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Justicia económica global
Updated: 6 min 9 sec ago

La ‘Jornada de Movilización General’ que preparan las Marchas de la Dignidad será el 22 de octubre

Tue, 21/07/2015 - 09:00

Carmen Reina - www.eldiario.es

Las Marchas de la Dignidad organizan para el 22 de octubre una Jornada de Movilización General “ante la profundización en la precarización socio-laboral” y “la continuidad de los recortes en los servicios públicos”.

Su objetivo es movilizar al máximo número de trabajadores y sectores laborales y sociales en una jornada de protesta general.

Las Marchas de la Dignidad reúnen en estos días los 48.000 euros que el juzgado les pide como fianza para presentar la querella contra mandos policiales y altos cargos por los incidentes del 22M de 2014.

Cabecera de la manifestación de la columna de las Marchas de la Dignidad de 2014 desde Andalucía.

Cabecera de la manifestación de la columna de las Marchas de la Dignidad de 2014 desde Andalucía.

Tras la reedición en Madrid de la manifestación de las Marchas de la Dignidad por segundo año consecutivo en marzo, el calendario de movilizaciones que este colectivo había preparado para este año 2015 ya tiene fecha para su segunda graita: el 22 de octubre es el día elegido para celebrar la denominada ‘Jornada de Movilización General’ a la que quieren atraer al máximo número de trabajadores y sectores de la sociedad.

Según ha acordado la Asamblea Estatal de las Marchas de la Dignidad reunida el pasado fin de semana, el jueves 22 de octubre será la jornada laboral elegida para llevar a cabo su objetivo de “paralizar” la actividad en el país con una movilización cuya filosofía se centrará en ideas como “caminando hacia la huelga general, desmontando sus mentiras, contra el paro y la crisis, unidad popular y movilización continuada”, sin olvidar el lema histórico de este movimiento social: “Pan, trabajo, techo y dignidad”.

La convocatoria de esta jornada de movilización se realiza para “impulsar un proceso de transformación social, política y económica” algo que, dicen, “sólo será posible en base a un auténtico proyecto de unidad popular desde la base”.

La unidad popular a la que hacen referencia las Marchas de la Dignidad –un concepto que ha sido propuesto por algunos partidos políticos de la izquierda y movimientos sociales de cara a las próximas elecciones generales de otoño- se debería llevar a cabo en su opinión para “confluir sin hegemonismos, ni exclusiones, todos aquellos que realmente están por el cambio”.  En este sentido, el movimiento 22M, quiere dejar constancia que “las Marchas de la Dignidad no son patrimonio de proyecto político-electoral alguno, sino que pertenecen única y exclusivamente a la mayorías social trabajadora”.

En los últimos meses, quienes componen las Marchas de la Dignidad dicen haber constatado “el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora, consecuencia de la profundización en la precarización socio-laboral, así como en la continuidad de los recortes en los servicios públicos”, motivo por el cual ha tomado cuerpo la acción prevista para el 22 de octubre. “No estamos saliendo de la crisis, tal como nos pretenden vender desde el gobierno, sino que las repercusiones de ésta se están haciendo estructurales para configurar un nuevo modelo socio-político, muy perjudicial para los derechos de las gentes y de los pueblos”, señalan entre sus argumentos para la movilización.

Los detalles de la organización de la Jornada de Movilización General del 22 de octubre se ultimarán en una próxima reunión de la asamblea de las Marchas de la Dignidad en septiembre en Madrid, a la que acudirán los representantes de los distintos territorios y organizaciones incluidas en este colectivo.

Reunir 48.000 euros para la querella por los incidentes del 22M

Por otro lado, las Marchas de la Dignidad están inmersas en estos días en un proceso para recaudar entre sus integrantes y simpatizantes los 48.000 euros que el juzgado les reclama en concepto de fianza para interponer en firme la querella contra mandos policiales y altos cargos por los incidentes ocurridos tras la manifestación en Madrid el 22M. De momento, en la primera semana de recaudación y según las fuentes consultadas, han logrado reunir 10.000 euros.

En, un comunicado remitido a sus simpatizantes y colectivos que las apoyan para recaudar entre todos el montante solicitado, las Marchas de la Dignidad explican que el juzgado argumenta dicha fianza previa debido “a los intereses del conflicto, el número de querellantes y querellados y los delitos que se imputan a los querellados” por los hechos del 22M.

Los querellados contra los que las Marchas de la Dignidad interponen esta querella criminal son una veintena de personas entre altos cargos y mandos policiales, entre los que destacan la entonces delegada del Gobierno en Madrid y actual presidenta de la Comunidad madrileña, Cristina Cifuentes, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

Los delitos que al colectivo del 22M les imputan por los hechos ocurridos tras la manifestación de 2014 son de lesiones, coacciones, amenazas, falsedad en documento público, prevaricación y delitos contra los derechos constitucionales y cívicos, entre otros.

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Libertad, autorrealización personal y Renta Básica Universal

Tue, 21/07/2015 - 07:00

Ernesto Ruiz UretaNuevaTribuna.es

Martín Luther King decía que la solución de la pobreza es abolirla directamente e indicaba que la medida para lograrlo sería la renta garantizada: “Habrá un montón de cambios psicológicos positivos que resultarán de una seguridad económica generalizada. La dignidad del individuo florecerá cuando las decisiones que afectan a su vida estén en sus propias manos, cuando tenga la seguridad de que sus ingresos son estables y ciertos, y cuando sepa que tiene los medios para su autodesarrollo[1]”.

Abraham Maslow gran investigador social se hizo famoso por su pirámide de las necesidades y ya nos decía que sin cubrirse las necesidades básicas no es posible el desarrollo del ser humano. Maslow identificó cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos en una jerarquía piramidal, en la que las necesidades básicas o “instintivas” se encuentran debajo y las superiores o “racionales” arriba. Dicha jerarquía piramidal intenta expresar la idea de que las necesidades básicas resultan perentorias respecto de las superiores, que no constituirían auténticos elementos motivadores mientras las inferiores se mantengan insatisfechas. A su vez, según el enfoque de Maslow, cuando un tipo de necesidad queda satisfecha deja de motivar el comportamiento respecto de ese nivel, liberando energía para que la persona se dedique a la resolución de una instancia superior de necesidades respecto de la satisfecha. Por consiguiente, si la persona viera amenazada la satisfacción de un nivel inferior, se dedicaría prioritariamente a éste, postergando la superior.

maslowpiramide

El título de ciudadano obliga al Estado a remover todos los obstáculos para garantizar su dignidad y desarrollo como persona. Sin embargo, el Estado neoliberal ha optado  por el arréglate como puedas y por reducir servicios públicos con el único objeto de mejorar los beneficios privados y la acumulación de riqueza, ha concedido a la empresa privada  la provisión pública de servicios, y “ha facilitado así las bajadas de impuestos y los subsidios para intereses selectos, a lo que ha ayudado apelar a la buena voluntad de la gente para llenar el vacío a base de caridad[2]”. Cuando, es de necesidad, que el propio Estado debe implantar “un sistema global de protección social, que debería basarse en la compasión, la solidaridad y la empatía más que en la pretensión de controlar y penalizar a los más desfavorecidos[3]”. La Renta Básica Universal es una herramienta que permite de una forma sencilla otorgar los requisitos mínimos a cada ciudadano para que puedan desarrollar su libertad y autonomía. Sin un derecho como la Renta Básica que ofrece unos mínimos de salida, crecerá sin duda la inseguridad, el endeudamiento y la desigualdad y su existencia, por tanto, se demuestra imprescindible para ejercer los demás derechos.

Nos dice Carlos Rodríguez Braun en el prólogo del libro Contra la Renta Básica de Juan Ramón Rallo que “Lo básico no es la renta. Lo básico es la libertad”. ¿Quién niega la importancia de la libertad en el desarrollo del individuo? Pero la libertad en una comunidad no se consigue en una lucha individual y encarnizada de todos contra todos ya que el resultado termina siendo el contrario del buscado. Se consigue salvando las necesidades básicas del individuo, las necesidades fisiológicas y de seguridad, para que así pueda descubrir otros motivos que le permitan su crecimiento y su vida en armonía con sus semejantes. La libertad es un concepto muchas veces etéreo y boomerang. La RBU, sin embargo, es una herramienta clara y fácil de administrar, aunque requiere la construcción de un ethos basado en los grandes valores de la compasión y la empatía.

Escribe Juan Ramón Rallo en el libro mencionado que “Lo que rechazamos, pues, no es tanto la redistribución de la renta per se cuanto la redistribución coactiva de la misma”. La propiedad, se afirma, es sagrada, pero no hay que investigar mucho para darnos cuenta de que el reparto actual de la riqueza no está basado en los méritos de los poseedores, por contra, en muchos casos ha supuesto la acumulación coactiva de los poderosos extrayéndola de los derechos de los demás.

La RBU imagina un mundo más allá del empleo retribuido y ensalza precisamente la libertad de todos. Por ello “Afirmar que la gente tiene el deber de trabajar implica que tiene la obligación de dedicar su tiempo a servir a los intereses de los demás[4]”, lo que no supone ninguna libertad. Y siempre son “Los pobres [los que] tienen el deber de trabajar para justificar que los ricos les proporcionen un sustento, de beneficencia[5]”. El trabajo puede ser necesario, para el crecimiento económico o por cualquier otra razón. Pero no debería ser un deber. [...] la coacción es divisiva y socava el compromiso con el trabajo, forzando a la gente a hacer un trabajo que no desea hacer y puede que no tenga interés en hacer[6]”.

El capitalismo está lleno de contradicciones y lo que sí ha demostrado es que facilita la desigualdad en la riqueza, en el reparto de la renta y en las oportunidades para competir en régimen de igualdad. Además, tiene la grave tendencia de eliminar puestos de trabajo allí en donde ve la menor posibilidad. Así David Harvey nos llega a decir “No se puede excluir por completo la posibilidad de que el capital pudiera sobrevivir a todas [sus] contradicciones […] pagando un cierto precio. Lo podría hacer, por ejemplo, mediante una élite oligárquica capitalista que dirigiera la eliminación genocida de gran parte de la población sobrante y desechable, al mismo tiempo que esclavizara al resto y construyera unos entornos artificiales cerrados para protegerse contra los estragos de una naturaleza externa que se hubiera vuelto tóxica, inhóspita y devastadoramente salvaje[7]”.

Es verdad que estas palabras nos pueden parecer duras pero sólo hay que mirar con intención de ver para darnos cuenta que la imagen presentada por Harvey ya la estamos viviendo en este mundo globalizado en el que la economía y el interés comercial mandan. “Estamos atrapados en un planeta que pensábamos ilimitado, al que seguimos sin reparar las costuras abiertas del hambre, la desigualdad, la contaminación y el deterioro ambiental, las guerras y la explotación sin piedad de personas y recursos. La inercia de instituciones y poderes que hemos puesto en marcha, espoleadas por el espíritu competitivo y la codicia nos acerca peligrosamente al límite[8]”.

La Renta Básica Garantizada o la Renta Básica lo que pretende es simplemente dar la oportunidad a todos y a cada uno de nosotros de llegar a conocernos y a que busquemos nuestro camino en esta vida. Ya que en un mundo, dónde no todos pueden emplearse, el trabajo remunerado no puede ser el Todopoderoso que decida entre la vida y la muerte, entre vivir desahogado o vivir con penurias. Trabajar es mucho más que el empleo y debiera ser una realidad creativa, de mejora social y no alienante. Por ello Gorz insistía incansablemente que el trabajo, “no es solo la creación de riqueza económica; es al mismo tiempo un medio de autocreación[9].

[1] Standing, Guy (2014: 367-68). Precariado. Una carta de derechos. Capitán Swing.

[2] Ibídem pág. 359

[3] Ibídem pág. 323

[4] Ibídem pág. 259

[5] Ibídem pág. 256

[6] Ibídem pág. 269

[7] Harvey, David (2014:257). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Editorial  IAEN, Quito.

[8] Alegre, Joaco. Economía colaborativa: un salto cuántico. Economistas Frente a la Crisis. 4 junio de 2015.

[9] Harvey, David (2014:263). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Editorial  IAEN, Quito.

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Declaración urgente de “Economistas Frente a la Crisis” sobre la cuestión griega

Mon, 20/07/2015 - 14:24

Economistas Frente a la Crisis

EFC denuncia el anti europeísmo que se desprende del comportamiento del Eurogrupo en sus negociaciones con el gobierno griego. Ciegos ante el fracaso de sus políticas de austeridad a ultranza, están destruyendo la confianza de los europeos en el futuro de Europa. La ideología y el nacionalismo de los poderosos se imponen frente a la razón. La mediocridad de personajes oscuros, como el ministro de hacienda alemán, o menores, como el presidente del Eurogrupo, se hace ostensible ante la razón y la competencia técnica de sus interlocutores griegos que es trasmitida a la opinión pública –a falta de otros argumentos- como una actitud impertinente, argumento que más bien parecería, ante la trascendencia y alcance de lo que se trata, propio de adolescentes en patio de escuela.

 Con simpleza intencionada se culpa al Gobierno griego, abocado a gestionar el cerco al que ha sido sometido, de la imposición del corralito bancario obviando el papel del BCE -un actor político con déficit democrático- en este desenlace. La no aceptación de los bonos soberanos griegos por el BCE como colateral y, más recientemente, su decisión de limitar la línea de asistencia de emergencia a los bancos griegos, impuso por la fuerza de los hechos el control de capitales en Grecia irrumpiendo de manera indisimulada en su política interna a pocos días del referéndum convocado por el Gobierno.

Cuando se cumplen 5 años del inicio de la crisis griega, precipitada por la constatación del falseamiento de las cuentas públicas realizado por los gobiernos conservadores de Nueva Democracia, resulta cuanto menos sorprendente que aquellos que militan en las mismas filas políticas que los que llevaron a Grecia a esta situación, traten ahora de imputar las dificultades financieras de estos últimos días a una mala gestión del gobierno griego. Responsabilizar al gobierno de Tsipras de los malos datos de coyuntura de la economía griega es una tergiversación de quienes quieren ocultar su apoyo a los gobiernos anteriores que han hecho de Grecia un Estado al borde del fallo, con estructuras clientelares que Syriza debe eliminar por más que entre ellas algunas sean también activas en su soporte. La reforma fiscal; la ineficiencia de la Administración Pública; el alto coste de las estructuras militares griegas; la ausencia de un proyecto de país que transforme su modelo productivo… son desde ahora una responsabilidad que Syriza debe transformar con determinación para dar un ejemplo a quienes le niegan el derecho a ser alternativa y para no defraudar a quienes valoran su papel en la batalla por otra Europa.

Denunciamos la actitud de Alemania y sus satélites, cuya ruta siempre ha sido expulsar a Grecia del euro sin el menor interés en impulsar su modernización como pone de manifiesto su continuado apoyo a los responsables políticos del fracaso de Grecia como país. Esta situación no es sino el reflejo de la ausencia de democracia en la gobernanza económica europea. Las fuerzas progresistas europeas debieran liderar la transformación de Europa desde su núcleo: las normas de supervisión y gobernanza económica del euro para ponerlas al servicio de los ciudadanos, del crecimiento y de la igualdad.

Situados ante el dilema de ser expulsados de la zona euro o acatar la imposición de los acreedores, Grecia se ha visto forzada a aceptar un programa erróneo, que no solucionará los problemas de fondo, que contiene elementos fuertemente recesivos y que ahondará en las desigualdades ya en niveles inaceptables como consecuencia de un lustro de austeridad y de ataque al estado del bienestar. No es un buen acuerdo. Cualquier acuerdo que pretenda ir a las raíces del problema debería haber contenido tres elementos fundamentales: 1) Un potente plan de inversiones que contribuya a la modernización de la estructura productiva y relance la deprimida demanda agregada; 2) Un profundo programa de reformas estructurales no recesivas que atajen las redes clientelares, mejoren el funcionamiento de la Hacienda Pública  griega y relance el crecimiento a largo plazo, mejorando la productividad, la competitividad y fortaleciendo las instituciones del mercado laboral y 3) una reestructuración de la deuda pública que garantice su sostenibilidad a los acreedores y a  Grecia como deudora. Prestamistas y prestatarios son corresponsables y esa responsabilidad compartida poco o nada ha estado presente en las soluciones.

Manifestamos nuestra profunda decepción por el comportamiento del partido de los socialistas europeos, con el SPD a la cabeza, cómplice de la intoxicación de la opinión pública alemana que ignora que ningún país ha resultado ser tan beneficiado por la moneda única como ha sido Alemania, no sólo por los bajos tipos de interés de los que se está beneficiando, también por un tipo de cambio del Euro que ha mejorado su competitividad exterior -frente a la que hubiera tenido con el marco- y por los flujos de fondos que de manera indirecta han rescatado las posiciones acreedoras de sus bancos a costa de los contribuyentes europeos y, en particular, de los contribuyentes de los países rescatados. Pero en Economistas Frente a la Crisis EFC no desmayamos en nuestra espera y en nuestro esfuerzo por lograr un papel activo de los partidos socialistas europeos, y en particular del PSOE, que rompa con la lamentable imagen que hasta ahora están trasmitiendo. En este contexto, los socialistas españoles, testigos de excepción de los efectos de la austeridad en nuestro país, tienen la oportunidad de reivindicar con mayor firmeza que otra Europa es posible. No esperamos menos.

En España, la doctrina del miedo desarrollada por el gobierno del Partido Popular no es más que el resultado de su actitud servil. Mención especial merece su ministro de economía, De Guindos, que tan solo parece moverse por intereses exclusivamente personales para su candidatura a la presidencia del Eurogrupo. Europa y España parecen importar poco.

Economistas Frente a la Crisis EFC espera contribuir, desde sus análisis de la política europea, a romper esta espiral antieuropeista desatada desde Alemania contra Grecia y contra el progreso de la integración europea, y sus miembros seguirán poniendo los conocimientos que la sociedad les ha suministrado al servicio de la comprensión de los problemas por los ciudadanos españoles. La Europa que queremos no es la que nos proponen. Nuestra Europa es la Europa de los ciudadanos, la de las libertades, la de la solidaridad, la de la democracia, la del estado de bienestar. No es la que sólo responde a los intereses de los poderosos, la que sólo genera desigualdad.

El Eurogrupo, con Alemania a la cabeza, podía imponer a Grecia un acuerdo con consecuencias recesivas. Así lo ha hecho. Ante una fuerza superior sólo cabía el suicidio. Nadie lo dudó nunca. Su único argumento ha sido la razón, pero la salida del Euro no podía ser su alternativa y tenía que evitar caer en el abismo. Su resistencia ha sido una gran lección. Europa ya no será la misma. Se lo deberemos a Grecia.

Confiamos en que todas las fuerzas políticas y sociales y todas las instituciones que en España se reclaman progresistas, hagan honor a su reclamo y apoyen o compartan nuestras preocupaciones.

