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Justicia económica global
Actualizado: hace 4 horas 52 mins

Democracias

Lun, 06/03/2017 - 10:00

Albert Recio Andreu – Consejo Científico de ATTAC España

I

Este mes me sale una nota especulativa, seguramente polémica. Aunque no sale de la nada. El debate de la democracia es una cuestión viva en el momento presente: en el modelo de construcción de la nueva izquierda, en el tema del referéndum catalán, en el debate entre soberanismo y globalización neoliberal… Y es un debate que también vivo en mi activismo vecinal cuando, en un barrio, un grupo de vecinos exige a la Asociación de Vecinos que defienda sus puntos de vista específicos. O cuando discutimos con el Ayuntamiento si la mejor forma de participación es la de dar voz a las demandas individuales de la gente.

En muchos de estos debates subyace la exigencia de una democracia directa, en la que se supone que toda mediación organizativa supone la imposición de una minoría manipuladora a los intereses de la mayoría de la población. La posición más extrema sugiere que con los actuales medios de comunicación es posible vivir en un perpetuo mundo de democracia directa, y que por tanto están cada vez menos justificados los procesos de mediación. Como tengo bastantes dudas sobre la bondad intrínseca de la formula, y me encuentro de forma frecuente enfrentado a cuestiones de representación, me atrevo a escribir unos comentarios que no pretenden otra cosa que expresar perplejidades y buscar interlocutores.

II

La democracia forma parte de la larga lucha de la humanidad, o de parte de ella, para alcanzar una sociedad digna para todas las personas. Constituye un innegable componente de cualquier proyecto social igualitario. De un igualitarismo que considere que todo el mundo debe poder alcanzar unas condiciones de vida material aceptables, y que todo el mundo tiene derecho a participar en la toma de las decisiones que le afectan. Por ello, no es casualidad que los mayores avances democráticos hayan venido de la mano de movimientos sociales que agrupan a las personas sin derechos, como el movimiento obrero o el movimiento feminista. Y por esa razón, tampoco es casualidad que movimientos como el 15M reflejen el rechazo de la gestión oligárquica de la economía y la sociedad característica del período neoliberal ―y de muchos otras fases del capitalismo, no hay más que leer a autores como Dickens, Sinclair Lewis o Vasco Pratolini para reconocer la persistencia del autoritarismo burgués―.

Uno de los errores más graves de la izquierda bolchevique ―y de su influencia sobre gran parte del movimiento comunista internacional― fue precisamente despreciar la importancia estratégica de la democracia política como elemento esencial para construir una sociedad alternativa al capitalismo. Lo intuyó trágicamente Rosa Luxemburg en “La revolución rusa” (1918) poco antes de ser asesinada por la policía contrarrevolucionaria: la deriva antidemocrática del partido de Lenin podía acabar corrompiendo el proyecto revolucionario. Hoy resulta patente que la ausencia de libertad, de capacidad de acción crítica, de generación de una ciudadanía activa, constituye uno de los fallos estructurales del modelo soviético. De los fallos que generaron su colapso final y su sustitución por un capitalismo depredador y por la perpetuación de un modelo autoritario. Los magníficos trabajos periodísticos de Svetlana Aleksievich constituyen un testimonio básico de como las instituciones autoritarias ayudaron a conformar unos individuos con poca capacidad de acción colectiva.

Situar la democracia política, la participación universal en las decisiones colectivas, y la garantía del derecho a la crítica como elementos básicos de transformación social implica la necesidad de desarrollar, también, un análisis crítico de los mecanismos, de los procesos y de las instituciones en las que esta democracia se acaba consolidando.

III

La tradición leninista se equivocó en un elemento fundamental ―el papel crucial de la libertad de acción de las personas, la importancia de los procedimientos formales― pero incluía una crítica que no puede pasarse por alto. Y es que no puede haber democracia real sin democracia material. Sin que las personas tengan garantizada una seguridad económica básica la democracia no puede garantizarse. Cuando hay una enorme concentración de recursos económicos en pocas manos, la democracia se subvierte.

Las desigualdades reales influyen poderosamente en el juego político. La pobreza y la precariedad laboral generan pasividad política y sometimiento. No porque piense que la gente con pocos recursos es intelectualmente inferior ―este es el tipo de “racismo clasista” que tan bien ha discutido Owen Jones―, sino porque alguien que en su vida está siempre bajo el control de superiores, supervisores, alguien cuya actividad es habitualmente tratada de poco relevante, difícilmente desarrolla los hábitos, las técnicas, los criterios que se requieren con una mínima participación real. Por eso la respuesta tradicional de la izquierda fue propugnar que la organización sindical, política, o la mera participación en cualquier tipo de entidad colectiva, juega un papel crucial en cambiar comportamientos, en generar experiencia, en impulsar a la gente. Puede parecer de Perogrullo, pero es una cuestión que conviene recordar en un momento donde el impacto de las nuevas tecnologías de la información está generando un cambio en las habilidades necesarias a la participación. Y en un momento en el que una parte de los discursos alternativos priorizan la participación individual por encima de la organización de base de la gente.

La irrupción de internet ha generado la sensación de que estábamos ante un proceso irreversible de democratización de la participación política. Pero creo que esta es una visión demasiado optimista y demasiado ingenua de la realidad. Cualquiera que utilice un buscador de internet percibe que el capital está presente en el posicionamiento de las entradas. De la misma forma que es notorio que los grupos con recursos utilizan éstos para manejar la información, como ha puesto de evidencia el proceso electoral en los EEUU. El uso de los “Big Data” posibilita una nueva modalidad de manipulación, más cerca de Orwell que de la utopía anarquista. Sin contar las posibilidades que estas tecnologías ofrecen a las nuevas formas de explotación laboral. No se trata de demonizar las nuevas tecnologías, pero sí de reconocer que abren a la democracia tantos peligros como oportunidades. Que el resultado neto sea positivo dependerá de lo inteligente que sepamos intervenir.

IV

El problema, para una opción transformadora, no es sólo el de la desigualdad material. Hay también un problema de otro tipo que permite ser pensado a la luz de los trabajos de la psicología cognitiva. En gran medida, la participación política se ha pensado bien en términos de individuo racional de la teoría económica convencional ―un individuo que tiene claros sus intereses, que es capaz de evaluar el resultado de sus elecciones, que trata de maximizar el resultado de sus acciones―, bien en los términos mecanicistas del comportamiento de clase ―cada cual actúa en función de su posición social―. Hace tiempo que sabemos que ninguna de estas dos opciones sirve para explicar los comportamientos reales. Todos hacemos muchas elecciones equivocadas que acaban afectando a nuestras relaciones personales, nuestra salud, etc., y el comportamiento individual, sin ser espurio (la clase social, el género, la pertenencia a un grupo social cuentan) es demasiado variable para obedecer a sencillas pautas pre-ordenadas. Si uno asume la pauta del individuo racional o la del comportamiento clasista, es difícil entender cómo pueden haber ganado las elecciones Rajoy o Trump, por poner dos ejemplos recientes.

