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Justicia económica global
Actualizado: hace 4 horas 1 min

Mentiras y democracia

Vie, 30/06/2017 - 09:00

Xavier Caño Tamayo - ATTAC Madrid

Tras atrincherarse en el No ante quienes investigan la financiación ilegal del Partido Popular, los Rato, Mayor Oreja, Arenas y Acebes de ese partido, es el turno del ex-tesorero Bárcenas que ya ha dicho que dará la callada por respuesta. Ocultar es respuesta habitual de la derecha, la otra es mentir.

Mentir. Hace unos días el Banco de España reconocía que se perderán los más de 60.000 millones de euros que el gobierno dedicó a rescatar bancos españoles. Mintieron Rajoy y De Guindos cuando aseguraron que el rescate no costaría ni un euro a los españoles.

Una mentira como decir que el gobierno aumenta las pensiones, cuando la mayoría de pensionistas han perdido un 35% de poder adquisitivo en los últimos años. Una mentira como pretender que la mayor esperanza de vida obliga a recortar las pensiones para que sean sostenibles.

¿Pensiones sostenibles? Hablamos de derechos fundamentales de la gente. Si la economía pública funciona con menos corrupción y la privada con menor fraude fiscal habrá dinero suficiente. Hay países así. Pero mienten cuando alzan el pendón de la sostenibilidad, porque esa presunta sostenibilidad es excusa para adelgazar las pensiones públicas y que los futuros jubilados suscriban pensiones privadas porque las públicas no alcanzan. Y no alcanzarán si siguen robando.

Mienten cuando al rendimiento variable de aportaciones individuales a fondos de inversión (que especulan en mercados de capitales) le llaman ‘pensión privada’. Y mienten cuando dicen que hay que recortar las pensiones porque no hay dinero. ¿No hay dinero? Desde 2009 el Estado ha proporcionado a la banca más de 280.000 millones de ayudas varias, a destacar la inyección de 62.000 millones de euros (esos que no se recuperarán). Además de la ayuda que es comprar activos de empresas privadas por 840 millones de euros. Lo mismo que se recortó en educación en 2012.

Y mienten aún más cuando pretenden que reformar las pensiones es tarea de expertos, cuando es cuestión de derechos de los trabajadores. ¿Decidirán sobre pensiones los expertos (presuntos) a sueldo de la banca?

Los embustes frecuentes institucionalizan la desfachatez como acción política habitual de la derecha. Rajoy dijo cuando gobernaba Zapatero que “subir el IVA en tiempos de crisis es un disparate” al tiempo que clamaba “no más IVA”. Pero tras formar gobierno en 2012 aumentó el IVA al 21%. Y en noviembre de 2011 anunció “voy a meter tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación”, pero mintió y recortó 10.000 millones de euros del presupuesto de sanidad y educación.

Más mentiras. Cuando se partió el petrolero Prestige con la consiguiente marea negra, Rajoy declaró como vicepresidente del gobierno que el derramamiento de 63.000 toneladas de fuel solo era que “del Prestige salen unos pequeños hilitos, como de plastilina”. ¡Hablar de plastilina en la peor catástrofe ecológica en años!

Otrosí, Rajoy presume de crear empleo, pero oculta qué empleo crea. Precario, temporal, inseguro y de bajo salario. Y además aún hay 4.260.000 millones de parados, lo que hace de España el segundo país de la Unión Europea con más desempleo.

Más mentiras. Dice Rajoy que hay 400.000 jóvenes parados menos, pero solo son 240.000, porque lo que ha disminuido es la población activa de jóvenes por dejar de buscar empleo, volver a estudiar o emigrar.

Según Rajoy, se han creado medio millón de empleos anuales, pero los datos muestran que la mayoría de esos contratos son temporales, incluso solo de días. Según Eurostat, España es uno de los países europeos con más empleo temporal forzoso. Y los empleos temporales no son empleos de verdad, porque no hay seguridad ni futuro.

El colmo de mentir es que Rajoy pretenda que pobreza y desigualdad han disminuido. ¿De dónde lo saca cuando la carencia material severa afecta al 6% de población y trabajadores con empleo pero pobres ya son 15%? Además hoy hay más riesgo de exclusión social que cuando Rajoy ganó las elecciones en 2011, como documentan ONG de desarrollo y solidarias.

Como escribe el filósofo Paolo Flores D’Arcais, las libertades públicas y las mentiras políticas son inversamente proporcionales. El volumen tolerado de mentiras de políticos muestra la calidad de una democracia, porque la democracia exige veracidad.

La corrupción de la democracia supone mentiras, además de agredir la justicia, aumentar la desigualdad y violar derechos de la ciudadanía.

Como escribe el periodista Antonio Galeote, “la corrupción mental empieza en las palabras, en el lenguaje. Las palabras son importantes. Son el primer paso para comprender, pues si no se llama a las cosas por su nombre, si se acepta la mentira de los agresores, se acaba justificando lo injustificable”.

¡Por razones!

Categorías: Attac Planet

Los riesgos sistémicos de la banca en la sombra

Vie, 30/06/2017 - 07:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

¿Cuándo y cómo será la próxima crisis financiera?  Es el sugestivo título de un evento organizado este mes de junio por Ecologistas en Acción, al que por estar fuera de Madrid no pude asistir y del cual, por tanto, ignoro las respuestas que se hayan apuntado. Pero ciertamente abundan los datos de la realidad actual que avalan aquella pregunta, porque las modificaciones funcionales introducidas en el sistema han mantenido el riesgo inherente a un sistema financiero globalizado  fundamentado en la libertad de acción de los agentes.

Esa libertad de acción permite, entre otras cosas, el funcionamiento de la llamada banca en la sombra (shadow banking); es decir, las actividades financieras fuera del sistema bancario ordinario que supervisan los bancos centrales y fuente de riesgos opacos, incontrolados e imprevisibles. A pesar de los avances en la regulación financiera de la ley Dodd-Frank en los EEUU y en las regulaciones introducidas en la UE, los modelos y prácticas de los bancos más grandes no se han visto alteradas sustancialmente; y existen nuevas y preocupantes tendencias en las prácticas y mercados financieros como es la expansión del shadow banking system, el sistema bancario en la sombra, y su profunda interconexión con la gestión de activos y las continuadas conexiones con los propios bancos que plantean nuevas amenazas para la estabilidad, según apunta un estudio de la Universidad de Massachusetts. ([i])  Algo que supone para la gran banca mantener un nivel alto de riesgos sistémicos en el sistema financiero infraregulado con efectos perversos que no interesa desvelar.

Por la trascendencia y actualidad, el tema fue objeto de debate durante parte de la última campaña para las elecciones primarias entre los dos candidatos demócratas a la Presidencia de los Estados Unidos. En un discurso en Nueva York el 5 de enero de 2016, contra la opinión de la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, el senador demócrata Bernie Sanders sostenía que la ley Glass-Steagall, derogada en los noventa por la Administración Clinton, habría impedido el desarrollo de la banca en la sombra que tanto contribuyó al desarrollo de la crisis financiera; porque aquella ley  tenía como objetivo evitar que los especuladores de Wall Street causaran otra Gran Depresión, al separar obligatoriamente en entidades distintas la banca de depósitos y la banca financiera o de negocios. En ese discurso decía el senador Bernie Sanders:

“Ahora, mi oponente, la Secretaria Clinton dice que la Glass-Steagall no habría evitado la crisis financiera porque los bancos en la sombra como AIG y Lehman Brothers, los bancos comerciales no grandes, fueron los verdaderos culpables. La secretaria Clinton está equivocada. Los bancos en la sombra jugaron en realidad imprudentemente, pero ¿de dónde salió ese dinero? Salía de los depósitos bancarios con garantía federal de los grandes bancos comerciales, algo que habría estado prohibido en virtud de la Ley Glass-Steagall. No olvidemos que el presidente Franklin Roosevelt proyectó y firmó esta ley, precisamente para evitar que los especuladores de Wall Street causaran otra Gran Depresión. Y, funcionó durante más de cinco décadas hasta que Wall Street la fue aguando durante la presidencia de Reagan y fue rematada durante la presidencia de Clinton“

Porque, actualmente, en los EE.UU  las actividades bancarias en la sombra son citadas como la mayor amenaza potencial para el sistema financiero, según advertía en el Foro Económico de Davos de enero 2015, Zhu Min, subdirector del FMI. Los reguladores han limpiado con éxito gran parte del sistema bancario mundial desde la crisis de Lehman Brothers, – decía – pero los excesos se han trasladado fuera de la contabilidad y una vez más están creciendo en proporciones inquietantes. “El riesgo clave se ha desplazado a la sombra de la banca”. Si bien es conocida la explosión de banca en la sombra en China, Zhu Min confirmaba que, por ejemplo, ha habido un aumento de los préstamos a empresas estadounidenses a cargo de los fondos de gestión de activos y otros actores no bancarios. Y esto queda fuera del control normal de la banca y es difícil de rastrear. “Las sociedades no financieras han aumentado 1,3 billones (trillion) de dólares a través de la banca en la sombra en los EEUU”. El FMI estima que los pasivos contingentes de estas formas de préstamos en la sombra han llegado a los 15 billones (trillion) de dólares en los EEUU, utilizando una “amplia” gama de actividades que captan nuevas formas de riesgo. Esto es un nivel más alto que en China. Es más o menos el 180 por cien de los activos bancarios y está aumentando rápidamente hacia su pico pre-Lehman. Lo que resulta particularmente preocupante ya que generó una diseminación de los riesgos en el mundo interconectado de las finanzas estructuradas, que causó la crisis mundial luego convertida en “metástasis” en 2008. ([ii]) Esta tendencia continuada al alza de las actividades de banca en la sombra queda corroborada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en siglas en inglés) que en un estudio sobre 26 jurisdicciones únicamente concluye que los activos globales de este sector han alcanzado los 36 billones (trillion) de dólares ([iii]); una cifra muy superior a la citada por el FMI que podría explicarse por posibles diferencias en el concepto aplicado. Lo que evidencia la gravedad y opacidad de la banca en la sombra.

En años recientes, la prensa especializada anglosajona señalaba la existencia de una extensa banca en la sombra en China generada por las entidades que conceden créditos sin ser bancos autorizados; construcción de grandes astilleros que obtienen préstamos cuantiosos de grandes fondos de inversiones anglosajones como BlackRock e incluso de algunos grandes fondos de pensiones, etc. En junio de 2016, el Gobernador del Banco central de China anunciaba que iban a estudiar las actividades de banca en la sombra del Grupo Alibaba, que, entre otras actividades, gestiona el mayor servicio de pago por internet, Alipay, con 450 millones de usuarios. ([iv]) Asimismo, en la Unión Europea el crecimiento de la banca en la sombra se perfila como una peligrosa laguna en el marco regulador del sistema bancario europeo. Hace unos años la Comisión europea cifraba la banca en la sombra en más de 16 billones de euros en la UE, incluyendo operaciones extracontables y entidades fuera de la regulación bancaria y, por tanto, sin la supervisión de los Bancos centrales, como sucede con las filiales bancarias en paraísos fiscales. Pero ha habido un significativo crecimiento en las cifras aportadas por el Consejo de Riesgo Sistémico Europeo, ligado al BCE y presidido por Mario Draghi, que cuantificaba la dimensión de la banca en la sombra en 37 billones de euros para el cuarto trimestre de 2015 en el conjunto de la Unión Europea; y en 28 billones para la Eurozona en ese mismo período. ([v]). Lo que se traduce en una elevación del riesgo sistémico para la estabilidad financiera tanto en la UE como en la Eurozona.

