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Justicia económica global
Updated: 1 hour 6 min ago

La elefanta y la hipopótama se han puesto de parto en el Arca de Noé

Wed, 24/06/2015 - 09:00

Antonio Aramayona – ATTAC España

Me detuvieron un miércoles, 10 de junio del presente año, acusado de “acoso y calumnias” (posteriormente he visto escrito “coacciones y calumnias”) al Delegado del Gobierno en Aragón, a raíz de que en las inmediaciones de su portal, en plena vía pública, estaba apostado cada mañana desde el uno de junio, lunes, denunciando los recortes perpetrados en derechos y libertades

Pasé por distintos dependencias policiales, declaré en calidad siempre de detenido, me hicieron una minuciosa ficha policial, y finalmente me vi de nuevo en la calle, libre, sin comer y con un cierto aturdimiento en mi cabeza.

Seguramente por una maravillosa deformación profesional, cada vez que me recordaban que estaba en la Jefatura Superior de Policía “en calidad de detenido” me venían a la mente tantas y tantas clases de filosofía y de ética y las jugosas conversaciones en el aula sobre la libertad: “libertad de…”, “libertad para…”, “libertades cívicas…”, “derechos y libertades…”, “determinismo…” Y yo entonces con un oído escuchaba atentamente lo que preguntaban y decían los agentes de policía, mientras que por el otro percibía el rumor de esa gente joven, hablando apasionadamente sobre la libertad. Ha sido la primera vez en mi vida que he sido consciente de que en aquellos momentos no era libre (en determinados sentidos, si bien no los más esenciales), y sobre todo que a la vez deseaba con suma viveza volver a ser ciudadano libre, en la calle o en mi casa o en donde me diera la gana.

A la mañana siguiente, volví a estar en la vía pública, cerca del portal del Delegado del Gobierno en Aragón, con mi cartel y mi voluntad de denunciar los sistemáticos e inhumanos recortes en derechos y libertades. Ciento veinte minutos diarios allí, viendo pasar únicamente personas y vehículos, dan para pensar mucho. Me acusan de “acoso”, pero –me decía a mí mismo- realmente, me costaría mucho acosar a nadie, sobre todo porque el Diccionario de la RAE dice que “acosar” es “perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona”.

Me repugna igualmente la idea de que he llegado a coaccionar a alguien (RAE: 1. Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo; 2. Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción). En su primera acepción incluso carezco de fuerza suficiente para ello; en la segunda acepción, estoy en las antípodas del mundo de cualquier poder, por muy legítimo que sea.

¿Y calumniar? (Calumnia, RAE: 1. Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño; 2. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad). En aquel portal di vueltas y vueltas también a ese significado de “calumnia”, llegando siempre a la misma conclusión: de haber un coaccionado y/o calumniado hasta la fecha, ese era yo.

A veces, crecen los enanos en el circo y paren la elefanta y la hipopótama en el Arca de Noé. El viernes, 12 de junio, me citaron oficialmente para declarar en el Juzgado de Guardia de Zaragoza en relación con la querella presentada por el Delegado del Gobierno en Aragón por coacciones y calumnias, y a los efectos también de resolver sobre la medida cautelar solicitada por el Ministerio Fiscal sobre una posible orden de alejamiento de mi persona respecto del Delegado del Gobierno en Aragón. Y así fue: alrededor de las 20 horas de aquella misma tarde, amenazando tormenta y pedrisco, me comunicaron la siguiente Disposición del Juzgado ante el que había declarado:

“Prohibir a ANTONIO ÁNGEL ARAMAYONA ALONSO acercarse a la persona de GUSTAVO ALCALDE SÁNCHEZ, su domicilio y lugar de trabajo, así como de cualquier otro en que se halle en un radio de 200 metros. La presente medida tendrá duración hasta la finalización de la de la presente instrucción.

Ofíciese a la Guardia Civil, así como a la Policía Local y Policía Judicial para el efectivo cumplimiento de esta medida”.  

Me abstengo de valorar o siquiera comentar esta medida. Basta señalar, una vez analizados los sectores del mapa del centro de  Zaragoza, con 200 metros de radio o más, en cuyo punto central están el domicilio del Delegado y la propia Delegación del Gobierno, algunas consecuencias concretas y prácticas de la medida cautelar de alejamiento. Algunos ejemplos:

No puedo pisar la plaza del Pilar y la plaza de la Seo, ni la sección de la calle Alfonso I colindante con dicha Plaza, ni puedo cruzar el río Ebro por el emblemático Puente de Piedra. Sin embargo, puedo entrar por su puerta trasera izquierda a la Basílica del Pilar, pero ¡ay de mí! si avanzo por dicha Basílica, pues estaré conculcando la orden de alejamiento. Tampoco puedo visitar el Foro Romano ni cruzar por la calle don Jaime ni visitar el museo Goya ni… ni… Tampoco puedo pisar el Coso Bajo ni la plaza San Miguel ni los bares y pequeños restaurantes cercanos a la calle Heroísmo y calles colindantes ni bajar por la calle Cantín y Gaboa ni la calle San Vicente de Paul, aunque sí (por los pelos) el Centro de Historias.

He acatado y sigo acatando la orden de alejamiento. Por ello mismo, a cuatrocientos metros del domicilio del Delegado del Gobierno y a más de trescientos metros de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, estoy desde el lunes, 15 de junio, en la zaragozana Plaza de España, denunciando los recortes en derechos y libertades y explicando que estoy allí en cumplimiento de una orden de alejamiento de la persona, del domicilio y del lugar de trabajo del Delegado del Gobierno en Aragón.

La Utopía es posible

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Por qué Grecia no debe pagar la deuda

Wed, 24/06/2015 - 07:02
Expertos del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia explican algunas de las conclusiones preliminares Antonio CuestaRebelión

El miércoles y el jueves de la pasada semana la Asamblea Nacional de Grecia acogió la presentación de las conclusiones preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. Este grupo de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de la decisión de la Presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien confió la coordinación científica de este trabajo al historiador Eric Toussaint y la cooperación con el Parlamento Europeo y otros parlamentos e instituciones internacionales a la europarlamentaria Sofia Sakorafa.La publicación de este informe (se puede leer aquí el original -en inglés-, o esta nota de prensa en castellano) ha llevado a la publicación de algunas crónicas donde apenas se esbozan las líneas generales de sus conclusiones, en línea con lo expresado por Konstantopulu, que “la deuda es ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa”, y por tanto reclamar su eventual impago.

Sin embargo, en el proceso de acumulación de la deuda existen además errores de forma y violaciones legales que no pueden ser subsanadas, ni obviadas, algunas de las cuales fueron expresadas a Rebelión al término de ambas jornadas, por algunos de los integrantes del Comité. Un equipo compuesto por 30 expertos, griegos y extranjeros a partes iguales, que continuarán su tarea hasta el mes de diciembre.

Leonidas Vatikiotis, economista y profesor universitario, se ha encargado del estudio de la deuda griega desde el año 1980 hasta la aparición de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), en 2010. Entre sus conclusiones cita que “el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria”.

Vatikiotis considera que “a la luz de los muy reconocidos expertos en derechos constitucional, economistas y abogados, que prueban que la deuda pública alimentada durante las últimas tres décadas es completamente ilegal”, la única opción posible para el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, “debe declarar el impago pues tiene todo el derecho a cancelarla”. Y advierte al resto de países europeos que “harían bien en detener las presión sobre el gobierno griego, aceptar la legalidad y respetar las decisiones soberanas de Atenas sobre la cancelación de la deuda”.

Maria Lucia Fattorelli, exauditora del Erario Federal de Brasil y fundadora del movimiento “Auditoría Ciudadana de la Deuda” en su país, ha investigado para el Comité el contenido de los acuerdos bilaterales y con las instituciones financieras firmados por Grecia desde 2010, y denuncia las numerosas irregularidades contables y legales llevadas a cabo por las instituciones europeas, con el fin de endosar al estado griego los activos tóxicos de la banca privada.

“Estamos ante lo que podría denominarse una estafa, un fraude de dimensiones inmensas”, señala. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea (CE) crearon empresas pantalla de carácter privado en paraísos fiscales, “para no tener que someterse a las leyes europeas e involucrando a los países de la Unión Europea en garantías de miles de millones de euros, solo para salvar a la banca”.

Según la investigadora, desde 2009 la CE falseó estadísticas europeas, adoptó medidas ilegales y presionó a Grecia para crear un escenario que llevara a la aceptación de un canje de bonos sin ningún acuerdo de compraventa debidamente contabilizado, ni garantía para Grecia.

El mismo día en que se formalizó el préstamo a Grecia, “se fundó en Luxemburgo el EFF (Extended Fund Facility), una entidad privada encargada de la estabilidad financiera del país, y el Banco Central Europeo creó el programa SMP (Securities Market Programme) que vulnera el artículo 123 del Tratado europeo”. Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus reglas, 250 mil millones de euros al EFF, y que miembros de las instituciones financieras y los gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las presiones a las que había sido sometida Grecia para que aceptara quedarse con la deuda de los bancos.

En opinión de Fattorelli, “lo que se presentó como un programa de ayuda, fue únicamente un trasvase de los  activos tóxicos de la banca privada a los bancos centrales locales, y la deuda ha sido la herramienta para posibilitar este canje”.

Sergi Cutillas, integrante de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ahonda en esa línea al asegurar que “el FMI sabía muy bien qué estaban haciendo cuando en 2010 violó sus estatutos al prestar a un país que tenia una deuda insostenible y que, por tanto, si quería prestar dinero debía haber hecho una reestructuración o una quita de la deuda”. Porque, además, no había duda sobre cuál sería el resultado. “Ellos mismos, en conversaciones internas, decían que era una patada hacia delante y sabían lo que se iban a encontrar, pero de cara hacia fuera dijeron que todas las medidas de austeridad eran para hacer la economía sostenible, y el resultado ha sido un desastre económico y social. […] Tanto los préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están hechas con consciencia, premeditación y alevosía con el único fin de proteger unos intereses privados, los de los bancos, y profundizar en el modelo neoliberal desmontando el estado del bienestar”.

Pero Cutillas también denuncia la inaudita negativa del Presidente del Banco Central de Grecia, Yanis Sturnaras, a facilitar la información solicitada por el Parlamento amparándose en una clausula de confidencialidad dentro del marco de la ley bancaria europea. Lo que supone anteponer los intereses de las entidades financieras a la soberanía popular representada por la Asamblea Nacional. El resultado, explica el investigador, es que “no tenemos evidencias de que el dinero de los préstamos fuera transferido, ni que pasara a ingresar las cuentas del Estado. No tenemos certeza de cuál ha sido el movimiento del dinero, aunque sabemos que hay una serie de fondos que han sido utilizados para ello y que un 70% del préstamo solo existe en papel, en títulos emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)”. Y ahí Cutillas hace un inciso para explicar que el FEEF es una institución privada creada en Luxemburgo bajo ley británica, vulnera normas del Tratado de la UE, emite deuda con garantías de los estados socios y tiene una condición crediticia artificial, emitida por las agencias de rating que le otorgan la máxima calificación, gracias a lo cual sus activos no tienen ningún riesgo por lo que es refugio de especuladores. “Un esquema del que Grecia no se beneficia en nada”, pero que gracias a su descubrimiento por parte del Comité esta información se ha convertido en “una herramienta formidable en manos del pueblo griego”.

Los argumentos legales son rigurosos, y el informe publicado evidencia que se han vulnerado muchos artículos del Tratado de la UE o de las propias instituciones que participaron en el fraude de la deuda. Lo que deja claro que quien tiene el poder no tiene ningún problema en romper las normas.

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, presente en la segunda jornada pese a no integrar la Comisión parlamentaria, considera que el informe presentado es “un hecho histórico para Europa y un elemento fundamental para los pueblos del sur de Europa, porque no es una cuestión técnica sino profundamente política de reafirmación de la soberanía popular, una experiencia para los pueblos del sur que estamos siendo sometidos al mismo chantaje de la deuda con el que han justificado recortes, planes de austeridad, ajustes…”.

Al tiempo recuerda que paralelamente al proceso griego “se está constituyendo una comisión de Naciones Unidas sobre la reestructuración de las deudas soberanas (que se reunirá del 30 de junio al 2 de julio en Nueva York) con conclusiones como que las deudas que atenten contra los derechos humanos no se deben de pagar, que no se puede hacer ninguna negociación sin una moratoria de la deuda, porque sino es un chantaje, y en el caso de Grecía estamos viendo cómo en un proceso muy crítico de las negociaciones no solo no ha habido ningún tipo de moratoria sino que, al revés, [el Presidente del BCE, Mario] Draghi (el pasado lunes) reconoció en Bruselas que no iban a comprar bonos de deuda griega hasta que no terminaran las negociaciones”.

Por último, el eurodiputado considera que hay muchas implicaciones de este comité en el estado español, “muchos ayuntamientos recientemente elegidos ya han mostrado su intención de auditar sus cuentas, como ha dicho por ejemplo el concejal de Hacienda de Madrid, [Carlos] Sánchez Mato, que pertenece a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, por lo que la auditoría griega va a ser un elemento central y servir de ejemplo para lo que podamos hacer en el estado español”.

Antonio Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina y colaborador del diario Gara. Su último libro es: Syriza, el anuncio de algo nuevo (Akal, 2015), además de Solidaridad y autogestión en Grecia (Dyskolo, 2014).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Salvar a la banca o salvar a los griegos… La Eurozona como problema

Tue, 23/06/2015 - 13:00

Àngels Martínez Castells – Consejo Científico de ATTAC España

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Cuenta hoy The Guardian que a pesar de todas las reuniones que han tenido esta semana los representantes griegos con la troika, casi todas al borde de la ruptura y de la quiebra, no todo ha acabado. Mañana lunes seguirán el perverso juego de ver si consiguen retorcer el brazo a Syriza mientras desaparecen los depósitos en los bancos griegos… para refugiarse en Alemania o en paraísos fiscales habituales.

Euclidee Tsakalotos, al frente de los negociadores griegos, afirma que Atenas no puede pagar lo que debe al FMI el 30 de junio a menos que sus acreedores no liberen los créditos pendientes y no impongan como condición para la ayuda las “reformas” económicas que afectan, de manera especial, las pensiones de Grecia que los acreedores consideran esenciales. Grecia es el gran laboratorio europeo en el ataque contra las pensiones públicas y el duro experimento social se produce a cara de perro. Christine Lagarde menospreció a Alexis Tsipras, que acompañaba al equipo de negociadores griegos, afirmando que sólo se podría progresar en las conversaciones “con adultos en la sala”. A lo que un desafiante Alexis Tsipras respondió tomando un vuelo hacia San Petersburgo mientras declaraba que aunque Grecia se encontrara “en una piscina”, a él “no le asustaba el mar”.

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Puede ser que a Angela Merkel no le guste la perspectiva de ser la dirigente alemana que no consigue dominar a los integrantes en la Eurozona, pero también lo tiene difícil Syriza, con la población dividida y temerosa de las consecuencias de lo que se ha convenido en llamar, bastante frívolamente, “Grexit” (salida de Grecia del euro, si no de la U.E).

Un escenario más amplio lo brinda desde hace tiempo Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la UAB, que analiza y publica, con voz propia y razonamiento independiente, unos controvertidos y estimulantes textos sobre las políticas dominantes de la banca alemana en la Eurozona.

Recupero de su blog esta entrada del pasado mes de marzo que han puesto de nuevo de actualidad las difíciles (y casi terminales) conversaciones de estos días entre la Troika y el gobierno de Syriza… escribe Manuel Ballbé:

image11“La enorme deuda alemana camuflada explica la estrategia contra el sur de Europa, la de propagar intencionadamente pánico financiero allí para lograr una huida masiva de capitales hacia Alemania. Eso es lo que ha sucedido con Grecia.

Las recientes declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Jüncker, en las que afirmó que “la troika atentó contra la dignidad de Grecia” y admitió que “la troika es poco democrática”, suponen el reconocimiento de la perversión de utilizar el descrédito como arma arrojadiza. En el futuro no debe descartarse que el derecho y los tribunales sean la última salida para poner orden en este “mercado caníbal”; este problema no es sólo político y económico sino jurídico, y se debe encauzar en los tribunales como el de la UE o el Tribunal Judicial de la OMC (Appellate Body), una instancia a la que Grecia debería recurrir de inmediato.

Como se muestra en la tradición jurídica norteamericana, contra los abusos de posición dominante de las grandes corporaciones y la protección de la democracia económica a través del derecho de la competencia y la garantía de los derechos de las minorías, las cuestiones económicas no se dirimen solo en el ámbito político y financiero, sino fundamentalmente en el judicial. Hay que recordar que los jueces, en el siglo XIX, ya anulaban los derechos de acreedores si actuaban con finalidad especulativa desestabilizadora.

Es la vieja y efectiva estrategia de los grupos activistas norteamericanos de movilización, pero también por la vía judicial, bajo el principio de “regulation through litigation”, es decir, litigar para conseguir el reconocimiento de nuevos derechos de las minorías discriminadas. En este caso para frenar el abuso de los poderes bancarios, bajo una hegemonía alemana, que ha atacado a un pequeño gran país como Grecia, como ha reconocido Juncker;

La estrategia de propiciar la fuga de capitales del sur de Europa al norte se debe a una realidad incontestable, que los economistas siguen sin documentar y denunciar: la enorme deuda alemana camuflada, provocada por la quiebra de algunos de los bancos más importantes de Alemania, que el propio Bundesbank, en 2012, reconocía que fue causada por “los pasados excesos de los grandes bancos alemanes en su actividad internacional”.

El Dresdner Bank, el segundo del país quebró en 2009, y fue absorbido por el tercero, el Commerzbank, que el gobierno Merkel nacionalizó a su vez en un 25% y lo rescató inicialmente con 100.000 millones de euros.

El cuarto banco de Alemania, el Hypo Real Estate, quebró estrepitosamente. Hoy cuando se anuncia su privatización, sabemos que en este banco se inyectaron, según el periódico económico alemán Handselblatt, 200.000 millones de euros para reflotarlo, que evidentemente sufragaron los trabajadores alemanes, pero también los capitales que fueron forzados a huir desde el sur de Europa hacia Alemania, cuando se tramó la campaña de descrédito contra Grecia y el más que anuncio de su salida del euro.

