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Justicia económica global
Updated: 1 hour 37 min ago

El FMI de nuevo contra la ciudadanía

Thu, 03/08/2017 - 09:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica informes anuales en los que aprueba, critica, modifica o rechaza las actuaciones políticas y económicas de los gobiernos. Y ‘recomienda’ medidas concretas a aplicar. El FMI se creó en 1944 para garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era la estabilidad de las monedas para asegurar el desarrollo del comercio mundial.

Un tiempo después, como se ha visto en las últimas décadas, el FMI se puso al innegable servicio de lo que Marx y Engels llamaron la ‘clase dominante’ y, en términos coloquiales, los ricos. El FMI tomó partido descarado por quienes tienen el poder económico. La pirata actuación del FMI en América Latina en los años setenta y ochenta del siglo XX, obligando a los países a políticas de recortes sociales, servicios públicos y derechos, si querían obtener los créditos del Banco Mundial, es buena prueba de ello.

Hoy, en los análisis y recomendaciones al Reino de España del último informe del FMI se le vuelve a ver el plumero, se comprueba al servicio de quien están. En ese informe, el FMI considera “impresionante” la expansión económica y creación de empleo en el Reino de España. Pero curiosamente no dice nada del hecho aún más impresionante, comprobado y documentado, del avance de la desigualdad y que el 15% de trabajadores, aún teniendo un empleo, son pobres. Con empleo y pobres. Claro que el FMI en absoluto tiene en cuenta la calidad de la vida de los trabajadores y por eso es capaz de elogira las ‘reformas’ que han convertido España en un ¿país más flexible, competitivo y resistente, con un dinámico sector de servicios?

Sería bueno que las lumbreras del FMI se dieran una vuelta por las empresas de ese presunto dinámico sector de servicios español.  Comprobarían que tras la alta rentabilidad económica para los empresarios, aumenta la precarización, las condiciones laborales indecentes y una temporalidad del 35%. Y todo ello significa inseguridad laboral, menos ingresos, salarios bajos…

Un caso clásico de ese ‘dinámico’ sector es el de las camareras que arreglan habitaciones de hotel. No son asalariadas fijas sino falsas trabajadoras autónomas a las que los hoteles pagan como máximo 2 euros por habitación. Echen cuentas de cuantas habitaciones han de arreglar para conseguir un salario muy justito. Y sucede en pleno triunfalismo gubernamental de cifras récord de turistas… cuyos beneficios nunca llegan a los trabajadores.

Finalmente, ¿qué propone el FMI? Más ‘reformas’. Y ya sabemos que significa ‘reformas’ cuando lo dice alguien del FMI, OCDE, BCE o similar.

¿Y por qué no obtener más ingresos en vez de recortar y jorobar? Sí, claro. El FMI recomienda… subir el IVA. Pero, cucos como son, lo llaman ‘acercar’ el IVA de España al nivel europeo. Y aquí cabe insistir en que el IVA es un impuesto regresivo (y por tanto injusto), que paga igual quien tiene todo que quien nada tiene. ¿Por qué no proponer que las empresas con beneficios paguen el impuesto de sociedades sin recortes ni subvenciones? Porque actualmente las grandes empresas del Ibex, por ejemplo, pagan  un ridículo tipo impositivo de 7,3% sobre los beneficios, que es la mitad de lo ue pagan los asalariados por el IRPF.

¿Por qué no exigen más medios en la lucha contra el fraude fiscal e impago de impuestos de grandes empresas, grandes fortunas y corporaciones multinacionales?

En cuanto a las pensiones públicas, el FMI considera que no serán sostenibles en España si no se prolonga la vida laboral. Proponen retrasar la edad de jubilación y que la gente no se pueda jubilar hasta los 70 años, por ejemplo. Y que se incentiven planes de pensiones privados. Lo que es una falacia, porque no hay pensiones privadas. Hay aportaciones individuales regulares a fondos de inversión que especulan, cuyas rentas, cuando las hay y en la cantidad obtenida, se pagan mensualmente a quienes han aportado esas cuotas regulares al fondo de inversión durante años. A eso llaman ‘planes de pensiones privadas’, pero no son tales sino aportar cantidades mensuales a un fondo de inversión durante años. Aportación que rendirá más o menos según los beneficios obtenidos por los fondos de inversión especulando en los mercados financieros.

Y, como remate, según el FMI, para tener un mercado laboral saludable y dinámico hay que ‘flexibilizarlo’. ¿Flexibilizarlo? E romñan paladino significa poder despedir fácilmente sin coste o a un coste muy bajo. Por cierto, un país que ha aplicado a rajatabla esa ‘flexibilización’ ha sido EEUU. El resultado es que, según datos de la oficina federal del censo, hoy hay 47 millones de estadounidenses pobres, que es el 15% de la población. ¿No son muchos en un país tan rico?

El FMI actúa como el enemigo del pueblo que es. Si se aplican sus recetas habrá más desigualdad, más penuria y más carencias.

¡Por razones!

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Venezuela y la Asamblea Nacional Constituyente: ¿poco o mucho?