12 de julio de 2015

La Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis EFC

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ATTAC Acordem: Convocatoria de concentración delante del Parlament

Mon, 20/07/2015 - 14:19

Convocatoria de Concentración, miércoles 22 de julio, a las 18 h. delante del Parlament para reivindicar la aprobación sin retrasos y recortes de la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía y para apoyar la aprobación de la propuesta de Ley de Emergencia habitacional y pobreza energética: Todos a la concentración delante del Parlament de Catalunya el miércoles 22 de julio a las 18 horas. 

Convoca:

III Marcha por una Catalunya sin paro, precariedad, pobreza y desigualdad

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Rajoy, populismo de derechas

Mon, 20/07/2015 - 13:00

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Rajoy

Creíamos que Zapatero había colmado todas las expectativas en materia de ocurrencias, pues no es así. Cuando se acercan las elecciones todo el mundo está dispuesto a caer en un populismo de la peor especie. Al actual Gobierno solo se le ha ocurrido adelantar a fecha 1 de julio la rebaja fiscal ya aprobada para 2016. Ante los malos resultados experimentados en los pasados comicios, quieren transmitir a la opinión pública la idea de que se va a compensar a los damnificados por la política de austeridad aplicada en los años anteriores. Vocean que van a deshacer en parte las medidas tomadas, pero, como era de esperar, han comenzado por aquella que tenía, sin duda, un carácter más equitativo.

Si por algo se caracteriza la llamada política de austeridad impuesta por Merkel y sus acólitos y seguida con fidelidad por Rajoy, amén de por su ineficacia, es por su injusticia al distribuir los costes de manera totalmente desigual, por supuesto entre países, pero también dentro de cada país, haciendo recaer los sacrificios sobre las capas sociales más desfavorecidas. Rajoy ha sido un buen epígono. De ahí los piropos que en Europa cosecha su política. En buena lid se puede decir que tan solo ha sido un continuador de la política que había comenzado Zapatero y que las urnas le obligaron a abandonar.

Hagamos un breve resumen: 1) Reforma del mercado laboral, facilitando el despido y propiciando la reducción de salarios. 2) Congelación de unas pensiones que se encontraban ya a niveles muy bajos, y una nueva ley que, de cara al futuro, da un golpe de muerte al sistema, al eliminar la garantía que existía de revalorización automática de las prestaciones de acuerdo con la subida del coste de la vida. Los jubilados comprobarán cómo año tras año sus pensiones perderán poder adquisitivo. 3) Reducción sustancial del salario de los empleados públicos. Bien es verdad que se podría decir que el autor en este caso no ha sido tanto el Gobierno de Rajoy como el de Zapatero. El verdadero hachazo fue el de mayo de 2010. Comparado con él, lo de la paga extraordinaria fuepeccata minuta; afectó a un solo año y no se consolidó para los siguientes ejercicios. Pero no es menos cierto que al actual Gobierno hay que imputarle no solo el mantenimiento de la bajada de salarios del 2010, sino también su congelación en los siguientes ejercicios. Querer compensar a los funcionarios de esta pérdida del poder adquisitivo con el aguinaldo de un cuarto de paga que, además, como habían fallado ya varios tribunales, estaban obligados a devolver por haberse aplicado con carácter retroactivo, no deja de ser ilusorio. 4) Por último, la subida reiterada del IVA, que, por mucho que el ex ministro de las ocurrenciaszapateriles diga otra cosa, no deja de ser un impuesto indirecto y, por lo tanto, carente de progresividad.

Frente a todas estas medidas, la única adoptada por el actual Gobierno que podría ser aceptable fue la subida del IRPF, ya que repartía el coste de manera mucho más equitativa. En primer lugar, dejaba al margen a aquellos que eran tan pobres cuyos ingresos no llegan siquiera al límite para tributar y, en segundo lugar, porque la contribución se hace en función de la renta.

Quizá por todo ello ha sido la medida más denostada por periodistas, comentaristas, tertulianos y en general por todos los que ayudan a configurar la opinión pública y que con toda seguridad pertenecen a ese 10% de mayor renta; y también por todo ello ha sido la primera medida que el Gobierno se ha apresurado a invertir y de la que incluso ahora anuncia que adelantará la parte ya aprobada pero cuya entrada en vigor estaba prevista para 2016.
Rajoy se engaña si piensa que por devolver un cuarto de paga a los funcionarios estos van a darse por resarcidos del deterioro en el poder de compra que han tenido sus ingresos a lo largo de todos estos años. Y se equivoca todavía más si cree que los trabajadores y pensionistas se van a sentir compensados de todos los sacrificios a los que se les ha sometido porque ahora durante seis meses se les obsequie con una subvención de 5, 10, 15 o 30 euros, según ganen 15.000, 20.000, 30.000 o 40.000 euros anuales; en términos porcentuales estas cantidades representan el 0,5%, 0,7%, 0,9% y el 1,4%. Ahora bien, los que sí se sentirán satisfechos son los que obtienen rentas muy superiores. Así, el ahorro mensual va a ser de 132, 466, 800 y 1.633 euros, respectivamente, para aquellos que tienen unos ingresos brutos anuales de 100.000, 300.000, 500.000 y 1.000.000. Aquí los porcentajes son bastante más altos: 2,5%, 3,3%, 3,5% y 3,6%. Como se puede apreciar, todo muy progresivo.

Tampoco parece que la medida sea muy inteligente desde el punto de vista electoral, puesto que más del 90% de los contribuyentes que tienen una base imponible por debajo de los 40.000 euros no se sentirán muy gratificados al ver que el gravamen se les rebaja menos de un 1%, cuando a los contribuyentes que tienen una renta 10, 15, 20 veces superior se les aplica una reducción del 3%. Una bonita propaganda electoral.

Ni siquiera se pueden aducir motivos económicos porque, en sentido contrario a lo que el Gobierno afirma, la rebaja del IRPF incrementa la desigualdad y por lo mismo tendrá un impacto negativo sobre la actividad económica (ver artículo del pasado 26 de junio publicado en este medio). Esos 1.500 millones dedicados, por ejemplo, a aumentar la cobertura del seguro de desempleo no solo constituirían una medida más equitativa, sino que colaborarían en mayor medida al crecimiento.

El anuncio de Rajoy debió de dejar desconcertados a todos los fiscalistas y en general a todos los que sepan un mínimo de Derecho tributario. Supongo que muchos se habrán preguntado dónde se encontraba el ministro de Hacienda (catedrático de Hacienda Pública) o el secretario de Estado, y el secretario general de Hacienda, el director general de Tributos o el director de la Agencia Tributaria (todos ellos inspectores), y cómo no avisaron al presidente del Gobierno del disparate que anunciaba y la complejidad que significaba tener dos tarifas dentro del mismo año, no solo para los contribuyentes y para la Agencia Tributaria, sino para todas las empresas, entidades financieras, notarios y demás agentes económicos que deberían modificar todos sus programas para proporcionar la información separada en dos semestres, amén de los profesionales y demás autónomos que se verían obligados a presentar su contabilidad dividida en dos ejercicios económicos. Eso sin contar con la trapacería que se facilitaría con esta medida a algunos contribuyentes que acumularían siempre que les resultase posible todos los gastos en el primer semestre y los ingresos en el segundo.

El anuncio era tan descabellado que el Ministerio de Hacienda tuvo que salir inmediatamente a enmendar la plana al Presidente del Gobierno afirmando que en ningún caso habría dos tarifas, una para cada semestre, sino una media que se aplicaría para todo el año. La solución no deja de ser un parche, ya que una media es una media y deja atrás muchos matices y el resultado no es desde luego el mismo que el anunciado por Rajoy (piénsese por ejemplo en un fondo de pensiones rescatado en el mes de octubre). No es muy airoso que el Ministerio de Hacienda tenga que corregir una semana después al Presidente del Gobierno. Es lo que sucede con las ocurrencias populistas.

Publicado en República.com

www.martinseco.es

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Rajoy, populismo de derechas

Mon, 20/07/2015 - 13:00

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Rajoy

Creíamos que Zapatero había colmado todas las expectativas en materia de ocurrencias, pues no es así. Cuando se acercan las elecciones todo el mundo está dispuesto a caer en un populismo de la peor especie. Al actual Gobierno solo se le ha ocurrido adelantar a fecha 1 de julio la rebaja fiscal ya aprobada para 2016. Ante los malos resultados experimentados en los pasados comicios, quieren transmitir a la opinión pública la idea de que se va a compensar a los damnificados por la política de austeridad aplicada en los años anteriores. Vocean que van a deshacer en parte las medidas tomadas, pero, como era de esperar, han comenzado por aquella que tenía, sin duda, un carácter más equitativo.

Si por algo se caracteriza la llamada política de austeridad impuesta por Merkel y sus acólitos y seguida con fidelidad por Rajoy, amén de por su ineficacia, es por su injusticia al distribuir los costes de manera totalmente desigual, por supuesto entre países, pero también dentro de cada país, haciendo recaer los sacrificios sobre las capas sociales más desfavorecidas. Rajoy ha sido un buen epígono. De ahí los piropos que en Europa cosecha su política. En buena lid se puede decir que tan solo ha sido un continuador de la política que había comenzado Zapatero y que las urnas le obligaron a abandonar.

Hagamos un breve resumen: 1) Reforma del mercado laboral, facilitando el despido y propiciando la reducción de salarios. 2) Congelación de unas pensiones que se encontraban ya a niveles muy bajos, y una nueva ley que, de cara al futuro, da un golpe de muerte al sistema, al eliminar la garantía que existía de revalorización automática de las prestaciones de acuerdo con la subida del coste de la vida. Los jubilados comprobarán cómo año tras año sus pensiones perderán poder adquisitivo. 3) Reducción sustancial del salario de los empleados públicos. Bien es verdad que se podría decir que el autor en este caso no ha sido tanto el Gobierno de Rajoy como el de Zapatero. El verdadero hachazo fue el de mayo de 2010. Comparado con él, lo de la paga extraordinaria fuepeccata minuta; afectó a un solo año y no se consolidó para los siguientes ejercicios. Pero no es menos cierto que al actual Gobierno hay que imputarle no solo el mantenimiento de la bajada de salarios del 2010, sino también su congelación en los siguientes ejercicios. Querer compensar a los funcionarios de esta pérdida del poder adquisitivo con el aguinaldo de un cuarto de paga que, además, como habían fallado ya varios tribunales, estaban obligados a devolver por haberse aplicado con carácter retroactivo, no deja de ser ilusorio. 4) Por último, la subida reiterada del IVA, que, por mucho que el ex ministro de las ocurrenciaszapateriles diga otra cosa, no deja de ser un impuesto indirecto y, por lo tanto, carente de progresividad.

Frente a todas estas medidas, la única adoptada por el actual Gobierno que podría ser aceptable fue la subida del IRPF, ya que repartía el coste de manera mucho más equitativa. En primer lugar, dejaba al margen a aquellos que eran tan pobres cuyos ingresos no llegan siquiera al límite para tributar y, en segundo lugar, porque la contribución se hace en función de la renta.

Quizá por todo ello ha sido la medida más denostada por periodistas, comentaristas, tertulianos y en general por todos los que ayudan a configurar la opinión pública y que con toda seguridad pertenecen a ese 10% de mayor renta; y también por todo ello ha sido la primera medida que el Gobierno se ha apresurado a invertir y de la que incluso ahora anuncia que adelantará la parte ya aprobada pero cuya entrada en vigor estaba prevista para 2016.
Rajoy se engaña si piensa que por devolver un cuarto de paga a los funcionarios estos van a darse por resarcidos del deterioro en el poder de compra que han tenido sus ingresos a lo largo de todos estos años. Y se equivoca todavía más si cree que los trabajadores y pensionistas se van a sentir compensados de todos los sacrificios a los que se les ha sometido porque ahora durante seis meses se les obsequie con una subvención de 5, 10, 15 o 30 euros, según ganen 15.000, 20.000, 30.000 o 40.000 euros anuales; en términos porcentuales estas cantidades representan el 0,5%, 0,7%, 0,9% y el 1,4%. Ahora bien, los que sí se sentirán satisfechos son los que obtienen rentas muy superiores. Así, el ahorro mensual va a ser de 132, 466, 800 y 1.633 euros, respectivamente, para aquellos que tienen unos ingresos brutos anuales de 100.000, 300.000, 500.000 y 1.000.000. Aquí los porcentajes son bastante más altos: 2,5%, 3,3%, 3,5% y 3,6%. Como se puede apreciar, todo muy progresivo.

Tampoco parece que la medida sea muy inteligente desde el punto de vista electoral, puesto que más del 90% de los contribuyentes que tienen una base imponible por debajo de los 40.000 euros no se sentirán muy gratificados al ver que el gravamen se les rebaja menos de un 1%, cuando a los contribuyentes que tienen una renta 10, 15, 20 veces superior se les aplica una reducción del 3%. Una bonita propaganda electoral.

Ni siquiera se pueden aducir motivos económicos porque, en sentido contrario a lo que el Gobierno afirma, la rebaja del IRPF incrementa la desigualdad y por lo mismo tendrá un impacto negativo sobre la actividad económica (ver artículo del pasado 26 de junio publicado en este medio). Esos 1.500 millones dedicados, por ejemplo, a aumentar la cobertura del seguro de desempleo no solo constituirían una medida más equitativa, sino que colaborarían en mayor medida al crecimiento.

El anuncio de Rajoy debió de dejar desconcertados a todos los fiscalistas y en general a todos los que sepan un mínimo de Derecho tributario. Supongo que muchos se habrán preguntado dónde se encontraba el ministro de Hacienda (catedrático de Hacienda Pública) o el secretario de Estado, y el secretario general de Hacienda, el director general de Tributos o el director de la Agencia Tributaria (todos ellos inspectores), y cómo no avisaron al presidente del Gobierno del disparate que anunciaba y la complejidad que significaba tener dos tarifas dentro del mismo año, no solo para los contribuyentes y para la Agencia Tributaria, sino para todas las empresas, entidades financieras, notarios y demás agentes económicos que deberían modificar todos sus programas para proporcionar la información separada en dos semestres, amén de los profesionales y demás autónomos que se verían obligados a presentar su contabilidad dividida en dos ejercicios económicos. Eso sin contar con la trapacería que se facilitaría con esta medida a algunos contribuyentes que acumularían siempre que les resultase posible todos los gastos en el primer semestre y los ingresos en el segundo.

El anuncio era tan descabellado que el Ministerio de Hacienda tuvo que salir inmediatamente a enmendar la plana al Presidente del Gobierno afirmando que en ningún caso habría dos tarifas, una para cada semestre, sino una media que se aplicaría para todo el año. La solución no deja de ser un parche, ya que una media es una media y deja atrás muchos matices y el resultado no es desde luego el mismo que el anunciado por Rajoy (piénsese por ejemplo en un fondo de pensiones rescatado en el mes de octubre). No es muy airoso que el Ministerio de Hacienda tenga que corregir una semana después al Presidente del Gobierno. Es lo que sucede con las ocurrencias populistas.

Publicado en República.com

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El TTIP profundiza en la pérdida de biodiversidad del planeta

Mon, 20/07/2015 - 09:00

Pablo JiménezDiagonal Global

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos llevará a la entrada masiva de transgénicos, la utilización de agrotóxicos e incidirá aún más en la destrucción de diversidad biológica. 

Acción contra el TTIP el 12 de junio. / SEATTLETOBRUSSELS

Acción contra el TTIP el 12 de junio. / SEATTLETOBRUSSELS

La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más graves con los que se enfrenta la sociedad actual, si bien no existe esa percepción en las sociedades urbanas avanzadas, desconocedoras del debate en torno a las interrelaciones ecológicas de los seres vivos. El ritmo de desaparición de especies en todo el planeta ha adquirido una velocidad entre cien y mil veces superior a la natural, la lista roja de especies amenazadas de la UICN no se reduce o incluso aumenta y se reducen notoriamente los servicios de los ecosistemas, de acuerdo con la última evaluación de los Objetivos del Milenio –sirva como ejemplo Europa, donde el 60% de las especies y el 77% de los tipos de hábitat de interés comunitario presentan un estado de conservación desfavorable–, así como se apuntan pérdidas significativas de variedades locales y razas autóctonas en el mundo agrario que indican que, según la FAO, desde 1990 se ha perdido el 75% de la diversidad genética de los cultivos mundiales y que al menos 190 razas de animales domésticos se han extinguido y otras 1.500 se consideran al borde de la extinción.

En este contexto preocupante, las relaciones económicas y comerciales entre la UE y los Estados Unidos representan conjuntamente alrededor de una tercera parte del comercio mundial y más de la mitad del PIB mundial. De aprobarse el TTIP abarcaría un potencial de 800 millones de consumidores. Estos son datos significativos, ¿pero cuál es la relación de este comercio con la biodiversidad y con su situación actual?

Lo primero que hay que hacer constar es que EE UU no ha firmado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y por tanto no está comprometido con ninguna de las decisiones tomadas en las doce reuniones de partes celebradas hasta hoy. La pregunta que surge inmediata es cómo se puede firmar un tratado de libre comercio, cuando éste –el volumen de comercio internacional– se considera una de las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, con un estado que no ha firmado el CDB. Pero analicemos más detenidamente esta cuestión

El sector agrícola

En el sector agrícola el TTIP defiende un modelo basado en, además de la alta tecnificación y mecanización y el bajo empleo, los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y otros productos químicos, que se identifican como causas claras de la pérdida de biodiversidad. Al optar por la agroindustria, EE UU renuncia a su propia diversidad, como demuestra el hecho de que en el último siglo ha desaparecido de sus campos el 93% de las variedades de frutas y productos hortícolas. Esta forma de cultivar prescinde de cualquier otra planta o animal presentes cuando la biodiversidad está considerada como un factor de regulación necesaria para que los agrosistemas funcionen. En ellos, la biodiversidad es capaz de ejercer por ella misma una serie de servicios ecológicos además de los propios de producción alimentaria, tales como el reciclado de nutrientes, la depuración de productos químicos, la eliminación o reducción de plagas o enfermedades o la regulación microclimática e hídrica locales.

En la actualidad existe evidencia científica suficiente como para poder afirmar que la disminución de la biodiversidad agrícola está relacionada con cambios en las prácticas agrícolas. Según un estudio de SEO Birdlife , por ejemplo, en España, que –como el resto de Europa– paulatinamente tiende al modelo agroindustrial, el cambio en la forma de cultivar los cereales ha provocado una reducción próxima al 30% en el número de aves de campo asociadas. Los ecólogos afirman desde hace tiempo que la heterogeneidad del hábitat es uno de los principales mecanismos de generación de biodiversidad, y esto es tan válido para los ecosistemas naturales como para los agroecosistemas. Al apostar el TTIP por este tipo de agricultura, se apuesta por una biodiversidad agraria pobre, con el agravante de resultar de sus prácticas unos suelos y acuíferos contaminados por la enorme cantidad de fertilizantes y productos fitosanitarios empleados.

