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Justicia económica global
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La entrega de Julian Assange:

lun, 22/04/2019 - 14:07

Adoración Guaman
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La vida de Julian Assange, protegida hasta hace una semana por su condición de asilado en la embajada del Ecuador en Londres desde junio de 2012, se encuentra en peligro. Tras más de seis años y diez meses nada fáciles de vida en una habitación de 30 metros, el 11 de abril de 2019 Assange fue entregado por el Gobierno del Ecuador a la policía británica, que respondía con su detención a una solicitud de extradición de los Estados Unidos

El Gobierno de Lenín Moreno continúa así con su deriva neoliberal y su clara subordinación a las ordenes de la embajada estadounidense en Quito. Tras renegar de la UNASUR (el proyecto de integración regional latinoamericano en clave soberana), retomar la senda de la firma de tratados de comercio e inversión, conceder todo tipo de privilegios fiscales a las empresas extranjeras, implorar la intervención del Fondo Monetario Internacional y aceptar gustoso la exigencia de un ajuste socio/económico brutal, Ecuador materializa este viaje al pasado, a la década perdida, entregando a Julian Assange.

Las circunstancias políticas que motivaron que el cofundador de Wikileaks solicitara en 2012 el asilo no han cambiado, al contrario, se presentan fundamentalmente agravadas. En aquel momento, Assange se identificó como víctima de una persecución jurídica, en distintos países, orquestada por los Estados Unidos y derivada no solo de sus ideas y acciones “sino de su trabajo al publicar información que compromete a los poderosos, de publicar la verdad y, con ello, desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo”. Se trataba sin duda de una muestra del ya conocido como lawfare, o mecanismo de represión jurídica utilizado para eliminar al enemigo político y que ha supuesto el encarcelamiento y la eliminación de la contienda electoral de líderes como Lula o la imposibilidad de regreso al Ecuador del propio ex-presidente Correa.

Ecuador y Assange coincidieron en el 2012 como una virtuosa pareja. Por un lado, el país andino se encontraba en plena expansión de una política internacional de tintes contra-hegemónicos que se desarrollaron, con mayor o menor fortuna, durante los  años del gobierno de Rafael Correa. El cierre de la base militar de Manta; cancelación del contrato con la petrolera norteamericana OXY; la declaración de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa; el apoyo a las miles de víctimas de la transnacional Chevron-Texaco; la política de desenganche del marco internacional de protección de las inversiones extranjeras (con la denuncia del CIADI y de los Tratados Bilaterales de Inversión); la propuesta de un instrumento vinculante sobre derechos humanos y empresas trasnacionales en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el impulso de la iniciativa Yasuní ITT o de mecanismos por la justicia fiscal y contra los paraísos fiscales; el apoyo de las iniciativas de integración regional en clave soberana en América Latina, entre otras cuestiones, hacían que la concesión de asilo a Assange se considerase como un paso más para afirmar la soberanía del pequeño país frente a las décadas anteriores de sumisión estatal y regional a los imperativos de Estados Unidos.

Todas estas líneas de actuación marcaron el escenario que movió a Assange a pedir el asilo en la embajada ecuatoriana, es más, en aquel momento él mismo manifestó otro punto importante: Ecuador no estaba solo. La geopolítica regional jugaba en una cancha con postulados post-neoliberales que podían asegurar la protección del activista frente a la voluntad de Estados Unidos de silenciarle.

Evidentemente Ecuador justificó la concesión de asilo en la defensa de los derechos humanos, señalando insistentemente la existencia de fundadas sospechas de persecución política y de represalias por parte de los países que se vieron afectados por la actividad de Wikileaks. De hecho, el país andino intentó recabar garantías de que la vida y seguridad de Assange serían garantizadas, incluyendo la no extradición a un país fuera de la Unión Europea, pero las respuestas siempre fueron negativas. La estrategia de lawfare exigía la entrega de Assange a Estados Unidos.

La actuación del Ecuador provocó reacciones frente al gobierno de Correa. Tras la concesión de asilo, el Reino Unido llegó incluso a amenazar con asaltar la Embajada ecuatoriana en Londres para arrestarle. Esto provocó una reacción conjunta a nivel regional tanto desde de la UNASUR como desde la propia OEA, en apoyo de la posición soberana del Ecuador, la inviolabilidad de sus locales diplomáticos y su derecho de conceder el asilo político. Comenzaban así seis años y diez meses nada fáciles, a lo largo de los cuales la protección de la vida de Assange implicó un confinamiento durísimo en la embajada, en una habitación de 30 metros, una cárcel asumida como último recurso frente la amenaza permanente a la vida del cofundador de Wikileaks.

La protección de Assange comenzó a ponerse en duda con la llegada de Moreno al poder y muy particularmente a lo largo del último año. La entrega de Assange ha sido la crónica de una traición anunciada, una de tantas de Lenín Moreno. Para entender el conjunto del proceso, es importante destacar que el propio Moreno accedió en el inicio de su gobierno (cuando aun parecían quedar en él vestigios de lineamientos de la época anterior) a poner en marcha una última estrategia para intentar sacar a Assange de la embajada protegiendo su vida y evitando la extradición. La táctica fue sin duda arriesgada aunque completamente correcta en el plano normativo. El 16 de septiembre del 2017, Assange pidió la naturalización, es decir el reconocimiento de igualdad de derechos a ecuatorianos y extranjeros, motivada en su permanencia de más de cinco años bajo la protección de Ecuador. El 12 de diciembre del mismo año se le concedió la nacionalidad y la cancillería ecuatoriana inició el trámite para que Reino Unido reconociese a Assange como agente diplomático, lo cual le proporcionaría inmunidad y permitiría su salida de la embajada (no es la primera vez que el Ecuador concede la nacionalidad para proteger a víctimas de persecución política y es algo aceptado internacionalmente como vía de protección). En este caso, la estrategia no dio resultado, el Foreign Office, haciendo uso de sus prerrogativas, rechazó el nombramiento y la maniobra se destapó en los medios nacionales, manipulada por el propio Presidente Moreno que afirmó desconocer toda la operación. A partir de aquel momento, el hostigamiento personal Assange fue en aumento. Además de la prohibición del acceso a internet y la restricción de visitas, se le llegó a enviar un protocolo de convivencia que raya en la vulneración de su dignidad como asilado.

En los últimos meses, la situación interna del país, con la popularidad del presidente cayendo en picado, se vio sacudida con la publicación de los llamados “INA papers” (inapapers.org) en los primeros días del mes de abril. En estos documentos, de cuya filtración se ha culpado de manera indirecta al círculo de Assange, se desvela una trama de corrupción que presuntamente involucra al presidente del Ecuador y a buena parte de su familia, incluyendo pruebas de lavado de activos, propiedad de empresas en paraísos fiscales (algo prohibido para los funcionarios públicos ecuatorianos), etc. La publicación de este portal de internet donde se cobijan los miles de documentos provocó la apertura de una investigación contra el presidente ecuatoriano y otras personas cercanas por parte de la fiscalía. Ese fue el detonante, la cabeza de Assange ya tenía una recompensa añadida a la prometida, cualquiera que sea, por Estados Unidos: el silencio y la venganza.

De nuevo la estrategia de lawfare, esta vez interno, ha marcado la aniquilación del enemigo político. El jueves 11 de abril, el ministro de Exteriores del Ecuador, José Valencia, declaraba el fin del asilo y, a la vez, la suspensión de la nacionalidad. En paralelo, las imágenes de Assange, envejecido y debilitado, siendo arrastrado por la policía británica a la que se le había permitido el acceso a la embajada recorrieron el mundo.

Frente a las críticas que inundaron las redes y a los centenares de comunicados de apoyo al ciber activista, las autoridades ecuatorianas han ofrecido un relato inconsistente para justificar la retirada del asilo y de la nacionalidad. Con respecto de esta última, el canciller llegó a afirmar que su suspensión se derivó de una “investigación” llevada a cabo por una diputada conservadora donde se concluía “se habían trasgredido las leyes ecuatorianas sobre concesión de la nacionalidad”. Como ha señalado la Defensora del Pueblo en un valiente comunicado público, la carta de naturalización de Assange, la solo puede ser anulada observando lo establecido en el art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el cual exige el seguimiento del debido proceso la notificación a las autoridades correspondientes. A día de hoy todavía no se ha hecho pública la existencia de una resolución judicial que acredite la legalidad de esta decisión. Debe remarcarse, como indica la Defensora, que de no haberse suspendido correctamente la nacionalidad estaríamos ante una extradición de facto, lo cual contradice el artículo 79 de la Constitución Ecuatoriana.

Con respecto a la cancelación del asilo, las justificaciones han sido todavía más vergonzantes. Las circunstancias iniciales que justificaron jurídicamente el asilo no han cambiado. Al contrario el temor inicial de Assange de ser entregado a EEUU por las autoridades británicas se evidencia más que real dado que su detención deriva de una orden de extradición estadounidense. Sin embargo, el gobierno de Moreno ha tomado esta decisión, vulnerando sus obligaciones respecto del principio de no devolución frente a los evidentes riesgos para la vida del asilado, fundamentándola en un discurso absurdo en torno al comportamiento personal de Assange. Como si se tratara de engañar a niños pequeños, la estrategia de comunicación de Moreno ha intentado distraer el foco, fijado la semana anterior sobre su propia corrupción y la degradación acelerada de los derechos en el Ecuador, tras una pantalla basada en si Assange iba o no en patinete por la embajada.

Acusaciones falsas al asilado, propaganda engañosa sobre su vida y su comportamiento, mentiras y una clara estrategia de lawfare pretenden ser una pantalla para la cuasi total sumisión de la política ecuatoriana al autoritarismo de mercado y a la embajada estadounidense, así como un velo de silencio de la obscena corrupción destapada por los INA papers. Además, y en paralelo, la persecución política en Ecuador se ha cobrado una nueva víctima, el activista por el software libre Ola Bini, de nacionalidad sueca, en contra de quien, a través de un procedimiento policial en el que se verificaron sendas violaciones de los derechos humanos y del debido proceso, se ordenó prisión preventiva por noventa días para fines de investigación, acusado de “compartir información en redes y tener una vinculación con Assange y Wikileaks”  justificados con elementos probatorios a todas luces irrisorios.

De la mano de Moreno y de su gobierno de empresarios y representantes del capital financiero, el Ecuador está efectuando un retorno al pasado rápido, una estrategia de venganza de las elites que exige silenciar las voces disidentes y aniquilar política (y jurídicamente) al enemigo. Como dijo hace años Julian Assange, la falta de acceso a la información se convierte en un medio de dominación. Callar a Assange y entregarle a Estados Unidos forma parte de esta estrategia de anulación de los adversarios políticos con los que la nueva derecha en América Latina instaura el autoritarismo de mercado, con peligrosos tintes neofascistas.

