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Justicia económica global
Updated: 4 hours 57 min ago

Empleo y paro no son los que dice el gobierno del PP

Thu, 28/09/2017 - 06:00
Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

 

Un reciente informe de la Comisión Europea sobre evolución social y empleo en Europa expone que la economía española se recupera, pero a un alto precio. Confirma que España sufre una tasa de desempleo del 19% y la consecuencia del altísimo desempleo y la precariedad que crece es que en España el 28,6% de población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Como Letonia, Lituania o Grecia.

No ha sido fácil estar a la cola de lo social de la UE. Han tenido que perpetrarse reformas laborales; en realidad contra-reformas, porque reformar en buen castellano significa cambiar algo para mejorar, que no es el caso.

Las contra-reformas permiten, por ejemplo, que un médico de familia firme en once meses 50 contratos de trabajo. Que otro asalariado encadene desde hace diez años en Correos contratos de seis meses seguidos y despidos de seis meses. Que otro trabajador firme ocho contratos de cuatro meses en una universidad de Madrid. Trampas y más trampas que perjudican a los trabajadores. Sin olvidar que solo el 5% de los contratos son indefinidos y a jornada completa o, lo que es igual, el 95% de nuevos empleos no lo son.

Quienes detentan el poder económico y sus cómplices políticos recurren a la macro-economía para ocultar la cruda realidad. Pero la macro-economía no dice la verdad sobre la vida de la gente trabajadora al presumir de crecimiento económico. El crecimiento económico (como lo entiende el neoliberalismo) no supone empleo suficiente ni garantiza una vida digna a los asalariados.

Hay dos ejemplos históricos de crecimiento económico que no suponen justicia ni vida decente para la clase trabajadora ni para el campesinado: Brasil y México. Ambos países crecieron sin interrupción en el siglo pasado año tras año. Sin embargo, no desapareció la pobreza; ni siquiera se redujo de modo notable. Pero sí aumentó una obscena desigualdad.

En España, el gobierno del Partido Popular presume de crecimiento y pretende que el país se ha recuperado de la crisis. Pero no es así para la gente común que son millones de personas. A mediados de este año, por ejemplo, había en España 1.700.000 asalariados con contratos encadenados: un 10% de los trabajadores con empleo. Y el verano que acaba aportó el peor dato de empleo desde 2008: en agosto se destruyeron 46.400 empleos y la Seguridad Social perdió 180.000 cotizantes. También aumentaron los contratos temporales hasta el 27% y sabido es que esos contratos están mal pagados.

Sin embargo, semanas antes, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) provocaron una injustificada euforia en el gobierno del Partido Popular. El PP proclamó la recuperación económica, pero solo dos meses después la innegable realidad de un mercado laboral frágil e insuficiente fue evidente de nuevo.

No es cierto que se crea empleo cuando se trabajan muchas menos horas. En 2009, en España se trabajaron 654 millones de horas, pero en 2016, cuando en teoría la economía despegaba, solo se trabajaron 613. Y 41 millones de horas trabajadas menos equivalen a cinco millones de jornadas a tiempo completo menos. ¿Cómo pretenden que hay crecimiento cuando se trabajan tantos millones de horas menos?

Que haya más empleos no significa demasiado para la gente trabajadora, pues gran parte vive en la incertidumbre y no puede llevar un vida digna. Por eso a Cáritas y a los bancos de alimentos les crece el trabajo. Algunos empleos más significan poco si no mejora la vida de la gente .

No es solo cuestión de más empleos; hay que ver qué empleo y como se paga . En realidad, muchos ocupados son subempleados pues trabajan bastantes menos horas de las que necesitan para vivir con dignidad. Actualmente hay 1.940.000 personas subempleadas, tantas como a finales de 2008.

Como denuncia José A. Llosa, “hacer un discurso de recuperación económica sustentado sobre una tasa de paro (19%) que duplica con holgura la media europea ( 8,5%) parece un juego peligroso, máxime cuando, tal y como indican los últimos datos de FOESSA, el 70% de las familias españolas no ha percibido ninguna clase de mejoría respecto a su situación en la crisis”.

La actual situación laboral precaria, y por tanto social, es así porque los gobiernos del PP han creado las condiciones para que los trabajadores pierdan con la austeridad, los recortes y la contra-reforma laboral. En beneficio de la clase empresarial, sobre todo la que controla las multinacionales, el Ibex 35.

Salarios más bajos, menos prestaciones sociales que hace 10 años y una precariedad laboral que campa a sus anchas deterioran la vida de los trabajadores. Esa transferencia de rentas de abajo hacia arriba es la única recuperación económica. Solo para la clase empresarial.

En conclusión, el paro según la EPA no refleja la verdadera situación laboral del país. Excluye de la cifra des parados a los inmigrantes que han vuelto a sus países, a los trabajadores nacionales que emigran y a los desanimados que ya no buscan empleo, que hoy se calcula rondan los 800.000. Y eso sin contar además que el cómputo oficial  considera empleados a quienes la semana anterior a la encuesta ¡hayan trabajado una hora! Una realidad falseada.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior puede afirmarse que en el Reino de España hay cuanto menos un 10% de parados más que lo que dice la EPA según fuentes de algunas organizaciones sociales. Para rematar el panorama laboral real, cabe añadir la demostrada pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Los funcionarios, por ejemplo, han perdido un 15% de poder adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular y los pensionistas el 3,5% desde 2013.

Ese es el panorama real de empleo y paro.

¡Por razones!

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La normalización de la extrema derecha

Wed, 27/09/2017 - 08:00

Alberto Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Ayer sucedieron dos hechos aparentemente desconectados que, sin embargo, tienen algo en común que es motivo de preocupación. Por un lado, la ultraderecha alemana ha vuelto al parlamento alemán por primera vez desde el final de la II Guerra Mundial. El partido Alternativa por Alemania (AfD por sus siglas en alemán) se ha convertido en el tercer partido más importante en representación parlamentaria, con aproximadamente un 13% de los votos -en estos momentos los resultados aún son provisionales-. Por otro lado, el acto celebrado ayer en Zaragoza por Unidos Podemos y otros partidos, con la presencia de más de 400 cargos públicos, tuvo un contrapunto en la manifestación de ultraderecha que se organizó en el mismo sitio y con objeto de boicotear el acto.