Todas estas quiebras de facto y rescates tuvieron lugar sin ninguna transparencia y sólo se dieron a conocer en 2012 “por la filtración del informe confidencial del supervisor financiero alemán , el BaFin, confirmado por otro de Merrill Lynch, que valoraban en 800.000 millones los activos tóxicos del país en 2009.

El informe de Moody’s sobre los bancos alemanes de 6 de junio de 2012 describía el problema de una fuerte descapitalización y riesgo de liquidez de los mismos, pero mantenía su rating porque consideraba, en una coletilla sorprendente, que había “una alta probabilidad de un apoyo externo proveniente de múltiples fuentes, como típicamente es asequible para el sector público bancario alemán”.

Precisamente en ese mismo momento, Bloomberg reflejaba el 12 de junio de 2012 la efectividad de la amenaza de expulsión del euro a Grecia y de la propagación de pánico financiero en beneficio de Alemania con un ilustrativo título: “La fuga de capitales deja a los bancos alemanes inundados de depósitos baratos”. Y precisaba que en un año “los depósitos en Alemania se incrementaron en un 4,4% hasta los 2,17 billones de euros, mientras que los depósitos en España, Grecia e Irlanda se encogieron un 6,5% hasta 1,2 billones de euros en el mismo período, incluyendo el 16% que bajaron en Grecia”. Y precisaba que “sólo en 6 meses el Deutsche Bank ingresó 5.000 millones de euros de depositantes del sur y el Commerzbank 7.000 en el primer trimestre del 2012”.

Pero todavía más importante, destacaba Bloomberg: “También recibieron 20.000 millones de euros los bancos alemanes en el exterior”, especialmente en Suiza y Luxemburgo, como el Commerzbank Internacional SA de Luxemburgo (CISAL).

Los economistas no se han ocupado de aflorar todos estos datos decisivos para hacer un diagnóstico y entender el porqué de una política de austeridad impuesta al sur, que articula un ataque especulativo propiciando pánico financiero para que el gran capital acumulado en el sur fuera deslocalizado “voluntariamente” a los bancos del norte.

Ahora también sabemos que el Deutsche Bank, “estaba horriblemente descapitalizado, debido a la alta exposición que tiene en el Mercado de Derivados” (casino desregulado y privatizado), como alertó Hoeing, vicepresidente de la Federal Deposits Insurance Corporation y exmiembro de la Reserva Federal, el 14 de junio de 2013 .

Con el escándalo LuxLeaks también se ha descubierto que el Deutsche Bank residía en el paraíso fiscal de Luxemburgo; durante todos estos años no habría pagado el impuesto de sociedades, mientras los demás bancos (griegos y españoles, por ejemplo) que competían con él, tenían que soportar esta más que desleal competencia.

En estos momentos el Deutsche Bank se enfrenta a una avalancha de investigaciones criminales y civiles impulsadas por la Fiscalía de EEUU, por su implicación en el cártel que manipuló el Líbor-Euríbor y del Forex (Mercado de Divisas), así como por su participación en las hipotecas basura. Estos días también se enfrenta al riesgo de no superar el primer stress test al que se somete en Estados Unidos. Para hacer frente a todas estas investigaciones tiene previsto nombrar al conocido penalista Steven F. Reich como Consejero General del Deutsche Bank para América.

También el Commerzbank, segundo banco alemán seminacionalizado, se enfrenta a la temida Securities and Commodities Fraud Task Force de Nueva York, que la investiga por presunto lavado de dinero.

Todos estos métodos tan poco ortodoxos de la banca alemana nos confirman que la imposición de austeridad tenía un componente claro de dominación incluso política, y que provocar pánico financiero les servía para rellenar el agujero existente en sus propios bancos, provocado por lo que fue la causa de la crisis financiera mundial: el mercado de derivados, desregulado y privatizado desde el año 2000, en manos de un cártel de trece megabancos, entre ellos el Deutsche Bank.”

Punts de Vista

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¿Del Grexit al Spainexit?

Tue, 23/06/2015 - 09:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Según la OIT, desde que se inició la crisis habría 30 millones de desempleados más en el mundo y para el 2.019, el número total de desempleados sería de 213 millones (6% de la población activa) aunado con un déficit de 65.000 millones de dólares en los presupuestos de los países pobres y con cerca de 44 millones de personas viviendo en la absoluta pobreza según Intermón Oxfam, por lo que las autoridades económicas mundiales debieran impulsar la frágil e incipiente recuperación económica global, promover una capacidad productiva diversificada y garantizar una evolución equilibrada de los ingresos . Sin embargo, la crisis de Deuda Soberana de Grecia, la inestabilidad financiera de EEUU y la posibilidad de una subida de tipos de la Fed para el 2016 podría provocar que la crisis sistémica acabe lastrando la incipiente y frágil recuperación económica mundial y desemboque en escenarios de estancamiento económico secular (secular stangantion), ya que el fenómeno de la globalización económica ha conseguido que todos los elementos racionales de la economía estén interrelacionados entre sí debido a la consolidación de los oligopolios, la convergencia tecnológica y los acuerdos tácitos corporativos.

Desenlace de la crisis griega

Las reformas estructurales y fiscales que ha impuesto la Troika a países como Irlanda, Grecia, Portugal, España, Italia, Chipre, Malta y Eslovenia para modernizar la Administración pública y la sanidad, mejorar el mercado laboral y adaptar la presión fiscal a las circunstancias son principios genéricos que se han traducido en sucesivas subidas de impuestos, reducción de funcionarios, supresión de organismos públicos, recortes salariales y máxima flexibilidad en el mercado laboral aunado con una sensible pérdida de jirones del primigenio Carta Social Europea (CSE) o Carta de Turín de 1.961.

En el caso griego, la Troika ha obligado a todos los partidos políticos a aprobar suicidas medidas de austeridad que se han traducido en la pérdida de más de 1 millón de puestos de trabajo pero el ascenso al poder de Syriza habría provocado que la monolítica doctrina de los países de la Eurozona que gravitan en las elípticas marcadas de antemano por la nomenklatura alemana empiecen a oscilar en sus valores y a sentir la influencia de fuerzas centrífugas que podrían desembocar en la desaparición y posterior remodelación de la actual Eurozona. Así, los expertos de la llamada “troika” habrían concluido, según un documento secreto publicado por la web italiana Linkiesta que “Atenas no sólo no podrá hacer frente a sus obligaciones financieras, sino que, además, sufrirá una “fuerte devaluación interna”, una significativa caída de precios y de salarios en los próximos años” .

Así, según Efecom, se prevé que la deuda pública del país heleno ascenderá hasta el 200 % del producto interior bruto (PIB) en el 2015, existiendo el temor de que podría pasar del default (incumplir sus pagos) a la quiebra por lo que ” cada vez más empresas europeas y estadounidenses se preparan para lo que antes era impensable”, según The New York Times y en la cadena Fox News, Peter Morici, economista y profesor de la Universidad de Maryland, dijo que “la necesidad de una unión fiscal en la zona euro y de que el BCE adopte un papel similar al llevado a cabo por la Reserva Federal de EEUU, ” y consideró la posibilidad de que “el país heleno abandone el euro para poder así imprimir su propio dinero y resolver sus problemas como lo hizo Estados Unidos a raíz de la crisis financiera”.

Caso de producirse finalmente la salida de Grecia de la Eurozona por la miopía geopolítica alemana, asistiríamos a escenarios de devaluación de su moneda (dracma); alta inflación, galopante tasa de paro y deuda desbocada, radicalización de los otrora aburguesados y sumisos sindicatos de clase, (Confederación General Griega del Trabajo GSEE), ruptura del diálogo social con la patronal, frecuentes estallidos de conflictividad laboral y el auge de partidos como el Partido Comunista Griego (KKE), por lo que ante esta situación y sin el paraguas protector de la UE, no sería descartable en Grecia la reedición del golpe de los Coroneles (1967), golpe virtual o postmoderno que sería un episodio local dentro del nuevo escenario de Guerra Fría entre EEUU y Rusia y que contaría con el apoyo encubierto de EEUU dentro de su objetivo de anular los esfuerzos de Rusia para extender su radio de acción a los países europeos.

¿Salida de España del Euro?

La exclusión de Grecia de la Eurozona supondría el finiquito de la Eurozona pues el resto de países periféricos (Portugal, España, Irlanda, Malta y Chipre), seguirá inexorablemente el movimiento centrífugo de Grecia y deberán retornar a sus monedas nacionales, sufrir la subsiguiente depreciación de las mismas y la regresión a niveles de renta propias de la década de los 70 , con el consiguiente efecto demoledor en los mercados bursátiles. Así, en el supuesto de que la Deuda Pública y privada españolas prosigan su vuelo por la estratosfera, que los salarios sigan congelados o con incrementos inferiores al IPC, que el crédito bancario siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales a pymes, autónomos y particulares y no se aproveche la bajada del precio del petróleo y la dilación en los plazos para reducir el déficit público para implementar medidas keynesianas de inversión en Obra Pública y reducir el desempleo, la economía española se verá abocadas a un peligroso cóctel explosivo,(el DD), cuyos ingredientes serían una Deuda estratosférica ( rozando el 110 % del PIB en el 2015), una deflación en los precios que impedirá a las empresas conseguir beneficios y a los trabajadores incrementar sus sueldos así como una subida de las tasas de interés reales que agravará los problemas de sobreendeudamiento público y privado aunado con un desempleo cercano al 20%, lo que podría generar una década de estancamiento económico, rememorando la Década perdida de la economía japonesa.

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¿Qué puede aportar ATTAC a los Partidos Políticos?

Tue, 23/06/2015 - 07:00

Rober Gonpane – ATTAC Madrid

logoattacchapaTantas son las carencias y lo problemas de nuestra sociedad que ante esta pregunta resulta muy fácil dispersarse o meterse en “jardines ajenos” en los que no es oportuno aventurarse.

ATTAC no es una ONG aunque colaboremos con muchas en diversos asuntos que afectan a la sociedad. Tampoco es un simple Lobby o grupo de presión que solo pretende influir en la sociedad y en las instituciones. Por supuesto tampoco es un partido político que quiera concurrir a las elecciones para competir por el poder institucional.

La mal llamada crisis económica ha originado un profundo deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población, que unido en España a un grave problema de corrupción privada y pública, ha provocado un cambio de la realidad política que exige soluciones innovadoras que resuelvan problemas concretos y que supongan cambios estructurales en la economía.

Hasta aquí cualquier partido político estaría de acuerdo y lo que es peor, incluso comenzaría así el discurso de cualquier partido Neoliberal convencido de la inevitabilidad de las políticas de austeridad y privatizadoras practicadas hasta ahora. Tanto nos han hablado de la necesidad de aplicar reformas estructurales que las asociamos necesariamente a recortes sociales y deterioro de las condiciones laborales; pero nada más alejado de la propuesta de ATTAC.

ATTAC es una Organización Ciudadana Apartidista pero con claros Objetivos Políticos porque rechazamos que la Economía sea una ciencia pues la ideología siempre tiene consecuencias económicas. Por supuesto ATTAC podría opinar sobre los asuntos más cotidianos que preocupan a la sociedad, pero lo que se espera de ATTAC o al menos lo que mejor puede aportar, es una visión muy concreta y profunda de los verdaderos orígenes de casi todos los problemas económicos (con un claro origen ideológico) que sufre la humanidad en este inquietante y singular comienzo del tercer milenio.

Sin duda cualquier Partido Político interesado en conocer la opinión de ATTAC se quedaría sorprendido y decepcionado si solo le expresáramos nuestro grandilocuente e incomprensible mensaje: ATTAC tiene como objetivo DESARMAR LOS MERCADOS para que pueda ser cierto que OTRO MUNDO ES POSIBLE.

Por supuesto después de decir algo así habría que romper el silencio con una corta proposición, que tampoco sería fácilmente compresible para alguien que viene con problemas tan concretos como el elevado índice de paro, precariedad laboral, desigualdad creciente con millones de personas bajo el umbral de la pobreza, etc.:

Hay que controlar de las operaciones bursátiles especulativas, e incluso prohibir aquellas que resultan más dañinas para el normal desarrollo de la economía real.

Todavía habrá gente que recuerde como se tuvieron que prohibir temporalmente las “operaciones a corto” para evitar ataques especulativos organizados contra la deuda pública. Este tipo de cosas son las que pasan por los noticiarios sin pena ni gloria, principalmente porque ningún partido político lo incorpora a su discurso de una forma seria.

Recuerdo la última vez que escuché a Felipe González decir algo con sentido social, fue en julio de 2012 cuando nada más despertarnos en nuestro lugar de vacaciones le escuche decir con su característica vehemencia, que se debían prohibir las operaciones a corto en la bolsa, que todo era insostenible mientras se siguieran permitiendo y que se había propuesto repetir esto en cada entrevista que le hicieran hasta que se tomara tal medida.

La verdad es que nunca más le escuché repetirlo pero sí es cierto que terminaron prohibiéndolas temporalmente unos meses después, como creo recordar que ya habían hecho durante lo peor de la crisis de la deuda en 2011, todavía con Zapatero como Presidente.

En ATTAC sabemos que mientras no se hagan cambios estructurales que garanticen un mayor control estatal de los MERCADOS, ningún Gobierno podrá resistir la presión de la FALTA DE LIQUIDEZ provocada por la FISCALIDAD INJUSTA E INSUFICINETE que tenemos. Solo se dispondrá de dinero para política social que consideren aceptable los MERCADOS, porque seguiremos jugando una partida cuyas reglas no controlamos y encima la ciudadanía culpará al Gobierno de turno de la escasez y los recortes.

No se trata de ofrecer soluciones concretas (eso es labor de los técnicos que saben bien cómo hacerlo) sino de incorporar al debate Político y Social los problemas que origina el sometimiento de la ECONOMIA REAL a la ECONOMIA FINANCIERA. Si se consigue que en lugar de hablar constantemente de corrupción, se dedique tiempo suficiente a alertar a la ciudadanía del peligro que supone para la DEMOCRACIA la dictadura de los MERCADOS FINANCIEROS, simplemente con que se introduzca en el debate se habrá conseguido un gran avance.

No es algo imposible, en el discurso político se han incorporado ya conceptos como la Renta Básica o el propio Impuesto a las Transacciones Financieras que pocos años atrás no estaban en el discurso de los partidos políticos. También es cierto que estos avances se han visto contrarrestados por los grandes avances de la “parte contraria” que hay sabido muy bien cómo asustar a la ciudadanía con nuevos índices como la maldita Prima de Riesgo (1) pero eso lo dejamos para una reflexión final.

Si queremos desarmar los mercados es porque sabemos que están armados y que son peligrosos. Por tanto aunque lo critiquemos, no nos sorprende que un Gobierno democráticamente elegido se pliegue a medidas económicas antisociales impuestas por el poder económico, al contrario esta es la prueba evidente del poder de los mercados y se ha puesto de manifiesto muchas veces en Europa en los últimos años, como lamentablemente podría volver a ocurrir antes de fin de mes con Grecia.

Y si queremos desarmar los mercados ¿no tendremos primero que identificar cuáles son sus armas? Pues ahí es precisamente donde está la labor de ATTAC más útil para la sociedad. Lo hemos oído como eslogan muchas veces: “hay que unificar las luchas”, “todos los problemas son el mismo”, etc. pero nunca se concreta nada. La contribución que puede hacer ATTAC a la política es precisamente esa, identificar claramente el origen del problema y demandar cambios estructurales que de verdad y no solo coyunturalmente, impidan que la ECONOMÍA DE CASINO GLOBAL que nos gobierna siga extendiendo su poder.

Nuestras propuestas clásicas como el ITF y el fin de los PPFF tiene como objetivo último precisamente ese, quitar al Mercado Financiero su poder coercitivo sobre los Estados. Para ATTAC el ITF (lo que nos diferencia de otras campañas como la Robin Hood Tax) tenía como misión principal no la de recaudar, que también, sino la de poner impedimentos a la especulación bursátil. Y el pedir el fin de los PPFF no es una venganza contra países insolidarios que ayudan a que los evasores de impuestos perjudiquen las Haciendas públicas con las que se pagan los servicios sociales, que también, sino que acabando con los PPFF se acabaría con el secreto bancario, la banca en la sombra y la especulación financiera global.

Este es el verdadero nuestro ADN ideológico de ATTAC y el que tenemos que inocular en los partidos políticos que se nos acerquen o a los que nos acerquemos. No nos vamos a “casar con ninguno” pero sí que les intentaremos infectar con nuestro virus para que sufran una mutación ideológica que les lleve a considerar estos asuntos tan aparentemente abstractos como los responsables de casi todos los males que sufre la ciudadanía que vive en una economía pensada para maximizar la rentabilidad de las empresas, no para garantizar la libertad y felicidad de las personas.

Saludos

Rober Gonpane

Observatorio de Justicia Fiscal y Financiera Global (JUFFIGLO) de ATTAC Madrid

––––––––––-

(1) ¿Por qué la Prima de Riesgo fue tan decisiva en las elecciones generales de 2011?

La respuesta es sencilla, porque se hablaba de ella constantemente y además vino para quedarse. Lo intentaron con los CDS (Credit Default Swaps) ligados a la deuda soberana, un seguro que cubre el riesgo de quiebra del país emisor de la deuda que dejaría a los que la compraron en una situación de incertidumbre terrible. Cuando más posible es la quiebra del país, mayor es la cotización de los CDS (ahora los de Grecia deben estar por las nubes). Pero les funcionó mucho mejor la Prima de Riesgo (diferencial del tipo de interés con la deuda de Alemania) que tiene un nombre mucho más fácil y que además es una comparación con “el ejemplo económico a seguir”.