Catégories: Attac Planet

OTRA ESPAÑA ES POSIBLE, OTRA EUROPA ES POSIBLE

lun, 15/04/2019 - 08:00

pancarta attac ATTAC ante las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019

La crisis institucional, política, económica, social y ecológica que vive hoy el mundo tiene su origen en el modelo neoliberal y concretamente en sus políticas económicas, que dictan la supremacía del capital a través de la financiarización. Desde hace décadas, los criterios democráticos, solidarios y sostenibles han quedado supeditados a la competitividad y al individualismo, al aplicar recetas económicas que permiten la acumulación de riqueza en pocas manos, a costa de quitar ingresos de las clases populares y saquear y destruir el planeta.
ATTAC entiende que para la superación de esta situación es necesaria la articulación de la resistencia, la protesta y la propuesta social. Solo asumiendo un papel protagónico en base a nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, será posible el cambio hacia otras políticas que respeten la vida, con dignidad y en sintonía con nuestro entorno.
Es por esta razón que, ante la próxima cita electoral, ATTAC España hace un llamamiento a los partidos políticos y a la ciudadanía. A los primeros, a que en sus programas y acciones posteriores de Gobierno incluyan y realicen propuestas centradas en mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales y en el cambio hacia un modelo productivo económico, social y ecológicamente sostenible, frente al dominio de los grandes intereses financieros, que solo benefician a unos pocos en detrimento de la ciudadanía en general. A los segundos, a que reclamen y exijan de los partidos su compromiso en esta línea.
En concreto, ATTAC entiende que, para superar la actual situación y para que la ciudadanía sea el centro de la acción política, es fundamental que las prioridades en los distintos ámbitos de la acción de gobierno se centren, al menos, en:

1.- Contribuir a frenar el descontrol y la desregulación de los movimientos financieros mediante:

  • La exigencia en la Unión Europea de mecanismos internacionales de fiscalidad y control disuasorios de la economía de casino, como el ITF (Impuesto sobre Transacciones Financieras), la eliminación de los paraísos fiscales, la restricción del uso de activos tóxicos y de las operaciones de alta frecuencia en los mercados financieros y la búsqueda de medidas de transparencia en los gobiernos y en el sistema financiero.
  • La exigencia de medidas penalizadoras a la especulación financiera, tendentes a su supresión como práctica económica, ya que este tipo de actividad no genera beneficio alguno para el conjunto de la sociedad y pone en riesgo las condiciones de vida digna de las mayorías sociales al provocar frecuentes y dañinas crisis en el sistema.

2.- Una decidida defensa de lo público, así como su puesta al servicio de las personas y la eliminación de los privilegios mediante:

  • Una Reforma Fiscal que revierta la tendencia hacia la desigualdad, que elimine los privilegios fiscales de una minoría y fije unos Impuestos claramente progresivos y suficientes a nivel estatal; dando prioridad a la imposición directa sobre la indirecta, eliminado el actual trato favorable al capital sobre el trabajo en el impuesto sobre la renta y suprimiendo deducciones que alejan la cuota efectiva de la nominal en el impuesto de sociedades.
  • Una decidida lucha contra el fraude fiscal, tanto con medidas de ámbito local (como el refuerzo de la inspección y la penalización a empresas que operen en paraísos fiscales), como mediante propuestas a escala internacional tendentes a la erradicación de estos territorios, empezando por la revisión de los listados existentes hasta incluir todas las jurisdicciones de baja o nula tributación.
  • La derogación del actual redactado del Artículo 135 de la Constitución Española, que concede mayor importancia al interés económico privado de una minoría que al interés general, condenando a la exclusión a gran parte de la ciudadanía.
  • La búsqueda de una estructura financiera beneficiosa para la sociedad, en la que la banca pública juegue un papel esencial y sea un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad. Todo ello unido a la reversión del proceso de concentraciones bancarias que consolidan instituciones demasiado grandes para quebrar.
  • Dar prioridad a la escuela pública para superar la alta tasa de fracaso y abandono escolar; y el refuerzo de la sanidad pública como derecho universal, de calidad y con respuesta eficaz y rápida, con independencia del lugar donde surja la necesidad, rompiendo la distinción entre rural y urbano.
  • La defensa explícita del derecho humano al agua e implementación de políticas de su blindaje público ligadas a una transición hidrológica que tienda, desde la autosuficiencia y gestión de la demanda, a la resiliencia ante el cambio climático, primando a su vez la gestión pública del ciclo urbano del agua. El agua es un común no una mercancía.

3.-Políticas sociales que garanticen la existencia digna de todas las personas y pongan fin a la pobreza y la exclusión social, así como mecanismos que generen un escenario universal de oportunidades y seguridad mediante:

  • Un refuerzo de la protección social y de los servicios públicos: Compromiso con su cobertura universal, titularidad y gestión pública y transparente, sin ánimo de lucro y con suficiencia financiera garantizada con impuestos.
  • Recuperación de su gestión pública donde no lo sea (eliminación de conciertos).
  • Potenciación de los mecanismos de acceso a la información y control social ciudadano, y la posibilidad de incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de su planificación estratégica, y su gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de sus estructuras y políticas.
  • Establecimiento de procedimientos formalizados de rendición de cuentas que afecten a todos los niveles de la toma de decisiones.
  • Contribuir a la constitución de un referente de Banca Pública en España.
  • Impulso de actividades de I+D+I y de Formación Financiera en los SSPP, que potencien valores de solidaridad, cooperación, democracia y fiscalidad justa y reviertan su financiarización.
  • Un pacto de Estado contra la violencia Machista, y desarrollo de políticas que garanticen la Igualdad de trato y oportunidades.
  • La recuperación de los derechos y libertades democráticas, comenzando por la supresión de la Ley Mordaza.
  • Unas medidas que garanticen unos ingresos mínimos para una vida digna, a través de mecanismos como una Renta Básica Universal y otras que garanticen la existencia material de toda la ciudadanía.
  • Iniciativas políticas que hagan efectivos los derechos en relación a las migraciones y la dignidad de las personas en todo el planeta.
  • Políticas públicas que detengan la pobreza energética y los desahucios sin alternativas habitacionales.

4.- Rechazar los acuerdos internacionales que amenazan los derechos de la ciudadanía, la democracia y la sostenibilidad el planeta mediante:

  • La paralización de los acuerdos y tratados comerciales vigentes y en negociación como el TTIP, el CETA, el TISA y similares; y todos aquellos acuerdos bilaterales de orientación política e ideológica similar, que favorecen el dumping social, fiscal y ambiental, camuflado de libre comercio.
  • Especial denuncia de aquellos tratados que contengan el mecanismo ISDS por ser un atentando a la democracia poniendo por encima los intereses de multinacionales sobre las personas y el planeta.
  • Apoyo decidido a un instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas que obligue a las multinacionales al cumplimiento de los Derechos Humanos a lo largo de toda su cadena de valor global.

5.- Una decidida apuesta por un cambio en el modelo de desarrollo económico que:

  • Apueste firmemente por la 4ª Revolución Industrial bajo los principios de equidad, inclusividad, participación democrática y sostenibilidad.
  • Potencie la “Economía del Conocimiento” introduciendo la enseñanza de las nuevas tecnologías en la Educación Secundaria y Universitaria que garantice la alfabetización digital.
  • Promueva el desarrollo de las nuevas habilidades necesarias en los trabajadores con el fin de adaptarse a los nuevos roles que imponen las nuevas tecnologías.
  • Desarrolle iniciativas estatales de reparto de trabajo remunerado apoyadas en la renta básica: trabajar menos para trabajar todos.

6.- Puesta en marcha de políticas de mejora del medio ambiente:

  • Transición energética basada en incentivar, con apoyos económicos necesarios, al ahorro y eficiencia energética; así como el fomento de las energías renovables con una regulación que facilite el autoconsumo y con el apoyo de los instrumentos fiscales adecuados.
  • Diseño e implantación de Planes específicos de adaptación y lucha contra el cambio climático, con medidas impulsadas en los distintos sectores implicados y con soluciones basadas en la economía ecológica; entre ellas, el impulso de los mercados de proximidad y otras acciones ligadas a la economía social y solidaria.
  • Estrategias de desarrollo rural sostenible basadas, en su caso, en infraestructuras verdes que tengan en cuenta los ciclos naturales.

7.- Marco democrático.

  • Entendemos que para superar la actual situación es necesario apostar por buenas prácticas que generen costumbres, normas y nuevas instituciones realmente democráticas. Las actuales formas de entender la política, ligadas a una concepción meramente representativa, han de ser transformadas y complementadas con fórmulas participativas y directas sobre todo aquello que nos afecte.

ATTAC como organización social hace un llamamiento:

  • Al electorado. Para que el 28A acuda a votar y lo haga a aquellas fuerzas políticas que se comprometan con la garantía de la vida y el bienestar de la mayoría de las personas, y no de una minoría; y con la pervivencia de nuestro entorno y que garanticen dignidad y justicia con quienes sufrimos la aplicación de las actuales políticas económicas.
  • A las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía. Para que, independientemente de cuál sea el resultado electoral el próximo 28A, se organicen de forma colectiva para continuar con la labor de resistencia, movilización y articulación de propuestas alternativas que promuevan la corresponsabilidad, la igualdad, la solidaridad y el buen vivir en España, en Europa y en el mundo; frente a la dictadura de los mercados, el saqueo de lo común y lo público y la desigualdad.

ATTAC se compromete a colaborar en la aplicación de políticas que signifiquen un avance para la ciudadanía, y en la denuncia y la movilización social frente a las promesas incumplidas.

ABRIL 2019

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¿Agoniza el paraíso neoliberal español?

jeu, 11/04/2019 - 19:53

El milagro económico del paraíso neoliberal español estaría amenazado por la aparición de un nuevo virus patógeno,(el DDD) que podría acabar por arrasar con todo rastro de brotes verdes en la economía española al poseer un ADN dotado de la triple enzima D (Deuda Pública desorbitante, Desbocada inflación y Desempleo endémico).

Deuda Pública desorbitante

La sustitución de la tradicional doctrina económica del Equilibrio Presupuestario del Estado por la del déficit endémico ( práctica que por mimetismo han adoptado múltiples ayuntamientos y Comunidades Autónomas), contribuirá a que la Prima de Riesgo se dispare, se rebaje la calificación de la Deuda del Estado y se incrementen las dificultades para obtener financiación exterior, lo que podría actuar como espoleta de una metástasis recesiva en la economía española. Así, según el Ministerio de Economía, la Deuda pública de España en el Tercer Trimestres del 2018 alcanzó el techo estratosférico del 98,5 % del PIB nacional, (1,17 Billlones €), lo que representa un crecimiento imparable desde el 2005 cuando la Deuda rondaba el 42% del PIB nacional (casi 400.000 millones de €).

Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer,dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa de dependencia” según el INE, crecerá en un 57%. Ello supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona activa lo que podría conllevar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.021.

Desbocada inflación

La progresiva depreciación del euro frente al dólar aunado con el riesgo de una subida del crudo hasta los 80$ debido a factores geopolíticos hará que la inflación coquetee con el 2% para finales del 2.019, lo que provocará la pérdida de competitividad de los productos españoles respecto a los de sus homólogos europeos con la consiguiente constricción en las exportaciones e incremento del déficit comercial. Igualmente, una inflación descontrolada conlleva la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, la contracción del consumo interno y la desincentivación del ahorro y búsqueda de rentas fuera de las actividades productivas, lo que podría provocar en un futuro mediato una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos.

Desempleo endémico

El milagro económico del paraíso neoliberal de Rajoy (reducción de la tasa del paro del 23,5% al 14,1%), tendría como efectos colaterales el incremento desmesurado del trabajo precario en España (más de 6 millones de personas), la desaparición del mito del puesto de trabajo vitalicio ( tasa del 90% de contratación parcial) y progresiva pérdida de poder adquisitivo de asalariados y pensionistas pues según el FMI “el ajuste económico español se habría producido mediante la caída de la producción y el incremento del paro, pero insuficiente en el lado de los salarios hasta fechas recientes”. Además, de seguir obviando la inversión en I+D+i, España podría convertirse en la próxima década en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable, con salarios seiscieneuristas e interinidad vitalicia.

Conclusiones:

Si la Deuda Pública prosigue su vuelo por la estratosfera, los salarios y las pensiones siguen congelados o con incrementos inferiores al IPC, el crédito bancario sigue sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales a pymes, autónomos y particulares y no se aprovecha la dilación en los plazos para reducir el déficit establecidos por la Comisión Europea en incrementar la inversión en I+D+i y en Obra Pública para reducir el desempleo, la economía española se verá abocada a un peligroso cóctel explosivo,(el DDD), cuyos ingredientes serían una depreciación del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, una deuda pública desbocada así como desempleo endémico que podría generar una década de estancamiento en la economía española, rememorando la Década perdida de la economía japonesa.

GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ -ATTAC Navarra-Nafarroa

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¿Por qué el feminismo debería apostar por la Renta Básica Universal?

mer, 10/04/2019 - 09:45

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Nuria Alabao

El trabajo no remunerado de sostenimiento de la vida debería reconocerse. Tenemos que encontrar mecanismos de redistribución de toda la riqueza y este ingreso mínimo podría ser uno

Lo sabemos todas: la crisis sigue. Crisis económica, pero también ecológica, política y de cuidados. Algunos hablan de crisis civilizatoria. (Ya no creemos que todo irá a mejor mañana en la Historia). De estas crisis conocemos sus consecuencias más oscuras: la emergencia de la ultraderecha en todo el planeta, la medianoche del siglo que apenas comienza. Una ultraderecha que dice ofrecer una salida radical, una salida violenta y reaccionaria a esa crisis sistémica, y a la indeterminación y al miedo de las vidas en el alambre. Necesitamos propuestas osadas. Estamos obligadas a poner de pie medias que nos lleven a otra modelo de sociedad, pero también a encarnar los movimientos que las hagan posible. Decrecer redistribuyendo recursos y dinero; frenar el cambio climático que amenaza toda vida; reducir la jornada laboral y repartir el trabajo; ganar batallas al capital que permitan conquistar nuevos derechos como una Renta Básica Universal (RBU) que nos dé más poder y más libertad…

En esta medianoche del siglo que se cierne, el feminismo despunta como el movimiento más capacitado para dar esta pelea por su nivel de movilización y de penetración social, por su capacidad discursiva. ¿Pero por qué a día de hoy entre las demandas del feminismo más autónomo no se encuentra la Renta Básica Universal? Recordemos, esa individual, incondicional –sin ningún requisito de empleo o de obligatoriedad de buscarlo–, mediante la que se le proporciona a todos el mínimo necesario para vivir. Una medida que podría darnos un respiro a la mayoría y que sin duda mejoraría la autonomía de todas las mujeres y sobre todo las más precarias. Lo cierto es que en el feminismo hay algunas reticencias respecto a esta propuesta que tienen que ver con cómo se han configurado las luchas por la emancipación de la mujer desde los años 60.

¿Salario es emancipación?

En los 60 y 70 el feminismo –tanto el liberal como buena parte del marxista clásico– luchó porque las mujeres pudiesen trabajar fuera del hogar en pos de un salario, porque en nuestra sociedad renta equivale a independencia y libertad pero también a visibilidad pública y poder social. Las conquistas de estos feminismos, y la ola de la que formaron parte, fueron importantes porque mostraron el rechazo de las mujeres a seguir encerradas en el hogar. Sus reivindicaciones ponían el acento en nuestro “derecho a trabajar”. Para las liberales porque significaba el derecho a “ascender socialmente” –por eso se centraban y se centran hoy en políticas de techo de cristal–. Igualdad para ellas era igualdad de oportunidades –en el trabajo–, no de condiciones y posibilidades de vida.

Muchas marxistas ortodoxas encuadradas en organizaciones de izquierdas las acompañaban en el viaje al mundo del trabajo remunerado. Para ellas, el ámbito laboral ha sido siempre el espacio de organización política por excelencia –donde se constituía la clase obrera como clase– y por eso muchas veían en el trabajo asalariado la única posibilidad para las mujeres de poder impulsar conflictos verdaderamente equiparables con los que planteaban los hombres en la fábrica. No siempre entendían otras formas de confrontación con el capital ni de rastrearlas en los numerosos conflictos que acababan desencadenando las limitaciones que impone el capitalismo a la reproducción de la vida: luchas por la vivienda, contra la escasez o los elevados precios de los alimentos, por servicios públicos o urbanos, etc..

Las mujeres de clase trabajadora de la época que estaban organizadas contestaban a ambas tendencias empleadocéntricas: “Nosotras ya trabajamos fuera de nuestras casas, muchas veces limpiando las vuestras”, pero además lo que hacemos en nuestros hogares también es trabajo. Por ejemplo las Welfare Mothers en los EEUU de los años 60, un movimiento de afrodescendientes que se organizaron para mejorar las ayudas estatales para familias monoparentales encabezadas por mujeres de bajos ingresos. Decían: “Nos dais un subsidio como una limosna, nos llamáis parásitos sociales, pero ignoráis el trabajo que hacemos en los hogares y los beneficios que proporcionamos al Estado por el mantenimiento de la fuerza de trabajo nacional”. Denunciaban, por ejemplo, lo paradójico de reconocer el cuidado infantil como trabajo solo cuando se hacían cargo de los hijos de otras y no de los suyos. (Es decir, cuando mediaba un salario.) O el absurdo de que si les quitaban la tutela de sus hijos por no poder mantenerlos, las madres de acogida recibían más ayudas que las que el Estado hubiese destinado a ellas mismas para el mantenimiento de esos mismos niños que les eran arrebatados. Denunciaban el infierno surrealista en el que a veces se convierte el sistema de ayudas sociales.

Sí, el trabajo de cuidados, también el no remunerado, es trabajo. El feminismo marxista del área de la autonomía –como Silvia Federici, Mariarosa Dalla Costa o María Míes– se encargó de teorizar esta cuestión ampliamente. El capitalismo había conseguido crear una jerarquía laboral –trabajo pagado fuera del hogar frente a trabajo gratuito “por amor” en la casa– que le había permitido ocultar áreas enteras de explotación –naturalizarlas e invisibilizarlas–. Ellas descubrieron que el salario es un mecanismo de regulación no solo del ámbito mismo de la producción, sino también del mundo no asalariado, como sucede con el trabajo del hogar que queda subordinado al salario del marido –el patrón de la casa–. (Esto estaba en la base de la división sexual del trabajo sobre la que se erigirán el resto de desigualdades).

Dinero es autonomía

Hoy el salario familiar –el del marido que sostiene a toda la familia– ya apenas existe y hacen falta dos –o más– para poder sobrevivir. En casa también nos esperan muchas veces las mismas tareas de las que quisimos huir. Vivimos asfixiadas. Además cada vez es más difícil conseguir un trabajo en condiciones, o en realidad, cualquier trabajo. Ya sabemos que el “pleno empleo” –que nunca existió realmente– hoy simplemente se muestra como una utopía, o quizás tan solo una mentira que permite ir tirando entre trabajo de mierda y trabajo de mierda. (Así les llama David Graeber). Empleos que cada vez se dan en condiciones más degradantes o inestables y, por supuesto, los peores están feminizados. Es cierto, la salida masiva de las mujeres de los hogares en pos de un salario nos ha dado cierta independencia respecto de los hombres que duermen con nosotras, pero nos ha encadenado a los otros patrones con los que no dormimos. En el capitalismo el trabajo no es un ámbito de emancipación, sino de explotación, y no hay placer, orgullo o creatividad alguna en ser explotada. No al menos para la mayoría, las de los trabajos feminizados y precarios.

Así, aunque existan muchas dudas respecto a la Renta Básica, la obra de las feministas postmarxistas sirve para pensar de nuevo esa cuestión. El trabajo no remunerado de sostenimiento de la vida, de “reproducción de la fuerza de trabajo”, es trabajo y por tanto, debería estar remunerado mientras exista un capital que extraiga beneficios de esa misma mano de obra que todavía sigue siendo necesaria. (El capitalismo todavía depende del trabajo reproductivo no asalariado para contener el coste de la mano de obra). Es decir, tenemos que encontrar mecanismos de redistribución de toda la riqueza que producimos colectivamente, tanto en los hogares, como fuera de ellos. Hay que tener en cuenta que cada vez son más los trabajos y la producción social no salarizados –desde la creación de información, significados y cultura en las redes, hasta las becas o el trabajo informal o marginal–. La Renta Básica podría ser uno de estos mecanismos que, sumada a la defensa y ampliación de los servicios públicos –salario indirecto–, contribuiría a darnos más poder, más tiempo y más libertad.

El feminismo más clásico, el empleadocéntrico, critica la Renta Básica porque considera que una medida solo puede considerarse feminista si contribuye a la igualdad en el ámbito laboral. Sin embargo, habría que decir más bien que será feminista o no, en la medida que aporte mayor autonomía a las mujeres de cualquier manera, a la mayoría de nosotras. ¿Y acaso no hace eso el dinero en nuestro mundo? Quizás en un futuro seamos capaces de crear otro tipo de sociedad, pero de momento, renta es autonomía. En el caso de las mujeres, además, disponer de recursos también implica menor dependencia respecto de los varones: más posibilidades de salir de una situación de violencia machista en la relación de pareja, por ejemplo, o de no tener que soportar trabajos de mierda o abusos sexuales en el ámbito laboral por miedo a ser despedida.