Ambos fenómenos están conectado por su carácter ultraderechista, si bien obedecen a realidades muy diferentes.

AfD es un partido nuevo creado en el año 2013. Desde su fundación se ha opuesto al proyecto europeo y, particularmente, a la arquitectura de la zona euro. Desde la posición de hegemonía de la economía alemana, sus líderes han propuesto la salida del euro y el despliegue de políticas económicas liberales, ya liberados del “lastre” de las economías periféricas como la española, griega o portuguesa. Sin embargo, con la llamada crisis de los refugiados el partido se ha ido escorando más a la derecha hasta asumir tesis directamente xenófobas y antiinmigración. Hace apenas unas semanas el partido solicitó en el parlamento europeo, por ejemplo, la abolición de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), escudándose en el falaz argumento de vincular a refugiados con terroristas. Su crecimiento al calor de ese discurso xenófobo guarda una notable similitud con el de otros partidos de extrema derecha en Europa, como el Frente Nacional en Francia o el Partido por la Libertad en los Países Bajos. El caso de AfD tiene un especial valor simbólico por ser precisamente en Alemania donde se manifestó la forma más violenta de fascismo, el nazismo.

Evidentemente, los dirigentes y votantes de AfD no son nazis. Al menos no en el sentido histórico que tiene esa palabra. El nazismo fue un producto histórico, de similares –pero no iguales- parámetros al fascismo italiano, francés y español de los años veinte y treinta del siglo XX. El proyecto de AfD, como el de otros partidos de extrema derecha, tiene motivaciones diferentes porque su contexto es radicalmente distinto y aunque guarden aspectos comunes, como un nacionalismo exacerbado o el discurso xenófobo, no es equiparable de forma precisa. De ahí que algunos autores prefieran hablar de “populismo de derechas” o de “nuevas derechas”, si bien a mí me parece más adecuado hablar de “extrema derecha”. En otro sitio he explorado las causas que llevan a este retorno del fascismo, en sus nuevas formas, concluyendo que tiene raíces económicas vinculadas a la globalización y a las políticas neoliberales.

La manifestación de ayer, por otra parte, no fue tampoco una manifestación nazi per se. Desde luego, la organización convocante –MSR- sí puede ser definida sin ningún problema como neonazi. Es una organización que ha concentrado gran parte de su actividad en la ocupación de edificios abandonados, o incluso cedidos, para ofrecer alimentos únicamente a familias españolas en necesidad. Su perfil responde claramente al de las nuevas organizaciones de extrema derecha que, en las últimas décadas, han ido abandonando la simbología fascista para tomar formas más normalizadas pero con el mismo contenido xenófobo y ultranacionalista. Para muchas de estas organizaciones el modelo es el Frente Nacional, partido que desde 2011 ha cambiado su discurso y sus formas para adaptarse a la moderna competición electoral.

Pero ayer hubo mucho más que eso. Junto con los colectivos organizados, que ya estaban desde las ocho de la mañana en los alrededores del reciento y con intenciones claras de boicotear el acto, y frente a una policía claramente insuficiente para mantener el orden público, también hubo centenares de manifestantes aparentemente normales, que se fueron incorporando a lo largo del día. Y subrayo lo de aparentemente normales porque ahí reside la clave de la cuestión. Por decirlo más provocadoramente: se trataba de personas de extrema derecha que parecen normales. En efecto, no era la típica estampa que uno tiene grabada de las manifestaciones fascistas del siglo pasado, con sus brazos el alto y su simbología fascista. Es verdad que había alguna que otra bandera franquista, y que más de uno coreaba el cara al sol. Pero la mayoría era gente que, tomada en solitario, podría ser un afable vecino de comunidad. Eso sí, gritaban como los que más que éramos unos traidores, que deberían ejecutarnos o que a la mínima nos iban a matar. Desde adolescentes de estética pija, hasta señoras mayores que en otro contexto parecerían amables abuelitas, pasando por curiosas y jóvenes parejas que, bandera rojigualda en mano, clamaban por la españolidad de todos los que estábamos dentro. A los catalanes les dijeron que eran españoles y a mí, que soy de Logroño, que era un traidor. En suma, un heterogéneo grupo cuyos integrantes, sin embargo, compartían las demandas ultranacionalistas y rezumaban un terrible odio contra el diferente. No en vano, fuertes motivaciones tendrían para estar durante seis horas fuera del pabellón, a pleno sol, y esperando la desprotegida salida de los cargos públicos para insultarnos, escupirnos, perseguirnos por la calle o incluso lanzarnos objetos.

Que nadie se engañe. Fue una concentración de extrema derecha, con claros tintes fascistas en muchos casos. Empezando por el obvio hecho de que se trataba de boicotear un acto en el que se reclamaba, y no es menor, democracia, fraternidad y diálogo. El carácter anticomunista de las consignas tampoco se nos puede escapar. Se trata de un sector de la población que siempre ha existido en nuestro país, pero que ahora está mucho más movilizado –naturalmente, empujado por la cuestión catalana y el 1-O- y quizás algo más ampliado dadas las circunstancias. El problema es que corremos el riesgo de normalizar este tipo de eventos y demandas, como si fueran meros ejercicios de la libertad de expresión y no de un síntoma preocupante de ascenso fascista en nuestro país.

