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Justicia económica global
Actualizado: hace 1 hora 45 mins

¿Cuánto dejaría de recaudar cada comunidad autónoma sin Impuesto de Sucesiones y quién dejará de pagarlo?

Hace 3 horas 1 min

YAGO ÁLVAREZ BARBA
elsaltodiario

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) se ha convertido en uno de los principales focos de debate y confrontación entre las proclamas electoralistas de los distintos partidos que concurren a las elecciones autonómicas de este mes de mayo. Las elecciones andaluzas de final del año pasado mostraron que eliminar dicho impuesto era una de las principales bazas en las que los tres partidos de derechas —PP, Ciudadanos y Vox— se pusieron de acuerdo. El impuesto, que no se pagaba si la herencia era igual o menor a un millón de euros, fue eliminado a la primera de cambio por este nuevo Gobierno andaluz. Hecho que puede mostrar lo que ocurrirá en otras comunidades autónomas (CCAA) si la alianza de estos partidos consigue mayorías para gobernar.

Pero la eliminación de dicho impuesto, que solo afectaba a herencias de gran cuantía y dependiendo del grado de consanguinidad, también abre el debate sobre su poder distributivo y sobre los ingresos que obtiene la comunidad que lo recauda.

¿CUÁNTO DEJARÁ DE INGRESAR CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA?

Son muchas las proclamas para promover la eliminación de un impuesto que muchos llaman injusto, pero esos mismos partidos, que al mismo tiempo anuncian subidas en el gasto e inversión en caso de que ganen las elecciones, poco explican sobre el agujero de ingresos que dejaría la eliminación del tributo.

 

Mediante el ISD, las comunidades autónomas (CCAA) en su conjunto han recaudado algo más de 2.500 millones de euros anuales en los últimos periodos. Exactamente 2.572 millones en 2017 y 2.535 millones en 2016, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. La merma de ingresos de los gobiernos autonómicos puede desbaratar los presupuestos de algunas regiones que ya de por sí no se encuentran en la mejor situación.

¿CUÁNTO INGRESAN Y QUIÉN LO PAGA?

Andalucía

La primera batalla ganada de los tres partidos de la derecha contra este tributo ha conseguido eliminar por completo un impuesto que, en Andalucía, tenía una exención para aquellas herencias inferiores al millón de euros para los descendientes y adoptados menores de 21 años (Grupo I) y los descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes (Grupo II). Para el resto de herederos con otros grados de parentesco, la reducción era hasta los 250.000 euros. Lo que significa que solo las herencias de grandes patrimonios tenían que hacer frente al pago.

La medida fiscal estrella de la derecha en Andalucía va a tener un coste en las arcas andaluzas. En 2017, los ingresos mediante el ISD en dicha comunidad ascendieron a 364,2 millones de euros, lo que supone un 2,27% de los ingresos totales de ese mismo año. Provincias como Málaga ingresaban cerca de los 90 millones de euros o 78 millones en el caso de Sevilla.

 

Cataluña

En Cataluña existen amplias bonificaciones según el parentesco. Estas exenciones podrán ir del 20% al 99% en relación al grado y la cuantía de la base imponible, siendo de un 99% y de una exención de hasta 100.000 euros para cónyuges e hijos de menos de 21 años, que podría aumentar hasta los 196.000 euros según la diferencia con los 21 años que tenga el descendiente. Reducción de hasta 50.000 euros para otros descendientes y de 30.000 para ascendentes.

Además en Cataluña también existen reducciones por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica, reducciones que se aplican a las personas con la consideración legal de personas discapacitadas o para personas de más de 75 años.

Aunque esta comunidad no entra en el juego electoral del 26 de mayo, ya que no habrá comicios autonómicos allí, es de las que más tiene que perder en caso de la eliminación total de dicho tributo. Cataluña es la comunidad autónoma que obtuvo una mayor recaudación por este impuesto en 2017, alcanzando los 433,4 millones de euros en dicho año y 445,6 millones en 2018.

Comunidad de Madrid

El dominio del Partido Popular en las últimas legislaturas de la Asamblea de Madrid han llevado este impuesto casi a su exención total. Madrid se ha convertido casi en un paraíso fiscal en el que las grandes fortunas les puede salir muy rentable pasar sus últimos días. Prueba de ello ha sido el famoso caso de la Duquesa de Alba que, a sorpresa de los andaluces, resultó estar empadronada en Madrid en la fecha de su defunción y sus herederos pudieron liquidar el impuesto por unas cantidades mínimas comparadas con las que hubieran pagado en Andalucía.

Los herederos incluidos en el Grupo I y II tendrán derecho a aplicarse una bonificación del 99% de la cuota tributaria en la Comunidad de Madrid. Es decir, el cálculo del impuesto se hará de igual manera que en otras CCAA, pero, a la hora de pagar, las arcas madrileñas solo reciben un 1% de dicha cantidad.

Incluso con esa enorme bonificación, la Comunidad de Madrid ingresó 410,9 millones de euros en 2017 y 419,7 millones en 2016. La segunda comunidad en ingresos totales mediante este tributo.

Aragón

La normativa en Aragón establece una bonificación del 65% para herencias que no superen los 100.000 euros. También tiene deducciones a la transmisión de empresas familiares para personas con grados de minusvalía o para víctimas de violencia de género.

La Comunidad de Aragón ingresó 170,7 millones de euros en 2017 y 158,9 millones en 2016, siendo Zaragoza la provincia que ingresa cerca del 80% del total.

Principado de Asturias

Cuando la relación de parentesco es de Grupos I y II no se gravan las herencias de menos de 300.000 euros. Además, Asturias tiene reducciones del 99% para la adquisición de explotaciones agrarias, del 95% por la adquisición de empresas o participaciones en entidades y del 95% por la adquisición de bienes destinados a la constitución, ampliación o adquisición de una empresa o de un negocio profesional.

Los ingresos que obtuvo el Principado en 2017 fueron de 99,9 millones en 2017 y 114,2 millones en 2016.

Islas Baleares

Las deducciones al ISD en las Islas Baleares son de las menores de todo el Estado. Para los descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes la reducción será de 25.000 euros, pero se puede incrementar 6.250 euros por cada año menos de los 21 que tenga el hijo o hija heredera. La normativa balear también aplica reducciones a las transmisiones de fincas rústicas de dedicación forestal, terrenos incluidos en áreas de suelo rústico protegido, bienes de interés cultural, artístico o histórico. También contempla reducciones por minusvalía que pueden ir de los 48.000 a los 300.000 euros en función del grado.

El Govern recaudó en 2017 97,3 millones de euros y otros 76,9 millones el año anterior, aproximadamente un 1,7% de su presupuesto anual.

Islas Canarias

El impuesto en las Islas Canarias, al igual que en la Comunidad de Madrid, es prácticamente inexistente. La bonificación es del 99,9% en las herencias adquiridas por parientes y pertenecientes a los grupos I y II. Incluso con esta gran bonificación, la administración pública canaria ingreso 36,1 millones de euros en 2017 y 50,8 en 2016.

Cantabria

En la Comunidad de Cantabria, si la base imponible (la herencia menos deudas y otros gastos) a la que aplicar el impuesto es inferior a 100.000 euros, se le aplica una bonificación del 100% para los grupos I y II, y del 90 % para bases superiores e iguales a esa cantidad.

Además, para los descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes la reducción será de 50.000 euros, pero se puede incrementar 5.000 euros por cada año menos de los 21 que tenga el hijo o hija heredera.

En el periodo de 2017 se recaudaron en Cantabria 38,1 millones de euros y en 2016 otros 33,6 millones. Ese ingreso supone aproximadamente un 6,3% del total de ingresos de Cantabria.

Castilla y León

En Castilla y León existe una reducción de hasta los 400.000 euros para los grupos I y II. Además, esta comunidad tiene una reducción del 99% cuando el causante o adquirente sea víctima del terrorismo o de violencia de género.

Esta comunidad sería una de la que más podría perder en caso de que se eliminara por completo dicho impuesto, ya que en 2017 recaudó 194,8 millones de euros y otros 197,5 en 2016. Este ingreso supone cerca de un 2% del total de su presupuesto.

Castilla-La Mancha

Las bonificaciones en Castilla-La Mancha dependen de la cuantía de la base liquidable. Si es inferior a 175.000 euros, la bonificación es del 100% de la cuota tributaria. Si está entre dicha cantidad y los 225.000 euros, la bonificación es del 95% del impuesto. Hasta los 275.000% será del 90%. Se rebaja otro 5% para las cuantías hasta los 300.000 y de un 80% para los que superen esos límites.

Esta comunidad autónoma también cuenta con importantes bonificaciones en caso de minusvalía, que podrán llegar a ser del 95% cuando esta es igual o superior al 65%.

De eliminarse dicho impuesto, la comunidad podría dejar de ingresar los 70,7 millones de euros que recaudaron en 2017 o los 64,1 de 2016.

País Valencià

La bonificación en el País Valencià es del 75% para los descendientes y adoptados menores de 21 años, y del 50% para los descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes. Además, las personas que hereden y tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33%, se aplicará una reducción de 120.000 euros que se sumará a la anterior por parentesco.

El País Valencià, en donde la mayoría de los partidos políticos ya exigen una mejor financiación autonómica, sería otra de las regiones que verían su recaudación mermada ya que en 2017 ingresaron gracias a este tributo 248,7 millones de euros y otros 178,8 millones en 2016.

Extremadura

El ISD también ha sufrido modificaciones en el último año. Desde 2018, la bonificación alcanza el 99%, como en Murcia o la Comunidad de Madrid.

Antes de dicha reducción, este tributo consiguió recaudar 36,4 millones en 2017 y 42 en el periodo anterior. Cantidades que se verán fuertemente mermadas en los próximos periodos debida a la reducción realizada el año pasado.

Galicia

La reducción al impuesto en Galicia para los descendientes y adoptados menores de 21 años será de un millón de euros, incrementados en 100.000 euros por cada año que falte hasta los 21, con un límite de 1,5 millones de euros. Para mayores de 21 y menores de 25, la reducción disminuye a los 900.000 euros, menos 100.000 euros por cada año mayor de 21 hasta 24. Para los mayores de 25 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes será de 400.000 euros. Para discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 65% y cuyo patrimonio preexistente no supere los 3 millones de euros, tendrán una bonificación del 100%.

En Galicia los ingresos por dicho tributo ascendieron a 127,9 millones de euros en 2017 y a 136,2 en el periodo anterior.

Murcia

La Región de Murcia, al igual que Extremadura, prácticamente ha suprimido el impuesto al incrementar la bonificación hasta el 99% en 2018. Durante 2017, el gobierno murciano recaudó 61,2 millones de euros y 65,2 en el año anterior.

La Rioja

La Rioja es otra de las comunidades que prácticamente bonifica el pago íntegro del impuesto. Para las bases iguales o inferiores a 500.000 euros, la bonificación es del 99% y solo disminuye un punto, hasta el 98%, para cantidades superiores. En los periodos 2017 y 2016, La Rioja ha recaudado 21 y 14,8 millones de euros respectivamente.

Navarra

El ISD en Navarra tiene un gravamen diferente, al regirse por el régimen foral. En sucesiones se ha aprobado recientemente una tarifa para los cónyuges con un tipo del 0% hasta 250.000 euros. La cantidad que exceda tendrá una tarifa del 0,8%. También se ha formalizado una tarifa para ascendientes y descendientes en línea recta por consanguinidad con tipos del 2 al 16%.

En la Comunidad Foral se ingresaron 43,4 millones de euros en 2017 y otros 46,3 en el año anterior.

País Vasco

El Régimen Foral que también se aplica en el País Vasco está lleno de peculiaridades y exenciones. Estarán exentas las transmisiones de fincas destinadas a explotación agrícola, forestal o ganadera que el transmitente la lleve a cabo de manera personal. También las explotaciones agrarias o de una finca rústica, en favor de un agricultor joven o un asalariado agrario. También tendrán exenciones las herencia que correspondan a las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad.

En 2017, el País Vasco, con todas las peculiaridades del Régimen Foral, ingresó 117,9 millones de euros y 111 en 2016, siendo Vizcaya la provincia que más ingresó con 61,2 millones en 2017.

Ceuta y Melilla

Siendo entidades locales, Ceuta y Melilla tienen estatutos de autonomía que les dan potestad sobre muchos de los impuestos como si fueran CCAA. El ISD tiene una bonificación del 99% para el cónyuge, ascendientes o descendientes. Para el resto, la bonificación será del 50%.

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Hablemos de bajar impuestos

Vie, 24/05/2019 - 18:26

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Huawei y las bolsas de valores: Trump juega con fuego

Vie, 24/05/2019 - 11:19

Juan Torres lopez

En el capitalismo de nuestros días germinan crisis de muy diferente naturaleza que aparecen de forma recurrente. Unas son sistémicas porque cuando aparecen “contaminan” inevitablemente a todo el sistema. Así son las financieras porque afectan al dinero o crédito, sin el cual no puede funcionar la economía. Otras son estructurales, porque provienen de la naturaleza intrínseca del sistema capitalista. Por ejemplo, las que producen la desigualdad derivada de la mercantilización del trabajo (que periódicamente produce crisis de demanda por la caída de la masa salarial), o la ambiental, como consecuencia de mercantilizar también el uso de los recursos naturales, sometiendo la naturaleza al afán de lucro. Otras son de escala y características diferentes, producidas por una sola causa o por una conjunción de ellas, y pueden alcanzar una envergadura mayor o menor según que afecten a variables más o menos determinantes del funcionamiento o del equilibrio del sistema en su conjunto. Eso ocurrió con la de los años 70 del siglo pasado.

Como traté de demostrar en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, estos últimos, cuando se basan en el saber convencional, en la ortodoxia dominante, no suelen ser capaces de anticipar las crisis y de darles solución adecuada. Es así porque parten de premisas falsas y porque no utilizan métodos de análisis adecuados para poder entender lo que en realidad es la economía: un sistema complejo cuyo funcionamiento no se puede explicar con las herramientas simplistas de la teoría económica dominante .

En mi opinión, esta falta de acierto se está produciendo de nuevo en estos momentos: los economistas convencionales y las autoridades que se basan en sus opiniones intuyen que se aproxima una crisis importante pero están apuntando, otra vez, al lado equivocado. Creen que vendrá por la desaceleración de la actividad que se viene produciendo en los últimos meses o como resultado de otro zarpazo de volatilidad financiera, como el que provocó la de 2007-2008. Pero se equivocan.

Es cierto que la tendencia a la baja de la masa salarial y la extraordinaria concentración de la riqueza tiende a producir un deterioro progresivo de los mercados: ante una demanda debilitada se responde con reducción en la oferta y se genera así un círculo vicioso que antes o después estalla en forma de crisis. Y es cierto también que las grietas que provocaron la anterior crisis financiera no se han cerrado convenientemente, de modo que es seguro el sistema bancario mundial volverá a saltar antes o después. Pero yo creo que ninguno de estos peligros es inminente. Y otras crisis, como la ambiental o incluso la de la deuda, tampoco es probable que produzcan un efecto de colapso generalizado próximamente.

A mi juicio, donde se están concentrando todos los riesgos para producir una crisis global de grandes dimensiones a muy corto plazo es en las bolsas de valores y, por tanto, en el entramado empresarial que se extiende por todo el planeta.

Las bolsas se están convirtiendo en nuestro tiempo en una bomba de relojería por tres razones que expongo a continuación muy resumidamente.

La primera es de carácter más general. Las bolsas son mercados cuya función es la de proporcionar financiación a los operadores económicos. Cuando estos necesitan capital emiten títulos y los ahorradores o inversores los adquieren para obtener la rentabilidad que está asociada a ellos, bien como renta variable (cuando se trata de dividendos que reparten el beneficio de las empresas) o fija (cuando se trata de títulos que se emiten con un interés determinado a lo largo del tiempo). Esa función de capitalización es fundamental y hay que reconocer que es uno de los grandes logros del capitalismo pues permite acumular sumas de capital que generalmente sería imposible que pudieran obtener por sí mismos los propietarios originales o mayoritarios de las grandes empresas. Algo fundamental, por tanto, para acometer grandes negocios y la acumulación que necesita un sistema planetario como el nuestro.

Sin embargo, las bolsas han perdido desde hace años esa función y en lugar de servir para financiar a las empresas responden cada vez más a una lógica puramente especulativa que simplemente busca aprovecharse de los cambios de precios de los títulos y no de su rentabilidad intrínseca. En las bolsas actuales se compran o se venden títulos para volver a venderlos o comprarlos rápidamente, es decir, para especular con ellos con un criterio de cortísimo plazo muy distinto al que requiere la financiación empresarial y productiva.

Esto significa que la bolsas se han desnaturalizado, que funcionan para lo que no deben funcionar y eso es lo que explica que se produzcan crisis de reajuste tan a menudo.
Y yo creo que tenemos ante las puertas una nueva crisis de este tipo, pero de gran amplitud, porque este proceso de desnaturalización se ha agudizado extraordinaria e incluso excesivamente en los últimos tiempos.

La segunda razón que ha provocado que la desnaturalización de las bolsas se hayan exagerado hasta el punto de que están a paso de estallar es que las grandes empresas vienen utilizándolas para comprar sus propias acciones, unas veces utilizando sus grandes beneficios para ello y generalmente endeudándose gracias a los tipos de interés muy bajos. En los últimos cinco años, las 500 mayores empresas de Estados Unidos realizaron ese tipo de compras por valor de 2,9 billones de dólares, y en 2018 por 1 billón. Esas compras (técnicamente denominadas buy back) han sido las responsables de que las cotizaciones de esas acciones estén exageradamente elevadas y que el índice S&P500 (el de las 500 más grandes empresas que cotizan en bolsa) haya registrado una impresionante subida del 300% desde 2009 a finales de 2018. Más bien antes que después, más pronto que tarde, quizá ya mismo, esas compras dejarán de realizarse y las bolsas caerán estrepitosamente, arrastrando tras de sí a docenas de las más grandes empresas del globo.

La tercera razón que ha producido la exagerada desnaturalización de las bolsas es la generalización de las llamadas operaciones de alta frecuencia. Estas son las compras y ventas de títulos de todo tipo que no realizan los seres humanos sino algoritmos en ordenadores muy potentes que operan a velocidades que resulta muy difícil de asimilar. Este tipo de operaciones representan ya entre el 60% y el 80% de todas las que se realizan en las principales bolsas y mercados financieros del mundo. Y para que los lectores se hagan una idea de qué significa operar a la velocidad en que se compra y se vende hoy día  baste un simple cálculo: imagine que se compra una acción por 1.000 euros y que se vende a 1.001 euros pero que eso se hace 10.000 veces por cada segundo, que es la velocidad a la que pueden realizarse esas operaciones (hay quien dice que no son 10.000 veces sino incluso millones de veces…). Y para entender lo que esto lleva consigo y lo que puede suponer el actuar más rápido cada vez, téngase en cuenta que una conexión a la red que sea solo un milisegundo más rápida que la de la competencia podría aumentar las ganancias de una firma de alta velocidad en unos 100 millones de dólares al año.

Las consecuencias del predominio de este tipo de operaciones son muy variadas pero señalaré sólo dos. Una, que se alimentan burbujas continuadamente (préstamos estudiantiles, pensiones, la inmobiliaria que no cesa, o la más letal de la deuda…). Y otra que, aunque todos los algoritmos están preparados para ganar, es materialmente imposible que siempre ganen todos o que todos los mercados estén en alza permanentemente. Y ambas circunstancias nos llevan a lo mismo que dije antes: más bien antes que después… se producirá una caída generalizada en las bolsas. Dicen que los reguladores necesitarían entre diez y quince minutos para detener una instantánea pero yo no creo que eso esté siempre asegurado. Y, en todo caso, piensen en lo que sucedería si la caída se produce justo antes del cierre, o si se produce una detrás de otra.

¿Cuándo puede suceder algo así? ¿Cuándo se producirá el reajuste de unas bolsas mundiales desnaturalizadas? ¿Cuándo estallarán las burbujas? ¿cuándo provocará un caos la lógica insostenible de los algoritmos sin control?… No lo sabemos pero lo que sí es seguro es que el fuego se extiende cuando salta una chispa y que en los últimos meses se están encendiendo varias cada dos por tres. La última, el ataque de Trump a Huawei. Es un paso más en la guerra comercial y tecnológica y ya así tiene importancia. Pero yo lo contemplo ahora como un posible factor de desestabilización en bolsas que están ya de por sí muy altamente desestabilizadas, tal y como acabo de explicar.

Si es así, si provoca que empiecen a caer las cotizaciones, si se frena el buy back, si hace que estalle alguna burbuja… estaremos a las puertas de la próxima crisis, de naturaleza y efectos diferentes a la anterior. Su modo de difusión y sus consecuencias las comentaré en un próximo artículo. Pero, de momento y para que este artículo termine con una imprescindible visión esperanzadora, no se olvide que, como escribí hace unos días, también detrás de las crisis hay Una gran oportunidad.

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¡SON LAS FINANZAS ESTÚPIDOS!

