4| http://www.tradingeconomics.com/ita…

|5| http://www.ilfattoquotidiano.it/201…

Chiara Filoni Permanente au CADTM Belgique

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Todo lo que esconde el CETA firmado por la UE y Canadá

Tue, 01/11/2016 - 07:00

Adoración Guamán /Alexandre Mato / Pablo Sánchez Centellasctxt.es

Un análisis del recorrido del acuerdo durante las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica

Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau, Donald Tusk y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, durante la firma del CETA este domingo 30 de octubre.

Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau, Donald Tusk y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, durante la firma del CETA este domingo 30 de octubre. CHRISTOS DOGAS / UNIÓN EUROPEA

El CETA está firmado: la UE y Canadá plasmaron su firma el domingo 30 de octubre en Bruselas. “Lo conseguimos”, dijo la ministra de Comercio de Canadá, Chrystia Freeland, a punto de saltar de alegría entre las sonrisas de los políticos presentes en la Cumbre de última hora convocada tras la ‘rendición’ de Valonia, la región belga que durante dos semanas ha bloqueado el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá.

La puesta en escena y el lenguaje corporal mostraron que la Comisión Europea, los gobiernos del continente y el canadiense y las grandes empresas que han empujado por este Tratado Comercial han salvado un momento crítico. La política comercial comunitaria “ha recuperado su credibilidad”, decía aliviada su responsable en la UE, la comisaria sueca Cecilia Malmström, mientras se escenificaba lo que aparentemente ha sido una victoria frente a sindicatos, organizaciones sociales o ecologistas y sobre Valonia, la pequeña aldea gala del siglo XXI que puso contra las cuerdas al mismísimo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

Pero, ¿realmente han ganado los que apostaban por el tratado? ¿Han sido en vano los esfuerzos de las campañas de las organizaciones sociales y la izquierda europea? Un análisis del recorrido del acuerdo en las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica.

Han sido quince días de “presiones increíbles” sufridas por Valonia, la pequeña región de apenas el 1% de la población de la UE, donde se han concentrado todos los poderes políticos (y económicos) hasta conseguir torcer el brazo de su gobierno. El líder de los socialistas belgas y ex primer ministro, Elio di Rupo, llegó a asegurar que tanto él como el ministro-presidente de Valonia, Paul Magnette, habían sufrido coacciones directas de los dirigentes europeos.

También el presidente del Europarlamento, Martin Schulz, en una actitud sin precedentes, ha llegado a presionar al presidente socialista del gobierno valón para que se rindiera a las presiones de la Comisión. El también socialista alemán realizó esas presiones sin la aquiescencia de la Eurocámara, y diversas eurodiputadas/os quieren pedirle responsabilidades.

Las presiones se han librado también en los grandes medios, que han intentando sacarle los colores al gobierno valón por su declive económico, utilizando cuestiones como el reciente cierre de la fábrica de maquinaria Caterpillar para intentar justificar la necesaria apertura a las inversiones extranjeras que se promueve con el CETA. De hecho, aunque en la Comisión afirman que “han respetado con paciencia” los tiempos de las instituciones belgas, Juncker ha reconocido que sus negociaciones habían ido más allá del gobierno federal del país. Un equipo de la Comisión visitó varias veces Namur, capital de Valonia, durante los días del rechazo al CETA para discutir directamente sus objeciones.

La resistencia de la pequeña Valonia representaba en realidad el esfuerzo de miles de activistas que llevan años de campaña contra el CETA y el TTIP, y sumaba las reticencias de otros Estados miembros que no acababan de estar cómodos con el acuerdo en ciernes y que han exigido, al calor de las negociaciones para convencer a la región belga, introducir cambios en el texto de la manera que fuera posible.

En realidad, tras dos semanas de fracasos (un Consejo de Comercio que no pudo firmar el acuerdo, una Cumbre de líderes europeos con el primer ministro belga cabizbajo, incapaz de convencer a los valones, una ministra canadiense llorando, horas interminables de negociaciones…) se podría afirmar que ha sido la Comisión la que ha dado su brazo a torcer.