“Queremos dinero, trabajo nos sobra”. Coreaban las madres y padres del bloque infantil de la manifestación del 8M, así como en los 70 algunas feministas reclamaban: “Queremos tener los hijos que deseamos y no solo los que podemos mantener”. El rechazo al trabajo del hogar no implicaba un rechazo a la reproducción sino a la reproducción en los términos del capitalismo, un rechazo a la forma de subordinación de estas tareas dentro de una forma de organización determinada, señalaban Selma James y Maria Rosa Dallacosta. No es que no queramos criar, sino que no queremos hacerlo en las condiciones que nos impone este sistema. Que este cuidado sea además más igualitario entre hombres y mujeres, y entre lo público y lo “familiar”, dependerá de diversas luchas que todavía tenemos que llevar adelante.

Porque ninguna medida de política institucional que podamos imaginar va a transformar completamente la sociedad y tampoco va a conseguir automáticamente la igualdad total. Ninguna estrategia es la definitiva, ninguna va a acabar con el capital o el patriarcado: sino que sirven o no en la medida en la que te permiten cambiar la relación de poder y luchar con mayor capacidad. Creo que la Renta Básica podría contribuir a eso, y proporcionarnos tiempo además, para impulsar las luchas necesarias para transformar la sociedad o al menos, para frenar esta salida violenta a la crisis sistémica a la que llamamos postfascismo.

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Daniel Raventós: “Un partido de izquierdas que apostara por la renta básica, que la argumentara, tendría mucha fuerza”

mar, 09/04/2019 - 19:45

Sarah Babiker
elsaltodiario

 

Podría decirse sin exagerar que Daniel Raventós (Barcelona, 1958) es el principal referente entre quienes defienden una renta básica universal e incondicional en el Estado español. Presidente de la Red Renta Básica desde su fundación, ha escrito varios libros e incontables artículos defendiendo la propuesta de dar un ingreso monetario individual e incondicionado a todas las personas ciudadanas o residentes de un territorio, argumentando la deseabilidad de esta renta básica, explicando sus diferencias frente a otro tipo de rentas —ingresos condicionados como son los subsidios o rentas mínimas— o demostrando su aplicabilidad de la mano de los también economistas Lluis Torrens y Jordi Arcarons. Conversamos con él tras su participación en las Jornadas sobre Renta Básica que tuvieron lugar a finales de marzo en A Coruña.

¿Llevas la cuenta de cuántas charlas, entrevistas, conferencias has dado sobre renta básica? 
No, pero si me diesen un euro por cada una estaría bien. 

Después de todos estos años hablando sobre una renta básica universal, tras verla aparecer y desaparecer de programas electorales, ahora que cada vez oímos más hablar de esta idea, pero que también se llama renta básica a todo tipo de ayuda condicional ¿en qué momento dirías que estamos?
Me gustaría poder responderte con mucha concreción, pero no tengo datos para decirte tal o cual porcentaje la aprueba. Indiscutiblemente creo que hay un conocimiento social mucho mayor que el de hace seis, siete u ocho años, decía Philippe Van Parijs [uno de los fundadores de la red Basic Income Earth Network] en una entrevista que en el 2018 se había hablado más de la renta básica que en toda la historia de la humanidad anterior, creo que en el 2019 vamos camino de superarlo.

¿Por qué? Creo hay al menos tres razones, uno es el fracaso de los subsidios condicionados: hay gente que no quiere tropezar no dos sino cuarenta veces en la misma piedra, tenemos sobrada experiencia de que no funcionan. Otra es que las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población no rica han empeorado en estos años. Por último, la robotización también ha creado nuevos amigos de la renta básica.

 

Pero más allá de que tenga mayor aceptación como idea, ¿qué posibilidad hay, respecto al pasado reciente, de que se avance a una hipotética implementación?

Si te refieres al Reino de España no tengo ninguna esperanza, los partidos —excepto creo que Equo, o Anova— no apoyan la renta básica aunque tengan muchos militantes que la defiendan. Ni Podemos, ni el PSOE, ni IU están de acuerdo con una renta básica. Están de acuerdo con una renta para pobres.

Se diría que la derecha está marcando la dirección de los debates. ¿No está perdiendo la izquierda la posibilidad de romper este marco introduciendo una propuesta con el potencial de transformación de las vidas de la gente como es la Renta Básica?

En esto no tengo ningún tipo de duda, un partido político de izquierdas que realmente apostara por la renta básica, tendría mucha fuerza. Pero no introduciendo la propuesta como se ha hecho en algún momento, de manera un poco oportunista, sino conociendo bien lo que implica. Si la gente ve que la proponen porque consideran que está bien estudiada, que es una herramienta seria y los partidos lo argumentan, yo creo que la gente entendería perfectamente que es una iniciativa interesante, pues como decíamos, las personas cuanto más conocen la propuesta más a favor están.

Cuando defiendes la renta básica sostienes esta idea desde el republicanismo. Sin embargo, percibo que como referente este le queda distante a mucha gente, que republicanismo aquí resuena a la oposición a la monarquía o peor, al partido de Trump. ¿Cómo traducirías esta idea del republicanismo?

Cuando hablamos de republicanismo estamos hablando de una tradición de libertad que tiene ya 2300 años. No estamos hablando de nada que tenga que ver con Trump y su partido republicano y esas cosas. Por supuesto el republicanismo implica que una república es superior a una monarquía, pero esto es solo una pequeña parte. Si tú me preguntas exactamente cómo se podría definir esto de la libertad republicana, aunque sea muy esquemático, es que nadie es libre si no tiene la existencia material garantizada. Dicho de una forma más larga, la libertad republicana nunca ha separado la idea de libertad de las condiciones materiales de existencia, que es lo que ha hecho el liberalismo.

Se nos presenta la economía como un dominio técnico, materia de expertos en la que el común de la ciudadanía no puede bregar. Por otro lado, se nos transmite una idea de escasez que motiva la lucha entre los de abajo por recursos que serían cada vez menores. ¿Cómo se sale de ahí?

La economía es política. Es evidente que la economía tiene un aspecto técnico, no voy a decir que solo con política se hace economía, está la parte de la teoría económica que efectivamente sería la parte más abstracta. Pero la política económica, que es la política aplicada, las medidas prácticas que se ponen en funcionamiento en un momento determinado, son eso: primero política y después economía.
Esto es algo que conocíamos, que economistas de todo tipo han dicho desde hace tiempo, cosas como primero es la política y luego la economía que sirve para concretar lo que se ha decidido políticamente. Tu dime una medida económica, la que quieras, que beneficie a toda la población o que perjudique a toda la población. No hay ninguna, si subimos los salarios unos salen beneficiados y otros perjudicados. Si retenemos las pensiones unos salen beneficiados y otros perjudicados, si bajamos los tipos de interés hay algunos sectores que quedan beneficiadas y otros no.

Toda medida de política económica con un poco de importancia beneficia a uno sectores sociales y perjudica a otros, por lo tanto una política económica de izquierdas, tal y como ya lo entiendo, es para beneficiar a la gran mayoría de la sociedad no estrictamente rica, por una cuestión de libertad, porque los grandes poderes privados no pueden ser tan poderosos que impongan su concepción del bien al Estado.

Te he oído comentar que cada vez más sindicatos van superando sus iniciales resistencias a la renta básica y abriendo debates en este sentido. ¿Será que los sindicatos acabarán tomando la delantera a los partidos?

Me gustaría decirte que sí, pero en este momento no tengo elementos para hacer una afirmación tan arriesgada, es cierto que, en general, hay más gente en los sindicatos, que están haciendo reflexiones sobre la renta básica porque las medidas habituales, como mínimo —tenemos evidencia— no han dado resultado.

Hace unos días entrevisté a Silvia Federici y pude preguntarle su opinión sobre la renta básica, pues había leído  que se posicionaba en contra. A medida que avanzaba la entrevista me pareció que la idea empezaba a gustarle, pero también subrayó una cuestión que me parece central: se preguntaba, qué organización, movimiento, sujeto político, estaba defendiendo la medida en la calle. 

Me alegro que le vaya gustando la idea, porque admiro mucho a Federici. Respecto a la pregunta, más que un sujeto político yo creo que hay una mayoría social, cuando se hacen los números de financiación y se dice un 80% de la población que está por debajo del 20% rico sale ganando pues es que objetivamente este 20% de la población esté interesado, otra cosa es que tenga la información, tenga la convicción, o tenga otras ideas que la impidan ver la renta básica.

Yo no tengo ninguna duda de que la única forma de que se implemente la renta básica es que haya una mayoría social que esté a favor, y esto cómo se logrará, pues no lo sé. Ayuda que algún partido, sindicato, la defienda, pero sobre todo los movimientos sociales, que algún movimiento social defienda esto, como en un momento determinado hizo el 15m en su primer aniversario, cuando explícitamente defendió la renta básica universal.

Claro, pero incluso contar con una mayoría social, ¿alcanzaría? Hablamos de implementar una política económica que implica una redistribución de la riqueza enorme en un escenario en el que la tendencia es la contraria: siempre mayor desigualdad. ¿Basta ver la medida justa o necesaria para afrontar un conflicto social de esta envergadura? 

Efectivamente la renta básica es conflictiva, y ¿por qué lo es?, pues porque no todo el mundo gana y hay una parte que es muy poderosa que sale perdiendo, pero yo no creo que sea desde un punto de vista exclusivamente económico. Yo creo que quien mejor lo definió fue un empresario catalán que hace unos 20 años, después de un programa de radio, cuando no estábamos en antena dijo, “yo una renta básica la considero muy muy peligrosa, porque no es un problema de financiación, hacemos números y sale, lo que pasa es que la renta básica daría un poder de negociación muy importante a los trabajadores. ¿Para qué se lo vamos a dar?” Y creo que el hombre lo definía perfectamente: es peligroso para ellos porque incrementará la libertad de la inmensa mayoría de la población no rica.

Hablamos siempre de la apropiación liberal o neoliberal de la renta básica , me viene otra preocupación con la derecha, con esas derechas que en Francia o Italia,por ejemplo, se dirigen a los obreros desilusionados con la izquierda liberal. ¿Y si se apropiasen de una idea así para establecer dos tipos de ciudadanía. 
No creo que en estos momentos los movimientos de extrema derecha se les pase por la cabeza una implementación de la renta básica pero si hablamos de “los italianos primero” o “los franceses primero”, claramente no estamos hablando de una renta básica universal incondicional en la definición que hacemos en la Red Renta Básica, y que incluye a la los ciudadanos y ciudadanas y también a quienes tienen residencia acreditada.