Una dimensión bancaria revelada por la crisis financiera

Al doble riesgo de insuficiencia de liquidez e interconexión global que presenta la banca financiera actual, hay que sumar los riesgos que implican los negocios bancarios en la sombra sin transparencia ni supervisión pública. Son unos riesgos incontrolados que se esconden en el funcionamiento opaco, nada transparente de la gran banca,  que fueron una de las causas de la crisis financiera que arrancó en el verano de 2007 en Wall Street. Por entonces, a raíz de la crisis financiera inesperada, surgió esa expresión para designar principalmente las actividades y operaciones semiocultas por las que los bancos generaron un endeudamiento desmesurado e incontrolado por las autoridades reguladoras. Cuando aún no había llegado lo peor de la crisis, durante la XLV  reunión de gobernadores de bancos centrales de Mayo 2008 en Otawa, Hervé Hannoun, subdirector del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS), presentaba un informe denunciando la existencia de una “banca en la sombra“, fuera del alcance de los bancos centrales, que les habría impedido controlar la solvencia de los bancos y, por tanto, prevenir la crisis. Con esta denominación comprendía las actividades de las filiales o entidades instrumentales y fondos de alto riesgo (generalmente domiciliados en paraísos fiscales) creados por grandes grupos bancarios como matriz, para recaudar dinero emitiendo productos complejos novedosos e incentivando vías para la evasión de impuestos en el país de origen o para el lavado de dinero procedente de negocios ilegales o de la corrupción ([vi]). La existencia de una banca en la sombra ha quedado oficialmente reconocida por documentos internacionales. En 2011, la declaración final del G-20 en Cannes asumió esta realidad bancaria y reconoció el riesgo sistémico inherente a estas prácticas bancarias ocultas al quedar fuera del alcance de la regulación establecida para el sistema bancario; y con su retórica ya tradicional acordaba reforzar su regulación y supervisión, suscribiendo las recomendaciones producidas al respecto por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) con un plan a desarrollar a partir de 2012 ([vii]).

Actualmente el concepto de banca en la sombra tiene interpretaciones diversas. En los últimos años se ha ampliado para incluir actividades de intermediación del crédito por entidades no bancarias, como hemos mencionado. La expresión ya generalizada de “shadow banking system” abarca las actividades bancarias opacas de los derivados, los mercados de repo, la titulización mediante valores respaldados por activos, que crecieron mucho en vísperas de la crisis en gran parte registrados en cuentas extracontables; y que en los EEUU alcanzaron un pasivo de 20 billones (trillion) de dólares según la Reserva Federal de Nueva York. Aunque este sector se ha reducido con la disminución del apalancamiento, aún sigue siendo mayor que la actividad bancaria sobre la que se centran los reguladores; y su opacidad impedía estimar los efectos prácticos que tendría la pérdida de la triple A en la calificación crediticia de los bonos del Tesoro estadounidense sobre los activos en que se basan los activos en que se apoyan esas actividades, según el análisis del Financial Times ([viii])

Actividades bancarias excluidas de supervisión pública

Con frecuencia la prensa económica restringe el concepto de banca en la sombra a las entidades no bancarias, sea un fondo de alto riesgo o hedge fund, un fondo de pensiones, una aseguradora, etc., que, con capital suficiente ofrecen financiación a empresas, es decir, realizan actividades bancarias sin tener licencia de banco, gracias al marco regulador liberal predominante. En ocasiones esconden la vinculación de la gran banca con esta actividad en la sombra ([ix]) Shadow banking es una expresión que incomoda al sector bancario por su connotación peyorativa ([x]);  pero abarca desde los fondos de mercado monetario y acuerdos de recompra o repos hasta los vehículos especiales de inversión, hedge funds y los préstamos de valores bursátiles y gran parte de los derivados. Arrojar luz sobre unos tenebrosos 70 billones (trillion) de dólares en el mundo está resultando problemático para los reguladores por el obstáculo de la escasez de datos y la presión que incentiva el crecimiento económico; y esto significa que los riesgos se escapan al escrutinio de las autoridades. Según la definición del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el sistema de banca en la sombra es el sistema de intermediación del crédito que implica a actividades y entidades fuera del sistema bancario ordinario y de su regulación. En realidad, hay tres tipos de actividades bancarias en la sombra (las entidades offshore; los derivados y los repos o préstamos en la sombra), que son todas ellas obvias porque operan a plena luz, y que podrían ser controladas de una manera sencilla y responsable, como apunta el profesor del MIT, Simon Johnson. ([xi])   La cuestión está la inexistencia de la voluntad política de aplicar controles efectivos porque los grandes bancos son muy poderosos y se inclinan siempre por ocultar algunas de sus actividades en las sombras, como sucede ahora.

[i] Gerald Epstein & Juan Antonio Montecino, Banking From Financial Crisis to Dodd-Frank: Five Years On, How Much Has Changed? Political Economy Research Institute. University of Massachusets, 21/7/2015 en http://www.peri.umass.edu/236/hash/608e6779c02cd89ea77f68dda3d7f33d/publication/661

[ii] Shadow banking now poses top risk to US stability, warns IMF. The Telegraph, 21/1/2015 en http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11360353/Shadow-banking-now-poses-top-risk-to-US-stability-warns-IMF.html

[iii] FSB, Global Shadow Banking Monitoring Report 2015

[iv] Shadow Banking Activities, Zhou Says.  Bloomberg News. 25/6/2016 en http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-25/pboc-to-study-alibaba-s-shadow-banking-activities-zhou-says

[v] EU Shadow Banking .Monitor. No 1 / July 2016, ESRB/European Systemic Risk Board

[vi] Hervé Hannoun, Policy Lessons from the Recent Financial Market Turmoil. XLV Meeting of Central banks Governors of the American Continent, Ottawa 8-9 May. A BIS document

[vii] Cannes Summit Final Declarations 4 November 201, ítem  30, en http://www.g20.utoronto.ca/ http://www.g20.utoronto.ca/

[viii] Effect on “shadow banking nuclear en Financial Times 7/8/2011

[ix] Véase este enfoque en el editorial  Regulación y mercado. El País, 17/1/2016

[x] Huw Jones, Regulators lack data to probe shadow banking sector.  Reuters. London, 2/5/2014 en http://www.reuters.com/article/us-regulations-shadowbanks-idUSBREA410EM20140502

[xi] Simon Johnson, Big Banks’ Shadow Dance.Project Syndicate, 29/11/2013 en http://www.project-syndicate.org/commentary/simon-johnson-takes-on-the-argument-that-proper-bank-regulation-will-drive-financial-activity-into-the-shadows

 

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La burbuja turística

Jue, 29/06/2017 - 09:00

Agustín Franco Martínez – Público.es

“Turismo es hoy sinónimo de globalización, mercantilización de recursos y personas, consumo desaforado e irresponsabilidad medioambiental en todos los niveles. (…) Bastarán unas pocas décadas más de turismo de masas para convertir la Gaia viva de Lovelock en un desafortunado planeta-zombi que vaga por el espacio sideral…” (Abecedario zombi, 2016) [1].

El turismo ya se vio inmerso en medio de la quiebra inmobiliaria y financiera de 2007-2008, si bien no sufrió con la misma intensidad el estallido de la burbuja, ¿por qué? Porque todavía tiene margen para aumentar la explotación laboral y medioambiental en el sector turístico a nivel planetario: basta comparar los sucesivos porcentajes de empeoramiento de 2015 de la escala del Índice Global de Derechos Laborales (IGDL) con los datos promedios del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (ICVT) y del Índice de Brecha de Género (IBG).

Vemos en la gráfica que los niveles de competitividad turística como de igualdad de género se pueden presionar más a la baja hasta equipararse a los ritmos crecientes de degradación de los derechos laborales (desde violaciones irregulares hasta derechos no garantizados). Observándose que incluso el nivel de empeoramiento posible en el caso de la dimensión política de la Brecha de Género ya ha sido ampliamente superado, en casi 10 puntos porcentuales, para el escalón de violaciones repetidas del IGDL (el segundo escalón más bajo de este índice).

Teniendo en cuenta que la ‘competitividad turística’, según la concepción neoliberal del Foro Económico Mundial, no es más que un eufemismo de explotación, como se aprecia de un modo mucho más directo comparando la sistemática inferioridad del salario real del sector turístico con respecto al del PIB turístico. Así, por ejemplo, en España, entre 2000 y 2007, el PIB turístico crece un 18%, el número de turistas crece un 19,5%, el empleo turístico aumenta en casi un millón (pasa de 2 a 3 millones de empleos) y, en cambio, ¡el salario medio anual real disminuye!, pasando de 11.053 € en 2000 a 10.598 € en 2007. [2]

Grafica-IGDL-png

De hecho, a nivel laboral las cifras de precariedad y feminización son alarmantes, siendo representativo del empleo turístico las quejas y denuncias de las kellys, las que limpian, las camareras de hotel. Además, la proliferación del alojamiento turístico no hotelero es otro síntoma importante, ya que tiende a concentrarse en los mismos espacios que el hotelero, generando no sólo competencia empresarial desleal, sino turismofobia creciente, acompañada de los clásicos procesos de gentrificación (desplazando del centro urbano a la población residente que presenta bajos niveles de ingresos).

La gentrificación, aunque etimológicamente proviene de gentry (nueva clase burguesa intelectual), tiene ciertos ecos y resonancias –de connotaciones negativas– con el campo semántico de lo geriátrico, la gerontología, es por lo que, además del elitismo a secas, podemos hablar también de elitismo putrefacto, cuyo reflejo más fiel es ese turismo de borrachera y de balconing, turismo zombi, tan conocido en la costa española, que paradójicamente protagonizan jóvenes acomodados y cualificados.

En definitiva, todo un proceso neocolonial al servicio de los intereses de las clases pudientes del norte global. Donde el incremento anual de turistas internacionales es celebrado por los políticos de turno como un éxito económico sin igual, ignorando que tal crecimiento no puede ser indefinido, hasta el infinito. Ignorando que hablar de ‘capacidad de carga’ o ‘capacidad de acogida’ turística una vez que ésta ha sido ampliamente superada ya no es una solución sino otro problema más.

Gestionar la capacidad de carga es como regular el flujo de agua con un grifo, abriendo más o menos la llave para regular la cantidad de agua que queremos. Pero una vez que se ha inundado la casa, de nada sirve abrir o cerrar el grifo, pues está roto. Así, gestionar la masificación turística exige medidas al mismo nivel que la gestión de una inundación, medidas de emergencia y evacuación, lo mismito que en una crisis zombi.

Tiene gracia que la capacidad de acogida sea minuciosamente aplicada en el caso de los refugiados, que entran en Europa a cuenta gotas debido a las (supuestas) múltiples carencias de nuestras sociedades en materia de empleo y asistencia social, así como de seguridad. Y en cambio, se aplica de un modo tan laxo con quienes llevan plata en el bolsillo y el virus T (turístico) en la cabeza.

El turismo se convierte así en el estandarte de la globalización de la explotación, lo que bien podríamos sintetizar como explotalización. No es sólo un juego de palabras, es la expresión de cómo el capitalismo encuentra nuevas formas de expandirse a niveles cada vez más profundos y globales sin necesidad de moverse, sin necesidad de cambiar de planeta. Esto es, siempre se podrán inventar nuevos procesos neocolonizadores y recolonizadores que abran nuevas vías inéditas a la explotación de siempre.

Y a nivel medioambiental, ya en el Financial Times se reconocía en 2006 que el turismo será el enemigo público número uno del medioambiente [3]. La propia creación de los parques naturales, configurados como zonas vírgenes según el modelo excluyente (mediante la expulsión forzosa de la población nativa) inaugurado en 1872 por Roosevelt en Estados Unidos con el primer parque nacional del mundo, el parque de Yellowstone, se ha extendido como una plaga por todo el planeta [4].

Bajo el capitalismo todo es negocio. No hay opción de sostenibilidad ni resiliencia bajo las reglas de juego del mercado, por mucho que se cacaree la pretendida responsabilidad empresarial como un mantra de solidaridad y justicia social.

Como señalaba el conocido geógrafo y anarquista Eliseo Reclus en 1866: “En la costa, muchos de los acantilados más pintorescos y las playas más encantadoras son presa de codiciosos propietarios o de especuladores (…) Cada curiosidad natural, …, incluso el sonido de un eco, se convierte en propiedad individual. Los empresarios arriendan las cascadas y las cercan con vallas de madera para impedir que los viajeros que no pagan disfruten de la vista de las turbulentas aguas. Después, mediante una avalancha de publicidad, la luz que juega con las diminutas gotas en dispersión y las ráfagas de viento que rasgan las cortinas de llovizna se transforman en el tintineo resonante del dinero”.