Estar todo el día pendiente de los índices bursátiles ya no era suficiente porque llevábamos décadas asociando la marcha de la economía a la evolución de las bolsas y ya no se asustaba con eso a la población de una forma efectiva. Así pues se incorporó la maldita Prima de Riesgo a la vida diaria de las personas, de forma que la preocupación por la situación económica del país está ya casi directamente relacionada con la Prima, aunque casi nadie sepa cuál es su verdadera transcendencia ni lo que origina el que sea tan importante.

Pues esto es lo que deberíamos lograr con la “Prima de Riesgo Social”, “Índice de Esclavitud Económica” y otros similares que se nos ocurran y que estemos dispuestos a elaborar y publicar. En el siguiente enlace podéis encontrar el “Indice de Libertad Económica” que publica la Heritage Foundation del Wall Street Journal, todo un programa político Neoliberal que premia a los países que confían ciegamente en la “mano invisible del mercado”. Tanto es así que si simplemente sacáramos el inverso de cada índice, tendríamos el índice de esclavitud humana que citaba más arriba.

http://www.noeslomismo.org/2014/02/papa-que-dices-que-es-mala-la.html

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El 12 de junio de 1985 una fecha histórica en la economía española

Mon, 22/06/2015 - 13:00

Carlos Berzosa - Consejo Científico de ATTAC España

Hace treinta años España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas (CEE). La fecha ponía fin a la marginación que España había sufrido en la construcción de la integración europea y suponía el inicio de un nuevo camino esperanzador pero que también planteaba nuevos retos para una economía como la española, que tenía un grado de desarrollo inferior a la de las grandes potencias europeas.

El franquismo supuso un gran retraso económico, social, cultural y político, que a partir de aquí se trataba de recuperar de algún modo. La economía española, debido a su régimen político, quedó marginada del orden capitalista, sistema al que pertenecía, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que no fue miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) hasta finales de los años cincuenta. Tampoco se benefició del Plan Marshall.

La economía española sufrió un aislamiento que supuso pobreza, hambre, estrecheces para la mayoría de la población y grandes privaciones y carencias. Se estableció una economía autárquica hasta el año 1959 y la implantación de cartillas de racionamiento duró hasta 1952. El racionamiento dio lugar a la existencia de un mercado negro y al estraperlo, que gente influyente del régimen utilizó para su enriquecimiento personal. De hecho algunas fortunas actuales tienen en esos años oscuros su origen.

Es a principios de esta década de los cincuenta cuando se recuperaron los niveles económicos de preguerra, que ya de por sí eran bajos, lo que ofrece un indicador de las grandes miserias padecidas. El aislamiento empezó a atenuarse en 1953 con la firma de los acuerdos con Estados Unidos, que dio prioridad a sus intereses hegemónicos y geoestratégicos sobre los derechos democráticos dando el apoyo a una dictadura. Dos años más tarde, y con el patrocinio de Estados Unidos, España ingresa en las Naciones Unidas.

La crisis económica padecida por la economía autárquica provocó un punto de inflexión a finales de los años cincuenta con la llegada de un Gobierno compuesto por destacados miembros del Opus Dei y que fueron bautizados como tecnócratas. España ingresa en los organismos económicos internacionales antes mencionados y el Gobierno aplica el Plan de Estabilización en 1959 con el fin de frenar la inflación que se había generado en el modelo autárquico como consecuencia de las limitaciones que tenía. Se llevan a cabo medidas para liberalizar la economía española tanto en el interior como en el exterior. Se inicia la progresiva inserción de la economía española en la economía mundial. La llegada de turistas, de inversiones extranjeras y de las remesas de emigrantes va a generar los ingresos necesarios para que sea posible el despegue de la economía española en la década de los sesenta.

El proceso de integración europea se había iniciado en 1952 con la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) por Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Estos seis países firman en 1957 el Tratado de Roma por el que se crea la Comunidad Económica Europea (CEE). Desde entonces se han ido dando varias ampliaciones hasta la situación actual. España, una vez más, queda fuera de este proceso por tener un desarrollo económico inferior al de los países fundadores y sobre todo por no cumplir un requisito necesario como es el tener un sistema democrático.

Hay que esperar a la restauración de la democracia en 1977 para solicitar el ingreso en la CEE, lo que se consigue en 1985, años más tarde y tras arduas y duras negociaciones.

Lo logra el Gobierno socialista y este hecho hay que apuntárselo en su haber, aunque fue apoyado por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. El proceso no fue nada fácil, pues las negociaciones coinciden con la crisis de la CEE consecuencia de los efectos producidos por los acontecimientos que se dieron en la década de los setenta. No obstante, con anterioridad y en los finales del franquismo se pusieron ya ciertas bases para que no se iniciara el camino desde cero, como fue la firma del Acuerdo Comercial Preferencial firmado por España con la CEE en 1970. Esto supuso una apertura en la circulación de mercancías entre ambas partes. El Acuerdo Preferencial fue beneficioso para la economía española, pues se consiguió exportar mercancías industriales y no solamente agrícolas al área europea. La economía española se benefició sin duda del hecho de que los negociadores europeos infravaloraran la industria y le concedieron por ello unas preferencias arancelarias más ventajosas que a determinados productos agrarios.

En 1985 se cierra una etapa en la economía española y se pasa a pertenecer al club de los países ricos de Europa, que durante la posguerra habían tenido un camino muy diferente al seguido por España. La democracia triunfó sobre el totalitarismo, y se implanto una economía mixta, sustentada en las ideas de Keynes y el Estado del Bienestar, lo que posibilitó un elevado crecimiento económico y una mejora en la distribución de la renta y riqueza.

Estos treinta años se cierran para la economía española con un balance positivo, no hay nada más que analizar los datos económicos y sociales, pero también ha habido puntos negros que han desembocado en la crisis actual y los padecimientos sufridos, como consecuencia de la política de austeridad impuesta por los dirigentes de la Unión Europea (UE). La deriva neoliberal de la UE está provocando que este proyecto esté fracasando sobre lo que fue y el éxito europeo que se basó en la cooperación y en un modelo social de desarrollo se está viniendo abajo.

Publicado en Sistema Digital

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Comunicado de la Asamblea Ordinaria de ATTAC España

Mon, 22/06/2015 - 10:44

Madrid, 20 y 21 de junio de 2015

ATTAC-España: OTRO MUNDO ES POSIBLE

ATTAC-España ha debatido sobre su incidencia en la política y en la profundización de su organización.

A lo largo del fin de semana ATTAC-España ha celebrado su asamblea estatal en Madrid, en la que representantes de todos los ATTACs territoriales han constatado y compartido la preocupación ante la emergencia social provocada por la deriva antidemocrática, patriarcal y neoliberal que se sufre en el estado español y en Europa.

En el debate altermundista ha tenido especial relevancia el análisis del contexto político actual y el papel que ATTAC, como movimiento independiente y plural, y los movimientos sociales desempeñan y han de desempeñar para subvertir el actual estado de injusticia.

Ante el presente ciclo político del estado español ATTAC considera urgente el avanzar en el cambio iniciado en las elecciones locales y autonómicas, para acabar con las políticas neoliberales que han traído como consecuencia el aumento de la desigualdad, la precarización de las condiciones de vida, la degradación de los servicios públicos y la fuerte involución social de los derechos humanos. Para superar esta situación ATTAC llama a la responsabilidad política y anima al conjunto de fuerzas y organizaciones políticas a generar espacios de encuentro de cara a las próximas elecciones generales.

A su vez también se ha puesto el acento en la importancia de continuar la labor de articular el rechazo ciudadano a los acuerdos de libre comercio e inversión (TTIP, TISA, CETA) que desde instancias supranacionales se están negociando en la sombra, generando un marco de relaciones sociales e institucionales que benefician a las grandes corporaciones y vacían los sistemas democráticos.

ATTAC hace un llamamiento a quienes participarán en la próxima cumbre sobre el cambio climático en París a que tomen medidas contundentes que permitan un nuevo escenario de transición a un modelo basado en la sostenibilidad de la vida.

Bajo el principio de la soberanía de los pueblos, la asamblea acuerda expresar su solidaridad con el pueblo griego ante el chantaje y el acoso impuesto por las instituciones europeas e internacionales. Y convoca a la ciudadanía a participar en las actividades programadas durante la próxima semana en todo el estado español de solidaridad con el pueblo griego.

Desde ATTAC-España enviamos un abrazo solidario al compañero Antonio Aramayona por su firme defensa de las libertades y su denuncia de la ley mordaza, ante el acoso sufrido por la delegación del gobierno de Aragón.

Se trata simplemente de reapropiarnos todos y todas juntas del presente y del futuro de nuestro mundo.

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El estado de la corrupción en Cataluña

Mon, 22/06/2015 - 09:00

Carlos Jiménez Villarejo – Comité de Apoyo de ATTAC España

La lamentable

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El ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha entregado a David Fernández, presidente de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política del Parlament de Catalunya, el informe que publicamos a continuación, y que ya obra en poder de todos los grupos parlamentarios.

Informe sobre la Gestión de los Gobiernos de CiU bajo la Presidencia de Jordi Pujol Soley

Cuando cesó el Gobierno de CiU en 2003, había generado en las cuentas públicas de la Generalidad un déficit de 1.177 millones de euros, razón por la que el nuevo Gobierno de Catalunya (PSC, ERC e ICV-EUiA) acordó la práctica de un Informe sobre la gestión de los gobiernos de CIU.

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Jiménez Villarejo y David Fernández, en la comisión parlamentaria. En la foto superior, Jordi Pujol y David Fernández, el día de la comparecencia del primero.

El Informe parte de un presupuesto que condicionó el método y los resultados: “el objetivo no es la detección de actividades delictivas y fraudulentas”. Si fue así, es explicable que no se profundizara en el análisis de todas las causas del déficit por dicho valor. Porque, ciertamente, parece realmente difícil que “las principales deficiencias de la gestión pública de la Generalitat” y “el uso ineficaz de los recursos públicos” generasen, por si solas, un perjuicio de tal magnitud en las arcas públicas de la Generalitat. El análisis efectuado permitió llegar, con la salvedad de importantes limitaciones de información, a la constatación de innumerables irregularidades de las que solo citamos algunas como ilustración de un modo general de proceder al margen de las reglas de transparencia y objetividad en el desarrollo de la función pública.

Régimen de subvenciones

El Informe dijo que era una de las áreas “más conflictivas”. Y expone una relación de las subvenciones otorgadas por los diferentes organismos de la Generalitat en los años 2.002 y 2.003 superiores a 100.000 euros, particularmente las financiadas con fondos europeos. En este ámbito, se destaca que las revocaciones de las subvenciones examinadas por la incorrecta utilización de los fondos públicos eran tan sólo una pequeña muestra –un 11,5%- por un total de 9.335.920,30 euros. Y, a partir de ahí, afirmó que si este porcentaje se hubiera aplicado a la totalidad de las subvenciones “el destino incorrecto de las subvenciones hubiera sido… una cantidad totalmente inaceptable”. No en vano, el Informe habla de “abusos realmente escandalosos”. Sin embargo, del conjunto de las subvenciones relacionadas, particularmente las del 2.003, no se hizo un análisis sobre el cumplimiento de las previsiones de la Ley de finanzas públicas de Catalunya- Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre- y, concretamente, sobre si se aplicaron los principios de “publicidad, concurrencia y objetividad”, si las convocatorias se tramitaron correctamente, si se cumplieron por las entidades beneficiadas los fines de la subvención y cómo se ha acreditado el buen fin de las mismas

Contratos de alta dirección de organismos y empresas públicas

Resulta patente en los casos que se exponen el grave incumplimiento del R.D. 1382/85, de 1 de agosto sobre el personal de alta dirección. Tan grave como que, en el momento del cese del alto cargo, se le reconozca una antigüedad muy superior a la real para así incrementar la indemnización en directo perjuicio de los fondos públicos. Como es el supuesto del director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat al que se reconoció, a esos efectos, una antigüedad desde 1.3.72 cuando comenzó a prestar servicios el 1.9.2000, es decir, se le reconoció una antigüedad indebida de 28 años. O bien fijar la indemnización, por cese de la relación profesional, contabilizando un número de días trabajados superior al legalmente fijado, también para favorecer un incremento de la indemnización. Todos los supuestos contenidos en el Informe expresan decisiones administrativas arbitrarias, con evidente fraude de ley, como lo expresó el Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona en el caso de la directora de la Agencia catalana de la Cooperación al Desarrollo.

Sector público (sanidad)

El Informe es suficientemente claro en el análisis de la práctica de constituir Fundaciones en los grandes Hospitales del ICS. Se afirma que las Fundaciones constituidas en los Hospitales escapaban al control del Departamento de Economía y Finanzas, con un modo de actuar gravemente opaco y que permitía obtener indebidamente ingresos económicos que debían haberse destinado al ICS. Es un supuesto que hubiera merecido un análisis más riguroso y preciso en la medida que expresa el proceso hacia la privatización de la asistencia sanitaria en perjuicio del servicio público que presta el ICS. Deberían haberse concretado cuales fueron esas treinta y una Fundaciones y otras entidades, quienes las constituyeron, sus fondos propios, el modo como se financiaban y, en definitiva, si además de haberse constituido en el ámbito y con aprovechamiento indebido de las instalaciones de la sanidad pública, han sido subvencionadas con fondos que deberían haber figurado en las partidas presupuestarias del ICS. En la medida en que fue una práctica muy extendida, un estudio detallado hubiera permitido concretar quienes se beneficiaron de ellas.

Contratos de consultoría y asistencia técnica

El Informe en esta materia se concentra fundamentalmente en los contratos de GISA. Entre los años 2.002 y 2.003 se concertaron 5.058 contratos de esta naturaleza. De todos ellos, el 89,84% se realizaron por el procedimiento negociado, es decir, sin acudir a la fórmula del concurso y, por tanto, eludiendo los principios de publicidad y concurrencia. En estos casos, el adjudicatario era el empresario “elegido” por la Administración. De estos contratos, la gran mayoría (el 82 por ciento), están relacionados con proyectos de infraestructura. GISA celebró 3.556 contratos y es significativo que de todos ellos, sólo 274 fueron por un importe superior a 30.050,61 euros. Por tanto, los contratos con sujeción a dichos principios, que garantizan mejor la transparencia y la objetividad, sólo fueron el 7,71%.

T-Systems

El caso T-Systems es el más grave que contiene el Informe. El Informe analiza como los servicios informáticos de la Generalitat fueron inicialmente gestionados por una empresa pública y posteriormente fueron externalizados a través de un concurso a favor de la empresa Debis, luego T-Systems. Se afirma que han sido constantes las irregularidades en la relación de la Generalitat con dicha empresa. Por ejemplo, los empleados de T-Systems eran con frecuencia los responsables informáticos en ciertos Departamentos en la Generalitat. Éstos, “para ahorrarse tiempo y el trabajo de tramitar un concurso” adjudicaban determinados proyectos a dicha empresa “en el bien entendido que (ésta) subcontrataba al consultor que el Departamento quería”. “Se vulnera, se dice, el principio de publicidad y concurrencia”. Y, como consecuencia, “habría resultado más económico” contratar directamente al subcontratista. Es decir, que ese modo de actuar, mediante la interposición de T-Systems, ha perjudicado gravemente el erario público de la Generalitat favoreciendo que T-Systems obtuviera un beneficio injustificado. La operación principal se produce en virtud de un Acuerdo del Gobierno de 20.11.2001. En el mismo se ordena al Centro de telecomunicaciones y tecnología de la información (CTTI) la ejecución de la II fase del proyecto de Administració Oberta de Catalunya (AOC) contratando al efecto a T-Systems en un proyecto que se evalúa en 7.792,3 millones de pesetas. El mismo día, T-Systems, presenta conjuntamente con Accenture el proyecto técnico por un importe de 27.981.080,14 euros y al día siguiente, sin que medie un informe técnico, el director gerente de CTTI acepta la oferta y encarga la realización del trabajo. Posteriormente, el Gobierno, el 22.4.03, adopta otro acuerdo similar al anterior por importe de 32.809.537,50 euros que se ejecuta también de forma similar a favor de T.Systems. “T-Systems va a subcontratar para los proyectos AOC un total de 56 millones de euros (71% del coste total del proyecto), lo que pone de manifiesto que el contrato de T-Systems ha sido una forma de encargar parte de estos proyectos a las empresas que se deseaban, eludiendo la tramitación del concurso y vulnerando de manera evidente los principios de publicidad y concurrencia”.

El Grupo de Trabajo sobre Buen Gobierno y Transparencia Administrativa

Ante la constatación de tantas y tan graves irregularidades, el Gobierno de Catalunya adoptó algunas iniciativas para elevar el grado de transparencia en el funcionamiento de la Administración y establecer pautas de comportamiento inspiradas en principios de ética pública . Acertadamente, porque el tratamiento de la corrupción no debe incurrir en el error de centrar exclusivamente la respuesta en el Código Penal. Si los hechos son indiciariamente delictivos es evidente que deberá actuarse penalmente, pero no puede ni debe renunciarse a los “instrumentos extrapenales como los administrativos, más eficaces e intervencionistas” (García Arán 2005:46) que deben garantizar la primera y más eficaz respuesta preventiva contra la corrupción. Es sabido que ante determinadas conductas ilícitas, el legislador, sobretodo en la fase de la conminación penal, acude al criterio de las que se han llamado Leyes activistas “con la que se suscita en la sociedad la confianza de que se está haciendo algo frente a problemas irresueltos” (García Arán 1998: 262ss),en definitiva, una “huida al derecho penal” atribuyendo al Código penal efectos más simbólicos que reales. Porque, en efecto, el derecho penal, por si solo, no podrá afrontar un problema tan complejo ni podrá sustituir las soluciones que radican en la propia estructura política. Como ya se ha dicho, la corrupción delictiva no es un fenómeno individual ni aislado, es un hecho estructural y por más que se quiera no podrá ocultarse planteándola como si se tratara de meros comportamientos individuales.