Lo que es la residencia acreditada lo dice una ley, que evidentemente, quienes somos progresistas, preferimos que sea más amplia. Pero si tu eres fascista o un populista de derechas pues estarás de acuerdo con una ley de Extranjería muy restringida. Evidentemente, como estamos hablando de recursos públicos tenemos que definir quién tiene derecho a recibir esta renta, nuestra propuesta es que sean todas las personas residentes.
En una de las charlas de la jornada, una joven preguntó si pensábamos que las personas de su generación estaban más cercanas a defender una renta básica. Se me ocurre que, como en el caso de las movilizaciones sobre el cambio climático, las personas jóvenes puedan ser más permeables a esta demanda y reclamar activamente su implementación, pues le dan menos centralidad al trabajo como espacio de dignificación o identidad.

Lo has dicho tú perfectamente, si me permites una reflexión parcialmente personal, yo creo que antes de la crisis la renta básica no era algo conocido como lo es ahora. En los últimos tiempos, en seminarios o conferencias, he encontrado  muchos jóvenes con los que he podido charlar.  Es significativo cómo coincidían en un punto, aunque ideológicamente podían estar separados por otras cosas. Todos decían: “Con una Renta Básica yo no aceptaría condiciones de trabajo que ahora estoy obligado a aceptar”. Esto me parece fundamental. Es esperanzador que los jóvenes, en general, ven la renta básica con una simpatía o apertura de ideas, bastante superior a la de las personas más mayores.

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Bailando el Brexit: mercancías, monedas, aranceles, capitales y personas

sam, 06/04/2019 - 00:45

Albino Prada
Mundodiario

En el morrocotudo lío institucional que supone el Brexit se entremezclan factores de muy variada naturaleza. En los aspectos económicos y sociales tenemos, por un lado, la percepción de un país que perteneciendo al mercado único europeo decidió no formar parte del euro para conservar, entre otras cosas, la posibilidad de devaluar su moneda para ajustar sus desequilibrios externos.

Soberanía del Banco de Inglaterra, respecto al BCE, que no parece ajena a la más rápida superación de la crisis que arranca el año 2008. Aunque, simultáneamente, su desarme arancelario en el mercado único europeo parece haber beneficiado un abultado, y creciente, déficit comercial con el resto de la UE.

De manera que tenemos monedas que sobreviven y aranceles que se evaporaron. Pero también es crucial el hecho de que un centro financiero y de seguros a escala global (la City londinense) tenga ramificaciones en paraísos fiscales (internos y externos a la UE), formando parte de la manada electrónica que defiende la libertad absoluta de movimientos de capital, su anonimato o su devaluación fiscal.

Algo que explicaría que en dicha área del Reino Unido, y en Escocia, ese cosmopolitismo votase en contra de la salida de la UE. Mientras que, por razones contrarias, en buena parte del resto del país se jalease que restringirla movilidad de los trabajadoreseuropeos, Brexit mediante, favorecería su Estado de Bienestar y sus oportunidades de empleo.

Repasemos en consecuencia brevemente el balance de su desarme arancelario a día de hoy dentro de la UE, en combinación con su gestión de la libra esterlina fuera del BCE, sin olvidarnos de sus negocios financieros a escala global y en relación a la movilidad de los trabajadores dentro y fuera de la Unión Europea. Un combinado explosivo de casi imposible gestión como se está observando.

Aranceles y mercancías

El déficit comercial del Reino Unido es muy elevado (en 2017 por un -7,6% del PIB de aquel país) y además se ha agravado a lo largo de la última década. Téngase presente que por ejemplo en España anotando un -2,8% del PIB de déficit comercial ya tenemos un desequilibrio más que preocupante.

Saldo comercial del Reino Unido. / A. P.

Fuente: Elaboración propia con datos de Datacomex yEurostat

Más de la mitad de dicho déficit se registra con el resto de la UE (- 4,6% del PIB) que es además la componente territorial que más se ha deteriorado en la última década. No es extraño que imaginen posible revertir este déficit (dado el pobre balance corrector derivado de las devaluaciones que –como veremos– viene registrando la libra respecto al euro) con la introducción de aranceles o barreras arancelarias. O lo que es lo mismo con la salida del mercado único de la UE.

Bien es cierto que con los datos de la balanza por cuenta corriente (que incluyen turismo y otros servicios como los financieros, seguros, etc.) el Reino Unido consigue reducir ese déficit comercial a la mitad: del – 7,6% a un – 3,3% (Eurostat). Mientras que, por ejemplo, en España en esa balanza pasamos de aquel -2,8% a un positivo 1,8%.

En definitiva: el volumen del déficit comercial del Reino Unido es de tal magnitud que el importante superávit de otras sub balanzas (como la de servicios) no les permite corregir su desequilibrio externo. Importante superávit en servicios (relacionados con su City financiera y aseguradora) que comparte con otras economías atípicas dentro de la UE como Luxemburgo (con + 4,9% de superávit) o Malta (con + 10,4% de superávit por cuenta corriente).

Aun así lo cierto es que el Reino Unido anota peores resultados en su balanza por cuenta corriente, en relación al PIB, que Grecia o Francia (países también con rateos negativos y con una problemática situación en este aspecto dentro de la UE).

Monedas y comercio

El proceso de devaluación de la libra respecto al euro, aún con fluctuaciones, ha sido una de las herramientas utilizadas por el Reino Unido para intentar ganar competitividad. Pues de una cotización máxima en el año 2000 de una libra por 1,7 euros se habría pasado hasta la práctica paridad en 2008, para recuperar desde 2015 dicha tendencia devaluadora (hoy en 1,15 euros siempre según datos del BCE)

COTIZACIÓN DE LA LIBRA ESTERLINA RESPECTO AL EURO

Cotización de la libra esterlina respecto al euro. / A. P.

Fuente: Banco Central Europeo

A la vista de los datos de agravación del saldo comercial entre 2007-2017 que acabamos de revisar no parece que la devaluación de la moneda haya sido capaz de frenar el deterioro de la balanza comercial. De ahí, quizás, el que se considere que solo un proteccionismo arancelario derivado de la salida de la UE pueda paliar tal desequilibrio.

La devaluación de la libra es una herramienta competitiva que por ejemplo nosotros ya no podemos utilizar con la desaparecida peseta. El hecho de que no parezca haya sido útil para corregir la balanza comercial negativa respecto al PIB en el caso del Reino Unido (a pesar de que favorece indudablemente su atractivo turístico y comercial), no nos debe hacer ignorar que su Banco de Inglaterra si pudo actuar como financiador de último recurso de su sector público (cosa que no es posible con el BCE), evitando cargas de intereses de la deuda crecientes y posibilitando políticas expansivas de inversión y consumo públicos, que estarían detrás de su más rápida recuperación de la crisis iniciada en 2008.

Movilidad de capitales

El actual anclaje de la City de Londres en la UE explicaría su cosmopolitismo contrario al Brexit pero, a diferencia de lo que podría pasar con las mercancías, se podría poner en riesgo, con la salida de la UE, parte del superávit externo que consigue dicha City realizando servicios financieros con el resto de países miembros.

Es así que para el año 2017 frente a los más de cien mil millones de déficit comercial del Reino Unido con el resto de la Unión Europea, con su muy positiva balanza en servicios (financieros, seguros, a empresas, etc.) consigue neutralizar más de cuarenta mil millones. La City neutraliza casi la mitad del déficit comercial del Reino Unido.

Baste decir, para enfatizar su importancia económica, que el saldo positivo de la sub balanza de servícios (fundamentalmente financieros) del Reino Unido dentro de la UE supera al que conseguimos en España (fundamentalmente turístico, aunque no solo) en más de diez mil millones.

Todo ello se puso de manifiesto en una muy reciente decisión de Google de trasladar sus servicios financieros de Londres a Irlanda. Un país miembro que, por cierto, practica una competencia fiscal y de captación de inversiones dañina para el conjunto de la Unión. Elusiones fiscales intracomunitarias y globales en las que son virtuosos los campeones de la economía digital global que merodean por Irlanda (como sostengo en mi reciente ensayo Crítica del hipercapitalismo digital).

Sin embargo no está claro el impacto que pueda tener el Brexit en otras posiciones de negocio financiero desde ciertos territorios del Reino Unido (como Gibraltar, Islas Vírgenes, …). No es imposible imaginar que se alentasen aún más las prácticas de evasión fiscal desde países miembros de la UE. Porque el saldo global de su balanza de servicios (entre los que los financieros y a empresas son determinantes) es de lejos la más importante de entre todos los países de la Unión Europea (con casi noventa mil millones, mientras Francia anota treinta y tres mil o Alemania apenas doce mil millones).

Un riesgo  asociado a un hipercapitalismo financiero que aconsejaría homologar la situación de Luxemburgo, Irlanda o Malta con la de un Reino Unido post Brexit si es en serio que se pretende una unión fiscal y monetaria compatible con un capitalismo inclusivo dentro de la UE. Porque todos ellos son casos concretos en los que un cierto control a los movimientos de capitales (por ejemplo a través de una tasa Tobin como viene defendiendo Attac) no estarían menos justificados que las devaluaciones que ya se realizan o las medidas arancelarias que se pretenden.

La simple enumeración del ranking de datos oficiales de Eurostat sobre las entradas de inversión extranjera en los distintos estados miembros (como porcentaje de su PIB en 2017) hace que sobren los comentarios: Luxemburgo 6000 % (no hay error: seis mil), Malta 1500%, Chipre 990%, Irlanda 253%, Reino Unido 57%. Mientras Alemania anota un 24% o Francia un 32%.

Movilidad de personas

Si en relación a los capitales y a los inversores –con o sin Brexit– lo que se intenta blindar es su máxima movilidad sin control alguno, primando la igualación a la baja de las obligaciones fiscales y la exclusión del concepto de soberanía tecnológica o estratégica para no limitar dicha movilidad, en lo relativo a la mano de obra y a las personas conviven los flujos de inmigración ilegal (que se permite bajo cuerda para forzar la devaluación salarial y laboral de los nacionales), con un indisimulado racismo y xenofobia que asume el mochuelo que provocan los negreros patriotas.  Y también con una indisimulada discriminación positiva a todos aquellos (millonarios o clases medias) que son bien recibidos como turistas o residentes (con nacionalidad regalada) a cambio de inversiones inmobiliarias.

No parece que el porcentaje de nacidos en otros estados miembros de la Unión Europea, y residentes en Reino Unido, sea muy elevado en relación a su población total (5,7% en 2018). Si tenemos en cuenta que dicho porcentaje alcanza el 7,2% en Alemania, el 7,8% en Bélgica o el 8,6% en Austria.

En cualquier caso dicho 5,7% es muy inferior al porcentaje de ciudadanos nacidos fuera de la Unión y que actualmente ya residen en el Reino Unido (8,7%). Cifra ésta también por debajo de la que anotan países como Alemania, Francia o España.

Ni la inmigración extraeuropea ni la intraeuropea justifican los planteamientos de un Brexit xenófobo. Siendo una pura cortina de otros intereses o incapacidades.