Thu, 03/08/2017 - 07:00

Atilio BoronAlainet, América Latina en movimiento

Pocas veces se celebraron elecciones en un contexto tan signado por la violencia como las de este domingo pasado en Venezuela. Hay pocas experiencias similares en el Líbano, Siria e Irak. Tal vez en los Balcanes durante la desintegración de la ex Yugoslavia. Dudo que en algún país europeo o mismo en Estados Unidos se hubiera celebrado elección alguna en un contexto similar al venezolano. Por eso que algo más de ocho millones de personas hayan desafiado a la derecha terrorista con sus sicarios, pirómanos, saqueadores y francotiradores y concurrido a emitir su voto demuestra el arraigo del chavismo en las clases populares y, además, un valor a toda prueba para luchar por la paz y repudiar la violencia. Y cuando el CNE dice que votaron 8.089.320 personas es así nomás, doblemente certificado por la cédula electoral y el control de las huellas dactilares de cada uno de los votantes. Ese material está allí, sujeto a verificación por parte de la oposición o de observadores independientes, contrariamente a lo ocurrido con la pantomima electoral de la MUD el 16 de Julio que en una hilarante innovación en el arte y la ciencia de la política procedió a admitir votantes con o sin documentos, sufragar cuantas veces lo quisiera para luego quemar todos los registros una vez terminado el relampagueante recuento de los 7 millones y medio de votos que mienten haber recibido.

Pese a estos antecedentes el resultado de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente fue tildado como fraudulento tanto por la derecha internacional, gubernamental o no, como por algunas sectas delirantes de la izquierda eternamente funcionales al imperialismo. Algunos ilustres gobiernos de dentro y fuera de la región: México, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Paraguay, Brasil, Canadá, España y Costa Rica se apresuraron a declarar al día siguiente de la elección que no reconocerían la ANC surgida del voto ciudadano en Venezuela algo que, sin dudas, le quita el sueño al gobierno bolivariano y a millones de venezolanos abatidos por tan degradante noticia. Se comprende que aquellos gobiernos no puedan hacerlo porque tienen demasiadas preocupaciones en casa como para perder un minuto en reconocer la lección de democracia que el bravo pueblo venezolano ofreciera el domingo. México está azorado por el octavo periodista asesinado en lo que va del año, y sin nunca hallar al responsable amén de otras minucias como los 57 asesinatos por día registrados durante el 2016; el gobierno argentino por la muy probable derrota en el principal distrito electoral del país y una economía que no levanta vuelo; Chile, por la profunda deslegitimación de su sistema político y las protestas sociales que a diario conmueven las principales ciudades del país; Colombia, absorta en la atención de sus siete millones y medio de desplazados por el paramilitarismo y el narcotráfico; Paraguay por la penetración del narco en los distintos niveles de la administración pública; Brasil por el estercolero en que se ha hundido el conjunto de su dirigencia, para ni hablar del caos en que se encuentra Estados Unidos con un jefe de estado impredecible y veleidoso como pocos y una pobre España sumida ella también en la corrupción de sus ricachones, la putrefacción de la monarquía y el irreparable desprestigio de su clase política. Gobiernos excelsos que seguramente ignoran que el ex presidente de EEUU James Carter –no precisamente un chavista- aseguró que el sistema electoral de Venezuela era más confiable y transparente que el de Estados Unidos.

Pero, envalentonados por el apoyo de tan distinguidos gobiernos, los críticos de la revolución bolivariana no se arredran y levantan su dedo acusador señalando que el grado de participación en la elección de la ANC, 42 % del padrón electoral, fue muy bajo y mal puede avalar las pretensiones del oficialismo de legitimar su instalación en los próximos días. La prensa canalla, cuya misión excluyente es mentir y manipular con absoluta inescrupulosidad la conciencia pública, nada dice de las condiciones bajo las cuales las venezolanas y los venezolanos salieron de sus casas a votar. Peor aún, en su absoluta descomposición moral al diario El País, nave insignia del terrorismo mediático, se le olvidó que el 21 de Febrero del 2005 tituló “Sí rotundo a la Constitución Europea con una participación del 42 %” de los españoles, resultado obtenido en medio de un clima de total tranquilidad, sin guarimbas ni sicarios sueltos por las calles. Pero doce años más tarde lo que en España permitía hablar de un “sí rotundo” se transmutaba en una crítica por la “violencia y la abstención en la Constituyente de Maduro”. Nada dijo ese “house organ” del capital que su tan admirada Michelle Bachelet obtuvo la presidencia en 2013 en elecciones que contaron con la participación del 41.9 % de los empadronados, y que en las municipales de Chile del año pasado la participación fue menor aún: 34.9 %. O que en Colombia Juan M. Santos fue elegido en un balotaje con 47 % de concurrencia de votantes y que en el Referendo por la Paz, de comienzos del 2016 la participación para decidir un asunto tan crucial como ese fue de sólo el 38 %; o que Bill Clinton fue reelecto en 1996 en comicios en los cuales tomó parte sólo el 49 % de los registrados para votar y su sucesor, George W. Bush, en otros en los cuales participó el 50.3 %. ¡Y eso que lo que estaba en juego era nada menos que la presidencia de Estados Unidos! En conclusión: excelente nivel de participación dadas las circunstancias y fracaso total de la estrategia de la derecha para sabotear la ANC. Esto seguramente redoblará el accionar de la fracción terrorista de la oposición cuyo desprecio por las reglas democráticas es incurable. Y eso que hay elecciones de gobernadores pautadas para diciembre de este año, y que en el año próximo tendrán lugar las presidenciales. Pero a esa “elite de forajidos”, como el laborista británico Harold Laski llamaba a la dirigencia fascista europea cuya descendencia hoy devasta Venezuela, esto no les interesa en lo más mínimo. Quieren acabar con el chavismo ya, apremiados por sus amos y financistas del norte, y para ello están dispuestos a hacer cualquier cosa, a violar cualquier norma ética. Le tocará a un relegitimado gobierno de Nicolás Maduro acabar sin más demoras con el ala terrorista de la oposición y recomponer el orden público y la vida cotidiana, sin lo cual será imposible relanzar el proyecto bolivariano.