Se dirá que en nuestro país no existe un partido de extrema derecha asimilable a los que están irrumpiendo en el norte de Europa, como AfD. Y en parte es verdad, pues el contexto es distinto. Pero también se esquiva en muchas ocasiones el obvio hecho de que muchos dirigentes del PP, y también muchas sus políticas, pertenecen al campo de lo demandado por esa extrema derecha. En el 2015 el dirigente nacional del PP, Javier Maroto vinculó explícitamente a los refugiados con los yihadistas que ponen bombas, por ejemplo. En 2015 el Gobierno del PP se comprometió a que España acogiera a más de 15.000 refugiados y un año más tarde sólo había acogido el 5%, en una actitud más cercada al ideario de AfD que al de la CDU de Merkel. Y el líder del PP en Cataluña, Xavier Albiol, se ha caracterizado por sus continuas declaraciones xenófobas. A su famoso cartel de propaganda electoral que pedía «limpiar Badalona» se pueden sumar frases como aquella otra en la que defendía que «el colectivo rumano-gitano se ha instalado a delinquir y robar». Fue premiado con un ascenso por el PP. Y dejamos fuera todo tipo de comentarios públicos de otros dirigentes del PP y, también, las suposiciones de lo que pensarán en privado.

En suma, la extrema-derecha está en ascenso porque existen las condiciones económicas y culturales adecuadas para ello. En España a la crisis económica y política que tenemos hay que sumar la crisis de Estado que está suponiendo el proceso independentista catalán. Como dijo Bretch, el mejor alimento de un nacionalismo es otro nacionalismo. Y en un país en el que la derecha reaccionaria impuso, siempre por la vía de la fuerza, la opción de un país homogéneo de unidad de destino universal, es de esperar que arrecien las manifestaciones de extrema derecha. La proliferación de convocatorias blancas, sin aparente organizadores, que se están dando estos días, todas destinadas a la protección de la patria, se pueden entender desde esta óptica. Y serán muchos los que querrán ver en esas manifestaciones la legítima expresión de un pueblo que defiende un determinado modelo de Estado. Pero una vez te aproximas y pones el oído, te das cuenta de que son las mismas consignas reaccionarias de toda la vida. ¿O es que alguien piensa que los casi seis millones de votos que ha obtenido AfD son cabezas rapadas que adoran a Hitler?

Defender la unidad de España no es necesariamente de extrema derecha. De hecho, algunos defendemos un modelo republicano federal que, a la manera pi-margalliana, podría entenderse como unidad de diversidad. Pero lo que sí es de extrema derecha es el ideario completo en el que se inserta habitualmente la demanda de unidad de España, que incluye por supuesto el querer ejecutar al diferente. Y detrás de todo esto no sólo hay organizaciones neonazis o un sistema cultural reaccionario, sino también un partido político interesado en contraponer el nacionalismo español al nacionalismo catalán. Tanto por convicción como por oportunidad política.

A mi juicio, el principal riesgo que asumimos en estos momentos es el blanqueamiento de esa extrema derecha, es decir, su normalización. Porque con ella va la normalización de un estado social, el de la reacción. En estos días se están escuchando demasiadas voces que justifican la represión y el autoritarismo contra los independentistas. Algo que inmediatamente se hace extensible a los simpatizantes de independentistas o incluso, como pasó con nuestro acto en Zaragoza, con los que proponemos diálogo con los independentistas. Así, al final tenemos jueces que prohíben debates públicos en Madrid y en otras ciudades y también partidos, como el PSOE de Zaragoza, que nos impide hacer un acto en un edificio público. No creo que el PP esté midiendo bien la situación política en el Estado, pero sí creo que está tratando de aprovechar la situación para salir de la misma fortalecido, con el sector ultra de la sociedad movilizado y marcando el ritmo del sentido común. Hasta que cortar la libertad de expresión y reunión de los republicanos, comunistas e independentistas sea sentido común. Probablemente eso es jugar con fuego, pero desde luego seguro que es minar las bases democráticas que, dicho de paso, tampoco son muy sólidas en nuestro país.

 

Alberto Garzón

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El socioliberalismo de crisis en crisis: Alemania. Solución, socialismo

Wed, 27/09/2017 - 06:00

Carlos MartínezConsejo Científico de ATTAC España

El histórico SPD, los socialdemócratas alemanes se han dado el revolcón electoral que todas/todos esperábamos. La mayor novedad de las recientes elecciones generales en Alemania ha sido le entrada con fuerza y por primera vez desde la segunda guerra mundial de un partido de extrema derecha en el parlamento federal.

Los votos perdidos por la CDU de Merkel han ido a parar a Alternativa por Alemania, pero no solo esos, sino que han arañado posiciones de otros partidos.La división entre Die Linke y el SPD, incapaces de entenderse han dado también alas a los derechistas. La posición desdibujada entre la CDU y el SPD ha hecho crecer a los xenófobos, pues no se diferencian en nada. Pero también la misma posición de Merkel -y en este caso es positivo- ante la acogida de refugiados ha trasvasado votos de la derecha más dura democristiana a los extremistas.

El SPD incapaz de ilusionar y con un mensaje gris socioliberal no ha resultado creíble como recambio para nada y la magra subida de Die Linke de tan solo medio punto, ha demostrado ser incapaz de recoger que voto descontento del SPD que ha perdido nada más y nada menos que un 5% de los sufragios. Tampoco los verdes alemanes muy moderados y burgueses ya, han subido más allá de medio punto.

El socioliberalismo europeo, da sus últimos coletazosfruto de sus políticas cómplices con la globalización neoliberal, las políticas Troika y su sumisión ante el sistema. Incapaces de regresar a la izquierda política y desde luego a sus compromisos con las clases trabajadoras y el nuevo precariado juvenil, así como tibieza ante cuestiones como el ecologismo o su abandono de la lucha de clases. Alemania que castiga a su clase obrera con los mini Jobs o salarios de miseria que han sido la base de su recuperación económica, asiste a sin embargo a un estancamiento de las izquierdas. Y es que estamos y no solo en Alemania sino en todo el mundo occidental, ante una rebelión en negativo de la clase obrera que abandonada y negada su existencia por sociólogos y politólogos sistémicos y derechizados, ve como nadie recoge sus intereses, excepto los laboristas en Gran Bretaña y cede ante un discurso demagógico nacionalista y racista. Una clase obrera que ya no son mineros o fundidores, sino seguratas, cajeras, reponedores, falsos autónomos o todo tipo de precarios incluso en los servicios públicos y del bienestar.