Conclusión

Sin duda es necesaria una apertura e integración de los mercados laborales dentro de la UE que evite una rampante devaluación laboral encubierta bajo patriotismos xenófobos, todavía lo es más una integración y mutualización fiscal, así como el control de los movimientos cosmopolitas de capitales. Todos ellos factores que erosionan la posibilidad de un capitalismo inclusivo.

Una cosa y la otra. Justo al contrario de lo que se vende con el Brexit. Si queremos evitar nuevas salidas o, sobre todo, la implosión catastrófica de la UE y de la eurozona.

Por otra parte no parece que la progresiva devaluación de la libra haya evitado un galopante deterioro de la balanza comercial del Reino Unido, y es más que dudoso que la ruptura del mercado europeo (con aranceles o controles comerciales) consiga revertir ese deterioro asimétrico entre los distintos países.

Solo una moneda de ámbito europeo con el respaldo presupuestario de una UE reforzada (con un BCE no independiente y financiador de último recurso) y con un Parlamento soberano, puede embridar las asimetrías comerciales (reciclar excedentes) asociadas a una economía de mercado que endeuda y empobrece a personas y países. @mundiario

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One Belt, One Road ¿Un nuevo orden mundial?

mer, 03/04/2019 - 18:47

Paco Cantero, Coordinador del Observatorio Futuro Alternativo de ATTAC Madrid
nuevatribuna

El Belt and Road no es una entidad con reglas fijas; más bien, se pretende deliberadamente que sea informal y desestructurado

Días pasados se produjo un hecho que para muchos medios de información no mereció ningún análisis en profundidad y, sin embargo, es de suma importancia para el futuro de Europa. Me refiero a la firma de un Memorándum de Entendimiento entre Italia, (3ª economía de la zona euro y miembro del G7), con China en la iniciativa One Belt, One Road, que ha provocado que saltaran larmas tanto en Bruselas como en Washington.

¿Qué es One Belt, One Road?

Un plan de China dado a conocer en otoño de 2013 que pretende construir un nuevo orden mundial reemplazando al actual sistema liderado por Estados Unidos por un ámbito geográfico, que denomina Eurasia, que va desde Lisboa hasta Shanghai o incluso Jakarta, emulando a la antigua Ruta de la Seda, el laberinto de rutas comerciales que conectaba a las principales civilizaciones de Europa, Asia y África hace más de dos milenios.

El plan está organizado en cinco dimensiones separadas:

  1. Coordinación de políticas para encontrar un terreno común de las diferentes políticas nacionales de desarrollo.
  2. Crear una infraestructura de transporte por vía terrestre y marítima, así como una red de nodos de comunicaciones digitales y de distribución de energía.
  3. Eliminación de las barreras comerciales en los países adheridos.
  4. Integración monetaria.
  5. Y fomentar los intercambios y contactos entre las ciudadanías.

En el fondo, es una reformulación del concepto tradicional milenario de Tianxia (todo lo que hay bajo el cielo), que intelectuales como Zhao Tingyan popularizaron con éxito con el argumento de que el mundo actual no se ha convertido en una unidad política, sino que sigue siendo de caos, conflictos, nula cooperación y anarquía.

El principio general de Tianxia es que las relaciones entre distintos actores determinan las obligaciones correspondientes a sus vínculos de red. Estas relaciones se basan en el beneficio mutuo (win-win) y, una vez establecidas, deben tener prioridad sobre las decisiones individuales. El modo occidental de asociación, que presupone la autonomía de las unidades individuales queda excluido.

Si comparamos este plan con el ejemplo contemporáneo más significativo de cooperación entre Estados, que es la Unión Europea, hay una diferencia importante y es que en ésta no se ha previsto ningún Organismo Supranacional. Desde el punto de vista jurídico y político, los Estados incluidos en el plan seguirán siendo soberanos e independientes. En la práctica, el poder económico uniría al sistema y evitaría que se desmorone. Es precisamente en esta informalidad donde la iniciativa difiere de manera más evidente del orden occidental existente, ya que este hace hincapié en los procedimientos legales e institucionales. El Belt and Road no es una entidad con reglas fijas; más bien, se pretende deliberadamente que sea informal y desestructurado.

¿Qué propone Europa?

Pocas personas conocen la existencia de un documento publicado a finales del año pasado que lleva por título “Estrategia de la UE para conectar Europa y Asia” y que permite a la Unión buscar sinergias entre la UE y terceros países, incluida China, en transporte, energía y conectividad digital, sobre la base de normas internacionales. En este documento no hay ninguna mención al One Belt, One Road, plan maestro de sinergia de China para toda Eurasia que ya algunos denominan Globalización 3.0. Sin embargo, el Made in China 2025 está debidamente referenciado, y no demonizado, como hace la administración de Trump.

Todo esto desvela un gran desconcierto eurocrático, ya que no se puede disociar el One Belt, One Road de Made in China, el 5G y la tecnología Huawei, pues forma parte del mismo paquete. Sin embargo, la Unión Europea está bajo fuerte presión de EEUU para que prohiba el Huawei y se olvide de unirse al Belt and Road, incluso a pesar de que casi 20 Estados miembros de la UE ya están vinculados o interesados en vincularse al Belt and Road, y la mayoría está interesada en la tecnología china 5G. Es un hecho relevante que países como Grecia y Hungría defiendan abiertamente las posiciones chinas en importantes reuniones en Bruselas.

Todo esto nos lleva a que, de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo, debemos exigir a los distintos partidos políticos que haya debates sobre esta cuestión tan importante y aclarar su postura, pues va a suponer en un futuro próximo el destino de la Unión Europea tal como la conocemos hoy día y, por consiguiente, el de España.

 

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Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal

mar, 02/04/2019 - 22:19

 flyer PPFF 2019 -1Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal

España sufre una crisis de desigualdad y de exclusión social. Somos el cuarto país más desigual de la Unión Europea, tan sólo por detrás de Bulgaria, Lituania y Letonia. España es, además, el país de Europa en el que más ha crecido la desigualdad en los últimos diez años.

La recuperación económica está ahondando las carencias sociales y la falta de solidaridad internacional, mientras más de 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza en nuestro país, y 650.000 hogares no cuentan con ningún ingreso.

Ni la pobreza ni la desigualdad son inevitables. Pero nuestro sistema fiscal arrastra déficits históricos que acentúan la inequidad del sistema. Y esta realidad se mantiene, cuando seguimos recaudando casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que los países de la eurozona.

El primer desafío que afrontar es nuestro menor nivel de ingresos fiscales en contraste con la capacidad económica. Debemos recaudar, de quienes no pagan lo que deben, ese

20% más que necesitamos para equipararnos con la media europea: 80.000 millones de euros que podrían destinarse a poner fin a las limitaciones de sociales, ambientales y económicas que tiene nuestro país.

La Constitución Española, en su artículo 31 establece que: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Nuestro modelo fiscal no garantiza derechos e incumple con los principios constitucionales : Ni se recauda más de quienes más tienen, ni se ponen cortafuegos al gran agujero que supone el fraude fiscal de grandes empresas y grandes fortunas. Construir una sociedad menos desigual requiere un PACTO DE ESTADO CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Por ello, desde las organizaciones que componemos la Plataforma por la Justicia Fiscal convocamos a todos los grupos políticos a que, de cara a las próximas elecciones generales, se comprometan a:

1.     Romper con el déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de un plan de acción urgente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal que convoque a todas las fuerzas políticas y cuente con un marco parlamentario permanente de revisión, transparencia y rendición de cuentas.

 2.     Poner fin a la utilización de paraísos fiscales estableciendo una lista negra objetiva y ambiciosa, que incluya al menos todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, aplicando sanciones y contramedidas.

3.     Apoyar y proteger la figura del denunciante que tanto aporta en la lucha contra el fraude la evasión y la elusión fiscal.

4.     Penalizar  la  contratación  pública  para  quien  no  cumpla  con  criterios  fiscalmente responsables  mediante  el  uso  discrecional  de  estructuras  en  paraísos  fiscales.

5.     Internacionalizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal impulsando procesos internacionales ambiciosos y adaptados a la realidad de los nuevos modelos empresariales en una economía más globalizada y digitalizada.

6.     Recuperar la responsabilidad institucional reforzando la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de los instrumentos que posibilitan tanto la elusión como la defraudación fiscal, incluida la participación en sociedades off shore o extraterritoriales.

7.     Reforzar los medios y recursos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude fiscal, confluyendo en las cifras de fraude con los niveles europeos en el plazo de cinco años.

8.     Reorganizar  la  AEAT  revisando  los  objetivos  y  ponderando  los  equipos  humanos necesarios para las tareas de inspección y recaudación con base en los estudios y la experiencia.Coordinar la AEAT con el conjunto de los departamentos tributarios de las CC.AA., incluyendo el intercambio de bases de datos y registros normalizados, así como con otros países.

9.     Convocar a una gran conferencia de coordinación contra el fraude y la evasión fiscal, que  cuente  con  representantes  parlamentarios  y  del  gobierno,  junto  con  actores sociales y expertos.

En Madrid, a  26 de marzo de 2019

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¿Todo es renta básica?: la confusión permanente

mar, 02/04/2019 - 20:39
Jordi Arcarons
Daniel Raventós
Sergi Raventós
Lluís Torrens
sinpermiso En las últimas elecciones al parlamento europeo de 2014, Podemos se presentó con un programa sobre la renta básica meridianamente claro. Decía el programa:“Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.”De eso hace ya cinco años.Son palabras claras en la defensa de esta propuesta que cada vez acapara más la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Palabras que indudablemente una parte de la militancia de Podemos y algunos círculos aún siguen defendiendo en determinadas localidades y zonas de la geografía del reino de España.
Pues bien, el 31 de marzo el responsable económico de Podemos aparece en los medios de comunicación con un titular de Europa Press que dice: “Podemos propondrá una renta básica de entre 600 y 1.200 euros que costaría entre 10.000 y 12.000 millones”.
¿Una renta básica? Todo el mundo se apunta a la renta básica: PSOE, Podemos y hasta puede leerse que Ciudadanos también defiende una renta básica. Es delirante la cantidad de confusión a la que puede llegarse con la propuesta de la renta básica. A todo se le llama renta básica: es como si a la razón se le llamara superstición, religión, adicción o cualquier cosa que se le pasase por la cabeza al listo de turno. La razón tiene mucho prestigio, excepto entre postmodernos y relativistas de tres al cuatro, y es conocido el esfuerzo por incorporar a ella cualquier cosa tan semejante a lo que un huevo pueda ser con una castaña. Con la renta básica pasa algo parecido: se le llama renta básica al ingreso vital del PSOE, a la propuesta de renta garantizada de Podemos y a cualquier cosa que se les pase por la cabeza a los ultras del PP, Ciudadanos y Vox. La renta básica es la tendencia a la que todo el mundo se apunta para ganar votos… pero que nadie se atreve a defender realmente. El totum revolutum solamente sirve para aumentar la confusión.
La Basic Income Earth Network, que tendrá sus defectos pero nadie podrá negar que lleva desde el año 1986 defendiendo esta propuesta, es decir desde hace casi 35 años, especifica que una renta básica es además de periódica y en efectivo,