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El FMI y las pensiones

Wed, 02/08/2017 - 07:00

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Lo malo de los organismos internacionales es que pretenden pasar por técnicos cuando sus discursos son claramente políticos. No se limitan a elaborar un diagnóstico, a señalar las dificultades e incertidumbres, ni siquiera a indicar las posibles soluciones o posibilidades existentes a la hora de resolver un problema. Ofrecen de forma inequívoca una sola alternativa, aquella que mejor cuadra con la ideología que defienden, que es la de derechas o, para ser más concretos, la del neoliberalismo económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido siempre paradigma de este pensamiento único, y sus informes, más que estudios económicos, son manifiestos de guerra, panfletos propagandísticos de intereses concretos. Este Organismo acaba de publicar su análisis anual de la economía española (el llamado artículo IV). No ha traicionado su trayectoria, ya que en realidad el documento tiene poco de análisis y mucho de programa económico propio de una formación política reaccionaria. En esta tarea, no le importa demasiado incurrir en contradicciones o incoherencias.

Uno de los mensajes estrella en el denominado análisis es el clásico anatema sobre el sistema público de pensiones, recogiendo todos los tópicos propagados por las fuerzas económicas. Comienza aludiendo al envejecimiento de la población y, en base a él, arremete contra todo intento de modificar la actual Ley de pensiones. Considera muy acertado el incremento anual del 0,25%, ya que toda actualización por un porcentaje superior iría en detrimento de las generaciones futuras.

La incongruencia del discurso aparece cuando al mismo tiempo el FMI reconoce lo que llama “recuperación impresionante de la economía española” y modifica al alza sus previsiones de crecimiento para el año en curso del 2,6% al 3,1%, y también las del ejercicio próximo en tres décimas. Al margen de la mayor o menor exactitud y fortuna en el análisis que realiza de la economía española, lo cierto es que, a no ser que la política económica de España y de la UE incurra en algún desaguisado, no hay motivo alguno para dudar de que nuestro país continuará en el futuro creciendo por término medio, en una estimación por lo bajo, el 1 o el 1,5%. Así ha ocurrido en el pasado. Permaneciendo constante la población total (sea cual sea la relación entre activos y pasivos), la renta per cápita se incrementará también anualmente en el mismo porcentaje. Es decir, que los españoles somos y seremos cada año más ricos. Y siendo así, resulta difícil entender por qué un colectivo, el de los jubilados, (tanto los presentes como los futuros) no puede, sea cual sea la pirámide de población, ver incrementada su renta en esa misma cuantía cada año, o al menos mantener el poder adquisitivo sin tener que empobrecerse. De cara a la viabilidad de las pensiones, lo importante no es cuántos producen sino cuánto se produce y que el reparto sea el adecuado.

En realidad, el problema de las pensiones, como tantos otros, no es de producción sino de distribución. Es de sobra sabido que son tres los agentes que concurren en el reparto de la renta nacional: los trabajadores, mediante los salarios, los empresarios, a través del excedente empresarial, y el Estado, encargado de pagar, entre otros servicios y prestaciones, las pensiones. Simplificando podríamos calificar de reparto equitativo aquel en el que todas las rentas (las de los trabajadores, empresarios, pensionistas, etc.) se incrementan por igual (el aumento experimentado por la renta per cápita). Ello es perfectamente posible aun cuando la relación activos-pasivos haya evolucionado en contra de los primeros. La única condición es que la parte de la renta nacional que se destina a los empresarios y a los asalariados (activos) se reduzca (en la misma medida que lo hace el número de personas que componen estos colectivos), con respecto a la que va al Estado (pasivos).

Lo que quizás hasta la fecha esté ocurriendo es que la distribución de la renta nacional se esté modificando a favor del excedente empresarial y en contra de los trabajadores y del Estado. Es este reparto el que pone en peligro, entre otras cosas, la cuantía de las pensiones, tanto para los jubilados actuales como para los de futuras generaciones. El informe del FMI cae en la trampa de concebir la Seguridad Social como un sistema cerrado, independiente del Estado, y de creer que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones, con lo que la cuantía de estas limita en cada momento el importe de las prestaciones. Esta perspectiva olvida que, tal como mandata la Constitución, es el Estado con todos sus ingresos el obligado a sostener las pensiones y a actualizarlas periódicamente, impidiendo que pierdan poder adquisitivo.

Ante lo que considera el gran problema de las pensiones, el FMI con suma agudeza plantea como posible solución (o al menos parte de ella) retrasar la edad de jubilación, lo que podría tener un cierto sentido en una economía con pleno empleo, pero no en un país que tiene la mayor tasa de paro, después de Grecia, de toda la UE. En estas circunstancias lo que se ahorraría en pensiones tendría que gastarse en seguro de desempleo, a no ser que la pretensión sea dejar a una buena parte de la población en pobreza severa.