Es cierto que el presidente Juncker y su equipo, con Malmström al frente, han salvado la cara evitando “un golpe muy serio a la política comercial común y a la credibilidad de la UE”, en palabras de un alto diplomático de un país europeo. Pero tampoco puede negarse que Valonia solo ha bajado los brazos tras conseguir un acuerdo de escala nacional con numerosas condiciones, que también se han plasmado de manera parcial en la Declaración firmada como anexo al CETA. En todo caso, tras la firma quedan numerosos pasos por dar para que el acuerdo con Canadá entre en vigor, de manera provisional primero y de manera total posteriormente.

El camino que le queda al CETA

El primer reto del CETA será conseguir el apoyo de la mayoría simple de las y los diputados del Parlamento Europeo, en una votación que, si no se celebra en diciembre, deberá esperar a febrero. En principio, ese primer trámite no debería dar problemas a las partes firmantes: votará a favor la gran coalición de facto, formada por los conservadores del PP Europeo y el grupo de los ‘Socialistas y Demócratas’, a la que se unirán los liberales del ALDE, el cuarto grupo de la Cámara. La oposición quedará en manos del GUE/NGL, el grupo de izquierdas del Parlamento, y Los Verdes, junto a algunas eurodiputadas/os belgas y franceses.

Es sabido, también, que los socialdemócratas franceses en conjunto están siendo muy combativos en las negociaciones del TTIP, el tratado comercial con Estados Unidos, así que la disciplina de voto socialista podría romperse. En todo caso, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha señalado que su previsión “es que no habrá problemas en el Parlamento Europeo”.

Una vez aprobado el CETA por el Parlamento Europeo, las dos partes procederán a la aplicación provisional del acuerdo. Este es el as en la manga de la Comisión, ya que permitirá que el tratado se aplique sin el tercer paso necesario para su ratificación, la aprobación por cada Estado de la UE. Sin embargo, gracias a las reticencias de Valonia, de numerosos juristas, del Tribunal Constitucional alemán y de varios países, la aplicación provisional sólo se producirá respecto de determinadas partes del tratado y no respecto de la totalidad del capítulo más criticado: el de la protección de la inversión extranjera. Aun así, durante la rueda de prensa tras la firma, el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha señalado que “una de las claves es que la entrada en vigor provisional representa el 98% de lo que es el CETA”.

A partir de ahí, el CETA libraría su última batalla, una lid con casi 40 escenarios pues en algunos Estados miembros, como evidentemente Bélgica, el Tratado requerirá la aprobación en los parlamentos regionales. Por esta razón, Bruselas tiembla ante otros ‘valones’ en cualquier rincón del continente y, entre bambalinas, no se descarta que probablemente el acuerdo con Canadá nunca llegue a ser ratificado del todo.

Si finalmente el CETA descarrila porque alguno de los Estados Miembros de la UE no lo ratifica o, incluso, si un Tribunal Constitucional o una institución similar falla en contra de la compatibilidad entre el CETA y alguna de las Constituciones nacionales, finalizaría la aplicación provisional del acuerdo. La duda estriba en saber cuándo va a ocurrir esto ¿será inmediato el cese de la aplicación? ¿Habrá un tiempo mínimo para que el CETA muera definitivamente?

Esta cuestión ha ocupado, entre otras, un lugar central en el debate que ha llevado hasta el sí de Valonia. Si repasamos los documentos publicados tras la negociación en Bélgica se observa que la aquiescencia valona se ha conseguido mediante la adopción de una resolución firmada por el conjunto de autoridades belgas implicadas. Este texto, resultante de la negociación intrabelga, establece condiciones importantes que pueden lastrar la vida del Tratado.

Las condiciones de Valonia

En primer lugar, y como declaración principal, las autoridades implicadas van a realizar a intervalos regulares evaluaciones de las implicaciones sociales y ambientales de la aplicación provisional. Si una de las entidades federadas informa al gobierno belga de su decisión definitiva y permanente de no ratificarlo, éste deberá notificar en un plazo máximo de un año al Consejo la imposibilidad total de ratificación. Valonia y las otras federaciones siguen teniendo en su mano la muerte definitiva del CETA.

Un segundo punto clave es que los distintos Gobiernos belgas también han acordado elevar ante el Tribunal de Justicia de la UE una solicitud de examen de la compatibilidad del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ICS) con los Tratados de la UE. Estas regiones han manifestado en ese mismo texto su negativa a ratificar el CETA si se mantiene el capítulo 8, respecto de la inversión extranjera, tal y como está en el texto.