Otro de los elementos importantes que traerá consigo el TTIP es la introducción de los transgénicos para la alimentación humana y la autorización de cultivo de nuevas especies que acompañen al permitido hasta ahora, un tipo de maíz. Aunque la Comisión Europea ha reiterado en múltiples ocasiones que los transgénicos no entrarán en las negociaciones y que la firma de ese acuerdo no pondría nunca en peligro la seguridad alimentaria en la UE, el hecho de que el pasado enero el Parlamento Europeo haya aprobado la reforma de la directiva comunitaria sobre cultivos transgénicos y la reciente aprobación en abril por parte de la CE de la comercialización de diez organismos modificados genéticamente hace pensar en un primer paso que allane el camino a estos productos en Europa.

Los transgénicos afectan gravemente a la diversidad biológica, además de los potenciales riesgos para la salud humana, por la posibilidad alta de contaminación genética que hace especialmente sensibles las variedades locales. Son conocidos en Aragón y Cataluña los casos de contaminación de maíz ecológico, que han supuesto la desaparición en algunos casos de las propias explotaciones agrarias.

Los transgénicos llevan asociados a su uso el empleo de productos químicos, fabricados por los mismos productores de las semillas, para combatir potenciales plagas y enfermedades, así como para la eliminación de malas hierbas (un herbicida –el glifosato– de la transnacional Monsanto ha sido declarado por la OMS como potencialmente cancerígeno), incidiendo aún más en la destrucción de la diversidad biológica.

Hace unos años una evaluación de la agricultura mundial realizada por la ONU, la FAO, el Banco Mundial y otras agencias, junto con más de 400 científicos, determinó que los cultivos transgénicos no juegan un papel relevante para la resolución de los problemas agrícolas y alimentarios del mundo, recomendando al contrario métodos agrícolas biológicamente diversos.

No obstante, en EE UU más del 70% de los alimentos que se consumen están modificados genéticamente, y la poderosa industria agroalimentaria presiona para que se introduzca en el TTIP la eliminación de cualquier traba a su comercialización, desde las normas de etiquetado al rechazo del “principio de precaución” recomendado en las conclusiones de Río92 y adoptado por la UE desde entonces. El negocio de las semillas transgénicas está en manos de seis transnacionales: Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow, Basf, que son asimismo las seis mayores en el mercado mundial de agrotóxicos.

El sector energético

Otros de los problemas que afectan gravemente a la biodiversidad es su relación con el cambio climático. Considerado como una de las cinco presiones directas sobre la pérdida de biodiversidad, el cambio climático es un hecho aceptado por la práctica totalidad del mundo científico, aunque desgraciadamente ignorado en los niveles de decisión política y económica del planeta, bien por la supina ignorancia o bien por los intereses personales de importantes dirigentes de nuestro mundo.

Ya podía leerse en el informe del IPCC de 2002 que “ha subido la temperatura de la superficie terrestre y marina, han cambiado los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones; se ha elevado el nivel del mar, y ha aumentado la frecuencia e intensidad de los fenómenos asociados con El Niño. Dichos cambios, sobre todo la subida de las temperaturas en algunas zonas, han afectado a la estación de la reproducción de animales y plantas y/o la de la migración de los animales, a la extensión de la estación de crecimiento, a la distribución de las especies y el tamaño de sus poblaciones, y a la frecuencia de las plagas y brotes de enfermedades. Algunos ecosistemas costeros o aquellos en altitud y latitud altas también se han visto afectados por los cambios en el clima regional”.

La capacidad de adaptación de muchas especies de flora y fauna es bastante limitada por el hecho de que el calentamiento global se está produciendo con extrema rapidez, ya que se prevé que en este siglo el ascenso de la media de la temperatura global sea superior al registrado por el planeta en los últimos mil años (Grupo de trabajo I del IPCC, 2007). El trabajo del IPCC es bastante riguroso en sus diagnósticos, en identificación de las causas (GEI, abuso de fertilizantes en agricultura, deforestación) o en predecir las consecuencias futuras del calentamiento global, pero es bastante reticente a identificar el principal responsable de lo que viene sucediendo, que no es otro que el mismo modelo político y económico que sólo es capaz de utilizar las variables económicas para leer la realidad natural en la que vivimos sin tener en cuenta los límites ecológicos del planeta.

Y nos hacemos nuevamente la misma pregunta. ¿Cómo es posible firmar un acuerdo comercial con un Estado que no ha firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su protocolo posterior conocido como Protocolo de Kioto, que intenta por primera vez poner límites, aunque de forma limitada, a las emisiones de GEI y otros usos claramente identificados como causantes del calentamiento global?

El TTIP apuesta claramente por los combustibles fósiles, favoreciendo los intereses de las grandes petroleras en detrimento de alternativas de emisiones cero. Las negociaciones en curso en torno al sector energético implicarán un aumento de la presión sobre los recursos naturales y un aumento de los gases de efecto invernadero, poniendo en peligro el propio objetivo de la UE para el 2020 del paquete de energía y clima del 20-20-20 (GEI, EERR, EE).
Próximos a la COP21, la Cumbre de París sobre el Clima, en la que desde el mundo científico y la sociedad civil se demanda, como pide el Manifiesto por el Clima firmado por más de 400 organizaciones en España, una transición hacia un modelo energético “renovable eficiente, sostenible y justo que garantice el acceso universal a la energía”, la UE está abandonando estos objetivos, por otra parte nada ambiciosos, poniéndose al servicio también en este caso de los lobbies petrolíferos al apoyar y potenciar nuevas técnicas extractivas invasivas como el fracking o fractura hidráulica y la entrada de las arenas y esquistos bituminosos, productos altamente contaminantes.

El sector químico

Otro de los problemas asociados a la pérdida de biodiversidad es la contaminación de suelos y agua por exceso de uso de fertilizantes, considerándose otra de las presiones directas ejercidas sobre la biodiversidad. La utilización de nitrógeno y fósforo para poner en cultivo suelos pobres en nutrientes o excesivamente trabajados ha traído como consecuencia competencia entre plantas adaptadas a medios frugales y otras oportunistas que prosperan en los medios mejorados o modificados. Es ya conocido que el exceso de nitrógeno existente en diversos ecosistemas es el principal responsable de la modificación en la composición de sus especies en zonas templadas, como puedan ser las praderas europeas y norteamericanas, así como que los ecosistemas costeros y de aguas continentales se eutrofizan con el fósforo y nitrógeno sobrante de las tierras de cultivo y con las aguas residuales de las poblaciones vecinas, ricas en nutrientes, estimulando de esta forma el crecimiento de algas y algunas formas de bacterias, que entran en competencia con otras especies, desplazándolas o eliminándolas.

Estos fertilizantes y otros productos químicos (pesticidas, herbicidas, cosméticos, pinturas…) están producidos por la importante industria química, cuyos lobbies presionan fuertemente para que en el TTIP queden recogidas sus pretensiones de limitar las regulaciones que afecten a su sector. En Europa el reglamento REACH, tildado de blando por algunas organizaciones ecologistas, regula y controla la utilización masiva de estas sustancias, pero está en el punto de mira de los negociadores que ven en esta norma y otras similares un freno a su potencial expansión. Nuevamente estamos ante la cortedad de miras y la sinrazón de algunos grupos industriales guiados por sus intereses sectoriales y alejados de la comprensión de la viabilidad de los ecosistemas y de sus servicios asociados.

Los tratados de libre comercio y su la biodiversidad

Esta situación muestra un escenario futuro incierto donde es necesario identificar cuáles son las causas específicas que motivan esta degradación ambiental continuada, aunque ya en el en el tercer informe de la Perspectiva Mundial de la Biodiversidad (GOB3) se apuntaba entre las causas subyacentes las relacionadas con “tendencias sociales, económicas y culturales tales como el crecimiento demográfico, la actividad económica, el volumen del comercio internacional, las pautas de consumo per cápita vinculadas a la riqueza individual, los factores culturales y religiosos o los cambios científicos y tecnológicos”.

Estas causas subyacentes hablan ya de unas pautas sociales y económicas que perfilan claramente la raíz del problema que afrontamos. El modelo social y económico, de raíz claramente antropocéntrica, centrado en un desarrollo que jamás puede ser sostenible, privilegia un consumo desaforado en la aldea global que no tiene en cuenta la finitud de determinados recursos, la tasa de reposición natural o el equilibrio ecosistémico. En un momento próximo al punto de no retorno, en el que desde el mundo científico se están dando las pautas a seguir –diversidad agraria, apuesta por emisiones cero, es decir renovables, reducción del uso de productos químicos de síntesis, entre otras- el modelo neoliberal imperante, que desprecia el conocimiento científico existente sobre la interrelación de los fenómenos de la naturaleza y centra su actividad en los logros económicos cortoplacistas e individuales, es el responsable directo de la mayoría de esas causas subyacentes y el propiciador del impulso otorgados a los mecanismos de control social y económico con consecuencias graves ambientales como es la pérdida de biodiversidad que analizamos.

Las conclusiones de las Conferencias de Partes de la CDB, las COP11 y 12 y los informes sobre la Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad del GBO3 y GBO4, si bien identifican de forma general las causas, no señalan claramente los causantes del deterioro imparable de la biodiversidad. El sistema económico imperante hoy día en el mundo es el principal responsable, y las políticas subyacentes como los tratados comerciales que impulsa las herramientas que utiliza para mejorar su implantación.

Los tratados de libre comercio, ya sean bilaterales o impliquen a varios Estados o regiones geográficas, como es el caso del TTIP, son un medio de control político, social, económico y cultural al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, deseosas de eliminar cualquier traba a su actividad comercial, significativamente las que denominan barreras no arancelarias, tales como la regulaciones en materia laboral, social, cultural o ambiental.

Los TLC no son los responsables de la pérdida de biodiversidad del planeta, como tampoco lo es el TTIP, pero sí que, desde la ideología irresponsable que los guía, profundizan y exacerban las causas que la hacen posible.

 

Pablo Jiménez, geógrafo, miembro de la Campaña estatal #NoalTTIP y del Área Federal de Medio Ambiente de IU
Categories: Attac Planet

El TTIP profundiza en la pérdida de biodiversidad del planeta

Mon, 20/07/2015 - 09:00

Pablo JiménezDiagonal Global

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos llevará a la entrada masiva de transgénicos, la utilización de agrotóxicos e incidirá aún más en la destrucción de diversidad biológica. 

Acción contra el TTIP el 12 de junio. / SEATTLETOBRUSSELS

Acción contra el TTIP el 12 de junio. / SEATTLETOBRUSSELS

La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más graves con los que se enfrenta la sociedad actual, si bien no existe esa percepción en las sociedades urbanas avanzadas, desconocedoras del debate en torno a las interrelaciones ecológicas de los seres vivos. El ritmo de desaparición de especies en todo el planeta ha adquirido una velocidad entre cien y mil veces superior a la natural, la lista roja de especies amenazadas de la UICN no se reduce o incluso aumenta y se reducen notoriamente los servicios de los ecosistemas, de acuerdo con la última evaluación de los Objetivos del Milenio –sirva como ejemplo Europa, donde el 60% de las especies y el 77% de los tipos de hábitat de interés comunitario presentan un estado de conservación desfavorable–, así como se apuntan pérdidas significativas de variedades locales y razas autóctonas en el mundo agrario que indican que, según la FAO, desde 1990 se ha perdido el 75% de la diversidad genética de los cultivos mundiales y que al menos 190 razas de animales domésticos se han extinguido y otras 1.500 se consideran al borde de la extinción.

En este contexto preocupante, las relaciones económicas y comerciales entre la UE y los Estados Unidos representan conjuntamente alrededor de una tercera parte del comercio mundial y más de la mitad del PIB mundial. De aprobarse el TTIP abarcaría un potencial de 800 millones de consumidores. Estos son datos significativos, ¿pero cuál es la relación de este comercio con la biodiversidad y con su situación actual?

Lo primero que hay que hacer constar es que EE UU no ha firmado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y por tanto no está comprometido con ninguna de las decisiones tomadas en las doce reuniones de partes celebradas hasta hoy. La pregunta que surge inmediata es cómo se puede firmar un tratado de libre comercio, cuando éste –el volumen de comercio internacional– se considera una de las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, con un estado que no ha firmado el CDB. Pero analicemos más detenidamente esta cuestión

El sector agrícola

En el sector agrícola el TTIP defiende un modelo basado en, además de la alta tecnificación y mecanización y el bajo empleo, los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y otros productos químicos, que se identifican como causas claras de la pérdida de biodiversidad. Al optar por la agroindustria, EE UU renuncia a su propia diversidad, como demuestra el hecho de que en el último siglo ha desaparecido de sus campos el 93% de las variedades de frutas y productos hortícolas. Esta forma de cultivar prescinde de cualquier otra planta o animal presentes cuando la biodiversidad está considerada como un factor de regulación necesaria para que los agrosistemas funcionen. En ellos, la biodiversidad es capaz de ejercer por ella misma una serie de servicios ecológicos además de los propios de producción alimentaria, tales como el reciclado de nutrientes, la depuración de productos químicos, la eliminación o reducción de plagas o enfermedades o la regulación microclimática e hídrica locales.

En la actualidad existe evidencia científica suficiente como para poder afirmar que la disminución de la biodiversidad agrícola está relacionada con cambios en las prácticas agrícolas. Según un estudio de SEO Birdlife , por ejemplo, en España, que –como el resto de Europa– paulatinamente tiende al modelo agroindustrial, el cambio en la forma de cultivar los cereales ha provocado una reducción próxima al 30% en el número de aves de campo asociadas. Los ecólogos afirman desde hace tiempo que la heterogeneidad del hábitat es uno de los principales mecanismos de generación de biodiversidad, y esto es tan válido para los ecosistemas naturales como para los agroecosistemas. Al apostar el TTIP por este tipo de agricultura, se apuesta por una biodiversidad agraria pobre, con el agravante de resultar de sus prácticas unos suelos y acuíferos contaminados por la enorme cantidad de fertilizantes y productos fitosanitarios empleados.

Otro de los elementos importantes que traerá consigo el TTIP es la introducción de los transgénicos para la alimentación humana y la autorización de cultivo de nuevas especies que acompañen al permitido hasta ahora, un tipo de maíz. Aunque la Comisión Europea ha reiterado en múltiples ocasiones que los transgénicos no entrarán en las negociaciones y que la firma de ese acuerdo no pondría nunca en peligro la seguridad alimentaria en la UE, el hecho de que el pasado enero el Parlamento Europeo haya aprobado la reforma de la directiva comunitaria sobre cultivos transgénicos y la reciente aprobación en abril por parte de la CE de la comercialización de diez organismos modificados genéticamente hace pensar en un primer paso que allane el camino a estos productos en Europa.

Los transgénicos afectan gravemente a la diversidad biológica, además de los potenciales riesgos para la salud humana, por la posibilidad alta de contaminación genética que hace especialmente sensibles las variedades locales. Son conocidos en Aragón y Cataluña los casos de contaminación de maíz ecológico, que han supuesto la desaparición en algunos casos de las propias explotaciones agrarias.

Los transgénicos llevan asociados a su uso el empleo de productos químicos, fabricados por los mismos productores de las semillas, para combatir potenciales plagas y enfermedades, así como para la eliminación de malas hierbas (un herbicida –el glifosato– de la transnacional Monsanto ha sido declarado por la OMS como potencialmente cancerígeno), incidiendo aún más en la destrucción de la diversidad biológica.

Hace unos años una evaluación de la agricultura mundial realizada por la ONU, la FAO, el Banco Mundial y otras agencias, junto con más de 400 científicos, determinó que los cultivos transgénicos no juegan un papel relevante para la resolución de los problemas agrícolas y alimentarios del mundo, recomendando al contrario métodos agrícolas biológicamente diversos.

No obstante, en EE UU más del 70% de los alimentos que se consumen están modificados genéticamente, y la poderosa industria agroalimentaria presiona para que se introduzca en el TTIP la eliminación de cualquier traba a su comercialización, desde las normas de etiquetado al rechazo del “principio de precaución” recomendado en las conclusiones de Río92 y adoptado por la UE desde entonces. El negocio de las semillas transgénicas está en manos de seis transnacionales: Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow, Basf, que son asimismo las seis mayores en el mercado mundial de agrotóxicos.

El sector energético

Otros de los problemas que afectan gravemente a la biodiversidad es su relación con el cambio climático. Considerado como una de las cinco presiones directas sobre la pérdida de biodiversidad, el cambio climático es un hecho aceptado por la práctica totalidad del mundo científico, aunque desgraciadamente ignorado en los niveles de decisión política y económica del planeta, bien por la supina ignorancia o bien por los intereses personales de importantes dirigentes de nuestro mundo.

Ya podía leerse en el informe del IPCC de 2002 que “ha subido la temperatura de la superficie terrestre y marina, han cambiado los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones; se ha elevado el nivel del mar, y ha aumentado la frecuencia e intensidad de los fenómenos asociados con El Niño. Dichos cambios, sobre todo la subida de las temperaturas en algunas zonas, han afectado a la estación de la reproducción de animales y plantas y/o la de la migración de los animales, a la extensión de la estación de crecimiento, a la distribución de las especies y el tamaño de sus poblaciones, y a la frecuencia de las plagas y brotes de enfermedades. Algunos ecosistemas costeros o aquellos en altitud y latitud altas también se han visto afectados por los cambios en el clima regional”.

La capacidad de adaptación de muchas especies de flora y fauna es bastante limitada por el hecho de que el calentamiento global se está produciendo con extrema rapidez, ya que se prevé que en este siglo el ascenso de la media de la temperatura global sea superior al registrado por el planeta en los últimos mil años (Grupo de trabajo I del IPCC, 2007). El trabajo del IPCC es bastante riguroso en sus diagnósticos, en identificación de las causas (GEI, abuso de fertilizantes en agricultura, deforestación) o en predecir las consecuencias futuras del calentamiento global, pero es bastante reticente a identificar el principal responsable de lo que viene sucediendo, que no es otro que el mismo modelo político y económico que sólo es capaz de utilizar las variables económicas para leer la realidad natural en la que vivimos sin tener en cuenta los límites ecológicos del planeta.

Y nos hacemos nuevamente la misma pregunta. ¿Cómo es posible firmar un acuerdo comercial con un Estado que no ha firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su protocolo posterior conocido como Protocolo de Kioto, que intenta por primera vez poner límites, aunque de forma limitada, a las emisiones de GEI y otros usos claramente identificados como causantes del calentamiento global?

El TTIP apuesta claramente por los combustibles fósiles, favoreciendo los intereses de las grandes petroleras en detrimento de alternativas de emisiones cero. Las negociaciones en curso en torno al sector energético implicarán un aumento de la presión sobre los recursos naturales y un aumento de los gases de efecto invernadero, poniendo en peligro el propio objetivo de la UE para el 2020 del paquete de energía y clima del 20-20-20 (GEI, EERR, EE).
Próximos a la COP21, la Cumbre de París sobre el Clima, en la que desde el mundo científico y la sociedad civil se demanda, como pide el Manifiesto por el Clima firmado por más de 400 organizaciones en España, una transición hacia un modelo energético “renovable eficiente, sostenible y justo que garantice el acceso universal a la energía”, la UE está abandonando estos objetivos, por otra parte nada ambiciosos, poniéndose al servicio también en este caso de los lobbies petrolíferos al apoyar y potenciar nuevas técnicas extractivas invasivas como el fracking o fractura hidráulica y la entrada de las arenas y esquistos bituminosos, productos altamente contaminantes.