La otra vía de solución que sugiere el informe del FMI consiste en los llamados fondos privados de pensiones. Esta propuesta resulta un tanto simplista, porque en realidad a lo que se reduce es a expresar que en esta materia el Estado y la sociedad no pueden, más bien no quieren, dar ninguna solución y sálvese quien pueda, es decir, cada persona debe individualmente ahorrar para la jubilación. Para tal viaje no hacen falta alforjas. Y, además, si cada uno debe solucionar el problema por su cuenta no es necesario tampoco que nos digan de qué modo debe materializarse nuestro ahorro. Lo que no se entiende muy bien es por qué a esos fondos se les llama de pensiones a diferencia de otras maneras de inversión que se pueden emplear para la misma finalidad.

La única conexión que los fondos de pensiones tienen con las pensiones, además del nombre, es que no se pueden hacer efectivos hasta la jubilación, pero incluso esta relación se ha debilitado últimamente puesto que se han establecido otros supuestos, como el desempleo, para poder disponer de los recursos acumulados en ellos. En múltiples ocasiones he manifestado que, a mi entender, los fondos de pensiones no son los mejores instrumentos para materializar el ahorro de cara a la jubilación. Se pierde el control sobre la inversión y se desconoce el destino de los recursos, que puede estar mucho más motivado por los intereses de la gestora y de la depositaria que por los de los partícipes. En caso de que se produzcan beneficios, serán absorbidos casi en su totalidad por las comisiones de depósito y gestión.

Ahora bien, lo que son inconvenientes para el ahorrador se convierten en ventajas para las entidades financieras, que disponen mediante estos instrumentos financieros de importantes recursos cautivos. De ahí el interés que su promoción tiene para las fuerzas económicas y para todos aquellos -incluyendo políticos y organismos internacionales- que defienden los mismos intereses. Propugnar el ahorro privado como alternativa al sistema público de pensiones es condenar a buena parte de la población a la indigencia más absoluta en la jubilación, ya que solo una porción muy reducida de las familias tiene capacidad de ahorro.

Lo que resulta evidente es que garantizar pensiones públicas adecuadas, al igual que una correcta asistencia sanitaria, un eficiente sistema educativo u otros muchos servicios públicos, precisa de una presión fiscal adecuada, lo que no ocurre en España  donde esta variable se encuentra a la cola de la casi totalidad de los países europeos. De ello no dice ni una palabra el FMI. No existe en el informe ninguna recomendación para elevar la presión fiscal, con la excepción de la propuesta de subir el IVA, impuesto regresivo, tanto más si lo que se aconseja incrementar es el tipo reducido.

El FMI en su tarea de defender los postulados del neoliberalismo económico, cae -como no puede ser menos- en incoherencias económicas. Por una parte, con cierta lógica considera conveniente la subida de los salarios, pero al mismo tiempo, no solo defiende la última reforma laboral, sino que propone en esta materia una nueva vuelta de tuerca, origen de la precariedad del empleo. Constata el riesgo de mantener una tasa tan elevada de paro, pero a continuación afirma que hay que abaratar aun más el despido. Perlas para la historia. La misma paradoja que cuando se asegura que la economía va muy bien y que seguirá así en el futuro, pero a la vez se concluye que no hay dinero para mantener el nivel de las pensiones.

 

Publicado en República de las ideas

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La revolución francesa aún no está acabada

Tue, 01/08/2017 - 07:00

Francisco Morote Costa – presidente honorario de ATTAC Canarias

Se dice que en 1972 preguntado Chu En-Lai, primer ministro de la República Popular China, cual era su opinión sobre la revolución francesa, respondió que aún era pronto para valorarla.

¿ Simple evasiva ? ¿ Una forma habilidosa de escabullirse de una pregunta comprometida ? ¿ O tal vez una manera sutil de sugerir que la revolución francesa aún no estaba acabada ?

Me inclino por la tercera interpretación porque si el objetivo último de la revolución francesa era instaurar el reino o, más bien, la república de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los hombres, ese anhelo excelso todavía no se ha alcanzado.

Porque preguntémonos, ¿ cuanta libertad, igualdad y fraternidad hay en el mundo actual ?

Por fortuna negar los progresos de la libertad entre 1789 y nuestros días es impensable. En los siglos XVIII y XIX se abolió la servidumbre de la gleba de millones de personas en Europa, y en el XIX la esclavitud de millones de seres humanos de origen africano en América.

¿ Nuestro mundo, el mundo del siglo XX y XXI es pues un mundo de personas libres ?

El mapa mundi de la libertad es muy desigual. Es innegable que el repertorio de las libertades, de expresión, de conciencia, de culto, etcétera, muestra un panorama de contrastes entre regiones del planeta donde se respetan esos derechos humanos y regiones donde solo sucede a medias o, sencillamente, se vulneran o hasta se pisotean. Lograr igualar el mapa mundi de la libertad, extenderlo a todo el planeta y no solo a unas pocas regiones privilegiadas es un objetivo primordial de nuestro tiempo.