Lo que el conocimiento cognitivo ha puesto en evidencia (mis referencias son los trabajos de M. Piattelli, D. Kahneman, G.Akerlof, G. Shiller) es que nuestra toma de decisiones se realiza en procesos muy diferentes a los del decisor racional. Que en muchos casos son decisiones para las que nos tomamos poco tiempo, en las que nuestro cerebro obedece a pautas recurrentes que a veces conducen a adoptar errores sistemáticos (aunque facilitan nuestro devenir cotidiano). Y que en otros muchos casos, nuestras decisiones son deudoras de narrativas impuestas por agentes externos que nos dirigen a territorios inadecuados. El poder económico y político invierte una gran cantidad de recursos en producir las narrativas que le interesa (de aquí el potencial peligroso del “big data” como medio para su elaboración). Nuestra toma de decisiones está también sujeta a percepciones, emociones, representaciones previas del mundo de las que sólo se puede escapar acudiendo a lo que Kahneman llama “el cerebro lento” (el que sólo se activa ante situaciones que obligan a pensar).

Deduzco de ello dos cuestiones clave. Primero, que el recurso a la participación directa no garantiza una participación de alta calidad, porque las personas podemos adoptar posiciones en base a nuestros prejuicios, a las narrativas en las que nos han envuelto, a las inercias de comportamiento, a una percepción inadecuada o insuficiente de los problemas. Y segundo, que una verdadera democracia debe generar procesos deliberativos para que la toma de decisiones responda no sólo a estas pulsiones, sino a una evaluación sosegada de las cuestiones a dirimir. No es ninguna oposición a la democracia directa, pero sí una advertencia de que ésta requiere de procedimientos y organización política adecuada. De no ser así, un sistema de voto recurrente puede estar tan sujeto a la manipulación de líderes o a la improvisación como el actual sistema de democracia representativa –denostado, y con razón― en el que las grandes cuestiones las dirime una élite entre bambalinas.

V

Es dudoso que un mero resultado formal democrático pueda considerarse una democracia de alta calidad. Expongo para ello situaciones en las que a menudo me he visto incluido.

Empecemos por lo más sencillo: aquellas situaciones en las que personas de un barrio X se oponen a la apertura de un equipamiento desagradable (cárceles, centros de atención a personas sin recursos, centros de tratamiento de drogadicciones, centros de oración de confesiones religiosas…). Se trata de momentos en los que existe una enorme tensión emocional, y los miedos y prejuicios afloran en todo momento. No hay duda de cuál va a ser el resultado de un plebiscito local en estas condiciones. O cuál debería ser el comportamiento de una entidad social o un gobierno local que pretendiera “representar” a la gente. Puede parecer un ejemplo maniqueo, pero se trata de situaciones que se plantean habitualmente en la vida del movimiento vecinal o sindical. La única forma de superar este tipo de situaciones es con organizaciones que tengan valores democráticos profundos y que sean capaces de generar procesos que neutralicen la carga emocional, posibilitando así la búsqueda de salidas razonadas.

Limitaciones de otro orden las experimentamos en muchos de los procesos participativos de los últimos años. Por ejemplo, en los procesos puestos en marcha para la elaboración de políticas municipales. En estos casos no existe la carga emocional, pero a menudo la necesidad de alcanzar procesos que tienen una duración temporal limitada reduce la calidad del debate. A menudo hay que tomar decisiones sobre cosas que se han pensado poco, y se acaba “votando” lo que suena mejor. Y, al menos en las reuniones presenciales, se pueden escuchar algunas voces; si el proceso se realiza desde casa, la gente sólo opina según puntos de vista no contrastados.

No está claro tampoco que los sistemas de primarias que ahora se plantean como un modelo incontestable sean la fórmula infalible para elegir a la gente. A menudo se acaba votando a la gente popular, no la más eficiente para cada función. Hay casi siempre un problema de escala. En organizaciones o entidades pequeñas ―donde todo el mundo se conoce― es fácil que el voto sea informado, que la mayoría de los que eligen pueden tomar una decisión fundamentada. Pero cuando se trata de elecciones a gran escala, la decisión puede estar mediatizada por muchas cuestiones. En casos como el de Estados Unidos, la capacidad de cada candidato de obtener fondos para promocionar su figura acaba siendo una cuestión crucial. Pero pueden jugar muchos otros factores que distorsionan la situación.

Todas estas cuestiones no las planteo como un argumento contundente contra la democracia directa. Pero creo que son limitaciones que no pueden ser ignoradas cuando lo que se pretende es mejorar la calidad democrática de la política y cuando se trata de construir procesos que generen cambios sociales profundos. La mayor parte de grandes cuestiones que debemos afrontar (la reversión de los derechos sociales, las alternativas al capitalismo y al patriarcado, la crisis ecológica, los procesos migratorios masivos) sólo pueden encauzarse con una masa crítica de población que entienda la complejidad y gravedad de los problemas y la necesidad de articular soluciones complejas. Si el campo queda abierto a la pulsión emocional, a la representación no reflexiva, los demagogos de la derecha tienen una ventaja sustancial. El auge de los derechistas en todo el mundo tiene mucho que ver con una estructura social inarticulada, en la que las emociones han barrido el debate político.

VI

Ningún modelo organizativo es en sí mismo una panacea. La democracia deliberativa parece deseable, pero al igual que pasa en la vida cotidiana, no podemos estar todo el tiempo deliberando. Hay que buscar salidas parciales que permitan compaginar una acción constante con una buena participación. La idea de que todo es votable en cada momento me parece tan mala como la de conceder un cheque en blanco a la burocracia. Que las cosas funcionen exige que se parta de la confianza de la gente que las lleva a cabo, combinado con un buen mecanismo de evaluación de su quehacer cada cierto tiempo. La deliberación debe concentrarse para la toma de decisiones esenciales, y en este caso debe articularse un proceso bien informado y dialogado. No se puede construir un proyecto compartido sin un verdadero proceso relacional. Ni se puede pensar que un buen proceso constituyente puede ser factible sin un buen debate. Por eso me parecen poco serias las propuestas de construir nuevas organizaciones políticas a golpe de votaciones telemáticas o plantear un referéndum sin un debate organizado claro de pros y contras. En los próximos meses tendremos, al menos en Catalunya, procesos en los que debemos hacer un esfuerzo precisamente en garantizar la eficacia deliberativa de los mismos. De ahí mi reflexión destemplada.

mientras tanto

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La guerra contra el dinero

Lun, 06/03/2017 - 08:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

El 8 de noviembre del año pasado el gobierno de la India anunció una medida extraordinaria. Los billetes de 500 y de 1000 rupias fueron declarados inválidos, con efecto inmediato. Cualquier persona que tuviera en posesión billetes de esas denominaciones tendría hasta el 30 de diciembre para canjearlos por nuevos billetes en cualquier banco.