Mié, 22/05/2019 - 19:14
Antonio Fuertes – Attac Acordem Decía mi padre que en su vida había visto desde el arado romano y la hoz a la cosechadora-trilladora-empaquetadora. Él, como muchos otros, dejó la tierra por otros horizontes en la ciudad. Esto fue debido al desarrollo de la mecanización agraria y a la llamada revolución verde. Los que quedaron en el campo hubieron de financiar la necesaria tecnología, los que se fueron a la ciudad acabaron hipotecándose la vida. Los años 60 suponen un gran cambio sociológico, el del crecimiento de las ciudades y el inicio de la España vaciada. Constituyen al mismo tiempo el despegue del sector financiero, apoyado en la capitalización necesaria de la industria en el nuevo ordenamiento territorial. El capital bancario pasa a ser prioritario ante el industrial en el proceso de acumulación, ya que los bancos son los mayores accionistas de las empresas y es en el desarrollo de las metrópolis donde la banca genera sus mayores activos. En las últimas décadas hemos vivido la internacionalización de las grandes empresas, convirtiéndose en multinacionales. La competencia global ha supuesto la lucha de las corporaciones por ganar cuotas de mercado en una jungla donde sólo las mayores sobreviven. El proceso acaba con el libre mercado, creándose oligopolios que fijan condiciones y precios en los intercambios. El desarrollo meteórico de las ciudades y del progreso material, no hubiera sido posible en base únicamente al ahorro y la acumulación generada por el trabajo asalariado. Para lanzar la actividad económica y acelerar la acumulación de capital hizo falta el desarrollo de lo que Marx llamó el capital ficticio, que se forma de la nada en los mercados bancarios o bursátiles. Se encuentra fundamentalmente en el dinero del crédito, valores de deuda pública y acciones. El resultado de su creación, en principio es incierto. Creado para lanzar proyectos que generan expectativas económicas, no siempre las expectativas se cumplen, significa siempre un riesgo asumido. El capital ficticio ha alimentado una doble competitividad en el crecimiento, la de las empresas por prevalecer y aumentar cuotas de mercado y la de los países por el crecimiento de su PIB. Es el desarrollo de esta competitividad la que ha generado la obsesión del sistema capitalista por el crecimiento, un crecimiento acompañado de una profunda brecha de desigualdad, la extinción de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la generación continua de riesgos. La actual crisis la provocó la codicia sin límite del capital financiero, que en su innovación continua y apalancado en la ingeniería financiera y la especulación, ha generado nuevos riesgos.  Según el Banco internacional de pagos de Basilea, menos del 2% de transacciones monetarias se producen en la economía real, el resto en la economía especulativa. Estos riesgos se trasladan a través de los productos derivados al conjunto del sistema financiero generando inestabilidad y burbujas que estallan suponiendo graves problemas económicos y sociales. Los fondos financieros, que apenas tienen regulación y control, se suelen ubicar en paraísos fiscales, alimentando la peligrosa banca en la sombra y han reemplazado en parte a la banca como accionistas de las grandes empresas. La banca cobraba dividendos por sus participaciones en empresas bajo su control, hoy los fondos invierten en empresas mientras pueden servirse de ellas y obtener beneficio, sin ninguna lealtad cuando no los obtienen. Estos fondos tienen enormes proporciones, el fondo BlackRock gestiona 6,3 billones $ en activos, mucho más dinero que el banco más grande, el ICBC chino. Aumenta la deriva neoliberal en las finanzas con la competencia, la liberalización de capitales y la falta de regulación y control político. Sin embargo, la mayoría de mensajes y prácticas políticas tratan de convencernos de que atraer a los inversores es un objetivo político de primera necesidad. Renunciando a controlar y regular los mercados financieros, han convertido el interés del capital financiero de mercadear con la vida material y los recursos del planeta, en interés general. La mayoría de afectados por las crisis del capitalismo se vienen convirtiendo en sujetos políticos fragmentados y reivindican que los estados satisfagan sus necesidades. Sin embargo, los estados hace tiempo vendieron o cedieron su soberanía al capital. Hoy la lucha emancipadora y por salvar el planeta pasa necesariamente por integrar las luchas dispersas en una central contra el poder financiero.
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Todo el crecimiento de la deuda pública en la UE desde 1995 corresponde a intereses

Mar, 21/05/2019 - 22:35
Juan Torres
nuevatribuna

La oficina estadística europea, Eurostat, publicó el mes pasado los últimos datos oficiales sobre la deuda pública en la Unión Europea.

A finales de 2018, la deuda total acumulada por los gobiernos de los 28 país miembros sumaba 12,7 billones de euros y el de los países de la UE(19) 9,86 billones. En el primer caso, fueron 136.000 millones más que en 2017 y en el segundo 99.000 millones, es decir, que creció más o menos un 1% anual.

Por otro lado, la cantidad pagada por los gobiernos en concepto de intereses en 2018 fue de 293.983,2 millones de euros en la UE(28) y de 213.177,5 millones en la UE(19).

Pero lo más interesante es comparar el aumento de la deuda pública europea con la suma pagada por intereses a lo largo del tiempo.

Según los datos históricos de Eurostat, desde 1995 -año en que comienzan a proporcionarse datos para la UE(19)- hasta 2018, la deuda total aumentó en 5,79 billones de euros y durante esos años se pagaron 6,4 billones de euros en intereses. Es decir, el 110,6%. Lo que significa que no sólo la totalidad del crecimiento que ha tenido la deuda pública europea en los últimos 18 años, sino incluso un poco más, corresponde al pago de intereses.

En España, ese porcentaje ha sido menor pero también muy elevado. En el mismo periodo, la deuda pública aumentó en 877.503 millones de euros y se pagaron un total de 569.592 millones de euros en intereses, lo que representa el 64,9% del incremento de nuestra deuda pública.

Dicho de otra manera: si los gobiernos europeos hubieran tenido acceso a la financiación del Banco Central Europeo, que crea el dinero de la nada y puede prestarlo, por tanto, sin interés, la deuda pública europea no constituiría ningún tipo de problema para los gobiernos.

 

Muchos lectores se preguntarán la razón de por qué el BCE no hace eso y evita que las familias y las empresas tengan que soportar la pesada carga fiscal que tienen que soportar para pagar intereses. Y la respuesta es obvia: al impedir legalmente que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos, se obliga a que éstos tengan que recurrir a la banca privada en condiciones mucho más onerosas para el resto de la economía pero extraordinariamente rentables para las entidades financieras . Sobre todo, si se tiene en cuenta que el dinero que los bancos privados prestan a los gobiernos a los tipos de interés más altos posibles o lo crean de la nada o es el mismo que vienen recibiendo del Banco Central Europeo prácticamente a tipo de interés cero.

Otras personas que lean esto quizá piensen que si el Banco Central Europeo financiara sin interés a los gobiernos lo que iban a provocar es que los gobiernos se desmadrasen y aumentaran su financiación sin límite, provocando un endeudamiento innecesario y gravísimos problemas económicos, en concreto, grandes subidas de precios. Pero eso es algo que no tendría por qué producirse simplemente si el BCE establece criterios de crédito rígidos y racionales que garanticen que su uso es el adecuado y no el caprichoso que pudieran imponer los gobiernos si manejaran al banco central a su antojo, algo que ni ocurre ni tiene por qué ocurrir.

De hecho, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que la deuda pública se ha disparado justamente cuando los bancos centrales han dejado de financiar a los gobiernos.

Como es sabido, el Banco Central Europeo ha inyectado en los últimos años casi 2,6 billones de euros para apoyar a los mercados financieros y para financiar a los gobiernos. Pero como lo ha hecho de una forma más bien indirecta y torticera (comprando los bonos de los gobiernos en los mercados en lugar de hacerlo directamente, por las claras y con menos coste) al final no ha logrado reducir la deuda pública europea. Es verdad que ha evitado problemas mayores, pero no ha conseguido una reactivación eficaz y eficiente de las economía ni un saneamiento efectivo de las finanzas gubernamentales. Y, sobe todo, se ha demostrado que si financia a los gobiernos (aunque sea de modo tan imperfecto) la economía se recupera antes y la deuda crece menos que si no lo hace.

Ahora que estamos en plena campaña de elecciones europeas es más necesario que nunca tener presente todo esto. Las ciudadanía debería saber que tira su voto si lo concede a partidos que no se planteen, al menos, denunciar esta tremenda irracionalidad que solo se lleva a cabo para beneficiar a la banca privada.

Es imprescindible reclamar que el Banco Central Europeo desempeñe otra función en Europa, que sea un instrumento para alcanzar no sólo estabilidad en los precios, que es muy importante, sino también pleno empleo y bienestar y un modelo de crecimiento económico que no esté basado en el incremento constante de la deuda (es decir, en el exclusivo beneficio de los bancos).

Es esencial que el BCE se convierta en el financiador de los gobiernos europeos precisamente ¡¡¡para reducir su deuda!!!!, para seguir que siga aumentando como una bomba de relojería, que es lo que viene ocurriendo cuando se obliga a que los gobiernos se financien en mercados controlados por los oferentes de crédito.

Es inaplazable que el BCE ponga en marcha un plan de reestructuración de la deuda pública en Europa para aliviar la carga fiscal que deben soportar los hogares y las empresas. Podría, por ejemplo, comprar la deuda pública que supere el 60% del PIB y transformarla en deuda perpetua, liberando así moles de millones de euros para poder invertir en la economía productiva.

Es fundamental que el BCE deje de actuar como impulsor de la creación de deuda. Debe ser el financiador del progreso y la garantía del desendeudamiento de los gobiernos europeos.

No se trata de pedir que la autoridad monetaria inyecte dinero sin criterio y que multiplique el crédito sin límite. ¡No! Es justo al revés. Se trata de todo lo contrario. Hay que acabar con lo que ocurre ahora, precisamente porque los bancos ganan dinero prestando y lo que hacen es corromper a las autoridades y fomentar políticas públicas que obliguen a recurrir al crédito en la mayor medida de lo posible sólo para expandir su negocio que es el aumento de la deuda. Y para ello lo que debe hacer el BCE es garantizar que la financiación, que es como la sangre imprescindible para la vida económica, fluya cuando sea preciso, en la cantidad necesaria y sin provocar más problemas que los que viene a resolver. La deuda es una esclavitud y lo que hay que reclamar es poner fin a un modelo económico basado en su crecimiento ilimitado (algo, además, que es materialmente imposible que ocurra y por eso las crisis son cada vez más recurrentes).

Hay que votar sin falta el próximo día 26 pero hay que hacerlo bien y votar a los partidos que lleven en su programa este tipo de cambios en el Banco Central Europeo porque, si no lo llevan, será materialmente imposible que se puedan realizar las propuestas de bienestar o de políticas alternativas que les ofrezcan.

NOTA FINAL:

Se podrían poner muchos ejemplos que prueban que la deuda pública se disparó precisamente cuando los bancos centrales dejaron de financiar a los gobiernos para abrir las puertas al gran negocio bancario. Pondré solamente los dos siguientes referidos a Canadá y Francia. En las dos gráficas se comprueba cómo se disparan la deuda total y la carga de los intereses justo a partir de 1974 y 1973, respectivamente, los años en que se estableció que el Banco de Canadá y el Banco de Francia dejaran ya de financiar a sus gobiernos.

Evolución de la deuda pública de Canadá:

Evolución de los intereses pagados por Francia por la financiación de su deuda pública:

Categorías: Attac Planet

La gentrificación del pago: la extensión de la red financiera digital

Lun, 20/05/2019 - 10:54

BRETT SCOTT
elsalto

Hay un fenómeno que se desarrolla lentamente por todo el mundo. Tendrá graves consecuencias, pero muy pocas personas son conscientes de ello, quizá porque supone algo aparentemente trivial y benigno: la extensión del pago digital. No sólo ocurre en las ciudades principales de los países más económicamente desarrollados, sino también en los más pobres, a menudo con la ayuda de los programas de ‘inclusión financiera’ de las organizaciones de desarrollo internacional, en compañía de las instituciones financieras más relevantes.

El crecimiento del pago digital —a veces bajo las etiquetas de ‘e-money’ o ‘dinero móvil’—, vinculado a la eliminación gradual del dinero físico, da a las instituciones financieras y a los gobiernos nuevos medios de supervisión financiera y control a una escala nunca vista. Según argumentaré, este fenómeno puede ser visto como la gentrificación del pago.

El término ‘gentrificación’ suele remitir a los procesos urbanos en los que una comunidad marginada, a menudo caracterizada por sus redes de economía informal, sus mercadillos callejeros y su clima de dureza, ve cómo sus espacios de vida se ven paulatinamente reducidos por la aparición de recién llegados más pudientes, que los encarecen y que usan su comunidad como asentamiento para nuevos mercados formales.

Este proceso pone en marcha una ‘limpieza’ de la informalidad, en la que los recién llegados, atraídos por ciertas expresiones deseables de la comunidad como la música o el clima festivo, eliminan los elementos amenazantes que acompañan la precariedad original: las bandas, los pequeños traficantes o los mercadillos callejeros.

El proceso de gentrificación del barrio termina con el vaciado de la comunidad original, la neutralización del riesgo que representa para la gente más pudiente y la aparición de una imitación inofensiva de esa comunidad, con propietarios de la élite de los negocios y enormes instituciones de fondo.

Puede que todo comience con la sustitución de los pequeños talleres artesanales por tiendas de ropa hipster, pero termina necesariamente con las franquicias apareciendo y reemplazándolo todo, desde las charcuterías familiares a los centros religiosos comunitarios.

Cuando miramos de lejos y generalizamos, la ‘gentrificación’ aparece simplemente como el proceso por el que las redes comunitarias informales e impredecibles, potencialmente peligrosas para el interés de los negocios hegemónicos, son sustituidas por estructuras empresariales formales, estandarizadas y predecibles acompañadas de un aire de ‘amabilidad cool’ y comodidad. La figura del ‘consumidor’ que busca una ‘experiencia de compra’ en un centro comercial reemplaza al miembro de la comunidad buscando sentimiento de pertenencia en redes de amistad, de familia y de compañeros.

¿Qué tiene esto que ver con el pago? El efectivo es una forma de pago vinculada desde hace mucho con las clases más bajas de las economías poscoloniales —la lonja de Maputo, los peluqueros clandestinos de Bombay, el comerciante de manualidades andino…— que emiten los Estados pero se escapa fácilmente de su control más directo. El pago digital, sin embargo, es el dominio de las empresas financieras transnacionales, y no se puede separar ni escapar de ellas. Utilizar —o ser obligado a utilizar— el pago digital supone entrar en su esfera de poder e influencia.

En todo proceso de gentrificación, los desposeídos se apoyan en estructuras informales, o adoptan una identidad, significado y sentido de pertenencia al usar esas estructuras. Sin embargo, desde la perspectiva de las grandes instituciones, estas personas suelen ser vistas de forma implícita como subdesarrollados, incluso criminales, que tratan de escapar de la mirada benevolente y responsable de las instituciones sin las que estarían mejor.

La comunidad de la inclusión financiera, cuyo fin es llevar los servicios financieros formales a la gente sin acceso a ellos, gusta de presentarse como un agente de empoderamiento social, pero a menudo se apega más a los intereses del gran mercado financiero y tecnológico. Una simple búsqueda en Google Imágenes de «inclusión financiera África» muestra incontables imágenes promocionales de mujeres campesinas sonriendo frente a la pantalla de sus móviles, buscando una aplicación creada por algún grupo lejano de hombres de alguna ciudad grande, y vinculada a un centro de datos que monitoriza y rastrea sus acciones con el fin de encontrar oportunidades económicas.

LOS TECNICISMOS DEL PAGO

Para desmenuzar esto, antes hay que entrar en los fundamentos. Las economías de mercado modernas reciben a diario una infinidad de interacciones sociales básicas. Dos personas se encuentran en un puesto del mercado; una de ellas le entrega algo específico e inmediato ─ya sean plátanos, una tostadora artesanal o un servicio concreto─, y la otra le da algo general y dirigido al futuro: dinero físico, que le dará acceso a un abanico de potenciales bienes y servicios de parte de terceros.

 

Si nos alejamos, podremos ver una vasta red interdependiente de personas y empresas que desplazan bienes y servicios reales en una dirección, e intercambios de dinero físico en la otra. Todos estamos enredados en, y dependemos de, esas redes del mercado monetario.

La mayoría de gente usa la divisa nacional, dinero efectivo que sólo funciona en un área geográfica concreta. Estas divisas nacionales tienen fundamentalmente dos formas. En primer lugar el dinero en efectivo, físico, acuñado por instituciones vinculadas al Estado, como los bancos centrales y la tesorería del Gobierno; en segundo lugar, los depósitos bancarios digitales, el ‘dinero’ que vemos en nuestra cuenta bancaria.

Esta moneda digital es legalmente distinta del efectivo. Son pagarés privados que emite un banco, con la promesa de que accedas a la divisa nacional. Ir al cajero para sacar efectivo es, entonces, convertir los pagarés de tu cuenta bancaria en lo que te han prometido. Además, podemos transferir esos pagarés a otras entidades por medio de transferencias bancarias.

El ‘dinero bancario’, es decir, los depósitos digitales, es distinto al ‘dinero del Estado’ (efectivo), pero aun así los manejamos como si fueran funcionalmente equivalentes: hay muchos lugares en los que puedo entrar a una tienda y pagar ‘en efectivo o con tarjeta’. Sin embargo, el dinero bancario no es distinto al dinero acuñado por el Estado sólo legalmente, sino también tecnológicamente —en su implementación— y vivencialmente —en su ‘tacto’, psicología, en la forma en la que interactuamos con él—.

 

El dinero físico consiste en objetos producidos por una casa de la moneda, y las transacciones con él implican fundamentalmente a sólo dos personas. Entrego efectivo en una tienda, y a cambio recibo una chaqueta. Podríamos querer efectuar la transacción más adelante, y en ese caso nos podríamos quedar con algún registro, como por ejemplo una factura; pero, en principio, sólo son necesarias dos personas para este intercambio.

El dinero bancario, por otro lado, toma forma de ‘objetos-dato’, de unidades registradas en una base de datos controlada por bancos comerciales. Puedo llevar conmigo efectivo, pero no este otro dinero: se mantiene como información en el centro de datos de mi banco, y la única forma de ‘moverlo’ a otra persona es contactando con mi banco para pedirles que lo carguen en mi cuenta y lo abonen en la cuenta de la persona que recibe el dinero.

Hoy en día hay toda una plétora de dispositivos y aplicaciones de pago digital, pero el esquema básico de las transacciones económicas digitales cuenta con cuatro elementos predecibles:

  1. Necesitas una cuenta bancaria.
  2. Necesitas un modo de demostrar quién eres y que eres el legítimo propietario de la cuenta.
  3. Necesitas un modo de mandar mensajes seguros al centro de datos de tu banco para iniciar la transacción.
  4. El vendedor necesita un modo de recibir la confirmación del pago.

Estos elementos pueden implementarse de diferentes formas. Por ejemplo, puedo insertar una tarjeta de crédito Visa en la terminal de un punto de venta de un supermercado e introducir un código PIN, después de lo cual la terminal enviará mis datos (a través del sistema Visa) y la petición de mi transferencia a mi banco. Puedo acceder a una aplicación de pagos usando un lector de huellas dactilares en mi móvil, y escanear entonces un código QR que me dé los datos del vendedor. O puedo usar una aplicación de Apple Play vinculada a mi tarjeta de crédito.

El proceso puede implicar distintos niveles de instituciones intermediarias, desde empresas de telecomunicaciones a redes de tarjetas de crédito, pero en última instancia es lo mismo: mi banco (o un proveedor secundario que use un banco para compensar las transacciones) recibe una petición para alterar mi cuenta.

Incluso cuando parece que los bancos no están involucrados, lo están. Servicios como PayPal, o M-Pesa en Kenya, o Paytm en la India, o WeChat en China, son fundamentalmente nuevas capas construidas sobre el sistema económico bancario, o negocios en colaboración con los bancos, o intermediarios entre un banco y tú. Puedes tener cuentas en estos servicios, pero a su vez ellos tendrán cuentas con bancos.

LA DINÁMICA PSICOLÓGICA

Aunque podríamos utilizar tanto dinero efectivo como digital para conseguir lo mismo —comprar algo en una tienda—, cada cual tiene características técnicas y empíricas distintas, que suponen una diferencia muy relevante. Generalmente, cuando se le pide a la gente que describa esa diferencia, se fijan en las propiedades más inmediatas: opinarán sobre cuál es más rápido, más adecuado o más fácil de usar en el momento del intercambio, o sobre cuál es culturalmente más relevante, o cuál parece más seguro. Si lo han pensado más, podrían hacer observaciones más profundas sobre sus implicaciones psicológicas. Por ejemplo, quizá crean que gastan más al usar dinero digital, porque parece ‘menos real’.

 

Es importante estudiar todas esas características, pero están sobrerrepresentadas hasta el extremo en los debates sobre las bondades del pago digital. La diferencia más importante entre el dinero efectivo y el dinero bancario no es tan trivial como cuál de ellos es más rápido. Más bien se trata de la diferencia tecnológica o estructural.

El dinero efectivo es un ‘instrumento del portador’ que no necesita de terceras partes para intermediar entre un comprador y un vendedor, mientras que el dinero digital es un sistema de ‘dinero de libro de cuentas’, que exige varios terceros para intermediar. A menudo parece que la gente no sea consciente de esto, o crea que es irrelevante, quizá porque esa intermediación suela ocurrir tan rápido que no nos damos cuenta, como un misterioso proceso de fondo que funciona ‘como magia’. Sin embargo, es en ese proceso donde surgen las políticas y posibilidades más importantes del pago digital.