Pero con eso no basta. Si en los siglos XVIII, XIX e incluso en el XX en lugares atrasados, hubo que abolir la servidumbre y la esclavitud para que los seres humanos fueran libres, en el siglo XXI para hacer real, efectiva, y no puramente nominal la libertad habrá que declarar ilegal la pobreza y obrar en consecuencia. Miles de millones de personas en nuestro planeta son pobres y la pobreza casa muy poco y muy mal con la libertad. Por consiguiente, la ONU, única representante legítima de la comunidad internacional, que en 1948 formuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe dar un paso adelante decisivo en la lucha por la libertad declarando la pobreza ilegal e instando a todos sus estados miembros a proporcionar una renta básica universal que empezando por los más pobres acabe comprendiendo al conjunto de la sociedad.

2018, setenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sería una buena oportunidad para la ONU de declarar ilegal la pobreza e instar a sus estados miembros a actuar consecuentemente.

¿ Y qué decir de la igualdad ? ¿ Se ha avanzado mucho desde 1789 hasta nuestros días ? ¿ Es más igual o más desigual la sociedad de nuestro tiempo que la de aquella fecha ?

Se nos dirá, sí la revolución francesa trajo consigo la igualdad de todos ante la ley. Como vimos se abolió la servidumbre de la gleba y la esclavitud y los siervos y los esclavos fueron hombres libres, y luego se consiguieron otros progresos, como el sufragio universal masculino primero y más tarde el femenino, etcétera, todos esos progresos en la igualdad de derechos son innegables, pero a la pregunta de si hoy la sociedad es más igual o más desigual que a finales del siglo XVIII, en términos económicos y por consiguiente sociales se puede responder que es más desigual, mucho más desigual, ¿ o acaso, por poner solo un ejemplo, no es cierto que en nuestro tiempo 8 personas tienen, ellas solas, tanta riqueza como la mitad más pobre, 3.700 millones de personas, de toda la humanidad ? ¿ No es esa una desigualdad monstruosa, aberrante ?

En suma, si en el camino de la libertad se han dado pasos adelante, aunque sean aún insuficientes, en el de la igualdad económica y social ha habido un retroceso espectacular, porque el crecimiento económico de los últimos siglos ha enriquecido y enriquece cada vez más a una exigua minoría, pero no a una gran mayoría que aumenta sin cesar.

Queda mucho por hacer no ya para alcanzar la igualdad, sino para reducir la intolerable desigualdad. Solo un sistema económico nuevo que además de respetar la naturaleza impida que la riqueza se concentre en unos pocos perjudicando a la inmensa mayoría, podrá poner fin a la crisis ecosocial capitalista que ese sistema se muestra incapaz de resolver.

Queda por considerar la fraternidad.

Hasta la misma palabra parece haber caído en desuso. ¿ Se la considera inadecuada para nuestro tiempo ? ¿ Pedir hoy fraternidad es poco realista ? ¿ Tanto nos hemos alejado de ese ideal ? Es lo que parece. Un botón de muestra, en un mundo con mucha menos libertad de la que sería posible y mucha más desigualdad de la que sería deseable, decenas de millones de personas huyen del hambre, de la pobreza, de las persecuciones y de las guerras, son los migrantes y refugiados, los desesperados de la Tierra, contra los que se levantan muros y alambradas en Estados Unidos y en la Unión Europea. No obstante, en medio de este panorama desolador la labor, a veces heroica, de las organizaciones ciudadanas en favor de la acogida de migrantes y de refugiados, ” ningún ser humano es ilegal “, constituye un rayo de esperanza y una muestra de que el ideal de la fraternidad, pese a todo, permanece vivo.

Concluyendo, tras más de doscientos veinticinco años la revolución francesa aún no puede darse por acabada, ni en el sentido de estar ya muerta, ni mucho menos en el sentido de haber dicho su última palabra.

julio de 2017

Publicado en La casa de mi tía, eldiario.es-canariasahora y % ATTAC Canarias

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¿Tiene el Estado centralista español los días contados?

Mon, 31/07/2017 - 07:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Un hito fundamental en la deriva autoritaria del Gobierno de Rajoy fue modificación del Código Penal para constreñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y la vergonzosa firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá (artículo 573.1) y cuyo penúltimo episodio sería el “affaire Alsasua” que según dictamen del Tribunal Supremo ” tendría encaje en el artículo 573.1 del Código Penal” y en consecuencia será juzgado por la Audiencia Nacional como “hechos constitutivos de un delito de terrorismo” con penas estratosféricas de 52 años para cada uno de los 7 encausados.

En el paroxismo de la deriva autoritaria de Rajoy, asistimos a la implementación de la llamada Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España ” , teniendo como efectos colaterales “criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”, elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”. Dicho término fue empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”.

Cataluña y el déficit democrático del Estado español

Europa atraviesa un período muy convulso pues la crisis financiera está poniendo todavía más difícil el proceso de construcción europea (imprescindible para que pueda competir como potencia mundial) y el estancamiento económico que se está haciendo visible en la locomotora alemana aunado con la aparición de brotes deflacionistas en el seno de la UE ha provocado la aparición de fuerzas centrífugas que podrían provocar la desmembración de la actual Unión Europea. Así, asistimos al auge de movimientos independentistas del que Escocia sería paradigma de dicho movimiento y alumno aventajado tras realizar en octubre del 2014 la consulta sobre la permanencia de dicha nación en Gran Bretaña. El profesor James Mitchell, responsable de la escuela de Gobierno y Política Pública de la Universidad de Strathclyde (Glasgow, Escocia), explica que las razones de un pueblo para querer su independencia “radican en el fracaso de sus respectivos Estados, pues las naciones sub-estatales se sienten ninguneadas”.