El gobierno neoliberal de Narendra Modi anunció tres objetivos para justificar esta medida: frenar la falsificación de dinero, combatir la corrupción y, finalmente, colocar al sector informal de la economía bajo control para reducir la evasión fiscal.

El caos que reinó en la India en los días siguientes a este anuncio fue mayúsculo. Los billetes retirados de la circulación representan 86 por ciento del circulante en efectivo. La gran mayoría de las transacciones en la India se llevan a cabo directamente en efectivo, ya sea para comprar una tela en el mercado, para transportarse en una moto-taxi o simplemente para comprar algunos alimentos en un puesto en la calle. Para la población que no tiene acceso a un sistema de pagos con tarjeta o por teléfono móvil, las transacciones en efectivo son, literalmente, el pan de todos los días.

La decisión del gobierno generó pánico, tanto en el medio rural como en las grandes urbes como Chennai o Mumbai. Los bancos no estaban preparados para realizar el canje de billetes y los cajeros automáticos tuvieron que cerrar algunos días debido a la falta de abastecimiento de nuevos billetes. En muchos lugares el comercio se paralizó por la falta de circulante. Se calcula que la economía de la India ha sufrido pérdidas equivalentes a una caída de un punto porcentual en el PIB.

En vista del desorden que reinó después del anuncio del gobierno, las autoridades quisieron dar un giro positivo. Se habló entonces de inclusión financiera y de cómo la India estaría entrando en el mundo moderno, transitando a la economía sin dinero. En este nuevo universo las transacciones se harían de manera eficaz, sin falsificadores y sin riesgos para los agentes económicos. Los nuevos sistemas de identificación garantizarían un servicio rápido en cualquier parte del territorio. Se dijo que este tipo de beneficios abarcaría incluso los servicios de salud y apoyo social de diversos programas oficiales.

Pero la lucha contra la corrupción y la falsificación de dinero puede llevarse a cabo a través de medidas de seguridad y técnicas de impresión que los bancos centrales conocen bien. La carrera contra los falsificadores siempre va a continuar, pero no cualquiera tiene acceso a una tecnología basada en la inserción de bandas metálicas o tiras magnéticas combinadas con diseños industriales altamente sofisticados.

De cualquier manera, la eliminación del dinero tiene un costo enorme para la población de bajos ingresos que utiliza este medio de pago para todas sus transacciones. Reemplazar el dinero con sistemas de pago por telefonía móvil y tarjetas de débito no es la mejor manera de combatir la corrupción o la falsificación de billetes. Y hay que señalar que en la India falta mucho por hacer para asegurar una cobertura amplia y confiable en telefonía móvil en todo el territorio.

Y en cuanto a la recaudación, la gran mayoría de la gente que trabaja en el sector informal no paga impuestos no porque sean evasores sistemáticos, sino por la simple y sencilla razón de que sus entradas están por debajo del umbral mínimo de ingresos gravables. Claro, los gobiernos neoliberales siempre han estado obsesionados por cobrar el impuesto al valor agregado y desde esa perspectiva, controlar al sector informal es un objetivo importante. Pero el efecto regresivo de ese gravamen no desaparece por cambiar el sistema de pagos.

Cuando un agente económico paga directamente con dinero en efectivo, esa operación no tiene un costo. En cambio, en una economía sin dinero y dominada por sistemas de pago electrónicos o de telefonía móvil, surgen de todos lados proveedores de servicios para realizar las transacciones: operadores de telefonía, grandes y pequeños agentes financieros, así como bancos y dueños de establecimientos en los que se ofrece el servicio de transferencia de dinero, etc. Toda esa cadena de intermediarios estará cobrando pequeñas comisiones y cargos por la prestación del servicio. Además, las bases de datos con información sobre preferencias, contactos y hábitos de consumo son una mina de oro que muchos están interesados en convertir en flujos de rentabilidad.

La famosa inclusión financiera es parte del esfuerzo por adueñarse del espacio universal de las transacciones monetarias con el fin de obtener una rentabilidad para todo tipo de intermediarios en el sector financiero y bancario, así como en el de telecomunicaciones. Ya no son sólo las clases medias las que tendrán acceso a estos servicios. Los más pobres también estarán integrados, pero sufrirán en esta guerra contra el dinero. De hoy en adelante pagarán por sus transacciones mientras se adaptan a esta nueva forma de servidumbre con máscara de modernidad.

Twitter: @anadaloficial

Publicado en La Jornada

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Los fabricantes de Trumps

Dom, 05/03/2017 - 14:00

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

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Vivimos en una sociedad que no relaciona actos con consecuencias. Cualquiera ve que, en circunstancias normales, al abrir un grifo sale agua y al no cerrarlo en horas se produce una inundación. Para los grandes hechos de nuestro tiempo esa regla de acción/resultado parece obviarse, a pesar de todas las evidencias. El nuevo presidente estadounidense Donald Trump es hijo directo de muchos errores y atropellos. Y los poderes varios siguen sin ver su responsabilidad y por tanto alimentando el fenómeno.

Donald Trump ha organizado un desastre monumental en poco más de una semana en el cargo. Su decreto migratorio contra países de mayoría musulmana con los que no tiene negocios (los unidos por lazos comerciales con él no están incluidos) ha ocasionado un caos humanitario, legal, institucional, de relaciones internacionales, sin precedentes. Una de sus últimas gestas por el momento destituir a la fiscal general interina por negarse a defender su polémico veto. Pero ha habido mucho más después. Le colgó el teléfono al presidente de Australia, lo que está provocando manifestaciones sin precedentes en Melbourne.  La más escandalosa a esta hora es la declaración de la jefa de camapaña de Trump y ahora asesora principal, Kelly Ann Conway, en una entrevista con Chris Matthews, de la cadena de cable MSNBC  se ha inventado una masacre que nunca existió a la que ha llamado Bowling Green massacre, atribuida a dos irakíes y culpa de Obama, para justificar el veto a los musulmanes. Cuesta creer que, desde instancias oficiales, se pueda llegar a más. El concepto que la propia Matthews acuñó: realidades alternativa, es decir, mentiras como montañas.