Además, la resolución incluye una previsión de activar la cláusula de salvaguarda en materia de agricultura, y la obligación de que el Parlamento belga apruebe cualquier iniciativa en materia de cooperación reguladora que trate competencias compartidas con Bélgica.

Las reclamaciones valonas contra el CETA también han estado muy centradas en los posibles cambios de la legislación europea en áreas como los productos transgénicos, en concreto sobre su “autorización, comercialización, crecimiento y etiquetado” en suelo europeo. El texto belga “reafirma que el CETA no afectará a la legislación de la UE” sobre estos alimentos, pero no hace mención, por ejemplo, a posibles problemas en la gestión del agua.

El resto del acuerdo intrabelga se vincula con el contenido de la Declaración interpretativa del CETA que llevaba meses fraguándose y que ha sido engordada y acabada in extremis, como único camino posible para sortear obstáculos que parecían infranqueables.

Realmente ¿qué han firmado la UE y Canadá?

El contenido del CETA finalmente firmado no ha cambiado, es exactamente el mismo que rechazó el Parlamento valón y que ha suscitado las críticas de Estados, movimientos sociales, sindicatos e incluso del propio Tribunal Constitucional alemán. Sin embargo, junto con el CETA se ha firmado una Declaración anexa que debe entenderse como parte del acuerdo.

Esta declaración de 12 páginas contiene dos novedades fundamentales respecto de los textos filtrados antes de que Valonia se rebelara. Por un lado, la Declaración se reconoce a sí misma como interpretación obligatoria en el sentido del artículo 31 del Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados. El CETA, por tanto, debe interpretarse según el sentido que le dé esa declaración, que incluye un listado de los artículos específicos a los que afecta y que deben ser interpretados según sus indicaciones.

Esta contundencia choca con la segunda de las novedades que incluye la Declaración, con afirmaciones que van en sentido totalmente contrario al contenido del CETA. Por ejemplo, en la Declaración se reconoce que del CETA no se va a derivar un trato más favorable para los inversores extranjeros que para los nacionales. Si aplicamos estrictamente esta idea, directamente hemos de eliminar del texto el mecanismo de solución de controversias inversor-estado (ICS), lo cual significaría dejar caer una de las piezas fundamentales del Tratado. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Están diciendo realmente una cosa y la contraria? La respuesta puede estar en el propio artículo 31 del mencionado Convenio de Viena, donde se señala que la interpretación de todo tratado debe realizarse en primer lugar atendiendo a su texto y en segundo lugar a las declaraciones anexas. Si se aplica esta norma de manera rigurosa queda claro que, en todo caso, va a primar lo que diga el CETA, lo que sin duda resta valor a la Declaración que tantos esfuerzos ha costado firmar.

El anexo parece escrito para fomentar la tranquilidad. Su preámbulo tiene un aroma conocido y repite las bondades del CETA y sus potencialidades para impulsar la economía, incluyendo afirmaciones como que “el principal propósito del comercio es aumentar el bienestar de la ciudadanía”; el reconocimiento del derecho a regular; el reconocimiento de la capacidad de ambas partes de plantear y conseguir sus “objetivos legítimos de políticas públicas” decididas por sus instituciones democráticas; o la afirmación de que el CETA no rebajará los estándares y regulaciones relativas a la salud, protección del consumidor, ambiente o protección de los derechos laborales. Ambas partes reafirman su compromiso con el principio de precaución y reiteran que la cooperación en materia normativa será voluntaria, algo que es evidente según el capítulo 21 del CETA. No se explica en cambio que si una de las partes decide “voluntariamente” apartarse del método de cooperación debe justificarlo y esta justificación no es sencilla.

A partir de ahí la Declaración aborda los temas que más reticencias y polémica han despertado durante las negociaciones: el derecho a regular de los Estados y sus entidades, los mecanismos de cooperación reguladora, los servicios públicos, el ICS (el mecanismo de arbitraje entre inversor y Estado), el desarrollo sostenible (en cuestiones laborales y ambientales), las consultas con los agentes sociales, la contratación pública, el agua, las pymes o la protección de los pueblos aborígenes de Canadá.