POLÍTICAS Y POSIBILIDADES DE LA INTERMEDIACIÓN A DISTANCIA

Entonces, ¿cuáles son esas políticas y posibilidades? La naturaleza remota e intermediada del pago digital produce determinadas características iniciales:

 

  • Si te encuentras lejos de la persona con la que estás tratando de negociar, pero tienes acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, puedes pagar sin estar físicamente cerca de ella. Es por esto que el pago digital es idóneo para el comercio por internet, pero también para otras muchas circunstancias en las que se deben suministrar los bienes a distancia. Por ejemplo, un vendedor ambulante podría querer adquirir bienes de un mayorista en los alrededores de una ciudad, sin tener que dejar su puesto para llevar a cabo una transferencia personal de efectivo.
  • Si la infraestructura de distribución de efectivo ha quebrado, no funciona adecuadamente o está muy poco desarrollada (p.e., un pueblo con sólo un cajero roto), aún se podría pagar simplemente teniendo acceso a las telecomunicaciones.
  • La ausencia de dinero físico significa que es hipotéticamente ‘más seguro’ (suponiendo que no se está sujeto a fraude o pirateo de tu cuenta digital).

La comunidad financiera convencional se centra inicialmente en esta clase de características. Estas comunidades incluyen grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Omidyar Network, el CGAP [siglas en inglés de Grupo de Consultoría para Apoyar a los Pobres], la Better Than Cash Alliance (“Alianza Mejor que el Efectivo”), y muchas otras que presentan el dinero digital como más seguro o adecuado a los consumidores, y más eficiente para los vendedores (que potencialmente procesarían más transacciones de forma más segura).

Los académicos del sector han estudiado las dinámicas psicológicas e interpersonales de tener el dinero en mano en comparación a tenerlo en centros de datos bancarios, mientras que varias start-ups de tecnología financiera subrayan los costes aparentemente menores de la oferta de infraestructuras digitales de cara a alcanzar áreas rurales en las que puede no haber cajeros ni sucursales bancarias.

En general, estos grupos quieren un mundo en el que el pago digital supere las limitaciones del físico para permitir la expansión de oportunidades de comercio. La tendencia fundamental ha sido el lanzamiento de las tecnologías financieras como un agente de inclusión financiera y crecimiento económico, ya sea proveyendo a la gente ‘de debajo de la pirámide’ de alguna herramienta básica para evitar las dificultades relacionadas con el dinero en efectivo, ya sea dándole acceso a los beneficios de una economía digital de la que, de otro modo, sería excluida.

LA EXTENSIÓN DE LA RED DIGITAL

El relato de la ‘inclusión’ se narra fundamentalmente a través de la modernidad aspiracional. El relato es, a grandes rasgos, como sigue:

La riqueza, la sofisticación y el desarrollo están relacionados con el acceso a las tecnologías más modernas, y estas son todas digitales. Los habitantes de las grandes ciudades ricas son las primeras en adoptar esas tecnologías, y se encuentran en lo alto de la economía global digital que beneficia a un exclusivo grupo internacional. El objetivo debe ser, entonces, darle a los demás las herramientas para entrar en ese grupo y compartir los beneficios.

La historia está implícita en muchos reportajes, discursos políticos y anuncios de empresas en torno a la tecnología financiera, y es muy atractiva.

Pero ‘inclusión’ es un concepto escurridizo. Por ejemplo, imaginemos que hay un club exclusivo, en el que tienes que estar afiliado para entrar. Algunos son incluidos y otros excluidos. Fomentar la ‘inclusión’ puede suponer dos cosas, en este contexto. Puede suponer relajar los requisitos de afiliación para permitir entrar a más gente; o bien puede suponer que se mantengan esos requisitos, al tiempo que se trata de ayudar a entrar a las personas dándole herramientas y formación para ello.

Consideremos, por ejemplo, el debate en el Reino Unido en torno a cómo incluir a los grupos más marginados en las principales Universidades, como Oxford y Cambridge. Se reconoce implícitamente que la dirección política y el sistema económico del Reino Unido están dominados por élites socioeconómicas de ambas universidades; pero en vez de romper con ese elitismo estructural, los esfuerzos se concentran en cómo un abanico algo más diverso de gente entra en esas élites.

La inclusión financiera tiene un problema parecido. Se reconoce implícitamente que la economía global se caracteriza por la desigualdad jerárquica, con una jerarquía geopolítica de naciones y una jerarquía de divisiones de clase en cada uno de esos países. En la cima están las clases profesionales urbanas en las ciudades principales, como Nueva York, San Francisco, Londres, Tokio y demás, y sobre todo aquellas que están en los círculos tanto tecnológicos como financieros.

En general no se discute que la economía digital dominante que presiden sea algo bueno, y el objetivo no es terminar con las jerarquías fundamentales en ella. Más bien, el objetivo de la ‘inclusión’ es incorporar más personas a la red digital, pero en la posición de subordinación de quien acepta y utiliza pasivamente la tecnología desarrollada en las principales ciudades globales.

Si asumes que extender la dependencia del pago digital es bueno, hay muchas oportunidades a considerar:

  • Dar a la población acceso a cuentas bancarias o, alternativamente, a cuentas con proveedores de pagos digitales sustentadas en el sector bancario.
  • Ofrecer medios para comunicarse con esas instituciones a distancia a través de dispositivos digitales y móviles, aplicaciones y demás.
  • Proporcionar nuevos medios para demostrar quién se es (verificación de identidad) al abrir cuentas o al comunicarse con los bancos o las empresas que hospedan esas fichas.
  • Eliminar gradualmente los medios alternativos de pago: el efectivo.

Algunas de las historias más controvertidas del sur global están relacionadas con este proceso. Un ejemplo conocido es el programa de ‘desmonetización’ del Gobierno indio en 2016, en el que se retiraban de la circulación los billetes, lo que causó una enorme alteración económica para muchas personas pobres que se apoyaban en el efectivo.

 

El Gobierno de Modi presentó el programa, en un principio, como una medida para luchar contra el ‘dinero negro’, la corrupción y el crimen, pero luego el relato cambió al de la modernidad digital aspiracional, un cuento sobre el adecuado, brillante y deseable futuro sin dinero físico al que la gente sería empujada, les guste o no.

Al día siguiente de que el Gobierno de Modi anunciara el programa, las empresas de pago digital iniciaron una carrera de seducción en los anuncios de las portadas de los periódicos, elogiando esta política. Por ejemplo, Paytm cubrió la portada del Times of India y el Hindustan Times con un anuncio: “¡Paytm felicita al Honorable Primer Ministro Sh. Narendra Modi por tomar la acción más decisiva de la historia financiera de la India independiente! ¡Únanse a la revolución!”

El colosal programa biométrico indio —el más grande del mundo—, Aadhar, también defiende ese mensaje en términos de inclusión financiera y modernización: la población debe verificar su identidad para abrir una cuenta de pago digital, y la biométrica se presenta como una posibilidad para la gente analfabeta o marginalizada.

El discurso oficial del gobierno indio se acerca mucho a los intereses comerciales del sector digital financiero, y estos son dos de tantísimos programas en todo el mundo para fomentar el cambio hacia el pago digital y la banca, que cruzan con infinidad de campañas privadas en la misma dirección, a menudo con apoyo de las principales instituciones internacionales de desarrollo.

Allí donde los servicios bancarios se encuentran poco desarrollados entre las comunidades más pobres, ha habido un intento de ‘saltarse’ a la banca tradicional mediante intermediarios móviles conectados a la infraestructura bancaria. Por ejemplo, M-Pesa en Kenya fue fabricado a partir de las redes móviles de Safaricom: buena parte de la población tenía tarjetas sim pero no cuenta bancaria, por lo que la estrategia era convertir el número de móvil en un equivalente del número de cuenta bancaria, mientras que la empresa de comunicaciones conectaba por su parte con el sector bancario.

EL CONTROL DIGITAL

En estos esfuerzos entusiastas por la inclusión financiera digital, curiosamente, se han pasado por alto —o planteado como exclusivamente positivas— toda una serie de características clave del pago digital. La intermediación propia del dinero digital implica que:

 

  • Los intermediarios pueden ver tus transacciones y recoger información sobre tus actividades económicas cotidianas.
  • Los intermediarios pueden bloquear tus transacciones.
  • Como no posees físicamente el dinero, las instituciones pueden expropiarlo o congelarlo.
  • Si la infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones falla, o si los intermediarios sufren un fallo en su hardware o software, puedes ser expulsado.
  • La conexión digital propia de la infraestructura es susceptible de ciberataques y diferentes formas de pirateo.
  • Aunque el discurso popular en la industria de las tecnologías financieras es que la gente opta ‘voluntariamente’ por el pago digital, visto de cerca el asunto resulta mucho menos claro.

Dicho sin rodeos, el pago digital favorece un nuevo y vasto horizonte de vigilancia y control financieros, al tiempo que expone los usuarios a nuevos riesgos que no existen en la infraestructura del pago físico.

 

En principio, los promotores de las finanzas digitales evitaron una reflexión crítica sobre estas posibilidades negativas, ya que la primera etapa de la mayoría de estos productos es ‘adicional’: los servicios digitales son añadidos a la situación del momento, así que se comienzan presentando como una excitante ‘nueva opción’. Por ejemplo, una economía que antes sólo tuviera acceso al efectivo adquiere una opción digital, que abre todo un abanico de nuevas posibilidades creativas.

Estas nuevas posibilidades pueden usarse para evitar algunos de los viejos problemas, aunque introduzcan algunos nuevos, o también pueden presentar la forma anterior como un ‘problema’, en comparación (por usar una analogía: nadie vería un problema en utilizar una hoguera para calentarse, hasta que su vecino tiene electricidad). En consecuencia, la suma es entendida en general como algo positivo.

Sólo en las etapas posteriores, cuando se establece una forma nueva y se extiende lo suficiente como para comenzar a asfixiar los sistemas antiguos, comienza a adquirir un poder de ‘monopolio’. En el caso del pago digital, este proceso de ‘extensión monopolística’ se ha alimentado de varios factores. Aunque el discurso popular en la industria de las tecnologías financieras es que la gente opta ‘voluntariamente’ por el pago digital, visto de cerca el asunto resulta mucho menos claro.

  1. Al principio, podemos ver esfuerzos políticos dirigidos a demonizar el dinero en efectivo con propaganda directa, a veces por parte del Estado (como es el caso del Gobierno de Modi en India), pero también por grandes empresas del sector, como Visa, cuyos intereses comerciales incluyen librarse del dinero físico. Por ejemplo, en un comunicado de prensa de 2016, Visa manifestó abiertamente que tenía una “estrategia a largo plazo para disminuir el efectivo para 2020”.
  2. Después, se trata de incentivar el pago digital. Por ejemplo, Visa tiene un programa de recompensa a los pequeños negocios de moda, como cafeterías en áreas urbanas clave, para que “dejen de usar efectivo”, y por ende extiendan el mensaje y las normas del pago digital a sus clientes (los cuales podrían incluir, por ejemplo, comunicadores sobre tecnología e innovación, expertos en medios y consultores, que popularizarían más el mensaje).
  3. Luego, se intenta dificultar el uso del dinero metálico, lo que supone hacer del uso digital algo relativamente atractivo, inspirando a la población a ‘elegirlo’. Por ejemplo, cuando la banca cierra cajeros, haciendo el efectivo más incómodo.
  4. En adelante, las compañías y los cuerpos estatales tratan de introducir y mejorar la infraestructura para hacer el pago digital más viable y atractivo.

Estos procesos tienen muchas consecuencias sutiles y formas de retroalimentación. Conforme comienza a cambiar el entorno económico y cultural en favor de la digitalización, las empresas beneficiadas y los Estados usan este cambio como argumento para convencer de su uso incluso a la gente que no quiere usarlo.

Conforme se deriva más inversión a los servicios financieros y menos a las ramas no digitales, se comienza a penalizar —relativamente— a la gente que sigue usando dinero en metálico, que es vista por los propietarios de los negocios como una molestia y presentada en los noticiarios y los medios en general como luditas. La población se ve forzada o ‘alentada’ a usar medios digitales de pago.

Sin embargo, lo que en realidad tiene lugar es un proceso de expansión de la red digital financiera, que es fundamentalmente un proceso de consolidación del poder colectivo del sector bancario, la industria comercial que se asienta en él, y las empresas tecnológicas que ofrecen las aplicaciones y conexiones a ese sistema.

Aunque los bancos, individualmente, pueden tener sus luchas privadas contra los demás y con las compañías tecnológicas por determinadas porciones del pastel de las finanzas digitales, en general lo que dirige este cambio son los intereses de las instituciones financieras por automatizar sus procesos con el objeto de eliminar gastos y expandirse, extrayendo incluso más información sobre más clientes.

Es decir, que el interés de las instituciones financieras por automatizarse no tiene relación con lo que quieran sus clientes, sino con una dinámica interna propia, que justifican apuntando a segmentos de clientes (como los ‘millennials’) que son los primeros en adoptar estas finanzas digitales.

Aunque la economía digital se presenta en un comienzo como una opción más, a largo plazo implica la eliminación de las opciones no digitales con las que compite, reduciendo la elección en vez de añadirla. Por ende, se cierran las sucursales bancarias y cajeros de los pueblos formados sobre todo por jubilados en las zonas rurales británicas, porque los bancos pueden optimizar sus beneficios forzándoles a usar la banca digital, al tiempo que les dice que quienes “lideran el cambio” son los ‘millenials’.

Conforme los sistemas de pago digital se normalizan y el efectivo es demonizado, el relato de la inclusión digital se vuelve más afilado. Si hay consenso general entre los poderosos en que lo digital representa el progreso, y si una evidencia cada vez mayor de la dependencia de la economía digital (la mayoría organizada por las mismas instituciones financieras), entonces el riesgo de exclusión por no utilizarla es mayor que nunca, y proveer de acceso a ella parece más noble que nunca.

No hay mejor ejemplo de esta dinámica circular que la agenda y las prácticas de la Better than Cash Alliance, iniciativa dirigida bajo el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital, pero financiado por Visa, Mastercard, Citibank, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Omidyar Network, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y muchas empresas internacionales y ONG convencionales.

La Alianza oscila entre el discurso sobre los beneficios que supone introducir el pago digital y la demonización del dinero metálico para fomentar la supresión de la competencia. Trabajan mucho para establecer como sentido común la idea de que la economía digital es empoderante, moderna y aspiracional, y presentar el efectivo como anticuado y peligroso, un lastre para la economía y un apoyo del submundo del crimen. El empoderamiento, en este discurso, implica la seguridad de que todo el mundo sea incorporado a la creciente red digital financiera.

LA DEMONIZACIÓN DE LA INFORMALIDAD

Los promotores de la economía digital no pueden esquivar el asunto de la vigilancia y la extracción de información que acompaña al sistema de pago digital. Sin embargo, en general la estrategia ha consistido en revestir este control de transparencia, y hacer hincapié en ello como una herramienta para arrancar de raíz la corrupción y las transacciones criminales.

 

La extracción de información se presenta también como un paso positivo de camino a ofrecer más servicios financieros, como los préstamos. Por ejemplo, Safaricom y el Banco Comercial de África presentaron el sistema de préstamos M-Shwari, que usa la información de pagos de las cuentas de M-Pesa beneficiarias de préstamos para calcular su capacidad de crédito.

No se puede negar que ciertas intervenciones digitales en esta línea pueden ser beneficiosas a nivel localizado e individual. No se trata de renegar de los esfuerzos que suponen iniciativas como la M-Shwari, sino de señalar el discurso sesgado que suelen apoyar. Se usan esta clase de campañas al servicio de un proyecto más amplio para promocionar los intereses generales de grandes empresas tecnológicas y financieras.

El discurso dominante se ha transformado en un discurso peyorativo para con la economía informal a pequeña escala, y acrítico respecto de los grandes sistemas coordinados a través de las principales compañías e instituciones gubernamentales. Estas últimas son presentadas como ejemplos de progreso, mientras que los acuerdos informales, las interacciones sin un control definido y las redes de relaciones personales impredecibles son vistas como el reino del retraso, del crimen y del fracaso.

Se nos deja entonces con la narrativa oficial, en la que el progreso legitima la eliminación del dinero efectivo y la transición hacia la dependencia de la arquitectura de pagos digitales que pueden ser usados para controlar, disciplinar, mercantilizar e influir a la gente.

Todo esto se justifica con una aseveración: que esta arquitectura traerá beneficios, que será más barata y más segura, y que ‘actualizará’ a la población al mundo moderno, usará la información de la población para dar mayor acceso a los servicios y contribuirá a la ‘higiene’ social.

Y sobre todo, es una narrativa en la que las relaciones informales se disuelven para ser reemplazadas por relaciones mediadas institucionalmente, y por tanto ‘limpiar’ la informalidad. Esto es la gentrificación del pago.

GENTRIFICAR PARA CONTROLAR

Claro, que sólo comienzan a vislumbrarse las posibilidades negativas de esta red digital cuando asume completamente una posición de monopolio. El mejor ejemplo de esto es el nuevo “Sistema de Crédito Social” de China, un programa en desarrollo para monitorizar a los ciudadanos con el objeto de darles puntos de reputación, o amenazarles con ponerlos en una lista negra.

 

El objetivo es aparentemente crear un sistema de ‘palo y zanahoria’, que recompense a los que sigan las tradiciones oficiales y se comporten correctamente y penalice a quienes no lo hagan, excluyéndoles de servicios como los viajes por aire si se desvían.

Los detalles del sistema en construcción son opacos y aún están sujetos a especulación, pero los estudios indican que se está construyendo contando con las empresas de pagos digitales (como WeChat) o que se integrará con la información financiera y de pagos existente en las principales compañías de finanzas digitales como Ant Financial (empresa madre del sistema Alipay). La información no sólo se usa para la inclusión; se usa para la exclusión.

Aunque el Sistema de Crédito Social chino acecha en la imaginación occidental como si fuera un episodio de una película de ciencia ficción, este proceso de vigilancia, rastreo y condicionamiento digital se da en todo el mundo, a menudo respaldado abiertamente por los Estados democrático-liberales que quieren promover los intereses de las compañías financieras y tecnológicas.

La gentrificación del pago es un aspecto fundamental de todo este proceso. Es un programa fragmentado, parcialmente completado y sin embargo calculado, para dirigir a la población a la red financiera digital que puede ofrecer reducidos beneficios a corto plazo, al tiempo que la expone a amenazas colectivas a largo plazo que son sistemáticamente minimizadas. Es el momento de que los grupos y activistas de la sociedad civil comprendan este fenómeno y lo enfrenten.

 

 

TRANSNATIONAL INSTITUTE Artículo publicado por TNI: Gentrification of Payments, con licencia Creative Commons. Traducido para El Salto por Rosa María García.
Categorías: Attac Planet

Lobby Planet, una guía por el mundo del lobby en Bruselas y Madrid

Dom, 19/05/2019 - 11:10
Lobby planet
  • Ecologistas en Acción, CEO (Corporate Europe Observatory) y OMAL-Paz con Dignidad han presentado una guía para conocer cómo funcionan los lobbies (grupos de cabildeo) en la UE y en España, que intentan influir en el proceso de elaboración de nomativas y leyes.
  • El informe da cuenta de los más de 25.000 lobistas que trabajan en el barrio de las instituciones de Bruselas, y que están al servicio de grandes empresas y sus correspondientes grupos de presión.
  • El escándalo Dieselgate, el funcionamiento Grupo de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera o el lobby de la industria química, tres ejemplos que el informe destaca.

Se estima que hay más de 25.000 lobistas que trabajan en Bruselas. Esta es la primera conclusión de la nueva edición de ‘Lobby Planet‘, una guía que permite llegar a las entrañas del barrio institucional de Bruselas. Con esta guía, Ecologistas en Acción, CEO y OMAL-Paz con Dignidad explican los métodos, con frecuencia oscuros, que utiliza el cabildeo profesional en el seno de la Unión Europea (UE): sus protagonistas, lugares de reunión y temas que les interesan.

Tras una breve introducción a la escena del lobby en Bruselas, la guía visita las sedes de algunos de los actores más destacados, de los que se aporta una pequeña descripción de sus actividades. A continuación, se destacan los siete sectores en los que se han librado las batallas más caras y controvertidas de los grupos de cabildeo en los últimos años. También se incluye en la guía un glosario que permite abrir paso en la complejidad de términos y siglas de la UE.

Los dos lobbies más poderosos son la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT, European Round Table of Industrialists), compuesta por los presidentes de las cerca de 50 empresas transnacionales más grandes de Europa; y BusinessEurope, la principal organización patronal del continente.

Aunque las ONG y los sindicatos también hacen cabildeo en Bruselas, la desproporción es abrumadora: las empresas y sus grupos de presión tienen un 60 % más de lobistas con pase de acceso al Parlamento Europeo que los de la sociedad civil. La diferencia en recursos económicos es inmensa, sobre todo en temas como la regulación financiera.

Un estudio de CEO averiguó que el sector financiero gastaba más de 120 millones de euros anuales en acciones de lobby ante la UE, 30 veces más que las ONG y sindicatos juntos. Pero donde hay una diferencia radical es en los fines: mientras unos defienden el interés público, los otros pelean por su beneficio privado.

Las estimaciones más conservadoras apuntan a que el gasto en estrategias de lobby dirigidas a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y las sedes en Bruselas de los Gobiernos nacionales supera los 1.500 millones de euros cada año. El foco principal es la Comisión Europa, que es la única que tiene iniciativa legislativa.

Con esos recursos no es de extrañar que en 2017, más de uno de cada tres excomisarios que dejaron su cargo en la Comisión Europea en 2014, haya accedido a un puesto en el sector privado. Algo posible mediante el fenómeno de ‘las puertas giratorias’, que en muchos casos implicaba labores de lobby.

El mayor escándalo hasta la fecha es el caso del antiguo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Este exmandatario pasó a formar parte de la plantilla de Goldman Sachs, el banco de inversiones que jugó un papel central en la crisis financiera en 2008, y que continúa combatiendo ferozmente todo intento por endurecer las normas en el ámbito financiero.