Pero el SPD es quien frena la posibilidad real de aplicar recetas políticas de cambio, reparto, justicia social y de fin de la austeridad en Alemania desde tiempos de la tercera vía con la que es incapaz de romper, pues ellos, la socialdemocracia alemana, han sido impulsores de recortes.

Nos preguntamos a la luz de lo realmente hecho en Grecia por Syriza y en este caso en Alemania en gran coalición ¿Es que desde el socialismo democrático no se pueden hacer otras políticas diferentes.Radicalmente diferentes?

Sin embargo Portugal con un Gobierno del PSP socialista, sí ha sido capaz de implementar otras realidades y el pequeño, pero gran Portugal, se ha enfrentado a la Unión Europea y ha vadeado a la Troika.

Francia y Alemania el desastre. Desastre puro y las izquierdas alternativas, ni en uno ni en otro país han sido capaces de recoger la desafección obrera, ciudadana y que ahora y gracias al aldabonazo de la CGT con la huelga general reciente, comienza a manifestarse.

En España sectores del viejo PSOE siguen anclados en el la gran coalición de facto como Susana Díaz y sus seguidores o incluso en el “Macronismo” pero también en el nuevo PSOE falta nervio y audacia. Audacia que en Europa tan solo el joven-viejo Corbyn representa. Es imprescindible un laborismo de izquierda alternativo que deje de trabajar en realidad para el poder y organice el Trabajo, abandonado por las clases medias radicalizadas y emergentes y todo tipo de talibanes políticos y sociales con reivindicaciones que no enganchan con el Trabajo.

Hace falta recomenzar a hacer pedagogía entre el precariado y la nueva clase trabajadora de la sociedad post-industrial al objeto de que se enteren de que ellos son trabajadores, jornaleras, explotados y que juntos nos protegeremos, que el enemigo no es el diferente, el de otro color, sino el que abusa de ti, te paga mal y te despide cuando quiere. Que juntas y juntos nos vamos a proteger mejor y buscar un futuro mucho mejor. Que el capitalismo no es sagrado y hay alternativa.

Vamos a comenzar a luchar contra la austeridad, pero en serio. Eso o más Alemania y más Francia.

 

Carlos Martinez es politólogo y del secretariado de Alternativa Socialista y de SOCIALISTAS

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La crisis inmobiliaria quedó atrás. La burbuja acecha

Tue, 26/09/2017 - 06:00

Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC España

En el segundo semestre de 2017,  junto a la recuperación de la tasa de crecimiento del PIB, destaca la tendencia al alza que han presentado los indicadores del mercado inmobiliario. Al igual que la expansión de este mercado entre 1997 y 2007 fue la más acusada de las registradas por la economía española, la recesión posterior a este último año fue también intensa. En 2017 ha reaparecido  la expresión “burbuja inmobiliaria”, que   había estado arrumbada durante una temporada.

El aumento intertrimestral del PIB de la economía española en un 0,9% en el segundo trimestre de 2017 ha permitido que dicha magnitud alcance  el nivel del inicio de la crisis,  el del segundo trimestre de 2008.  Sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho de que, de haber seguido creciendo en el periodo 2008-2017 a un moderado ritmo anual del 2%, en 2017 el PIB superaría en casi un 20% al nivel real alcanzado en este ejercicio.

Además, si bien se ha llegado al nivel de actividad previo a la crisis, el empleo sigue distante de los niveles de ocupación  alcanzados en dicha etapa. En el segundo trimestre de 2017  los 18,8 millones de empleos existentes están casi un 10% por debajo de los correspondientes al mismo trimestre de 2008, según la EPA del INE. Lo anterior implica que  hay por encima de dos millones de empleos menos que en el periodo de referencia. La crisis  iniciada en el verano de 2007 no ha dejado de pasar una pesada factura.

Como sucede con el PIB, el mercado de vivienda ha tomado fuerza en 2017. Al igual que la fase de expansión 1997-2007  fue la más dinámica de cuantas ha presentado el mercado de vivienda en España, la recesión acaecida entre 2007 y 2013 fue también acusada. Tras aumentar en casi un 200% entre 1997 y 2007, los precios de las viviendas disminuyeron en un 37%  entre 2007 y el primer trimestre de 2014.

Junto a la caída de los precios, destacó asimismo la disminución de las ventas de viviendas, que retrocedieron en un 68,5% entre 2006 y 2013, resultando espectacular  la caída de las de nueva construcción, que disminuyeron en un 86,2% en el mismo periodo. La abundancia de daciones en pago entre promotores y bancos  es posible que atenuase la incidencia real de dicho retroceso de las ventas.

Hubo dos indicadores que reflejaron con mayor intensidad el desplome del mercado de vivienda posterior a 2007. El primero fue el relativo a la nueva construcción de viviendas. Mientras que en 2006 se iniciaron 865.600 viviendas según los visados de los Colegios de Arquitectos Técnicos, en 2013 dichas iniciaciones no pasaron de 34.300. Dicha evolución supuso una disminución de las viviendas iniciadas en un 96%, siendo la de 2013 la menor cifra anual  desde que se dispone de datos de viviendas iniciadas.

El segundo indicador  que mejor reflejó la situación deprimida del mercado de vivienda fue el del stock de viviendas terminadas y no vendidas. Según la estimación realizada por el Ministerio de Fomento, en 2009 dicho  stock se aproximó a las 650.000 viviendas, superándose las 100.000 en la Comunidad Valenciana.  Una vez recuperado el mercado de viviendas, a fines de 2016, todavía quedaban casi 500.000 viviendas de nueva construcción no vendidas. En la presente etapa de recuperación, no es raro encontrar nuevas promociones de viviendas próximas a bloques de viviendas sin vender  construidas en la pasada expansión.  El afán por construir vuelve con bríos renovados

Desde el primer trimestre de 2014, precios y ventas de  viviendas no han dejado de recuperarse, destacando el 16% de aumento alcanzado por los precios frente a unos precios de consumo que aumentan levemente y unos salarios que más bien siguen bajando . Lo sucedido  entre 2007 y 2013 revela que el mercado de vivienda en España no es inmune  a las etapas bajistas que afectan a otros sectores de la economía española.