Profesor universitario. Cáceres.

Notas

[1] Díaz, J. y Meloni, C. (2016). Abecedario zombi. Madrid. El Salmón Contracorriente.

[2] Murray, I. (2015). Capitalismo y turismo en España. Barcelona. AlbaSud.

[3] Buades, J. (2009). “Copenhague y después”. Opiniones en desarrollo, artículo 4. AlbaSud.

[4] Survival (2014). “Los parques necesitan a los indígenas”. Informe. Madrid. Survival International.

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El nuevo régimen social de España

Jue, 29/06/2017 - 07:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

España ha sufrido una de las más importantes crisis económicas y financieras durante su periodo democrático, crisis que también ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment político y mediático del país. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, según este establishment, se está resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesión) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto político que favoreció estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado español y la gran mayoría de medios públicos y privados de información del país. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestión, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Desde el inicio de la crisis (2008) hasta el año pasado (2016), las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participación de los beneficios de las empresas no financieras en España está por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras españolas han aumentado su participación en el VAB (valor añadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo país de toda la UE que más ha aumentado; 4) La polarización social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% más rico dispone de 6,6 veces más ingresos que el 20% más pobre. Somos el 3º país con mayor polarización de toda la UE (después de Rumanía y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el índice de Gini alcanzó los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que los del 10% más rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las más intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro (1,1 millones); 3) Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Más de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los últimos cinco años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 € menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar 

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las políticas públicas de los partidos gobernantes del Estado español, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayoría de los países de la UE. 1) España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB (24,6%) de los más bajos de la UE-15; 2) España tiene el gasto público social por habitante de los más bajos de la UE y ha disminuido durante los años de la gran recesión, consecuencia de los grandes recortes; 3) España tiene uno de los porcentajes de la población adulta que trabaja en los servicios públicos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparación con 1 de cada 4 en Suecia. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reduciría significativamente el desempleo; 4) El gasto público en España es uno de los más bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 países europeos es 48,1%; 5) España es uno de los países que dedican menor gastos en protección social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciación ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto público social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonómico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393€); 6.b) El gasto autonómico de educación por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 834€); 6.c) El gasto público total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonómico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 258€).; 6.e) Mientras que, el gasto autonómico en deuda pública por habitante aumentó 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 121€); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en España del 29,5% en 2016 al 22,3% después de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reducción de pobreza (8,7% de reducción en la UE frente a 7,2% en España).

La pobreza del Estado del Bienestar en España es consecuencia de una fiscalidad débil y regresiva que se ha acentuado todavía más con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Más datos: 1) En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España, cuando tan solo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.

La pobreza se ha incrementado 

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza está ya incluida como parte integrante del sistema económico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. De nuevo, más datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045€) a 2016 (26.730€); 2) Hay más de 2,5 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005: más de 10 millones de personas en España están por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la población); 4) Pese a la ‘recuperación económica’ la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al año pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o más niños dependientes está en situación de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con niños dependientes están en situación de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, más de 1 millón de personas, no tienen ningún ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 últimos años) es de 15,8 en España (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las más altas de Europa; 9) La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de 1 millón de personas en España; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las más altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la población); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.

Conclusión. El resultado de las políticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomías 

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrás de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de España. Pero este daño se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los más elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de información y persuasión del país.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeñas variaciones de los indicadores económicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperación económica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos años en España es un cambio dentro del régimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto político que ocurre entre una minoría económica, financiera, mediática y política, por un lado, y las clases populares, que son la mayoría de la población, por el otro. Así de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo González de Molina la ayuda en la provisión de la mayoría de estos datos).

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Director del JHU-UPF Public Policy Center

 Publicado en Público.es
http://www.vnavarro.org/

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Tenis, mentiras y querellas de humo

Mié, 28/06/2017 - 09:00

La denuncia fue presentada al detectarse indicios de irregularidades derivadas del incremento abonado a la empresa privada

El 23 de marzo de 2017, la presidenta de la empresa municipal Madrid Destino, Celia Mayer, el Vicepresidente primero, Carlos Sánchez Mato, y la Consejera Delegada, Ana Varela, presentamos ante la Fiscalía una denuncia relacionada con los negocios jurídicos celebrados entre esta empresa y la sociedad Madrid Trophy Promotion, S. L. (MTP), organizadora del torneo de tenis Mutua Madrid Open que se celebra anualmente en la Caja Mágica.

La denuncia fue presentada al detectarse indicios de irregularidades derivadas del incremento abonado a la empresa privada, de la ausencia de transparencia y del retorno económico incierto.

No, no es ‘obsesión ideológica’ con el Open de Tenis. No, el objetivo no era ‘cargarse este evento’. Y no, tampoco es un tema de si nos gusta o no el tenis. Únicamente se trataba y se trata de investigar si, como han indicado los abogados penalistas que analizaron la documentación, los hechos son susceptibles de ser considerados delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Es la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado la que está investigando el caso y solo cabe respetar su trabajo.

Pero eso era demasiado para el Partido Popular que, con el ánimo de desviar la atención de la opinión pública, ha interpuesto una querella contra los presentantes de la denuncia por prevaricación, malversación de fondos públicos y delito societario. El motivo en el que se basa es la contratación irregular de los servicios jurídicos externos al Ayuntamiento en vez de acudir a los internos.

Y eso es radicalmente falso. Evidentemente, en primer lugar se pidió valoración de los convenios firmados con MTP (organizadora del torneo) a los servicios jurídicos del ayuntamiento, pero estos contestaron que no les correspondía “realizar labores de asesoramiento técnico jurídico ni emitir dictámenes de pura gestión ni dar opiniones de actuación del órgano consultante” y tan solo se limitaron a analizar aquellas cuestiones que entraban dentro del ámbito que les es de competencia. Lógicamente, era preciso encargar informes a despachos de abogados externos al ayuntamiento. El primer informe resultante puso de manifiesto importantes irregularidades en los convenios firmados durante los años de gobierno del Partido Popular, señalando, entre otras cosas, que el pago de 5 millones de dólares en concepto de derechos de sede -que no realiza ningún Ayuntamiento de ninguna otra ciudad organizadora del mismo torneo- no parecía responder a ninguna otra finalidad que no fuese satisfacer ese pago a la empresa privada. El informe concluía que el convenio en concreto podría tener causa de nulidad, pero evitaba posicionarse sobre la existencia de posibles delitos penales debido a que no correspondía a su ámbito de especialización.

No era la primera vez que se hacía: la empresa pública contabiliza la contratación externa hasta en nueve ocasiones

Por eso se decidió encomendar un dictamen de carácter penal que evaluara si el convenio era constitutivo de delito. Al mismo tiempo, como era necesario disipar la enorme maraña de negocios jurídicos que creaban los convenios y ello no lo podía hacer un despacho penal, se contrató otro informe a un despacho especializado en derecho civil y administrativo que sirviera de base para el informe del despacho especializado en derecho penal.

Al tratarse de un tema tan sensible, tanto la confianza en los profesionales como la necesaria confidencialidad y obligado secreto (el inicio del conocimiento de unas actuaciones puede convertirlas en inoperantes), se optó por el encargo profesional mediante un arrendamiento de servicios por valor de 50.000 euros, absolutamente acorde a la legislación sobre contratación pública y a las instrucciones de contratación de Madrid Destino. De hecho, no era la primera vez que se hacía ni mucho menos: la empresa pública contabiliza actualmente la contratación externa hasta en nueve ocasiones por importes situados entre los 14.000 y los 50.000 euros.

Los resultados de los informes fueron tajantes: la cantidad pagada anualmente a la empresa privada MTP se incrementó de forma notable y progresiva sin justificación razonable, pasando de 1.704.517 euros en 2006 a 10.469.136 euros en 2010, los negocios jurídicos no eran transparentes y no existía un equilibrio de prestaciones entre las dos partes. Estos hechos, dictaminaba el informe penal, eran susceptibles de ser considerados delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Como no podía ser de otra forma, cumplimos con nuestro deber y pusimos estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

El Partido Popular no dudó en interponernos una querella por la contratación externa. No es la primera vez, ni será la última, que el PP se querella contra quienes le denuncian para intentar que miremos el dedo y no la luna. Es un sistema viciado que se revuelve contra quienes lo cuestionan. Ni nos sorprende, ni nos va a conseguir parar.

Estamos tranquilos porque hemos actuado en todo momento respetando la ley con la idea de esclarecer posibles delitos de corrupción

Tras recibir este escrito -que únicamente contiene la versión de los querellantes- el juzgado correspondiente nos llamó a declarar a los querellados el 18 de septiembre para conocer nuestra versión y poder dilucidar así si merece la pena investigar este caso o no. Este procedimiento es habitual: este tipo de querellas se admiten de forma casi automática en los tribunales. Hemos presentado por escrito al juzgado nuestro deseo de declarar lo antes posible para aclarar los hechos denunciados. Estamos completamente tranquilos porque hemos actuado en todo momento respetando la ley con el único objetivo de esclarecer posibles delitos de corrupción y ahorrarle al erario público millones de euros. Solo desde esa perversa intención de evitar que se esclarezcan los casos de corrupción que, extrañamente unen a Partido Popular y Ciudadanos, se puede explicar la cacería que han montado contra quienes únicamente buscan esclarecer posibles irregularidades cumpliendo estrictamente la normativa de contratación como se acreditará en sede judicial. Tenis sí, pero ni mentiras ni querellas de humo.

En Ahora Madrid lo tenemos muy claro y lo diremos hasta la extenuación: seguiremos siendo hostiles contra la corrupción, pese a los ataques, pese a las tácticas de quienes han vampirizado lo público y de, quienes bajo el manto de la novedad, quieren seguir haciéndolo en el futuro.

Carlos Sánchez Mato es miembro de ATTAC Madrid

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¿Retorno de los golpes militares a América Latina?

Mié, 28/06/2017 - 07:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

El Brexit y el triunfo de Trump marcarán el finiquito del “escenario teleológico” en el que la finalidad de los procesos creativos eran planeadas por modelos finitos que podían intermodelar o simular varios futuros alternativos y en los que primaba la intención, el propósito y la previsión y su sustitución por el “escenario teleonómico”, marcado por dosis extremas de volatilidad que afectarán de manera especial a América Latina. Así, asistiremos a la irrupción en el escenario geopolítico de América Latina de una nueva ola negra involucionista que consistirá en la implementación de “golpes de mano blandos“ con el objetivo inequívoco de sustituir a los regímenes insensibles a los dictados de Washington por regímenes militares autocráticos y que afectará a Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Haití, El Salvador y Panamá.

Cuba y la nueva Crisis de los Misiles

El cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, exigido por vigésimo quinto año consecutivo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y aprobado de forma abrumadora por 191 votos a favor y 2 abstenciones (EEUU e Israel), reafirma la libertad de comercio y navegación ante un bloqueo anacrónico instaurado por Kennedy en 1.962 y que habría supuesto para la Isla unas pérdidas directas e indirectas estimadas en 110.000 millones $ según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y más de un Billón $ según el Gobierno cubano). Así, según Prensa Latina, entre mayo de 2012 y abril de 2013, las perdidas causadas por el bloqueo a la salud pública cubana serían de 39 millones $ debido a la imperiosa necesidad de adquirir medicamentos e instrumental en mercados lejanos.