Ejemplos sonados

Un escándalo reciente que muestra el poder del lobby empresarial es el Dieselgate, que dejó al descubierto un sistema de legislación laxo y demasiado complaciente con la autorregulación de la industria automovilística.

Otro caso es el del Grupo de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera que se concibió como un grupo de expertos establecido por la Comisión y el Consejo a consecuencia de la crisis económica del 2008. De sus ocho miembros, cuatro tenían estrechas conexiones con gigantes financieros como Goldman Sachs, BNP Paribas, Citibank y la malograda Lehman Brothers.

Asimismo, el Grupo de Alto Nivel se reservó un asiento para el representante de una consultoría que tenía algunos de los bancos más importantes en su cartera de clientes, y otro al exdirector de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, responsable de llevar a varias entidades bancarias británicas al borde del colapso. En 2009, el grupo propuso sus reformas bancarias que, como era de esperar, no despeinaron lo más mínimo al sector.

Un tercer ejemplo es el lobby de la industria química, que está consiguiendo con éxito poner muchas trabas en el proceso de regulación de los disruptores endocrinos (EDC).

‘Lobby Planet‘ en Madrid

En el partido Madrid-Barcelona de la última temporada se sentaron en la zona VIP personajes como Florentino Pérez, presidente del equipo local y de la constructora ACS; José María Aznar, expresidente del Gobierno, consejero de News Corporation y asesor de Endesa, Barrick Gold y KPMG; Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado para la Marca España y consejero de Inditex; Guillermo de la Dehesa, vicepresidente del consejo de administración del Banco Santander y exsecretario de Estado de Economía con el Gobierno de Felipe González. Y también los presidentes de Endesa, Sacyr, Mapfre y Deloitte, compartiendo asiento con directores de periódicos y exministros del PP y PSOE.

Este ejemplo sirve como presentación de un recorrido por los principales centros de lobby españoles situados en Madrid. Un recorrido que recapitula las principales empresas, asociaciones empresariales, consultorías de lobby y despachos de abogados, instituciones públicas, think thanks, escuelas de negocios y espacios de encuentro, como el palco del Santiago Bernabeu.

La publicación de Lobby Planet por Ecologistas en Acción, Corporate Europe Observatory y OMAL-Paz con Dignidad tiene el objeto de visibilizar a las grandes empresas y lobbies empresariales como actores con capacidad de redirigir las políticas públicas hacia sus intereses, gane quien gane las elecciones. Por eso, consideran fundamental el escrutinio público del mundo de los lobbies a través de esta herramienta y otras propuestas que se contemplan en ella.

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Los países PIIGS más Reino Unido, encabezados por España, lideran el mercado de los buitres en Europa

Vie, 17/05/2019 - 18:52

Fátima Martín

Comite para la abolición de las deudas ilegitimas

 

Los países insultados como PIIGS (cerdos), Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, más Reino Unido, lideran el mercado de los buitres (distressed) en Europa. A la cabeza está España, con 40.100 millones de euros en operaciones de deuda cerradas en 2018, según un análisis sobre ’Las nuevas tendencias del mercado distressed (deuda con dificultades) en Europa y España’ [1] publicado por Solvia, la gestora inmobiliaria que fue del Sabadell, vendida recientemente en un 80% de su participación al buitre Intrum (antigua Lindorff [2]).

Después de España, los países europeos que cerraron el mayor volumen de operaciones de deuda en 2018 fueron Italia, con 36.600 millones de euros; Irlanda, con 15.300 millones de euros; Reino Unido, con 7.900 millones de euros; Portugal, con 5.200 millones de euros; y Grecia, con 3.200 millones de euros, según el informe de Solvia a partir de los últimos datos disponibles del mercado 2018.

Firmado por el director de Desarrollo de Negocio y Consultoría de Solvia, José La Roche, el análisis prevé que España siga liderando en 2019 las operaciones en el mercado distressed. seguido por Italia y Portugal, “gracias a la madurez de su sector inmobiliario, a la legislación vigente y a que se trata del mercado de mayor tamaño de Europa”.

Según dicho informe, el mercado de deuda en Europa (Non Performing Loans (NPL) y Real Estate Owned (REO), lo que quiere decir préstamos dudosos (NPL) e inmuebles adjudicados en manos de la banca (REO), respectivamente) “alcanzó niveles máximos en 2018, al cerrar un volumen total de operaciones de deuda y activos adjudicados valorados en 113.800 millones de euros, un 11,7% más elevado que el registrado en 2017”. Entre las grandes transacciones en el mercado, destacan las operaciones perpetradas en la Península Ibérica, como el Proyecto Gama (12.800 millones de euros); Challenger, Colliseum y Makalu (11.500 millones de euros), ambas en España, o el proyecto Savoy (9.600 millones de euros), en Portugal.

De hecho, España lidera el mercado distressed europeo por segundo año consecutivo, tras cerrar operaciones por un valor superior a 90.000 millones de euros en los dos últimos años. De esta forma, se ha reducido el volumen de préstamos dudosos (NPLs) en el país, hasta un saldo cercano a los 100.000 millones de euros. Los bancos han ido abandonando sus posiciones de deuda en grandes operaciones de venta de carteras. Esta tendencia en el mercado comenzó en 2017 cuando el Santander cerró con Blackstone el proyecto Quasar, el traspaso de deuda y activos adjudicados, del Popular, más significativo que se ha producido en España, por un volumen total de 30.000 millones de euros [3].

Solo en 2018, en España CaixaBank vendió inmuebles adjudicados al buitre Lone Star Funds por valor de 12.800 millones de euros. El Sabadell abrevó a los buitres de Cerberus y Deutsche Bank por 11.500 millones de euros. Y el Santander también al insaciable Cerberus por 6.900 millones de euros.


En los últimos cinco años, los bancos europeos han transferido cerca de 470.000 millones de euros a los buitres

El volumen de préstamos dudosos (NPLs) en Europa se situó en 714.300 millones de euros al cierre de 2018, lo que supone un 3,4% del total de créditos concedidos. Solvia prevé que las entidades financieras continúen la tendencia que se inició en 2014, desapalancándose a través de transacciones con los fondos buitre, si bien es cierto que el año pasado se cerraron la mayoría de las grandes operaciones. En los últimos cinco años, los bancos europeos han transferido cerca de 470.000 millones de euros a grandes buitres. España e Italia han sido el gran foco de atracción para la inversión internacional, concentrando el 67% de las operaciones entre 2017 y 2018.

Para los analistas de Solvia, “entre las nuevas tendencias, gana protagonismo el mercado de deuda secundario, donde las operaciones se cerrarán entre fondos de inversión”. En efecto, en agosto de 2018 ya publicamos que la Comisión Europea da alas a los fondos buitre con un negocio de un billón de euros, con la creación de un mercado europeo de préstamos dudosos (NPL) [4]. El objetivo de Bruselas es dejar a los bancos europeos limpios de polvo y paja, como siempre a costa de lo público, con la vista puesta en la Unión Bancaria.

Ya en marzo de 2018, la Comisión Europea presentó una batería de medidas “para acelerar la reducción de los préstamos dudosos en el sector bancario” [5]. Entre ellas: Facilitar el cobro de deudas, permitiendo recuperar la garantía de forma rápida, sin tener que pasar por los tribunales, a través de una ejecución extrajudicial acelerada; fomentar el desarrollo de los mercados secundarios para los préstamos dudosos; y orientar a los Estados miembros sobre cómo pueden crear bancos malos como nuestra buitrera SAREB, parasitando el cuerpo de lo público.

La Asociación Europea de Consumidores (The European Consumer Organisation, BEUC) explica en un informe titulado “La propuesta de la Comisión Europea es un mal trato para los deudores distressed”, por qué esta medida de la Comisión Europea debería preocupar a los consumidores: “Los bancos serían capaces de vender fácilmente los créditos tóxicos a terceros inversores, incluidos los llamados fondos buitre establecidos en cualquier país de la UE o de fuera de la Unión. Esta iniciativa va en contra de los intereses de los deudores que se encuentran en dificultades financieras. Estarían expuestos a los fondos buitre y cobradores de deudas localizados en otros países y posiblemente a un aún peor tratamiento y recuperación de hogares” [6]. En este informe, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) defiende que “como mínimo, los prestatarios interesados deberían poder comprar su propia deuda al precio rebajado, en lugar de venderla a terceros. Además, en el futuro deberían imponerse estrictas obligaciones de crédito a todos los proveedores de crédito e intermediarios”. También propone que “la actividad de los administradores de crédito de terceros y los inversores de crédito debe ser restringida. Los actores del mercado que maximizan sus ganancias a costa de consumidores y empresas vulnerables no deberían recibir apoyo, sino que deberían someterse a restricciones”.

Pues bien, contra los intereses de los contribuyentes europeos, especialmente los vulnerables del sur de Europa, que tanto han sufrido la crisis financiera, los embajadores de la UE aprobaron el pasado 27 de marzo la posición del Consejo de la UE sobre una propuesta de Directiva que “armoniza las normas sobre cómo las instituciones no crediticias pueden comprar contratos de crédito a los bancos. El objetivo de las nuevas reglas es reducir las existencias existentes de los NPL (créditos dudosos) de los bancos y evitar su acumulación en el futuro”. Una vez que el Consejo haya adoptado su posición, la presidencia puede iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como esté lista para negociar. “La UE está fomentando el desarrollo de mercados secundarios para préstamos improductivos (NPL, por sus siglas en inglés), lo que permitiría a los bancos administrar o vender préstamos incobrables con mayor facilidad”, explica la nota del Consejo Europeo
[7].

Para el Consejo de la UE (los ministros de cada país de la UE, en función del tema que se vaya a tratar) “la nueva Directiva propuesta elimina los obstáculos para la transferencia de NPL (créditos dudosos) de bancos a instituciones sin crédito, y simplifica y armoniza los requisitos de autorización para los servicios de crédito en toda la UE, sin perjuicio de las normas nacionales que imponen ciertos requisitos adicionales a los servicios de crédito”.


Antecedentes y próximos pasos

La propuesta original de Directiva de la Comisión Europea también incluía una parte sobre la recuperación de garantías. No hubo acuerdo en el Consejo sobre esta parte de la Directiva. Por lo tanto, no se incluye en la posición del Consejo, y requerirá una mayor discusión a nivel de trabajo en el Consejo. Las negociaciones con el Parlamento Europeo pueden proceder tan pronto como el Parlamento haya acordado su postura.

Notas

[1] Nuevas tendencias del mercado distressed en Europa y España solvia.es (06/03/2019) Ver online: https://www.solvia.es/magazine/nuevas-tendencias-del-mercado/

[2] El Sabadell vende su promotora Solvia por 241 millones de euros elpais.com (24/04/2019) Ver online: https://elpais.com/economia/2019/04/23/actualidad/1556038999_599202.html

[3] Santander y Blackstone cierran hoy la creación de Quasar Expansion.com (22/03/2018) Ver online: http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/03/22/5ab35a5a46163f00138b464a.html

[4] La Comisión Europea da alas a los fondos buitre con un negocio de un billón de euros cadtm.org (07/08/2018) Ver online: http://www.cadtm.org/La-Comision-Europea-da-alas-a-los-fondos-buitre-con-un-negocio-de-un-billon-de

[5] Reducción de riesgos en la Unión Bancaria: la Comisión presenta medidas para acelerar la reducción de los préstamos dudosos en el sector bancario (Comisión Europea) (14/03/2018) Ver online: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_es.htm

[6] SECONDARY MARKET FOR NON PERFORMING LOANS The European Commission’s proposal is a bad deal for distressed borrowers (BEUC.eu) (09/07/2018) Ver online: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-068_secondary_market_for_non-performing_loans.pdf

[7] Non-performing loans: Council adopts position on secondary markets for bad loans Consejo Europeo (27/03/2019) Ver online: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/27/non-performing-loans-council-adopts-position-on-secondary-markets-for-bad-loans/

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Ni un paso atrás

Mié, 15/05/2019 - 12:10

FUTURO_PUBLI TWITTER ES

Queremos más democracia, una economía al servicio de las personas y el planeta, igualdad y respeto de los derechos humanos

Ante la cada vez mayor desigualdad y pobreza, la deriva autoritaria y represiva, el cambio climático, el racismo y el odio y el ataque a los derechos de las mujeres, más de 130 organizaciones y colectivos sociales hemos decidido unirnos en la campaña Llamamiento ciudadano. Cuenta atrás, nuestro futuro es ya.

Queremos exigir al próximo ejecutivo y a los grupos parlamentario más democracia, una economía al servicio de las personas, sostenible y justa, igualdad y justicia de género, garantía de derechos y respeto a la dignidad de las personas, y responsabilidad global.

Para ello, estamos recogiendo adhesiones de organizaciones y firmas individuales.

El día que se produzca el primer debate de investidura entregaremos las firmas en el Congreso. Queremos que sean miles.

#NuestroFuturoEsYa. No podemos seguir esperando.

 

Súmate aquí:

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La comunidad de expertos que lucha contra el “dragón” que esconde tesoros en paraísos fiscales

Mié, 15/05/2019 - 10:19
Attac pertenece y apoya al TJN(Red de Justicia Fiscal) José Miguel Calatayud  eldiario.es

Es por la tarde de un día caluroso en el centro de Londres. Las calles están llenas de gente y hay mucho tráfico de autobuses rojos, taxis negros y coches de todos los colores, pero John Christensen ignora los pasos de cebra y se lanza entre los vehículos cada vez que tiene que cruzar al otro lado. “Todos los que marchan conmigo saben que soy un lunático peligroso que se mete entre los coches”, advierte John, que está acostumbrado a buscar su propio camino sin seguir las reglas establecidas, y no sólo como peatón.

 De pelo blanco y ojos azul claro, John, un economista y auditor forense de 63 años, es uno de los fundadores, el presidente y el alma de la Tax Justice Network (TJN, Red de Justicia Fiscal), un grupo de expertos que trabajan, como su prosaico nombre indica, por la justicia fiscal.

A pesar de su aspecto y apellido vikingos, John es inglés y la historia de la TJN comienza de un modo típicamente inglés. En 2002, John recibió en su casa, en un pueblo cercano a Londres, la visita de tres personas de Jersey, una de las islas del Canal de la Mancha y una dependencia de la Corona Británica. Ese día, mientras los cuatro tomaban té y pastas, estos visitantes le pidieron que los ayudara a liberar Jersey de la banca.

Acudieron a él porque John también es originario de Jersey, donde trabajó como asesor económico del Gobierno local hasta 1998, cuando tuvo que marcharse después de hablar a la prensa sobre las prácticas fiscales indecentes de este Gobierno. Porque Jersey es un paraíso fiscal: una jurisdicción que, con la opacidad como principal herramienta, permite a personas y empresas evitar la normativa fiscal de otros lugares.

John Christensen, de Tax Justice Network John Christensen, de Tax Justice Network

Un artículo publicado por el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018 estimó, de forma conservadora, que en todo el mundo personas adineradas mantienen unos 6 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, y que unos 10 billones de euros de supuesta Inversión Extranjera Directa no están realmente invertidos en nada, sino que circulan a través de paraísos fiscales para el beneficio de las empresas y personas que los manejan. Y para perjuicio de ciudadanos de todo el mundo, ya que esos capitales ocultos podrían generar miles de millones de euros destinados a servicios e infraestructuras públicas.

Mientras tomaban té y pastas en aquel encuentro en 2002, John advirtió a sus visitantes que para liberar Jersey habría que derrocar todo el régimen global de paraísos fiscales. “‘Esto quiere decir cambiar todas las estructuras y sistemas financieros, las normas, las estructuras de poder de todo el mundo. No se trata simplemente de cerrar unos cuantos bancos en Jersey’. Y me contestaron, ‘Vale, muy bien, suena bien, vamos a hacerlo, ¿nos puedes ayudar?’”, recuerda John. “Y entonces supe más allá de ninguna duda que ése era el momento que [como en El hobbit] Gandalf aparece en la puerta de Bilbo Bolsón y lo saca de su casa y le dice, ‘Tienes que ir en una misión a la montaña del dragón”.

Y allí es en cierto modo donde John se dirige hoy. “Estamos en Aldersgate, una de las puertas de la City de Londres”, dice mientras entra caminando en “la City”, como se suele llamar a secas al distrito financiero de Londres: la guarida del dragón de los paraísos fiscales.

Una narrativa nueva

Tras la visita de sus Gandalfs de Jersey, John encabezó una delegación que acudió al primer Foro Social Europeo, en noviembre de 2002 en Florencia, con la idea de crear un movimiento para luchar contra los paraísos fiscales. Allí, en una serie de encuentros con gente de varias partes de Europa también preocupada por la justicia fiscal, fue donde nació la Tax Justice Network, cuyo núcleo se instaló en el Reino Unido alrededor de John.

Desde el primer momento, John y otros miembros de la TJN –expertos en fiscalidad, como el profesor universitario Prem Sikka, y en contabilidad, como el economista Richard Murphy– se dedicaron a proponer públicamente normas que obligarían a las grandes empresas y a las personas acaudaladas a ser más transparentes sobre sus transacciones financieras.

Pero en aquel entonces –esto era mucho antes de escándalos como el de los Papeles de Panamá– los expertos de la TJN se encontraron predicando en el desierto: las grandes empresas y los millonarios se oponían a esas normas, los Gobiernos no parecían capaces o dispuestos a imponerlas, y en general los ciudadanos tampoco parecían muy interesados en esforzarse en entender unas propuestas fiscales que sonaban complicadas. Además, mucha gente creía que era estúpido no tratar de pagar los menos impuestos posibles.

En la TJN se dieron cuenta de que tendrían que intentar cambiar la narrativa dominante para llevar la conversación a un marco en el que los impuestos son algo positivo, y en el que las personas y autoridades que permiten la evasión fiscal son responsables de socavar la democracia. Sólo entonces el discurso y el tipo de medidas que defendía la TJN podrían tener sentido y los Gobiernos y la gente las tomarían en serio.

En 2006, John y Prem Sikka fueron invitados a dar la charla inaugural en una conferencia sobre corrupción en la Royal Geographical Society en Londres. Delegados del Banco Mundial y de Transparencia Internacional (TI) estaban presentes, y John aprovechó su intervención para criticar cómo TI conceptualizaba la corrupción en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe anual convertido en uno de los estándares internacionales con los que medir la corrupción.

Cada año, los países etiquetados como los más corruptos del mundo están en el África subsahariana y en otras regiones pobres del globo. “Y si te fijas en los países menos corruptos [según el IPC], Suiza, Singapur, el Reino Unido, Estados Unidos, la mitad de los países menos corruptos son paraísos fiscales y jurisdicciones opacas, que es donde acaba todo el dinero”, describe John durante su marcha por la City. “Sin esos servicios bancarios y contables y legales, la mayor parte de esta corrupción a gran escala en el África subsahariana no podría ocurrir porque el dinero no podría ser desviado. Así que, ¿quién es aquí el más corrupto?”.

La TJN desarrolló su propia forma de clasificar los países según la corrupción: un índice que tomaba en cuenta el rol que jugaban sus normativas, autoridades y otras instituciones financieras. Lo llamaron el Índice de Secretismo Financiero (FSI, en inglés). De un modo diferente a la clasificación que realiza TI, el FSI se fija en la opacidad de cada país o jurisdicción y en su falta de voluntad para cooperar con las autoridades fiscales de otros países. Tras meses de investigación, la TJN publicó sus primer FSI en noviembre de 2009 y clasificó los países de más opacos –lo que incentiva y permite la corrupción– a más transparentes.

Los territorios que hoy asociamos con la típica imagen de un paraíso fiscal aparecieron entre los principales infractores: las Islas Caimán (en el número 4), Bermuda (7), Jersey (11), las Islas Vírgenes Británicas (16). Pero la jurisdicción clasificada como la más opaca del mundo, y que por tanto más favorecía la corrupción, era el estado norteamericano de Delaware –y por extensión todo Estados Unidos–, seguido de Luxemburgo y Suiza. En quinto lugar venía la City de Londres –y por extensión todo el Reino Unido– y después Irlanda (6), Singapur (8) y más países europeos como Bélgica (9), Austria (12) y Holanda (15).

Había una relación casi inversamente proporcional entre la clasificación realizada por la TJN y la que hacía Transparencia Internacional. Si TI consideraba Estados Unidos y países europeos como los mejores, para la TJN éstos eran en realidad los que permitían la corrupción a gran escala en otros lugares. Además, en la clasificación de la TJN la mitad de las jurisdicciones más opacas eran países de la Mancomunidad británica de Naciones y territorios y dependencias de la Corona británica, lo que hacía del Reino Unido, y en particular de la City de Londres, el actor central en una red global de paraísos fiscales.

Investigación ‘académica’ con impacto

Con el tiempo, el Índice de Secretismo Financiero –que aparece cada dos años más o menos– se ha convertido en la publicación más reconocida de la TJN como parte de su programa sobre Secretismo Financiero, que hoy dirige Markus Meinzer, un politólogo y economista del desarrollo alemán de 40 años.

Cuidadosamente documentado y basado en análisis cuantitativos, el FSI parece una publicación académica, y en general toda la investigación que la TJN produce aspira a los estándares académicos más altos. “(Pero) no queremos crear torres de marfil, no queremos investigar simplemente por investigar, algo que considero una crítica justa hacia gran parte de la actual investigación académica: que acaba muy, muy aislada y metida en su propio lenguaje muy técnico”, comenta Markus durante un desayuno en un bullicioso hotel en el centro de Londres.