De nuevo se están comprando viviendas ante la expectativa de subidas de precios, de nuevo reaparecen los pequeños promotores alimentados por créditos bancarios y que construyen  sin conocer bien la demanda, todo lo cual confirma que no es imposible que pueda repetirse una nueva burbuja.

 

JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a  la Crisis

Una versión de este artículo se publicó en la revista digital semanal “El siglo de Europa” el 16 de septiembre de 2017

Publicado por

http://julrodlop.blogspot.com.es/

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Las formas de lucha

Mon, 25/09/2017 - 06:00

Boaventura de Sousa Santos - Público.es

Hay temas que, a pesar de tener una presencia constante en la vida de la gran mayoría de las personas, aparecen y desaparecen del radar de aquellos a quienes corresponde reflexionar sobre ellos, sea en el plano científico, cultural o filosófico. Algunos de los temas hoy desaparecidos son, por ejemplo, la lucha social (más aún, la lucha de clases), la resistencia, la desobediencia civil, la rebeldía, la revolución y, subyacente a ellos, la violencia revolucionaria. A lo largo de los últimos ciento cincuenta años, estos temas tuvieron un papel central en la filosofía y la sociología políticas porque sin ellos era virtualmente imposible hablar de transformación social y de justicia. Hoy en día, la violencia está omnipresente en los noticieros y las columnas de opinión, pero raramente se refiere a los temas anteriores. La violencia de que se habla es la violencia despolitizada, o concebida como tal: la violencia doméstica, la criminalidad, el crimen organizado. Por otro lado, siempre se habla de violencia física, raramente de violencia psicológica, cultural o simbólica y, nunca, de violencia estructural. Los únicos contextos en que a veces la violencia adquiere condición política es la violencia en los países “menos desarrollados” o “Estados fallidos” y la violencia terrorista, considerada (y bien) como un modo inaceptable de lucha política.

En términos de debate filosófico y político, nuestro tiempo es un tiempo simultáneamente infantil y senil. Gatea, por un lado, entre ideas que lo atraen por la novedad y le confieren el orgullo de ser protagonista de algo inaugural (autonomía, competencia, empoderamiento, creatividad, redes sociales). Y, por otro, se deja perturbar por una ausencia, una falta que no puede nombrar exactamente (solidaridad, cohesión social, justicia, cooperación, dignidad, reconocimiento de la diferencia), una falta obsoleta pero lo suficientemente impertinente como para hacerle tropezar en su propia ruina.

Como la lucha, la resistencia, la rebeldía, la desobediencia, la revolución siguen constituyendo la experiencia cotidiana de la gran mayoría de la población mundial, que, además, paga un precio muy alto por eso, la disyunción entre el modo en que se vive y lo que se dice públicamente sobre él hace que nuestro tiempo sea un tiempo dividido entre dos grupos muy asimétricos: los que no pueden olvidar y los que no quieren recordar. Los primeros solo en apariencia son seniles y los segundos solo en apariencia son infantiles. Son todos contemporáneos unos de otros, pero se remiten a contemporaneidades diferentes.

Revisemos, pues, los conceptos senilizados. Lucha es toda disputa o conflicto sobre un recurso escaso que confiere poder a quien lo detenta. Las luchas sociales siempre existieron y siempre tuvieron objetivos y protagonistas muy diversificados. A finales del siglo XIX, Marx otorgó un papel especial a un cierto tipo de lucha: la lucha de clases. Su especificidad residía en su radicalidad (la parte perdedora perdería todo), en su naturaleza (entre grupos sociales organizados en función de su posición frente a la explotación del trabajo asalariado) y en sus objetivos incompatibles (capitalismo o socialismo). Las luchas sociales nunca se redujeron a la lucha de clases. A mediados del siglo pasado surgió el término “nuevos movimientos sociales” para dar cuenta de actores políticos organizados en otras luchas según criterios de agregación distintos de la clase y con objetivos muy diversificados. Esta ampliación no solo ensanchaba el concepto de lucha social, sino que daba más complejidad a la idea de resistencia, un concepto que pasó a designar los grupos inconformes con el estatuto de víctima. Es resistente todo aquel que se niega a ser víctima. Esta ampliación recuperaba algunos debates de finales del siglo XIX entre anarquistas y marxistas, en particular el debate sobre la revolución y la rebeldía.

La revolución implicaba la sustitución de un orden político por otro, mientras que la rebeldía significaba el rechazo de un determinado (o de cualquier) orden político. La rebeldía se distinguía de la desobediencia civil, porque esta, al contrario de la primera, cuestionaba una determinación específica (por ejemplo, servicio militar obligatorio) pero no el orden político en su conjunto. El concepto de revolución se fue alimentando con la Revolución rusa, la Revolución china, la Revolución cubana, la Revolución argelina, la Revolución egipcia, la Revolución vietnamita o la Revolución portuguesa del 25 de abril de 1974 (aunque muchos, como yo, dudásemos de su carácter revolucionario).

La caída del Muro de Berlín restó actualidad al concepto de revolución, aunque el mismo resucitase algunos años después en América Latina con la Revolución bolivariana (Venezuela), la Revolución comunitaria (Bolivia) y la Revolución ciudadana (Ecuador), incluso si en estos casos hubiesen muchas dudas sobre el carácter revolucionario de tales procesos. Con el levantamiento neozapatista de 1994, el Foro Social Mundial de 2001 y años siguientes, y los movimientos indígenas y afrodescendientes, los conceptos de rebeldía y de dignidad volvieron a ser predominantes. Hasta hoy.