El sector químico

Otro de los problemas asociados a la pérdida de biodiversidad es la contaminación de suelos y agua por exceso de uso de fertilizantes, considerándose otra de las presiones directas ejercidas sobre la biodiversidad. La utilización de nitrógeno y fósforo para poner en cultivo suelos pobres en nutrientes o excesivamente trabajados ha traído como consecuencia competencia entre plantas adaptadas a medios frugales y otras oportunistas que prosperan en los medios mejorados o modificados. Es ya conocido que el exceso de nitrógeno existente en diversos ecosistemas es el principal responsable de la modificación en la composición de sus especies en zonas templadas, como puedan ser las praderas europeas y norteamericanas, así como que los ecosistemas costeros y de aguas continentales se eutrofizan con el fósforo y nitrógeno sobrante de las tierras de cultivo y con las aguas residuales de las poblaciones vecinas, ricas en nutrientes, estimulando de esta forma el crecimiento de algas y algunas formas de bacterias, que entran en competencia con otras especies, desplazándolas o eliminándolas.

Estos fertilizantes y otros productos químicos (pesticidas, herbicidas, cosméticos, pinturas…) están producidos por la importante industria química, cuyos lobbies presionan fuertemente para que en el TTIP queden recogidas sus pretensiones de limitar las regulaciones que afecten a su sector. En Europa el reglamento REACH, tildado de blando por algunas organizaciones ecologistas, regula y controla la utilización masiva de estas sustancias, pero está en el punto de mira de los negociadores que ven en esta norma y otras similares un freno a su potencial expansión. Nuevamente estamos ante la cortedad de miras y la sinrazón de algunos grupos industriales guiados por sus intereses sectoriales y alejados de la comprensión de la viabilidad de los ecosistemas y de sus servicios asociados.

Los tratados de libre comercio y su la biodiversidad

Esta situación muestra un escenario futuro incierto donde es necesario identificar cuáles son las causas específicas que motivan esta degradación ambiental continuada, aunque ya en el en el tercer informe de la Perspectiva Mundial de la Biodiversidad (GOB3) se apuntaba entre las causas subyacentes las relacionadas con “tendencias sociales, económicas y culturales tales como el crecimiento demográfico, la actividad económica, el volumen del comercio internacional, las pautas de consumo per cápita vinculadas a la riqueza individual, los factores culturales y religiosos o los cambios científicos y tecnológicos”.

Estas causas subyacentes hablan ya de unas pautas sociales y económicas que perfilan claramente la raíz del problema que afrontamos. El modelo social y económico, de raíz claramente antropocéntrica, centrado en un desarrollo que jamás puede ser sostenible, privilegia un consumo desaforado en la aldea global que no tiene en cuenta la finitud de determinados recursos, la tasa de reposición natural o el equilibrio ecosistémico. En un momento próximo al punto de no retorno, en el que desde el mundo científico se están dando las pautas a seguir –diversidad agraria, apuesta por emisiones cero, es decir renovables, reducción del uso de productos químicos de síntesis, entre otras- el modelo neoliberal imperante, que desprecia el conocimiento científico existente sobre la interrelación de los fenómenos de la naturaleza y centra su actividad en los logros económicos cortoplacistas e individuales, es el responsable directo de la mayoría de esas causas subyacentes y el propiciador del impulso otorgados a los mecanismos de control social y económico con consecuencias graves ambientales como es la pérdida de biodiversidad que analizamos.

Las conclusiones de las Conferencias de Partes de la CDB, las COP11 y 12 y los informes sobre la Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad del GBO3 y GBO4, si bien identifican de forma general las causas, no señalan claramente los causantes del deterioro imparable de la biodiversidad. El sistema económico imperante hoy día en el mundo es el principal responsable, y las políticas subyacentes como los tratados comerciales que impulsa las herramientas que utiliza para mejorar su implantación.

Los tratados de libre comercio, ya sean bilaterales o impliquen a varios Estados o regiones geográficas, como es el caso del TTIP, son un medio de control político, social, económico y cultural al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, deseosas de eliminar cualquier traba a su actividad comercial, significativamente las que denominan barreras no arancelarias, tales como la regulaciones en materia laboral, social, cultural o ambiental.

Los TLC no son los responsables de la pérdida de biodiversidad del planeta, como tampoco lo es el TTIP, pero sí que, desde la ideología irresponsable que los guía, profundizan y exacerban las causas que la hacen posible.

 

Pablo Jiménez, geógrafo, miembro de la Campaña estatal #NoalTTIP y del Área Federal de Medio Ambiente de IU
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ATTAC Acordem: EuroMarchas 2015

Mon, 20/07/2015 - 07:02

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Llamamiento EuroMarchas 2015

Por una Europa de las personas, digamos ¡basta! a la Europa del capital

Cada vez más personas, ciudadanas de la llamada Unión Europea, acaban el día habiendo perdido el trabajo o viendo cuestionados y mermados los derechos a una vivienda y una salud digna, una educación igualadora o unas pensiones suficientes. La llamada crisis financiera ha sido la excusa perfecta del capitalismo globalizado para reducir al mínimo los derechos ciudadanos y desposeer a los pueblos de su soberanía democrática.

Sabemos reconocer al opresor, el poder tiránico de los muy ricos y sus grandes empresas y negocios financieros del capitalismo, hoy global; pero también hemos aprendido a conocer y desenmascarar a sus lacayos, políticos que se eligieron para servir al pueblo y sin embargo sirven al poder del dinero. Que han pactado antidemocráticamente las normativas europeas con el capital y no con los pueblos. Y hoy esos mismos grupos popular, socialista o liberal de la UE siguen mintiéndonos para conseguir nuestro voto, mientras siguen aprobando medidas antisociales en la Unión Europea o en sus gobiernos territoriales.

  • Cuando nuestros representantes han supeditado la democracia a la codicia de los mercados, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando la Troika nos está ahogando con una deuda soberana ilegítima y que en su origen era de los bancos, priorizando su pago a cualquier gasto social, llegando a sumir a pueblos, como el griego, en la esclavitud por medio de esta deuda, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando a los países del sur de Europa se nos ha negado, mediante la Europa monetaria y el pacto del Euro, la posibilidad de poder realizar políticas autónomas para combatir el insoportable nivel de paro y salir de la crisis, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando una mayoría de parlamentarios europeos han votado una resolución para formalizar el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP, por el que las empresas gobernarán pudiendo llevar a los gobiernos ante tribunales antidemocráticos cuando estos quieran promover medidas para mejorar las condiciones de vida de la gente o del medio ambiente habrá que decir ¡basta!
  • Cuando en Europa existen territorios paraísos fiscales, que poseen secreto bancario, baja fiscalidad y otras normas en beneficio de las personas ricas, grandes capitales y empresas. Y son plataformas para la elusión, evasión y fraude fiscal, para los negocios turbios, la especulación financiera o el lavado del dinero de los corruptos y de la criminalidad organizada, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando nuestro medio ambiente, bosques, atmósfera, ríos y mares se deterioran hasta extremos alarmantes sin que haya ninguna planificación eficiente para mejorarlo, ni se cumplan los mínimos acuerdos y medidas que se estipulan en las cimas internacionales, habrá que decir ¡basta!
  • Cuando no se desarrollan políticas de igualdad real de género y la mujer sigue sufriendo la desigualdad y marginación en una sociedad de hecho patriarcal. Si el machismo y las agresiones contra la mujer siguen siendo noticias cotidianas en la prensa, Habremos de decir ¡basta!
  • Cuando mediante la Directiva de la emigración o de la vergüenza, se levantan muros físicos y legales a las personas cuando huyen de guerras, miseria o enfermedades, buscando un futuro en nuestro continente. Cuando estas políticas son el posible germen de una sociedad europea racista, xenófoba o insolidaria, habrá que decir ¡basta!
  • Cuando esta Europa somete el bienestar social a los interesas del mercado, privatiza los servicios públicos, desampara a su ciudadanía más frágil, vulnerable y necesitada; recorta la financiación limitando el acceso a la salud, la sanidad, la educación y los servicios y prestaciones sociales y universales, habrá que decir ¡basta!

La tan deseada Europa, democrática, igualitaria, social y políticamente unida y en paz; aquella que soñaron tras la Segunda Gran Guerra los partisanos supervivientes, los movimientos políticos y sindicales de la izquierda; se fue construyendo bajo el tutelaje de los Estados Unidos y del capital europeo y hace tiempo fracasó. El momento actual para la ciudadanía y los pueblos de Europa es desesperado.

Está claro que estamos en un momento de emergencia social y cívica. Uno de esos momentos en que el pueblo necesariamente ha de levantarse contra la tiranía si no quiere vivir como esclavo el resto de su vida. La libertad, ese gran valor de la democracia, es demasiado preciosa como para dejarla en manos de los mercados y los políticos a su servicio. Nadie es libre si no puede decidir sobre su vida y ha de vender su fuerza de trabajo en condiciones próximas a la esclavitud para poder conseguir lo necesario.

Los gobiernos hace tiempo que rindieron sus armas al capital y los medios de comunicación divulgan y aplauden sus crueles políticas. Ha llegado la hora de que la ciudadanía asuma su papel histórico de rebelión contra la tiranía de los pocos. Unión Europea sí, pero otra unión al servicio de las personas, no del capital.

Las fuerzas políticas y sociales populares tienen hoy un deber ineludible, el de promover la movilización en Europa. Así mismo la ciudadanía europea tiene el reto de diluir fronteras y confraternizar en una lucha común, asumiendo que ha de comenzar a tejer los lazos tan necesarios entre los pueblos, que vuelvan a revivir el sueño europeo de post-Guerra. Por esto diversos movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales hemos planificado una acción conjunta de los pueblos de Europa, las EUROMARCHAS 2015. Entre los días 1 y 17 de octubre de 2015 los pueblos de Europa se movilizan hacia Bruselas para pedir un giro radical en las políticas de la Unión Europea.

En Cataluña y el resto de la Península nos estamos organizando para los actos de estos días, os invitamos a las personas y entidades a participar. Para más información: https://plataformamarxaabrusselles.wordpress.com/

Por la unión de la ciudadanía europea, Contra la Europa del capital y por una Europa de las personas, democrática, social, ambiental y solidaria!!

Participa en EUROMARCHAS 2015

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La crisis griega, el banquete de los buitres financieros

Mon, 20/07/2015 - 07:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

Fondos como Dart Management y Elliot Associates han salido beneficiados de la crisis griega y del empobrecimiento de su población, sin que ninguna institución haya puesto freno a sus prácticas.

 

argentinaAl inicio de una de las peores crisis de su historia, Grecia atrajo a los buitres financieros porque les ofrecía una gran oportunidad de hacer dinero. El elevado déficit presupuestario público hacía temer que Grecia incumpliera el servicio de la deuda soberana, es decir, el pago de intereses y amortizaciones. Como resultado, entre 2011 y 2012 los bonos griegos se vendían a un precio medio del 50% del valor nominal. Y a esos precios o inferiores, esos fondos especulativos compraron en torno a 50.000 de euros millones en deuda griega, según la prensa internacional.

La Troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– intervino para inyectar dinero a la economía griega, pero a cambio exigió la aplicación de un paquete de austeridad y reestructuración de la deuda griega, es decir, la reorganización de los pagos de esa enorme deuda con el fin de hacerla más sostenible, con una quita que la redujera. Grecia recibió dos paquetes de ayuda por un total de 240.000 millones de euros, condicionados a un plan de privatización masiva para las empresas públicas y recortes de las pensiones, la educación, la asistencia sanitaria, funcionarios y una reestructuración de la deuda externa. Sin embargo, aunque principalmente los grandes bancos europeos, aseguradoras y gestores de patrimonios tendrían que haber soportado el grueso de las medidas de restructuración como tenedores de los bonos, fue el pueblo griego el que soportó las duras medidas de austeridad que, particularmente, tocaron a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los bancos con bonos griegos consiguieron un trato ventajoso en general, porque el valor nominal de los nuevos bonos recibidos en el canje por los viejos, era muy superior a su precio en el mercado en ese momento. No sólo los grandes bancos recibieron un buen precio por sus bonos canjeados, sino que el 49% del dinero de la ayuda financiera concedida a Grecia por la Troika sirvió ante todo para pagar a los bancos alemanes y franceses que tenían los bonos griegos, verdaderos beneficiarios del rescate. Y además,se benefició a fondos buitre tan conocidos como Dart Management y Elliot Associates –que desde hace tres años acosan a Argentina– que hicieron dinero con sus estrategias de compra de deuda con descuento en las Bolsas, con el propósito deutilizar la vía judicial llegado el caso para lograr el pago del valor nominal íntegro. Junto con otros pocos inversores rechazaron el canje y la quita y amenazaron con demandar al gobierno griego ante los tribunales estadounidenses; a pesar de que el acuerdo de reestructuración de la deuda fue aceptado entonces por el 95,7 por ciento de los bonistas.

En conjunto, los tenedores de bonos disconformes conservaban más o menos 6.400 millones de euros en bonos griegos y estaban dispuestos a luchar por su negocio. Dado el temor a una batalla legal y sin un gobierno electo en su lugar, Grecia pagó a algunos fondos buitre el valor nominal sin quita, logrando estos un sustancioso beneficio porque habían comprado la deuda con descuento; otros fondos cobran intereses por el 100 por cien del nominal de sus bonos. Como recordaba el periódicoThe New York Times, Dart Management sigue siendo un “fondo de inversión confidencial” domiciliado en las Islas Caimán; subrayando su notoriedad como fondo buitre con un largo historial de compra de bonos de los países en dificultades o casi en bancarrota, y si no se les paga, demandan a los gobiernos por el valor nominal del crédito. Asimismo, junto con otro fondo poderoso, Elliott Associates, perfeccionaron esa estrategia durante las diversas crisis de la deuda de América Latina en los últimos años.

Mientras grandes bancos y fondos buitre hacían negocio con la crisis griega, ya en 2013, las estadísticas mostraban que los griegos eran, en promedio, casi un 40% más pobre de lo que eran en 2008; y los “nuevos pobres” salen de la clase media. Como es sabido, Grecia es uno de los países más empobrecidos de la Unión Europea. Pero estos negocios financieros han seguido; y aprovechando la incertidumbre de unas duras negociaciones, como cuento en mi página web, en junio de 2015 fondos buitre estaban adquiriendo bonos griegos devaluados, a la espera de que al final se negociara también una nueva reestructuración de una deuda griega insostenible.

Artículo publicado en DiagonalPeriódico

La Europa Opaca de las Finanzas

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Abecedario de los invisibles

Sun, 19/07/2015 - 13:00

Gustavo Duch - Consejo Científico de ATTAC España

El acceso a los huertos de ciudad es un acceso inventado y que se camina a pie, sin urgencias. Superando cual telón, autopistas, vías de tren, rejas y rotondas, habitan Invisibles tras los Bastidores de la ciudad desafiando la propiedad privada, la especulación y tantas normativas castradoras. Por eso, con cañas, buganvilias y parras trepando por los Somieres, que como muros de piedra seca los delimitan, procuran camuflarse. Son altiva y honradamente Clandestinos.

No son personas campesinas quienes los cultivan y los cuidan, más bien son lingüistas o filólogas que abuenando y abonando con su Experiencia de emigradas de pueblo o con la voluntad de jóvenes sin techo y sin contrato “en su puta vida” – dicen, hacen de antiguos Descampados su antónimo.

jubiladaCon los huertos colindantes en Zurcidos que son abrazos y con roces no previstos, estas islas de fertilidad -rodeadas de cascotes y cemento por todas partes- conforman nuevas formas de Familia y parentescos no convencionales. Levantados sin asistencia, ni seguridad, ni asepsia, se postulan como el mejor de los Geriátricos inventados hasta la fecha. Ahí, los domingos, la radio encendida con el carrusel deportivo baila salsa y pasodobles con el trino de los mirlos. Las conversaciones que parecen repetidas, con los codos sobre la mesa de camping reciclada donde esperan las fichas de dominó, son proyectos incipientes. Las semillas y cosechas se intercambian y nadie pregunta cuánto ni porqué.

Porque en estos Hospedaje informales de Jubilaciones, porque en estas Okupaciones y sus anonimatos, se producen Kilos de comida y muchas más toneladas de Autonomía y dignidad. Bien alejados de cualquier economía formalmente perversa, en ellos la vida queda infaliblemente preñada al ritmo de las estaciones. Y cuando la crisis es una plaga, la biodiversidad de los huertos de frontera es el pulgón de la esperanza.

Quienes los visitamos, descubrimos en estos Yacimientos prodigiosos Vacíos del ruido urbano y una Quietud que, mecida en la higuera que en la esquina da frescor y sombra, nos sorprende en contraste a cualquier calle o centro comercial. No es de extrañar observar a sus inquilinos con un mano en la encañada de las tomateras observando el infinito cual capitán en la proa, aunque en realidad dirigen un Mirador invertido, pues es hacia adentro donde les lleva.

¿Es aquí que Repropiándose de residuos y Vegetación nace una nueva Naturaleza? ¿Es el huerto de las Periferias -donde todo es posible- un no lugar, un pasatiempo que inofensivamente puede pasar la página de estos tiempos capitalistas? ¿Son los solares entregados a su dios Luz un nuevo Urbanismo para sociedades diferentes?

Aunque quizás los huertos de ciudad no se ven ni se miran, son claramente parte de un Trayecto por hacer.

Gustavo Duch en La Fertilidad de la Tierra

Inspirado en el Libro LA CIUDAD JUBILADA. DE PAU FAUS

Palabre-ando

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Rajoy no perdona la deuda a Grecia pero sí a la banca

Sun, 19/07/2015 - 07:00

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

Tras la petición del gobierno griego de hacer una quita o una reestructuración de su deuda pública, Rajoy ha insistido en que “las deudas hay que pagarlas”. Sin embargo, el propio Rajoy le ha perdonado a la banca el 71% de todo el dinero público que le prestamos los contribuyentes españoles (sin nuestro permiso, por cierto).

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Syriza se ha rendido, es el momento de reforzar las resistencias populares

Sat, 18/07/2015 - 13:00

Theodoros Karyotis - Diagonal

Manifestación por el 'no' en Syntagma en la víspera del referéndum del 5 de julio. / ÁNGEL BALLESTEROS

Manifestación por el ‘no’ en Syntagma en la víspera del referéndum del 5 de julio. / ÁNGEL BALLESTEROS

 

Durante dos semanas, el tiempo político se ha condensado en Grecia, y los ciudadanos vivieron en situaciones límite, luchando contra fuerzas que parecen mucho más allá de su control. El 27 de junio, el gobierno liderado por Syriza sometió el ultimátum de los acreedores a referéndum e hizo campaña para el ‘no’. El resultado del referéndum –un rechazo rotundo de la austeridad perpetua y la continuada servidumbre por endeudamiento– pasará a la historia como un momento excepcional de dignidad de un pueblo que está bajo ataque por los acreedores europeos y la élite griega.