Lo previsto, sin embargo. Con 70 años, y dada su ostentación y presencia en medios, pocos pueden decir que no supieran cómo era Trump. Sobradamente conocidos sus métodos empresariales, se le relaciona incluso con las mafias neoyorquinas. Su ideología, xenófoba, racista, machista y de la más cerril extrema derecha. Su pueril egolatría. Su jactanciosa y vulgar forma de vivir, en su propia torre de oro, rodeado de una familia de plástico. ¿Quién ha podido pensar que un ser así va a ocuparse del bienestar de los ciudadanos?

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En pocos días hemos profundizado en muchos más datos inquietantes. Su falta absoluta de empatía hacia los demás. Hacia poblaciones enteras de seres humanos, prohibidos por su origen. Hacia su propia familia incluso. Las declaraciones de su esposa, la tercera, Melania, las de él mismo, duelen en la dignidad de mujer. Es como si el multimillonario Donald se hubiera comprado una geisha que ni defeca, valorada por “sus pechos” y su belleza y, sin duda, por su sumisión al marido. Pasados los días, por cierto, Melania ha desaparecido del mapa y cumple las funciones de primera dama, viajes incluidos, la hija favorita de Trump, Ivanka.

 Con sus subalternos, prescinde hasta de la cortesía: se informa que ha prohibido al personal de la Casa Blanca que le hable o le mire si se cruza con él, a no ser que el presidente desee hacerlo y tome la iniciativa. Lo nuevo es que ha dictado una norma por la que los hombres deben usar corbata y las mujeres “atuendos de mujer”.

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Esa forma de firmar sus incendiarios decretos como soltando la cuchilla de una guillotina. Esa firma enorme, apretada, con altos picos de soberbia. Ahora, con la euforia de su éxito definitivo: la cima del mundo. Se ha rodeado de fieles que refuerzan su ego, rechazando a los expertos. En cabeza, Steve Bannon, un activista de ultraderecha, aupado desde la web de difamación y propaganda Breitbart News, a convertirse en el principal asesor presidencial, elemento imprescindible en el Consejo de Seguridad Nacional. Hemos sabido que Trump es una persona influenciable y que Bannon le ha tomado la medida. A juego con todo el equipo, la nueva embajadora ante la ONU, Nikki Haley, hizo gala de la Diplomacia Trump en su presentación con este mensaje: “A quienes no nos apoyan, estamos anotando sus nombres”. Nadie sensato se extraña del temor e indignación que esta presidencia norteamericana suscita.

Trump era un elemento perfectamente conocido, un peligro global. ¿Quién ha podido votarle y confiarle la dirección de su país? Millones de descontentos, sin criterio. Deslumbrados por un botarate –como buena parte de ellos– que ha llegado a tener mucho dinero. Dinero, el gran valor de nuestro tiempo. Y sin duda unos cuantos unabombers del sistema, enfurecidos con la situación.

Alguien, mucho antes, abrió el grifó y no lo cerró. Alguien fabricó al Trump presidente, a los votantes de Trump y a esa ciudadanía abotargada, pisoteada, maleable, abandonada en suma. Es asombroso que no previeran consecuencias a la gran estafa que llamaron crisis. Al fomento de la desigualdad, a los engaños sostenidos, al egoísmo y la crueldad extrema que se ha enseñoreado de nuestro mundo, a la pérdida de principios. Ciertamente, de los escenarios previstos como reacción, Trump es el peor. Y todavía no hemos visto sino el principio de su mandato.

Ha sido lo que un profesor francés, Jean-Claude Michéa, llamó “La escuela de la ignorancia”, la docente y la que emana de los medios de la banalidad. De recortar sistemáticamente en cultura y disuadir el pensamiento crítico. De imponer como valores supremos el dinero y el triunfo. Sin escrúpulos a la trampa. El triunfo y la trampa. Trump como metáfora. Ya saben, “si sueñas, loterías”, dice la administración del PP.

Los medios norteamericanos y muchos europeos son conscientes de lo sucedido. La amenaza a la libertad de expresión, a la verdad, que todos los Trump suponen. Buena parte de los españoles no, con esa visión local que quieren seguir adaptando a sus intereses cualquier oportunidad. Trump ataca a los medios críticos, no a los que están al servicio del poder. Fox no tiene problema alguno, es su modelo. Una sensible diferencia.

Es fácil imaginar, aquí, las reuniones de directores, adjuntos a la dirección, Consejos editoriales, jefes de opinión y opinadores, buscando culpables externos de lo que se labraron para sí y para la sociedad. Como reyes destronados cargados de rabia, sin asumir errores. De paso que alertan contra Trump, lo hacen contra enemigos de sus privilegios, como si formaran paquete. No han dejado ni un resquicio al hartazgo de la ciudadanía. Y termina pasando factura.

Lo mismo –y muchas veces en comandita– que los políticos tradicionales y asimilados. Burdas maniobras han prolongado la agonía del bipartidismo, y sobre todo de unas políticas y unas éticas difíciles de asumir. Todos los días tenemos muestras de esa desvergüenza, que también ha sembrado aquí la desigualdad, la mentira, la superficialidad y el abandono de grandes capas de la sociedad. Todos los días. Con salvadores de las esencias como la presidenta andaluza Susana Díaz, sin empacho en declarar que el fiasco de su partido, el PSOE, en los últimos meses “es el peaje que hemos pagado por proteger la democracia”. O el presidente aragonés Lambán, a quien le parece una “mala noticia” la elección en Francia a través de primarias de Benoît Hamon por ser de izquierdas. Con un 5º puesto en las encuestas tras el paso de Hollande y Valls.

La política que nos trajo hasta aquí, hasta los Trumps, no entiende que el proceso es al revés: sus errores acarrearon estos lodos. Y lo que es todavía peor, no son conscientes de lo que Trump implica en el mundo. Tenemos al Gobierno y sus socios de la gran coalición sin preparase como están haciendo en otros países, tal como contaba aquí Carlos Elordi.

No descartemos la labor de quienes, conscientemente o no, normalizan a Trump comparándolo con otros dirigentes fatídicos. Claro que aquí mismo, en España, hay vallas y con cuchillos cortantes, y que tenemos muertos visibles como los 15 jóvenes del Tarajal y muchos otros. Que trabajadores pobres, con empleo, tienen que acudir a comedores sociales como en EEUU. Pero Trump es la misma amenaza que sacudió Europa en los años 30, la que destruyó Europa. No verlo es otra cortedad de miras. Ante peligros graves hay que priorizar los objetivos.