Las medidas cosméticas tomadas por la Administración Obama en su Primer Mandato Presidencial siguiendo la estela de la Administración Clinton (relajación de las comunicaciones y el aumento del envío de remesas a la isla así como el inicio de una ronda de conversaciones sobre temas de inmigración), dejaban intacto al bloqueo y no cambian sustancialmente la política de Washington, aunque reflejaban el consenso de amplios sectores del pueblo norteamericano a favor de un cambio de política hacia la Isla auspiciado por la decisión del régimen cubano de terminar con el paternalismo estatal y permitir la libre iniciativa y el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, la renovación automática por parte de EEUU por un año más del embargo comercial a la isla atentarían contra el vigente sistema financiero y político internacional y podrían suponer para Cuba pérdidas estimadas en cerca de 50.000 millones de $, abocando al régimen de Raúl Castro a la asfixia económica. En el supuesto de que Donald Trump mantenga intacto el anacrónico embargo sobre la Isla, surgirá el desapego afectivo del régimen cubano respecto a EEUU y dicho vacío será aprovechado por el hábil estratega geopolítico Putin para firmar un nuevo tratado de colaboración militar ruso-cubana (rememorando el Pacto Secreto firmado en 1.960 en Moscú entre Raúl Castro y Jruschov) que incluiría la instalación de una base de Radares en la abandonada base militar de Lourdes para escuchar cómodamente los susurros de Washington y la instalación de bases dotadas con misiles Iskander, pudiendo revivirse la Crisis de los Misiles Kennedy-Jruschev (octubre, 1.962) y la posterior firma con Jrushchov del Acuerdo de Suspensión de Pruebas Nucleares (1962).

Nicaragua y el Gran Canal Interoceánico

Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa de Venezuela con el objetivo de suministrar combustibles a los países miembros en condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y bajas tasas de interés y estaría integrado por 18 países (incluidos Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Belice y una decena de islas del Caribe) y según las autoridades venezolanas, el país exporta 100.000 barriles diarios a los países del bloque que generaban una factura de 4.000 millones de dólares, de la cual una parte se paga en “efectivo” y el resto estaría subsidiado. La nueva estrategia de EEUU sería estrechar lazos comerciales y militares con los países de Petrocaribe ante el peligro de contagio mimético de los ideales revolucionarios chavistas al depender en exclusiva de la venezolana Petrocaribe para su abastecimiento energético, empezando por el presidente dominicano Danilo Medina y en este contexto, la Administración Obama celebró una Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe en la que instó a los países de la región a diversificar sus fuentes de energía, confiar más en las inversiones privadas y reducir así su dependencia de Petrocaribe. Por otra parte, China habría asumido el reto de construir el Gran Canal Interoceánico en Nicaragua para sortear el paso del estrecho de Malaca, (dicho estrecho es vital para China al ser la ruta principal para abastecerse de petróleo pero se habría convertido “de facto” en una vía marítima saturada y afectada por ataques de piratas), por lo EEUU procederá a desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega dentro de su estrategia geopolítica global de secar las fuentes energéticas chinas.

¿Maduro tiene los días contados?

En Venezuela, la decisión de Maduro de confiscar la planta de General Motors, será vista por la Administración Trump como un atentado contra los intereses de las multinacionales estadounidenses, escenario que será aprovechado por el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, antiguo Presidente y Consejero Delegado de Exxon Mobil cuando fue nacionalizada en el 2007 por Hugo Chávez, para intentar un golpe de mano contra Maduro. Exxon Mobil formaría parte de la Cuarta Rama del Gobierno de EEUU, verdadero Poder en la sombra que toma las decisiones en política exterior y a instancias de Tillerson, la revolución chavista ya fue declarada “enemiga peligrosa de EE.UU”. Además, el acuerdo chino-venezolano por el que la empresa petro-química estatal china Sinopec invertirá 14.000 millones de dólares para lograr una producción diaria de petróleo en 200.000 barriles diarios de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, (considerado el yacimiento petrolero más abundante del mundo), sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de EEUU (cuyo objetivo inequívoco sería secar las fuentes energéticas de China), por lo que tras una sistemática e intensa campaña desestabilizadora que incluirá el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana y la posterior petición al Ejército para que se erija en “salvador de la Patria”, plan diseñado por la CIA y que contando con la inestimable ayuda logística de Colombia, convertida en el portaaviones continental de EEUU), podríamos asistir a un golpe de mano para finiquitar el legado chavista en Venezuela.

¿Nuevo Gobierno Militar en Brasil?

Brasil forma parte de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y aunque se descarta que dichos países forman una alianza política como la UE o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), dichos países tienen el potencial de formar un bloque económico con un estatus mayor que del actual G-8 (se estima que en el horizonte del 2050 tendrán más del 40% de la población mundial y un PIB combinado de 34.951 Billones de $) y el objetivo inequívoco de Putin era neutralizar la expansión de EEUU en el cono sur americano y evitar la posible asunción por Brasil del papel de “gendarme de los neoliberales” en Sudamérica, pues Brasil juega un rol fundamental en el nuevo tablero geopolítico diseñado por EEUU para América Latina ya que le considera como un potencial aliado en la escena global al que podría apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente, con el consiguiente aumento del peso específico de Brasil en la Geopolítica Mundial.

Sin embargo, la decisión de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de posponer su visita de Estado a Washington (decisión avalada por los principales asesores de Rousseff, entre ellos su antecesor y mentor Lula da Silva), entrañó el riesgo de una peligrosa confrontación entre las dos grandes potencias del continente americano, pues según Lula “los americanos no soportan el hecho de que Brasil se haya convertido en un actor global y en el fondo, lo máximo que ellos aceptan es que Brasilia sea subalterno, como ya lo fue”. Así, Rousseff tras afirmar que “el espionaje ilegal representa una violación de soberanía incompatible con la convivencia democrática entre países amigos”, exigió a Estados Unidos explicaciones convincentes de las razones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para presuntamente violar las redes de computadoras de la petrolera estatal Petrobras y tras su enérgico discurso en la apertura de la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se habría granjeado la enemistad de la Administración Obama que procedió a la implementación del “caos constructivo” en Brasil para desestabilizar su mandato presidencial (impeachement). Sin embargo, tras el khaos surgido en una sociedad brasileña corroída por la corrupción y que afectaría al actual Presidente Temer no es descartable un golpe de mano militar que implementará una severa represión contra los partidos izquierdistas y que se ensañará de manera especial con el Partido Comunista (PCdoB) y el Partido Socialista (PSB), quedando tan sólo Ecuador, Nicaragua y Bolivia como países díscolos a las tesis de una EEUU pero que terminarán siendo fagocitados mediante la política del Big Stick o “Gran Garrote”, siguiendo la Doctrina Monroe ,“América para los Americanos”.

Analista internacional

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¿Es bueno o malo para la economía que haya sindicatos fuertes?

Mar, 27/06/2017 - 09:00

Noveno artículo de la serie ‘Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas’

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

La legalización de los sindicatos cumple 40 años

Manifestación sindical. EFE

 

Desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales, en los años 70 y 80 del siglo pasado, los sindicatos se convirtieron en su principal bestia negra. El objetivo de tales políticas era recuperar el beneficio del capital y cualquier institución que reforzara el poder negociador de los trabajadores, como las organizaciones sindicales, constituía un obstáculo para su puesta en marcha que convenía desactivar o incluso eliminar si resultaba posible.

Primero fueron los dictadores liberales, sobre todo en América Latina, quienes los combatieron duramente. Asesinaron a miles de sindicalistas, muchas veces con extraordinaria crueldad y con el apoyo, no siempre disimulado, de los economistas neoliberales, de empresas multinacionales y de los gobiernos de las grandes potencias. Solo en Colombia se han asesinado a más de 3.000 en los últimos treinta años y las declaraciones del asesino general Videla dejaron bien claro por qué y cómo había que perseguir a los sindicatos: “Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976)…con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo (…) los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’ (…) Cuántas veces me dijeron ‘se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’”. Aunque, eso sí, Videla tenía la conciencia tranquila porque, según dijo, “Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano” (Argentina: exrepresor Videla admite que dictadura mató a más de 7.000 personas).

Más tarde, Margaret Thatcher y Ronald Reagan comenzaron sus etapas de gobierno con medidas expresamente dedicadas a reducir el poder sindical y a desincentivar por todos los medios posibles la afiliación de las clases trabajadoras. La primera calificaba a los sindicatos como “el enemigo interno” y de los más de 240 comités de coordinación entre los sindicatos y el gobierno que había en 1979, cuando comenzó a gobernar, solo quedaba en activo uno solo en 1990, cuando acabó su etapa. La mano de Reagan, por su parte, no fue menos dura que la de Thatcher: su cruzada comenzó el 5 de agosto de 1981, cuando declaró ilegal al sindicato de controladores del tráfico aéreo (PATCO) y despidió a todos sus afiliados por hacer huelga y no incorporarse al trabajo cuando él lo ordenó.

Pero la mano dura no bastaba para acabar con los sindicatos que siempre habían tenido un gran apoyo social y no solo de las clases trabajadoras. Para ganarles la batalla, una de las estrategias fundamentales fue fomentar la elaboración y difusión de investigaciones económicas y artículos académicos destinados a demostrar que la presencia de sindicatos es un factor dañino para la economía y que, por tanto, convenía reducir su presencia al mínimo posible.

Desde entonces, la literatura económica orientada a demostrar esta tesis es abundantísima y los economistas que la defienden reciben premios, se hacen famosos en los medios y se presentan como los portadores de un saber económico superior basado en rigurosas verdades científicas.

En sus análisis se concluye que los sindicatos actúan como una especie de cártel o monopolio que impone salarios superiores a los de equilibrio en el mercado laboral y para los cuales la demanda de trabajo que hacen las empresas es menor que la oferta de los trabajadores. Los sindicatos serían, por tanto, la causa de que haya desempleo. Un desempleo que los economistas liberales califican como “voluntario”, precisamente por esa razón, porque en su opinión es aceptado voluntariamente por los trabajadores a cambio de disfrutar de salarios más elevados.

Pero esa no sería la única consecuencia negativa de la actividad de los sindicatos. Los economistas neoliberales han multiplicado los estudios dedicados a mostrar que también tienen otros efectos sobre la actividad económica igual de perniciosos o peores. Así, se afirma que los sindicatos pueden ser beneficiosos para sus afiliados pero perjudiciales para el conjunto de la sociedad, que disminuyen el crecimiento económico y la inversión, que frenan la productividad, que dañan a los empresarios, que perjudican a los buenos trabajadores, que provocan subidas de impuestos, que retardan la recuperación tras las crisis, o que alcanzan una influencia política excesiva y muy negativa, entre otras cosas.

Pero ¿qué hay de verdad en esas críticas? ¿Es cierto que la actividad de los sindicatos es para las economías una especie de cáncer que conviene extirpar? ¿Realmente destruyen puestos de trabajo, disminuyen la productividad, frenan la innovación, impiden que las empresas creen riqueza y que la economía satisfaga convenientemente las necesidades humanas? ¿Son razones de ciencia económica las que justifican que se limite su poder y actividad?

Para responder a estas preguntas basta con echar una ojeada a las bibliotecas aunque, eso sí, tratando de buscar la verdad y no solo los estudios que confirmen lo que, en un sentido u otro, hayamos establecido de antemano, tal y como suele ocurrir.

Si hacemos eso (o si sencillamente realizamos un rápida búsqueda de trabajos científicos en la red), enseguida veremos que en el caso de los efectos de la actividad sindical sobre la economía ocurre exactamente igual que en otros campos que vengo comentando en esta serie de artículos y en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas. A las conclusiones de los economistas neoliberales (en este caso, sobre los efectos económicos muy negativos de la actividad sindical) solo se llega cuando se parte de determinadas hipótesis y se analizan una variables concretas, porque se puede concluir de modo completamente distinto si se establecen otros puntos de partida diferentes, si se consideran otras partes del problema o si las variables se contemplan desde perspectivas de análisis alternativas.

Este no es un artículo académico así que no voy a cansar a quienes lo lean con las citas de los muchos autores y datos que muestran conclusiones diferentes a las que defienden los economistas liberales sobre los sindicatos .

Como mi propósito es simplemente llamar la atención y mostrar de la manera más clara e intuitiva posible el engaño que supone afirmar que la actividad sindical es nociva para la economía, me limitaré a mencionar dos pruebas que provienen de organismos que no son precisamente sospechosos de simpatía hacia los sindicatos:

– El Banco Mundial concluyó en un estudio  de 2002 que los sindicatos no dañan al crecimiento y que hay una correlación muy débil, y puede ser que incluso ninguna, entre la sindicalización y los indicadores de rendimiento económico como la tasa de paro, la inflación, la tasa de empleo o la flexibilidad de los salarios reales ( Unions and Collective Bargaining : Economic Effects in a Global Environment).