“(Los investigadores académicos) no se fijan en qué hay detrás de las cifras y datos, cuáles pueden ser los huecos en esos datos que pueden llegar a contar una historia mucho más interesante desde el punto de vista de la vida real, desde el punto de vista de la elaboración de políticas públicas y para favorecer la democracia”, argumenta Markus.

El FSI es un caso prototípico de la forma de actuar de la TJN a través de diferentes fases. Primero trata de imponer una narrativa donde los impuestos son un elemento clave para la justicia social y para la democracia. Después produce un discurso basado en una investigación que aspira a estándares académicos pero que también el público general puede entender. Y luego propone normas y medidas que tienen sentido dentro de este marco y a las que difícilmente puede oponerse una persona razonable.

¿Funciona esta estrategia? Hay que recordar las medidas técnicas que la TJN defendió y propuso en 2003 y 2004, justo tras su creación. Las principales eran “intercambio automático de información” (entre autoridades fiscales de diferentes jurisdicciones), “revelación pública de los beneficiarios reales de activos financieros” (qué personas reciben en último término los beneficios económicos), y “publicación de informes financieros país por país” (cuánto ingresa y cuánto gasta una multinacional en cada país en el que opera).

Damos un salto de diez años y vemos que, en 2013, la OCDE, un organismo que agrupa a los países más industrializados y emite recomendaciones y normas sobre la economía, y el G20, un foro para las 20 mayores economías del mundo, establecieron la publicación de informes financieros país por país como una práctica estándar. En 2014, el Consejo de la OECD aprobó una normativa para el intercambio automático de información financiera relativa a cuestiones fiscales, que igualmente el G20 adoptó más tarde ese mismo año.

También en 2014, el G20 adoptó una serie de diez principios sobre la revelación de los beneficiarios reales de activos financieros para que sirvieran de guía sobre regulación fiscal a los países miembros. Y en 2016 los ministros de Economía y Finanzas del G20 aprobaron un plan para que las autoridades tuvieran que revelar los beneficiarios reales de las llamadas empresas pantalla o fantasma, un tipo particular de compañía muy apreciada por evasores fiscales porque proporciona un anonimato total a sus beneficiarios reales.

Además, entre 2014 y 2018 la Unión Europea (UE) aprobó varias directivas sobre intercambio automático de toda una serie datos necesarios para la transparencia fiscal: información sobre cuentas financieras, decisiones sobre legislación tributaria y acuerdos previos sobre precios de transferencia, informes país por país, e información sobre la fiscalidad en relación con mecanismos transfronterizos. Y en 2016 la UE también aprobó una directiva que obliga a que las autoridades tributarias puedan acceder “a la información que obra en poder de las autoridades responsables de la prevención de blanqueos de capitales”, por lo que “los Estados miembros deberán permitir el acceso a la información sobre la titularidad real de las empresas”.

Todo esto no se debió únicamente a la TJN, ya que el trabajo de otras organizaciones también contribuyó a que todas esas normas se fueran aprobando en el plano internacional. Y la publicación de los Papeles de Panamá (abril de 2016) y de los Papeles del Paraíso (noviembre 2017) también contribuyó a que desde la ciudadanía se exigiera una mayor rendición de cuentas y transparencia en el área de los paraísos fiscales.

Pero, igualmente, es la TJN quien ha estado en la vanguardia del movimiento por la justicia fiscal desde su nacimiento. Y cuando al principio John y sus colegas empezaron a exigir el intercambio automático de información y la publicación de informes país por país, nadie más lo hacía y las autoridades, empresas y grandes fortunas las consideraban medidas inviables y hasta se burlaban de la TJN.

Impuestos por la justicia social

Aunque ese tipo de medidas y normas pueden sonar complicadas, y a pesar de lo difícil y trabajoso que ha sido defenderlas frente a los intereses de las grandes empresas y de personas acaudaladas, en la TJN argumentan que se trata de las normas fiscales que la mayoría de la gente exigiría si en la práctica tuviera voz y voto sobre este tema.

“No nos identificamos con ningún partido o movimiento político. Pero lo que sí intentamos por todos los medios es aportar una voz técnica y experta en nombre del gran público a las conversaciones de las que ese público lleva excluido varias décadas”, resume John mientras camina por la City.

El problema tiene una dimensión doble, argumenta por su lado Alex Cobham, un economista del desarrollo de 44 años y el director ejecutivo de la TJN. Primero, el tema de los impuestos siempre se ha percibido como demasiado complejo para que el público general lo entienda, así que es un campo que siempre se ha dejado a expertos fiscales. Y, segundo, estos expertos aseguran que su enfoque sobre la regulación fiscal es objetiva y neutral, cuando en realidad está muy politizada y ha beneficiado mucho y de una forma desproporcionada a las grandes empresas y a personas adineradas, comenta Alex mientras toma un café en City, University of London, donde la TJN organizó su conferencia anual en julio de 2017.

“El impacto de (ese enfoque supuestamente neutral) ha sido abrumadoramente político, y contrario en gran parte a los intereses de la justicia fiscal, contrario a los que creo son los intereses de la mayoría de la gente a quien le importa el país en el que vive”, dice Alex. “Ése es también el origen (de la TJN) y la razón por la que hacemos nuestro trabajo: poner a disposición del público una voz experta motivada por la justicia social”.

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El Índice de Secretismo Financiero de la TJN permite tanto a políticos como al público en general comprender más ampliamente el fenómeno de la corrupción, ya que explica qué jurisdicciones y países son las que hacen posible la corrupción a gran escala y por qué. Pero, en la práctica, el estándar internacional por el que se mide y clasifica a los países según la corrupción sigue siendo el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que aparece destacado como tal cada año en la prensa generalista. Y, curiosamente, algunos de los países considerados los menos transparentes –por la TJN– siguen siendo etiquetados como los mejores por Transparencia Internacional.

Además, y a pesar de los logros de la TJN y del movimiento por la justicia fiscal en cuanto a la adopción sobre el papel de nuevas normas por parte de organizaciones internacionales, la realidad es que en la práctica sus Estados miembros no están implementando esas medidas ni siguiendo esas normas tanto como les gusta decir en sus comunicados de prensa. Además, grandes multinacionales siguen aprovechándose de paraísos fiscales y resquicios legales para defraudar impuestos, y como la propia TJN señaló el mes pasado en el caso de Google, que al no declarar todos sus ingresos país por país evitó pagar 1.700 millones de euros del impuesto sobre sociedades en 2018 en el Reino Unido.

“Pero en realidad lo principal no es nada de eso ni de cualquiera de las otras cuestiones de políticas públicas sobre las que podríamos hablar. Se trata de las narrativas, de los cambios en cómo habla hoy la gente sobre estos temas”, dice Alex. “Y (las narrativas) son más importantes por dos razones. Primero, porque son la base sobre la cual la gente toma decisiones de cara al futuro. (…) Podemos tener éxito hoy con la adopción de normativas, pero para afianzar estas normas debemos cambiar la forma en que la gente piensa sobre estas cuestiones, y para eso lo importante son las narrativas. Y la otra razón es que ni siquiera habríamos conseguido los avances en normativas que ya hemos logrado si antes no hubiésemos cambiado las narrativas prevalentes”.

La montaña del dragón

De vuelta en la City, John llega a su destino: el Temple Bar Memorial, un monumento que marca el punto donde solía estar la entrada principal a la City. La escultura propiamente dicha, de 1880, se alza en una isleta en medio de la calzada, y John se dirige a ella de nuevo cruzando a pie con descuido entre el tráfico de autobuses, taxis y coches.

En uno de sus lados, el monumento muestra una escena llamada “El avance de la reina Victoria hacia Guidlhall”, la sede de la Corporación de la City de Londres, la entidad que gobierna la City. Cuando la reina, la jefa de Estado del Reino Unido y de otros países de la Mancomunidad británica de Naciones, viene a este distrito de Londres, el Lord Mayor –el jefe de Gobierno de la City– y su séquito la reciben y, simbólicamente, la guardia real cede la protección de la monarca a la propia guardia de la City. “Ahora te encuentras bajo la protección de la Corporación de la City de Londres”, entona John el mensaje que escucharía la reina, “y la Corporación de la City de Londres está dominada por el poder de las finanzas. Encuentro esas relaciones muy simbólicas”, añade él con la mirada fija en el bajorrelieve que representa la escena.

De hecho, a lo largo de la historia la Corona Británica no ha sido capaz de subordinar por completo la City al gobierno del Estado, en particular en cuanto a temas fiscales. Aún hoy, la City mantiene poderes y prerrogativas legales que obtuvo en el siglo XI, y esta autonomía le permite actuar en varios sentidos como un paraíso fiscal y legal, y ser el centro de una vasta red global de transacciones opacas y no reguladas: bancos y fondos de inversión de todo el mundo usan la City para realizar operaciones que en sus países de origen serían delictivas.

“Leyes y normas que permiten evadir impuestos, leyes y normas que permiten todo tipo de prácticas financieras extremadamente dañinas y que extraen riqueza en lugar de crearla: eso es lo que en líneas generales ocurre aquí en la City de Londres”, relata John. “Pero esas leyes y normas fueron creadas por personas, y esas leyes y normas pueden cambiarse y quienes pueden cambiarlas son otras personas. Así que lo único que tenemos que hacer es generar la voluntad política de cambiar esas leyes y normas”.

En una comunicación por email, la Corporación de la City de Londres rehusó responder a varias preguntas para la realización de este reportaje.

“Nuestra visión utópica es que se reconozca que la democracia es la mejor forma de gobierno de entre todas las disponibles, que tenemos que arreglárnoslas con la democracia, y que son los impuestos los que mantienen con vida a la democracia”, concluye por su lado John antes de volver a esquivar el tráfico ya para marcharse de la City.

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¿Llegó el momento de civilizar y europeizar nuestro castizo capitalismo?

Mar, 14/05/2019 - 11:12

Albino Prada
infolibre

Frente al deterioro social causado por el prolongado austericidio socioliberal que paraliza la Unión Europea, emergen variados patriotismos secesionistas (como en el Brexit). Sin embargo es posible distanciarse de ambas estrategias en beneficio de la mayoría social: en España y, necesariamente al mismo tiempo, en toda la Unión Europea.

Modelo castizo y modelo civilizado

En un reciente informe publicado por el Foro Económico Mundial, por tanto muy poco sospechoso de marxismo o izquierdismo, se clasifican y ordenan los países del mundo según estén transformando mejor o peor su crecimiento económico en bienestar social. Utilizando para ello un índice de lo que llaman desarrollo inclusivo (1), en el que integran doce indicadores relativos al empleo, salud, pobreza, bienestar o protección social.

 Con los resultados de este índice, entre los años 2012-2017, para España se concluyen dos cosas. Que siendo un país en el que creció su economía muy por encima de la media de los 30 países más ricos del mundo aún se situaba en la posición 26ª en bienestar social o desarrollo inclusivo.

Pues cuando se consideran ese conjunto de factores y variables Noruega ocupa la primera posición, pero países como Eslovaquia, Chequia, Eslovenia o Estonia están por encima de nosotros. Por no hablar de Irlanda, Francia o el Reino Unido.

Y además, lo que es aún más grave, España era de los treinta países considerados aquél (junto con Grecia) en el que más se había deteriorado dicho bienestar social en los últimos cinco años.

Es así que el modelo económico del capitalismo español está generando un intenso crecimiento del PIB pero no desarrollo inclusivo. Por eso sostendré en este breve análisis que hay que civilizarlo (una expresión que tomo prestada de Antón Costas) y europeizarlo, para que al conjunto de la sociedad española le resulte de provecho el crecimiento económico que estamos registrando y no solo a una minoría privilegiada. Llamo a aquél modelo en el que solo mejora una minoría modelo castizo, frente a un modelo alternativo civilizado.

Tres frentes de reformas

Para civilizar nuestro capitalismo castizo debiera actuarse en tres frentes básicos. Un primer frente, en el que aquí no me detendré, tiene que ver con una urgente contrarreforma de la rampante devaluación laboral y salarial que está amplificando la brecha entre los que más y menos ganan dentro de cada empresa (hoy ya es de casi ochenta veces).

Sin olvidarse de la desmesurada subcontratación en cascada que practican nuestras empresas o su externalización hacia falsos autónomos. Mecanismos todos ellos que no solo erosionan el bienestar social de la mayoría de sus empleados, sino que también deterioran la productividad de las empresas.

Un segundo frente de reformas debiera favorecer el tránsito hacia una economía de mercados competitivos, desde una economía que con demasiada frecuencia vegeta en un capitalismo de amiguetes y gorrones del Estado. En el que oligopolios de muy pocas empresas extorsionan vía precios a los consumidores, mientras sus ejecutivos y grandes accionistas se forran, gorronean con una mano a Hacienda y con la otra a sus propios empleados precarizados.

Y ya un tercer frente de reformas debiera hacer realidad un sólido Estado de Bienestar; recortando para ello los ocho puntos menos de ingresos públicos sobre el PIB que hoy no tenemos respecto a la media de la Unión Europea, para hacer realidad una economía social de mercado.

Abandonaríamos así un modelo, nada europeo como se ve y muy castizo, en el que el más listo parece ser el que aporta lo menos posible al común (un gorrón) y al mismo tiempo recibe (cual depredador) lo más posible del Estado y sus costaleros.

Con la conjunción de esas tres vías de reformas la mayoría de los ciudadanos dejaría de recibir unos ingresos menguantes, dejaría de pagar unos precios crecientes y contaría con unos servicios públicos universales (sanitarios, educativos, de desempleo, de jubilación, de vivienda social, de dependencia, etcétera) no agónicos.

Sólo entonces nuestro crecimiento económico mejoraría la inclusividad que evalúa el Foro Económico Mundial, o el desarrollo social que otros analizamos con el mismo objetivo.

Pero para ello se hace necesario poner coto tanto al castizo señorito capitalista español con concesiones y mercados cautivos que añora un mundo de criados, como a los oligopolios del IBEX (eléctrico, bancario, energético, comunicaciones, constructor…).

También habría que jubilar el catecismo liberal según el cual el sector público cuanto más pequeño mejor, siendo así que cada uno se busca la vida (jubilación, desempleo, dependencia, estudios, vivienda, sanidad, etc.) en función de sus ingresos. Abrir camino, en suma, a un pacto socialdemócrata y de convergencia europea.

Algunas reformas competitivas

En este frente se trataría de medidas concretas para evitar el saqueo del ciudadano-consumidor previamente precarizado como trabajador.

Por ejemplo en el mercado eléctrico incorporando una Empresa Pública de la Energía sobre la base de la recuperación de concesiones hidroeléctricas pre-democráticas y como factor decisivo para la transición energética vinculada al desarrollo local.

En este aspecto no está de más recordar que una de las empresas del actual oligopolio (Endesa) es propiedad italiana con fuerte presencia del sector estatal de aquel país. No debiéramos en esto ser más papistas que el papa.

En el sector financiero dicha mayor competencia, en relación al actual oligopolio privado, debiera lanzarse con la consolidación de Bankia en el sector público y así, de paso, evitando la conformación de un nuevo gigante demasiado grande para caer. Es oportuno recordar que no se trataría de ningún sacrilegio financiero a escala europea puesto que, por poner un ejemplo, en el alemán Commerzbank mantiene una determinante posición el Estado de aquel país.

Algo semejante habría que abordar en el sector de las comunicaciones e internet a la vista del oligopolio que domina el sector y en el que, de nuevo, nos conviene recordar que en uno de los operadores (Orange) que actúan en España el Estado francés tiene una posición clave.

Tres ejemplos de referentes empresariales públicos europeos, que, más allá de contribuir a una mayor competencia en esos sectores con precios menos depredadores, ayudarían a mantener una cierta autonomía-soberanía estratégica y tecnológica

Sectores, actividades, productos y servicios en los que un Estado Emprendedor puede abordar objetivos que la iniciativa privada no considera. Como, por ejemplo, la digitalización no privativa de múltiples servicios personales, de transportes o financieros. Todo ello frente al cosmopolitismo de los patriotas del IBEX que todo lo acaban vendiendo a los Blackrock o Vanguard Group de turno.

En el sector de la construcción, los servicios o la obra pública es singularmente importante reforzar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y dotarla de nuevas herramientas legales antimonopolio ajustadas al actual mundo 4.0. Desarrollando lo que en la actual Ley de Defensa de la Competencia tiene que ver con el control de la producción, de la distribución, del desarrollo técnico, con abusos de posición dominante o daños a la seguridad nacional.

Una institución que nunca será suficientemente fortalecida y que debe necesariamente coordinarse con la Comisión de Competencia a escala europea, como puso de manifiesto el abuso de posición dominante en el caso Google.

Y así impedir una depredación de los recursos públicos por entramados anticompetitivos como los que se conformaron en España en relación a la construcción del AVE por empresas como ACS, Huarte, Abengoa o Sacyr.

En el sector de la vivienda es necesario que el sector público genere una oferta de vivienda (en propiedad o alquiler social sobre todo para los jóvenes) que fuerce a la baja a los precios de la especulativa oferta privada. Un parque público de vivienda que en ciudades europeas como Berlín o Viena llega a superar el número de las cien o doscientas mil. Regulando además la concentración, la gentrificación y los usos no permanentes en determinadas áreas urbanas y turísticas.

Estas buenas prácticas competitivas (alemanas, italianas, francesas, austríacas, …) dentro de la Unión Europea debieran servirnos de ejemplo para abandonar el castizo modelo oligopólico español.

Reformas fiscales y en servicios públicos

El castizo capitalismo español no solo es un activo depredador de los consumidores en su formato de capitalismo del contador (del gas, de la luz, de los peajes, de las comunicaciones, etc.) por medio de mercados cautivos u oligopólicos. También lo es del Estado: con un capitalismo de amiguetes. Ya sea en contratos de obra pública, de AVEs, de concesiones de autopistas o hidroeléctricas, en conciertos educativos, sanitarios y muchos otros.

Su casticismo complementa esa depredación con un gorroneo a la baja de los ingresos fiscales (que paguen los tontos y los asalariados) y un mantra, ahora sí, a favor de un Estado menguante que gaste lo menos posible en otras cosas: sanidad, educación, pensiones, dependencia, geriatría… Sectores en los que nuestro castizo capitalista cuenta con ocupar una parte del mercado que el sector público no atienda. Y que cada uno se busque la vida.

Es ese gorroneo y Estado menguante el que nos aleja ocho puntos de la media europea de ingresos públicos en relación al PIB y, como quedó dicho al comienzo, nos sitúa en la cola del capitalismo inclusivo entre los países ricos a escala mundial.

Sobre los aspectos más domésticos de estas reformas (fiscales y de gastos prioritarios) me he ocupado recientemente en estas páginas al hilo de las pasadas elecciones generales. De forma que aquí apenas abordaré brevemente su conexión en el ámbito europeo.

Porque embridar el capitalismo castizo español requiere, en no pocos casos, cortarle la retirada a los paraísos fiscales internos (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda) donde siempre amenazan con llevar sus patrimonios, capitales y beneficios si no se les permite gozar de una devaluación fiscal permanente dentro de España. Un auténtico secesionismo de nuestros ricos y castizos patriotas.

En ese sentido Piketty ha propuesto, para empezar a escala europea (como desarrollo en mi último ensayo), un impuesto sobre el capital inmovilizado empresarialpor encima del millón de euros con el que sería posible duplicar el presupuesto de la UE y atender políticas activas de empleo y una renta mínima.

También un tramo europeo del impuesto de sociedades (al que se añadiría un recargo mínimo en cada Estado miembro) que evitase las actuales triquiñuelas societarias. Sin olvidar una tasa Tobin para las transacciones financieras como se defiende desde Attac y parece asumirse en nuestros programas electorales de izquierdas.

Con dichas reformas domésticas y a escala europea nos sería posible por un lado igualar nuestros ingresos fiscales con la media de la UE al tiempo que se supera el raquitismo y nula autonomía fiscal actual de la UE.

Pero, por otro lado, podríamos atender con más holgura prioridades en servicios públicos que a día de hoy provocan, como sabemos, una erosión de nuestro desarrollo inclusivo.

Tales como: elevar el gasto sanitario del 6% al 7,5% del PIB hasta 2023, el gasto educativo del 4% al 5,6% (que permita una enseñanza de 0-3 años gratuita y universal), una prestación mínima de garantía o suficiencia de ingresos de 600 euros mensuales para jubilados o desempleados, la atención y cobertura para más de millón y medio de dependientes, incrementar la inversión pública en vivienda hasta el porcentaje medio europeo o la revalorización de las pensiones por el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad.

_______(1) El índice de desarrollo inclusivo es la media aritmética de doce indicadores agrupados en tres dimensiones. En la primera –rotulada como crecimiento y desarrollo– se incluye la riqueza por habitante, el empleo, la productividad laboral y la esperanza de vida. En la segunda –denominada inclusión– se promedian los ingresos por hogar, la rateo de pobreza, y la desigualdad relativa tanto al ingreso como a la riqueza. Ya en la tercera dimensión, relativa a la equidad intergeneracional y a la sostenibilidad, se incluyen cuatro indicadores relativos al ahorro, a la deuda pública, a la rateo de dependencia y a la intensidad de carbono por unidad de producto.
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¿Quién ha hipotecado mi ayuntamiento?

Sáb, 11/05/2019 - 16:40

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El impuesto de sucesiones

Sáb, 11/05/2019 - 16:38

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Una posible utilidad para una banca pública a favor de la ciudadanía y no de los accionistas.