Los fabricantes de Trumps siguen en activo, ni mucho menos han desenchufado la máquina. Quienes reaccionan a sus atropellos en América y otros continentes, están evidenciando una fuerza y determinación que no se veía en décadas. La campaña de #resistencia va a ser dura y larga. Los ciudadanos de buena voluntad deberían de saber cuándo y para qué abren el grifo. Ya nadie está a salvo de los Trumps.

*Actualización del artículo publicado esta semana en eldiarioes

El Periscopio

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Las consecuencias del poder de clase: el subdesarrollo social de España (Parte 1)

Dom, 05/03/2017 - 10:00
Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

No hay plena consciencia en los mayores círculos políticos y mediáticos del país del gran subdesarrollo y subfinanciación del Estado de Bienestar en España, es decir, de los servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías–, servicios domiciliarios a la población con dependencia, prevención de la pobreza y de la exclusión social, programas de integración del inmigrante y del refugiado (entre muchos otros), así como de las transferencias públicas como las pensiones públicas y las ayudas a las familias, a los ciudadanos que están en el paro (entre otras muchas). Se mire como se mire, se ve que por cada uno de estos servicios y transferencias (que tienen una enorme importancia para determinar la calidad de vida y el bienestar de la gran mayoría de la población –que son las clases populares–) la financiación pública está muy por debajo de la de los otros países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al de España. Un indicador tras otro muestra su gran subfinanciación. El gasto público social (tanto en su totalidad, como por cada capítulo) está por detrás del promedio de tales países, y muy por detrás de lo que debería ser por el nivel de riqueza que tiene España. Mientras que el PIB per cápita de este país ya antes de la crisis era el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15, su gasto público social era solo el 74% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. Si fuera el 94%, España se gastaría 66.000 millones de euros más de los que se gasta. Y un tanto igual sucede cuando miramos el porcentaje de la población adulta que trabaja en tales servicios públicos, mucho más bajo también que el promedio de la UE-15. Solo un 9% de la población adulta trabaja en tales servicios públicos, muy por debajo del 14% de la población adulta en el promedio de la UE-15. En realidad, en Suecia es uno de cada cinco. Y aquí en España no llegamos a tener ni uno de cada diez.

¿Por qué este subdesarrollo social?

La respuesta a esta pregunta es bastante fácil de ver, aun cuando raramente la leerá, oirá o verá en los principales medios escritos, orales o televisivos del país. Y no es ni más ni menos que el enorme poder que tienen las clases dominantes en este país. Y puesto que casi nadie habla de clase social (excepto para definir a la mayoría de la población como miembros de la clase media, lo cual no es cierto), permítaseme que subraye lo que es obvio: en España hay clases sociales y la mayoría de la población no es de clase media. Hay lo que se llamaba antes la clase capitalista (hoy se le llama, un tanto erróneamente, el 1%) o la burguesía, que es un grupo muy pequeño (en realidad, menos de un 1%) que controla (mediante la propiedad o la gestión) el mundo de las grandes empresas financieras, industriales y de servicios del país; la pequeña burguesía, constituida por los propietarios y gestores de las empresas de tamaño menor; la clase media, que se divide en clase media de renta alta (en la que se incluye la clase media profesional, cuyo poder deriva en gran parte de los conocimientos adquiridos en la educación superior, y sectores de la cual –como el sector mediático– juegan un papel clave en la reproducción del sistema de poder y de su escala de valores, produciendo, entre otras actividades, la sabiduría convencional del país, que es aquella que el 1% considera necesaria para el mantenimiento de su poder) y en clase media de renta media y baja, que hoy, junto con sectores incluso de la clase media profesional, tiene unas condiciones de trabajo que se están deteriorando, siguiendo un proceso que se ha venido a llamar la “proletarización de la clase media” que algunos profetizamos hace ya años que ocurriría; y luego hay la clase trabajadora, que constituye la mayoría de la población, y que trabaja en la manufactura, en los servicios, en la agricultura y en los servicios públicos. Es importante señalar que hay más españoles que se definen como miembros de la clase trabajadora que como miembros de la clase media. Por cierto, lo mismo ocurre en la mayoría de países capitalistas desarrollados, incluyendo en EEUU.

¿Qué quiere decir poder de clase?

Poder es una categoría compleja que no siempre es fácil de definir. Pero sus impactos casi siempre se pueden ver y palpar en el diseño de las políticas del Estado que sistemáticamente favorecen a unas clases sociales a costa de otras. Y ahí sí que podemos ver que en España el grupo social que deriva sus elevadas rentas de la propiedad y/o gestión del gran capital (que es lo que se podría llamar el mundo del capital), la pequeña burguesía y la clase media profesional de renta alta (que juntos representan aproximadamente entre un 15 y un 20% de toda la población) tienen una enorme influencia sobre el Estado, lo cual se refleja en la mayoría de las políticas públicas, desde las políticas fiscales hasta las políticas de gasto público (entre muchas otras). Este poder de clase se expresa a través de los instrumentos que cada clase ha establecido históricamente, entre los cuales los partidos políticos han jugado un papel histórico de gran importancia. Históricamente cada clase ha desarrollado su propio partido político para defender y promover sus intereses. Y nunca en la historia de la humanidad la gran patronal, por ejemplo, ha creado un partido socialista o comunista, y nunca la clase trabajadora ha fundado un partido liberal o conservador. Lo que a nivel popular se llaman las derechas (los partidos conservadores, cristianodemócratas o liberales), muy influyentes en el sur de Europa, reflejan los intereses de las distintas clases sociales que componen las clases dominantes (el 1%, la pequeña burguesía y la clase media de renta alta), que representan aproximadamente el 20% de la población que tiene mayores rentas en el país. Para atraer el apoyo del 80% restante, el 20% superior, a través de sus medios de información e instituciones de reproducción de la sabiduría convencional, intenta hacer creer a ese 80% que el bienestar de la mayoría depende del bienestar del 20%, pues se presenta que la riqueza creada arriba se filtrará al resto de la población. La gran mayoría del pensamiento neoliberal dominante de las llamadas “ciencias” económicas reproduce esta manera de pensar.

Los partidos de izquierdas históricamente han defendido los intereses de la clase trabajadora y otros componentes de las clases populares (como las clases medias proletarizadas). Ello, en algunas partes del mundo, ha dejado de ser así, lo que explica, por ejemplo, la enorme crisis de la socialdemocracia en Europa y del Partido Demócrata (que se autodefinía como el Partido del Pueblo) en EEUU, pues han ido incorporando en su ideología elementos importantes de la ideología del 20%. Y de ahí que la clase trabajadora haya ido cambiando sus alianzas electorales, dejando de apoyarles y apostando hoy por partidos claramente antiestablishment.