– La OCDE afirmaba en un estudio de 2006 que la mayor tasa de sindicalización no tiene efecto negativo sobre el empleo, que su aumento tampoco lo tiene sobre la creación de puestos de trabajo y que el poder de negociación colectiva de los sindicatos influye más sobre la distribución del ingreso que sobre la demanda de trabajo que hacen las empresas ( OECD Employment Outlook 2006)

Pero no solo hay estudios que demuestran que el efecto de los sindicatos no es negativo para la economía. Otros muchos demuestran que su influencia es positiva:

– Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2002 mostró que la presencia de sindicatos aumenta los salarios, el empleo y la inversión porque incentiva la sustitución de empleo por capital ( The Economic Effects of Unions in Latin America: Their Impact on Wages and the Economic Performance of Firms in Uruguay).

– Chris Doucouliagos y Patrice Laroche han analizado todos los estudios efectuados desde los años 70 del siglo pasado sobre la influencia de los sindicatos en la productividad y de todos ellos concluyen que (aunque haya casos aislados en sentido contrario) esta última es más elevada por lo general cuando las empresas tienen implantación sindical ( What do unions do to productivity ? A meta–analysis).

– Un estudio que cubre todo un siglo de la economía de Estados Unidos realizado hace muy poco por Jordan Brennan y que comento en Economía para no dejarse engañar por los economistas no deja lugar a dudas porque los datos son indiscutibles: las etapas de más alta afiliación sindical son las que están asociadas con más actividad económica, más nivel de empleo, salarios más elevados y más inversión productiva de las empresas. Por el contrario, en las etapas de menos presencia o fuerza sindical hay menos empleo, salarios más bajos, menos inversión empresarial productiva, más dedicada a fusiones y absorciones empresariales, y tasa más baja de crecimiento económico ( Rising corporate concentration, declining trade union power, and the growing income gap).

– Otros muchos estudios también demuestran que más presencia de los sindicatos o su mayor poder de negociación está asociado a menor desigualdad salarial y general, a más beneficios sociales, a pensiones más elevadas, a mejor clima de diálogo social y en las empresas, y que cuanta mayor sea la afiliación más cooperativas y eficientes son las relaciones laborales ( Oui, les syndicats sont utiles!).

¿Quiere decir todo esto que la actividad de los sindicatos es siempre positiva y desde todos los puntos de vista para la economía, para las empresas o incluso para las propias clases trabajadoras? Por supuesto que no. Como cualquier acción humana, la que llevan a cabo las organizaciones sindicales no está exenta de defectos y de posibles efectos perversos o negativos sobre su entorno. Sobre todo, cuando los sindicatos, como ha ocurrido mucho en los últimos años, se burocratizan, se hacen dependientes de la financiación gubernamental o empresarial y cuando se alejan de los intereses de la sociedad en general.

Ahora bien, lo que a mi juicio demuestra lo que acabo de señalar es que no se puede afirmar, como hacen los economistas y políticos neoliberales, que los sindicatos sean por definición un elemento negativo y de efectos perniciosos sobre la economía. La realidad evidencia que no solamente no lo son siempre sino que, además, pueden tener una influencia muy positiva sobre las empresas y sobre el conjunto de la actividad económica.

Los sindicatos son, nada más pero nada menos, un instrumento de defensa de las clases trabajadoras. Un instrumento imprescindible porque estas interactúan con la patronal en condiciones de franca inferioridad y debilidad pero que, como cualquier otro, puede ser utilizado bien o mal. Los sindicatos suponen protección, apoyo mutuo, poder colectivo y, por lo tanto, mayor posibilidad de intervenir en las relaciones económicas en condiciones de simetría con la patronal, única forma de conquistar y disfrutar derechos que sería imposible alcanzar y ejercer negociando las condiciones de trabajo individualmente. Es por eso, porque la otra parte busca igualmente mejorar su condición, por lo que se quiere acabar con los sindicatos y por lo que se hacen reformas laborales (como la última española) cuya casi única finalidad es limitar la capacidad de actuación de las organizaciones sindicales. Y es por eso que el efecto que estas medidas han tenido en los últimos años no ha sido otro que aumentar el beneficio empresarial a costa de los salarios y de los derechos laborales, disminuyendo el empleo y el nivel general de actividad económica.

Las razones que llevan a combatir a los sindicatos no son científicas, como nos quieren hacer creer los economistas neoliberales. La actividad sindical no es mala en sí misma para la economía. Si se limita y combate es para defender y proteger los intereses de una parte, ya de por sí en condiciones de superioridad, en perjuicio de otra y a costa de perjudicar a la economía y a las propias empresas en su conjunto.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “ ¿Acabarán los robots con el empleo?

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¿Es bueno o malo para la economía que haya sindicatos fuertes?

Mar, 27/06/2017 - 09:00

Noveno artículo de la serie ‘Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas’

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

La legalización de los sindicatos cumple 40 años

Manifestación sindical. EFE

 

Desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales, en los años 70 y 80 del siglo pasado, los sindicatos se convirtieron en su principal bestia negra. El objetivo de tales políticas era recuperar el beneficio del capital y cualquier institución que reforzara el poder negociador de los trabajadores, como las organizaciones sindicales, constituía un obstáculo para su puesta en marcha que convenía desactivar o incluso eliminar si resultaba posible.

Primero fueron los dictadores liberales, sobre todo en América Latina, quienes los combatieron duramente. Asesinaron a miles de sindicalistas, muchas veces con extraordinaria crueldad y con el apoyo, no siempre disimulado, de los economistas neoliberales, de empresas multinacionales y de los gobiernos de las grandes potencias. Solo en Colombia se han asesinado a más de 3.000 en los últimos treinta años y las declaraciones del asesino general Videla dejaron bien claro por qué y cómo había que perseguir a los sindicatos: “Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976)…con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo (…) los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’ (…) Cuántas veces me dijeron ‘se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’”. Aunque, eso sí, Videla tenía la conciencia tranquila porque, según dijo, “Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano” (Argentina: exrepresor Videla admite que dictadura mató a más de 7.000 personas).

Más tarde, Margaret Thatcher y Ronald Reagan comenzaron sus etapas de gobierno con medidas expresamente dedicadas a reducir el poder sindical y a desincentivar por todos los medios posibles la afiliación de las clases trabajadoras. La primera calificaba a los sindicatos como “el enemigo interno” y de los más de 240 comités de coordinación entre los sindicatos y el gobierno que había en 1979, cuando comenzó a gobernar, solo quedaba en activo uno solo en 1990, cuando acabó su etapa. La mano de Reagan, por su parte, no fue menos dura que la de Thatcher: su cruzada comenzó el 5 de agosto de 1981, cuando declaró ilegal al sindicato de controladores del tráfico aéreo (PATCO) y despidió a todos sus afiliados por hacer huelga y no incorporarse al trabajo cuando él lo ordenó.

Pero la mano dura no bastaba para acabar con los sindicatos que siempre habían tenido un gran apoyo social y no solo de las clases trabajadoras. Para ganarles la batalla, una de las estrategias fundamentales fue fomentar la elaboración y difusión de investigaciones económicas y artículos académicos destinados a demostrar que la presencia de sindicatos es un factor dañino para la economía y que, por tanto, convenía reducir su presencia al mínimo posible.

Desde entonces, la literatura económica orientada a demostrar esta tesis es abundantísima y los economistas que la defienden reciben premios, se hacen famosos en los medios y se presentan como los portadores de un saber económico superior basado en rigurosas verdades científicas.

En sus análisis se concluye que los sindicatos actúan como una especie de cártel o monopolio que impone salarios superiores a los de equilibrio en el mercado laboral y para los cuales la demanda de trabajo que hacen las empresas es menor que la oferta de los trabajadores. Los sindicatos serían, por tanto, la causa de que haya desempleo. Un desempleo que los economistas liberales califican como “voluntario”, precisamente por esa razón, porque en su opinión es aceptado voluntariamente por los trabajadores a cambio de disfrutar de salarios más elevados.

Pero esa no sería la única consecuencia negativa de la actividad de los sindicatos. Los economistas neoliberales han multiplicado los estudios dedicados a mostrar que también tienen otros efectos sobre la actividad económica igual de perniciosos o peores. Así, se afirma que los sindicatos pueden ser beneficiosos para sus afiliados pero perjudiciales para el conjunto de la sociedad, que disminuyen el crecimiento económico y la inversión, que frenan la productividad, que dañan a los empresarios, que perjudican a los buenos trabajadores, que provocan subidas de impuestos, que retardan la recuperación tras las crisis, o que alcanzan una influencia política excesiva y muy negativa, entre otras cosas.

Pero ¿qué hay de verdad en esas críticas? ¿Es cierto que la actividad de los sindicatos es para las economías una especie de cáncer que conviene extirpar? ¿Realmente destruyen puestos de trabajo, disminuyen la productividad, frenan la innovación, impiden que las empresas creen riqueza y que la economía satisfaga convenientemente las necesidades humanas? ¿Son razones de ciencia económica las que justifican que se limite su poder y actividad?

Para responder a estas preguntas basta con echar una ojeada a las bibliotecas aunque, eso sí, tratando de buscar la verdad y no solo los estudios que confirmen lo que, en un sentido u otro, hayamos establecido de antemano, tal y como suele ocurrir.

Si hacemos eso (o si sencillamente realizamos un rápida búsqueda de trabajos científicos en la red), enseguida veremos que en el caso de los efectos de la actividad sindical sobre la economía ocurre exactamente igual que en otros campos que vengo comentando en esta serie de artículos y en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas. A las conclusiones de los economistas neoliberales (en este caso, sobre los efectos económicos muy negativos de la actividad sindical) solo se llega cuando se parte de determinadas hipótesis y se analizan una variables concretas, porque se puede concluir de modo completamente distinto si se establecen otros puntos de partida diferentes, si se consideran otras partes del problema o si las variables se contemplan desde perspectivas de análisis alternativas.

Este no es un artículo académico así que no voy a cansar a quienes lo lean con las citas de los muchos autores y datos que muestran conclusiones diferentes a las que defienden los economistas liberales sobre los sindicatos .

Como mi propósito es simplemente llamar la atención y mostrar de la manera más clara e intuitiva posible el engaño que supone afirmar que la actividad sindical es nociva para la economía, me limitaré a mencionar dos pruebas que provienen de organismos que no son precisamente sospechosos de simpatía hacia los sindicatos:

– El Banco Mundial concluyó en un estudio  de 2002 que los sindicatos no dañan al crecimiento y que hay una correlación muy débil, y puede ser que incluso ninguna, entre la sindicalización y los indicadores de rendimiento económico como la tasa de paro, la inflación, la tasa de empleo o la flexibilidad de los salarios reales ( Unions and Collective Bargaining : Economic Effects in a Global Environment).

– La OCDE afirmaba en un estudio de 2006 que la mayor tasa de sindicalización no tiene efecto negativo sobre el empleo, que su aumento tampoco lo tiene sobre la creación de puestos de trabajo y que el poder de negociación colectiva de los sindicatos influye más sobre la distribución del ingreso que sobre la demanda de trabajo que hacen las empresas ( OECD Employment Outlook 2006)

Pero no solo hay estudios que demuestran que el efecto de los sindicatos no es negativo para la economía. Otros muchos demuestran que su influencia es positiva:

– Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2002 mostró que la presencia de sindicatos aumenta los salarios, el empleo y la inversión porque incentiva la sustitución de empleo por capital ( The Economic Effects of Unions in Latin America: Their Impact on Wages and the Economic Performance of Firms in Uruguay).

– Chris Doucouliagos y Patrice Laroche han analizado todos los estudios efectuados desde los años 70 del siglo pasado sobre la influencia de los sindicatos en la productividad y de todos ellos concluyen que (aunque haya casos aislados en sentido contrario) esta última es más elevada por lo general cuando las empresas tienen implantación sindical ( What do unions do to productivity ? A meta–analysis).