Sin embargo, según la actual doctrina imperante en Bruselas, “un Estado resultante de un movimiento secesionista perdería su condición de miembro de pleno derecho de la zona euro y habría de comenzar el proceso de readmisión”, lo que en la práctica imposibilita la secesión, por lo que Cataluña deberá esperar a la disolución de la actual UE como ente político para que asistamos a la independencia de las actuales naciones subestatales europeas (Escocia, Flandes, Bretaña, Alsacia, Córcega, Cataluña, País Vasco, Galicia, Padania, Tirol del Sur, Irlanda del Norte, Cornualles e Isla de Man) y a la aparición de un nuevo mapa geopolítico europeo.

¿Se abre un nuevo frente contra el recalcitrante centralismo del Gobierno de Rajoy?

En este contexto habría que situar la actual ofensiva del Tribunal de Cuentas de España de intentar fiscalizar las cuentas del Gobierno Foral de Navarra, advirtiendo de que “en el supuesto de no remitirse la información solicitada en el plazo que en ella se indica, incoará las actuaciones pertinentes”, lo que ha provocado la unánime reacción de todos los partidos del arco parlamentario navarro en forma de declaración institucional de defensa de la Cámara de Comptos, añadiendo que “el requerimiento del Tribunal de Cuentas excede del marco legal pactado en el Amejoramiento”. Asimismo, estaríamos en la antesala de un severo recorte de la capacidad de la Cámara Foral de Navarra para legislar impuestos (autogobierno fiscal navarro), que se enmarcaría en el contexto de la instauración de una nueva Doctrina autonómica por parte del nuevo Gobierno Central que consistiría en la implementación de un Estado seudofederal basado en el sui generis “café para todos” y que contará con las bendiciones del PSOE. Ello sería un misil en la línea de flotación de la pervivencia del régimen foral diferenciado navarro y su capacidad auto-gestionaria, no siendo descartable la reedición de la Gamazada de 1893-84, reacción popular de la ciudadanía navarra contra la intentona del ministro español Gamazo de suprimir el régimen fiscal navarro, con lo que ase abriría un nuevo frente contra el centalismo exacerbado del Estado español.

¿Tiene el Gobierno centralista del Estado español los días contados?

Sin embargo, la crisis económica, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica han hecho revisar los esquemas idílicos de la Transición y la vigencia de la Constitución del 78 en la que se sustenta el actual status quo, por lo que se antoja inevitable un proceso de catarsis y posterior metanoia colectiva que tendrá como efectos benéficos la liberación de la parte indómita del individuo primigenio ( el lobo estepario) que ha permanecido agazapado en un recodo del corazón, sedado y oprimido por la tiranía del actual sistema dominante, neoliberal y constrictor de las libertades democráticas.

Así, tras un un parto agónico en el que agonizará lo viejo sin que amanezca lo nuevo, asistiremos al nacimiento del “Individuo Multidimensional” como generador de un tsunami popular de denuncia del actual déficit democrático, social y de valores e instaurador del caos constructivo que logrará finiquitar las estructuras del obsoleto Régimen del 78 y proceder a la instauración de la III República en el horizonte del 2020, escenario en el que se procederá al diseño de una nueva cartografía del Estado español con la implementación de un Estado.

Analista internacional

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No es cierto que la austeridad haya terminado: el techo de gasto muestra lo contrario

Sun, 30/07/2017 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Estamos hoy viendo en España que, una vez más, la gran atención mediática en el país está en lo que se llama el tema nacional o territorial, utilizado, como siempre, por el gobierno español de turno para movilizar a la población para defender “la unidad de la patria”, el eslogan que las derechas españolas siempre han utilizado para defender los intereses económicos que las financian, utilizando el sentir patriótico de la gente para sus fines particulares. Un ejemplo claro de ello es la situación actual.

El problema mayor que tiene hoy España es el enorme problema social (ver mi artículo “El nuevo régimen social de España”, Público, 23.06.17), que es ni más ni menos que el gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares (que constituyen la gran mayoría de la población española), resultado directo de las políticas neoliberales (como las reformas laborales y los enormes recortes del gasto público que financian las transferencias sociales, como las pensiones, y los servicios públicos del Estado del Bienestar tales como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) iniciadas por el gobierno de Zapatero y expandidas por el gobierno de Rajoy. He documentado extensamente a lo largo de estos años la naturaleza y extensión de esta crisis sin precedentes en el periodo democrático postdictatorial (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

La gran falsedad promovida por el establishment político-mediático del país es que las crisis económicas y financieras, que determinaron la crisis política, ya han terminado. Se justifica tal optimismo con la aparición del crecimiento económico, lo cual se atribuye a las medidas aplicadas por el gobierno de Rajoy. La evidencia científica, fácilmente accesible para el que quiera verla, muestra, sin embargo, que la reversión del declive del crecimiento económico (que caracterizó la Gran Recesión) no se ha debido primordialmente a las medidas tomadas por el gobierno Rajoy sino (como han reconocido el Fondo Monetario Internacional e, incluso, el Banco de España) a factores externos (fundamentalmente la bajada de los precios del petróleo y los bajos tipos de interés debido a la política monetaria del BCE), que tienen poco que ver con las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy. Y la misma evidencia científica muestra que la enorme crisis social continúa en España, donde hay nada menos que 2,3 millones de empleos menos hoy que antes de que se iniciara la Gran Recesión; donde la precariedad laboral es lo que define la creación de empleo; donde el PIB per cápita no ha recuperado los niveles existentes en 2007; donde el 28% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, incluyendo el alarmante fenómeno de la pobreza laboral, es decir, pobreza entre personas que están trabajando a tiempo completo (15% de la población ocupada); y donde el 70% de los hogares continúan sin mejoras en sus condiciones de vida.