Consecuencias del poder de clase: la polarización del Estado del Bienestar

Tal poder de clase aparece en la política fiscal del país, cuando la aportación a las arcas del Estado por parte de no solo el 1% de renta superior, sino también del 20%, es muy inferior a la que debería ser por el nivel de ingresos que tienen, determinando una subfinanciación del Estado del Bienestar. Y es esta pobreza del Estado del Bienestar la que determina la polarización del Estado del Bienestar.

En sanidad, cuya financiación per cápita es muy inferior a la del promedio de la UE-15 (en 2014 el gasto público en sanidad en España fue de 1.534 euros per cápita, por un promedio de 2.400 euros en la UE-15), nos encontramos con una polarización por clase social en la que el 20% de la población va a la sanidad privada y aproximadamente el 80% a la sanidad pública (naturalmente que no toda la población que utiliza a la sanidad privada son miembros de las clases dominantes, pero la mayoría de estas clases van a la sanidad privada; este porcentaje es mayor en Catalunya y en Madrid). Esta división es enormemente ineficiente e ineficaz. La sanidad privada, por regla general, es mejor que la pública en servicios esenciales para el usuario como que, en caso de hospitalización, el paciente tenga una cama por habitación, un trato muy personalizado, con escaso tiempo de espera, y en un entorno y tiempo de visita más largo. En cambio, la sanidad pública tiene unos profesionales más cualificados y una infraestructura técnica y de laboratorios mucho mejor que la privada. De manera que si usted, lector, cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la sanidad pública.

La dicotomía sanidad pública versus sanidad privada

Esta situación que acabo de describir pasa constantemente. Si usted va en Barcelona a la Teknon, clínica privada por excelencia, si la condición del paciente se complica y requiere de una infraestructura más avanzada, este será referido al Clínic o a otro gran hospital público. Hay casi un consenso entre los expertos que la calidad científica y de la atención sanitaria es mejor en la pública que en la privada. En realidad, es más que preocupante lo que está ocurriendo en amplios sectores de la sanidad privada, que están escasamente regulados por las autoridades públicas. Y esta baja calidad de la atención privada se acentúa todavía más cuando la sanidad privada es propiedad de compañías con afán de lucro. La evidencia de lo que digo es abrumadora; la sanidad estadounidense (donde gran parte de las instituciones sanitarias están gestionadas por empresas privadas con afán de lucro) ha mostrado que el afán de lucro y la calidad de la atención sanitaria tienen una relación inversa. La privatización de la sanidad en aquel país ha conducido a un sistema enormemente costoso, sumamente ineficiente y muy impopular. Vea los datos y lo comprobará (“El desastre del modelo liberal en sanidad: el caso de EEUU”, Público, 22.12.16).

Lo que se necesita, pues, es fácil de ver: España necesita un sistema público que ofrezca la atención personalizada al paciente de la privada, y la calidad de la pública, pero ello requiere un gasto público mucho mayor que el actual. Pero el 20% prefiere tener su servicio privado, en parte porque no es plenamente consciente del problema de baja calidad que tiene.

Otra consecuencia del poder de clase: la polarización del sistema educativo por clase social

La misma polarización que he detallado en la sanidad ocurre en la educación. Como promedio, el 20% de renta superior envía a sus hijos e hijas a la escuela privada, y el 80% restante a la pública (de nuevo, ello no implica que todos los usuarios de la escuela privada sean hijos de las clases dominantes, pero sí que estos últimos van, en su gran mayoría, a la escuela privada). Se crean así dos tipos de escuelas, claramente diferenciadas por la composición por clase social de su estudiantado. Las escuelas privadas tienen estudiantes que, en general, proceden de familias con rentas superiores, y las escuelas públicas de familias de clases populares.

La escuela privada tiene unos recursos por estudiante mayores que los asignados a escuelas públicas, pues las primeras tienen, además de recursos privados procedentes de los padres, subsidios públicos, conocidos como conciertos, que representan una cantidad más que respetable sin la que las privadas no subsistirían. Muchas pertenecen o están gestionadas por la Iglesia católica, que históricamente educó siempre a las clases dominantes del país, en su intento de configurar e influenciar a las estructuras del poder económico, financiero y político del país. Ni que decir tiene que esta dicotomía y polarización por clase social descohesiona el país, creando ciudadanos de 1ª y de 2ª. Vea usted a dónde envían a sus hijos e hijas los dirigentes de las grandes empresas del país (grupo importante de las clases dominantes) y lo verá. En realidad, las personas educadas en la privada están sobrerrepresentadas (en porcentajes mayores al 20%) en los círculos de poder del país.

Las enormes ineficiencias creadas por la desigualdad social

Esta dicotomía en el sistema educativo en el país, como también ocurre con el sistema sanitario, no es ni eficiente ni eficaz. La escuela privada tiene como función reproducir una estructura de clases que es altamente ineficiente. Esta división y descohesión social en el sistema educativo alcanza niveles extremos en las escuelas vinculadas al Opus Dei en Catalunya (que reciben 30 millones de subsidios públicos de la Generalitat de Catalunya) en las que, además de discriminación de clase, hay una discriminación de género muy marcada, de manera que las niñas tienen que tomar clases separadas de los niños.

Esta descohesión social que refleja el gran poder de clase de las clases dominantes, repito, es enormemente negativa, pues descohesiona a la ciudadanía desde la infancia, con resultados negativos a muchísimos niveles, incluida la educación universitaria. La división del estudiantado por clase social lo somete a una falta de diversidad que determina menos estímulos y riqueza intelectual. Existe bastante acuerdo de que una de las mejores escuelas públicas en Europa es la finlandesa, en la que el hijo o hija del banquero probablemente irá a la misma escuela que el hijo o hija del empleado de la banca, una situación impensable en España. Y en general, los resultados académicos de los estudiantes de las escuelas finlandesas son superiores a las de los estudiantes de las escuelas españolas. Otro ejemplo de las consecuencias de la pobreza intelectual creada por la falta de diversidad social se vio en EEUU cuando durante la época del Presidente Reagan se redujeron las ayudas y becas para que los hijos e hijas de las familias trabajadoras pudieran ir a las universidades. Como consecuencia de ello, la uniformidad social del estudiantado se acentuó y con ello la calidad de la educación. En contra de lo que asume el pensamiento liberal dominante en España, no hay un conflicto entre equidad y eficiencia. Es precisamente al revés. Tanto en sanidad como en educación la polarización social, profundamente injusta, es sumamente ineficiente, dañando incluso a las rentas superiores que apoyan tal polarización.