Subyacente a las vicisitudes de estos diferentes modos de nombrar las luchas sociales contra el statu quo, estuvieron presentes siempre dos cuestiones: la dialéctica entre institucionalidad y extrainstitucionalidad; y la dialéctica entre lucha violenta o armada y lucha pacífica. Las dos cuestiones son autónomas, aunque están relacionadas: la lucha institucional puede o no ser violenta y la lucha armada, si es duradera, crea su propia institucionalidad. Ambas cuestiones comenzaron a ser discutidas a lo largo del siglo XIX y explosionaron en momentos diferentes al final del siglo XIX e inicio del siglo XX. ¿Por qué las menciono aquí? Porque a pesar, en los últimos treinta años, de haber sido consideradas obsoletas o residuales, ganaron últimamente una nueva vida.

Institucional versus extrainstitucional. Esta cuestión se agudizó con las divisiones en el seno del partido socialdemócrata alemán en vísperas de la Primera Guerra Mundial. ¿Luchar dentro de las instituciones? ¿O presionarlas y hasta transformarlas desde fuera por vías consideradas ilegales? La cuestión siguió su curso durante cincuenta años y pareció haberse agotado con el fin de la revuelta estudiantil de Mayo de 1968. Obviamente que en diferentes partes del mundo continuaron habiendo insurrecciones, guerrillas, protestas, huelgas generales, luchas de liberación; pero de algún modo se fue consolidando la idea de que representaban el pasado y no el futuro, toda vez que la democracia liberal, ahora apadrinada por el neoliberalismo global, el FMI, el Banco Mundial, la ONU, acabaría por imponerse como el único modo legítimo de dirimir conflictos políticos. Todo cambió en 2011 con la ola de movimientos de protesta en diferentes países: las distintas primaveras de revuelta, el movimiento Occupy Wall Street, los movimientos de los indignados, etcétera. ¿Por qué este cambio? Sospecho que la crisis de la democracia liberal se ha venido profundizando de tal modo que movimientos y protestas por fuera de las instituciones pueden pasar a ser parte de la nueva normalidad política.

Lucha armada versus lucha pacífica. La cuestión de la violencia es el tema que el pensamiento político dominante (tan viciado en el estudio de los sistemas electorales) evitó a toda costa a lo largo del siglo pasado. Sin embargo, los protagonistas de las luchas se enfrentaron continuamente con la cuestión en el terreno. Obviamente que no toda violencia es revolucionaria. Durante el siglo XX quienes más recurrieron a ella fueron los contrarrevolucionarios, los nazis, los fascistas, los colonialistas, los fundamentalistas de todas las confesiones y los propios estalinistas después de la perversión de la revolución que emprendieron. Pero en el campo revolucionario las divisiones fueron encendidas: entre los marxistas y maoístas de la India y Gandhi, entre Martin Luther King Jr. y Malcom X, entre diferentes movimientos de liberación del colonialismo europeo y Frantz Fanon, entre movimientos independentistas en Europa (País Vasco, Irlanda del Norte) y movimientos revolucionarios de América Latina. También aquí –a pesar de la continuidad de la lucha armada en el Delta del Níger y en las zonas rurales de la India dominadas por los naxalitas (maoístas)– la idea de violencia revolucionaria y de lucha armada ha perdido legitimidad, de lo cual las negociaciones de paz en curso en Colombia son una demostración elocuente.

Empero, hay dos elementos perturbadores de los que quiero dar cuenta. En muchos países donde la violencia política terminó con negociaciones de paz, la violencia volvió (muchas veces contra líderes políticos y de movimientos sociales) bajo la forma de violencia despolitizada o criminalidad común. El Salvador y Honduras son casos paradigmáticos y Colombia podría serlo. Por otro lado, la lucha armada fue deslegitimada porque falló muchas veces en sus objetivos y porque se creyó que estos serían más eficazmente alcanzados por la vía pacífica y democrática.

¿Y si se profundizara la crisis de la democracia? Uno de los revolucionarios que más admiro y que pagó con la vida su dedicación a la revolución socialista, el padre Camilo Torres, de Colombia, doctorado en sociología por la Universidad de Lovaina, respondió así en 1965 a la pregunta de un periodista sobre la legitimidad de la lucha armada: “El fin no justifica los medios. Sin embargo, en la acción concreta, muchos medios comienzan a ser impracticables. De acuerdo con la moral tradicional de la Iglesia la lucha armada es permitida a una sociedad en las siguientes condiciones:

  1. Haber agotado los medios pacíficos.
  2. Tener una probabilidad bastante cierta de éxito.
  3. Que los males resultantes de esta lucha no sean peores que la situación que se quiere remediar.
  4. Que haya el concepto de algunas personas de criterio ilustrado y correcto sobre el cumplimiento de las condiciones anteriores” [1].

A un pacifista como yo, que siempre luchó por la radicalización de la democracia como vía no violenta para construir una sociedad más justa, provoca estremecimientos pensar si en muchos países los patrones de convivencia pacífica y democrática no se estarán degradando a tal punto que las cuatro condiciones del padre Camilo Torres puedan tener respuesta positiva.