Pero la otra gran falsedad promovida por el establishment político-mediático español es que las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Rajoy han dejado de aplicarse, lo cual, no es cierto, pues tales políticas han continuado. Y la mejor prueba de ello es la aprobación del techo de gasto del Estado que ocurrió hace unos días en las Cortes Españolas. Tal medida fue una propuesta del gobierno Rajoy aprobada por las derechas españolas que incluyen, además del PP y su Frente de Juventudes (Ciudadanos), a las derechas vascas (PNV) y canarias (Coalición Canaria), así como a la “izquierda” canaria de Nueva Canarias (NC).

¿Qué es el techo de gasto público?

A primera vista tal término aparece como un concepto económico que la gente normal y corriente no entiende o aparentemente no le interesa, y ello a pesar de su enorme importancia. En realidad, las escuelas de sus niños, la sanidad de sus enfermos, la educación de sus jóvenes y adultos, la vivienda social, las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios y una larga lista de servicios públicos, así como las transferencias públicas, tales como las pensiones, dependen en parte del techo de gasto público, que quiere decir del límite de gasto público del que el Estado puede disponer. Es uno de los indicadores más importantes para medir el compromiso del Estado con el desarrollo de sus funciones, incluyendo la provisión de servicios y transferencias a la sociedad, que quiere decir, a usted, lector.

Pues bien, tal techo de gasto público, es decir, techo de la cantidad que el Gobierno de Rajoy ha definido como el máximo dinero que el Estado se puede gastar es clara y excesivamente bajo, lo cual se hace para cumplir los famosos objetivos de estabilidad presupuestaria, que en lenguaje llano quiere decir bajar el gasto en transferencias públicas y en los servicios del Estado del Bienestar para reducir el déficit de las cuentas del Estado (es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos).

La pobreza del gasto público del Estado Español

El gasto público en España es muy bajo, mucho más bajo que en el promedio de la Eurozona (los países de la UE que utilizan el euro como su unidad monetaria). Y este bajo gasto público se debe en gran medida a que los ingresos públicos al Estado son también muy bajos; en realidad, de los más bajos de la UE-15. Pero la situación es incluso peor, pues no solo es de los más bajos, sino que desde el 2007 al 2015, mientras tales ingresos al Estado aumentaron en el promedio de la UE-15 un 1,2% del PIB, en España disminuyeron un 2,7%. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de tal gasto es el gasto público social, es decir, el gasto en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar a los que me referí al principio del artículo. En realidad, el hecho de que los servicios sanitarios públicos, las escuelas públicas, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, los servicios sociales y otros (que son todos ellos esenciales para garantizar la calidad de vida y bienestar de las familias en España) tengan pocos recursos en este país, se debe a que este gasto público social sea cinco puntos del PIB más bajo que el promedio de los países de la Eurozona. Los datos están ahí para el que quiera verlos.

Y una de las razones de que sea tan bajo es que los ingresos al Estado son también muy bajos. En realidad, de los más bajos de la Eurozona. Tales ingresos al Estado son nada menos que ocho puntos del PIB más bajos que en el promedio de la Eurozona. Y a pesar de esta gran pobreza de los ingresos al Estado, la derecha, tanto la de siempre, el PP, como la nueva, Ciudadanos, hacen gala de sus propuestas de bajar tales ingresos, reduciendo los impuestos (algo que sistemáticamente beneficia más a las rentas superiores que a las medias e inferiores).

Y una de las mayores causas de la pobreza de recursos se debe a la regresividad de la política fiscal, que conlleva que las grandes empresas, las grandes fortunas y los más pudientes no aporten al Estado lo que deberían. Este déficit no es fácil de ver cuando se analiza lo que la población debería pagar en impuestos, según el tipo nominal impositivo, es decir, lo que en teoría deberían de pagar según su nivel de ingresos (que es parecido a los de la UE-15). Ahora bien, si en lugar del tipo nominal analizamos el tipo efectivo (es decir, lo que en realidad la gente paga en impuestos), entonces vemos que es muy bajo y ello es debido a la enorme cantidad de deducciones fiscales que caracterizan al sistema fiscal regresivo español. Ni que decir tiene que las deducciones son mucho más utilizadas por las rentas superiores que por las rentas medias e inferiores. La diferencia entre lo que nominalmente deberían pagar las grandes empresas y las rentas superiores, y lo que pagan, es nada menos que 37.000 millones de euros (solo en IRPF y en el IVA) que el Estado deja de ingresar, aproximadamente el déficit estructural que tiene la economía española (el déficit estructural contabiliza los gastos no-coyunturales del Estado, es decir, el déficit no producido en momentos de crisis, sino el déficit permanente del Estado).