  • Individual: no a familias ni a otros agregados.
  • Universal: a todas las personas sin ningún requisito adicional.
  • Incondicional: sin ningún requisito de empleo o de voluntad de buscarlo.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la renta básica, pero la definición de la misma es meridianamente clara. Para quien lo quiera entender, sin el requerimiento adicional de un esfuerzo intelectual complejo y excesivo. Pero resulta que esta demanda de claridad no parece ser compartida de forma demasiado generalizada. Así, leemos según Europa Press que Podemos, mediante su responsable económico, dice que este partido defiende que: “…su formación incluirá en el programa electoral una renta básica garantizada para los hogares sin recursos que iría de los 600 a los 1.200 euros, en función de los miembros de la unidad familiar”. Y también: “La cantidad podría oscilar entre los 600 y los 1.200 euros, con escalas intermedias en función del número de miembros de la unidad familiar”.
Es decir no es individual, ni universal, ni incondicional. Es otra cosa. Una renta para pobres al uso. Es una renta garantizada, no una renta básica.
Sigue diciendo Europa Press sobre Podemos y su propuesta: “Para paliar esta situación (se refiere a los más de 10 millones de pobres en el reino de España), la formación morada incluirá en su programa una renta básica para los hogares sin recursos y que también complementaría los salarios más bajos.” Atención, se añade: “para evitar la trampa de la pobreza”. Brindis al sol más o menos electoralista: nunca un subsidio condicionado del estilo que propone Podemos ha evitado la trampa de la pobreza. No la ha evitado la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco, una de las más generosas no ya del reino de España sino de Europa, y menos lo evitaría una propuesta inferior como la de Podemos. De hecho el gran ganador de implantarse esta renta sería el propio Gobierno Vasco, pues se ahorraría buena parte de su RGI. ¡Vaya redistribución! El País Vasco paga el 30% de rentas mínimas del reino con menos del 5% de la población y siendo la comunidad autónoma con la mayor renta per cápita.
La información sobre la propuesta de renta para pobres de Podemos añade: “La intención de la formación morada es que este programa de renta básica garantizada se financie con un impuesto a las grandes fortunas, es decir, que se aplicaría a los declarantes que tengan más de un millón de patrimonio neto, después de descontar los créditos y con una exención de 400.000 euros, incluyendo la vivienda habitual. El número de declarantes que cumplen esas condiciones se eleva a 94.000.” Será de agradecer que aporten los números para financiar esta renta para pobres a partir de las fuentes que aseguran hacerlo posible. Lo que sí sabemos es que según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España del año 2014, gravando con un 1% el patrimonio neto de los hogares sin la vivienda principal, a las familias situadas en la intersección del 10% con más renta y más riqueza puede conseguirse una cifra de 10.000 millones de euros. Pero para hacerlo posible, se requiere un impuesto sobre la riqueza, que en estos momentos no existe en el reino de España.
Una renta básica individual, universal e incondicional se puede financiar. Lo hemos explicado de distintas maneras en, por ejemplo, aquí. Y, ¡qué duda cabe!, nadie está obligado a estar de acuerdo. Pero lo que ni es honrado ni ayuda a que las ideas se debatan con claridad es que a los subsidios para pobres condicionados se les llame renta básica. Lo diga la prensa, lo digan los partidos, lo diga quien sea. Puede ser útil para la propaganda política cuando una propuesta tiene prestigio y goza de adhesión creciente, pero nada que ver con la libre y franca discusión de las ideas. Es confusión interesada de la peor especie.

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El mercadeo con las deudas de los más vulnerables

dim, 31/03/2019 - 11:03
ANGEL DEL CASTILLO JUAN MANUEL VIVER El Salto Estamos viviendo momentos ciertamente convulsos en nuestra política nacional, local y autonómica. Y, por supuesto, sin olvidarnos de todo lo que nos jugamos ante las decisivas próximas elecciones europeas que se avecinan. Concretamente, a nivel comunitario la Comisión y el Parlamento están trabajando contrarreloj para finiquitar todos los dossieres legislativos actualmente sobre la mesa: si éstos no se aprueban antes de la fecha de las elecciones, se enviarán a la próxima Comisión y Parlamento, lo que provocará que deban empezar nuevamente las negociaciones entre el nuevo Parlamento Europeo electo, nuevos Comisarios y gobiernos nacionales.

Uno de estos dossier legislativos ha pasado, incomprensiblemente, desapercibido a los ojos de la ciudadanía: un paquete legislativo encaminado a favorecer la actividad transfronteriza de los fondos de inversión que especulan con la vivienda en España. Éste paquete de medidas, según las autoridades financieras, se dirige a reducir el alto ratio de préstamos dudosos (non-performing loans o NPLs en la jerga bancaria) en los balances bancarios.

El informe Would you mind holding this for me? de Finance Watch en 2018 ya advirtió sobre las nefastas consecuencias de esta normativa, tanto a nivel de estabilidad financiera como de protección de los deudores vulnerables. Hasta bien poco, parecía que la Directiva que dará soporte legal a la creación del mercado paneuropeo iba a quedar inconclusa y por tanto se dejaría para la próxima Comisión y Parlamento. Sin embargo, debido a un golpe de timón de última hora, la Eurocámara ha dividido el dossier para aprobar de manera exprés la creación del mercado secundario de deuda morosa antes de las elecciones europeas.

La creación de dicho mercado paneuropeo de deuda permitiría que entidades financieras radicadas en otros países europeos podrán comprar títulos de deuda impagada -por supuesto, con importantes descuentos que pueden llegar al 40% para deuda inmobiliaria o al 90% para préstamos personales- y tratar de recobrar la deuda incluso desde otros países. No solamente eso, sino que al estar radicados en otras jurisdicciones podrían beneficiarse de normativas más laxas y utilizar métodos de acoso más agresivos que en España no están permitidos. Desde luego, el estado actual de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, junto con el fácil acceso a información laboral y familiar de los deudores, haría posible esto ocurriera. Parece ser que tiene sentido para quienes han impulsado este movimiento político dejar para un futuro incierto la protección de los deudores vulnerables, y a la vez dar alas -nunca mejor dicho- a los buitres para que sobrevuelen Europa en busca de jugosos créditos a recobrar.

Nuestras instituciones, imbuidas por la ideología de las madrasas de las finanzas descontroladas (IESE y similares), hacen la siguiente analogía: al igual que los nobles buitres tienen la importante labor de limpiar la naturaleza de carroña de cadáveres abandonados, los fondos de inversión depredadores se encargan de limpiar los balances toxificados de la atribulada banca europea. Para ello, se propone a los Estados miembro la creación de los famosos “bancos malos”, que como bien sabemos en España compran caro a la banca para vender barato a los fondos especuladores. Como siempre, la fiesta de la industria financiera la pagan los contribuyentes.

Cabe plantearse lo adecuado de promover mecanismos que podrían tener como efecto colateral una mayor irresponsabilidad de la banca a la hora de gestionar su cartera de créditos. Finance Watch ha demandado mejoras en la información que instituciones financieras dan a las autoridades supervisoras sobre sus carteras de créditos impagados, tanto para evitar tentaciones de ocultar pérdidas como para mejorar la capacidad de detección de nuestras autoridades de problemas crediticios en sectores específicos de la economía. La resucitación por parte de las instituciones europeas de los mecanismos de titulización, situados en el origen de la última crisis financiera, son otra pieza clave para facilitar que los bancos “pasen el muerto” y se propaguen los problemas crediticios a lo largo y ancho del sistema financiero.

Debemos decir que la Directiva Europea era una fantástica oportunidad para homogeneizar la protección de los deudores vulnerables en los distintos países de la UE, elevando las garantías de los ciudadanos en aquellos países actualmente a la cola en cuanto a garantías ante este tipo de acoso. Concretamente, Finance Watch solicitó la inclusión de la “ley de segunda oportunidad” en el texto europeo. También se está barajando la inclusión de cláusulas en los contratos de crédito que requerirían del consentimiento expreso del cliente para que el banco pudiese vender su crédito a terceras partes. Es decir, hay buenas ideas y el texto final resultante podría ser en su conjunto bueno para los ciudadanos. Pero deberíamos pasar por encima de los -al menos- 1.700 lobbistas que defienden los intereses de la industria financieraante las instituciones europeas.

No se podría explicar de otra manera el rechazo de la diputada europea Esther de Lange, perteneciente al Grupo Popular Europeo y ponente redactora del informe del Parlamento Europeo, a la posibilidad de que el deudor recompre su propia deuda: hemos visto cómo el Santander vendía a un fondo buitre un préstamo de 53.664 euros por sólo 3.215, amparando su derecho a no ofrecer la recompra en los mismos términos a los acreedores ante el TJUE. De existir esta posibilidad, los fondos buitres tendrían menor opción de participar en el jugoso negocio del mercadeo de los títulos de deuda.

Próximamente, el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) votará las enmiendas presentadas al texto del ejecutivo comunitario, ¿defenderá la Comisión Europea, y especialmente los eurodiputados españoles, los intereses de la ciudadanía que acudirá a las urnas en dos meses a evaluar su trabajo?

Sea como sea, tanto la Plataforma contra los Fondos Buitres como Finance Watch coordinaremos la respuesta de la sociedad civil ante esta nueva ofensiva de los fondos buitres y quienes los defienden, apropiándose de las instituciones públicas para legislar en contra de los intereses de la ciudadanía.

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Comunicado de prensa de ATTAC Francia

lun, 25/03/2019 - 13:46

Frente a la brutalidad policial expresada el sábado en las calles de Niza para reprimir la decimo novena jornada de lucha de los Chalecos Amarillos, en la que fue herida la portavoz de ATTAC Francia en esa ciudad, ATTAC España expresa su solidaridad con los compañeros y compañeras de ATTAC Francia y en espacial con Geneviève Legay, herida por la policía cuando ejercía su legítimo derecho a manifestarse frente a la injusticia social y la merma de derechos democráticos.

Las leyes mordazas, la criminalización de la protesta, la represión y la violencia policial son la expresión de un sistema que no sabe dar respuestas democráticas a la indignación de la gente frente a la injusticia.

Comunicado de prensa de ATTAC Francia 24 de marzo de 2019

La portavoz del ATTAC 06 gravemente herida por una carga policial

Geneviève Legay, de 74 años, portavoz de ATTAC 06 e incansable activista por la paz, fue gravemente herida durante una carga policial durante el acto 19 de los Chalecos Amarillos este sábado, 23 de marzo en Niza. Según su abogado, estaría estable esta mañana.