Notas [1] Torres Restrepo, C. (2016), Textos inéditos y poco conocidos, vol. 1, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 272.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo. Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Sus últimos libros en español: Si Dios fuese un activista de los derechos humanos (Madrid, Trotta 2014) y, de próxima aparición, con Maria Paula Meneses, Epistemologías del Sur (Madrid, Akal)

 

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Merkel, Merkel, Merkel…

Sun, 24/09/2017 - 12:00

Jorge Eduardo NavarreteLa Jornada  (México)

El domingo Angela Merkel será electa para un cuarto periodo consecutivo como canciller federal de Alemania –primera economía de una Unión Europea que va a reimaginarse tras el prolongado trauma de la salida británica–, líder de facto de un Occidente cada vez más indefinido e incierto por las inauditas veleidades de su líder no de jure pero sí usualmente reconocido, el presidente de Estados Unidos. Es muy reducido, me parece, el riesgo de errar la predicción. Aun sin considerar los amplios márgenes de ventaja que le adjudican las encuestas de intención de voto, numerosos otros factores apuntan a una victoria más de la coalición demosocialcristiana. Será menos estrecha que la primera, hace 17 años, con ventaja de sólo dos escaños y la impresión extendida que la líder venida del Este no duraría mucho en el cargo. Se discute, sin embargo, si la ventaja que ahora obtenga le permitirá gobernar en solitario con mayoría suficiente para liberarla de sobresaltos en un Bundestag (Parlamento Federal en Alemania) dividido y con presencia, por primera vez desde el fin de la guerra, de un partido de extrema derecha. Si se precisa una coalición para lograr tal mayoría, tendría que reconducirse la actual gran coalición, que se convertiría en los hechos en el estilo alemán de gobernar: entre las dos formaciones más votadas, sólo se elige a la que encabece otra coalición. Un nuevo periodo parlamentario como socio menor de un gobierno de centro-derecha podría conducir a la insignificancia política a los herederos históricos de Friedrich Ebert y Willy Brandt, los socialdemócratas –una mudanza mayor en una Europa que busca otros derroteros.

La mayor incertidumbre y los temores mayores asociados a la elección de este domingo se han referido al partido ultranacionalista, xenófobo, de extrema derecha, Alternative für Deutschland (AfD), que convenientemente trocó su oposición al euro por el odio al islam, que produce más votos. Entre los descalabros provocados por el rechazo abierto o la indiferencia inexplicable de las naciones de Europa ante las demandas de refugio y asilo de emigrantes provenientes del Levante y de África; frente a los vapores provenientes del abandono de la UE por los británicos; ante la popularidad instantánea que conquistan las actitudes ultranacionalistas o de cerrazón provinciana, y ante la fascinación ambivalente del fenómeno Trump; ante todo esto, en la primera mitad del año se creyó que los argumentos de AfD convencerían a un número suficiente de electores alemanes para llevarla al parlamento federal y hacerla indispensable en cualquier coalición de gobierno. El claro rechazo de los demás partidos a entretener esta posibilidad y los enfrentamientos a muerte (política) dentro del liderazgo de la AfD, desarmaron en parte esta perspectiva. Quizá AfD –presente ya en 13 de 16 parlamentos de los Länder– rebase con mucho 5 por ciento y consiga buen número de curules, pero no será el K ingmaker (hacedor de reyes) que sus rijosos líderes esperaban. Para fortuna de todos. Sería un error, sin embargo, suponer que se ha conjurado la amenaza de la ultraderecha en Alemania y otros países europeos. La serpiente del neonazismo tiene mil cabezas y ramificaciones, como vimos este verano en Estados Unidos.

Por razones diferentes por completo, las expectativas electorales de los socialdemócratas, colgadas del prestigio personal de su nuevo líder, hasta hace muy poco presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, han seguido una trayectoria similar. Desde la salida de Gerhard Schröder, los líderes socialdemócratas han sido incapaces de significar una competencia creíble para la formidable señora Merkel. Schulz pareció ser un par verosímil y reconocido, en prendas intelectuales y políticas. Su historial no quedaba muy atrás tampoco. Sin embargo, pronto se desinfló el impulso que lo empujaba en los primeros meses tras su exaltación. En el enrarecido ambiente político ya descrito, situarse a la izquierda de Merkel en temas como la migración podía llevarlo a perder apoyos y votos, incluso en el SPD mismo. Después de que Francia optó por la derecha oportunista e Italia decidió –como ya había hecho Merkel en Alemania– buscar salidas propias de corto plazo para cortar el flujo de refugiados, su campo de coincidencia internacional se estrechó significativamente. Hacia quién podía voltear Schulz, ¿hacia Rajoy? Con Trump en Washington, los alemanes parecen confiar más en la ya demostrada firmeza tranquila de Merkel, que ofrecer a otros oportunidad de ensayar sus propios enfoques. Es un lugar común pero vale la pena repetirlo: Schulz alcanzó la posición que más anhelaba en el momento que le resultaba menos conveniente.

Con algo menos de la cuarta parte de los votos, el SPD será la segunda fuerza en el Bundestag: lejos de la primera (el tercio plus de la coalición demosocialcristiana), pero no suficientemente por encima de las siguientes que forman el Parlamento. Merkel puede elegir socio(s) para la coalición que con seguridad necesitará construir. Excluidos por definición tanto AfD como Die Linke (La Izquierda), quedan los viejos conocidos: los liberal demócratas del Partido Democrático Libre (FDP), muy disminuidos, y los verdes, lejana sombra de lo que fueron en tiempos de Joschka Fischer, aún activo polemista. En Alemania denominan coalición Jamaica a la alianza democristiana, liberal y ecologista, pues sus colores –negro, amarillo y verde– se encuentran en la bandera de tal isla, una de las Antillas mayores, como decían los geógrafos de principios del siglo pasado.

En función de las curules que obtenga cada uno de los seis partidos que entrarán al Bundestag se definirán mejor las opciones de coalición. La más sencilla, la de los dos mayores, resulta ahora muy difícil para el socio menor, los socialdemócratas, como ya se dijo. La coalición Jamaicasupone transacciones delicadas entre fuerzas de orientación política no sólo diferente, sino opuesta. Hay temas, como los relacionados con el futuro del estado de bienestar en Alemania, en que no existe prácticamente ninguna coincidencia entre verdes y liberaldemócratas. Se ha señalado, además, que mantenerse algún tiempo en la oposición y ejercerla de manera inteligente sería conveniente para los socialdemócratas y los prepararía para ser la opción de recambio tras un cuarto periodo de Mekel, que no necesariamente se extendería hasta el final de la legislatura en 2021, si resulta una coalición frágil o, incluso, un gobierno de minoría. Bajo cualquier hipótesis, los desafíos para el nuevo gobierno alemán, en los escenarios europeo, del Atlántico norte y global, serán formidables.