Como hemos visto, la polarización tanto de la sanidad como de la educación por clase social no es ni eficiente ni eficaz para la sociedad. En sanidad hemos visto que incluso las clases más pudientes tienen una sanidad privada claramente mejorable, faltándole la calidad profesional y riqueza técnica que tiene la pública. Y lo mismo ocurre con la polarización por clase social del sistema educativo, que daña a todas las clases sociales, incluyendo a las clases más pudientes. Todo ello muestra que, en contra de lo que dicen los políticos y los economistas neoliberales (que dominan los espacios mediáticos), no hay conflicto entre equidad y eficiencia económica. En realidad, la primera es condición para que se desarrolle la segunda. Así de claro.

(Este artículo es parte de un capítulo más extenso, del cual publicaré la 2ª parte en un próximo artículo, mostrando cómo el poder de género también configura el Estado del Bienestar español).

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

Publicado en Público.es
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Sentido y justicia de la Renta Básica

Dom, 05/03/2017 - 08:02

Alejandro Nadal / Daniel Raventós – Consejo Científico de ATTAC España

La crisis financiera desatada en el año 2008 señaló el fracaso del proyecto de globalización neoliberal, evidenciando la necesidad de contar con nuevas herramientas analíticas para comprender las dinámicas propias de esta etapa del capitalismo global, así como con nuevas políticas que corrijan las nocivas consecuencias del desenfreno de los mercados y la desregulación financiera. Una de estas nuevas políticas es la Renta Básica universal e incondicional (RB), una asignación monetaria para cada individuo de una economía dada, diseñada para sostener un nivel de vida decente sin necesidad de mostrar disposición a trabajar en una actividad remunerada. Trabajo remunerado puesto que existen otros dos tipos de trabajo: el voluntario y el trabajo doméstico.

Las turbulencias causadas por la crisis financiera y su impacto sobre la economía real han puesto de manifiesto varios desafíos a los que hoy en día se enfrenta el capitalismo global. Ha llegado el momento de repensar la matriz social y económica del capitalismo.

Las abruptas desigualdades puestas a la luz por Oxfam[1], que señala que ocho personas poseen la misma cantidad de riqueza que 3.600 millones de personas, suponen un problema presente y real para la libertad y la democracia. La automatización amenaza el empleo en todos los sectores de la economía, incluido el de los servicios, tal como muestra el creciente corpus científico dedicado a la materia. La consigna del “estancamiento secular” resume de la mejor manera posible la coyuntura crítica que afecta a la economía capitalista global, atrapada en tasas de crecimiento reducidas, inestabilidad e incertitud. La RB es una herramienta política original, capaz de combatir los peligros de estos desafíos, incluido el estancamiento de los salarios, la creciente desigualdad y la insuficiencia crónica de la demanda agregada.

La relativa novedad de la RB no ha evitado que atraiga cada vez más aceleradamente la atención de analistas, políticos y medios de comunicación. El respaldo mostrado por personalidades de relieve, como el milmillonario Bill Gross, antiguo director general de PIMCO y fundador de Janus Capital (ambas, compañías de inversión), ha contribuido a enriquecer el debate, pero el rechazo de analistas y críticos en ambos lados del espectro político a menudo descansa sobre malas interpretaciones de la naturaleza y objetivos reales de la RB.

Uno de los aspectos que más confusión suscita es la relación entre la RB y el Estado del bienestar. Algunos analistas conservadores conciben la RB como una forma de deshacerse de lo poco que queda del Estado del bienestar y, de esta forma, proponen desplazar los recursos asignados a sanidad, educación básica o subsidios por desempleo hacia la financiación de la RB[2]. No obstante, un importante estudio realizado en el Reino de España en relación a este aspecto concluyó con una propuesta que se basaba en una profunda reforma fiscal. Debido al hecho de que la imposición fiscal sobre las rentas es un instrumento cuyo uso es extendido, los resultados del estudio podrían extrapolarse a otras economías. Si partimos de la base de que la RB implicaría otorgar una renta anual de 7.471 euros a cada persona (y 1.494 euros en el caso de la población menor de edad), el estudio mostró que más del 80 % de la población se beneficiaría de la RB mientras que el 20 % más rico saldría perdiendo. Como consecuencia de este proceso redistributivo, el coeficiente de Gini descendería hasta 0,2502. Para aquellos que se encuentran en el 20 % de la población con mayor renta, este modelo impositivo supondría una reducción neta de sus ingresos, mientras que aquellos que se encuentran en la parte más baja de la escala recibirían 7.471 euros sin el deber de tributar por su renta. Este proceso de redistribución no comportaría una reducción del gasto público en sanidad y educación y, según el estudio, ni tan sólo se recortaban los recursos dedicados actualmente al gasto militar o policial (algo que perfectamente podría realizarse por motivaciones muy justificables). De esta forma, la financiación de la RB no es un problema insalvable, sino que es posible mediante una reforma fiscal progresiva y correctamente diseñada.

Un buen ejemplo de la confusión (además del hecho de que se denomina “renta básica”, sea por ignorancia o por deseo de apuntarse a una propuesta de prestigio y de “moda”, a lo que propiamente son subsidios condicionados llamados de garantía de rentas o de pobreza, pero para nada una asignación incondicional a toda la población) que rodea el debate proviene de críticos de la izquierda. Por ejemplo, Michael Roberts, un conocido economista marxista incomparablemente más competente que los economistas y sociólogos críticos tradicionales con la Renta Básica en el Reino de España, ha escrito recientemente que la RB es demasiado básica, pero no suficientemente radical. Parece sospechar del hecho de que la RB también goza de cierta popularidad entre economistas y políticos de derecha y concluye que “bajo el socialismo, [la RB] sería redundante”.

Roberts persiste y ahonda en su confusión al opinar que la RB universal posee atractivo para ciertos economistas y políticos conservadores porque “pagar a cada persona una renta ‘básica’ en lugar de salarios o subsidios sociales se vincula con un ‘ahorro’ de dinero, al reducir el tamaño del Estado y los servicios públicos (en otras palabras, disminuir el valor de la fuerza de trabajo y elevar la tasa de plusvalía)”. De acuerdo con Roberts, en los EE. UU., una RB de 10.000 dólares anuales para cada adulto sustituiría “a todo el Estado del bienestar, incluidas las pensiones de vejez”.