En muchos de estos puntos la Declaración es una mera repetición de lo dicho hasta ahora: buenas intenciones sin modificar el texto del CETA. Sin embargo, hay algunas novedades como la mención a los sistemas de seguridad social, que se reconocen expresamente fuera del ámbito del tratado, y quedan exentos de las obligaciones de liberalización establecidas para el conjunto de los servicios en diversos capítulos del CETA.

Otro ejemplo es la materia laboral, ya que se afirma que los mecanismos de sanción por incumplimiento de los estándares laborales (mínimos) serán vinculantes, un extremo que no está establecido en el tratado y que, sin duda, generará confusión a la hora de activar estos mecanismos. Una parte positiva es que se remarca que el CETA no afecta a los derechos de negociación colectiva y de huelga.

Menos clara resulta la parte de la declaración que atañe a la contratación pública: se afirma que ninguna previsión del CETA va a ser un obstáculo para la introducción de cláusulas sociales y ambientales, pero el contenido del Tratado apunta a lo contrario. También se subraya que los stakeholders, o partes con intereses en el CETA, no son solo empresas, sino sindicatos, grupos ecologistas, cosa que hasta ahora no se contemplaba.

La parte dedicada a la protección de la inversión extranjera es la que más profundamente afecta al contenido del CETA. Para matizar la frase comentada sobre la no discriminación entre inversores extranjeros y nacionales, en la Declaración se indica que el “trato igual”  significa que los inversores extranjeros pueden, que no deben, utilizar los tribunales estatales. Además, se clarifica que una modificación normativa no puede ser objeto de un recurso de un inversor, y que sólo las empresas con un claro vínculo con Canadá o la UE podrán utilizar estos mecanismos (lo que no es óbice para que el mecanismo siga siendo una avenida para las empresas de EEUU porque muchas tienen filiales en Canadá).

La Declaración incluye cuestiones que ya se habían afirmado como un maquillaje que no cambia el corazón del mecanismo de ICS (jueces seleccionados por su currículum, un código de conducta, normas de remuneración, etc). Ante este contenido, los sectores críticos recuerdan que el principal problema es que el mecanismo de ICS genera una justicia paralela sólo al alcance de las empresas extranjeras, algo que no cambia con la Declaración anexa. Haciendo bandera de esta nueva aproximación a los mecanismos de solución de controversia inversor-Estado, la Declaración confirma la voluntad de la UE de caminar con rapidez y con el apoyo de Canadá hacia una Corte Multilateral de Inversiones.

También es importante señalar que la Declaración incluye la cuestión del agua. Aunque la Comisión había prometido dejar este asunto fuera del acuerdo, el European Water Movement ha analizado el capítulo del CETA sobre ‘Derechos y obligaciones relacionados con el agua’ y concluye que facilitará en Europa y Canadá “el acaparamiento del agua por parte de empresas multinacionales”. Aunque este capítulo considera que el agua no es un bien ni un producto y, por tanto, queda fuera del acuerdo comercial, el European Water Movement alerta de que sus usos posteriores como mercancía (agua potable, saneamiento o riego agrícola) sí abren la posibilidad de que esté sujeta a los mecanismos del CETA. Para contrarrestar estas críticas, se ha introducido una cláusula interpretativa asegurando que “nada en el Acuerdo obliga a la UE a permitir el uso comercial del agua para cualquier propósito”.                                                 

Tras el CETA, ¿está muerto el TTIP?

Juncker y su equipo, la autodeclarada “Comisión política y no de tecnócratas”, tienen serios problemas para sacar adelante su agenda política y especialmente uno de sus pilares, la política comercial. En el último choque de trenes europeo se ha evidenciado cómo, en este tema, lo que debería haber sido un paseo triunfal se ha convertido en una pírrica victoria y esto va a afectar sin duda al TTIP.

La suerte del tratado con los Estados Unidos está en sus horas más bajas. Los socialistas del continente están divididos y tienen por delante muchas votaciones para ahondar en sus contradicciones, sobre todo por sus repetidas sentencias de muerte al TTIP. El tiempo dirá si se materializan estas sentencias de muerte de ciertos políticos franceses y alemanes en horas preelectorales pero, de momento, ponen palos en las ruedas de los Tratados de Libre Comercio de nueva generación. Por añadidura, una gran parte de la ciudadanía conoce el CETA, el TISA –Acuerdo sobre el Comercio de Servicios que negocian 23 miembros de la OMC– y sobre todo el TTIP.