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Cuando el capitalismo se comió a los Estados

Sat, 23/09/2017 - 06:00

Miguel Ángel Conejos Montalar -AraInfo

Este jueves entrará en vigor el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), que supone la apertura de puertas a un nuevo modelo político en el que las corporaciones alcanzan cotas de poder que pueden llegar a anular a los Estados

Cuando el capitalismo se comió a los Estados Juncker, Trudeau y Tusk durante la firma del CETA.

 

El tratado de libre comercio con Canadá entrará en vigor este jueves de forma provisional y con él lo harán la práctica totalidad de mecanismos y disposiciones pactadas por Bruselas y Ottawa, sin ni siquiera haber sido ratificado por la totalidad de parlamentos europeos.

Desde Bruselas se sigue tratando de vender las supuestas bondades de un tratado que en términos macroeconómicos, al parecer los únicos que desde las instituciones europeas se comprenden, podría reducir los aranceles en varios cientos de millones al año y permitir un aumento de las exportaciones por encima del 10%.

La práctica totalidad de los informes europeos apuntan hacia esos beneficios. En sentido contrario al acuerdo tan solo se mostraba un estudio de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, alertando de la destrucción de más de 200.000 empleos en el espacio UE, a la vez que ponía en duda la compatibilidad del CETA y las leyes actuales, tanto las europeas como las propias de los Estados.

La realidad es que la aplicación del CETA, todavía pendiente de decisiones e informes judiciales como el solicitado por Bélgica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidiendo que resuelva si el tratado “es compatible con los Tratados de la UE, en lo que afecta a los derechos fundamentales”, supone la apertura de una puerta que podría dejar a los Estados desarmados ante las corporaciones y multinacionales.

Quizá temerosos algunos de los miembros de la UE se opusieron al Sistema de Tribunales de Inversiones -el controvertido punto del CETA que permitía a las multinacionales demandar a los Estados- por lo que éste ha sido el único punto del Tratado que no entrará en vigor este jueves.

La experiencia canadiense con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) – similar al CETA y firmado entre Estados Unidos, Canadá y México- debería ser motivo suficiente para suspender ese punto definitivamente. Desde la implantación del TCLAN Canadá ha sido demandado en 37 ocasiones por corporaciones y ha perdido o llegado a un acuerdo sobre ocho de esas demandas, pagando 171,5 millones de dólares estadounidenses a inversores extranjeros en concepto de daños.

Además, el CETA atenta contra los derechos laborales y los servicios públicos. Así lo han denunciado conjuntamente el movimiento sindical europeo y canadiense. Hace meses que vienen avisando que el derecho de sindicación y de negociación colectiva no vienen recogidos en el CETA y que tampoco existe protección explícita de los servicios públicos, lo que podría abrir la puerta a la liberalización de algunos sectores.

Generalizando, el CETA consiente la creación de un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros, en este caso canadienses, aunque como ocurre con las empresas internas o cualquiera de los habitantes de la Unión Europea ya tengan acceso a sistemas jurídicos internos ante los que presentar sus demandas. Además estas corporaciones parten con ventaja sobre el común de los mortales, pues disponen de gabinetes de abogados y consultoras económicas más sofisticadas que les permiten evaluar la rentabilidad de sus inversiones con la legalidad de cada territorio.

¿Por qué hacerles una legislación a la medida? Un análisis liviano de la situación política actual nos lleva a pensar que hace tiempo que no se gobierna mirando a los pueblos y sí poniendo la vista en los resultados macroeconómicos. Una visión periférica de ambos bandos, inversores y legisladores, nos haría comprobar que con este tipo de tratados quienes realmente ganan son los inversores con capacidad económica como para demandar a los Estados, mientras que estos obtienen un beneficio macroeconómico y geoestratégico, pese a los perjuicios de desprotección de la economía local, vulneración de derechos de los y las trabajadoras y puesta en riesgo de servicios y capitales públicos.

Los otros CETA

Pese a que el CETA será el primer macro-tratado firmado por la UE, Canadá ya dispone de ocho tratados bilaterales con gobiernos europeos. Tras la entrada en vigor de este jueves esos tratados quedarían en papel mojado, puesto que los inversores preferirán un tratado como el CETA, mucho más ventajoso para ellos.

El CETA ha eclipsado al primero de los grandes tratados de libre comercio que iba a ser firmado por la UE, el TTIP con Estados Unidos. Sin embargo, ha habido quienes han tachado al CETA como el “caballo de troya” del TTIP. En ese sentido se manifestaba Florent Marcellesi, Eurodiputado por EQUO en el Parlamento Europeo, haciendo referencia a que muchas de las multinacionales estadounidenses podrían actuar en base al CETA gracias a sus filiales canadienses, y no son pocas las que tienen oficinas a ambos lados del Lago Ontario, entre muchas otras Monsanto, Cargill, McDonalds, IBM, Google, Ford o Coca-Cola.

Además del TTIP, todavía en la nevera debido en parte a la gran contestación social, la Unión Europea ya trabaja en acuerdos similares con México (TLCUEM), recientemente ha anunciado otro futuro acuerdo con Australia y Nueva Zelanda, así como la modernización en el sentido de estos acuerdos de libre comercio del vigente con Chile.

Saliendo del ámbito meramente territorial y dentro del neoliberalismo salvaje que parece dominarlo todo, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA por sus siglas en inglés) es el que más evidentemente atenta contra la soberanía de los Estados. Firmado por 23 países el tratado tiene como objetivo la liberalización de servicios públicos abarcando sectores como el empleo, la comunicación, el transporte, la salud, el suministro de agua, los residuos y la distribución de energía entre otros.

La firma del CETA abre una brecha en la hasta ahora supuesta soberanía de los Estados, y sirve en cierto modo como documento fundacional de una época que hace ya tiempo comenzó a gestarse en Europa, una era en la que la capitalismo ya está masticando a la política.

 

Miembro del Consello d’AraInfo.

@maconejos

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