Mié, 08/05/2019 - 00:06

Santiago González Vallejo. Economista. USO

La primera cuestión es dar la paternidad de esta idea. Las discusiones sobre la optimización de una zona monetaria, el Tratado de Maastricht, Delors o más contemporáneamente, Yanis Varoufakis, Stuart Holland y James K. Galbraith tras la crisis del euro han dado vueltas a cómo prevenir los fallos de la construcción del euro o como paliar las consecuencias de unas carencias y limitar los costes a las poblaciones afectadas e incluso respuestas de cómo, a posteriori, normalizar el euro con las instituciones adecuadas.

En plena crisis, y cuando el diferencial del coste de la deuda era álgido en los países de la periferia y los aumentos cuantitativos de emisión de deuda por parte de los estados, con o sin rescates, se comprobó que el Tratado de la Unión y las normas del Banco Central Europeo (BCE) impedían que el BCE prestase a los Estados o comprase deuda pública.

Pero ya en el momento álgido de la crisis, enfrentándose al problema y sin tocar los tratados hubo voces reclamando que el Banco Europeo de Inversiones hiciera esa labor de intermediación, a título gratuito, entre pedir préstamos al Banco Central Europeo y comprar deuda pública de los Estados. No para monetarizar deuda, como el dólar lo estaba haciendo, pero sí para aliviar la carga de la misma a los Estados (y a la ciudadanía). Pero en esos momentos, no se quiso.

El mecanismo más barato encontrado y que al mismo tiempo apuntalaba a los bancos privados, muchos de ellos con problemas de liquidez y de solvencia, era el que el Banco Central Europeo prestase a los bancos privados a un tipo nominal cero o muy bajo y que éstos, con ese crédito, comprasen a sus Estados, deuda pública a un tipo de interés positivo.

¿Cuántos dividendos a los accionistas privados y cuántas remuneraciones han salido de ese diferencial? O dicho, de otro modo, ¿cuánto dinero hemos soltado los contribuyentes a los bolsillos de los accionistas por mor de unas normas hechas para el saqueo de la ciudadanía a favor de los tenedores de capital?

Ahora mismo, la deuda pública española, alcanza a final de 2018, la cantidad de 1.173.988 millones de euros que periódicamente se renueva, con un margen de reducción cuantitativa escaso. Es cierto que ahora se emite a corto plazo con tipos negativos, pero durante años ha habido una sabrosa ganancia para las entidades financieras. El pago de intereses anuales ahora alcanza los 32.000 millones. En el año 2016, se pagaron 16.000.

 

Desde 2008, hay cálculos de que la banca nacional se ha embolsado alrededor de 50.000 millones de euros de intereses durante los últimos diez años.

Estos párrafos anteriores, vienen a cuento de la petición de una banca pública y, mientras tanto, el pedir que Bankia no se privatice del todo y que se conforme como una banca pública.

Según las cuentas anuales del Grupo Bankia de 2018, los activos en forma de deuda pública española superaban los 10.000 millones de euros. La deuda pública extranjera, los 3.500 millones.

En el caso de Bankia, los ingresos por esa partida de intereses cobrados alcanzarían los 200 a 450 millones anuales, que van a la cuenta de resultados.

En resumen, una Banca Pública de depósitos hubiera servido para aliviar los costes de la crisis y la ciudadanía hubiera tenido, antes y los años de plazo de emisión que todavía duran, que pagar menos. Para satisfacer necesidades y no aupar dividendos.

 

Apendice:

Artículo 123 del Tratado de la UE:

1. Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo «bancos centrales nacionales», en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales.

2. Las disposiciones del apartado 1 no afectarán a las entidades de crédito públicas, que, en el marco de la provisión de reservas por los bancos centrales, deberán recibir por parte de los bancos centrales nacionales y del Banco Central Europeo el mismo trato que las entidades de crédito privadas.

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Relación entre catástrofe climática, género y condiciones de existencia

Lun, 06/05/2019 - 19:27
Daniel Raventós Julie Wark

sinpermiso

El planeta se asfixia. Los niños salen del colegio para tomar las calles y decirnos a los adultos lo que tendría que haber resultado obvio décadas atrás, cuando los manantiales empezaban a enmudecer. Los océanos se ahogan con basura, toxinas, radioactividad y cadáveres de animales; los bosques languidecen o son talados; especies grandes y pequeñas se extinguen; la tierra fértil se convierte en desiertos o en lodazales; las toxinas presentes en el aire, en el plástico y en la comida invaden nuestros pulmones y nuestra sangre; las inundaciones y los incendios asolan vastas superficies, principalmente aquellas donde vive la gente pobre. Estos hechos se comentan una y otra vez, pero los ricos y poderosos, tan derrochadores, hacen oídos sordos ante las incuestionables palabras de la adolescente Greta Thunberg: «No podemos paliar una crisis sin tratarla como una crisis […] Si tan imposible es hallar soluciones dentro del sistema, entonces […] deberíamos cambiar el propio sistema».

Pero ¿cómo? La sexta extinción nos afecta a todos de una forma u otra, así que tal vez deberíamos pensar en términos integrales. El único discurso político que disponemos a nivel global (sí, a veces visto con razón como un arma blandida por los poderosos para los poderosos y en general reducido a una parodia de su planteamiento original) es el de los derechos humanos universales, el concepto de que cada individuo tiene derecho a la libertad, la dignidad y la justicia. La condición sine qua non para implementarlos es garantizar el derecho a la existencia material de absolutamente toda la población. Con la sexta extinción ya en marcha, puede que necesitemos más que nunca reflexionar detenidamente sobre el sujeto central de los derechos humanos: los «humanos».

Los derechos humanos no solo afectan a estos, sino al planeta en su conjunto y a todas sus especies. Ahora mismo, una de las prioridades más urgentes es acabar con la arrogante idea de que la especie humana es superior a todas las demás, así como reconocer las consecuencias de su prepotencia y codicia irracionales. Son muchas las lenguas que reflejan el origen terrenal del término humano. Por ejemplo, la voz latina humanus está relacionada con humus, que significa ‘tierra’, y con los seres terrenales, para diferenciarlos de los dioses, lo que les hacía a todos más o menos iguales; en sánscrito, ksam alude a la tierra en contraposición al cielo; en griego, khthon hace referencia a la superficie sólida de la tierra; etcétera. Los humanos, tan vinculados a la tierra por sus lenguas y por su misma composición física, están tan alejados de ella (de sí mismos) que ahora se empeñan en su (propia) destrucción. Si queremos alcanzar la armonía con los miembros de nuestra especie, con el resto de especies y con nuestro hábitat, será necesario llevar a cabo lo que Mike Davis describió en Prisioneros del sueño americano como un «proceso de revueltas que traspase fronteras y aúne  movimientos». Este proceso revolucionario, que incluye la interrelación de los seres humanos con el resto de especies interdependientes que habitan el planeta, implicaría nada menos que «una completa revisión de nuestra relación con el planeta vivo», como escribe George Monbiot en The Guardian.

Los humanos han provocado la catástrofe climática y el planeta, totalmente desestabilizado, ha perdido su resiliencia y ya no es capaz de autorregularse, así que los humanos deben lidiar con ello. Una propuesta que está cogiendo fuerza es la tasa sobre el carbono y dividendo, aplicada principalmente a naciones con rentas y emisiones altas. En principio, la recaudación de este impuesto sobre el carbono se repartiría entre la ciudadanía de forma igualitaria como una especie de renta básica. Podría convertirse en una renta básica universal incondicional capaz de superar el umbral de pobreza si fuera complementada con otras medidas fiscales progresivas, tales como la reestructuración de los impuestos sobre la renta, las transacciones financieras, los bienes inmuebles y de lujo; la eliminación del gravamen reducido (para corporaciones y fundaciones multimillonarias, por ejemplo); una revisión a conciencia del impuesto de sucesiones y donaciones, y una férrea postura gubernamental frente al fraude y la evasión fiscal.

De hecho, si hay una política económica capaz de cambiar el sistema, traspasar fronteras y equilibrar a la humanidad, esa es la renta básica universal incondicional. Se apoya en cinco aspectos básicos: es un ingreso periódico, por encima del umbral de pobreza, individual, universal e incondicional (no tiene en cuenta la situación laboral ni las fuentes de ingresos). Es un derecho, independientemente de las circunstancias personales a excepción del estatus de ciudadanía o residencia y, como se financia principalmente a través de reformas fiscales progresivas, también es una forma de mitigar la atroz desigualdad que provoca que las 26 personas más ricas del mundo posean lo mismo que el 50 % más pobre. La renta básica no debería ser una medida exclusiva, sino que tiene que ir acompañada de un estado del bienestar fortalecido, de un transporte y una educación públicos y gratuitos, de seguros de salud accesibles y de mejores pensiones de jubilación, entre otros. En lo referente al medioambiente, podrían concederse bonificaciones fiscales a iniciativas que fomenten la agricultura sostenible, los sistemas fotovoltaicos y los proyectos de permacultura, por ejemplo, o a medidas que beneficien a otras especies, como la regeneración de bosques, pastos, selvas y océanos, y a la resilvestración.

El ecologismo está, por supuesto, relacionado con la justicia ambiental. Hace mucho, la tierra expoliada por las fuerzas colonialistas y destinada a la agricultura intensiva estuvo habitada por comunidades indígenas que promovían su diversidad biológica, sostenibilidad y belleza. Cuando estas comunidades fueron exiliadas, esclavizadas y masacradas, sus técnicas de explotación agrícola se perdieron, y con ellas la concepción de la tierra como parte de la humanidad y viceversa. Pero todavía hay comunidades con un amplio conocimiento del mundo natural, que puede que sea la forma más valiosa de conocimiento que poseemos hoy en día. Parte de la reparación del sistema pasa por devolver a estas comunidades los derechos que les fueron arrebatados, por promover medidas para revivirlas y por reaprender de ellas formas de vida sostenibles que fueron silenciadas hace mucho tiempo. Estar en contacto con la naturaleza de forma activa tiene beneficios tanto físicos como mentales, pero el acceso a la naturaleza es desigual, otra cuestión de justicia ambiental. En Inglaterra, por ejemplo, donde la tasa de pobreza infantil ascenderá al 35 % en 2021, más de uno de cada nueve niños pasa más de un año sin visitar un entorno natural.

El aspecto universal de la renta básica podría ir más allá de conceptos parciales y cambiar la percepción y el trato que la población tiene sobre el medio físico y social en su conjunto. Los ecologistas que consideran el «crecimiento» económico como destructivo y desigual defienden que la renta básica separa de forma automática binomios tan arraigados como renta y trabajo y que puede contrarrestar el crecimiento descontrolado. Florent Marcellesi, diputado del Partido Verde en el Parlamento Europeo, escribe: «La renta básica puede entenderse como uno de los motores de mejora de la justicia social y ambiental, como una reestructuración ecológica de la economía y como promotora de la autonomía». El bienestar no se concibe como sinónimo de consumismo, por lo que buena parte del pensamiento ecológico considera la renta básica como una herramienta para promover actividades consideradas no “productivas”, como los cuidados y el trabajo voluntario o los jardines comunitarios y la permacultura ¾proyectos políticos en tanto en cuanto reúnen a un grupo de personas y crean espacios fuera del sistema capitalista¾; estas actividades podrían ser ecológicamente poderosas si se combinaran con las prácticas y técnicas indígenas del sur global. Por tanto, la renta básica podría fomentar la ecología política y ayudar a construir una economía plural, coherente y respetuosa con la biosfera.

Al ser un ingreso individual (no familiar), la renta básica liberaría a las mujeres de la dependencia económica de los hombres, sobre todo a las mujeres víctimas de violencia doméstica dependientes de sus maltratadores e incapaces de emanciparse. Los sistemas de seguridad social que se implementaron en los países más ricos tras la Segunda Guerra Mundial fueron concebidos para que la mujer estuviera sometida económicamente al marido. Recibían prestaciones solo en calidad de esposas, no de ciudadanas y, como ya apuntaran clásicos del republicanismo, la verdadera ciudadanía precisa independencia económica. Como ingreso individual, la renta básica encaja con las nuevas formas de convivencia, en especial con las familias monoparentales encabezadas por mujeres.

El aspecto feminista de la renta básica también está relacionado con el medioambiente. En muchas sociedades, las mujeres son en gran medida las responsables de adquirir los alimentos debido a la prevaleciente división del trabajo. Pero el cambio climático actúa, por decirlo así, de forma sexista: sus efectos agravan los daños físicos, psicológicos y sociales que sufren mujeres y niñas, y la violencia sexual aumenta. La degradación del suelo y las sequías afectan a más de 169 países, cuyas consecuencias más severas se centran en las comunidades rurales más pobres: el 70 % de los mil trescientos millones de personas que viven en la pobreza en todo el mundo son mujeres. Sus posibilidades de morir en un desastre «natural» son mayores y son más vulnerables a los matrimonios infantiles y a la prostitución forzados si una hambruna, sequía o inundación destruye la forma de sustento familiar. Género y clima están indisolublemente relacionados y la igualdad de género puede afectar directamente al cambio climático.

En los países pobres, las mujeres suelen cultivar la mayor parte de su sustento en pequeñas explotaciones, pero tienen menos recursos que los hombres, por lo que sus terrenos son menos productivos, lo que se traduce en más deforestación, ya que deben desbrozar mayores superficies de tierra para obtener la misma cantidad de alimento a la vez que lidian con la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación del suelo, el acaparamiento de agua y tierras, la represión del conocimiento indígena y la falta de servicios básicos. Los científicos calculan que si las mujeres tuvieran las mismas herramientas que los hombres, podrían cultivar entre un 20 y un 30 % más en la misma superficie de tierra. Esto supondría un ahorro de dos mil millones de toneladas de emisiones para el año 2050.

Activistas, científicas, escritoras y académicas han contribuido al movimiento ecologista desde sus inicios y, en sistemas tradicionales, mucho antes de que existiera dicho movimiento. Por ejemplo, las mujeres de la isla de Leyte, en Filipinas, están llevando a cabo la recuperación de su deshumedecida turbera (las turberas acumulan el 30 % del carbono mundial). En los países africanos donde la Revolución Verde obliga a los minifundistas a formar parte de la homogeneizada cadena de suministro global restringiendo e incluso criminalizando el control independiente de los materiales de reproducción (semillas), las mujeres han jugado históricamente un papel esencial en la selección, almacenamiento y distribución de las mismas, protegiendo así la diversidad agrícola y creando una reserva de recursos genéticos que es un pilar de la vida social.

Global Witness calcula que 201[1] defensores del medioambiente fueron asesinados en 2017 (principalmente en Brasil, Filipinas y Colombia) por proteger sus tierras y recursos naturales. Alrededor del 10 % de las víctimas fueron mujeres, casi todas ellas indígenas. En 2016, el asesinato de Berta Cáceres en Honduras fue ampliamente condenado, pero las muertes de otras mujeres (como Emilsen Manyoma en Colombia, Leonela Tapdasan Pesadilla en Filipinas, Laura Leonor Vásquez Pineda en Guatemala o Macarena «La Negra» Valdés en Chile) fueron ignoradas en su gran mayoría y muchas otras se enfrentan a intimidaciones, violaciones, torturas y penas de prisión. Los estudios de violencia de género muestran que las mujeres con medios de producción (o con una renta garantizada) son menos vulnerables.

El cambio climático también actúa de forma racista. El catedrático James K. Boyce señala que (The Real News Network, 28 de noviembre de 2018), en los Estados Unidos, las comunidades con una mayor proporción de afroamericanos, latinos e indígenas están más expuestas a la contaminación. Esto es extrapolable a nivel internacional: la degradación medioambiental está relacionada con la desigualdad económica y de poder. «Y a mayor desigualdad, mayor daño medioambiental, lo que producirá más desigualdad al deteriorar la salud de la población y limitar sus fuentes de ingresos, etcétera. Por otra parte, podría invertirse este círculo vicioso: a menor desigualdad, menor daño medioambiental, que a su vez disminuiría la desigualdad, etcétera». ¿Puede la renta básica universal ser un catalizador para que la humanidad invierta este círculo vicioso?


[1] «Desde la publicación de este informe, ha salido a la luz nueva información que ha significado que la matanza de 6 agricultores indígenas en Perú en septiembre de 2017 ya no cumple con nuestros criterios de inclusión. Como tal, las cifras para 2017 se han revisado a 201 asesinatos a nivel mundial, con 40 vinculados a la agroindustria y 2 que ocurrieron en Perú durante el año». https://www.globalwitness.org/fr/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/

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Hablemos de bajar impuestos

Mié, 01/05/2019 - 11:48

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La necesidad de una renta básica incondicional

Jue, 25/04/2019 - 22:46

sin permiso

Jordi Arcarons Daniel Raventós Lluís Torrens

 

El reino de España sigue teniendo unas tasas de riesgo de pobreza y unos índices de desigualdad de rentas más elevados de la Unión Europea. Esto es consecuencia de un gasto social muy bajo, en especial en cuanto a la protección social a las familias, a las personas en riesgo de exclusión y a la vivienda. La relación entre la renta que tiene el 20% más rico de la población y el 20% más pobre (índice S80/S20) nos sitúa en la última división de los países de la OCDE. Solo situarnos en el índice que nos tocaría por el nivel de renta per cápita con respecto a los países europeos (4,9) implicaría transferir 9.000 millones de renta neta del 20% más rico al 20% más pobre.

 

Llevamos más de 5 años de recuperación económica, según el mantra mainstream, y nos acercamos a una nueva recesión. Pero algo está claro: la inmensa mayoría de la población no rica está en peores condiciones de vida y trabajo que antes de la crisis iniciada el 2008. Es más, según algunos indicadores la situación es peor, en especial en cuanto al acceso a la vivienda en las grandes ciudades y en el crecimiento de los trabajadores pobres. Claramente la crisis ha generado un gran grupo de personas perdedoras, con rostro femenino, de inmigrante, de persona de mediana edad parada de larga duración, o de joven sin capacidad de emanciparse. Incluso la OCDE, recientemente, ha constatado el empobrecimiento de las clases medias del reino de España, superior al del resto de países avanzados.

La misma OCDE en su base de datos sobre pobreza y desigualdad muestra la crudeza de la situación en la sociedad del reino de España. Todos los indicadores de renta, pobreza y desigualdad han empeorado en el período 2007-2016 (todos menos la renta de los adultos entre 66 y 75 años y la pobreza de los mayores de 65 años).

Preocupante es constatar la caída de la población entre 25 y 40 años (fruto de la emigración y de la demografía), que es justo la franja de edades de formación de los hogares: es la generación perdida. Y preocupante es ver el crecimiento del número de hogares frente a un estancamiento de la población, reflejo del mayor peso de la población envejecida y que al quedarse viviendo en soledad más problemas tendrá para afrontar su supervivencia, además de ser apoyo indispensable para muchos de sus hijos o nietos empobrecidos (lo que ensancha los límites de la pobreza).

Por otro lado, la crisis debida al estallido de la burbuja inmobiliaria y al endeudamiento interior y exterior insoportable que generó se ha solapado con la constatación de cambios estructurales en el modelo de funcionamiento de nuestra economía y sociedad. La automatización de muchos trabajos manuales y de oficina, la uberización, el incremento de la esperanza de vida, la crisis ecológica que necesita una respuesta urgente, nos ponen ante la necesidad de repensar cómo queremos avanzar socialmente y, en particular, la constatación que teorías repetidas hasta la saciedad según las cuales el crecimiento fluye de arriba hacia abajo y que lo importante es generar puestos de trabajo a cualquier precio o condición laboral, dejan de ser válidas.

Además, se ha constatado la ineficacia reiterada de los sistemas de protección social de último recurso existentes en el reino de España. No hay ningún sistema de rentas mínimas garantizadas condicionadas (todas las existentes lo son) en ninguna Comunidad Autónoma que por potente que sea (como lo son teóricamente los sistemas del País Vasco y Navarra) haya acabado con la pobreza. Incluso los sistemas que han sido revisados los últimos años como la Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña (RGC), la Renta Valenciana de Inclusión, o la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía están muy lejos de sus objetivos de garantizar la cobertura de necesidades básicas de su población vulnerable. Y supuestamente para eso se crean.

Causas del fracaso de los subsidios condicionados

Las razones de este continuado y evidente fracaso son diversas, pero las podemos clasificar en dos. Las razones políticas son que a pesar de que se configuran la mayoría de estas rentas condicionadas como derecho subjetivo (se tienen que conceder a todas las personas que cumplan las condiciones personales para acceder), en la práctica son derechos sometidos a las previsiones y disponibilidades presupuestarias de las comunidades autónomas. Es fácil comprobar como las estimaciones que se hacen de potenciales usuarios en las memorias o previsiones presupuestarias de aplicación de las prestaciones están sistemáticamente por debajo en número de beneficiarios de las estimaciones de las estadísticas oficiales de pobres o de los registros administrativos. A guisa de ejemplo, en la ciudad de Barcelona los registros administrativos de servicios sociales constatan que hay más de 50.000 hogares que tendrían que recibir la RGC catalana cuando hay menos de 3.000 que la reciben. Sí: ¡el 6%! Esta autolimitación presupuestaria hace que muchas peticiones se rechacen de manera casi arbitraria, o que se pidan muchos papeles y certificados oficiales y repetidas veces (cuando la ley dice que es la administración quién tendría que pedir un certificado que ya está en otra administración), y se observa la dejación de muchas demandas o que los procedimientos de resolución se atrasen meses y meses de forma que hogares y personas en necesidad extrema se quedan sin acceder a recursos. También se producen procedimientos arbitrarios de suspensión del pago de las rentas cuando se tiene alguna sospecha de fraude, pasando el hogar a ser culpable antes de demostrar su inocencia, y cuando el grado de fraude en este tipo de ayuda es muy bajo, extremadamente más bajo en porcentaje y en importe que el fraude fiscal de los contribuyentes. Y si lo comparamos con el de los más ricos, la comparación resulta insultante.