La lucha pública de Valonia en las dos últimas semanas ha supuesto un espaldarazo y un reconocimiento a la labor de las campañas y movimientos sociales que, en palabras de sus miembros, van a seguir peleando para extender el conocimiento y el rechazo de estos tratados al conjunto del continente. Como apuntan desde los movimientos de rechazo al CETA, “puede parecer que hemos perdido una batalla, pero hemos salido con la moral alta y el grueso de las tropas intactas, no todos pueden decir lo mismo. Ahora no vamos a bajar la guardia, tenemos por delante la votación en el Parlamento Europeo y hay que seguir en las calles”.

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  • Adoración Guamán es profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.
  • Alexandre Mato
    Periodista por la UCM, donde cursó un Máster en Relaciones Internacionales. Antiguo editor jefe de cierre de ‘Mercados’, ha pasado por la Cadena Ser, Informativos Telecinco y ‘El Confidencial’. Colabora con la TVG o Telemadrid. Vive en Bruselas. @xandre_mato
  • Pablo Sánchez Centellas
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Dauphin (Manitoba). La ciudad donde no existía la pobreza

Mon, 31/10/2016 - 09:00

Cive Pérez  – ATTAC Madrid

Canadá es un país que tuvo en su día un largo flirteo con la idea del Guaranteed Annual Income (GAI), o ingreso anual garantizado. Entre 1968 y 1980, se desarrollaron cinco experimentos de campo, dirigidos en principio a investigar el impacto del GAI en el mercado de trabajo. Una de esas experiencias se llevó a cabo en la localidad canadiense de Dauphin (Manitoba). En esta ciudad agrícola de tamaño medio, entre 1974 y 1979, se implantó el Mincome (Minimum Income).

Cada familia recibía una renta mínima mensual, salvo aquellas que ingresaban más de 13.000 dólares y tenían dos hijos o menos; las personas empleadas veían reducido este dinero en medio dólar por cada dólar ganado con el trabajo, una medida que tenía como objetivo premiar la búsqueda de empleo. La cuantía de la prestación era variable, desde unos testimoniales 100 dólares mensuales a unos 5.800 anuales para los que carecían de otros ingresos. Durante décadas, la mayor parte de los datos obtenidos del experimento Mincome durmieron en el olvido en un archivo de Winnipeg, hasta que fueron redescubiertos por la socióloga Evelyn Forget, que elaboró el estudio definitivo sobre el experimento canadiense, resumido bajo el título The Town With No Poverty: “La ciudad donde no existía la pobreza”.

Las conclusiones de Forget fueron concluyentes. Entre otros efectos, en Dauphin descendió la violencia doméstica y el número de accidentes de coche, así como las hospitalizaciones psiquiátricas. Pero, sobre todo, el experimento vino a desmentir con rotundidad la principal crítica de los detractores de la RBC, puesto que se demostró que la motivación para buscar empleo del principal trabajador de la familia no declinaba. Sin embargo, sí hubo un pequeño descenso en la ocupación de los adolescentes y las madres de niños pequeños, seguramente porque los primeros se veían liberados de la necesidad de apoyar económicamente a sus familias y las segundas podían dedicarse a cuidar de sus hijos.

Dauphin era una ciudad de unos pocos miles de habitantes que vivía de la agricultura, y en la que la mayor parte de sus habitantes estaban autoempleados, por lo que conocían bien lo que es vivir con la acuciante incertidumbre del agricultor, que la renta mínima había hecho desaparecer. “Mincome ofrecía estabilidad y predictibilidad; las familias sabían que iban a contar con algún apoyo, con independencia de lo que le ocurriese a los precios de la agricultura o el tiempo”, explica Forget en su estudio. “Sabían que una enfermedad repentina, una incapacidad o un evento económico imprevisto no sería económicamente devastador”. El efecto más claro fue la desaparición de esa incertidumbre inmovilizadora provocada por el miedo a perderlo todo y que hace estragos entre las clases más desfavorecidas. Además, gracias a la renta mínima se confirmó una de las hipótesis del experimento: al mejorar la salud de la población los costes de este servicio se redujeron, lo que compensaba la inversión.

Coincidiendo con la crisis de la economía global, a finales de los años setenta el Gobierno canceló el Mincome, cuyos documentos fueron almacenados durante décadas por motivos no suficientemente aclarados.

Carnet de paro

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