Si sumamos a este déficit fiscal (37.000 millones), el fraude fiscal (al que el 80% es producido por los súper ricos y las grandes empresas, según datos de técnicos de Hacienda) que representa 90.000 millones de euros (según Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda), más los fondos que el Estado no recibe debido a la reducción de los impuestos al patrimonio y a la herencia, y lo que el IBEX-35 deja de pagar (que nominalmente debería ser un 25%, y en cambio paga solo un 7%, según reconoció recientemente el ministro Cristóbal Montoro), nos encontramos con una situación de injusticia fiscal enorme. Esta injusticia contribuye a deteriorar aún más dos fenómenos: uno es el aumento de la desigualdad en España, en donde el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%, o que la fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre. Y el segundo fenómeno es que en España son los trabajadores los que paguen la gran mayoría de los impuestos y los que sostienen el Estado del Bienestar. Nada menos que el 85% del esfuerzo fiscal en España recae sobre las rentas del trabajo. Puesto que del 2008 al 2016, las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€), es lógico que los ingresos del Estado también se hayan reducido.

Este fenómeno es bien percibido por la ciudadanía española, según el último barómetro del CIS sobre fiscalidad (julio 2016), ante la pregunta de ¿cree que los impuestos se cobran con justicia y pagan más los que más tienen? Un abrumador 86,6% cree que se cobran con injusticia. De hecho, la opinión mayoritaria de los españoles es que es preferible mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos (44,7%) que pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos (solo 15,8%). No hay duda de que por el bien del país y de la población que vive en él, hay que terminar con la austeridad. Y para ello hay que aumentar los impuestos, pero no a las rentas del trabajo (a la mayoría de la población) sino a las rentas de capital (las minorías privilegiadas).

¿Y por qué el techo de gasto es tan importante?

La respuesta es fácil, pues el techo de gasto público es el máximo que el Estado pueda gastarse. Un Estado pobre tanto en su gasto público social y como en sus ingresos fiscales, está condenado a una subfinanciación continua y eterna. Pues bien, el techo de gasto aprobado el martes 11 de julio en las Cortes Españolas impone que el máximo que el Estado se podrá gastar en el 2018 (ya en esta España supuestamente recuperada) es de 119.834 millones de euros, que es mucho menor (en realidad, 62.000 millones de euros) del que había en 2010 (ocho años antes).

Es más, el crecimiento de tal gasto máximo (1,3%) será mucho menor que el crecimiento de la economía que el gobierno calcula (4,3%). Ello determina que el gasto máximo que el gobierno permitirá, expresado como porcentaje del PIB, será el más bajo desde 2005 (repito, ¡desde 2005!). Ello quiere decir que el nivel máximo del gasto es semejante al que teníamos doce años atrás, a la vez que las necesidades del país han ido aumentando considerablemente. En base a estas cifras, concluir (como hace el establishment político-mediático) que ha llegado el fin de la austeridad es sencillamente una farsa.

Sí que hay alternativas a la austeridad

Es preocupante constatar que el establishment político-mediático del país guarda un silencio ensordecedor sobre este tema, presentándolo como un tema meramente técnico y económico, cuando en realidad es un tema profundamente político (como son la mayoría de temas económicos). Es urgente que se rompa tal silencio, pues para revertir las políticas de austeridad es necesario cuestionar y negar la lógica del techo de gasto, que distorsiona el debate sobre la política presupuestaria, desarrollando a la vez un marco alternativo basado en un concepto opuesto y distinto al concepto de techo de gasto, que es el establecimiento de un suelo de ingresos, es decir, que en lugar de fijarse tanto en el límite de gasto, se enfatice una cantidad de ingresos del Estado, que no pueda caer por debajo de ese suelo. Hay que aplaudir que por primera vez una fuerza política en el Congreso de los Diputados (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) haya iniciado este debate, introduciendo el concepto del “suelo de ingresos” (que unos días después hizo también suyo el PSOE), lo cual es de enorme importancia. Esta fuerza política también ha hecho la propuesta de expandir el techo de gasto, añadiendo 19.500 millones de euros al conjunto de los fondos asignados a Administraciones Públicas. Estos 19.500 millones más (que se podrían haber conseguido fácilmente gracias a mejorar los ingresos públicos) hubieran servido para: subir las pensiones no contributivas (850M€); para actualizar las pensiones al nivel de precios de consumo, considerando la inflación (1.600M€), lo cual no se está haciendo hoy en España; para recuperar los sueldos de los funcionarios (400M€), para aumentar la dotación en becas (75M€); para un ambicioso Plan de Renta Garantizada (3.200M€); para una prestación por hijo a cargo (400M€); y para financiar el ineludible Plan Nacional de Transición Energética (1.500M€). Estas propuestas que aquella fuerza política realizó son razonables y totalmente factibles, aunque predeciblemente fueron denunciadas por las voces neoliberales que todavía predominan en gran parte de la cultura económica y política del país como gastos imposibles de aceptar, pues, según ellos, romperían con las arcas del Estado, siendo esta la frase predecible que se utiliza en el dogma neoliberal que todavía domina hoy el establishment político-mediático que existe en el país, y que ahora nos vende el mensaje de que ya hemos salido de la crisis y que ya hemos dejado la austeridad atrás. Su desfachatez no tiene límites.

 

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales

http://www.vnavarro.org/

Publicado en Público.es

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