Hay que añadir que este sistema en la práctica no subjetivo de gestión de las rentas mínimas condicionadas se contrapone de manera escandalosamente flagrante con el funcionamiento del sistema de protección social que está a cargo del Estado, donde las concesiones de prestaciones y subsidios de paro, de las pensiones de jubilación o de las incapacidades por enfermedad o accidente son procedimientos automatizados y sistemáticamente sin demoras. En el caso del Estado las restricciones presupuestarias no actúan: paro y pensiones son verdaderos derechos subjetivos que si se disparan sobre el presupuesto inicial generan incrementos presupuestarios que no son discutidos ni llevan a la manipulación de las concesiones de las prestaciones. En cambio, las CCAA sujetas a las estrictas reglas de control presupuestario se comportan de una manera completamente diferente, ajustando el gasto al presupuesto, mientras que el Estado ajusta el gasto a la necesidad. No hay que esconder que la soberanía fiscal juega aquí su indiscutible papel.

El segundo tipo de razones del fracaso de rentas mínimas es estructural, lo genera su propia concepción condicional, no universal y limitada en las cantidades. Esto no es algo que pase sólo en el Reino de España sino que también ocurre en otros lugares. Las tasas de no acceso a rentas mínimas oscilan en Europa según un estudio de la EMIN entre el 20 y el 80% de los hogares potencialmente beneficiarios.

En primer lugar el no acceso se debe a que las familias con un grado de vulnerabilidad elevado tienen muchos problemas para solicitar las ayudas. Las razones son múltiples: desconocimiento, carencia de educación, problemas con el idioma, miedo a perder otras ayudas, extrema vulnerabilidad -sin techo y sin domicilio fijo por ejemplo- y, en el caso de clases empobrecidas no habituadas a pedir ayudas la estigmatización de declararte pobre.

En segundo lugar, ya lo hemos comentado, la burocracia extremadamente complicada que muchas veces supone la tramitación de la ayuda y que hace desistir a muchas personas. El pequeño y maravilloso ensayo de Sara Mesa “Silencio Administrativo” es un sobrecogedor y muy realista ejemplo representativo. Otro ejemplo: sólo un 27% de los 1.400 hogares que participan como grupo de control en el proyecto B-Mincome liderado por el Ayuntamiento de Barcelona para observar un Soporte Municipal de Inclusión, habían solicitado la RGC a los 16 meses de su implementación, cuando la inmensa mayoría de estos hogares cumplían los requisitos. Y de este 27%, sólo lo han pasado a cobrar un 31%, el resto han sido mayoritariamente denegadas o han desistido.

En el caso catalán, según la Encuesta de Condiciones de Vida del 2017 del INE, 214.000 hogares catalanes cumplían el requisito de renta baja para acceder a la RGC. En enero del 2019, solo 29.000 hogares la recibían y en 16 meses se habían hecho 82.700 peticiones, de las cuales se habían atendido 77.500 y concedido 10.500. Las restantes se habían denegado (53.000) o retirado (14.000).

En tercer lugar, la ineficacia administrativa (que atrasa hasta 4 meses legalmente la concesión de la ayuda) y el propio diseño que genera los clásicos ejemplos de trampas de la pobreza y de la precariedad. Así, en el caso de la RGC catalana, ésta no es compatible con trabajos temporales, y en el caso de otras rentas autonómicas puede haber cierta posibilidad de compaginar la renta mínima con el trabajo, pero con un coste muy elevado, que representa que de cada 100 euros que se ingresen por trabajar se reduzcan en 90 la ayuda, como pasa en el País Vasco o en Navarra. Además, estas compatibilidades se dan por períodos limitados de tiempo, para no generar agravios comparativos con los que no reciben la renta mínima. Estas limitaciones en el tiempo se diseñaron pensando en sociedades donde el paro es una situación coyuntural, cuando la realidad nos demuestra que la precariedad y la carencia de trabajo para algunos colectivos es estructural.

La trampa de la pobreza se manifiesta en el hecho de que racionalmente un individuo cuyo hogar percibe la ayuda prefiere mantenerse en la seguridad de la renta condicionada, pequeña e insuficiente pero estable, que no aceptar un trabajo temporal que le hará renunciar a la ayuda y con la incertidumbre de que cuando deje de trabajar tendrá que volver a entrar en un diabólico circuito administrativo de resultado desconocido (30% de probabilidades de que se la concedan). O se manifiesta en que el ingreso accesorio que supone aceptar un trabajo representa un incremento neto tan bajo de los ingresos que no sale a cuenta (por ejemplo, un beneficiario puede tener que incurrir en nuevos gastos como el transporte o el canguro de los niños pequeños). Incluso se constatan los casos (explicados por profesionales de los servicios sociales) de familias que prohíben a sus hijos en edad laboral aceptar trabajos de verano, puesto que la normativa también suspendería el pago de la renta familiar. Otra consecuencia negativa es que esta limitación incentiva el trabajo no legal, para no tener que declarar los ingresos y evitar perder la ayuda.

La cuarta razón es que a menudo estas rentas van acompañadas de condicionalidades como buscar trabajo, realizar actividades de formación, etc. con unos resultados muy inoperantes. Los datos lo certifican, menos del 4% de los trabajos se obtienen mediante los procedimientos de las oficinas de ocupación encargadas de garantizar la condicionalidad. En Barcelona se han tenido que crear procesos específicos para mejorar estas tasas como el programa Lábora del Área de Derechos Sociales y Barcelona Activa. Los resultados parciales del primer año del proyecto B-Mincome nos dicen que los beneficiarios del programa sometidos a rentas condicionadas a participar obligatoriamente en programas de reinserción tienen menos probabilidades de encontrar trabajo que los no condicionados (es lo que se llama en la literatura académica el efecto locking-in).

Aún más, en realidad tendría que ser la administración la que se obligara a poner todos los medios posibles para garantizar el derecho al trabajo de las personas paradas, y más las vulnerables, cuando lo que sucede es que se les ofrecen unos medios tan limitados que las hace sentir culpables de su situación. Es lo que podríamos calificar de doble victimización de la situación de pobreza, ser pobre e incapaz de encontrar trabajo porque la eficacia administrativa es casi nula.[1]

Y esto nos lleva a que 3,8 millones de familias en el conjunto del reino de España (el 20,5% del total de los hogares), estén por debajo del umbral oficial de riesgo de pobreza, cuando en el 2017 solo 313.000 hogares (1 de cada 12) recibieron alguna modalidad de renta condicionada mínima de inserción.

Los penúltimos contra los últimos

Y esto ha convertido a las administraciones locales y a las entidades del tercer sector (además de a los familiares cercanos como padres/madres y abuelos/abuelas) en el verdadero garante de la cobertura de las necesidades más básicas, eso sí, con un grado de cobertura muy desigual, como lo demuestran los datos de privaciones materiales de la Encuesta de Condiciones de Vida (29,8% de los hogares tienen 2 o más privaciones y el 5% de los hogares tienen 4 o más privaciones) o la emergencia habitacional. Y claramente con el colectivo inmigrante mucho más afectado, al no disponer de la red de cobertura familiar.

Y es normal que cuando se trata de población muy vulnerable, que se busca la vida, a menudo afloren los conflictos de los penúltimos contra los últimos: los trabajadores precarios o jubilados con pensiones bajas que se quejan de que algunos beneficiarios de las ayudas, ya sea una renta mínima, ya sea una ayuda municipal o una ayuda de una entidad asistencial, no son merecedores de la misma porque tienen ingresos y patrimonio oculto o porque no hacen nada para cambiar su situación, y en cambio a ellos no se les ayuda a completar sus bajos ingresos. La solución conservadora es restringir todavía más las ayudas y endurecer los controles (como así ocurre en general) y su arbitrariedad confiando, en el fondo, que alguien ya se encargará de ellos o que si son inmigrantes o sin techo marcharán a otro lugar y dejarán de molestar.

Otro elemento a considerar es que el futuro nos depara muchos cambios en el mercado laborroal, con una tendencia a que el trabajo remunerado con ocupaciones estables por cuenta ajena y a tiempo completo será cada vez más escaso, con una necesidad de más períodos de formación a lo largo de toda la vida para adaptarse a las nuevas condiciones cambiantes de la tecnología y del mercado de trabajo, a la evidencia de que habrá que trabajar menos para que todo el mundo pueda trabajar[2] y a la reivindicación inaplazable de que hay que repartir de manera más justa las tareas reproductivas no remuneradas. En resumen, transformar profundamente el empleo con la necesidad imperativa de transferir más poder y libertad de decisión a los trabajadores[3]. Y no menos importante, a la constatación de que estamos en una sociedad desarrollada y rica, en la que no nos hace falta crecer más para eliminar la pobreza, sino que lo que hace falta es repartir la riqueza, incluido el precioso derecho social a trabajar para el bien común.

La Renta Básica: una solución justa y racional

Llegados a este punto, casi por descarte de las opciones que no funcionan y del futuro que nos acecha, parece inevitable abogar por poner en funcionamiento una Renta Básica Universal e Incondicional (RB) si queremos acabar de una vez con el sufrimiento derivado de la falta de la mínima cantidad de dinero para existir socialmente de millones de familias en todo el mundo y también en nuestra sociedad más cercana. No es una solución mágica, es una solución justa y racional.

Hemos explicado en muchas anteriores ocasiones cómo se puede financiar una RB. Estamos realizando nuevos estudios a partir de un número más rico de datos. Lo explicamos recientemente.

Hay la tentación de querer incluir “dentro de” la RB muchos aspectos que reflejan situaciones efectivamente reales de las condiciones de existencia material de la inmensa mayoría de la población. Un ejemplo significativo: la vivienda. Otro: las diferencias de género. Centrémonos en la vivienda. Sabido es que la mitad de la población vive en su propia vivienda sin coste (y para la mayoría es su principal riqueza) y la otra mitad vive de alquiler o hipotecada para pasar a la otra mitad (es su principal gasto o medida de ahorro). Así, por ejemplo, se puede argumentar con razón que con una RB igual al umbral de la pobreza muchos hogares seguirían teniendo problemas con los distintos gastos de la vivienda (hipoteca, alquiler, comunidad…). Es evidente que la situación variará significativamente según el número de personas que vivan en el hogar, resultando más perjudicadas en igualdad de otras condiciones las personas que vivan solas. Pero la política de vivienda debe ser tratada específicamente, no incorporada a una RB. Como si la RB tuviera que hacer frente a los problemas derivados de la vivienda. Podemos leer en un reciente artículo de Stephan Kaufmann referido a Alemania: “en este sector [el inmobiliario], el mercado no solo no ofrece viviendas a precios asequibles, sino que las destruye a causa del aumento de los precios y las reserva para los ricos. Es importante recordar un fallo del tribunal de distrito de Berlín que ha demostrado que Gehag -una empresa subsidiaria de la Deutsche Wohnen-, permite –con la ayuda de los tasadores- que los alquileres se establezcan por encima de su nivel”. Pretender imponer límites legales a los alquileres o defender la socialización de las viviendas cuyos propietarios realizan objetivos claramente especulativos, entre otras posibles medidas, puede parecer más extraño que salvar a la banca después de que la misma especulase para sus exclusivos intereses privados, en detrimento de la mayoría de la población. Pero que parezca extraño no es óbice para que algunos sigamos pensando que es justo y racional regular el mercado inmobiliario en beneficio de la mayoría de la población. Así como el sector de la sanidad y de la educación, por ejemplo. Como el mismo Kaufmann concluye: “es preciso que la vivienda no sea considerada una mercancía”. Lo hemos escrito en varias ocasiones: la RB formaría parte de una política económica. No representaría toda una política económica (y social). Otros componentes de política económica (y social) serían la política sobre vivienda, la de igualdad de género, la monetaria, la de renta máxima, etc. La RB es una medida, no puede incluir elementos que corresponden a otros aspectos de la política económica.

La RB se pagaría con los ahorros en prestaciones por debajo de la misma y una reforma del IRPF y del Impuesto de Patrimonio. La reforma de los dos impuestos tendrá que garantizar que se puede financiar la RB y mantener el resto de la recaudación para seguir manteniendo o aumentar el resto de gastos públicos. Adicionalmente se podrán incorporar otros impuestos como una tasa para la descarbonización o el tipo mínimo sobre el Impuesto de Sociedades, por ejemplo. Lo hemos explicado con minucioso detalle en La renta básica: una propuesta racional y justa (Serbal, 2017).

El IRPF eliminará todas las reducciones y mínimos familiares, así como el resto de deducciones, y aplicará una única tarifa en 5 o más tramos progresivos sobre todos los ingresos mundiales de los residentes en el reino de España y de los legalmente españoles residentes en todo el mundo (que pagarán la diferencia entre el IRPF español y el que paguen en el impuesto equivalente a su país de residencia)[4]. El primer tramo (nominal) estará alrededor del 25% y el último alrededor del 45 %, según las simulaciones que se hagan.

Se podría crear una cláusula de status quo de tal manera que todos los hogares por debajo del percentil 80 de la población con más rentas tendrán garantizada como mínimo la misma renta disponible neta de IRPF que habrían tenido aplicando el IRPF con normativa estatal del 2019, sin recargos ni deducciones autonómicas. Esto equivale a aplicar la cláusula a las rentas por hogar por encima de los 60.000 euros aproximadamente. Toda la denominada con más o menos claridad analítica clase media española según criterio de la OCDE quedaría cubierta.[5]

 

 

En la práctica quiere decir que cualquier hogar por debajo del percentil 80 tiene garantizados sus ingresos netos anteriores y que cualquier nuevo ingreso que reciba incrementará su renta neta entre un 55% y un 75% de su importe bruto (menos las cotizaciones sociales, que se mantienen).

Adicionalmente se podría realizar una reforma integral del Impuesto de Patrimonio donde los hogares con rentas del décimo decil (el 10% con rentas más elevadas) y con un patrimonio neto total -sin contar la vivienda principal hasta 400.000 euros de valor- en el décimo decil (el 10% con mayor patrimonio), tributarían un mínimo del 1% anual del valor del patrimonio neto sin vivienda principal. Con datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España equivale a unos 10.000 millones de euros anuales de recaudación para cofinanciar la RB.[6]

Y también, se podría habilitar a los municipios a implementar un impuesto o tasa potente para desestimular los usos alternativos a la vivienda principal allá donde se pueda acreditar una fuerte demanda de vivienda (siguiendo la ley 1/2007 del Derecho a la Vivienda de Cataluña ); o crear un impuesto progresivo por tramos en función del precio de alquiler, con la idea de co-responsabilizar a los propietarios privados de la exclusión residencial que los precios a los cuales aspiran provoca, y cuya recaudación serviría para generar fondos adicionales para abordar la financiación de la RB.

Desgraciadamente casi ningún partido político ha sido capaz de acercarse a la solución. Las propuestas electorales sobre cómo hacer frente a la pobreza (para limitarnos a este aspecto) de los partidos de izquierda son deprimentes. Las de los partidos de derecha son las esperadas y forman parte de su ser: alejarse de la libertad ligada a las condiciones de existencia de la ciudadanía. Las propuestas del PSOE, de Podemos y de En Comú Podem, por poner significativos ejemplos, representan una apuesta clara, decidida y militante a favor de los subsidios condicionados para pobres. Con todos los problemas conocidos. Insistiendo, perseverando.

La gran diferencia de la RB y los subsidios condicionados, como hemos explicado más de una vez se expresa en términos de libertad. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda ex-post a quienes han fracasado, a quienes han caído y pueden demostrarlo ante la burocracia estatal. Sea porque se han quedado en el paro; sea porque, pese a trabajar remuneradamente, no alcanzan el umbral de la pobreza -en el reino de España, esta es la realidad del aproximadamente 15% de los trabajadores asalariados-; sea porque presentan algún tipo de diversidad funcional que los hace, precisamente, “disfuncionales” en los actuales mercados de trabajo, constituyen todas estas personas legítimas “merecedoras” de tutela ex-post. Y no se niega que un mundo con tutela ex-post es más deseable que un mundo sin mecanismo de protección alguno. Pero la mera asistencia ex-post nos conduce irremediablemente a la pérdida de nuestra libertad efectiva. Con la RB abrazamos la lógica incondicional de las medidas que entran en vigor ex-ante, como derechos de ciudadanía. La incondicionalidad significa poder de negociación, y poder de negociación supone mayores niveles de libertad efectiva para el conjunto de la población.

El derecho a la existencia es el primero de los derechos y la RB incondicional de una cantidad igual al menos al umbral de la pobreza creemos que es una de las medidas imprescindibles. Una de las medidas no significa la única medida, como creemos que lo hemos explicado con algún detalle. Hay quien puede pensar que si defendemos la RB incondicional es porque queremos defender criterios de “pureza”, o somos “poco flexibles” (ante otras medidas supuestamente “parecidas”), o carecemos de la cualidad de “buscar consensos”, o nos oponemos a los “gradualismos” y al “realismo” (sic)… Evidentemente, cada uno puede pensar o atribuir intenciones a los demás según lo que su imaginación e inteligencia alcancen, pero nosotros hemos argumentado a favor de la necesidad de la RB en dos sentidos muy precisos: normativamente (su justicia) y técnicamente (su financiación). Y seguiremos con esta perspectiva y rectificaremos todo lo que se nos demuestre que es erróneo. Pero, vistas las razones contrarias aportadas hasta el momento, parece que vale la pena seguir este camino de razones normativas y técnicas. Y ante las pobres alternativas que se nos ofrecen, con mayor motivo aún.


[1] Según la Encuesta de Población Activa, en el año 2007 el porcentaje de asalariados cuyo puesto de trabajo había sido obtenido a través de las oficinas de empleo era del 3,2%. En el año 2018 la cifra había cambiado: el 2,1%.

[2] Curiosamente, este año se celebra el centenario de la jornada de 8 horas en el reino de España. 100 años y seguimos de forma muy parecida. ¡Qué lejos de las 15 horas semanales de trabajo remunerado que vaticinaba Keynes para 2030 en la conferencia que realizó en Madrid en 1930!

[3] Es sintomático escuchar a este activista en favor de la renta básica de Namibia explicar en el minuto 24’10’’de este reportaje https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/viure-de-renda-basica/video/5837927/ su sospecha de la posición contraria de las multinacionales explotadoras de los recursos naturales de Namibia porque empoderaría a los trabajadores e incrementaría su salario de reserva (“no tendrían que escoger entre un trabajo precario o morirse de hambre”).

[4] No estamos inventando nada nuevo, los “liberales” de Estados Unidos de América (es decir, lo que en Europa serían más o menos socialdemócratas de distinto grado) aplican esta imposición desde hace 6 años. Su incumplimiento (aun siendo titular no norteamericano de un permiso de residencia en EUU y viviendo fuera de EEUU) puede implicar la pérdida de la residencia o la nacionalidad norteamericana.

[5] El criterio de pertenencia a la clase media para la OCDE es entre el 75% y el 200% de la mediana de los ingresos del país.

[6] Y recordemos que en el reino de España se halla entre los estados con menor imposición ambiental en Europa, una convergencia en fiscalidad aportaría un mínimo de 7.000 millones de euros. Y si el Impuesto de Sociedades recuperara el 35% de tipo único se recaudarían 13.000 millones adicionales. Recordemos que la presión fiscal en el reino está unos 7 puntos del PIB por debajo de la media europea (84.000 millones de euros equivalentes).

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REFLEXIONES DE POLITICA DE VIVIENDA ANTE LOS PROGRAMAS ELECTORALES

Jue, 25/04/2019 - 22:39

Julio Rodríguez López
Los representantes de los principales partidos políticos expusieron, recientemente, sus posiciones respecto del problema de acceso a la vivienda (Idealista/News, 9.Abril.2019). Así, el Partido Popular ha vuelto a sacar a colación la agilización de las licencias municipales, tema ya bastante socorrido. Para este partido hay que aumentar la oferta de viviendas a toda costa. La desgravación fiscal al acceso a la vivienda es una debilidad tradicional del PP, que en este caso viene de la mano de lo que denominan “blindaje fiscal del ahorro”.
El Partido Socialista destaca la conveniencia de sacar al mercado las viviendas vacías, respecto de las cuales no se conoce bien su real dimensión. Su oferta electoral pone de manifiesto la relevancia del Real Decreto-ley 7/2019, que ha permitido, entre otros aspectos, aumentar el plazo de los alquileres y controlar el alcance de las fianzas.
Destaca el papel que los socialistas atribuyen a los ayuntamientos en el mercado de vivienda, aprovechando la vía creada por el citado Real Decreto-ley para que puedan utilizar los remanentes en gasto en vivienda. Se concede trascendencia a una futura Ley Estatal de Vivienda que refuerce los derechos a la vivienda en toda España. También promete fomentar la promoción de viviendas de alquiler social.
Podemos considera a la vivienda como un derecho fundamental, a la vez que un bien económico que debe de estar sujeto a reglas. Propone multiplicar el gasto público en vivienda hasta el 1% del PIB (ahora supone unas escasas decimas de PIB) .Su oferta más destacada es el control de los precios abusivos del alquiler, pretendiendo eliminar la especulación en el mercado de alquiler. Se aspira a la creación de un gran parque de viviendas de alquiler público de precio asequible, mediante la nueva construcción y forzando la cesión obligatoria de vivienda a los bancos y a los grandes tenedores de vivienda.
Ciudadanos propone enfocar la VPO hacia el alquiler, reforzando la desgravación fiscal a los propietarios que ponen viviendas en oferta de alquiler. Vox habla de armonizar las normativas urbanísticas de las 17 autonomías y de crear un parque de vivienda social que llegue al 15% del total de viviendas, ahora situado en el 1,5%.
Se advierte más concreción en los programas de vivienda citados que en convocatorias electorales precedentes. La situación del acceso a la vivienda exige obliga a las fuerzas políticas a conceder más relevancia al problema. La llegada al mercado de grandes inversores confirma la creciente financiarización de la vivienda. Los precios de venta y los alquileres privados se elevan así a unos niveles lejanos de los ingresos de los hogares españoles.
Se debe revisar la normativa correspondiente a las inversiones de extranjeros en viviendas. El aumento del gasto público en vivienda suena bien, pero es conveniente aclarar primero que destino se le va a dar a los mayores recursos públicos asignados a la vivienda.
La creación de un parque de viviendas públicas de alquiler asequible es una exigencia inevitable. El dinero público debe destinarse a la creación de dicho parque, impulsando las iniciativas de los ayuntamientos, en los que no debe de faltar un registro de demandas de viviendas.
Las viviendas sociales de alquiler deben de integrarse dentro de las VPO, que deben destinarse básicamente al alquiler. El parque de viviendas sociales de alquiler se crearía a partir de la construcción de nuevas viviendas, con gasto público o con financiación crediticia. A ello hay que unir buena parte de las viviendas ahora remansadas en los balances bancarios y en Sareb, cuya adquisición sería objeto de negociación. Se mantendrían las ayudas directas temporales a los inquilinos. Ese debería de ser el objetivo básico de cualquier política de vivienda que pretenda hacer frente al problema con seriedad.