A ese fin, el Gobierno acordó el 21 de diciembre de 2004 crear dicho Grupo de Trabajo con la finalidad de garantizar una Administración sujeta a “los principios de integridad personal, de lealtad al interés público y de rendimiento transparente de su gestión”. Con el propósito de “reforzar la calidad democrática de nuestro sistema político y administrativo y hacer más transparente la gestión de sus organismos e instituciones”, particularmente en el ámbito de la contratación administrativa, de las subvenciones y del régimen de incompatibilidades. El Grupo de Trabajo formuló sus conclusiones el 27 de julio de 2005 planteando diversas Recomendaciones como la “limitación numérica de altos cargos”, la revisión de “normativa actual sobre incompatibilidades… evitando en todo caso situaciones de conflicto entre la función pública e intereses privados” y “(la) declaración de bienes”, sobre contratación pública y, en especial, en los contratos de obra para “garantizar más transparencia y objetividad en la selección de los contratistas”. Se hizo una particular llamada a la revisión de la normativa de ayudas públicas que respetara “el principio de legalidad y fueran otorgadas con objetividad y gestionadas con eficacia, eficiencia, transparencia, coherencia y responsabilidad evitando conflictos de intereses” A partir de estas Recomendaciones, el Gobierno ha emprendido determinadas iniciativas en orden a su cumplimiento que, hasta el momento, no ha abordado plenamente.

Las medidas en la contratación administrativa

La economía de mercado exige que el Estado ejerza una función económica correctora, precisamente para garantizar y preservar una dimensión social inspirada en principios de justicia.Las Administraciones Públicas cumplen una función trascendental en el gobierno de la economía como la tributación y el endeudamiento, las actividades crediticias, la regulación urbanística, expropiaciones, privatizaciones y, sobre todo, inversiones directas en obras públicas o a través de concesiones de obras y servicios públicos, terreno, sin duda, favorecedor de prácticas corruptas.

Señalaba Auger (1995) que “el Estado moderno asume en todas partes un importante papel en el gobierno de la economía, en el control indirecto (Financiaciones-subvenciones) de bancos e industrias y en el control directo si se trata de empresas públicas… Gobierno de la economía que elude sustancial sino formalmente el control democrático y el control jurisdiccional”. Así, el profesor Caciagli (1996) analizando el caso italiano, afirmaba que estaba acreditada “la propagación del intercambio corrupto en todas las áreas de la intervención publica” en la economía y, particularmente, en las obras públicas porque los procedimientos administrativos contenían factores inductores de la corrupción. En efecto, el predominio sobre otros criterios del de la eficacia recurriendo a adjudicaciones directas, ha llevado a afirmar al autor Stefano Rodotá que “en nombre de una rápida decisión… han sido atacados sistemáticamente los controles formales e informales”. [2] En efecto, dichas irregularidades han tenido y siguen teniendo un efecto grave y perturbador en el funcionamiento de la Administración. La contratación pública es, quizás, el ámbito que mejor debe preservarse de la corrupción. El Preámbulo de la Ley 13/95, de 18 de mayo, hoy R.D. Legislativo 2/2000,de 16 de Junio, ya lo precisaba con claridad: “Una de las más importantes enseñanzas de la experiencia es la necesidad de garantizar plenamente la transparencia de la contratación administrativa como medio para lograr la objetividad en la actividad administrativa y el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia”.

La denuncia del llamado “3%”, hecha en sede parlamentaria por el Presidente de la Generalitat, fue una oportunidad histórica para afrontar el problema de la corrupción que subyace en la contratación pública. Es de sobra sabido que el “3%” hace referencia al pago ilícito por los particulares a la Administración de una comisión que representa un porcentaje sobre el precio fijado en los contratos administrativos, comisión que se abona como condición para obtener la adjudicación en perjuicio de los competidores o como forma oculta de beneficiar al partido político que controla esa esfera de la Administración, y que, además, encarece injustificadamente la obra o servicio contratada.

La contratación pública es un ámbito donde las Autoridades y funcionarios pueden patrimonializar el poder público en beneficio propio o de terceros, en cuanto favorezcan arbitrariamente, en perjuicio de otros, a determinadas personas o empresas que han abonado comisiones evidentemente ilegales. Los ejemplos son numerosos, pero basta una referencia que procede de un organismo tan solvente como Transparencia Internacional. En un reciente Informe alerta que la construcción es el sector donde se produce mayor corrupción, llegando a alcanzar anualmente “alrededor de 3,200 trillones de dólares”. Pues bien, para asegurar mejor una contratación administrativa justa el Gobierno impulsó y el Parlament aprobó la Ley 3/2007 de 4 de julio, de Obra Pública, que, complementando otras disposiciones estatales y autonómicas, pretende “asegurar que el modelo de contratación de obra pública garantice la libre concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos”, así como, entre otros objetivos, “transparencia y publicidad en el proceso de contratación e información de las adjudicaciones de los contratos”, dando así cumplimiento a las Resoluciones del Parlament 195/VII y 257/VII. Con esos fines se abordan los principios generales fundamentales en la planificación, programación, proyección, contratación, dirección, ejecución y control de la obra pública que hasta ahora no habían sido tratados con la precisión que se expresa en la presente ley, a partir de un régimen jurídico mucho más claro y exigente respecto de los agentes que participan en la obra pública, de los estudios y proyectos de la misma, con inclusión de sus modificaciones, de la supervisión y, según se regula en el art. 39, de la “publicidad y transparencia” de todo este proceso. Se constituye para garantizar la supervisión adecuada sobre el mismo un “registro de buenas prácticas en la ejecución de obras”. Estamos, pues, ante una ley cuyo cumplimiento puede representar un avance decisivo en el control efectivo de las obras públicas en Catalunya y, en particular, de las grandes infraestructuras.

La prevención del conflicto de intereses

Entre las normas sobre el ejercicio de la función pública, las más importantes como prevención de la corrupción, son las que regulan el régimen de incompatibilidades, particularmente, de Altos Cargos y Diputados, y las que contemplan otros deberes, como las declaraciones de actividades y bienes y el deber de abstención. Sin duda, la legislación de incompatibilidades es la mayor garantía frente a lo que la doctrina moderna denomina, como fuente de corrupción, el conflicto de intereses (Garcia Mexía 2001). El régimen jurídico sobre esta materia desde que se constituyó el primer gobierno autonómico fue manifiestamente insuficiente.

Es significativo que hasta el Decreto 261/1992 de 24 de noviembre no se creara el “Registro de Altos Cargos al Servicio de la Generalitat”, disposición en la que se incluyen normas genéricas sobre las declaraciones de causas de incompatibilidad y sobre “el Registro de Actividades y de Intereses”,lo que expresa mejor que nada el vacío normativo en esta materia desde 1980. Basta repasar las disposiciones que han regulado el régimen de incompatibilidades de diputados desde esa fecha. En la Llei 3/82, de 23 de marzo, del Parlament, del President y del Consell Ejecutiu de la Generalitat, sólo el artº. 11, aún vigente, contenía una Disposición sobre causas de inelegibilidad e incompatibilidad que resultaba y resulta una burla a un riguroso planteamiento de un problema tan importante para la transparencia de la Administración Pública. Es más, el apartado 3 de dicho precepto afirmaba que “la ley electoral puede determinar otras causas de inelegibilidad”, ley electoral aún pendiente, incluso durante este último periodo, que expresa el elevado grado de tolerancia sobre el régimen de incompatibilidades de los Diputados al Parlament de Catalunya, sobre todo si se compara dicha norma con las contenidas con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) 5/85 de 19 de junio (Artºs. 155-160).

Hasta esta fecha, se mantiene una grave y preocupante indeterminación respecto de las compatibilidades de los diputados, que no fue superada aprovechándose la reforma del Reglamento del Parlamento aprobada el 22 de diciembre de 2005. No es admisible que el Artº. 11.1 continúe afirmando que “los Diputados han de observar siempre las normas sobre incompatibilidades”, sin relacionar expresa y formalmente las causas de ello. La consecuencia es que están reguladas por más de cincuenta disposiciones estatales y autonómicas, con una tan evidente como rechazable falta de seguridad jurídica sobre todo para los ciudadanos que no podrán conocer si los diputados que los representan se dedican a su función con lealtad al interés público. Dicho Reglamento contiene también la correspondiente norma sobre el deber de los diputados de hacer la declaración “de las actividades profesionales, laborales o empresariales que ejercen y de los cargos públicos que ocupan”, “una declaración de bienes, que debe detallar el patrimonio de quien declara”,pero que carece de la debida pormenorización de los mismos, además de la declaración anual de liquidación del Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio. Se establece además el “Registro de Intereses” para la inclusión de dichos datos, al que se atribuye “carácter publico” solo en cuanto afecta “a las actividades y los cargos”. Resulta, sin duda, inaceptable la norma que determina que “transcurridos cuatro años desde la pérdida de la condición de Diputado dichas declaraciones deben ser destruidas” (Artº. 12.7), precepto absolutamente rechazable e impropio de un sistema democrático que está obligado a preservar la documentación pública y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a ella, según prescriben diversas disposiciones como, entre otras, la LLei 10/2001,de 13 de Julio, de Archivos y Documentos. Por variadas razones pero, en este caso, como forma de evitar la impunidad de dichos cargos si hubiesen incurrido en responsabilidades administrativas o penales por incumplimiento del sistema normativo en esa materia y las mismas no estuviesen prescritas.El Reglamento contiene,en fin,una norma mas retórica que efectiva.El Art. 13 dice que “Los Diputados no pueden invocar o usar su condición para ejercer actividades comerciales,industriales o profesionales,o colaborar con terceras personas en el ejercicio de dichas actividades ante las administraciones públicas en beneficio privado”.Si la disposición,como parece,es solo aplicable a los Diputados en activo resulta de difícil aplicación.Mientras tanto,nada se ha previsto ante la situación creada por Diputados,como Josep Piqué Camps,que,habiendo cesado por renuncia el 19 de Septiembre de 2007, a las escasas semanas ya preside una compañía aérea como Vueling y,sobre todo,asume la Presidencia Ejecutiva de la inmobiliaria Mixta África S.A.con fuertes intereses en los Estados norteafricanos. Mientras tanto,el Parlament tolera que los Diputados que renuncian al escaño incumplan,sin mayores consecuencias,la obligación que les impone el Art. 12.5 del Reglamento de presentar una Declaración de bienes,que tiene como finalidad comprobar si se han enriquecido ilícitamente durante el mandato.Es evidente que el régimen vigente es insuficiente y necesita reformas rigurosas ante el fluir impune entre los intereses públicos y privados.

El Gobierno constituido en 2003, adoptó disposiciones más relevantes y eficaces para la transparencia de la función pública en el ámbito del poder ejecutivo. Una de ellas es el Acuerdo del Gobierno de 7 de enero de 2004 por el que se acuerda dar publicidad a los nombramientos de personal eventual, “con la finalidad de dar mayor transparencia a la actuación de la Generalitat”, transparencia que alcanza también al “nivel retributivo que se les atribuye” mediante su publicación en el DOG”. Este Acuerdo que se complementa con el de 16 de enero de 2007 en el que se limita el número de puestos de trabajo reservados al personal eventual, 218, y se establecen normas más precisas sobre su nombramiento, adscripción y retribución.

Sin embargo, la medida más relevante ha sido la Ley 13/2005 de 27 de diciembre de Régimen de Incompatibilidades de los Altos Cargos al Servicio de la Generalitat, materia que hasta esa fecha estaba regulada de forma fragmentaria e incompleta por la LLei 3/82 ya citada, en la Llei 21/87 de 26 de noviembre y otras normas dispersas en el conjunto del ordenamiento autonómico. El preámbulo de la nueva ley ya expresa que “tiene una relevancia especial el régimen de incompatibilidades, la finalidad del cual es garantizar que su actuación sea imparcial y objetiva y, aún más, el régimen de incompatibilidades de altos cargos, quienes han de demostrar la imparcialidad de su actuación mediante una dedicación absoluta a las funciones a las que están encomendadas, que no puede verse mediatizada por otras actividades o intereses para así servir con la máxima eficacia, eficiencia y objetividad a los intereses generales de los ciudadanos” . Es razonable que se hiciese constar que el sistema entonces vigente era “del tot insuficient” porque era una evidencia incontestable. En dicha ley fundada sobre los principios de “dedicación plena y absoluta” y “retribución única” se establecen taxativamente los supuestos de incompatibilidad tanto con actividades privadas como públicas, así como la prohibición de intervenir en determinadas actividades privadas después de cesar en el cargo. Igualmente se establece el régimen “de retribución única” con las excepciones previstas en dicha Ley. Todo ello dentro del marco de lo que se denomina “deber de lealtad” que consiste según el artº. 5 en “no poder invocar la condición pública de alto cargo ni hacer uso del mismo, por ellos mismos o por personas interpuestas, en el ejercicio de ninguna actividad mercantil, profesional o industrial o cualquier otra actividad lucrativa” y que “ni durante su mandato ni después de su cese, no pueden utilizar o transmitir en provecho propio o de tercera persona la información que hayan obtenido en el ejercicio de su cargo público”. La Ley establece igualmente de forma mucho más detallada que el régimen hasta entonces vigente la “Declaración de actividades” y la “Declaración patrimonial y de intereses”. Podrían hacerse determinadas objeciones “al carácter reservado” del Registro de Bienes Patrimoniales y de Intereses, donde se inscriben las declaraciones de bienes patrimoniales y de intereses, así como al régimen sancionatorio que debería de haber sido más riguroso tanto en la determinación de la sanción como en las medidas accesorias, como ocurre en la Ley estatal 5/2006, de 10 de abril que regula los conflictos de intereses de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Pero, en todo caso, entendemos que dicha Ley constituye un excelente punto de partida que debe desarrollarse reglamentariamente a la mayor urgencia,lo que debería haberse hecho a los dos años siguienes.

La financiación de los partidos políticos

La Constitución española sitúa a los partidos políticos en el Título Preliminar –el mismo en que se define a España como una “Estado social y democrático de Derecho”– proclamando en el artículo 6 que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Estos preceptos han llevado al Tribunal Constitucional a afirmar: “La colocación sistemática del artículo de la Constitución española expresa la importancia que reconoce a los partidos políticos dentro del sistema constitucional y la protección que de su existencia y de sus funciones hace no sólo desde la dimensión individual del derecho a constituirlos y participar activamente en ellos, sino también en función de la existencia del sistema de partidos como base esencial para la actuación del pluralismo político” (S.T.C. 85/86). En similares términos se expresaba el Tribunal Supremo en la Sentencia de 28 de octubre de 1997 sobre el caso FILESA: “Dicha norma –la LOREG– limita los gastos electorales de las distintas candidaturas con un doble fundamento constitucional, evitar la distorsión de la publicidad abusiva en detrimento de la sana formación de la opinión pública base del Estado democrático, y evitar también la vulneración del principio de igualdad como uno de los inspiradores del ordenamiento jurídico”.

Las razones expuestas justifican que el Estado haya asumido una parte importante de la financiación de los partidos mediante el sistema de subvenciones que se regula en varias disposiciones legales. Desde esta perspectiva, cobra singular importancia cómo se produce la financiación de los mismos por varias razones. Primera, porque el crecimiento de los costes de la política derivados sobre todo de las modernas campañas electorales ha impuesto a los partidos políticos una exigencia de recursos económicos que no podía ser satisfecha por la vía de la cuota de sus militantes. En consecuencia, la obtención de dinero se ha convertido en un objetivo político en sí mismo. Y, en segundo lugar, porque las aportaciones económicas privadas pueden generar una desigualdad económica entre los partidos que rompe el principio de igualdad de oportunidades llegando a afectar a la representatividad de los mismos y al propio fundamento del principio del pluralismo político. Por ello conservan actualidad las consideraciones del Profesor M.P. Koening, de la Universidad de Estrasburgo en el marco del Seminario sobre “Derechos del Hombre y Democracia verdadera” (02.01.1995): “La cuestión esencial es saber porqué una sociedad o una empresa financia un partido político. La respuesta lógica es que el generoso donador busca en el partido y, por consiguiente, en los poderes públicos que son ocupados por el partido, ventajas que, en otro caso, no habría obtenido. Actitud que sitúa la cuestión en el umbral del Derecho Penal, lo que conduce a una ruptura de la igualdad en la posición de los usuarios de cualquier servicio público”.

En consecuencia, como reconoce el Informe que desarrollamos, ha resultado fundamental la aprobación de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio regulando un nuevo sistema de financiación de los partidos políticos. En la exposición de motivos de dicha Ley tiene que reconocerse que entre los fundamentos de la nueva disposición figuran, además de “garantizar de manera adecuada la suficiencia, regularidad y transparencia de su actividad económica” , “la aparición ante la opinión pública de posibles irregularidades vinculadas en algunos casos a la financiación de los partidos políticos”. Y entre los objetivos de la ley se encuentra un régimen económico que “no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder político”. Resulta evidente que el grado de cumplimiento por los partidos del régimen establecido en dicha Ley aún no ha podido comprobarse. Y, en consecuencia, desconocemos cómo va a afectar a la actividad económica de los partidos, a su transparencia, y a la justificación de sus ingresos y gastos. Pero en todo caso, resulta necesario constatar que según los datos disponibles en este momento en el último Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas (2007) sobre el ejercicio 2004 [3], las cuentas de la mayoría de los partidos políticos no son precisamente un modelo de transparencia y de independencia respecto de los poderes financieros. Creemos que resulta necesario exponer algunos de dichos datos para saber cómo la Ley de 1987 ha sido incumplida de forma casi generalizada sin mayores consecuencias, sancionatorias o de cualquier otra clase, ante una opinión pública completamente ignorante de las cuentas de los partidos a los que periódicamente votan. A continuación se citan (por el orden alfabético en que aparecen) algunos fragmentos,especialmente relevantes, del Informe relativos a los partidos con representación parlamentaria.

Convergència Democrática de Catalunya

Con respecto a esta formación debe destacarse que “el endeudamiento contable con entidades de crédito sumaba 8.317.952,99 euros. De dicho importe, 8.293.950,16 corresponde a deuda de principal y 24.002,83 a intereses periodificados”. Otro dato relevante del Informe es, en cuanto a los ingresos, proceden “1.515.100 euros de las aportaciones voluntarias y anónimas realizadas directamente en las oficinas de una entidad bancaria a través de bonos de 50, 100 y 200 euros cada uno de conformidad con un contrato suscrito por el partido en el que se fijan las condiciones de entrega del dinero. Dada la naturaleza anónima de estas aportaciones no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal establecido para las aportaciones privadas individuales”. Es de destacar también que los “donativos procedentes de personas jurídicas, por 126.000 euros, de los que no consta la existencia de los acuerdos adoptados por el órgano social competente a que se refiere el artº. 5.2 de la citada ley orgánica, a pesar de haber sido requerido legalmente en el trámite de alegaciones a fin de subsanar dicha deficiencia”.