– Un estudio que cubre todo un siglo de la economía de Estados Unidos realizado hace muy poco por Jordan Brennan y que comento en Economía para no dejarse engañar por los economistas no deja lugar a dudas porque los datos son indiscutibles: las etapas de más alta afiliación sindical son las que están asociadas con más actividad económica, más nivel de empleo, salarios más elevados y más inversión productiva de las empresas. Por el contrario, en las etapas de menos presencia o fuerza sindical hay menos empleo, salarios más bajos, menos inversión empresarial productiva, más dedicada a fusiones y absorciones empresariales, y tasa más baja de crecimiento económico ( Rising corporate concentration, declining trade union power, and the growing income gap).

– Otros muchos estudios también demuestran que más presencia de los sindicatos o su mayor poder de negociación está asociado a menor desigualdad salarial y general, a más beneficios sociales, a pensiones más elevadas, a mejor clima de diálogo social y en las empresas, y que cuanta mayor sea la afiliación más cooperativas y eficientes son las relaciones laborales ( Oui, les syndicats sont utiles!).

¿Quiere decir todo esto que la actividad de los sindicatos es siempre positiva y desde todos los puntos de vista para la economía, para las empresas o incluso para las propias clases trabajadoras? Por supuesto que no. Como cualquier acción humana, la que llevan a cabo las organizaciones sindicales no está exenta de defectos y de posibles efectos perversos o negativos sobre su entorno. Sobre todo, cuando los sindicatos, como ha ocurrido mucho en los últimos años, se burocratizan, se hacen dependientes de la financiación gubernamental o empresarial y cuando se alejan de los intereses de la sociedad en general.

Ahora bien, lo que a mi juicio demuestra lo que acabo de señalar es que no se puede afirmar, como hacen los economistas y políticos neoliberales, que los sindicatos sean por definición un elemento negativo y de efectos perniciosos sobre la economía. La realidad evidencia que no solamente no lo son siempre sino que, además, pueden tener una influencia muy positiva sobre las empresas y sobre el conjunto de la actividad económica.

Los sindicatos son, nada más pero nada menos, un instrumento de defensa de las clases trabajadoras. Un instrumento imprescindible porque estas interactúan con la patronal en condiciones de franca inferioridad y debilidad pero que, como cualquier otro, puede ser utilizado bien o mal. Los sindicatos suponen protección, apoyo mutuo, poder colectivo y, por lo tanto, mayor posibilidad de intervenir en las relaciones económicas en condiciones de simetría con la patronal, única forma de conquistar y disfrutar derechos que sería imposible alcanzar y ejercer negociando las condiciones de trabajo individualmente. Es por eso, porque la otra parte busca igualmente mejorar su condición, por lo que se quiere acabar con los sindicatos y por lo que se hacen reformas laborales (como la última española) cuya casi única finalidad es limitar la capacidad de actuación de las organizaciones sindicales. Y es por eso que el efecto que estas medidas han tenido en los últimos años no ha sido otro que aumentar el beneficio empresarial a costa de los salarios y de los derechos laborales, disminuyendo el empleo y el nivel general de actividad económica.

Las razones que llevan a combatir a los sindicatos no son científicas, como nos quieren hacer creer los economistas neoliberales. La actividad sindical no es mala en sí misma para la economía. Si se limita y combate es para defender y proteger los intereses de una parte, ya de por sí en condiciones de superioridad, en perjuicio de otra y a costa de perjudicar a la economía y a las propias empresas en su conjunto.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “ ¿Acabarán los robots con el empleo?

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CETA, ¿un tratado progresista?

Mar, 27/06/2017 - 07:00

Alberto Martínez - ATTAC País Valencià

Los defensores del CETA repiten una y otra vez los mismos argumentos sin presentar ninguna evidencia que los avale. Son simples consignas faltas de rigor al no estar refrendados por la realidad del texto del tratado. O no lo conocen o son cínicos sin ningún tipo de pudor.

Machacan con el argumento de los valores compartidos entre la UE y Canadá. ¿Cuáles son esos valores? En Canadá están autorizados los transgénicos sin etiquetar en la alimentación humana, en la UE, no. En Canadá, la agricultura industrial con utilización masiva de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en la UE, es la norma, frente al modelo europeo basado fundamentalmente en pequeñas y medianas explotaciones familiares o de cooperativas. En Europa funciona el “principio de precaución”. En Canadá la “gestión del riesgo”…

El 70% de mineras mundiales son canadienses, y no hay más que fijarse en el ejemplo de Corcoesto para adivinar la oleada de demandas ante los famosos tribunales de arbitraje del ICS (Investment Court System) que nos caerían cuando el gobierno central, los gobiernos autonómicos o municipales quisieran poner trabas de algún tipo a la actividad de dichas empresas. Además, la mayoría de empresas canadienses son filiales de transnacionales de EEUU, por lo que el CETA sería de hecho la puerta trasera que utilizarían las mismas para beneficiarse del ICS.

Cuando dicen que es un tratado progresista, ¿a qué se refieren? El capítulo de empleo y desarrollo sostenible no cita en ningún momento el principio de precaución consagrado en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Los derechos laborales no son vinculantes y por tanto ejecutables de forma efectiva ante ningún tribunal. La resolución de los posibles incumplimientos se deja a la buena voluntad de las partes, sin obligaciones concretas

¿Es progresista la lista negativa de compromisos mediante la cual todos los servicios (incluidos los públicos) están abiertos a la liberalización (privatización) si no se meten en dicha lista? ¿Qué pasa con las necesidades futuras que no se prevén en el momento de su elaboración?

¿Es progresista la cláusula standstill que establece la congelación del nivel de liberalización (privatización) de todos los sectores económicos en el momento de la entrada en vigor del CETA?

¿Es progresista la cláusula ratchet que impone a los gobiernos el avance en una sola dirección (la de liberalizar y desregular) e impide la vuelta atrás  en el sentido de revertir en aras del bien público decisiones que gobiernos anteriores hayan tomado?     

¿Es progresista que en el capítulo de medioambiente del CETA no aparezca ni una sola referencia a los objetivos a los que la UE se comprometió en el tratado de París de 2015,  mientras se fomenta la importación de arenas bituminosas o gas de fracking de Canadá?

Cuando en el instrumento interpretativo del CETA se menciona el “derecho a regular” de los gobiernos, solo se dice una media verdad. La cara oculta de esta afirmación es el “derecho” de los inversores extranjeros a hacer uso del Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) para elevar demandas contra dichos gobiernos cuando al regular interfieran de alguna manera en sus beneficios presentes o futuros. Es decir, nadie te impide regular, pero tendrás que pagar un alto precio por ello. Ejemplos los tenemos a cientos en otros tratados de inversión a lo largo de los últimos 20 años. ¿Es esto progresista?

¿Es progresista que bajo la “cooperación reguladora” establecida en el CETA, cualquier iniciativa legislativa de una parte (UE) tenga que ser consultada con la otra parte (Canadá) antes de ser llevada a los propios parlamentos? ¿Y que las empresas transnacionales tengan el derecho de “opinar” sobre la idoneidad de cualquier proyecto de normativa, ley o regulación que pueda “afectar al comercio”?

La campaña NO al TTIP/CETA/TISA tenemos argumentos basados en numerosos estudios, análisis e investigaciones sobre las tripas del CETA. No nos inventamos nada, no somos demagogos, no hablamos por hablar. Y en cuanto a la acusación de proteccionistas…, pues sí, no lo ocultamos, reconocemos con orgullo que lo somos.

Somos proteccionistas de los derechos laborales conseguidos con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio y a través de tanto tiempo. Queremos proteger el planeta en el que vivimos, una alimentación sana, nuestros datos personales, la sanidad y la educación públicas, el derecho al agua, el derecho a una energía no contaminante y asequible, el derecho a la democracia y a ser consultados, el derecho a un “trato justo y equitativo” para todas las personas, y no para que unas élites utilicen ese concepto de forma fraudulenta en su propio beneficio.

Y, que se sepa, no estamos en contra del comercio. Estamos en contra de “este comercio” representado por el CETA y sus hermanos gemelos, como el TTIP, el TISA u otros que la Unión Europea está actualmente negociando o en vías de negociar. Parafraseando a Ortega: no es eso, no es eso.

Miembro de la campaña NO al TTIP/CETA/TISA

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CETA, ¿un tratado progresista?

Mar, 27/06/2017 - 07:00

Alberto Martínez - ATTAC País Valencià

Los defensores del CETA repiten una y otra vez los mismos argumentos sin presentar ninguna evidencia que los avale. Son simples consignas faltas de rigor al no estar refrendados por la realidad del texto del tratado. O no lo conocen o son cínicos sin ningún tipo de pudor.

Machacan con el argumento de los valores compartidos entre la UE y Canadá. ¿Cuáles son esos valores? En Canadá están autorizados los transgénicos sin etiquetar en la alimentación humana, en la UE, no. En Canadá, la agricultura industrial con utilización masiva de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en la UE, es la norma, frente al modelo europeo basado fundamentalmente en pequeñas y medianas explotaciones familiares o de cooperativas. En Europa funciona el “principio de precaución”. En Canadá la “gestión del riesgo”…

El 70% de mineras mundiales son canadienses, y no hay más que fijarse en el ejemplo de Corcoesto para adivinar la oleada de demandas ante los famosos tribunales de arbitraje del ICS (Investment Court System) que nos caerían cuando el gobierno central, los gobiernos autonómicos o municipales quisieran poner trabas de algún tipo a la actividad de dichas empresas. Además, la mayoría de empresas canadienses son filiales de transnacionales de EEUU, por lo que el CETA sería de hecho la puerta trasera que utilizarían las mismas para beneficiarse del ICS.

Cuando dicen que es un tratado progresista, ¿a qué se refieren? El capítulo de empleo y desarrollo sostenible no cita en ningún momento el principio de precaución consagrado en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Los derechos laborales no son vinculantes y por tanto ejecutables de forma efectiva ante ningún tribunal. La resolución de los posibles incumplimientos se deja a la buena voluntad de las partes, sin obligaciones concretas

¿Es progresista la lista negativa de compromisos mediante la cual todos los servicios (incluidos los públicos) están abiertos a la liberalización (privatización) si no se meten en dicha lista? ¿Qué pasa con las necesidades futuras que no se prevén en el momento de su elaboración?

¿Es progresista la cláusula standstill que establece la congelación del nivel de liberalización (privatización) de todos los sectores económicos en el momento de la entrada en vigor del CETA?

¿Es progresista la cláusula ratchet que impone a los gobiernos el avance en una sola dirección (la de liberalizar y desregular) e impide la vuelta atrás  en el sentido de revertir en aras del bien público decisiones que gobiernos anteriores hayan tomado?     

¿Es progresista que en el capítulo de medioambiente del CETA no aparezca ni una sola referencia a los objetivos a los que la UE se comprometió en el tratado de París de 2015,  mientras se fomenta la importación de arenas bituminosas o gas de fracking de Canadá?

Cuando en el instrumento interpretativo del CETA se menciona el “derecho a regular” de los gobiernos, solo se dice una media verdad. La cara oculta de esta afirmación es el “derecho” de los inversores extranjeros a hacer uso del Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) para elevar demandas contra dichos gobiernos cuando al regular interfieran de alguna manera en sus beneficios presentes o futuros. Es decir, nadie te impide regular, pero tendrás que pagar un alto precio por ello. Ejemplos los tenemos a cientos en otros tratados de inversión a lo largo de los últimos 20 años. ¿Es esto progresista?

¿Es progresista que bajo la “cooperación reguladora” establecida en el CETA, cualquier iniciativa legislativa de una parte (UE) tenga que ser consultada con la otra parte (Canadá) antes de ser llevada a los propios parlamentos? ¿Y que las empresas transnacionales tengan el derecho de “opinar” sobre la idoneidad de cualquier proyecto de normativa, ley o regulación que pueda “afectar al comercio”?

La campaña NO al TTIP/CETA/TISA tenemos argumentos basados en numerosos estudios, análisis e investigaciones sobre las tripas del CETA. No nos inventamos nada, no somos demagogos, no hablamos por hablar. Y en cuanto a la acusación de proteccionistas…, pues sí, no lo ocultamos, reconocemos con orgullo que lo somos.