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La entrega de Julian Assange:

Lun, 22/04/2019 - 14:07

Adoración Guaman
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La vida de Julian Assange, protegida hasta hace una semana por su condición de asilado en la embajada del Ecuador en Londres desde junio de 2012, se encuentra en peligro. Tras más de seis años y diez meses nada fáciles de vida en una habitación de 30 metros, el 11 de abril de 2019 Assange fue entregado por el Gobierno del Ecuador a la policía británica, que respondía con su detención a una solicitud de extradición de los Estados Unidos

El Gobierno de Lenín Moreno continúa así con su deriva neoliberal y su clara subordinación a las ordenes de la embajada estadounidense en Quito. Tras renegar de la UNASUR (el proyecto de integración regional latinoamericano en clave soberana), retomar la senda de la firma de tratados de comercio e inversión, conceder todo tipo de privilegios fiscales a las empresas extranjeras, implorar la intervención del Fondo Monetario Internacional y aceptar gustoso la exigencia de un ajuste socio/económico brutal, Ecuador materializa este viaje al pasado, a la década perdida, entregando a Julian Assange.

Las circunstancias políticas que motivaron que el cofundador de Wikileaks solicitara en 2012 el asilo no han cambiado, al contrario, se presentan fundamentalmente agravadas. En aquel momento, Assange se identificó como víctima de una persecución jurídica, en distintos países, orquestada por los Estados Unidos y derivada no solo de sus ideas y acciones “sino de su trabajo al publicar información que compromete a los poderosos, de publicar la verdad y, con ello, desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo”. Se trataba sin duda de una muestra del ya conocido como lawfare, o mecanismo de represión jurídica utilizado para eliminar al enemigo político y que ha supuesto el encarcelamiento y la eliminación de la contienda electoral de líderes como Lula o la imposibilidad de regreso al Ecuador del propio ex-presidente Correa.

Ecuador y Assange coincidieron en el 2012 como una virtuosa pareja. Por un lado, el país andino se encontraba en plena expansión de una política internacional de tintes contra-hegemónicos que se desarrollaron, con mayor o menor fortuna, durante los  años del gobierno de Rafael Correa. El cierre de la base militar de Manta; cancelación del contrato con la petrolera norteamericana OXY; la declaración de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa; el apoyo a las miles de víctimas de la transnacional Chevron-Texaco; la política de desenganche del marco internacional de protección de las inversiones extranjeras (con la denuncia del CIADI y de los Tratados Bilaterales de Inversión); la propuesta de un instrumento vinculante sobre derechos humanos y empresas trasnacionales en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el impulso de la iniciativa Yasuní ITT o de mecanismos por la justicia fiscal y contra los paraísos fiscales; el apoyo de las iniciativas de integración regional en clave soberana en América Latina, entre otras cuestiones, hacían que la concesión de asilo a Assange se considerase como un paso más para afirmar la soberanía del pequeño país frente a las décadas anteriores de sumisión estatal y regional a los imperativos de Estados Unidos.

Todas estas líneas de actuación marcaron el escenario que movió a Assange a pedir el asilo en la embajada ecuatoriana, es más, en aquel momento él mismo manifestó otro punto importante: Ecuador no estaba solo. La geopolítica regional jugaba en una cancha con postulados post-neoliberales que podían asegurar la protección del activista frente a la voluntad de Estados Unidos de silenciarle.

Evidentemente Ecuador justificó la concesión de asilo en la defensa de los derechos humanos, señalando insistentemente la existencia de fundadas sospechas de persecución política y de represalias por parte de los países que se vieron afectados por la actividad de Wikileaks. De hecho, el país andino intentó recabar garantías de que la vida y seguridad de Assange serían garantizadas, incluyendo la no extradición a un país fuera de la Unión Europea, pero las respuestas siempre fueron negativas. La estrategia de lawfare exigía la entrega de Assange a Estados Unidos.

La actuación del Ecuador provocó reacciones frente al gobierno de Correa. Tras la concesión de asilo, el Reino Unido llegó incluso a amenazar con asaltar la Embajada ecuatoriana en Londres para arrestarle. Esto provocó una reacción conjunta a nivel regional tanto desde de la UNASUR como desde la propia OEA, en apoyo de la posición soberana del Ecuador, la inviolabilidad de sus locales diplomáticos y su derecho de conceder el asilo político. Comenzaban así seis años y diez meses nada fáciles, a lo largo de los cuales la protección de la vida de Assange implicó un confinamiento durísimo en la embajada, en una habitación de 30 metros, una cárcel asumida como último recurso frente la amenaza permanente a la vida del cofundador de Wikileaks.

La protección de Assange comenzó a ponerse en duda con la llegada de Moreno al poder y muy particularmente a lo largo del último año. La entrega de Assange ha sido la crónica de una traición anunciada, una de tantas de Lenín Moreno. Para entender el conjunto del proceso, es importante destacar que el propio Moreno accedió en el inicio de su gobierno (cuando aun parecían quedar en él vestigios de lineamientos de la época anterior) a poner en marcha una última estrategia para intentar sacar a Assange de la embajada protegiendo su vida y evitando la extradición. La táctica fue sin duda arriesgada aunque completamente correcta en el plano normativo. El 16 de septiembre del 2017, Assange pidió la naturalización, es decir el reconocimiento de igualdad de derechos a ecuatorianos y extranjeros, motivada en su permanencia de más de cinco años bajo la protección de Ecuador. El 12 de diciembre del mismo año se le concedió la nacionalidad y la cancillería ecuatoriana inició el trámite para que Reino Unido reconociese a Assange como agente diplomático, lo cual le proporcionaría inmunidad y permitiría su salida de la embajada (no es la primera vez que el Ecuador concede la nacionalidad para proteger a víctimas de persecución política y es algo aceptado internacionalmente como vía de protección). En este caso, la estrategia no dio resultado, el Foreign Office, haciendo uso de sus prerrogativas, rechazó el nombramiento y la maniobra se destapó en los medios nacionales, manipulada por el propio Presidente Moreno que afirmó desconocer toda la operación. A partir de aquel momento, el hostigamiento personal Assange fue en aumento. Además de la prohibición del acceso a internet y la restricción de visitas, se le llegó a enviar un protocolo de convivencia que raya en la vulneración de su dignidad como asilado.

En los últimos meses, la situación interna del país, con la popularidad del presidente cayendo en picado, se vio sacudida con la publicación de los llamados “INA papers” (inapapers.org) en los primeros días del mes de abril. En estos documentos, de cuya filtración se ha culpado de manera indirecta al círculo de Assange, se desvela una trama de corrupción que presuntamente involucra al presidente del Ecuador y a buena parte de su familia, incluyendo pruebas de lavado de activos, propiedad de empresas en paraísos fiscales (algo prohibido para los funcionarios públicos ecuatorianos), etc. La publicación de este portal de internet donde se cobijan los miles de documentos provocó la apertura de una investigación contra el presidente ecuatoriano y otras personas cercanas por parte de la fiscalía. Ese fue el detonante, la cabeza de Assange ya tenía una recompensa añadida a la prometida, cualquiera que sea, por Estados Unidos: el silencio y la venganza.

De nuevo la estrategia de lawfare, esta vez interno, ha marcado la aniquilación del enemigo político. El jueves 11 de abril, el ministro de Exteriores del Ecuador, José Valencia, declaraba el fin del asilo y, a la vez, la suspensión de la nacionalidad. En paralelo, las imágenes de Assange, envejecido y debilitado, siendo arrastrado por la policía británica a la que se le había permitido el acceso a la embajada recorrieron el mundo.

Frente a las críticas que inundaron las redes y a los centenares de comunicados de apoyo al ciber activista, las autoridades ecuatorianas han ofrecido un relato inconsistente para justificar la retirada del asilo y de la nacionalidad. Con respecto de esta última, el canciller llegó a afirmar que su suspensión se derivó de una “investigación” llevada a cabo por una diputada conservadora donde se concluía “se habían trasgredido las leyes ecuatorianas sobre concesión de la nacionalidad”. Como ha señalado la Defensora del Pueblo en un valiente comunicado público, la carta de naturalización de Assange, la solo puede ser anulada observando lo establecido en el art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el cual exige el seguimiento del debido proceso la notificación a las autoridades correspondientes. A día de hoy todavía no se ha hecho pública la existencia de una resolución judicial que acredite la legalidad de esta decisión. Debe remarcarse, como indica la Defensora, que de no haberse suspendido correctamente la nacionalidad estaríamos ante una extradición de facto, lo cual contradice el artículo 79 de la Constitución Ecuatoriana.

Con respecto a la cancelación del asilo, las justificaciones han sido todavía más vergonzantes. Las circunstancias iniciales que justificaron jurídicamente el asilo no han cambiado. Al contrario el temor inicial de Assange de ser entregado a EEUU por las autoridades británicas se evidencia más que real dado que su detención deriva de una orden de extradición estadounidense. Sin embargo, el gobierno de Moreno ha tomado esta decisión, vulnerando sus obligaciones respecto del principio de no devolución frente a los evidentes riesgos para la vida del asilado, fundamentándola en un discurso absurdo en torno al comportamiento personal de Assange. Como si se tratara de engañar a niños pequeños, la estrategia de comunicación de Moreno ha intentado distraer el foco, fijado la semana anterior sobre su propia corrupción y la degradación acelerada de los derechos en el Ecuador, tras una pantalla basada en si Assange iba o no en patinete por la embajada.

Acusaciones falsas al asilado, propaganda engañosa sobre su vida y su comportamiento, mentiras y una clara estrategia de lawfare pretenden ser una pantalla para la cuasi total sumisión de la política ecuatoriana al autoritarismo de mercado y a la embajada estadounidense, así como un velo de silencio de la obscena corrupción destapada por los INA papers. Además, y en paralelo, la persecución política en Ecuador se ha cobrado una nueva víctima, el activista por el software libre Ola Bini, de nacionalidad sueca, en contra de quien, a través de un procedimiento policial en el que se verificaron sendas violaciones de los derechos humanos y del debido proceso, se ordenó prisión preventiva por noventa días para fines de investigación, acusado de “compartir información en redes y tener una vinculación con Assange y Wikileaks”  justificados con elementos probatorios a todas luces irrisorios.

De la mano de Moreno y de su gobierno de empresarios y representantes del capital financiero, el Ecuador está efectuando un retorno al pasado rápido, una estrategia de venganza de las elites que exige silenciar las voces disidentes y aniquilar política (y jurídicamente) al enemigo. Como dijo hace años Julian Assange, la falta de acceso a la información se convierte en un medio de dominación. Callar a Assange y entregarle a Estados Unidos forma parte de esta estrategia de anulación de los adversarios políticos con los que la nueva derecha en América Latina instaura el autoritarismo de mercado, con peligrosos tintes neofascistas.

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OTRA ESPAÑA ES POSIBLE, OTRA EUROPA ES POSIBLE

Lun, 15/04/2019 - 08:00

pancarta attac ATTAC ante las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019

La crisis institucional, política, económica, social y ecológica que vive hoy el mundo tiene su origen en el modelo neoliberal y concretamente en sus políticas económicas, que dictan la supremacía del capital a través de la financiarización. Desde hace décadas, los criterios democráticos, solidarios y sostenibles han quedado supeditados a la competitividad y al individualismo, al aplicar recetas económicas que permiten la acumulación de riqueza en pocas manos, a costa de quitar ingresos de las clases populares y saquear y destruir el planeta.
ATTAC entiende que para la superación de esta situación es necesaria la articulación de la resistencia, la protesta y la propuesta social. Solo asumiendo un papel protagónico en base a nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, será posible el cambio hacia otras políticas que respeten la vida, con dignidad y en sintonía con nuestro entorno.
Es por esta razón que, ante la próxima cita electoral, ATTAC España hace un llamamiento a los partidos políticos y a la ciudadanía. A los primeros, a que en sus programas y acciones posteriores de Gobierno incluyan y realicen propuestas centradas en mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales y en el cambio hacia un modelo productivo económico, social y ecológicamente sostenible, frente al dominio de los grandes intereses financieros, que solo benefician a unos pocos en detrimento de la ciudadanía en general. A los segundos, a que reclamen y exijan de los partidos su compromiso en esta línea.
En concreto, ATTAC entiende que, para superar la actual situación y para que la ciudadanía sea el centro de la acción política, es fundamental que las prioridades en los distintos ámbitos de la acción de gobierno se centren, al menos, en:

1.- Contribuir a frenar el descontrol y la desregulación de los movimientos financieros mediante:

  • La exigencia en la Unión Europea de mecanismos internacionales de fiscalidad y control disuasorios de la economía de casino, como el ITF (Impuesto sobre Transacciones Financieras), la eliminación de los paraísos fiscales, la restricción del uso de activos tóxicos y de las operaciones de alta frecuencia en los mercados financieros y la búsqueda de medidas de transparencia en los gobiernos y en el sistema financiero.
  • La exigencia de medidas penalizadoras a la especulación financiera, tendentes a su supresión como práctica económica, ya que este tipo de actividad no genera beneficio alguno para el conjunto de la sociedad y pone en riesgo las condiciones de vida digna de las mayorías sociales al provocar frecuentes y dañinas crisis en el sistema.

2.- Una decidida defensa de lo público, así como su puesta al servicio de las personas y la eliminación de los privilegios mediante:

  • Una Reforma Fiscal que revierta la tendencia hacia la desigualdad, que elimine los privilegios fiscales de una minoría y fije unos Impuestos claramente progresivos y suficientes a nivel estatal; dando prioridad a la imposición directa sobre la indirecta, eliminado el actual trato favorable al capital sobre el trabajo en el impuesto sobre la renta y suprimiendo deducciones que alejan la cuota efectiva de la nominal en el impuesto de sociedades.
  • Una decidida lucha contra el fraude fiscal, tanto con medidas de ámbito local (como el refuerzo de la inspección y la penalización a empresas que operen en paraísos fiscales), como mediante propuestas a escala internacional tendentes a la erradicación de estos territorios, empezando por la revisión de los listados existentes hasta incluir todas las jurisdicciones de baja o nula tributación.
  • La derogación del actual redactado del Artículo 135 de la Constitución Española, que concede mayor importancia al interés económico privado de una minoría que al interés general, condenando a la exclusión a gran parte de la ciudadanía.
  • La búsqueda de una estructura financiera beneficiosa para la sociedad, en la que la banca pública juegue un papel esencial y sea un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad. Todo ello unido a la reversión del proceso de concentraciones bancarias que consolidan instituciones demasiado grandes para quebrar.
  • Dar prioridad a la escuela pública para superar la alta tasa de fracaso y abandono escolar; y el refuerzo de la sanidad pública como derecho universal, de calidad y con respuesta eficaz y rápida, con independencia del lugar donde surja la necesidad, rompiendo la distinción entre rural y urbano.
  • La defensa explícita del derecho humano al agua e implementación de políticas de su blindaje público ligadas a una transición hidrológica que tienda, desde la autosuficiencia y gestión de la demanda, a la resiliencia ante el cambio climático, primando a su vez la gestión pública del ciclo urbano del agua. El agua es un común no una mercancía.

3.-Políticas sociales que garanticen la existencia digna de todas las personas y pongan fin a la pobreza y la exclusión social, así como mecanismos que generen un escenario universal de oportunidades y seguridad mediante:

  • Un refuerzo de la protección social y de los servicios públicos: Compromiso con su cobertura universal, titularidad y gestión pública y transparente, sin ánimo de lucro y con suficiencia financiera garantizada con impuestos.
  • Recuperación de su gestión pública donde no lo sea (eliminación de conciertos).
  • Potenciación de los mecanismos de acceso a la información y control social ciudadano, y la posibilidad de incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de su planificación estratégica, y su gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de sus estructuras y políticas.
  • Establecimiento de procedimientos formalizados de rendición de cuentas que afecten a todos los niveles de la toma de decisiones.
  • Contribuir a la constitución de un referente de Banca Pública en España.
  • Impulso de actividades de I+D+I y de Formación Financiera en los SSPP, que potencien valores de solidaridad, cooperación, democracia y fiscalidad justa y reviertan su financiarización.
  • Un pacto de Estado contra la violencia Machista, y desarrollo de políticas que garanticen la Igualdad de trato y oportunidades.
  • La recuperación de los derechos y libertades democráticas, comenzando por la supresión de la Ley Mordaza.
  • Unas medidas que garanticen unos ingresos mínimos para una vida digna, a través de mecanismos como una Renta Básica Universal y otras que garanticen la existencia material de toda la ciudadanía.
  • Iniciativas políticas que hagan efectivos los derechos en relación a las migraciones y la dignidad de las personas en todo el planeta.
  • Políticas públicas que detengan la pobreza energética y los desahucios sin alternativas habitacionales.

4.- Rechazar los acuerdos internacionales que amenazan los derechos de la ciudadanía, la democracia y la sostenibilidad el planeta mediante:

  • La paralización de los acuerdos y tratados comerciales vigentes y en negociación como el TTIP, el CETA, el TISA y similares; y todos aquellos acuerdos bilaterales de orientación política e ideológica similar, que favorecen el dumping social, fiscal y ambiental, camuflado de libre comercio.
  • Especial denuncia de aquellos tratados que contengan el mecanismo ISDS por ser un atentando a la democracia poniendo por encima los intereses de multinacionales sobre las personas y el planeta.
  • Apoyo decidido a un instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas que obligue a las multinacionales al cumplimiento de los Derechos Humanos a lo largo de toda su cadena de valor global.

5.- Una decidida apuesta por un cambio en el modelo de desarrollo económico que:

  • Apueste firmemente por la 4ª Revolución Industrial bajo los principios de equidad, inclusividad, participación democrática y sostenibilidad.
  • Potencie la “Economía del Conocimiento” introduciendo la enseñanza de las nuevas tecnologías en la Educación Secundaria y Universitaria que garantice la alfabetización digital.
  • Promueva el desarrollo de las nuevas habilidades necesarias en los trabajadores con el fin de adaptarse a los nuevos roles que imponen las nuevas tecnologías.
  • Desarrolle iniciativas estatales de reparto de trabajo remunerado apoyadas en la renta básica: trabajar menos para trabajar todos.

6.- Puesta en marcha de políticas de mejora del medio ambiente:

  • Transición energética basada en incentivar, con apoyos económicos necesarios, al ahorro y eficiencia energética; así como el fomento de las energías renovables con una regulación que facilite el autoconsumo y con el apoyo de los instrumentos fiscales adecuados.
  • Diseño e implantación de Planes específicos de adaptación y lucha contra el cambio climático, con medidas impulsadas en los distintos sectores implicados y con soluciones basadas en la economía ecológica; entre ellas, el impulso de los mercados de proximidad y otras acciones ligadas a la economía social y solidaria.
  • Estrategias de desarrollo rural sostenible basadas, en su caso, en infraestructuras verdes que tengan en cuenta los ciclos naturales.

7.- Marco democrático.

  • Entendemos que para superar la actual situación es necesario apostar por buenas prácticas que generen costumbres, normas y nuevas instituciones realmente democráticas. Las actuales formas de entender la política, ligadas a una concepción meramente representativa, han de ser transformadas y complementadas con fórmulas participativas y directas sobre todo aquello que nos afecte.

ATTAC como organización social hace un llamamiento:

  • Al electorado. Para que el 28A acuda a votar y lo haga a aquellas fuerzas políticas que se comprometan con la garantía de la vida y el bienestar de la mayoría de las personas, y no de una minoría; y con la pervivencia de nuestro entorno y que garanticen dignidad y justicia con quienes sufrimos la aplicación de las actuales políticas económicas.
  • A las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía. Para que, independientemente de cuál sea el resultado electoral el próximo 28A, se organicen de forma colectiva para continuar con la labor de resistencia, movilización y articulación de propuestas alternativas que promuevan la corresponsabilidad, la igualdad, la solidaridad y el buen vivir en España, en Europa y en el mundo; frente a la dictadura de los mercados, el saqueo de lo común y lo público y la desigualdad.

ATTAC se compromete a colaborar en la aplicación de políticas que signifiquen un avance para la ciudadanía, y en la denuncia y la movilización social frente a las promesas incumplidas.

ABRIL 2019

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