Esquerra Republicana de Catalunya

El Informe, constata que habiéndose remitido a la formación política los resultados provisionales del mismo, “transcurrido el plazo otorgado, la formación política no ha presentado alegaciones ni ha enviado documentación complementaria alguna sobre los resultados remitidos”. “Por otra parte, al igual que en ejercicios anteriores, de la contestación recibida de una de las entidades de crédito, se observa la existencia de un elevado número de cuentas corrientes abiertas que no figura en contabilidad, de las que el partido ha facilitado los extractos. El partido utiliza estas cuentas para garantizar el control de las aportaciones de los cargos electos en las Corporaciones Locales…”. “Con independencia de la situación patrimonial, el endeudamiento contable a 31 de diciembre de 2004 con entidades de crédito es de 2.180.466,95 euros, correspondiendo en su integridad al principal”. “Como ya se anticipó en los dos informes aprobados, la formación política ha suscrito a fin de este ejercicio con la entidad crediticia un acuerdo para la negociación y pago de la deuda vencida. En dicho acuerdo se reconoce la existencia de dos operaciones suscritas en 1993 y 1994, cuya deuda a favor de la entidad se fija en 1.411.174 euros en concepto de principal prestado más los intereses ordinarios y de demora, por un importe conjunto de 2.720.333 euros…”. “En virtud del acuerdo alcanzado, la formación política asume la obligación de pago de la nueva operación suscrita en sustitución de las dos anteriores ya mencionadas, por un importe de 1.411.174 euros en concepto de capital”. “Por lo que se refiere a los intereses, la formación no ha contabilizado los intereses adeudados y no pagados que como se ha indicado fueron determinados en 2.720.333 euros en el acuerdo señalado. La condonación de intereses supone una correlativa disminución de la deuda del partido con la entidad de crédito y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos, situación no regulada expresamente en la Ley Orgánica 3/87.” “Además, esta misma entidad financiera (que no se cita) informa en este ejercicio de la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria por un 1.750.000 euros concedido a la Fundación afín del partido en el que la formación política figura como avalista de la operación, sin que este hecho relevante figure en la Memoria rendida.

Federació Convergencia i Unió

Sólo es digno de destacar que “la deuda total con entidades de crédito reflejada en los estados presentados suma 9.090.743,91 euros, de los que 9.056.684,08 euros corresponden a deuda de principal y 34.059,83 a deuda por intereses.

Iniciativa per Catalunya-Verds

“La formación política ha iniciado en este ejercicio un proceso de integración de la actividad económico-financiera de las sedes territoriales y la de los grupos políticos en las Corporaciones Locales, que si bien padece de las limitaciones que se señalan en este Informe, supone un avance considerable en la información económica y financiera suministrada por las cuentas presentadas.” “…La deuda con entidades de crédito reflejada en el balance a fin de ejercicio es de 5.109.261,73 euros, de los que 1.210.669,47 euros , figuran clasificados como deuda a largo plazo y 3.898.592,26 euros, como deuda a corto plazo. “El epígrafe de acreedores a corto plazo “deudas con empresas del grupo” incluye…el saldo acreedor de una cuenta relacionada de una fundación vinculada al partido, por 498.026,02 euros.” “Como partidas más relevantes reflejadas en el debe de dicha cuenta hay que señalar las transferencias de fondos del partido a dicha fundación efectuadas a lo largo del ejercicio por un montante neto total de 203.043 euros, de los que únicamente se ha facilitado los documentos bancarios de pago como documentación justificativa”.

Partido Popular

Las cuentas del Partido Popular de Catalunya, en cuanto están integradas en las de la organización estatal, no se conocen con exactitud lo que constituye una grave limitación para la transparencia e impide valorar las cuentas de dicho partido. Sólo ha podido constatarse que la deuda con entidades de crédito de la formación catalana fue, en ese ejercicio, de 2.295.596,78 euros. Y que en dicho ejercicio, el Partido Popular, como formación política estatal, percibió como donaciones anónimas 2.825.425,83 euros.

Partit dels Socialistes de Catalunya

En el apartado “inmovilizado”, “(a)l igual que en el ejercicio anterior, se sigue incluyendo indebidamente el valor de los terrenos en la cuenta “Construcciones”, con un saldo consolidado antes de amortizaciones de 10.923.413,21 euros, sin que figure separado el valor de la construcción.” Por otra parte, sobre este último valor se sigue sin dotar amortización alguna. “La deuda con entidades de crédito, tanto por el principal como por los intereses presentada en los estados financieros de la Comisión Ejecutiva Nacional es de 9.145.328,78 euros, de los que la práctica totalidad salvo un importe de 2.555 euros de intereses, corresponde al principal”. “Como ya se anticipó en los dos últimos informes aprobados, la formación política ha suscrito a fin de este ejercicio con la entidad crediticia un acuerdo para la negociación y pago de la deuda vencida. En dicho acuerdo se reconoce la existencia de dos operaciones, suscritas en 1989 y vencidas desde 1994, que presentan una deuda a favor de la entidad financiera por la totalidad del principal prestado, de 7.813.157,36 euros, más los intereses ordinarios, por 666.716,68 euros, y los intereses de demora por 6.487.103,64 euros. En virtud del acuerdo alcanzado la formación política asume la obligación del pago de una nueva operación suscrita en sustitución de las dos anteriores por un importe de 7.813.157,36 euros en concepto de capital adeudado, y abona a cuentas de ingresos la totalidad de los intereses contabilizados, por 7.153.820,32 euros. La condonación de intereses supone una correlativa disminución de la deuda del partido con la entidad de crédito y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos, situación no regulada expresamente en la Ley Orgánica 3/87”.

Unió Democrática de Catalunya

“El importe de la deuda vencida (con las entidades de crédito) suma 2.440.143,38 euros. Salvo un importe de 165.671,64 euros…el resto de la deuda vencida proviene de ejercicios anteriores y corresponde a tres operaciones de un saldo conjunto de 1.454.352,04 euros de principal y 820.119,70 euros de intereses…” “En relación con las dos operaciones de 222.277,22 euros y 901.518,16 euros de principal, en el escrito de alegaciones el partido informa, sin aportar la documentación acreditativa pertinente, que se ha alcanzado un acuerdo con la entidad financiera a principios de 2007, el cual será analizado en el Informe correspondiente…”. El partido percibió en concepto de “donativos anónimos” 884.716,12 euros.

Conclusión

Los datos expuestos son preocupantes en cuanto expresan una profunda debilidad del sistema democrático, de la que Catalunya no se libra. Parece haberse emprendido un esfuerzo para la moralización de la vida pública que no solo depende de reformas legales, que desde luego son indispensables, sino también de una voluntad decidida de renovación de los responsables políticos y de autonomía de los partidos respecto de los poderes económicos.

Todo el análisis anterior conduce a una conclusión. La corrupción es incompatible con la democracia y, por tanto, hiere gravemente los propios fundamentos del sistema. Mény y Della Porta (1995)afirman : “la corrupción pone en peligro los valores mismos del sistema: la democracia es herida en el corazón; la corrupción sustituye el interés público por el privado, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega los principios de igualdad y de transparencia favoreciendo el acceso privilegiado y secreto de ciertos agentes a los recursos públicos”. Y, ciertamente, así es. La respuesta no corresponde solamente al aparato represivo del Estado, con ser muy importante, sino a un marco legal y a un régimen de controles internos de las Administraciones Públicas para prevenirla y detectarla. Pero todo ello no será suficiente si no se abre camino una nueva cultura política que, además de estar regida por una moral pública y cívica renovada, esté orientada como plantea el Preámbulo de la Constitución hacia una democracia avanzada, es decir, que avance hacia un orden económico y social justo, en el que políticos y funcionarios lejos de patrimonializar el poder, actúen exclusivamente al servicio de los ciudadanos. En definitiva, una recuperación del valor de lo público y del interés general por encima de la exaltación de lo privado y del beneficio económico.

Carlos Jiménez Villarejo
Jurista. Ex Fiscal-Jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción (1995-2003)

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Bibliografía

Auger, Clemente. 1995. “La justicia ante el fenómeno de la corrupción”, Claves de razón práctica. Núm. 56, págs. 40-47.

Caciagli, Mario (ed.) 1995. Cientelismo,corrupción y criminalidad organizada. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Calsamiglia, Albert. 2000. Cuestiones de lealtad : límites del liberalismo: corrupción, nacionalismo y multiculturalismo.Barcelona: Paidós.

Díez-Picazo, Luis María.1996. La criminalidad de los gobernantes. Barcelona. Crítica.

García Aran, Mercedes. 1998. “¿Hasta dónde la criminalización de lo público?” en Crisis del sistema político, criminalización de la vida pública e independencia judicial, Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

García Aran, Mercedes. 2005. “El retroceso de las ideas en las reformas penales del 2.003”. Revista jurídica de Catalunya, núm. 2.

García Mexía, Pablo. 2001. Los conflictos de intereses y lo corrupción contemporánea. Elcano: Aranzadi.

Garzón Valdés, Ernesto.1993. Derecho, Ética y Política. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Mény, Yves i Donatella Della Porta (eds.) 1995. Démocratie et corruption en Europe. Paris : La Découverte.

Nieto, Alejandro. 1997. Corrupción en la España democrática. Barcelona: Editorial Ariel.

Saban Godoy, Alfonso 1991. El marco jurídico de la corrupción. Madrid. Cuadernos Cívitas.

[1] Este Informe fue publicado por la Fundació Bofill, bajo el título “Informe sobre l’estat de la democracia a Catalunya 2007”.2008.

[2] “Su algune ragioni istituzionali della corruzione” L’economia della corruzione, Bari:Laterza, págs. 26-27, citado en Caciagli 1996.

[3] Estando en proceso de edición la presente obra, se ha tenido conocimiento de que el Tribunal de Cuentas el 24/Abril/2008 ha emitido el Informe de Fiscalizacion de la contabilidad ordinaria de los partidos políticos en el ejercicio 2005, que no ha podido ser analizado. Solo destacar como dato muy preocupante que la deuda de las formaciones políticas con representación en el Congreso de Diputados con las entidades de crédito alcanzaba en dicho ejercicio la suma de 144,8 millones de euros.

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Las consecuencias negativas de los anteriores tratados de libre comercio

Sun, 21/06/2015 - 13:00

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España

El año pasado hizo 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Canadá y México conocido como NAFTA (North American Free Trade Agreement), uno de los mayores tratados comerciales que el gobierno federal de EEUU ha aprobado en los últimos treinta años y que ha sido el modelo sobre el cual todos los demás se han estado construyendo, de los cuales los dos últimos que se están intentando aprobar son el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, el Trans-Pacific Partnership o TPP, y ahora el que pronto se firmará entre EEUU y la Unión Europea. Es, por lo tanto, importante analizar qué ha pasado en aquellos países – EEUU, Canadá y México- que fueron supuestamente beneficiados por aquel tratado. La retórica oficial cuando se aprobó fue que tal tratado permitiría beneficiar a las poblaciones de todos estos países, incluido México. Y los datos parecerían mostrar que así fue. La economía mexicana creció, creándose gran riqueza. Ahora bien, si se analiza quién se benefició de tal crecimiento, el resultado es mucho menos positivo. En realidad, fue negativo. Veamos. Las rentas del capital (los super-ricos) crecieron enormemente, convirtiéndose en los más ricos entre los super-ricos del mundo. En realidad, la persona más rica del mundo, el Sr. Carlos Slim, adquirió su riqueza durante aquellos años de aplicación del tratado NAFTA. Su riqueza pasó de ser de 6.000 millones de dólares en 1994 (año del inicio del NAFTA) a 73.000 millones de dólares en 2014, 20 años después. Y así ocurrió con los 24 nuevos super-ricos de México, que pasaron a ser de los más super-ricos del mundo. También generó, por cierto, una clase media de rentas muy elevadas, claramente relacionadas y dependientes de los negocios y el consumo generado por los super-ricos. Sobre estos hechos se creó la imagen del gran éxito del NAFTA.

Pero en la otra cara de la moneda, oculta en la campaña oficial, se vio que el nivel de pobreza extrema de México subió muy rápidamente, pasando de un 16% a un 28% solo en los primeros cinco años. 5 millones de campesinos tuvieron que abandonar sus tierras, contribuyendo a incrementar el elevado desempleo urbano, deteriorando el mercado de trabajo a unos niveles nunca antes vistos. Hoy la pobreza ha alcanzado un 52% de la población. Esta situación, que pocos cuestionan hoy, pues los datos son más que contundentes, se ha presentado como consecuencia de la americanización de la economía mexicana. Y hay datos que orientan en este sentido. Ha habido una colonización de México por parte del capital estadounidense. Pero (y es un importante pero) es un error verlo solo como una colonización, pues grandes sectores de la burguesía mexicana, como el Sr. Carlos Slim, se han beneficiado de este tratado que, al debilitar al mundo del trabajo, mediante la desregulación del mercado de trabajo y el debilitamiento de la protección social y de las políticas públicas encaminadas a proteger al ciudadano como trabajador, como consumidor y como residente –mayores objetivos de NAFTA-, ha beneficiado a las clases dominantes de los tres países firmantes del acuerdo. De ahí su enriquecimiento a costa del bienestar de la mayoría de la ciudadanía, que obtiene sus rentas del trabajo, generando mayores desigualdades.

El aumento de la pobreza va acompañado del aumento de la violencia y de la represión

La otra cara del NAFTA ha sido el enorme aumento de la represión bajo el nombre de “guerra contra el narcotráfico”. Los hechos señalados en los párrafos anteriores son ya bastante conocidos. Pero lo que es menos conocido es que paralelamente a estos acuerdos de libre comercio, se han dado una serie de acuerdos de tipo militar, presentados como parte de la guerra contra la droga, enraizada esta última en una cultura de desregulación, incluida de seguridad y protección ciudadana, que, en el caso de México, ha tenido consecuencias sumamente negativas sobre el Estado mexicano, transformándolo en un Estado corrompido por el narcotráfico, y enormemente represivo, con complicidades entre el narcotráfico y los aparatos de seguridad del Estado, de dimensiones desconocidas y sin precedentes.

Y por si no fuera poco, otra consecuencia de la miseria en las zonas rurales, ha sido un fenómeno masivo: las migraciones desde México a EEUU, habiéndose desplazado a EEUU gran parte de la población rural, muy afectada por el tratado. No hay duda de que componentes de esta realidad –como el aumento de la polarización social- ocurrirán también en el desarrollo e imposición del Tratado de Libre Comercio EEUU-UE (para mayor expansión, ver la presentación del profesor William Robinson en la Universidad Autónoma Nacional de México, el 16 de abril de 2015, publicada en Truthout el 4 de julio bajo el título “Global Capitalist Crisis and the North American Free Trade Agreement: Reflections 21 Years On”).

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Barcelona

Publicado en Público.es

vnavarro.org

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Diferencia entre PIB real y PIB nominal. Caso de Grecia

Sun, 21/06/2015 - 09:00

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

Algunos analistas dicen que las políticas de austeridad han funcionado porque su PIB real está aumentando. ¡Pero cuidado, que es una lectura tramposa! En este breve vídeo explico por qué el hecho de que aumente el PIB real no quiere decir que a la economía en cuestión le vaya bien.

Últimamente muchos analistas internacionales y nacionales aseguran que las políticas de austeridad están funcionado en Grecia porque su PIB medido en términos reales está aumentando. ¡Pero cuidado con esta lectura! Esto no tiene por qué significar que a la economía griega le esté yendo bien. Vamos a ver por qué, utilizando un ejemplo sencillo.

Imaginemos una economía muy simple en la que sólo se producen sillas. El primer año se crean 100 sillas, y se venden a 2 euros cada una. El PIB nominal de la economía será la multiplicación de cada silla por ese precio: 200 euros.

Bien, ahora en el segundo año imaginemos que se produce un poco más: 110 sillas, pero esta vez se venden a 3 euros, por el motivo que sea. El PIB nominal será por lo tanto de 330 euros. Como se puede ver, el PIB nominal ha mejorado muchísimo a pesar de que sólo se han producido 10 sillas más. Pero claro, con el PIB se pretende medir si una economía lo hace bien o no, y el hecho de que se esté aumentando el PIB prácticamente solo porque aumentan los precios… pues es un poco inexacto. Por ello se ideó el PIB en términos reales o PIB real, que intenta medir lo que verdaderamente produce una economía suponiendo que los precios no han variado. El método es sencillo: en vez de utilizar esos 3 euros de precio, se utiliza el precio del año anterior. De esta forma se puede ver cuánto se obtendría de dinero independientemente de la evolución de los precios. Por lo tanto, 110 sillas a 2 euros = 220 euros. De esta forma el resultado ofrece mejor renta que antes por haber producido más, pero no con tanta diferencia. Este indicador de PIB real muestra mejor cómo de bien lo está haciendo la economía.

Pero ahora veamos qué ocurre si en vez de aumentar los precios, disminuyen a 1 euro. 110 sillas a 1 euro, 110 euros. El PIB disminuye mucho a pesar de haber producido más sillas. Y si se utiliza el PIB real, suponiendo que los precios no han cambiado, el resultado es de 220 euros. En este caso, el PIB real nos está diciendo cuánto estamos produciendo verdaderamente, ¡pero sin tener en cuenta que la economía en cuestión ingresa casi la mitad que antes! Algo que también es muy importante, incluso más que la cantidad que producimos.