Somos proteccionistas de los derechos laborales conseguidos con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio y a través de tanto tiempo. Queremos proteger el planeta en el que vivimos, una alimentación sana, nuestros datos personales, la sanidad y la educación públicas, el derecho al agua, el derecho a una energía no contaminante y asequible, el derecho a la democracia y a ser consultados, el derecho a un “trato justo y equitativo” para todas las personas, y no para que unas élites utilicen ese concepto de forma fraudulenta en su propio beneficio.

Y, que se sepa, no estamos en contra del comercio. Estamos en contra de “este comercio” representado por el CETA y sus hermanos gemelos, como el TTIP, el TISA u otros que la Unión Europea está actualmente negociando o en vías de negociar. Parafraseando a Ortega: no es eso, no es eso.

Miembro de la campaña NO al TTIP/CETA/TISA

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Tasas de interés: ¿regreso a la “normalidad”?

Sáb, 24/06/2017 - 09:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

La Reserva Federal quiere regresar a tasas de interés más cercanas a lo normal. Hace una semana incrementó la tasa de referencia para situarla en el rango de 1 y 1.25 por ciento. Según la Fed esta medida ayudará a mantener firme la recuperación económica y dará mayor estabilidad al mercado de trabajo.

La justificación está rodeada de una fuerte polémica sobre las señales que emanan de la economía estadounidense. Muchos analistas consideran que la muy celebrada recuperación sigue siendo débil. Otros piensan que los indicadores de la evolución del mercado de trabajo no son tan sólidos como lo quieren hacer creer las autoridades económicas. Sin embargo, la Reserva Federal insiste en que las señales económicas son positivas y prepara más incrementos en la tasa de interés para los próximos meses. Es más, la Fed prepara ya la venta de la gigantesca masa de activos que compró a través de sus programas de estímulo vía la flexibilidad monetaria.

La política monetaria en Estados Unidos no llegó a recurrir a tasas nominales negativas, pero sí ha mantenido tasas reales negativas. Y hay otros bancos centrales del mundo capitalista desarrollado que persisten en una postura de tasas nominales negativas. Sobresale el ejemplo del Banco Central Europeo que mantiene una tasa de depósito de menos 0.3 por ciento. El Banco Central de Japón sigue sosteniendo una tasa negativa de 0.1 por ciento sobre reservas excedentes y la tasa de los bonos a 10 años sigue en cero por ciento. Los bancos centrales de Suiza y Suecia mantienen tasas negativas: menos 0.75 y menos 0.35 por ciento, respectivamente. Esas tasas negativas significan que si un agente deposita una cantidad en el banco, al llegar el vencimiento de dicha inversión recibirá menos de lo que originalmente depositó.

Al adoptar esta herramienta de política monetaria los bancos centrales buscaron incentivar el crecimiento económico y aumentar la inflación como instrumento para reducir los gigantescos niveles de endeudamiento heredados del periodo anterior a la crisis. (La inflación permite a los deudores deshacerse de la deuda más rápidamente). Pero las tasas negativas fueron insuficientes para generar crecimiento económico y tampoco han servido mucho para crear presiones inflacionarias. Quizás lo más importante es que esa política monetaria fue insuficiente para fomentar el crédito, en buena medida porque la brecha entre la tasa líder y las tasas que cobran los bancos comerciales sigue siendo enorme. La desregulación del sector bancario que marca esta etapa neoliberal del capitalismo hace imposible reducir ese margen de ganancias de los bancos. En cambio, lo que sí produjo el régimen de tasas negativas fue un entorno de distorsiones e inestabilidad financiera que han pesado mucho sobre la economía mundial.

En efecto, los mercados financieros se han visto marcados por una fuerte volatilidad desde que la política monetaria se internó en el sendero de las tasas negativas. En el mercado bursátil global esta política de tasas negativas fue un acicate para que los inversionistas buscaran mayores rendimientos en operaciones de alto riesgo. La demanda de activos de alto riesgo se incrementó, provocando aumentos artificiales en los precios de estos activos.

El objetivo de la política de tasas cero o negativas en el mercado mundial de divisas era el de revertir los flujos de capital hacia espacios con mayores rendimientos. Se suponía que ese movimiento de salida de capitales afectaría el tipo de cambio, contribuyendo a depreciar la moneda y a promover las exportaciones (y el crecimiento). En los hechos, ese efecto fue muy débil o incluso nulo, como lo demuestra el hecho de que el franco suizo y el yen japonés se han apreciado frente al dólar incluso debido a los anuncios de que las tasas negativas se iban a mantener. La razón es que los flujos de capital y la especulación en los mercados cambiarios se rigen por factores que los modelos simplistas de los bancos centrales no son capaces de tomar en cuenta.

Otra de las consecuencias de esta postura de política monetaria tiene que ver con la demanda agregada que se buscaba promover. En Estados Unidos la tasa nominal llegó a situarse en cero por ciento, y aunque la inflación era muy baja, la tasa real (es decir, descontando la inflación) se hizo negativa. Y eso sirvió para que los ahorradores dejaran de percibir unos 475 mil millones de dólares (mmdd) anuales sobre sus ahorros. Esto significa que una parte de la demanda agregada se vio perjudicada por la política monetaria que pretendía incentivarla. Es claro que este último efecto de las tasas de interés negativas equivale a confiscar recursos de los ahorradores para entregárselos a los dueños de bancos y a agravar la desigualdad.

Salir del pantano de las tasas negativas puede parecerle positivo a la Reserva Federal. Pero el regreso al crecimiento estable no será posible mientras la política fiscal siga atrapada en la ciénega de la austeridad.

Twitter: @anadaloficial

Publicado en La Jornada

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Historia de las amnistías fiscales

Sáb, 24/06/2017 - 07:00

Juan Francisco Martín Seco - Consejo Científico de ATTAC España

 

 

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar inconstitucional la amnistía fiscal que, con el argumento de la delicada situación financiera por la que atravesaba la economía española, el Gobierno aprobó en 2012. La sentencia del TC se ha limitado a declarar la inconstitucionalidad de la medida por el procedimiento utilizado para aprobarla, mediante decreto-ley, sin entrar en el fondo del asunto, con lo que nos hemos quedado sin saber en qué medida y hasta qué punto las amnistías fiscales son compatibles con nuestra carta magna y, en todo caso, si lo son, qué condiciones deben cumplir, ya que no todas las amnistías fiscales son iguales.España tiene una larga historia de amnistías fiscales. No obstante, siempre ha rondado por encima de ellas la sombra de la inconstitucionalidad, y todas las formaciones políticas desde la oposición las han condenado y criticado, aunque también recurrieron a su aprobación cuando estuvieron en el gobierno. El PSOE ha atacado con dureza al Gobierno de Rajoy por la que aprobó en 2012, incluso apelando al Constitucional, y cuando este la ha invalidado, anuncian que reprobaran al ministro de Hacienda. Pero dos años atrás, en 2010, Zapatero, ante las dificultades que se presentaban para financiar el déficit público, acarició la idea de una amnistía fiscal, materializada mediante la suscripción de una deuda pública especial a un tipo de interés muy reducido (tal vez negativo). En aquel entonces fue el PP el que se opuso, criticó al PSOE por la posible medida e impidió que se aprobase.Estos días, con motivo de la sentencia del TC, los medios de comunicación han intentado recordar las distintas amnistías, muchas veces no con demasiado acierto, más bien con bastante confusión e inexactitudes. Es curioso que ninguno haya recordado la de 1977, quizás la más importante y la que más justificación tiene. Desde luego, en este caso no se puede  hablar de inconstitucionalidad puesto que la carta magna aun no se había elaborado.

La Ley 50/1977, de medidas urgentes en materia fiscal, aprobada en la línea divisoria entre la dictadura y la democracia, cumplía una necesidad evidente, la de poner los primeros ladrillos de una futura reforma fiscal, ya que el sistema tributario que provenía del franquismo era profundamente injusto y resultaba obsoleto. Al mismo tiempo, esta Ley constituía una pieza importante de los Pactos de la Moncloa, contrapartida de las cesiones realizadas por sindicalistas y partidos de izquierda en materia social y laboral. Se establecía el delito fiscal, se levantaba el secreto bancario y se creaba el impuesto de patrimonio; con todo ello y con la reforma de la administración tributaria se pensaba atacar la herencia que dejaba la dictadura de enormes bolsas de fraude. Para conseguir este objetivo se creyó conveniente poner el reloj a cero. De ahí la amnistía fiscal con una naturaleza bifronte, por una parte se incentivaba a los defraudadores para que regularizaran su situación tributaria y, por otra, se permitía a las empresas actualizar sus balances, actualización que constituye también una especie de amnistía al eximir de tributación las ganancias de capital acumuladas como plusvalías. Cuando se enumeran las amnistías fiscales todo el mundo se olvida de las múltiples actualizaciones de balances que se han aprobado a lo largo de estos años.

Las medidas fiscales adoptadas por los gobiernos de UCD tuvieron, sin duda alguna, gran importancia. Fue un cambio sustancial, pero en ningún caso conviene magnificar sus efectos. La reforma resultó incompleta, sus criterios fueron tímidos, nada ambiciosos, y desató fuertes presiones en su contra por parte de los grupos de poder. La Asociación Española de la Banca Privada (AEB) se opuso desde el principio al levantamiento del secreto bancario, recurrió ante los tribunales las primeras actuaciones de la Hacienda Pública en esta materia y se negó a que las entidades financieras facilitaran los listados de las  retenciones practicadas en las rentas de capital. El fallo del Tribunal Supremo terminó dando la razón al Ministerio de Hacienda, pero para entonces ya habían pasado seis largos años durante los cuales el dinero negro vivió en total impunidad.

Cuando el partido socialista llega al poder en el año 1982 el panorama, por tanto, no era demasiado halagüeño. Todo el sistema financiero era fiscalmente opaco y las rentas de capital podían evadirse sin ninguna dificultad, por lo que se imponía como una de las primeras medidas la de elaborar una ley sobre la fiscalidad de los activos financieros. En un principio, su finalidad era más bien modesta. Se intentaba tan solo hacer efectiva, con una nueva redacción más estricta y menos ambigua, la obligación del levantamiento del secreto bancario que ya aparecía en la Ley de Medidas Urgentes de 1977, pero que no se estaba aplicando al estar recurrida por la AEB. Pero tan pronto como se comenzó a profundizar en el tema se advirtió la inutilidad de hacer transparentes determinados activos, como los depósitos bancarios, si se mantenían opacos los demás. El fenómeno se venía observando tiempo atrás. Ante la eventualidad de que el poder judicial terminase dictaminando a favor de la Hacienda Pública, se fue creando toda clase de nuevos activos financieros con intereses implícitos, que recibían también el nombre de “al tirón” o “al descuento”, y que, al no estar sometidos a la obligación de retener, difícilmente el fisco podría exigir más tarde el listado de las retenciones. Se imponía, por tanto, una concepción de la ley mucho más amplia y ambiciosa, que hiciese fiscalmente transparente todo el sistema financiero y que no permitiese ningún escondrijo para el dinero negro.

Pocas leyes como esta fueron objeto de tantas presiones en su elaboración. Se trajo a colación la huida generalizada de capitales que se podía producir. Hay que tener en cuenta, desde luego, el punto de partida. Unos mercados financieros totalmente opacos, donde el dinero negro alcanzaba cifras astronómicas. Convertir de golpe en transparente todo el mercado podía desatar una ola de pánico y originar un cataclismo financiero. La primera solución que se barajó fue la de conceder una nueva amnistía fiscal. Sin embargo, la medida no se consideró indicada. La de 1977 estaba demasiado cerca y se corría el peligro de desprestigiar la lucha contra el fraude, al calar en la conciencia de la gente la idea de que cada cierto tiempo el Estado estaba dispuesto a practicar el “borrón y cuenta nueva”.