A pesar de los matices patrióticos, este resultado fue la culminación de cinco años de resistencia a la degradación constante de nuestras vidas. Significó escapar del dominio de los medios de comunicación, superar el miedo y hacer escuchar la voz del pueblo. Ratificó el descrédito absoluto de las élites políticas que han estado gobernando desde la transición democrática de 1974, que hicieron campaña por el ‘sí’.

Por otra parte, el resultado reveló una sociedad dividida según la clase: las clases medias y bajas, que hasta ahora han asumido prácticamente todo el coste de la austeridad y el ajuste estructural, votaron abrumadoramente ‘no’. Sin embargo, el resultado resiste todos los intentos de los partidos políticos de capitalizarlo; es la negación categórica del presente arreglo político y económico, la negación que necesariamente precede todos los actos de autodeterminación social.

Sin embargo, menos de una semana después del referéndum, el gobierno griego presentó una nueva propuesta de financiación a sus acreedores, ligada a un paquete de medidas de austeridad aún más duras que las rechazadas en el referéndum. Después de un fin de semana de “negociaciones”, que reveló una división entre los acreedores de Grecia, se llegó en la madrugada del lunes a un acuerdo humillante, que convierte a Grecia en una colonia de deuda europea.

Pero ¿cómo fue que este ‘no’ se transformó en un ‘sí’ en cuestión de días?

El dilema de Syriza

Como muchos analistas preveían, la estrategia del gobierno de utilizar el veredicto popular como medio de presión en las negociaciones fracasó. Al regresar a la mesa de negociación, los acreedores de línea dura, reunidos alrededor del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, dejaron claro que están dispuestos a permitir que Grecia quiebre –con todas las implicaciones económicas y políticas que ello tendría para la Eurozona– antes de ver la más mínima grieta en la disciplina neoliberal de austeridad.

El gobierno liderado por Syriza se encontró en un dilema duro y apremiante: o bien aceptar la implementación de un nuevo programa de ajuste neoliberal, o tener que asumir el coste político de una quiebra, con todos los efectos desastrosos sobre la población griega que tal desenlace supondría.

Se optó por lo primero, poniendo así oficialmente fin a estos cinco meses de enfrentamiento entre el gobierno griego y sus llamados “socios” europeos. Los términos de la capitulación son dolorosos, ya que van en contra de la totalidad de las promesas electorales de Syriza: el nuevo memorándum es quizá más duro que los dos anteriores, un experimento extremo de ingeniería social y de redistribución de la riqueza a favor de los poderosos. Mantiene muchas de las medidas injustas aplicadas por los gobiernos anteriores, como ENFIA, un impuesto transversal a la pequeña propiedad que ha convertido a las familias de clase baja en inquilinos dentro de sus propias casas, o la abolición del límite de ingresos no imponibles para los trabajadores por cuenta propia, que hace imposible que los trabajadores cualificados consigan salir de la trampa del desempleo.

El nuevo acuerdo también reafirma el papel de TAIPED, y posiblemente, le cambia el nombre. Se trata de una institución creada para vender todos los activos públicos, sobre todo las infraestructuras básicas, como puertos, aeropuertos y la empresa de la infraestructura eléctrica. Además, el acuerdo exige la abolición de la moratoria a los desahucios, abriendo el camino para una operación de expolio que amenaza con provocar un desastre humanitario, como bien sabemos por la experiencia española. Además de eso, se prevé un aumento de los impuestos indirectos, un alza en los precios de los alimentos y el transporte, así como recortes en los salarios y las pensiones a través de un aumento de las contribuciones de seguridad social.

En definitiva, un paquete de medidas destinadas a comprimir aún más las clases medias y bajas, aumentar la recesión y el desempleo, destruir las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la columna vertebral de la economía griega, y entregar todos los activos públicos y bienes comunes al capital transnacional. A la vez perpetuando la depresión y aumentando la deuda, paralizando efectivamente la economía de Grecia y destruyendo la capacidad del país para salir de la crisis por su propio pie.

Los acreedores hicieron todo lo posible para asegurarse de que las medidas son tan punitivas como fuera posible. Para humillar aún más a sus oponentes, exigieron la votación inmediata de leyes de reforma y el regreso a Atenas de los supervisores de la Troika, que fueron expulsados por el gobierno durante las primeras etapas de la negociación.

Los argumentos de los oficiales del gobierno y los cuadros del partido que defienden los aspectos “positivos” del acuerdo son irrisorios, ya que hacen eco a los argumentos de los gobiernos anteriores, que repetían que la austeridad ampliaba las perspectivas a largo plazo para la economía griega y que el coste del ajuste no sería transferido a los más desfavorecidos. Es más honesto ver el acuerdo como lo que es: una operación de desposesión a gran escala, un sacrificio de todo un país para defender el engaño sobre el que se construyó la Eurozona.

Parece que el gobierno de “salvación nacional” de Syriza ha llegado al final de su trayecto. Está llamado a votar e implementar un plan de austeridad que no sólo hace caso omiso de la lucha de los movimientos anti-austeridad de los últimos cinco años, de los cuales Syriza formó anteriormente parte, sino que también traiciona el veredicto del 61% de los griegos que votó en contra de la austeridad sólo una semana antes.

Por supuesto, se podría argumentar que se trata de una apuesta colectiva que ha salido mal, y frente al chantaje de los “socios”, el gobierno eligió la salida menos dolorosa. No hay duda de que un Grexit desordenado, junto con las medidas punitivas que serían empleadas por los extremistas neoliberales para hacer de los griegos un ejemplo, sería a corto plazo un desastre, sobre todo para las clases populares. En cualquier caso, los desenlaces políticos serán rápidos: el gobierno seguramente será remodelado o reemplazado, y Syriza se enfrentará a una división interna que podría significar el fin de este partido en su forma actual.

Una relación contradictoria

Durante los últimos tres años, los movimientos sociales de base en Grecia han tenido una actitud profundamente contradictoria ante el ascenso electoral de Syriza. Por un lado, la perspectiva de un gobierno de izquierda fue una oportunidad para llevar el conflicto a nivel institucional; después de todo, muchas de las demandas de las luchas se reflejaron en el programa de Syriza y el partido siempre mantuvo un perfil cercano a los movimientos.

Por otro lado, Syriza ha sido un agente de desmovilización, poniendo fin a la crisis de legitimación que dio un papel protagonista a la creatividad social y la autodeterminación de los movimientos, y ha promovido la institucionalización de las luchas, la marginación de las demandas que no encajaban con su proyecto de gestión estatal, y la restitución de la lógica de la representación y delegación política, que promovió la inacción y la complacencia.

Al mismo tiempo, Syriza cultivó la ilusión de que la transformación social real era posible sin romper con los mecanismos de la dominación capitalista, sin poner en cuestión el paradigma económico dominante, sin la construcción de alternativas concretas a las instituciones capitalistas desde abajo, sin siquiera cuestionar la permanencia del país dentro de una unión monetaria que por diseño favorece las economías del Norte, orientadas a la exportación, en detrimento de la periferia europea.

Los líderes de Syriza se disociaron de las bases del partido y de sus antiguos aliados dentro de los movimientos, y se resistieron tenazmente a abrir un debate público referente a la elaboración de un ‘Plan B’ fuera de la Eurozona, por si el ‘Plan A’ de “fin a la austeridad dentro de la eurozona” fallase, por temor a que esto fuera utilizado en su contra por la oposición pro-austeridad como prueba de que tenían una agenda oculta desde el principio.

Por desgracia, los acontecimientos recientes tienden a dar la razón a los que sostenían que, dada la deslegitimación y la fragilidad extrema del gobierno anterior, un nuevo memorándum sólo era posible a través de un nuevo y popular gobierno ‘progresista’. Este es probablemente el papel que Syriza acabó jugando involuntariamente, usando sus amplias reservas de capital político.

Levantando el velo de la ilusión

El hecho de que Syriza no consiguió cumplir ninguna de sus promesas electorales o revertir la lógica de austeridad levanta el velo de ilusión respecto a las soluciones institucionales desde arriba y deja a los movimientos de base exactamente donde comenzaron: siendo la principal fuerza antagónica al asalto neoliberal a la sociedad y la única fuerza capaz de imaginar un mundo diferente que va más allá de las instituciones fallidas del mercado capitalista depredador y la democracia representativa.

Sin lugar a dudas muchos activistas honestos y comprometidos están vinculados a las bases partidistas de Syriza. Es ahora su tarea reconocer el fracaso del plan de Syriza y resistir los esfuerzos del gobierno para vender el nuevo memorándum como un desarrollo positivo o inevitable. Si Syriza, o una parte mayoritaria del mismo, decide permanecer en el poder –en este conjunto gubernamental o en algún otro, más servil, establecido por los acreedores– y supervisar la aplicación de este brutal memorándum, es la tarea de la bases del partido rebelarse y unirse con otras fuerzas sociales en busca de una salida a la barbarie, a romper filas de un partido que podría ser rápidamente convertido de una fuerza de cambio en un administrador reacio de un sistema brutal sobre el cual no tiene ningún control.

El papel de la Izquierda –definida en términos amplios– no es la de un administrador más benévolo de la barbarie capitalista: después de todo, ese era el propósito original de la socialdemocracia, un proyecto que se agotó ya en la década de los 80. No puede haber “austeridad con rostro humano”: la ingeniería social neoliberal es un ataque a la dignidad humana y a los bienes comunes en todas sus manifestaciones, de derecha o de izquierda.

He argumentado en otro lugar que el ‘no’ en el referéndum de la semana pasada fue ambivalente, y la lucha para darle sentido acaba de empezar. Horas después del anuncio de los resultados, el primer ministro Tsipras interpretó el veredicto popular como un mandato para “mantenerse dentro de la Eurozona a cualquier precio’. Es evidente, sin embargo, que el nuevo paquete de ‘rescate’, está fuera de su mandato: el Plan A, el único plan de Syriza, que vaticinaba el fin de la austeridad sin un enfrentamiento con los poderes fácticos ha fracasado totalmente.

El Plan B, promovido en diversas formas por Antarsya, el Partido Comunista y la propia Plataforma de Izquierda de Syriza aboga por una recapacitación productiva fuera de la Eurozona. Aunque se hace cada vez más popular después de que la inflexibilidad del proyecto europeo se ha hecho evidente, todavía es un plan productivista, centrado en el Estado, de arriba hacia abajo, que no pone en tela de juicio los significados dominantes del capitalismo: el crecimiento capitalista sin fin, la economía extractiva, la expansión de la producción, el crédito y el consumo. Por otra parte, mediante el atrincheramiento nacional que promueve, conlleva el peligro de desviaciones autoritarias.

Un punto de inflexión decisivo

Como siempre, la crisis griega es un punto de inflexión referente al futuro del proyecto europeo. Los representantes de la línea dura en la Eurozona insisten en culpar a la gente de la periferia europea por los defectos estructurales de la moneda común y por su propia insistencia en socializar la deuda privada a través de los eufemísticamente llamados “paquetes de rescate”. Al mismo tiempo, están envenenando las mentes
La percepción de pérdida del poder político sobre su propia vida está haciendo que muchos europeos den un giro hacia partidos xenófobos y reaccionarios que prometen un retorno al Estado-Nación autoritario. La izquierda europea mira con perplejidad como sus esperanzas de una UE basada en la solidaridad y la justicia social se desvanecen junto con los esfuerzos de Syriza de negociar una salida humana de la crisis de la deuda griega.

Es el momento oportuno para que una amplia alianza de fuerzas sociales lleve adelante un “Plan C”, basado en la colaboración social, el autogobierno descentralizado y la administración de los bienes comunes. Sin pasar por alto su importancia, la política electoral nacional no es el campo privilegiado de acción cuando se trata de la transformación social.

La extinción de la democracia en Europa debe complementarse por el fortalecimiento de las comunidades auto-organizadas a nivel local y el establecimiento de fuertes lazos entre ellos, junto con un giro hacia una economía basada en la solidaridad y las necesidades humanas, y la gestión y defensa colectiva de los bienes comunes. El contrapoder social de los oprimidos debe enfrentar el poder social del capital directamente en su espacio privilegiado: la vida cotidiana.

En Grecia, después de dar una vuelta completa, el debate sobre nuestro futuro más allá de la austeridad acaba de empezar. El rotundo 61% de rechazo a la austeridad sirve para recordarnos que este debate es urgente, y la reactivación de los movimientos sociales que prefiguran nuevas relaciones sociales construidas desde abajo es inminente, después de algunos años de relativa desmovilización. Tenemos por delante un nuevo ciclo de resistencia creativa, de forjar sujetos colectivos y de experimentación incansable por la transformación de nuestra realidad desde abajo.

Theodoros Karyotis es sociólogo, traductor y activista que participa en movimientos sociales que promueven la autogestión, la economía solidaria y la defensa de los comunes. Escribe en autonomias.net y tuitea en twitter.com/TebeoTeo

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Frente al saqueo

Sat, 18/07/2015 - 09:00

AMTThe Oil Crash

almo

Queridos lectores,

Hace no tantos siglos como nos gustaría, en esa época en la cual las naciones europeas estaban aún forjándose, cada vez que las arcas de sus amos se vaciaban los ejércitos de conquista de estas naciones solían financiarse mediante el saqueo y el pillaje de las poblaciones donde guerreaban. A veces, la perspectiva de conseguir un buen botín hacía que los asaltantes mantuvieran largos asedios de las amuralladas ciudades, que acababan por caer más por razón del hambre que por las escaramuzas militares. En algunas ocasiones, los defensores se resistían a su destino final y, quizá movidos por la desesperación, lanzaban un osado ataque a los sitiadores con la esperanza de romper el asedio; en los muchos casos en que esta medida precipitaba la caída de la ciudad, el saqueo se volvía más despiadado, con un peaje de víctimas indefensas superior al que los asaltantes se habrían cobrado si el arrojo de los asediados no les hubiera enardecido y el rencor por las propias bajas sufridas no los hubiera cegado de furia. Así los pueblos frecuentemente asediados aprendían una dura lección: por mal que causase el pillaje final, a veces era muy inferior al que sobrevenía si te resistías.

Estos días pasados me han venido a la cabeza estas imágenes de asedios medievales (y no tanto) al leer tantas noticias sobre lo que está pasando en Grecia y ver cómo evoluciona la situación de este país aún europeo y reputado como la cuna de la democracia.

Asumo que están Vds. al tanto de las principales noticias, así que me permitirán que haga un resumen de los hechos con un enfoque un tanto diferente al que han oído en los noticieros de estos días.

Como comentábamos en un reciente post, la ratio de endeudamiento público al PIB de Grecia ha crecido a buen ritmo durante los últimos años, hasta llegar a ser el 177% del PIB de ese país. Y eso ha pasado a pesar de que los sucesivos gobiernos de ese país (incluyendo el tecnocrático que se impuso en 2011 con un golpe de Estado blando) han aplicado a rajatabla el recetario que le ha ido marcando el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (a veces travestida de “EuroGrupo” o grupo de ministros de finanzas de la UE). Estos tres organismos se han constituido en una especie de organismo tripartito, denominado en la prensa “la troika”, que esencialmente está representando los intereses económicos de los grandes poderes económicos que tienen la mayoría de la deuda griega (y de otros países). En vez de representar los intereses de una mayoría de ciudadanos, esta troika está representando a los intereses privados de una minoría, eso sí, muy poderosa.

El caso es que los griegos, cansados de tantos recortes y tantas medidas de austeridad (como también lo están tantos ciudadanos europeos, de Londres a Berlín, de París a Dublín, de Madrid a Lisboa, y de Roma a Bruselas), decidieron confiar en un nuevo partido, Syriza, calificado habitualmente al menos en los medios españoles de “izquierda radical” (aunque si uno mira su programa parece más bien socialdemocracia bastante clásica pero, eso sí, democrática, que parece que es eso lo que ya no se lleva). Y resulta que ese Gobierno nombró como ministro de economía a Yanis Varoufakis, doctor por la universidad de Essex, profesor de economía en varias universidades del Reino Unido, Australia y últimamente de Atenas, y por encima de todo un autor reputado por su condena del ultraliberalismo económico que asfixia el mundo. Así que cuando este profesor asumió el cargo pensó que se podía convencer a la troika con argumentos lógicos y razonados de que las medidas que estaban imponiendo a los griegos eran un suicidio económico y que llevarían a una situación de endeudamiento insostenible; y que por el contrario otra política haría viable la economía griega y el pago razonable de la deuda. Tras muchos encontronazos con los responsables de la troika llegó el momento de renegociar un paquete de deuda que Grecia tenía contraída con el FMI y que vencía el 30 de Junio de 2015.

Renegociar, según la troika, consistía en pedir un nuevo crédito (con su plazo de vencimiento y sus intereses) para poder pagar la deuda que vencía. Pero, como cualquier hijo de vecino puede darse cuenta, financiar deuda vencida con más deuda es la receta segura hacia el desastre, pues los intereses hacen crecer la cantidad adeudada a un ritmo exponencial. Pues no se engañen: si la deuda supone ahora el 177% del PIB de Grecia no es porque los griegos sean unos manirrotos o unos vagos. Los ejemplos concretos de abusos y despilfarro cometidos por administraciones griegas, que por lo demás podrían encontrarse por toda la geografía europea si se toman la molestia de buscarlos, se convierten en los medios de comunicación en categorías universales, como si esos excesos explicasen todo el drama griego; pero no es verdad. Lo que verdaderamente ha llevado la deuda pública griega a la estratosfera (y también lo que la hace crecer enormemente en los demás países europeos) son dos factores: por un lado, el absurdo de financiar deuda con más deuda, y por el otro, la transferencia de deuda privada de los bancos hacia el sector público mediante el truco aberrante de pedir prestado a bajo interés al BCE para después prestarlo al estado griego a un interés mayor.

El gran pecado de Varoufakis fue creer que, porque tenía la razón de su lado, podría argumentar con un discurso construido a fuerza de datos y hechos y mostrando un plan alternativo y viable que llevaría a Grecia a un futuro mucho mejor de lo que le proponía la troika. Lo que se encontró delante fue un ejército de matones disfrazados de ministros y altos funcionarios que hacían el trabajo sucio a ciertos intereses que en realidad no son los de ninguna nación, sino los del gran capital. Como él mismo contaba en una reciente entrevista, daba igual lo que dijera y que hasta sus interlocutores reconocieran que Varoufakis tenía razón: iban a machacarle. Con la opinión pública europea en contra, retratados por los medios occidentales como poco menos que una pandilla de descerebrados radicales incapaces de comprender la inexorable y evidente lógica del ultraliberalismo, el Gobierno de Alexis Tsipras convocó de urgencia un referéndum para consultar al pueblo griego para saber si aceptaba las condiciones del acuerdo de “rescate” ofrecido por la troika; y a pesar de que los medios occidentales anunciaban una y otra vez que el referéndum sería reñido la realidad mostró que casi dos tercios de los griegos rechazaban las condiciones que se les quería imponer.