Pues bien, los analistas a los que me refería antes se fijan en el PIB real de Grecia, y dicen: va bien porque ha aumentado un 0,8% en el último año. Y hay que decirles: sí, claro, pero como los precios han caído un -2,6% ese mismo año, en realidad el PIB nominal de Grecia ha caído un -1,8%. Es decir, aunque Grecia esté produciendo más cosas, como los precios de esas cosas están cayendo a un ritmo muy rápido, en realidad la renta de la economía, el PIB nominal, es menos que antes. Utilizar sólo el PIB real es tramposo, porque está suponiendo que los precios no han cambiadocuando en realidad lo han hecho, y mucho, a la baja, de forma que los griegos ingresan menos que antes. Por eso hay que tener cuidado con estas lecturas, porque es muy fácil confundirse.

Saque de Esquina

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España recaudaría 5.000 millones de euros anuales con la implantación de un ITF

Sun, 21/06/2015 - 07:00

nuevatribuna.es

La campaña “ITF ya, Paraísos fiscales No” y la Plataforma española Robin Hood reclaman al Ecofin “diligencia” para implantar un ITF en Europa como le exige su ciudadanía.

Acto reivindicativo a favor del ITF. (Imagen de archivo).

Acto reivindicativo a favor del ITF. (Imagen de archivo).

Las Plataformas que apoyan la implantación universal de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (la Campaña “ITF YA, Paraísos Fiscales, No” y la Plataforma española Robin Hood), consideramos que la postergación del debate sobre los aspectos normativos del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) es contraria a lo que demanda la ciudadanía europea. “La discusión dentro del ECOFIN por parte de los ministros de la cooperación reforzada es necesaria para que, sobre todo desde el sector financiero, se pague parte de la crisis que ha provocado por acciones especulativas”.

En un comunicado, reclaman “mayor diligencia” sobre este asunto, de la misma forma –dicen- “que se presiona a la ciudadanía para pagar una deuda pública que proviene de socorrer al sector financiero y por causa de las acciones especulativas, ya sea en Grecia o en España, exigimos que adopten las medidas necesarias para no demorar más la implementación del ITF”.

Estaba previsto que en la última reunión del ECOFIN se discutiesen, entre otras cosas, los aspectos técnicos elaborados sobre el ITF en los diferentes países que forman parte de la cooperación reforzada. Algunos de éstos son las formas de aplicación de los criterios de principio de origen o de residencia y fórmulas de compensación; base imponible y tipos de las transacciones financieras, acciones, obligaciones, divisas, etc.; control operativo de las transacciones, e incluso esbozar si su potencial recaudación tendría algún carácter finalista como se reclama desde muchas asociaciones de la sociedad civil.

Las Plataformas recuerdan que la implantación de este impuesto viene auspiciada por los estudios de la Comisión Europea y la aprobación en el Parlamento Europeo del Informe Podimata. Además, existen encuestas que reflejan el apoyo de la ciudadanía a dicho impuesto, en tanto que su aplicación, se estima, “sería un elemento disuasorio de la especulación financiera; y el logro de unos recursos provenientes del sector financiero causante de la crisis, que coadyuvarían a un mejor reparto de la carga fiscal y a la financiación de las políticas públicas”.

Italia y Francia asumen su compromiso

Según determinados estudios, se calcula que en España la recaudación de ese impuesto sería de 5.000 millones de euros anuales con unas bases imponibles amplias y unos tipos muy pequeños. “Sería urgente su implantación para ayudar a una mejora de la recaudación y a un mejor reparto de la carga impositiva”, aseguran. De hecho, ya algunos países, no España, como Italia (Ley 228/2012, Art. 1, apartados 491-500) y Francia (Ley 2012-354, Art. 5, de 14 de marzo de 2012), han asumido su compromiso y han implantado impuestos especiales a las transacciones financieras antes de la redacción de un ITF final común, al que se acogerán. En Italia comenzó a aplicarse el 1 de marzo de 2013, y en Francia, que lo implantó en 2012, se ha dado un paso más y se está debatiendo la aplicación de los fondos recaudados.

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20-27 junio: Movilización europea de solidaridad con Grecia

Sat, 20/06/2015 - 13:41

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Unidad contra la austeridad y la injusticia social

El resultado de la batalla en curso contra la austeridad definirá el futuro no sólo de los griegos, sino también el de los pueblos europeos que luchan por una mayor democracia e igualdad. Durante los gobiernos anteriores, Grecia solía ser un conejillo de indias, pero ahora es un ejemplo positivo que algunas fuerzas quieren aplastar.

Por tanto, hay una necesidad de construir un frente social y político europeo militante contra la presión de las instituciones de la UE que lleva a la asfixia de la sociedad griega y a la reanudación de los programas de austeridad, ya implementados durante cuatro años por los gobiernos anteriores con resultados catastróficos. El pueblo griego, con su mandato el 25 de enero, condenó las políticas de austeridad, así como las leyes antilaborales y los programas de privatización.

#SolidaridadConGrecia

Octavilla de la Semana de movilización europea de solidaridad con Grecia

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“Grecia ni puede ni debe pagar su deuda”

Sat, 20/06/2015 - 13:00

Arainfowww.diagonalperiodico.net

EL FUTURO DE EUROPA SE JUEGA EN GRECIA

El informe del Comité de la Verdad sobre la Deuda Griega, cuyo resumen ejecutivo ha publicado en el Estado español la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en exclusiva, concluye que la deuda soberana en Grecia es insostenible y proporciona evidencias de casos de deudas ilegales, ilegítimas y odiosas.

Foto del eurodiputado Miguel Urbán de la conferencia en la que se ha presentado la auditoría de la deuda griega.

Foto del eurodiputado Miguel Urbán de la conferencia en la que se ha presentado la auditoría de la deuda griega.

Tras varios meses de trabajo, el Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia, ha hecho público los resultados del proceso de auditoría. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que ha participado del proceso a través del economista Sergi Cutillas, ha publicado en exclusiva en el Estado español el resumen ejecutivo del informe de auditoría.

Dicho resumen está ya disponible en el blog que la PACD ha creado para dar seguimiento a los acontecimientos que se desarrollan en el país heleno a raíz de las negociaciones con sus acreedores.

Dicho informe concluye que la deuda soberana en Grecia, a fecha de junio de 2015, es insostenible a causa de las condicionalidades de los programas de rescate. El informe, que analiza el proceso de acumulación de deuda desde los años 1980, así como el impacto de los programas impuestos en Grecia por parte de la Troika, concluye que existen evidencias de casos de deudas ilegales, ilegítimas y odiosas. Se establecen también las bases legales para el repudio y la suspensión de la deuda soberana griega, opción que la Comisión de la Verdad recomienda al gobierno griego.

El comité de la verdad sobre la deuda soberana en Grecia fue establecido por la presidenta del Parlamento griego, Zoi Konstantopoulou, en abril de 2015, y ha contado con la participación de expertos griegos e internacionales. Entre ellos dos participantes españoles, Sergi Cutillas (miembro de la PACD e investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización) y Daniel Albarracín (miembro de Podemos). El Comité ha presentado este jueves sus resultados junto al primer ministro griego, Alexis Tsipras.

Los trabajos del Comité de la Verdad y las conclusiones del proceso de auditoría se tornan especialmente relevantes dadas las diferencias entre el gobierno griego y sus acreedores en el proceso de negociación sobre el desembolso del siguiente tramo del rescate de la UE.

Desde la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) muestran su apoyo al derecho del pueblo griego a decidir de forma soberana qué hacer con la deuda insostenible, ilegal, ilegítima y odiosa. El vídeo de apoyo elaborado y difundido por la PACD ha obtenido más de 45.000 visitas desde su lanzamiento el lunes.

Los días 1 y 2 de julio la PACD organizará actos de apoyo al pueblo griego en Barcelona y Madrid respectivamente, en los que participarán, entre otros, Zoi Konstantopoulou, la Presidenta del Parlamento griego, Diego Borja, ministro de finanzas de Ecuador en el momento de la reestructuración de la deuda soberana en aquél país en 2008, y Daniel Munevar, asesor del ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis.

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Resumen Ejecutivo: Informe Auditoría de la Deuda Pública Griega

En junio 2015 Grecia se encuentra en la encrucijada de elegir entre la promoción de los programas de ajuste macroeconómico fallidos impuestos por los acreedores o hacer un cambio real para romper las cadenas de la deuda. Cinco años desde que se iniciaron los programas de ajuste económico, el país sigue profundamente atrapado en una crisis económica, social, democrática y ecológica. La caja negra de la deuda se ha mantenido cerrada, y hasta hace unos meses ninguna autoridad, griega o internacional, había tratado de sacar a la luz la verdad sobre cómo y por qué Grecia fue sometida al régimen de la troika.

La deuda, en el nombre de la que nada ha mejorado, sigue siendo la norma mediante la cual se impone el ajuste neoliberal, y la recesión más profunda y prolongada experimentada en Europa en tiempos de paz.

Hay una necesidad democrática inmediata y una responsabilidad social de hacer frente a una serie de cuestiones jurídicas, sociales y económicas que exigen la debida consideración. En respuesta, la Presidenta del Parlamento Helénico estableció la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública en abril de 2015, con mandato de investigar sobre la creación y el aumento de la deuda pública, la forma y razones por las que fue contratada la deuda, y el impacto que las condiciones asociadas a los préstamos han tenido sobre la economía y la población.

La deuda, en el nombre de la que nada ha mejorado, sigue siendo la norma mediante la cual se impone el ajuste neoliberal, y la recesión más profunda y prolongada experimentada en Europa en tiempos de paz.

La Comisión de la Verdad tiene un mandato para crear conciencia sobre cuestiones relativas a la deuda griega, tanto a nivel nacional como internacional, y formular argumentos y opciones relativas a la cancelación de la deuda. La investigación de la Comisión que se presenta en este informe preliminar arroja luz sobre el hecho de que la totalidad del programa de ajuste, al que Grecia ha sido sometido, fue y sigue siendo un programa con orientación política.

El ejercicio técnico que rodea las variables macroeconómicas y proyecciones de deuda, cifras que se refieren directamente a las vidas y los medios de vida de las personas, ha permitido que las discusiones alrededor de la deuda se mantengan en un nivel técnico que gira principalmente en torno al argumento de que las políticas impuestas a Grecia mejorarán su capacidad para pagar la deuda. Los hechos presentados en este informe cuestionan este argumento. Toda la evidencia que presentamos en este informe muestra que Grecia no sólo no tiene la capacidad de pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagar esta deuda en primer lugar porque la deuda que surge de los acuerdos de la troika es una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa.

La Comisión también ha podido saber que la insostenibilidad de la deuda pública griega era evidente desde el principio para los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los medios de comunicación corporativos. Sin embargo, las autoridades griegas, junto con algunos otros gobiernos de la UE, conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública en 2010 con el fin de proteger a las instituciones financieras. Los medios de comunicación corporativos escondieron la verdad al público representando una situación en la que el rescate se presentó como beneficioso para Grecia, mientras que promovió un relato que retrataba a la población como culpables de sus propias fechorías.

Los fondos de rescate previstos en los dos programas de 2010 y 2012 se han gestionado externamente a través de esquemas complicados, impidiendo cualquier autonomía fiscal. El uso del dinero del rescate está estrictamente dictado por los acreedores, y por eso, es revelador que menos del 10% de estos fondos se han destinado a gasto corriente del gobierno.

Este informe preliminar presenta un esquema inicial de los principales problemas y cuestiones relacionadas con la deuda pública, y señala las violaciones legales claves asociadas con la contratación de la deuda; también traza los fundamentos jurídicos, en los que puede basarse la suspensión unilateral de los pagos de la deuda. Los resultados se presentan en nueve capítulos estructurados de la siguiente manera:

El Capítulo 1: La deuda antes de la Troika

Analiza el crecimiento de la deuda pública griega desde los años 1980. Llega a la conclusión de que el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria. La adopción del euro dio lugar a un aumento drástico de la deuda privada en Grecia a la que los principales bancos privados europeos, así como los bancos griegos fueron expuestos. Una creciente crisis bancaria contribuyó a la crisis de la deuda soberana griega. El gobierno de George Papandreu ayudó a presentar los elementos de una crisis bancaria como una crisis de la deuda soberana en 2009, haciendo hincapié en el aumento del déficit público y la deuda.

El Capítulo 2: La evolución de la deuda pública griega durante 2010-2015

Concluye que el primer acuerdo de préstamo de 2010, tenía el objetivo principal de rescatar a los bancos privados griegos y europeos, permitiéndoles reducir su exposición a los bonos del gobierno griego.

El Capítulo 3: La deuda pública griega por acreedores en 2015

Presenta la naturaleza de la deuda actual de Grecia, presentando las características clave de los préstamos, que se analizan en el capítulo 8.

El Capítulo 4: Mecanismo del sistema de deuda en Grecia

Revela los mecanismos ideados por los acuerdos que se implementaron desde mayo de 2010. Éstos crearon una gran cantidad de nueva deuda con los acreedores bilaterales y con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), mientras generaban costes abusivos que profundizaron más en crisis. Los mecanismos revelan cómo la mayoría de los fondos prestados fueron transferidos directamente a las instituciones financieras. En lugar de beneficiar a Grecia, han acelerado el proceso de privatización, a través del uso de instrumentos financieros.

El Capítulo 5: Las condicionalidades contra la sostenibilidad

Presenta la forma en que los acreedores imponen condicionalidades intrusivas unidas a los contratos de préstamos, lo que condujo directamente a la inviabilidad económica y la insostenibilidad de la deuda. Estas condiciones, en las que los acreedores aún insisten, no sólo han contribuido a hundir el PIB, así como aumentar el endeudamiento público, generando, por lo tanto, una deuda pública/PIB superior, lo que hizo la deuda de Grecia más insostenible, sino que también impusieron cambios dramáticos en la sociedad, y ha causaron un crisis humanitaria. La deuda pública griega se puede considerar como totalmente insostenible en la actualidad.

El Capítulo 6: El impacto de los “programas de rescate”

En materia de derechos humanos, concluye que las medidas aplicadas en virtud de los “programas de rescate” han afectado directamente a las condiciones de vida de la gente y violado los derechos humanos, que Grecia y sus socios están obligados a respetar, proteger y promover en el marco del derecho interno, regional e internacional. Los ajustes drásticos, impuestos a la economía griega y la sociedad en su conjunto, han dado lugar a un rápido deterioro de las condiciones de vida, y siguen siendo incompatibles con la justicia social, la cohesión social, la democracia y los derechos humanos.

El Capítulo 7: Cuestiones legales que rodean el MoU y los Acuerdos de Préstamos

Argumenta que ha habido un incumplimiento de las obligaciones sobre los derechos humanos por parte de la propia Grecia y los prestamistas, que son los Estados (prestamistas) de la zona euro, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que impusieron estas medidas en Grecia. Todos estos actores no tuvieron en cuenta las violaciones de los derechos humanos que resultarían de las políticas que impusieron a Grecia, y también violaron directamente la Constitución griega al usurpar a Grecia la mayor parte de sus derechos soberanos. Los acuerdos contienen cláusulas abusivas, coaccionando duramente a Grecia para que entregue aspectos significativos de su soberanía. Esto está reflejado en la elección de la ley inglesa como legislación rectora de estos acuerdos, lo que facilitó la elusión de la Constitución griega y las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos. Transgresiones de los derechos humanos y de la ley internacional, varias indicaciones de que las partes contratantes actuaron con mala fe, junto con el carácter desmesurado de los acuerdos, hacen que estos acuerdos no sean válidos.

El Capítulo 8: Evaluación de las deudas en referencia a la ilegitimidad, odiosidad, ilegalidad, y la insostenibilidad

Proporciona una evaluación de la deuda pública griega de acuerdo con las definiciones relativas a la deuda ilegítima, odiosa, ilegal e insostenible, adoptadas por el Comité. El Capítulo 8 concluye que la deuda pública griega a partir de junio 2015 es insostenible, ya que Grecia es actualmente incapaz de pagar su deuda sin perjudicar seriamente su capacidad para cumplir con sus obligaciones sobre los derechos humanos básicos. Además, para cada acreedor, el informe proporciona evidencia de casos indicativos de deudas ilegales, ilegítimas y odiosas.

La deuda con el FMI debe considerarse ilegal ya su concesión incumplió los propios estatutos del FMI, y sus condiciones violaron la Constitución griega, el derecho internacional, y los tratados en los que Grecia es parte. También es ilegítima, ya que las condiciones incluidas imponen recetas políticas que infringen las obligaciones sobre derechos humanos. Por último, es odiosa ya que el FMI sabía que las medidas impuestas eran antidemocráticas e ineficaces y darían lugar a graves violaciones de los derechos socio-económicos.

Las deudas con el BCE deben considerarse ilegales ya que el BCE sobrepasó su mandato mediante la imposición de la aplicación de programas de ajuste macroeconómico (por ejemplo, la desregulación del mercado de trabajo) a través de su participación en la Troika. Las deudas con el BCE también son ilegítimas y odiosas, ya que la principal razón de ser del Securities Markets Programme (SMP) era servir a los intereses de las instituciones financieras, permitiendo a los principales bancos privados europeos y griegos para deshacerse de sus bonos griegos.

El FEEF ha ofrecido préstamos en especie que deben considerarse ilegales porque violaron el artículo 122 (2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y además violaron varios derechos socioeconómicos y libertades civiles. Por otra parte, el Acuerdo Marco del FEEF 2010 y el Acuerdo de Asistencia Financiera Maestro de 2012 contienen varias cláusulas abusivas que revelan la mala conducta clara por parte de la entidad crediticia. El FEEF también actúa en contra de los principios democráticos, lo que hace a estas deudas ilegítimas y odiosas.

Los préstamos bilaterales deben ser considerados ilegales, ya que violan el procedimiento previsto por la Constitución griega. Los préstamos se dieron con mala conducta clara por los prestamistas, y tenían condiciones que contravienen la ley y al orden público. Tanto la legislación comunitaria y el derecho internacional se incumplieron con el fin de dejar de lado los derechos humanos en el diseño de los programas macroeconómicos. Los préstamos bilaterales son, además, ilegítimos, ya que no se utilizan en beneficio de la población, sino que simplemente permitieron a los acreedores privados de Grecia ser rescatados. Por último, los préstamos bilaterales son odiosos ya que los estados prestamista y la Comisión Europea conocían las violaciones potenciales, pero en 2010 y 2012 evitaron evaluar los impactos sobre los derechos humanos del ajuste macroeconómico y la consolidación fiscal, que eran las condiciones de los préstamos.