La opción elegida fue la gradualidad. Se hizo transparente todo el mercado con una sola excepción: los pagarés del Tesoro. Con ellos se concedía al dinero negro un refugio provisional, pero solo provisional. El Estado se reservaba el monopolio de su emisión, con lo que podía ir reduciendo la cantidad de estos activos en circulación por el simple procedimiento de renovar a su vencimiento únicamente el número que considerase adecuado, en función de una planificación que a medio o largo plazo determinase su total desaparición. Al ser la demanda superior a la oferta, el tipo de interés estaría penalizado, es decir, sería inferior al de otros activos similares. Esta menor rentabilidad tendría como contrapartida el privilegio fiscal de la opacidad.

El affaire de los pagarés del Tesoro constituye uno de los casos en los que se puede observar mejor cómo los poderes económicos manipulan a la opinión pública de la manera más descarada. Se comienza afirmando la imposibilidad de hacer transparente todo el sistema financiero. Se cantan los enormes males que pueden seguirse para la economía española de tales medidas, el pánico financiero y la huida de capitales que pueden generar; pero cuando se instrumenta una solución tal como los pagarés del Tesoro, arremeten contra ella porque en realidad no se desea ningún arreglo, sino la simple permanencia del dinero negro y que las entidades financieras puedan continuar beneficiándose de él. De ahí la confusión en la que se ha mantenido en este tema a la opinión pública y a la opinión publicada (alguno llega a confundirlos con los AFROS que en la práctica nunca existieron) y que todo el mundo lo recuerde como un caso de amnistía fiscal cuando en realidad no lo es.

En principio, no puede tomarse como un caso de amnistía fiscal porque en ningún momento a los poseedores de los pagarés del Tesoro se les liberaba frente a la Hacienda Pública de la obligación de declarar. Si la administración tributaria detectaba por otros medios el capital y los ingresos ocultados, el que estuviese invertido en pagarés del Tesoro no constituía ningún eximente. Se trataba simplemente de hacer transparente a efectos fiscales todo el sistema financiero de una manera gradual. El Estado tenía en su mano la velocidad con la que acometer esta operación, desde el momento en que controlaba la emisión y por lo tanto la renovación de los pagarés. La amnistía fiscal solo se produce cuando el dinero negro se blanquea sin que se le grave y sancione. El dinero invertido en los pagares continuaba siendo negro, por lo que en sentido estricto no se puede hablar de amnistía.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. El Gobierno no usó los pagarés del Tesoro como una forma gradual de terminar con el dinero negro, sino como una manera de financiar el déficit público. De manera que, pasados los años, los pagarés no habían desaparecido, ni siquiera su montante se había reducido. En 1991 el Tesoro creaba una deuda pública especial que podía ser adquirida por los tenedores de pagarés del Tesoro y por otros contribuyentes con dinero negro. La tenencia durante cinco años de dicha deuda implicaba el blanqueo de los recursos invertidos en ella. Es aquí cuando se produjo verdaderamente la amnistía fiscal. Además, la idea fue tan ingeniosa que el dinero negro blanqueado, en realidad fue mucho mayor que el nominal de la deuda suscrita. La teoría económica tuvo que comenzar a estudiar un nuevo multiplicador, el del fraude. Con una pequeña proporción de deuda especial se podía cubrir un fraude muy superior, porque no era probable que la inspección detectase la cantidad total defraudada por un sujeto pasivo en los diferentes impuestos. La deuda servía de comodín a aplicar no a la cantidad defraudada, sino a la detectada por Hacienda. Era un mero juego de probabilidades.

Lo más chusco en esta ocasión es que, quizás para limpiar la conciencia, en la tramitación de la ley, el grupo parlamentario socialista introdujo una enmienda en la que se establecía que nunca jamás se realizaría una nueva amnistía fiscal. Montoro propone ahora a las otras fuerzas políticas igual desatino. Prohibir la amnistía por ley es un sinsentido, además de algo totalmente inútil, puesto que una ley se modifica, como hemos podido comprobar, por otra ley y no será la primera vez que el mismo Gobierno haya modificado, sin ningún rubor, normas que previamente había dictado.

Esta enumeración estaría incompleta si no nos refiriésemos (la mayor parte de los medios de comunicación -por no decir la totalidad- no la nombra) a una clase de amnistía que en múltiples ocasiones ha sido establecida, pero que casi siempre ha pasado desapercibida. Me refiero a las regularizaciones de balances de empresas y sociedades, mediante las cuales se les condona la tributación por las plusvalías generadas en una serie de años o bien se las grava con un tipo muy inferior al que deberían tributar. Una parte de la plusvalía puede deberse a la inflación, pero otra es ganancia real y queda igualmente libre de gravamen. No podemos olvidarnos de que las grandes y pequeñas fortunas de este país tienen la inversión materializada de una o de otra forma en sociedades.

Si las amnistías más clásicas inciden sobre el dinero negro, blanqueándolo, en la regularización de balances actúan sobre recursos transparentes pero a los que se les exime de los gravámenes que según la normativa les corresponden. No deja de ser curioso que el PSOE que ha puesto el grito en el cielo y ha recurrido al TC la amnistía de 2012, no haya dicho nada de la actualización de balances de ese mismo año y, que yo recuerde, tampoco de la acometida en 1996.

Comprenderán por qué digo que es una pena que el TC se haya quedado solo en la forma (decreto ley) y no haya entrado en el fondo del asunto. En el convencimiento de que la tentación de aprobar una amnistía fiscal va a seguir rondando a los gobiernos (incluso puede ser que se aprueben por los que ahora se rasgan las vestiduras), sería conveniente saber hasta dónde pueden llegar sin contravenir directamente la carta magna.

Publicado en República de las ideas

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Vivir sin carne

Vie, 23/06/2017 - 09:00


Esther Vivas – Consejo Científico de ATTAC España

Mi abuela a veces me contaba las batallas de la guerra y la posguerra, y cómo en esos años pasó hambre. No tenía qué comer e incluso en más de una ocasión, cuando de manera inusual le habían servido un plato de carne… de conejo, en realidad, como averiguó tiempo después, lo que estaba comiendo era gato. Ya lo dicen ya, qué fácil es vendernos gato por liebre. Si antes faltaba carne, hoy a menudo sobra.

Mucho han cambiado las cosas en poco tiempo, y nos hemos convertido en consumidores compulsivos de proteína animal. En el Estado español, entre los años 60 y 90 su ingesta se multiplicó por cuatro, según datos del Ministerio de Agricultura, y aunque en los últimos tiempos la tendencia se ha estancado e incluso reducido, la cifra de 50 kilos de carne consumidos por persona y año se sitúa muy por encima de lo que recomienda la OMS. Los escándalos alimentarios, una mayor preocupación sobre lo que comemos y la crisis económica, que ha dificultado a determinados colectivos el acceso a alimentos frescos y de calidad o la compra de carne y pescado, han empujado hacia una reducción de su consumo.

Una ‘adicción’ que sale cara al planeta

A escala global, las cifras no han hecho sino aumentar, en particular en los países del sur, y especialmente en Asia, donde las proyecciones de la OCDE y la FAO apuntan a un incremento del 26% de aquí al 2023, mientras que en Europa y América del Norte, donde la demanda ya de por sí es alta, su crecimiento será débil. En la India, por ejemplo, un país eminentemente vegetariano pero con una tendencia al alza, comer carne se ha convertido en un práctica que da prestigio y estatus social.

Nuestra adicción al consumo de carne sale cara al planeta. Un dato: para producir un kilo de carne bovina se necesitan 15.000 litros de agua, y no porque las vacas beban mucho sino porque la consumen indirectamente con lo que comen (granos y especialmente forraje). ¿Una piscina pequeña para obtener cuatro filetes de ternera? Un sinsentido. En cambio, producir un kilo de trigo requiere poco más de 1.000 litros de agua y un kilo de patatas 255 litros, según datos del Atlas de la Carne. Hagan números. Y si el consumo de carne sigue creciendo, como se prevé, la cantidad de agua necesaria para alimentar a la ganadería intensiva (que necesita mucha más agua que la que pasta en el exterior) se duplicará a mediados de este siglo. Y no todo el mundo puede permitirse comprar un trozo de carne.

Los costes sociales son también elevados. Un tercio de las tierras de cultivo y un 40% de la producción de cereales en el mundo se destinan a la cría industrial de gallinas, cerdos, vacas… en lugar de dar directamente de comer a la gente. Se calcula que unos 3.500 millones de personas, la mitad de los habitantes del planeta, podrían nutrirse con lo que consumen estos animales, según datos del Grupo ETC. Una pregunta resulta ineludible: ¿el hambre se debe a que no tenemos comida o a que no podemos acceder a ella?

La calidad de la carne deja mucho que desear. Sin ir más lejos, la OMS aseguraba en el 2015 que el consumo de carne roja y procesada puede causar cáncer colorrectal, de páncreas y de próstata principalmente, y que dichas posibilidades aumentan con la cantidad ingerida. Además, hoy en día se suministran a escala global más antibióticos a animales sanos que a personas enfermas, con el objetivo de que sobrevivan a unas condiciones insalubres de confinamiento hasta llegar al matadero. Los animales dejan de ser considerados seres vivos para convertirse en objetos y mercancías. La distancia entre el campo y el plato se ha hecho tan grande que ya no somos conscientes de que tras un plato de lasaña, una loncha de jamón o incluso una pechuga de pollo había vida.

Industria concentrada en pocas manos

Tras este modelo, sin embargo, hay quien sale ganando, y mucho. La industria ganadera concentra su poder cada vez en menos manos, en detrimento de los pequeños agricultores, el bienestar animal, la salud de los consumidores y del medioambiente y los derechos laborales. Aquí en Catalunya casi tenemos tantas cabezas de cerdo como de personas, con el impacto tan negativo que esto genera en el territorio, como viene denunciando desde hace años el Grup de Defensa del Ter. Las protestas recientes de los trabajadores del sector cárnico en Osona apuntan también a la alta precariedad del sector.

¿Qué podemos hacer? Ya va siendo hora de que nos preguntemos si es posible seguir comiendo tanta carne y de tan mala calidad. La ganadería campesina, ecológica y a pequeña escala es una alternativa, pero también es posible vivir sin carne. Algunos así lo hacemos.

El Periódico

esthervivas

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Una amnistía fiscal anulada sin beneficio

Vie, 23/06/2017 - 07:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un país funcione y no es de recibo la comprensión con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulación no se traduce en nada útil para la gente. No se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo solo 1.200 millones de euros; mucho menos de lo que Hacienda pretendía con la amnistía. Su pequeñez es evidente ante el volumen de la corrupción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España calcula ser de 90.000 millones de euros anuales. Lo que supone muchísimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32.000 evasores fiscales acogidos a esa amnistía, pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilícitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales para contrastarla con información habida y ver qué hacer. Borroso e inconcreto.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías fiscales por decreto ley, pero sí como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulación por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión de forma. La normativa vigente prohíbe usar al decreto-ley si su contenido afecta “de forma relevante o sustancial” a deberes constitucionales. Como es el “deber de todos de contribuir a sostener los gastos públicos”.

La anulación de la amnistía no supone tampoco más recursos públicos futuros. El sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos considerados imprescindible, pero luego, chocolate del loro. Y el Estado abdica de su obligación de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos públicos según ingresos y como marca la ley tributaria.

GESTHA además ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, pues considera que Montoro no garantizó los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitución y no debe continuar. Los técnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnistía es menos del 3% de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97% de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y también la correspondiente evasión de impuestos. Riqueza oculta a buen recaudo y amnistía fiscal que no ha conseguido aflorar la riqueza oculta ni tampoco reducir la economía sumergida.

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a sus gentes. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3%) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción supone para obras innecesarias. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5.000 millones de euros como poco.

El Reino de España es también el que tiene más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utilizar: 60% del total sin sacar partido alguno.

En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del intocable déficit público impuesto. Puede verse al comprobar que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación. Para que cuadren las cifras para la Unión Europea. El Estado español es el que más porcentaje de PIB dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Cuadrar los números al coste de fastidiar a la gente.

No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Periodista
Twitter: @xcanotamayo

Publicado en CCS, Centro de Colaboraciones Solidarias
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