Al convocar el referéndum el Gobierno de Syriza había cruzado un punto de no retorno para la troika. Al apelar a la voluntad del legítimo poseedor de la soberanía griega para que decidiese sobre un asunto de tanta enjundia para su futuro, Tsipras dejaba claro que la troika era un organismo no sólo no democrático, sino contrario a la democracia. El daño a la imagen del FMI, el BCE y la CE ha sido grande, pues, a pesar de toda la cantidad de ruido mediático volcado para intentar confundir a los pueblos soberanos del resto de naciones europeas, no son pocos ya los ciudadanos europeos que están convencidos de que la troika es solamente una pandilla de extorsionadores a sueldo. Así que la canciller alemana dejó claro que no quería ningún trato con Grecia hasta que se supiese el resultado del referéndum, con la esperanza de que éste fuera desfavorable a Tsipras y así se viese obligado a dimitir y convocar elecciones. No tuvo suerte, pero para la troika el objetivo prioritario fue, desde ese momento, derribar al gobierno griego. Y el proceso ha sido implacable: primero consiguieron forzar la dimisión de Varoufakis y después endurecieron aún más el paquete de medidas que exigen a Grecia. ¿Qué lógica tiene que, después de recibir un mandato popular tan claro (que no sólo obliga al Gobierno Griego sino a la Comisión Europea, pues Grecia es parte de la UE) la troika decida que tal mandato puede ser avasallado y, a modo de escarmiento, decide incrementar el pillaje? El caso es que, con la probable complicidad del Banco de Grecia (no olvidemos que las personas en el gobierno de estas instituciones centrales suelen pertenecer al mismo grupo de intereses), consiguieron asustar lo suficiente a Tsipras para que sucesivamente echase a Varoufakis y después aceptase un paquete de medidas peor que el que su pueblo rechazó no hace ni dos semanas. En este mismo momento el Parlamento griego vota en una tempestuosa sesión la implementación de tales medidas, que serán aprobadas con el apoyo de la oposición y de la mitad de Syriza que aún es leal a Tsipras, mientras su Gobierno salta por los aires, las protestas se multiplican en la calle y el país se ve abocado a unas nuevas elecciones en unos pocos meses; elecciones en las que su partido será enterrado junto con las ilusiones que se albergaron durante estos pocos meses.

¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que se hayan torcido tanto las cosas? ¿Cómo puede haber fracasado en un lapso tan breve el único Gobierno que se ha atrevido a plantar cara a los matones financieros?

La clave de todo está en la orientación que Syriza le ha dado y le da a esta crisis. La lectura que hace Syriza, al igual que la que están haciendo otros movimientos políticos surgidos de la protesta popular como el español Podemos y el italiano Movimiento 5 estrellas, es que esta crisis es una estafa del gran capital y que podemos salir de ella con un plan sensato para reactivar la economía y con una mejor distribución de la riqueza; y que de hecho aceptar ese plan también sería del interés del gran capital, porque garantiza un retorno viable de la deuda (en un plazo más extendido, eso sí). Esta lectura de la situación, como ahora explicaré, es profundamente errónea y por eso el resultado más probable para los partidos que la sustentan es el fracaso más estruendoso y la condena a desaparecer rápidamente por ese desagüe de la Historia por donde fluyen las grandes desilusiones.

Fíjense que una de las raíces de la actual crisis griega está en la imposibilidad, debido a la normativa que lo regula, de que el BCE pueda financiar directamente a los países de la zona euro. Según los mil y uno analistas económicos que menudean en nuestras teles, es “evidente” que tal posibilidad debe estar prohibida porque si no los Estados abusarían de la “barra libre” que les daría el BCE. Sin embargo, tal argumento es obviamente espurio, desde el momento en que los bancos privados usan esa facilidad de crédito a buen interés para en cuestión de segundos prestar ese mismo dinero a los Estados a través de la compra de deuda soberana, eso sí, a un mayor interés. Si el BCE fuese un organismo público, no tendría demasiado sentido que favorezca un infundado beneficio privado que se basa en este espurio arbitraje. Y si el BCE fuese un organismo privado, debería ser de su mayor interés ahorrarse los intermediarios y obtener él directamente un mayor beneficio por el dinero que presta. Planteo las dos hipótesis (que el BCE sea un organismo público o un organismo privado) puesto que, como suele pasar con los bancos centrales en Occidente, no está del todo claro qué es; como explica la Wikipedia, se rige por la legislación europea pero tiene capital social y acciones. Esa extraña dicotomía del BCE, análoga en ciertos aspectos a la que tiene el FMI, explica muchas de las cosas que suceden hoy en día, pues mientras que los medios presentan al BCE y al FMI como organismos públicos, en realidad sus medios y fines dejan claro que están al servicio de intereses privados. Sólo desde la perspectiva del interés del gran capital internacional se explica esa extraña normativa del BCE: por medio de la financiación de la deuda pública, el BCE garantiza el negocio de la banca privada, y en caso de emergencia el rescate “invisible” de la misma transfiriendo su deuda privada a deuda pública de países que luego serán acusados de “vagos” e “incumplidores”. Un saqueo más perfecto que los de la antigüedad (aunque no menos cruento, puesto que sus víctimas se cuentan por millones).

¿Y por qué el BCE ha pasado de simplemente garantizar un lucrativo negocio a la banca a orquestar un saqueo, que hoy se cobra Grecia, mañana Portugal, Italia y España, y en unos años Francia o Holanda? La razón es, en realidad, bastante simple: porque hemos llegado a un momento histórico del capitalismo, el fin del crecimiento. El crecimiento económico toca a su fin porque, simplemente, la oferta de recursos naturales que ha de impulsar la actividad económica se está estancando, y cuando la oferta caiga así tendrá que hacerlo la demanda y la actividad: es el Peak Everything y su consecuencia, la Gran Escasez. No faltarán los expertos de turno que nos asegurarán que, con el progreso tecnológico y las mejoras en la eficiencia, la demanda material y energética estaría llegando a su máximo sin que eso suponga que la actividad económica tenga que resentirse: es la vieja falacia del pico de demanda. Sin embargo, es difícil argumentar que se esté produciendo una mejora en eficiencia en medio de una crisis económica que no acaba, justamente porque ese (falso) argumento  es que la mejora en eficiencia permite producir más con menos; ¿dónde está, entonces, esa prosperidad sin consumo de recursos? Lo que se ve, por el contrario, es la caída económica acompañada de la caída del consumo de recursos (hecho que se disimula tanto como se puede con otra recurrente falacia, la de la mejora de la intensidad energética, la cual se consigue en los países civilizados externalizando a otros países las actividades más sucias y intensivas en recursos para la producción de bienes que luego son transportados para ser consumidos en Occidente, con un mayor gasto energético implicado). En realidad, que la ligadura entre economía y energía es tan estrecha que cualquier mejora tiene un recorrido limitado es fácil de argumentar científicamente, aunque eso no guste a los economistas.

Hace ya cinco años, cuando este blog iniciaba su andadura, apuntaba a una hipótesis que cada día va cobrando más sentido: si el crecimiento se detiene y, peor aún, comienza el decrecimiento forzoso, las inversiones financieras, sin fundamento en el mundo material, simplemente no tienen sentido. Los agentes financieros más poderosos intentarán, por tanto, ir liquidando activos financieros y los irán convirtiendo en activos tangibles, bienes físicos, mientras la situación económica a su alrededor se va progresivamente agravando. Analicen a la luz de esta última reflexión la situación actual de Grecia: en el paquete de medidas que la troika conseguirá imponer en el altar de la inmolación política de Syriza está la obligación de que Grecia ponga activos públicos por valor de 50.000 millones de euros en un fondo que será gestionado por la troika y que servirá como aval en caso de impago. Impago que está asegurado, en realidad. Si estuviéramos en el siglo XIV, los asediados dirían que los asaltantes están penetrando por la brecha de la muralla de Atenas. Pero estamos siete siglos más tarde y los griegos no tienen la suerte de verse con los almogávares.

Los hechos que vemos y estamos viviendo nos indican que, en realidad, el capital es perfectamente consciente de la llegada del fin del crecimiento. Ya no basta con saquear países considerados periféricos por el gran capital, como se hizo en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI (lo que magistralmente retrataba el documental “Memoria del saqueo“). Agotados los objetivos menores, los saqueadores van más hacia el Norte, y eso ya no nos gusta, porque no nos vamos a beneficiar de ello sino que lo vamos a padecer. En cierto modo se podría decir que el capital internacional es plenamente decrecentista, pues entienden el momento que estamos viviendo y propone medidas para él razonables con el fin de adaptarse al decrecimiento inevitable. Adaptarse a su manera, claro está, y con una estación de llegada a la que seguro no queremos ir.

Y ésa es la gran paradoja de nuestro tiempo: posiblemente el gran capital internacional es la única gran institución decrecentista del mundo (como mínimo, la mayor). Como su plan de decrecimiento incluye una activa desinformación (puesto que su plan de liquidación de activos no podría prosperar si todo el mundo comprendiera que el decrecimiento es inevitable), la población está completamente confundida sobre qué es lo que pasa. Y como consecuencia, tampoco los partidos políticos son capaces de tomarle el pulso al momento.

Desde los partidos de derecha, la comunión con los preceptos del liberalismo económico es tan generalizada que la simple mención a la necesidad de decrecer económicamente o simplemente a ser más sostenible lleva aparejada un aluvión de críticas descarnadas, muchas veces sustentadas argumentalmente por los expertos a sueldo de los intereses del capital. Lo peor es la tergiversación de los argumentos: así, un día sale el consejero de turno diciendo que “el decrecimiento lleva a la destrucción del empleo y a la pobreza”, mientras que otro día el ministro nos enseña que los partidos que tibiamente coquetean con el decrecimiento “quieren la redistribución de la miseria”, dándole propagandística pero efectivamente la vuelta al cada vez más conocido concepto de “redistribución de la riqueza”. Lo más triste del caso es que se necesitan opciones decrecentistas “de derechas”; de hecho, con el tiempo acabarán surgiendo, puesto que el decrecimiento es un hecho físico y por tanto transversal a cualquier ideología. Sin embargo, el baño de propaganda hace que estos partidos aún no recorran el necesario trecho, y por fuerza se irán separando cada vez más de un electorado cada vez más menguado.

En cuanto a los partidos de izquierda, sobre todo los de nuevo cuño, falta aún la voluntad decidida de apostar por el decrecentismo, a pesar de que no pocos decrentistas militan ya en sus filas. Estos partidos intentan aún negociar con el sistema, en el convencimiento de que la única manera de ganar una amplia base electoral es tener un discurso más moderado y convencional. Sin embargo, el ejemplo de Syriza nos demuestra que no se puede negociar con el actual sistema económico y financiero, que la actual manera de funcionar y lo que está pasando no es una casualidad, y que cuanto más tiempo se pierda intentando contemporizar se avanza más en la dirección del fracaso político de estas opciones y en el descrédito generalizado de toda la clase política. Lo cual, por otra parte, conviene al gran capital, ya que el desgobierno político le favorece.

Si de verdad queremos hacer frente al saqueo, si de verdad queremos sobrevivir como sociedad frente al mayor desafío de nuestras vidas, tenemos que estar decididos a plantar cara, con la fuerza de la razón pero también con la de la voluntad, y simplemente decir que no. Que no pagaremos. Que no nos someteremos. Que no nos rendimos. Que no tenemos miedo. Tomar el libro de la Historia y escribir nuestro destino de nuestro puño y letra.

Salu2,
AMT

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Alemania europea o Europa alemana

Sat, 18/07/2015 - 07:00

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

 

Mayer-Amschel

Una foto recorrió hace días las mesas de redacción de los diarios. El monarca saliente y cuatro presidentes de gobierno, uno en activo y tres jubilados (aun cuando ellos no se resignan y continúan pensando que constituyen piezas fundamentales de la política española y de los negocios extranjeros), se juntaron en Casa Lucio para cenar. La reunión parece que fue propiciada por Rajoy, con el pretexto de la onomástica del monarca o la celebración de los treinta años de nuestra entrada en el Mercado Común (aunque, en realidad, no hay mucho que celebrar).

Tras esta fachada se escondía el verdadero motivo: el miedo. El miedo de una oligarquía a la que se le tambalea el mundo que hasta ahora había dominado y controlado. Es el mismo desconcierto que recorre en estos momentos la Unión Europea tras el referéndum de Grecia, conciencia de que de nada han servido las fuertes presiones y coacciones dirigidas contra la población helena desde todos los centros de poder. Y, sobre todo, la creencia de que el fenómeno puede repetirse antes o después en otros muchos países. Ante la desesperación, de poco valen las amenazas.

Las oligarquías europeas, al margen de los pueblos y sin consultarles en absoluto, han constituido la Unión Monetaria, verdadera ratonera en la que se diluye la democracia y desaparecen los derechos sociales y laborales. A pesar del envoltorio engañoso con el que se presenta, las sociedades van tomando conciencia de la trampa y del discurso falaz con que se tramite. Se les está comenzando a caer la careta.

Por más que todos los cañones mediáticos al servicio de las oligarquías intentan culpar a Tsipras y a su Gobierno de las condiciones calamitosas en que se desenvuelve Grecia, lo cierto es que resulta difícil ocultar que la culpa es de los que han creado la Unión Monetaria, de los que introdujeron en ella al país heleno, de los que les han impuesto una política suicida, y también de los gobernantes griegos que no han sabido defender los intereses de su pueblo.
Concretamente en nuestro país, el bipartidismo, que junto con los nacionalistas ha contribuido a mantener la farsa, se derrumba y eso es lo que da miedo a sus máximos exponentes, las cabezas visibles del tinglado, los que han venido turnándose en un juego parecido al de la Restauración, los que reunidos en casa Lucio se han preguntado cómo mantener el chiringuito.

Rajoy ha hecho bien en reunirles a todos, porque todos son culpables. Felipe González firmó Maastricht y dio su aquiescencia a la Unión Monetaria. De aquellos polvos vinieron estos lodos, y fue el injusto diseño del Tratado el que ha permitido que la desigualdad, la miseria, se asienten en Europa, y que países antes libres sean ahora esclavos de instituciones tales como el FMI. Gran parte de su etapa de gobierno estuvo marcada por la ruta hacia la unión monetaria, aplicando ya mediante los criterios de convergencia una política de austeridad, anticipo de la que sería norma en la Eurozona, solo que ahora sin escapatoria posible. Resulta irónico que pretenda dar en la actualidad lecciones de europeísmo, cuando él fue artífice destacado de esa jaula de la que resulta imposible la salida.

Aznar nos metió en la Unión Monetaria y se enorgulleció de ello atribuyendo tal hecho a su pericia, cuando en realidad se debió a la decisión adoptada por todas las oligarquías europeas de conseguir por cualquier medio la constitución de la moneda única, aun cuando para ello debieron flexibilizar todos los criterios de convergencia, cerrando los ojos a la enorme diversidad de las economías de los países miembros, lo que sería causa de las contradicciones posteriores. Dentro ya del euro, cayó en el espejismo de un crecimiento económico financiado con endeudamiento, endeudamiento que se ha convertido en una losa para la economía española. La burbuja financiera y la crisis de las entidades financieras se generaron en aquellos años, con la aquiescencia del Gobierno.

Zapatero, por su parte, participó durante sus cuatro primeros años de gobierno del mismo espejismo y permitió que el endeudamiento exterior continuase incrementándose, que la burbuja inmobiliaria aumentase y que las entidades financieras persistiesen en sus inversiones ruinosas. Al explotar la burbuja inmobiliaria y al surgir el miedo de los acreedores internacionales, especialmente frente a las deudas de Grecia, fue incapaz de defender los intereses nacionales en el Eurogrupo, y salió de la famosa cumbre de mayo de 2010 como el gran perdedor. Llegó hasta el extremo de modificar la Constitución para introducir la limitación del déficit y dar prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otra obligación presupuestaria.

Rajoy recogió el relevo de Zapatero en la tarea de ser dócil instrumento de la política de Merkel y de los halcones del Fondo, de Frankfurt y de Bruselas; y entre ambos consiguieron colocar el desempleo en cifras inimaginables y deteriorar los derechos sociales y laborales, alcanzando el dudoso honor de hacer de España el país con el mayor grado de desigualdad de la OCDE. Ahora, Rajoy pretende borrar con un momentáneo y moderado crecimiento económico la pobreza y el daño causados a gran parte de la sociedad española durante los años anteriores. Le es perfectamente aplicable la aseveración de Krugman de que “pretenden manipular una modesta mejora económica y convertirla en un éxito, incluso después de años de horror”.

La actitud del Gobierno de Syriza y el resultado del referéndum griego coloca en una situación sumamente incómoda a los cinco jinetes españoles (al igual que al resto de mandatarios europeos, especialmente a los del Sur) y deja al descubierto sus vergüenzas, y su servilismo frente a la política de Merkel. El alemán Schulz, arrogándose una representación que no tiene, ha declarado que si bien el pueblo griego se ha manifestado en un sentido, hay otras dieciocho naciones que opinan en dirección contraria. Debería haber dicho más bien que dieciocho gobiernos, porque a los pueblos no se les ha dejado opinar y desde luego, de hacerlo, una gran parte de la población europea estaría más cerca de Tsipras que de Merkel.

En realidad, temen el contagio y por eso los medios de comunicación afines se empeñan en señalar los males que a los griegos les ha traído el Gobierno de Xyriza. Pero no ha sido Tsipras el que ha hecho que la renta nacional descienda un 27% o que el gasto de las familias se haya reducido un 33% o que el paro se haya elevado al 27% de la población activa. Lo único que pueden aducir es que había previsiones de crecimiento y que no se han cumplido, pero cuántas otras veces los genios del Fondo o de la UE han equivocado las previsiones. Tampoco el corralito es obra de Syriza, sino del BCE que ha renunciado a una de las funciones esenciales de los bancos centrales, ser prestamista en última instancia de las entidades financieras, y que, con la finalidad de arrodillar al gobierno y de pasada al pueblo griego, ha cortado la liquidez a los bancos helenos. ¿Qué banco español, italiano, francés o incluso alemán, aguantaría sin la cobertura de un banco central?

En circunstancias excepcionales, cuando estaba en peligro su independencia, los pueblos se han visto obligados a entrar en guerra, aun cuando esta comportase sangre, sudor y lágrimas. Hoy, en Europa, no hay armas, pero la política monetaria puede ser un instrumento de dominación más eficaz que aguerridos ejércitos. A Mayer Amschel Rothschild se le atribuye la frase “Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me preocupará quién escriba las leyes”. Los pueblos de Europa, especialmente los del Sur, es muy posible que antes o después tengan que enfrentarse a la difícil decisión de salirse del euro pagando un alto precio para recuperar la libertad e independencia, y escaparse de la bota alemana. Una vez más, Alemania renuncia a ser europea y una vez más pretende que toda Europa sea alemana.