La deuda con los acreedores privados debe considerarse ilegal porque los bancos privados se comportaron irresponsablemente antes de que la Troika entrara en vigor, habiendo gestionado sin rigor, mientras que algunos acreedores privados, como los hedge funds también actuaron de mala fe. Partes de las deudas con los bancos privados y los hedge fund son ilegítimas por las mismas razones por las que son ilegales; además, los bancos griegos fueron ilegítimamente recapitalizados por los contribuyentes. Las deudas con bancos privados y los hedge funds son odiosas, ya que los principales acreedores privados eran conscientes de que estas deudas no se incurrieron en los mejores intereses de la población, sino más bien en su propio beneficio.

El informe llega a su fin con algunas consideraciones prácticas.

El Capítulo 9: bases legales para el repudio y la suspensión de la deuda soberana griega

Presenta las opciones relativas a la cancelación de la deuda, y en especial las condiciones en que un Estado soberano puede ejercer el derecho de acto unilateral de repudio o la suspensión del pago de la deuda bajo ley internacional.

Varios argumentos legales permiten a un Estado a repudiar unilateralmente su deuda ilegal, odiosa, e ilegítima. En el caso griego, un acto unilateral puede basarse en los siguientes argumentos: la mala fe de los acreedores que empujaron a Grecia para contravenir la legislación nacional y las obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos; preeminencia de los derechos humanos sobre los acuerdos como los firmados por los gobiernos anteriores con los acreedores o la troika; la coacción; las cláusulas abusivas que violan flagrantemente la soberanía griega y que violan la Constitución; y, por último, el derecho reconocido en el derecho internacional a un Estado para que tome contramedidas contra los actos ilegales por parte de sus acreedores, que a propósito dañan su soberanía fiscal, al obligarlo a asumir la deuda odiosa, ilegal e ilegítima, violando la autodeterminación económica y los derechos humanos fundamentales.

En lo que se refiere a la deuda insostenible, cada estado tiene el derecho legal de invocar el estado de necesidad en situaciones excepcionales a fin de salvaguardar los intereses esenciales amenazados por un peligro grave e inminente. En tal situación, el Estado puede ser dispensado del cumplimiento de las obligaciones internacionales que aumentan el peligro, como es el caso de los contratos de préstamos pendientes.
Por último, los Estados tienen el derecho de declararse insolventes unilateralmente cuando el servicio de su deuda es insostenible, en cuyo caso no se comete ningún acto ilícito y, por tanto, no se arrastrará ninguna carga de responsabilidad.

La dignidad de la gente vale más que la deuda ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible.

Habiendo concluido una investigación preliminar, la Comisión considera que Grecia ha sido y es víctima de un ataque premeditado y organizado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Esta misión violenta, ilegal e inmoral está dirigida exclusivamente a desplazar deuda privada al sector público.

Hacer este informe preliminar a disposición de las autoridades griegas y el pueblo griego, el Comité considera que ha cumplido la primera parte de su misión tal como se define en la decisión de la Presidenta del Parlamento griego, de 4 de abril de 2015. La Comisión espera que dicho informe sea una herramienta útil para aquellos que quieran salir de la lógica destructiva de la austeridad y defender lo que está en peligro hoy en día: los derechos humanos, la democracia, la dignidad de los pueblos, y el futuro de las generaciones venideras.

En respuesta a los que imponen medidas injustas, el pueblo griego podría invocar lo que Tucídides menciona acerca de la constitución del pueblo ateniense:

“En cuanto al nombre, se llama una democracia, porque la administración se ejecuta con miras a los intereses de la muchos, no de unos pocos” (Oraciones del Funeral de Pericles, en el discurso de Tucídides de la Historia de la Guerra del Peloponeso).

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Asamblea Ordinaria de ATTAC España

Sat, 20/06/2015 - 10:18

Streaming:

Asamblea Ordinaria de ATTAC España

Orden del día 

Sábado 20

10:30-10:45
1.- Constitución de la mesa y aprobación del Reglamento de la Asamblea
10:45-11:00
2.- Aprobación, si procede, del acta anterior
11:00-11:30
3.- Saluda de la JDAE
11:30-12:00
4.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio anterior
12:00-12:45
5.- Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio
12:45-13:00
Pausa café
13:00-14:30
6.- Debate documento Attac y la Política. 2015.
Los observatorios de Presupuestos Municipales.
14:30-16:00
Comida
16:00-17:00
(Continuación punto 6.)
17:00-18:30
7.- Debate documento Organización

Domingo 

10:00-11:30
8.- Examen de la Memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.
Experiencias locales en la campaña TTIP.
11:30-11:45
9.- Aprobación de la condición de asociación de Attac a otras Asociaciones integrantes de Attac España, y ratificación de los colectivos reconocidos por la Junta.
11:45-12:15
Pausa café
12:15-14:00
10.- Presentación del Borrador de la Carta de Principios de Attac Global e inicio del debate

 

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Emisiones netas cero: ni netas ni cero

Sat, 20/06/2015 - 09:00

Silvia Ribeiro - La Jornada

Mientras avanza el caos climático en el planeta y las previsiones de los científicos son cada vez más oscuras, desde los centros de poder de la civilización petrolera se teje una trampa que necesitamos conocer, entender y desarmar. Se llama emisiones netas cero y su exponente más reciente es un documento del Banco Mundial, que básicamente nos receta que las empresas pueden aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero si al mismo tiempo les pagamos para que las secuestren, con mecanismos de mercado y riesgosas tecnologías.

Es una trampa para confundirnos: no se trata de bajar emisiones, mucho menos de cero emisiones, al contrario, al agregarle la palabra netas, quieren ocultar que pese a la gravísima situación de calentamiento global, las empresas seguirán aumentando la emisión de gases con sus actividades contaminantes, pero presentarán una contabilidad –no una realidad– que muestre que esas emisiones serán supuestamente absorbidas en otra parte y el resultado dará cero, por lo que no hay de qué preocuparse.

Por el contrario, todo es para preocuparse. Porque además de que aumentarán las emisiones y por tanto el caos climático, las propuestas en sí mismas son un desastre social y ambiental, que además pretenden desviar aún más recursos públicos para las empresas.

Las causas del cambio climático están claramente identificadas (y confirmadas con los datos más recientes del IPCC). Se conoce cuál es el problema y lo que hay que cambiar: la expansión del modelo industrial de producción y consumo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), mayoritariamente para producción de energía, sistema alimentario agroindustrial y urbanización/transporte.

Esto en el contexto de que 80 por ciento de la población mundial apenas tiene 5 por ciento de la riqueza global, mientras el uno por ciento más rico tiene 50 por ciento de ésta, lo cual es un fuerte indicador de que ese progreso industrial, basado en altas emisiones, en la devastación, uso y abuso de recursos planetarios, en realidad sólo beneficia a una pequeña minoría, los mismos que se oponen ferozmente a cualquier reducción real de emisiones.

Y no sólo no quieren reducir, además quieren aumentar las emisiones y elevar sus lucros con el desastre. Para esto diseñaron el concepto de emisiones netas cero y desde las más poderosas industrias y centros de poder anexos, se han lanzado a asentarlo, en medios, en el público, en las negociaciones internacionales, en las políticas y programas nacionales.

Un documento que acaba de publicar el Banco Mundial –Tres pasos para lograr cero emisiones netas– resume el concepto y ordena el abanico de medidas que los gobiernos deberían tomar. Muchas ya existían, otras son nuevas. Lo realmente nuevo es englobarlas a todas en el concepto de emisiones netas cero, que incluso traducen intencionalmente mal del inglés, para crear más confusión y dar la impresión de que se trata de cero emisiones.

El paquete menciona vagamente elementos que pueden ser útiles, como un mejor diseño de transporte público, pero incluye en forma abrumadora el apoyo a falsas soluciones que empeoran la crisis climática: tecnologías nocivas como captura y almacenamiento de carbono, agricultura climáticamente inteligente, más mercados de carbono y de bonos verdes, pagos por servicios ambientales y programas como REDD, conectados a esos mercados. Obviamente, apoya la demanda de las petroleras para establecer precios al carbono, pieza clave ahora que esas empresas ven un excelente negocio en la venta de secuestro de carbono.

En un artículo anterior (Cambio climático: armando la trampa, La Jornada 30/5/15), expliqué que la tecnología CCS –captura y almacenamiento de carbono– es altamente riesgosa e ineficaz para asegurar que el carbono permanezca enterrado, pero muy útil a las petroleras para extraer sus reservas hasta ahora inaccesibles, con subvenciones públicas para las costosas instalaciones y ganancias con los bonos por el supuesto secuestro de carbono enterrado, mientras paradójicamente explotan más petróleo y emiten más gases… que luego pueden volver a cobrar por remover de la atmósfera.

La lógica de la llamada agricultura climáticamente inteligente se parece en su circularidad viciosa: pese a ser un factor principal de cambio climático, se propone intensificar la agricultura, con transgénicos resistentes al clima, con alto uso de fertilizantes sintéticos –destructores del suelo y emisores de gases como metano y óxido nitroso, respectivamente 25 y 100 veces más nocivos que el CO2 para el cambio climático–, todo lo cual aumentará los mercados y ganancias de las trasnacionales de agronegocios. Bajo el mismo paraguas incluyen vender la capacidad de secuestro de carbono de los suelos, como técnica separada de la vida campesina, lo cual, como ha pasado con los programas REDD, será una forma de quitarle a los campesinos y comunidades el manejo de su territorio.

Paradójicamente, existen soluciones reales y posibles, que benefician a la mayoría del planeta, la más potente son los sistemas agroalimentarios descentralizados, campesinos y urbanos, agroecológicos y con mercados locales, y muchas otras soluciones reales, igualitarias y desde abajo, incluidas tecnológicas. Pero lo que se propaga desde el engañoso concepto de emisiones netas cero es todo lo contrario: legalizar el aumento de la contaminación y el caos climático por parte de las grandes industrias y que además las víctimas paguemos para que sigan con ello.

Investigadora del Grupo ETC

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Europa enfrenta la inminente reestructuración y las quitas a la deuda griega

Sat, 20/06/2015 - 07:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

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El sistema financiero griego está a punto de implosionar por completo y esto significará el inevitable impago de la deuda soberana griega, como confirmó ayer el Banco Central de Grecia, lo que puede significar la salida del país Heleno de la zona euro. El fantasma de este acontecimiento ha acorralado a Europa para mantener a Grecia en la zona euro a toda costa, y en este juego forzado los líderes de la troika han vivido su día de la marmota desde al año 2010. En estos cinco años la troika ha elaborado numerosas cabriolas para reducir la tensión de la crisis griega, pero todo ha sido externo y artificial. Nada ha llegado a la raíz del problema. La deuda griega, impagable, ha sido justamente el tema más esquivado por los líderes europeos. Y Alemania ha carecido de la voluntad para resarcir a Grecia con las reparaciones de guerra que el nazismo provocó en la ocupación en la segunda guerra mundial. Ahora Europa enfrenta la inminente reestructuración (y recortes) de la deuda griega.

La falta de voluntad que ha caracterizado a la UE para resolver la crisis griega puede desembocar a la larga en la salida de Grecia de la zona euro. Este hecho podría arrastrar a Europa, y al mundo, a una nueva crisis financiera de insospechadas consecuencias, Sin embargo, este escenario, después del shock inicial, podría significar una bendición para Grecia. Mucho de lo que los líderes europeos han intentado ocultar manteniendo a Grecia dentro del euro a la fuerza, es justamente el hecho de que una salida de Grecia del euro la puede hacer volver a la prosperidad económica. Se olvida que Grecia es potencia mundial en transporte marítimo y turismo, entre otras cosas. Grecia podría recuperarse rápidamente y esta sola idea resulta letal para los líderes europeos: Otros países europeos podrían seguir ese ejemplo, como Italia, España y Portugal, que cuentan historias muy similares a la de Grecia.

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Como muestra esta gráfica preparada con datos del FMI, Grecia, Italia, Portugal y España tenían crecimientos per cápita mucho mayores en los años 80 y 90, cuando luchaban con el dracma, la lira, la peseta o el escudo. Una vez que ingresaron al euro para formar parte de esa “élite privilegiada”, el crecimiento de estos países se desplomó. La idea de que la moneda única aceleraría la prosperidad fracasó por los errores iniciales en la implantación de la moneda única (ver documental El gran fraude del euro) y los egoísmos que se fueron urdiendo una vez que la moneda inició su funcionamiento. La gran diferencia entre los años 80 y 90 y el período actual, es que estos países han perdido su soberanía monetaria. Antes del euro, Grecia, España, Italia y Portugal, podían manejar la política monetaria dentro de sus herramientas de políticas macroeconómicas. La implantación del euro dejó a estos países maniatados a los intereses de Alemania y sin soberanía monetaria para enfrentar las turbulencias.

El desastre de la austeridad

A lo largo de estos cinco años de devastación y socavamiento de Grecia, la Troika ha implantado las más nefastas políticas de austeridad para que el país “entre a la realidad del euro”. La receta de estos draconianos planes de recortes y disminuciones de empleos y salarios terminaron hundiendo más al país y ni siquiera el informe de Olivier Blanchard, del propio FMI, que reconocía que la institución había subestimado los multiplicadores fiscales, dieron luces a la troika para revertir el camino e iniciar la recuperación griega.

La arquitectura inepta del euro se ha sumado así a la estructura fraudulenta del dólar, haciendo que todo el sistema financiero mundial camine sobre hielo. Por algo Estados Unidos está tan nervioso con el tema griego. El propio presidente Obama ha pedido a Angela Merkel mantener a Grecia dentro del euro para forzar el cerco de la OTAN contra Rusia. Para la primera potencia mundial sería un duro revés que Grecia se salga del euro, acepte el apoyo financiero de Rusia y entre a formar parte de los países Brics.

En estos cinco años, Grecia ha defendido la idea de que la deuda es odiosa, y que gran parte de ella fue promovida por dictaduras e intereses ilegítimos, que no respondían a los intereses del pueblo heleno. Pero Europa ha hecho oídos sordos al clamor griego de reestructurar la deuda y hacer quitas a la deuda pese a que la gran mayoría de esta deuda es con el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Ambos organismos están atrapados en razones legales y políticas para cerrar el cerco a Grecia. Sin embargo, como la presencia de Grecia en la zona euro tiene un rango estratégico, estas dos instituciones deberán bajar la presión y facilitar una reestructuración de la deuda griega en términos razonables.

La economía europea estaría hoy en mucho mejor pie si no hubiese insistido en forzar a Grecia, España, Italia y Portugal a grandes depresiones y alto desempleo con los planes de austeridad. La estructura inherentemente defectuosa del euro, ha requerido que el BCE aplique políticas mucho más agresivas, que sin embargo no han tenido el resultado deseado, y solo han hinchado enormes burbujas de crédito sumándose así a las burbujas desatadas por la Reserva federal de Estados Unidos.

Como la situación griega está llegando al punto límite, puede que avance en forma vertiginosa la idea de un segundo euro para Grecia. Hasta Wolfgang Schauble, el ministro alemán de finanzas, ha accedido a la posibilidad de crear un euro paralelo para Grecia, que significaría en la práctica una nueva moneda indexada a una fracción del euro original. Algo así como un dracma camuflado, pero con la palabra “euro”. Este hecho iría acompañado de una quita importante de la deuda.

En los últimos cinco años Grecia siempre había dado los pasos bajo presión. Pero el nuevo gobierno griego fue elegido con un mandato para poner fin a la austeridad y avanzar hacia la estabilidad. Hasta ahora, el gobierno de Syriza se ha mostrado fiel a esa determinación, rechazando las exigencias de austeridad de la troika. Esto está significando un quiebre en el sistema de la UE, dado que la austeridad ha sido una receta inadecuada que ha condenado a muchos países a la miseria. El desafío de Grecia es mostrar que eliminar una parte de la deuda no solo será saludable para el futuro heleno, sino también para el resto de Europa. Si se quita la presión a Grecia y se reestructura su deuda la pesadilla del “Grexit” podría quedar olvidada.

El Blog Salmón

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Otro tratado en secreto pero más peligroso que el TTIP

Fri, 19/06/2015 - 13:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

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El tratado de libre comercio e inversión (TTIP), que negocian en secreto la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, ha concitado una formidable oposición ciudadana desde que empezaron las filtraciones sobre las negociaciones. Dos millones de personas ya han apoyado una Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y sigue la recogida de firmas. Además, centenares de organizaciones sociales, ciudadanas y sindicales han manifestado su oposición al tratado. Fruto de toda la presión, el Parlamento Europeo ya no lo votaría unánimemente, se ha suspendido por ahora la decisión parlamentaria y, por tanto, frenada su aprobación.

Para saber cuan bueno o malo es ese tratado, recordemos que las grandes corporaciones empresariales presionan para que el TTIP se firme cuando antes. Y, si a ellos les gusta, no puede ser bueno para la gente común. Susan George asegura que “si se firma el TTIP (más el TPP con países del Pacífico), Estados Unidos controlará el 60% de la riqueza mundial y tres cuartas partes de todo el comercio global”. Y eso no es nada bueno. “El TTIP es una gran amenaza -insiste George- porque dará a las grandes empresas la oportunidad de enterrar en Europa un modelo social que beneficie a los trabajadores”.

Pero si malo es el TTIP, peor es el TiSA del que apenas se habla. TiSA (por sus siglas en inglés) es un acuerdo sobre Comercio de Contratos de Servicios. Wikileaks ha filtrado diecisiete documentos de negociaciones clandestinas de ese tratado secretísimo. Un infame tratado para que grandes empresas y corporaciones transnacionales puedan eludir todas las regulaciones y leyes de los países y puedan bloquear o eliminar las medidas sociales y de seguridad financiera, además de privatizar los servicios públicos, porque la amoral minoría que detenta el poder económico los considera negocio, no medios para satisfacer derechos.