La propuesta de una RB no va acompañada de una reducción de las prestaciones sociales. Lo que más sorprende del comentario de Roberts, algo muy común a otros críticos de la RB de izquierda de muy diferentes zonas geográficas[3], es la concepción errada de la RB como un subsidio salarial o como un sustituto de los salarios. Roberts olvida que la RB podría proporcionar a los trabajadores una herramienta poderosa para afrontar los “efectos disciplinarios” de las recesiones y crisis económicas. De acuerdo con Kalecki, cuanto más se distancia la economía del pleno empleo, más duros son los efectos de este factor disciplinario sobre la fuerza de trabajo. La razón de ello es que, al enfrentarse a mayores probabilidades de perder el empleo, los trabajadores se sentirán más vulnerables y aceptarán salarios más bajos o incluso peores condiciones de trabajo. La RB podría mitigar este efecto disciplinario, ya que fortalecería el poder de negociación de la clase trabajadora. De hecho, los trabajadores estarían en mejor posición para rechazar empleos con condiciones degradadas y ambiente de trabajo adverso. El exministro griego de Finanzas Varufakis argumenta que, en lugar de provocar una distorsión masiva del mercado de trabajo, la RB favorecería un mejor funcionamiento del mismo, ya que daría a los trabajadores el derecho a rechazar empleos cuando el salario y las condiciones de trabajo sean demasiado desfavorables. Esta es la razón por la que muchos libertarios y críticos derechistas opinan que la RB es una política subversiva. De hecho, la RB también serviría de caja de resistencia para soportar huelgas más largas. Un empresario catalán comprendió con claridad este aspecto de la RB y explicó así su oposición a la medida: el problema de la RB no es su financiación, sino que da a los trabajadores un poder de negociación que hoy en día no tienen. ¿Para qué dárselo, entonces? Una conclusión, la del aumento del poder de negociación de los trabajadores, a la que sería muy aconsejable que llegaran algunas personas situadas en la izquierda política. Aunque sabemos que esto es mucho pedir dada la realidad de la izquierda realmente existente.

Roberts también opina que “el peligro es que la demanda de una renta básica reemplazaría la demanda del pleno empleo o la de salarios dignos”. Este es, sin embargo, un argumento sorprendente si proviene de alguien como Roberts, quien lleva tiempo insistiendo en la imposibilidad de este objetivo macroeconómico dado el hecho de que la rentabilidad del capital no ha sido restituida a los niveles previos a la Gran Recesión. De hecho, Roberts ha documentado de manera contundente la tendencia decreciente de la tasa de beneficio desde los años de la llamada Edad de Oro del capitalismo de posguerra (1948-1965). Roberts ha argumentado de manera sistemática que esta evolución desfavorable de la tasa de rentabilidad ha afectado al nivel de inversión, y esto explicaría la continua tendencia a la baja de la tasa de crecimiento económico.

Por estas razones, Roberts ha defendido la idea de que ni las políticas neo-keynesianas ni las propuestas nuevas como la de “dinero de helicóptero” podrán restablecer tasas de crecimiento rápido y pleno empleo. Resulta extraño, por lo tanto, que ahora se preocupe por el hecho de que un sistema de RB pudiera obstaculizar la consecución de este objetivo macroeconómico. De hecho, la RB podría ir acompañada de una buena gama de políticas de reparto del empleo, así como planes para la reducción de la jornada laboral.

Es propio de la derecha argüir que la RB ayudaría a crear una población reacia a trabajar remuneradamente y fomentaría comportamientos parasitarios. En nuestra opinión, la opción de una RB no tiene por qué producir estos efectos negativos. Se han realizado diversos estudios y experimentos con respecto a este asunto concreto que muestran que una RB puede dar como resultado una mayor cooperación y mejor trabajo en equipo. Además, también se debe apoyar la RB desde el punto de vista de la defensa de la libertad, ya que fortalecería indudablemente la libertad del individuo frente al riguroso mecanismo del mercado laboral. Este no es un aspecto menor de la RB ya que, tal como dice el desilusionado abogado de Easy Rider interpretado por Jack Nicholson: “es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado”. Marx y su maestro Aristóteles lo dijeron con palabras quizás más conocidas: el trabajo asalariado es esclavismo a tiempo parcial.

La propuesta de la RB está consiguiendo mayores apoyos debido al creciente deterioro de las condiciones de trabajo y la degradación de los niveles de vida que sufren millones de personas. Quizás, el destino de la RB termine siendo similar al del sufragio universal. Aquel ideal de conceder a todos y a todas el derecho de votar, independientemente de la renta, la educación o el género, tuvo muchos ilustres y respetables opositores, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero aquel rechazo fue gradualmente desechado a la papelera de la historia, porque el sufragio universal era un ideal ético ineludible sin el cual la democracia y la libertad no se pueden concebir. Del mismo modo, estos valores esenciales seguirán siendo impensables sin el derecho políticamente garantizado de la plena existencia social y económica de toda la ciudadanía.

[1] Algunos economistas, con preferencia de las escuelas austríaca y neoclásica, han puesto en cuestión estos cálculos. Si en vez de 8 personas se tratara de 800, nos preguntamos: ¿cambiaría mucho la situación descrita por Oxfam?

[2] Y críticos de izquierda de la RB se abonan a esta tesis de los defensores de derechas para “demostrar lo neoliberal” que es la propuesta de la RB. Un ardid poco inteligente, pero que puede contentar a algunos. Una caricatura pobre, que además defiende el llamado trabajo garantizado, es este reciente artículo de Scott Ferguson. Para una crítica del trabajo garantizado, especialmente en una zona geográfica que es campeona mundial en el desempleo, el Reino de España, véase este artículo.

[3] No incluimos entre los críticos de izquierda (aunque sea crítico de la RB) a personajes como José Carlos Díez, el encargado de preparar la ponencia económica del próximo congreso del PSOE que en un programa de televisión a finales de enero lanzó tan pimpantemente: “Si tu pones una renta básica aquí vas a dejar total libertad de entrada de personas porque supongo que los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda van a venir todos aquí a tener una renta básica. Si pones una renta básica ni el muro de Trump, tendrás que poner francotiradores, porque llega un momento…” Creemos que no hace faltar discutir estos exabruptos de ínfima calidad moral y extrema incompetencia intelectual.

Alejandro Nadal
Economista especializado en el análisis del equilibrio general neoclásico y los errores e insuficiencias de muchos de sus teoremas fundamentales. Es miembro del Comité Científico de ATTAC. Uno de sus últimos libros es Rethinking Macroeconomics for Sustainability (Zed Books). Miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.
Daniel Raventós
es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del Comité Científico de ATTAC. Junto con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, pronto publicará un libro (DESC y Ed. Catarata) dedicado a todos los detalles de la financiación de la Renta Básica.

Fuente: Sin Permiso

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