Publicado en República.com

www.martinseco.es

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Una Ley para la represión ciudadana

Fri, 17/07/2015 - 13:00

Carlos Jiménez Villarejo – Comité de Apoyo de ATTAC España

El preámbulo de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (4/2015) pretende que bajo ese enunciado los “derechos y libertades” no sean “meras declaraciones formales” y  asegurar el ejercicio de los mismos frente a los que denomina “diversos fenómenos ilícitos”.Todo, en nombre de ese concepto tan indefinido como peligroso para la democracia como “el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Para garantizarla, todo vale. A tal fin, se fortalece la capacidad intervencionista de la policía, se restringen expresa o tácitamente derechos ciudadanos y se amplían desmesuradamente las infracciones administrativas. Asimismo, se agrava la potestad sancionadora con multas que representan, finalmente, una mayor presión sobre los ciudadanos ya que su impago genera el inmediato embargo de los bienes. Convirtiéndose uno de los fines esenciales de la Ley en uno tan impreciso y de estricta valoración policial como “la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadana”.

Entre las amplísimas potestades de la policía se incluye, cabe destacar, la facultad para la identificación de personas en funciones de “indagación y prevención delictiva” que valorará a su libre criterio el agente de turno, quien podrá decidir, respecto de aquellos ciudadanos que no logren identificar, su traslado temporal a dependencias policiales próximas a los efectos de dicha identificación por un periodo no superior a seis horas. Es decir, para un trámite administrativo se admite, contra todos los principios democráticos, la detención. Pero, para hacer frente a esta apreciación tan evidente como grave, la Ley pretende justificarla cuando establece que “las diligencias (policiales) de identificación, registro y comprobación… no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención”. Con este mismo presupuesto, radicalmente ilegítimo, se regula la inmovilización de una persona a fin de proceder a un “registro corporal externo” que, más allá de los principios enunciados de “injerencia mínima” y de respeto a la “intimidad y dignidad de la persona afectada”, permite practicarlo “en lugar reservado y fuera de la vista de terceros”. ¿Donde? Porque la Ley no lo precisa. ¿Y cuáles son los límites de las “medidas de compulsión indispensables” aplicables a quien se niega a ser registrado corporalmente? Todo ello representa la institucionalización de la arbitrariedad policial frente a una ciudadanía libre.

Resultan muy preocupantes, por excesivas, las facultades policiales de “restricción del tránsito y controles en las vías públicas” ante un supuesto tan vago e impreciso como que concurran “indicios racionales” de que pueda producirse una “alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia”. Ya que, desde estos presupuestos, pueden “limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos” con la consiguiente coerción sobre las personas y el pacífico desarrollo de la vida ciudadana y del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Medidas que se complementan con otras que permiten el control de dichos derechos para un objetivo tan indeterminado como “impedir que se perturbe la seguridad ciudadana”.

Las disposiciones anteriores tienen un complemento muy expresivo del carácter autoritario de la Ley. La interpretación absolutamente extensiva del concepto de autor de la conducta infractora que alcanza no solo a los “organizadores o promotores” sino a todos aquellos que en el curso de los hechos, especialmente reuniones o manifestaciones, presidan, dirijan, hagan declaraciones o porten lemas o banderas, etc, y todos aquellos que “pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas” reuniones o manifestaciones. Representa la creación de un clima de culpabilidad difusa. No cabe más inseguridad jurídica.

Capítulo aparte merecen las infracciones administrativas sancionables. Pasan de las 19 previstas en la Ley de 1992, a 44 muy graves, 23 graves, y 17 leves, es decir, que se amplían enormemente, decisión tendente a crear un agresivo clima de coerción e intimidación a la ciudadanía. Las infracciones, con independencia de sus matices y salvedades, expresan un cuadro realmente amenazador para una convivencia democrática. Y representan el gravísimo retroceso que el Gobierno del PP está imponiendo en el respeto de los derechos humanos y en el control de la expresión pública de cualquier forma de desacuerdo o rechazo a las medidas abusivas y  antisociales que se adoptan de forma continuada.

Hay infracciones, como la calificada de grave, consistente en la “perturbación de la seguridad ciudadana” en cualquier clase de acto público, que, sin excesos, representa la culminación de la incertidumbre en la definición de una conducta sancionable, con una multa que puede alcanzar los 30.000 euros. En un país donde el SMI es de unos 650 euros. O, de forma similar, la infracción consistente en “la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita”. O la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” que se produzca durante reuniones o manifestaciones ante las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas,”aunque no estuvieran reunidas”. Constituye una infracción carente de todo sentido. ¿A quién se perturba? ¿A quien se coacciona? A nadie.

Y, finalmente, están las conductas, graves o leves, que representan un acometimiento de la vida ciudadana, nunca hasta ahora sancionadas, y que bajo ningún concepto justifican que constituyan una infracción del ordenamiento jurídico y aún menos que puedan ser objeto de una intervención policial. Baste citar, entre otras muchas, las siguientes: la “ocupación de la vía pública”, de “cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos”, el “incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal”, el escalamiento de edificios o monumentos o la remoción de vallas colocadas por la policía.

En suma, estamos ante una Ley que ha devaluado gravemente el valor constitucional de la Justicia, al tiempo que restringido ampliamente lo que define un Estado democrático:, la capacidad de los ciudadanos para controlar los abusos del poder. Lo que lleva a discutir seriamente, como ya se acreditará, su evidente inconstitucionalidad.

Jurista. Ex Fiscal-Jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción (1995-2003)

Publicado en eldiario.es

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El crecimiento de las desigualdades: causas y consecuencias

Fri, 17/07/2015 - 09:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo trata un tema de gran actualidad, como es el crecimiento de las desigualdades, presentando un punto de vista distinto al dominante en la cultura política y mediática del país en cuanto a sus causas, así como sus consecuencias. También subraya la importancia que tanto la tradición basada en Marx como la enraizada en Keynes, han tenido en el análisis y en la aplicación de esta interpretación del crecimiento de las desigualdades, centrándose en las desigualdades de clase, y muy en primer lugar en las causadas por el desequilibrio de fuerzas entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.

Un elemento clave del conocimiento económico neoliberal (que domina la cultura mediática en temas económicos) es creer que las desigualdades de renta son esenciales para estimular el crecimiento económico, pues constituyen el hilo conductor del estímulo económico, basado en los incentivos que generan las desigualdades. La gente trabajará más y más a fin de subir en la escala social, y a más desigualdad, mayor será el camino para recorrer hacia arriba.

Siguiendo tal creencia, la mayoría de autores de tendencia neoliberal explican el crecimiento económico que ocurrió a los dos lados del Atlántico Norte desde el año 1980 como consecuencia del crecimiento de las desigualdades generadas por la aplicación de políticas liberales (hoy conocidas como neoliberales) a partir de los mandatos del Presidente Reagan en EEUU y de la Sra. Thatcher en el Reino Unido. El problema con tales teorías es que el crecimiento económico fue mucho mayor en el periodo 1945-1980 que en el periodo 1980-2013, siendo las desigualdades de renta más bajas en el primero que en el segundo periodo.

En realidad, el hecho de que las economías de los países a los dos lados del Atlántico Norte hayan tenido un crecimiento menor a partir de 1980 se debe precisamente al crecimiento de las desigualdades, con una gran concentración de las rentas derivadas del capital a costa de un descenso de las rentas derivadas del trabajo. Dicho de otra manera, los aumentos de riqueza –como consecuencia del crecimiento económico- fueron a enriquecer más a las primeras que a las segundas rentas. Y el descenso de estas últimas, las rentas del trabajo, determinó un descenso de la demanda, puesto que la mayor parte de la demanda procede primordialmente de las rentas del trabajo, que constituyen las rentas de la mayoría de la población en cualquier país. Esta tesis, ampliamente y erróneamente definida como keynesiana, fue, en realidad, defendida por Karl Marx, autor que goza de muy mala prensa en la terriblemente conservadora (casi reaccionaria) cultura económica dominante en este país. Fue el mismo Marx el que indicó que la propia lucha de clases, con una victoria del mundo del capital sobre el mundo del trabajo, llevaba a recesiones y depresiones, como resultado del descenso de la masa salarial, y con ello de la demanda. El casi nulo conocimiento en los medios (incluidos los académicos) de información sobre cualquier otra escuela de pensamiento que no sea la dominante, explica que la tesis expuesta anteriormente se defina como keynesiana, cuando Marx definió este fenómeno mucho antes que Keynes. Y fue el discípulo de Marx, el economista polaco Michal Kalecki, el que analizó los ciclos económicos según la relación capital-trabajo, como bien ha reconocido Paul Krugman, el economista keynesiano con mayor proyección mediática. Lo que sí subrayó Keynes, que no hizo Marx, fue la capacidad del Estado de intervenir y alterar las variaciones en la demanda, lo cual explica su popularidad en las familias políticas de sensibilidad reformista.

Pero, además del impacto negativo que la concentración de las rentas (y del capital, es decir, de la propiedad que genera rentas) tiene sobre la demanda, reduciéndola, también afecta muy negativamente a las capacidades redistributivas del Estado, y ello como resultado de la bien probada y documentada relación existente entre poder económico y poder político. Hay una clara relación entre desigualdades de renta y propiedad en un país, y la calidad de su sistema democrático. A mayores desigualdades, menor calidad democrática. España (incluyendo Catalunya) y EEUU son un claro ejemplo de ello. Las desigualdades de renta y propiedad en EEUU y en España están entre las más elevadas hoy en el club de países más ricos (la OCDE), siendo también países en los que la calidad democrática es muy baja. En realidad es difícil (por no decir imposible) mejorar el sistema democrático sin redistribuir las rentas y la propiedad, pues los propietarios del capital (que hoy, en lugar de clase capitalista se llaman el 1%) y las rentas superiores (las clases que gestionan y promueven los intereses del 1% y que tienen una gran influencia, directa o indirectamente, a través de los medios de información que controla el 1%) tienen una enorme influencia sobre el Estado.

Falsas explicaciones del crecimiento de las desigualdades

Ese gran crecimiento de las desigualdades desde los años ochenta del siglo pasado se ha intentado analizar y explicar atribuyéndola a factores como la globalización, el cambio tecnológico y otros, que tienen limitado poder explicativo, pues más que causas, estos factores son consecuencia de la causa real, es decir, del enorme poder del mundo del capital, que se ha adquirido a costa del debilitamiento del mundo del trabajo, poder que se ha traducido en toda una serie de intervenciones públicas, la mayoría de carácter político, como son el debilitamiento de los sindicatos, la desregulación de los mercados laborales, la instrumentalización del poder político, el aumento de los partidos liberales y conservadores (que representan sus intereses) y otras intervenciones que han facilitado el crecimiento de aquellas situaciones (como la globalización económica) que se presentan, erróneamente, como las causas de dicho debilitamiento. Una de las áreas donde el incremento del poder del mundo del capital ha sido más marcado ha sido en los medios de información, siendo una característica de este periodo liberal (1980-2013) la enorme concentración de los medios y de su propiedad, convirtiéndose en meros medios de persuasión y manipulación de la realidad (el caso español es un caso claro de esta situación, donde no hay ningún medio de sensibilidad crítica y de orientación de izquierdas, siendo las únicas variedades existentes y permitidas las distintas tonalidades conservadoras, liberales o socioliberales, excluyendo a las izquierdas). Existe una relación clara de que a mayores desigualdades, menor libertad de expresión, siendo, de nuevo, España (incluyendo Catalunya) un ejemplo manifiesto de esta relación directa entre desigualdades y limitada (inexistente, en el caso español) diversidad en los medios. Ejemplos de esta falta de diversidad los hay miles. El caso más reciente es el de que no haya habido ningún rotativo (entre los que tienen mayor difusión) que haya editorializado apoyando el referéndum griego y su resultado. Todos los medios han editorializado a favor de las políticas de austeridad impuestas por la Troika y el Eurogrupo al pueblo griego. Y a esta situación el establishment político-mediático español (incluyendo el catalán) le llama cínicamente libertad de expresión.

Publicado en Público.es
vnavarro.org

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Una posible alternativa al plan negociado en Bruselas entre Alexis Tsipras y los acreedores

Fri, 17/07/2015 - 07:00

Éric Toussaint – Consejo Científico de ATTAC Francia

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El 5 de julio de 2015, el resultado del referéndum convocado por el gobierno de Alexis Tsipras y el Parlamento heleno demostró que el pueblo griego rechazaba masivamente la continuación de la austeridad que continúan queriendo imponer las instituciones que antes actuaban bajo el nombre de Troika. Fue una hermosa victoria de la democracia.

Sin embargo, si se pusiera en práctica el acuerdo concluido el lunes 13 de julio por la mañana, significaría la prosecución de la austeridad en el marco de un nuevo acuerdo plurianual. Y eso está en total contradicción con el resultado del referéndum.

Esa propuesta incluye el abandono de una importante serie de compromisos tomados por Syriza durante su campaña electoral, que, por cierto, le permitió obtener una victoria histórica el 25 de enero de 2015. Syriza comprometió su responsabilidad ante el pueblo griego y sería trágico que no respetara ese compromiso, tanto más cuando ese pueblo le otorgó su claro apoyo tanto el 25 de enero como el 5 de julio.

Las concesiones hechas a los acreedores por el gobierno griego afectan a las pensiones, con una nueva reducción de sus montos (aunque Syriza se había comprometido a reponer el 13er mes para las pensiones inferiores a 700 euros por mes) y un retraso en la edad de jubilación, los salarios continuarán reducidos, las relaciones laborales estarán aún más precarizadas, el aumento de los impuestos indirectos, incluidos los que afectan a los ingresos pequeños, la continuación y aceleración de las privatizaciones, la acumulación de nuevas deudas ilegítimas con el fin de reembolsar las precedentes, la transferencia de activos griegos a un fondo independiente, la continuación del abandono de importantes elementos del derecho de autodeterminación, la limitación del poder legislativo en beneficio del de los acreedores….

Contrariamente a lo que se afirma, que a cambio de estas nefastas concesiones, Grecia obtendrá tres años de respiro y podrá relanzar de manera importante la actividad económica, la realidad mostrará que con el mantenimiento de la compresión de la demanda de las familias y del gasto público será imposible conseguir el excedente presupuestario primario anunciado en el plan.

Las consecuencias nefastas son ineludibles: en algunos meses o a comienzos del año próximo como muy tarde, los acreedores atacarán de nuevo a las autoridades griegas por el no cumplimiento de sus compromisos en términos de excedente presupuestario primario y avanzarán nuevas exigencias. No habrá ningún respiro para el pueblo y para el gobierno griegos. Los acreedores amenazarán con no desembolsar las sumas previstas si no se adoptan nuevas medidas de austeridad. Las autoridades griegas se verán cogidas en el engranaje de las concesiones. |1|

El Comité para la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia instituido por la presidente del Parlamento griego estableció en su informe preliminar, que se hizo público los días 17 y 18 de junio de 2015, que la deuda reclamada por los actuales acreedores debe ser considerada ilegítima, ilegal y odiosa. |2| El Comité también demostró que su reembolso es insostenible. Sobre la base de estos argumentos fundamentados en el derecho internacional y en el derecho interno, el gobierno griego puede suspender de manera soberana el pago de la deuda hasta que se obtengan los resultados finales de la auditoría. Esa suspensión de pagos es totalmente posible. Desde febrero de 2015, Grecia pagó 7.000 millones de euros a los acreedores sin que estos hayan desembolsado los 7.200 millones de euros que debían pagar a Grecia según el programa que concluyó el 30 de junio de 2015. Pero hay otros montos de dinero que deberían haber sido abonados a Grecia y no lo fueron: los intereses percibidos por el BCE sobre los títulos griegos, el saldo previsto por la recapitalización de los bancos, etc. Si Grecia suspende el pago de la deuda con los acreedores internacionales, puede economizar cerca de 12.000 millones de euros, que se supone que debe pagar de aquí a fines de 2015. |3| Al suspender el pago de la deuda, las autoridades griegas llevarían a los acreedores a hacer concesiones. Podrían resultar en una reducción radical del monto de la deuda, ya sea por medio de una negociación o de un repudio de la misma.

Es posible permanecer en la zona euro al mismo tiempo que se toman, de manera soberana, medidas de autodefensa y de relanzamiento económico.

Todos hemos podido comprobar que es imposible convencer, mediante una simple discusión, a la Comisión Europea, al FMI, al BCE y a los gobiernos neoliberales en el poder en los otros países europeos de que deben tomar medidas que respeten los derechos de los ciudadanos griegos, así como los de los pueblos en general. El referéndum del 5 de julio, que combatieron, no los convenció. Por el contrario, burlándose de los derechos democráticos fundamentales, radicalizaron sus exigencias. Sin tomar fuertes medidas soberanas de autodefensa, las autoridades y el pueblo griego no podrán terminar con la violación de los derechos humanos perpetrados por las exigencias de los acreedores. Se debería tomar, a escala europea, toda una serie de medidas para restablecer la justicia social y la auténtica democracia. Técnicamente, no es complicado, pero se debe ser consciente de que en el contexto político y con la relación de fuerzas que predominan en la Unión Europea, los países con gobiernos progresistas no pueden esperar ser escuchados ni respaldados por la Comisión Europea, el BCE ni el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Al contrario, tanto esas instituciones, así como el FMI y los gobiernos neoliberales de los otros países europeos, combaten activamente la experiencia que se desarrolla en Grecia con el fin de demostrar a todos los pueblos de Europa que no existen alternativas al modelo neoliberal. En cambio, con medidas fuertes, las autoridades griegas podrían arrancar verdaderas concesiones o simplemente obligar a los acreedores a tomar nota de las decisiones soberanas. Es también fundamental crear una estrategia alternativa suscitando movilizaciones populares masivas en Grecia y en los otros países de Europa. Las autoridades griegas podrían apoyarse en eso para impedir las tentativas de aislamiento que, sin ninguna duda, organizarán las fuerzas opuestas a cualquier modificación en favor de la justicia social. En cambio, un proceso de ese tipo del gobierno griego reforzaría las movilizaciones populares y la confianza en sus propias fuerzas de los ciudadanos movilizados.

Para acompañar la suspensión del pago de la deuda ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible, propongo aquí algunas medidas que se deberían someter con urgencia a un debate democrático, ya que su naturaleza permitiría ayudar a que Grecia se pusiera de nuevo en pie.