El TiSA condicionaría casi el 70% del comercio mundial de servicios: telecomunicaciones, comercio electrónico, finanzas, seguros, transporte, distribución, servicios profesionales, servicios postales… El diario Público, que colabora con Wikileaks, ha dado a conocer documentos del TiSA pensados y redactados para eludir las leyes de los estados y que las empresas puedan burlar cualquier control gubernamental o parlamentario.

Negocian clandestinamente el TiSA los gobiernos de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Paraguay, Perú, Taiwán y Turquía. Y también la Comisión Europea, claro, que pretende representar a los 28 países de la Unión. Es significativo que los únicos países latinoamericanos implicados en ese TiSA sean Colombia, México y Panamá, fidelísimos aliados de Estados Unidos, y que no estén Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, potencias económicas emergentes.

El TiSA, por ejemplo, busca eliminar cualquier control o limitación a transacciones y movimientos financieros, suprimir cualquier vigilancia del Estado en el sector de la especulación financiera e impedir que puedan prohibirse productos financieros peligrosos. Como los que provocaron la crisis. En definitiva, el TiSA propone una desmesurada libertad y descontrol financieros. Y ya sabemos adónde conduce ese desgobierno; a formar nuevas burbujas financieras, que estallen y haya más recesión.

El TiSA, secreto incluso cinco años después de su firma, si no lo paramos, exige no obstante transparencia total a gobiernos e instituciones públicas. Deberán anunciar qué leyes y regulaciones piensan aprobar y abrir un debate previo para que las grandes corporaciones y sus lobbies puedan impedir que sean aprobadas o modificarlas en beneficio propio… según el propio TiSA.

Además, el TiSA forzará que los datos personales en Internet queden sin la protección de los gobiernos, que los datos informáticos sean solo mercancía y que desaparezca la privacidad de los datos digitales. Pero la protección de datos no es cuestión comercial, sino un derecho fundamental de las personas. El TiSA, ha denunciado la eurodiputada Viviane Reding, quiere acabar con la privacidad de los datos, mermar hasta eliminar la neutralidad de la Red y suprimir las garantías de las personas en la Red con el viejo pretexto y falacia de la seguridad nacional.

Los documentos secretos filtrados demuestran, si cabe, que el TiSA es más neoliberal, antidemocrático y totalitario que el TTIP.

Es evidente que se han de impedir esos tratados con presión y movilización ciudadanas y, como propone Susan George, profundizando la globalización social así como coordinando y globalizando la protesta.

 

Periodista y escritor
Twitter: @xcanotamayo

Publicado en http://www.alainet.org/ 

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Acabar con el califato del mercado

Fri, 19/06/2015 - 09:00

Emir SaderLa Jornada

La discusión entre el gobierno griego y los responsables de las políticas de austeridad en Europa resume los dilemas de la humanidad en el nuevo siglo. De un lado de la mesa la defensa en contra de la masacre humanitaria, que ha sido impuesta al pueblo griego –especialmente a sus sectores más frágiles: los más pobres, los ancianos, los niños, las mujeres–, del otro, los que responden por los dictámenes del mercado.

Ya van décadas de que se ha impuesto la centralidad del mercado. Se volvió al culto de que la mano invisible de la ley de la oferta y la demanda debiera decidir los destinos de la humanidad.

Ese genial engendro liberal sirve de pretexto para que las personas renuncien a conducir el destino de la humanidad. Bastaría que cada uno buscara satisfacer sus necesidades individuales para que, como por arte de magia, se generara no sólo progreso, sino también una adecuada y justa distribución de la riqueza.

Ese cuento de hadas, que ya había conducido la humanidad a su peor crisis económica en 1929, volvió como por arte de magia para reordenar un mundo desviado por intervenciones estatales, derechos, soberanía. La lógica de los mercados sobre las necesidades de las personas –esto es lo que está en juego en las negociaciones entre el gobierno griego y los que hablan en nombre de la troika.

¿Puede la humanidad asistir pasivamente a esas negociaciones en que el poder del dinero pretende imponerse sobre lo que el pueblo griego –además de todo lo que ya ha sufrido– necesita? ¿Hasta cuándo algunos gobiernos seguirán pretendiendo hablar en nombre de la humanidad mientras buscan imponer los intereses del capital especulativo sobre 99 por ciento de la gente?

Sin embargo, los medios de comunicación intentan hacerla aparecer como contraposición entre la racionalidad económica y el despilfarro de la gente. Los de la austeridad hablan como si representaran un modelo de éxito, que ha sacado a sus países de la recesión, con menos pobreza, menos exclusión social, con gobiernos que disfrutan de gran apoyo popular.

Sin embargo, no logran sacar una de las regiones más ricas del mundo –Europa– de una crisis profunda y prolongada con sus recetas de austeridad y más austeridad. Mientras gobiernos de América Latina, después de sufrir la crisis de la deuda, dictaduras militares y los más radicales gobiernos neoliberales logran retomar el crecimiento económico, disminuir las desigualdades y conquistar estabilidad política. Es, desde ese punto de vista, que Grecia resiste a las ofensivas depredadoras del capital especulativo.

Lo que Grecia y todos los países en crisis necesitan no es más austeridad, sino un acuerdo nacional para retomar el desarrollo, con generación de empleo y distribución de renta. Para ello no tiene que mirar hacia Berlín, sino hacia América Latina.

Para acabar con el califato del mercado, antes que éste termine con lo que Europa construyó mejor: su Estado de bienestar social.

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La miseria de una renta mínima garantizada. ¿Estamos hablando en serio?

Fri, 19/06/2015 - 07:00

Daniel Raventós – Consejo Científico de ATTAC España

Me invitan a participar en este “espacio público”. Ineludiblemente, tendré que repetir, quizás con palabras algo distintas, lo que con otros colegas o en solitario he escrito y defendido en distintos foros académicos, o en debates dentro de movimientos sociales o de algunos partidos políticos.

Empecemos por la conclusión: la renta mínima garantizada (RMI) que proponen CCOO y UGT es un desastre.Entiéndase bien de entrada antes de despertar suspiros y reacciones más o menos hostiles: respecto a la situación que tenemos actualmente, la RMI algo ayudaría a algunas personas, sin duda, pero respecto a lo que se sería necesario para paliar la terrible situación de millones de personas, la RMI es menos que insuficiente, en términos académicos diríamos muy deficiente. Intentaré explicar porqué, si bien antes tendré que introducir algún elemento más.

Como la invitación a participar por parte de los responsables de este Espacio Público lo han hecho en mi calidad de defensor de la Renta Básica (RB), es decir, una asignación monetaria pública incondicional a toda la población, serán más rápidos de entender los enormes problemas que tiene la RMI que propone CCOO y UGT si la comparamos con la RB.

Comparemos la RMI y la RB. ¿En qué difieren? Solamente apuntaré cuatro diferencias.

La RB permite eludir las llamadas trampas de la pobreza y del paro. Estas trampas aparecen por el hecho que las cantidades monetarias de los subsidios condicionados, como es el caso de la RMI, no son acumulativas (con esto queremos decir que son subsidios complementarios a una renta ya existente y hasta un umbral establecido). De aquí la inexistencia de estímulos para aceptar ocupaciones a tiempo parcial o de cualquier remuneración. Técnicamente lo podemos expresar de la siguiente manera: el tipo impositivo marginal que se aplica a la RMI es del 100%, es decir, se pierde completamente, en la mayoría de casos, la referida RMI en caso de percepción de otra fuente de renta. Las trampas de la pobreza y del paro, dicho rápidamente, aparecen cuando la percepción de los beneficios, fiscales o de otro tipo, se encuentra condicionada a la verificación, por parte de las autoridades, de la suficiencia de los ingresos recibidos dentro del mercado laboral. A diferencia de la RMI, la RB no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquiera otro ingreso. Además, la RB podría ser en muchos casos un estímulo para desarrollar trabajos remunerados, mientras que los subsidios condicionados no sólo no suponen este incentivo sino que representan todo lo contrario.

La RMI es un subsidio condicionado. Para recibirlo, deberían cumplirse una serie de condiciones. Puede tratarse de condiciones más o menos exigentes, más o menos generosas, pero son condiciones. Esto supone unos costes administrativos muy altos en proporción al presupuesto general del programa condicionado. En cambio, la RB representa una simplificación administrativa inmensa. Resulta obvio que esta característica de la RB, la ausencia casi absoluta de costos administrativos, puede ser de vital importancia en la perspectiva de una efectiva racionalización de las políticas sociales y de redistribución de la riqueza.

La RB se garantiza ex-ante, la RMI, en caso de poder tener acceso a ella, ex-post. Esta característica convierte a la RB en una medida esencialmente preventiva de la exclusión. Sobre la RMI, por razones evidentes, no puede afirmarse lo mismo.

Por añadir una cuarta y última consideración. Si bien en condiciones de crisis y de paro masivo como en la actualidad esta razón queda más debilitada, la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado como es la RMI. Lo que debe garantizar toda sociedad es el “primer derecho”, el de la existencia. Simplemente por el hecho de pertenecer a la ciudadanía (o de disponer de residencia acreditada), sin razones adicionales.

Si estas son críticas generales a la RMI de cualquier tipo, en el caso de la propuesta que nos explica Carlos Bravo, debe añadirse que la cuantía de la misma sería de 426 euros mensuales aunque podría verse incrementada según hijos, etc. Desastre añadido. 426 euros, muy por debajo del actual umbral de la pobreza en el Reino de España. Que unos sindicatos se autolimiten (estamos hablando de ¡un redactado de una ILP, tan solo!) a incrementar un 1% de gasto público que no saca a casi nadie de la pobreza cuando el Reino de España tiene una presión fiscal de 8 puntos por debajo de la media de la UE… digamos no es un ejemplo de audacia. Más ejemplo es de mojigatería ramplona. Precisamente hoy, 26 de marzo, en la nota de prensa del INE sobre les resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el porcentaje de población en riesgo de pobreza pasa del 20,4% en el 2013 al 22,2% en el 2014.

Comparemos también esta RMI de CCOO y UGT, con la propuesta de financiar una RB para toda la ciudadanía y residencia acreditada del Reino de España. El avance del estudio ya se publicó hace unos meses, pero obligado es hacer un resumen de los resultados.

La financiación de una RB de 7.471 euros anuales para toda persona adulta y de una quinta parte para todo menor de 0 a 18 años, es perfectamente posible en el Reino de España mediante una reforma del IRPF y un ahorro de todas las prestaciones públicas monetarias que serían redundantes con una RB. La financiación de esta RB, no tocaría ni un céntimo de lo recaudado hasta ahora. Para evitar posibles debates no del todo informados: sanidad y educación públicas no se tocarían. Aproximadamente un 80% de la población (desde el más pobre a los situados inmediatamente después del 20% más rico) saldría ganadora respecto a la situación actual.

Solamente las dos decilas superiores, las más ricas, perderían con la reforma propuesta. Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7.471 euros anuales de RB que no debería pagar IRPF. Así que la reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población. Es decir, lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas, especialmente en los últimos años. Más concretamente: las cantidades transferidas de los perdedores ricos en el cómputo neto a los ganadores suman unos 35.000 millones de euros. Lo que se traduciría en un índice de Gini que situaría al Reino de España en el nivel de los países escandinavos, a diferencia de lo que sucede en la actualidad en el que aparece en la penúltima posición de la UE, esto es: a la cabeza de los países con mayor desigualdad en su distribución de la renta.

Supongo que queda claro: con esta propuesta, la pobreza desaparece el mes siguiente a la implantación de la RB.

Los que hemos realizado esta propuesta de financiación partimos de una vieja idea, muy contrastada en los tiempos que nos toca vivir, y que fue inmejorablemente expresada por Louis Brandeis, Juez de la Suprema Corte de EEUU entre 1916 y 1939: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada, pero no podemos tener ambas.”

Espero haber aportado algunos elementos a este debate en los pocos espacios que muy razonablemente me han pedido. Debate iniciado en Espacio Público por un miembro del mismo sindicato al que estoy afiliado desde hace 38 años, desde 1977. Ideal hubiera sido haber podido contribuir más directamente en el seno mismo del sindicato, pero para ello hay que ser invitado. Valga este sucedáneo a cambio.

Publicado en Público.es

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La eterna monserga del FMI

Thu, 18/06/2015 - 13:00

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

La misión del FMI acaba de concluir su visita anual a España, al término de la cual ha adelantado sus conclusiones previas al informe que elaborará más tarde. Piensan tan doctos señores que España va bien y por la buena senda. También lo pensaban en plena burbuja inmobiliaria y financiera, mientras se incubaba la mayor catástrofe económica de nuestro país. Incluso incrementan las previsiones en la tasa de crecimiento del PIB, lo que se podría interpretar como un respaldo al actual Gobierno. Bien es verdad que España es una entelequia y lo que cuenta son los españoles, y parece que son muchos a los que les va francamente mal y por eso han votado lo que han votado en las pasadas elecciones. Claro que no desesperen, que aún les puede ir peor si el Gobierno (no creo que les dé ya tiempo) hiciese caso a las recomendaciones del Fondo.

Creo que fue Friedman el que relataba que para elaborar un trabajo tuvo que ojear y leer las memorias de varios años del Banco de la Reserva Federal, constatando que cambiando los datos siempre decían lo mismo y hacían las mismas recomendaciones. La afirmación sería aplicable a los informes del FMI. Las recomendaciones que ha hecho en esta ocasión no diferirán demasiado de las que hizo cuando la tasa de crecimiento era negativa. Siempre la misma monserga, que tiene mucho más de ideología que de ciencia económica.

Como siempre, reforma del mercado laboral. Ahora toca basarse en la dualidad de contratos, temporales e indefinidos, cuando esa precariedad fue creada por gobiernos anteriores siguiendo los consejos y la ideología que emanaba del Fondo o de otras instituciones de pensamiento parecido, como el Banco de España. Entonces se decía que había que flexibilizar el mercado, que era mejor un contrato precario que ninguno. Ahora plantean el contrato único con indemnización por despido en función de la antigüedad. En principio no habría mucho que objetar, la indemnización en los contratos siempre ha funcionado de ese modo pero, a medida que se profundiza en el discurso, se comprueba que el nuevo contrato se crearía con una indemnización mucho más baja que la actual de los contratos indefinidos. Es decir, en el fondo, con las facilidades que existen hoy para despedir, y con una indemnización mínima, todos se convertirían en contratos temporales.

Hay dos formas de eliminar la dualidad del mercado laboral: la primera es convirtiendo los contratos fijos en temporales aun cuando continúen llamándose fijos, que es la que recomienda el FMI, quizá de forma no muy original, sino contagiado por la ideología que se emite desde FEDEA. Y la segunda que consiste en convertir los temporales en fijos, lo que no tendría demasiada dificultad, bastaría con eliminar legalmente los primeros, excepto aquellos tipos de contratos que por su naturaleza tengan que ser por fuerza temporales. Solución más sencilla no hay, pero de eso no quiere hablar nadie.

Piden -¡cómo no!- que los salarios continúen bajando (me gustaría saber hasta dónde) y para ello proponen que los convenios de empresa puedan descolgarse de los sectoriales, conscientes de que a este nivel micro la fuerza sindical es menor. De lo que no hablan es que gran parte de la bajada de los salarios no se ha transmitido a precios sino a excedente empresarial, con lo que la cacareada teoría de la competitividad falla, al menos en parte. Pero es que, además, basar la competitividad en el abaratamiento de los costes laborales, lo mismo que en la reducción impositiva, es una carrera sin fin, porque es de suponer que los países vecinos hagan lo mismo, y así hasta el infinito o más bien hasta cero. Lo cierto es que se ha incrementado la desigualdad y esta, al margen de otras consideraciones, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento. En la actualidad lo afirma hasta la OCDE.

Los doctores del FMI continúan con la necesidad de consolidación fiscal y en ello podríamos estar de acuerdo, puesto que el stock de deuda pública ha llegado a un nivel alarmante; pero el acuerdo se desvanece tan pronto como se contemplan las recomendaciones concretas que defienden para reducir el déficit, elevación de los tipos reducidos del IVA y de los impuestos especiales, e intensificación del copago en sanidad y educación. Como se puede apreciar, todo muy original y muy progresivo.

Por supuesto, nada de criticar la última reforma fiscal del Gobierno, que va a costar 9.169 millones de euros, casi un punto del PIB, y con una orientación claramente regresiva. Bien es verdad que son estas las reformas que le gustan al FMI. La rebaja impositiva a las rentas altas va a ser sustancial, y tanto mayor cuanto más altas sean, un 8% a partir de una base imponible de 120.000 euros (4 puntos); de 6 puntos a partir de 175.000 euros y de 8 a partir de 300.000 (13,5%). El Gobierno se permite gratificar con aproximadamente 75.000 euros anuales a aquellos que ingresan un millón de euros al año.

Pero los emisarios del FMI cierran los ojos a todos esos regalos impositivos y, sin embargo, exigen la elevación de los tipos de IVA, principalmente los reducidos, que suelen afectar a los bienes de primera necesidad, y también que aumente la proporción de la educación y de la sanidad que se financia mediante precio.

La perspicacia de los hombres de negro no es precisamente muy elevada, señalan que el esfuerzo de “desapalancamiento” (reducción del nivel de deuda) del sector privado, hogares y empresas se ha frenado. Y ¿en base a qué, creen, que está creciendo ahora la economía? Ese es precisamente el gran problema económico de España, su ingente endeudamiento, tanto público como privado. Si queremos reducirlo, condenamos a la economía a la recesión, y si se quiere crecer será casi imposible reducir el apalancamiento, lo más probable es que se incremente, lo que crea una enorme incertidumbre de futuro, dado su nivel actual.

Pero, desde luego, donde se manifiesta la gran perspicacia de los encorbatados de Washington es en esa afirmación de que los bancos son solventes y necesitan más rentabilidad pero que, entre tanto, hay que pedirles aún más capital. Parece que no se han enterado de que en la actualidad una parte muy importante de su patrimonio está compuesto por activos financieros diferidos, es decir, créditos de impuestos que, si bien están avalados por el Estado, hipotecan sus futuras ganancias hasta no se sabe cuándo.

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