1.- Las administraciones públicas griegas constituyen por lejos el accionariado mayoritario de los grandes bancos griegos (que representan más del 80 % del mercado bancario griego) y deberían, por lo tanto, ejercer plenamente el control sobre los bancos con el fin de proteger el ahorro de los ciudadanos y relanzar el crédito interno para sostener el consumo. Por una parte, sería conveniente hacer una valoración de las consecuencias de la participación mayoritaria del Estado en los bancos y conferirles un estatus de empresa pública. El Estado debería organizar una quiebra ordenada de los bancos, vigilando la protección de los pequeños accionistas y de los ahorradores. Se trata de recuperar el coste del saneamiento bancario sobre el patrimonio global de los grandes accionistas privados, ya que son ellos los que han provocado la crisis y luego abusaron del apoyo público. Se podría crear un «banco malo» para aislar los activos tóxicos en vista a una gestión hacia la extinción. Es necesario, que una vez por todas, los responsables paguen por la crisis bancaria, se sanee en profundidad el sector financiero y se lo ponga al servicio de la población y de la economía real.

2. Las autoridades griegas deberían intervenir el Banco Central. Cómo máxima autoridad, se encuentra actualmente Yannis Stournaras (nombrado por el gobierno de Antonis Samaras), quien pone toda su energía en impedir el cambio deseado por la población. Es un verdadero caballo de Troya al servicio de los grandes bancos privados y de las autoridades europeas neoliberales. El Banco Central de Grecia debe ponerse al servicio de los intereses de la población del país.

3. Las autoridades griegas tienen también la posibilidad de crear una moneda electrónica (emitida en euros) para el uso interno en el país. Las administraciones públicas podrían aumentar las pensiones así como los salarios de la función pública, pagar las ayudas humanitarias a las personas, abriéndoles un crédito en moneda electrónica que podría utilizarse para múltiples pagos: facturas de la electricidad, el agua, el pago del transporte público, de impuestos, la compra de alimentos y bienes de primera necesidad en los comercios, etc. Contrariamente a un prejuicio infundado, incluso los comercios privados tendrían interés en aceptar voluntariamente este modo de pago electrónico, ya que, al mismo tiempo, les permitiría vender sus mercaderías y pagar sus cuentas con la administración pública (pago de impuestos y de los diferentes servicios públicos utilizados). La creación de esta moneda electrónica complementaria permitiría disminuir la necesidad de euros que tiene el país. Las transacciones en esta moneda electrónica podrían ser realizadas a través de los teléfonos móviles, como se hace en la actualidad en Ecuador.

El gobierno podría igualmente emitir títulos en papel bajo la forma de IOY (I owe you: yo le debo), equivalentes a billetes de 10 euros, 20 euros…. para hacer frente a la escasez de billetes en circulación. Presentan la ventaja, en relación con la dracma, de que dejan la puerta abierta a una negociación y permitirían a Grecia permanecer formalmente en la zona euro…

4. El control de movimientos de capitales debe mantenerse, así como debe establecerse un control de precios al consumo.

5. El organismo encargado de las privatizaciones debe ser disuelto y reemplazado por una estructura pública de gestión de los bienes nacionales, previa la suspensión de todas las privatizaciones. Estaría encargado de proteger el patrimonio público al mismo tiempo que generaría ingresos.

6. Las nuevas medidas deberían adoptarse en un marco de justicia fiscal, con el fin de reforzar en forma muy clara las medidas ya tomadas, con la decisión de imponer fuertes impuestos al 10 % más rico (y en particular al 1 % más rico), tanto sobre sus ingresos como sobre sus patrimonios. Asimismo, conviene aumentar fuertemente el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas privadas y de acabar con la exención fiscal de los armadores. También es necesario incrementar los impuestos que paga la Iglesia Ortodoxa, ya que en 2014 solamente desembolsó algunos millones de euros en impuestos.

7. Debería decretarse una reducción radical de los impuestos sobre las rentas bajas y sobre los pequeños patrimonios, lo que beneficiaría a la mayoría de la población. Los impuestos sobre los productos y los servicios de primera necesidad deberían reducirse radicalmente. Una serie de servicios de primera necesidad deberían ser gratuitos (electricidad y agua limitadas a un tipo de consumo, transportes públicos, etc,). Estas medidas de justicia social relanzarán el consumo.

8. La lucha contra el fraude fiscal debería intensificarse con la implantación de medidas muy disuasivas contra el gran fraude fiscal. De ese modo, podrían recuperarse sumas importantes de dinero.

9. Un amplio plan público de creación de empleo debería implementarse para reconstruir los servicios públicos devastados por años de austeridad (por ejemplo, en los ámbitos de la sanidad y de la educación) y para poner los primeros jalones de la necesaria transición ecológica.

10. Este apoyo al sector público debería acompañarse de medidas que tengan por objetivo un sostén activo a la pequeña iniciativa privada, que tiene un papel esencial actualmente en Grecia por medio de las microempresas.

11. Realizar una política de empréstitos públicos mediante la emisión de títulos de deuda pública dentro de las fronteras nacionales. Efectivamente, el Estado debe poder pedir créditos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo, realizando trabajos de utilidad pública. Algunos de estos trabajos pueden financiarse por el presupuesto corriente gracias a opciones políticas muy firmes, pero los empréstitos públicos pueden posibilitar la realización de trabajos de mayor envergadura, por ejemplo, para pasar del «todo automóvil» a un desarrollo masivo de los transportes públicos, desarrollar el recurso a las energía renovables respetuosas del medio ambiente, crear o restaurar los ferrocarriles de proximidad en todo el territorio, comenzando por el urbano y semiurbano, y también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo el consumo energético y agregándoles comodidades de calidad. Se debería también financiar un amplio plan de creación de empleos propuesto más arriba.

Se debería definir urgentemente una política transparente de empréstito público. La propuesta que hacemos es la siguiente: 1) el destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida que rompan con la lógica de la destrucción del medio ambiente; 2) el recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva con el fin de disminuir las desigualdades. Por ello, proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas estén coaccionadas por via legal a comprar, por un monto proporcional a su patrimonio y a sus ingresos, obligaciones del Estado al 0 % de interés y no indexadas por la inflación, el resto de la población podría adquirir de manera voluntaria obligaciones públicas que garantizarían un rendimiento real positivo (por ejemplo del 3 %) superior a la inflación. De ese modo, si la inflación anual se eleva a un 2 %, el tipo de interés efectivo pagado por el Estado para ese año sería del 5 %. Una medida como ésta de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en Estados Unidos, contra las castas de la India o contra la desigualdad de género) permitiría avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigual de las riquezas.

Finalmente, las autoridades griegas deberían velar por la prosecución de los trabajos de la auditoría y de las otras comisiones que trabajan sobre los Memorandos y los daños de guerra.

Por supuesto hay otras medidas complementarias, que discutidas y decididas con urgencia pero democráticamente, sean susceptibles de completar ese primer dispositivo de urgencia, que puede ser resumido en los cinco pilares siguientes:
- La toma del control por el Estado del sistema bancario y de una parte de la creación monetaria.
- La lucha contra el fraude fiscal y la implantación de una reforma fiscal justa que aporte al Estado los recursos necesarios para la realización de su política.
- La protección del patrimonio público y su puesta al servicio del conjunto de la población.
- La rehabilitación y el desarrollo de los servicios públicos.
- El sostén a la iniciativa privada de proximidad.

También, es muy importante que Grecia se comprometa en un proceso constitucional con una participación ciudadana activa, con el objetivo de permitir cambios estructurales democráticos. Para realizar este proceso constituyente, hay que convocar, mediante una consulta con sufragio universal, la elección de una asamblea constituyente encargada de elaborar un proyecto de una nueva Constitución. Una vez que ese proyecto se haya adoptado por la asamblea constituyente, la que deberá funcionar recibiendo también las propuestas y los requerimientos que emanan del pueblo, deberá ser sometido al sufragio universal.

En el caso de una exclusión de la zona euro provocada por los acreedores, o en el caso de una salida voluntaria de la zona euro, las medidas indicadas pueden adaptarse, en particular la socialización de los bancos, como fue la nacionalización del sistema bancario que se hizo en Francia después de la Liberación. Estas medidas deberán ir acompañadas con una importante reforma monetaria redistributiva que podría inspirarse en la reforma monetaria realizada después de la Segunda Guerra Mundial por el gobierno belga. Esta reforma tiene por fin tasar fuertemente los ingresos de los que se enriquecieron a costa de los demás. El principio es simple: se trata, durante el cambio de moneda, de no garantizar la paridad automática entre la antigua y la nueva moneda (un euro contra una dracma nueva por ejemplo) que hasta un determinado nivel.

Por encima del mismo, la suma excedentaria debe ser depositada en una cuenta bloqueada y su origen debe ser autentificado y justificado. En principio, lo que excede el nivel de referencia se cambia a un tipo menos favorable (por ejemplo, dos euros contra una dracma nueva); en caso de que se compruebe un origen delictuoso, el dinero puede confiscarse. Una reforma monetaria de este tipo permite repartir una parte de la riqueza de manera socialmente más justa. Otro objetivo de la reforma es el de disminuir la masa monetaria en circulación para poder luchar contra las tendencias inflacionistas. Para que esta reforma sea eficaz, es necesario establecer un control estricto sobre el movimiento de capitales y sobre el mercado de cambios.

He aquí un ejemplo (por supuesto, los baremos pueden modificarse después de un estudio del reparto del ahorro líquido de las familias y la adopción de criterios rigurosos)

1 euro es igual a 1 nueva dracma (n.D.) hasta 200.000 euros.
1 euro igual a 0,7 n.D. entre 200.000 y 500.000 euros
1 euro igual a 0,4 n.D. entre 500.000 euros y 1 millón de euros.
1 euro igual a 0,2 n.D. por encima de 1 millón de eurosSi una familia tiene 200.000 euros líquidos, obtendrá 200.000 n.D.
Si tiene 400.000 euros, obtendrá 200.000 + 140.000 = 340.000 n.D.
Si tiene 800.000 euros, obtendrá 200.00 + 210.000 + 120.000 = 530.000 n.D.
Si tiene 2 millones, obtendrá 200.000 + 210.000 + 200.000 + 200.000 = 810.000 n.D.

De este modo se desarrollaría una verdadera lógica alternativa. Y Grecia podría finalmente dejar de estar sometida a sus acreedores. Los pueblos de Europa reencontrarían la esperanza en un cambio a favor de la justicia.

 

Éric Toussaint es el coordinador científico del Comité para la Verdad sobre la Deuda Pública Griega (creado por la presidenta del Parlamento griego) y portavoz de CADTM internacional

Traducido por Griselda Piñero

CADTM

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Krugman ve la muerte del proyecto europeo: “Lo de Grecia es un golpe de Estado”

Thu, 16/07/2015 - 13:00

Paul KrugmanelEconomista.es

Paul Krugman, premio Nobel de Economía y profesor de Princeton, se ha caracterizado siempre por ser un gran crítico de las políticas de austeridad en general y de Alemania en particular. Pero con los acontecimientos de las últimas horas ha dado un paso más y asegura que el proyecto europeo podría estar herido de muerte.

En una entrada en su blog en The New York Times, el economista asegura que lo ocurrido “va más allá de la dureza, es pura ansia de venganza, es la completa destrucción de la soberanía nacional y no hay esperanzas de alivio”. Y defiende que #ThisIsACoup (“Esto es un golpe de Estado”), el hashtag bajo el que se han aglutinado las críticas a las nuevas exigencias a Grecia, “es absolutamente correcto”.

Sus críticas están teniendo mucho eco también en las redes sociales, y tanto ‘Krugman’ como ‘Killing the European Project’ (Matando el proyecto europeo) también se han convertido en tendencia en Twitter.

No se puede confiar en Alemania

Krugman defiende que la última oferta “probablemente está pensada para que Grecia no pueda aceptarla, pero incluso así, es una traición grotesca de todo aquello que se supone que defiende el proyecto europeo”. El economista asegura que es difícil que haya una solución, a pesar de los esfuerzos de Mario Draghi, presidente del BCE, y François Hollande, presidente francés. Y sus ataques van directamente a Alemania, en quien asegura ya no se puede confiar. “¿Quién volverá a confiar en las buenas intenciones de Alemania después de esto?”.

Y es que en su opinión las cuestiones económicas son secundarias, y que se ha sacado una conclusión clara de lo sucedido. “Lo que hemos aprendido en las últimas dos semanas es que ser miembro de la Eurozona significa que los acreedores pueden destruir tu economía si te sales del guión. Esto no tiene ninguna relación con las políticas de austeridad. Es tan verdad como que imponer austeridad sin alivio de la deuda es una política condenada independientemente de lo que un país esté dispuesto a sufrir. Y esto significa que incluso una capitulación griega completa sería un callejón sin salida”.

Por todo ello, Krugman se pregunta si Grecia puede conseguir salir del euro de manera exitosa y si Alemania va a intentar bloquear la recuperación. “Perdón, pero esto es el tipo de cosas que debemos preguntarnos ahora”, puntualiza antes de concluir: “El proyecto europeo, un proyecto que siempre he alabado y apoyado, ha recibido un golpe terrible, quizás fatal. Y da igual lo que pienses de Syriza o de Grecia, no han sido los griegos los que lo han hecho”.

Leer más:  Krugman ve la muerte del proyecto europeo: “Lo de Grecia es un golpe de Estado” – elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6865285/07/15/Krugman-anuncia-la-muerte-del-proyecto-europeo-Esto-es-un-golpe-de-Estado.html#Kku8tpwaVsk7P5O4
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Farmacéuticas y financieras las que más presionan sobre las negociaciones del TTIP

Thu, 16/07/2015 - 09:00

euroxpress.es

Una nueva investigación de Corporate Europe Observatory y SumOfUs, una organización mundial de defensa del consumidor, revela que las grandes empresas farmacéuticas y financieras han redoblado su presión sobre las negociaciones del TTIP, que llevan a cabo Estados Unidos y la Unión Europea.. 

Ttip_lobby_regcopDe acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2014 el sector farmacéutico multiplicó por siete su cabildeo. Los sectores financiero y de maquinaria también intensificaron considerablemente su actividad en ese mismo lapso de tiempo.

Corporate Europe Observatory y SumOfUs han observado un notable sesgo en favor de las grandes empresas en las negociaciones de la Comisión desde que Cecilia Malmström asumió el cargo de Comisaria de Comercio de la UE en noviembre de 2014.

En sus primeros seis meses en el cargo, la comisaria, los miembros de su gabinete y el director general de la Dirección General de Comercio mantuvieron 122 reuniones a puerta cerrada en las que se discutió del TTIP. Cien de estas reuniones las realizaron con grupos de presión empresariales y 22 con grupos de interés público.

La investigación también explica que las negociaciones del TTIP están siendo impulsadas por empresas de Europa Occidental y Estados Unidos, mientras que las de Grecia, Portugal, Chipre, Malta, y Europa del Este no están presionando tanto. Además, uno de cada cinco de los grupos de presión que están incidiendo sobre el TTIP no figura en el registro de transparencia de la UE, entre ellos grandes empresas como Maersk, Levi y AON, así como federaciones poderosas como el grupo de presión de biotecnología más grande del mundo BIO y el de farmacéutica PhRMA.

Para Pia Eberhardt, encargada de comercio en Corporate Europe Observatory, «Estos datos justifican la enorme preocupación que el TTIP despierta en los ciudadanos. Mientras que los grandes grupos de presión empresariales continúan ejerciendo una gran influencia sobre las negociaciones, los grupos de interés público se mantienen a raya. El resultado son unas negociaciones del TTIP en las que están en juego las normas fundamentales, los derechos de los ciudadanos y el medioambiente mientras el poder de los negocios influya sobre la política de la UE y los EE.UU.»

TTIP: un paraíso para el cabildeo – las siete conclusiones principales: 

-En las primeras fases de las negociaciones del TTIP (enero 2012-febrero 2014), la Dirección General de Comercio mantuvo 597 reuniones a puerta cerrada con grupos de presión para discutir sobre las negociaciones. 528 de esas reuniones (88%) fueron con grupos de presión empresariales, mientras que sólo 53 (9%) fueron con grupos de interés público. Así, por cada encuentro con un sindicato o grupo de consumidores, se realizaron 10 con empresas y federaciones industriales.

1.Este patrón no ha cambiado significativamente desde que la nueva comisión asumió el cargo en noviembre de 2014. En los primeros seis meses de trabajo, Cecilia Malmström, miembros de su gabinete y el director general de la Dirección General de Comercio mantuvieron122 reuniones de cabildeo a puerta cerrada en las que se discutió del TTIP. 100 con grupos de presión empresariales – pero sólo 22 con los grupos de interés público. Así, por cada encuentro con un sindicato o de una organización de consumidores, Malmström y su personal tuvieron 5 con empresas y sus grupos de presión.

2.Los grupos empresariales que más presionaron en las primeras fases de las negociaciones del TTIP fueron: Federación Business Europe la patronal europea, el Consejo Empresarial Transatlántico (que representa a más del 70 % de las multinacionales de la UE con sede en los Estados Unidos), la ACEA asociación europea del automóvil, la química CEFIC, el Foro Europeo de Servicios, la EFPIA lobby farmacéutico Europeo, Asociación Europea de hostelería, la Cámara de Comercio de EE.UU. y Europa Digital (cuyos miembros incluyen a todos los grandes nombres de TI, como Apple, Blackberry, IBM y Microsoft).

3.Por sectores empresariales los que más presionaron en las primeras fases de las negociaciones del TTIP fueron: los agronegocios y alimentos, los grupos de presión intersectoriales como BusinessEurope, telecomunicaciones y TI, productos farmacéuticos, finanzas, ingeniería y maquinaria, automóviles, tecnología de la salud, productos químicos, y logística.

4.Varios sectores han aumentado significativamente su cabildeo (comparando la fase preparatoria de las negociaciones con los primeros meses): el sector farmacéutico ha aumentado su presión siete veces. Mientras que sólo el 2,4 % de las reuniones bilaterales de la Dirección General de Comercio fue con las grandes farmacéuticas en las primeras fases de las negociaciones (enero 2012-marzo 2013), la participación del sector en las reuniones aumentó hasta el 16,5% en el período posterior (desde abril 2013 hasta febrero 2014). El sector de la ingeniería y la maquinaria ha triplicado su esfuerzo en el mismo período (de 3,0 % a 9,5 % de las reuniones con la Dirección General de Comercio). El cabildeo del sector financiero también se duplicó (de una cuota del 5,1% en el total de las reuniones al 10,8 %).

5.Uno de cada 5 grupos de presión empresariales que han cabildeado con la DG Comercio no están en el Registro de Transparencia de la UE, entre ellas grandes empresas como Maersk, AON, y Levi. Asociaciones industriales tales como la biotecnologica BIO, el grupo de presión farmacéutico PhRMA y el Consejo Químico Americano también están presionando bajo cuerda. Más de un tercio de todas las empresas de Estados Unidos y de las asociaciones que han cabildeado con la DG Comercio sobre TTIP no están en el registro de la UE.

6.Las empresas que más cabildeo ejercen son las de Europa Occidental y EE.UU. Entre enero de 2012 y febrero 2014 no tuvo lugar ni un solo encuentro directo entre la DG Comercio y empresas de Grecia, Chipre, Malta, Portugal y la mayor parte de Europa del Este (Polonia, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia)

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