El CRS hizo una violenta carga durante la cual Geneviève cayó al suelo, con la cabeza golpeando un poste de metal. Múltiples imágenes muestran a Genevieve, con el chaleco amarillo en la espalda y la bandera arco iris “Pace” en las manos, con una actitud totalmente no violenta, cantando ” Libertad para manifestarse ” justo antes de la carga policial.

Aunque las anteriores movilizaciones de chalecos amarillos en Niza no habían causado ningún daño, Christian Estrosi, alcalde de la ciudad, había solicitado y obtenido la prohibición de las manifestaciones en gran parte de la ciudad.

La prohibición por parte del prefecto de manifestaciones y concentraciones en gran parte de Niza es ilegítima y no puede justificar el uso de la fuerza contra los ciudadanos que se reúnen pacíficamente para expresar sus opiniones.

ATTAC France condena la represión de las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el sábado y se indigna por la grave restricción de las libertades civiles que se está llevando a cabo actualmente en Francia. No es reprimiendo a los manifestantes pacíficos y mediante la violencia policial como Emmanuel Macron responderá a la demanda legítima de justicia social que se está expresando en todo el país.

ATTAC exige que se arroje toda la luz sobre estos hechos y que se establezcan claramente las responsabilidades por estos actos de violencia contra Geneviève Legay.

ATTAC France apoya plenamente a Geneviève y a su familia.

 

Frente a la brutalidad policial expresada el sábado en las calles de Niza para reprimir la decimo novena jornada de lucha de los Chalecos Amarillos, en la que fue herida la portavoz de ATTAC Francia en esa ciudad, ATTAC España expresa su solidaridad con los compañeros y compañeras de ATTAC Francia y en espacial con Geneviève Legay, herida por la policía cuando ejercía su legítimo derecho a manifestarse frente a la injusticia social y la merma de derechos democráticos.

Las leyes mordazas, la criminalización de la protesta, la represión y la violencia policial son la expresión de un sistema que no sabe dar respuestas democráticas a la indignación de la gente frente a la injusticia.

 

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¿Hacia una nueva internacional socialista y más reivindicativa?

lun, 25/03/2019 - 08:00

 Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

El socialismo está dando síntomas de recuperación en ciertas partes del mundo, como ocurre con los casos paradigmáticos de Gran Bretaña y los EE.UU por su repercusión internacional, representados por el Partido Laborista con el liderazgo de Corbyn y el DSA norteamericano con la colaboración de Sanders y liderazgo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortéz. En ambos casos sus líderes y su mayoría,  están siendo atacados sin piedad por el sistema e incluso por el socioliberalismo, que es lo mismo. Ninguno de los dos proyectos está totalmente acabado de definir y presentan problemas de consolidación, pero son una luz en el túnel de lo que es el socialismo democrático y transformador.

Existe ya una Internacional Socialista que podemos entender tiene su origen en la antigua y coherente Internacional Socialista y en la Internacional Socialista Obrera, pero la actual IS nace en 1951 en plena guerra fría y por supuesto con unos presupuestos teóricos mucho más rebajados que los de su socialismo de clase original. La actual IS carece en sus filas de varios partidos socialistas, que lo son y tienen gran importancia politica y moral como el Partido Socialista de Uruguay o el Partido Laborista británico que es un simple observador. Reconoce sin embargo a pequeños grupos de una importancia menor y en muchos casos muy moderados o simplemente liberales. Junto al DSA y otros partidos africanos más radicales e incluso a fracciones palestinas.

Pero la cuestión más preocupante en la actualidad, es su relación con la crisis de Venezuela, apoyando a partidos que ni tan siquiera son socialdemócratas y defendiendo las posiciones de Trump. Es curioso que la IS no haya consultado al socialdemócrata coherente López Obrador presidente de México o al PS de Uruguay en el poder también, antes de alinearse de forma decidida con las tesis trumpistas, sin dudarlo. Cierto que el “madurismo” es digno de duras críticas, de la necesidad de muchos cambios y sobre todo de más inteligencia y democracia, pero el pueblo venezolano tiene derecho soberano a decidir el mismo su presente y su futuro. La cooptación de la IS por la política internacional de Trump tiene ya por sí mismo un efecto demoledor sobre este organismo internacional cada vez menos válido para acoger al socialismo internacional que renace fuera de sus muros y que se reivindica del socialismo, grupos y personas entre las cuales, humildemente me encuentro.

Dicho esto, la búsqueda de espacios de encuentro socialista que son muy antiguos y se remontan a tiempos de Marx y las primeras Trade Unions británicas que en la exposición internacional de Londres en 1861 fraguan la idea de la necesidad de unión internacional para reivindicar ante un capitalismo también internacional en aquella época liderado por las potencias coloniales con Gran Bretaña a la cabeza. En nuestros días, con las potencias neocoloniales y la globalización neoliberal con los EE.UU al frente. Lo cual en ambos casos históricos demostraba y demuestra la necesidad de una acción conjunta internacional de las clases trabajadoras que por cierto en los dos momentos y épocas vivieron y vivimos un capitalismo basado en la mayor explotación de las clases sociales subalternas que hoy también llamamos la creciente desigualdad, la desigualdad social que era terrible y está volviendo a ser terrible en el mundo occidental que en el antiguo mundo colonizado es todavía peor, con guerras y hambrunas que el propio capitalismo internacional impone al objeto de dominar.

Es por ello que puestos a trabajar de forma internacional, lo primero es analizar el comportamiento del capitalismo y sus nuevas formas, o mejor dicho su evolución tecnológica y financiera. La globalización, pero también el surgimiento de nuevos capitalismos nacionalistas; las llamadas potencias emergentes que actúan fuera de la esfera de la mundialización y con otra óptica e intereses.

No puede ser un simple progresismo, lo que salve al planeta de su destrucción vía depredar la tierra y el oxígeno. Además de empobrecernos la desigualdad avanza y encima están destruyendo el clima, la vida y llenando de basura el mundo por obra de las las clases y sectores dominantes.

Salvar la tierra y el clima. Frenar una globalización injusta y muy dura a la que le sobran los derechos humanos o detener la pobreza de la mayoría de los habitantes del planeta que en el caso de las mujeres se multiplica, no solo por ser más pobres, sino víctimas de diversas violencias y esclavitudes, exige todo ello algo más que una internacional progresista. Se necesita de una internacional socialista que se plantee el cambio de las relaciones del trabajo, la distribución de la riqueza y defender el clima y el oxígeno. El intento de Barufakis y de Sanders de crear una Internacional Progresista, lo vemos con simpatía y nos anima, pero hasta ahora carece de concreción y de programa. Ni siquiera tiene una base de discusión y la verdad no podemos seguir perdiendo el tiempo, pues la tierra cada vez está peor y sus habitantes en peores condiciones.

Tal vez sea hora de que alguien, y le apoyaremos, trabaje por convocar y agrupar a movimientos sociales internacionales, sindicales y políticos, que alejados de “buenismos” y de ideas simplemente filantrópicas, se plantee de una vez el problema de que los detentadores del poder nos conducen a un desastre anunciado. Sanders lo ha enunciado bien, pero hasta ahora, amaga pero no da. Es por tanto que otros con menos medios y capacidad estamos trabajando y por medio de diversas conferencias y contactos internacionales, estamos tejiendo y tunelando con la constancia de las arañas o las hormigas obreras y la esperanza de una respuesta de las nuevas generaciones sin futuro de precarios, parados y paradas, pobres y hartas comencemos a juntarnos. Nuestros problemas no pueden esperar.

Carlos Martínez es secretario general del PSLF y politólogo

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EL ICO COMO BASE DE UN BANCO DE INVERSIÓN PÚBLICO.

ven, 22/03/2019 - 18:42

Hay que decir en primer lugar que la solución propuesta en esta ponencia confronta directamente con los planteamientos de la Plataforma para una Banca Pública en la que, como ya ha dicho la moderadora, me incluyo, que propone un banco de depósitos . No obstante, resulta que todos los partidos políticos, salvo Unidos Podemos, rechazan la idea de una banca pública de depósitos y se decantan por una banca pública de inversión, es decir limitada a la financiación de proyectos, y en muchos casos actuando a través de las entidades financieras privadas.

Se aprecia un claro ejemplo de lo anterior en el programa electoral de +Madrid cuando propone “la existencia de un banco público autonómico de inversión”. También el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la creación de un fondo de 50 millones de euros para financiar inversiones en sostenibilidad, pero aportando fondos a los bancos privados. De esto se derivaría que la Plataforma debe acometer un gran esfuerzo didáctico cara a los partidos políticos para llevarlos al redil de la banca de depósitos.

Centrándonos en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se debe decir que este Organismo es un banco público cuya forma jurídica es de entidad pública empresarial, que está adscrita al Ministerio de Economía y Empresa. Según su última auditoría presentada, su activo a 31/12/2017 ascendía a 42.208 millones de euros y de ese importe el 65 % se correspondía con préstamos, de los cuales un 60 % han sido concedidos a entidades de crédito. Se financiaba un 87 % mediante recursos ajenos y un 13 % por su propio patrimonio, resultando ser una entidad mucho menos apalancada que el sector bancario privado. Sus resultados en el ejercicio 2017 supusieron 103 millones de euros, lo que representa un rendimiento del 1,9 % de los recursos propios, aunque esa cifra debe matizarse por el hecho de que en el ejercicio 2016 los resultados supusieron el 5,6 %.

Pero para entender mejor las cifras citadas antes parece oportuno compararlas con las de Bankia, que es otra entidad también participada por el Estado en un 61 %. El total balance de Bankia ascendía al 31/12/2017 a 213.932 millones de euros,  suponiendo los préstamos el 59 % del mismo. En cuanto al pasivo el 93 % se correspondían con recursos ajenos, por lo que el patrimonio neto representaba solo el 7%, siendo su rentabilidad en 2017 del 3,6 %.

Es evidente que el apoyo que en la actualidad está prestando Bankia a empresas y particulares es, en términos relativos y absolutos, mayor que el que presta el ICO, además Bankia está casi el doble de apalancada y su rentabilidad también es casi el doble que aquél. De estas cifras se desprende que el Estado no tiene ningún empacho en mantener una importante inversión, con una rentabilidad mínima, sin que nadie , al menos hasta donde yo sé, se rasgue las vestiduras.  Por lo tanto, si esto es bueno para el ICO, ¿por qué no va a serlo para una Bankia totalmente pública, al menos a medio plazo, que haga mucho más de lo que hace el ICO, ya que sus recursos son mucho mayores y de mucho menor coste?

Pero volviendo al tema del título, parece oportuno reflexionar acerca de las modificaciones de su estructura que tendría llevar a cabo en el ICO para acometer sus nuevas funciones, y que concretamos en cuatro.

Primeramente, dejar de financiar a su competencia, es decir a los bancos privados, derivando a su clientela, en la medida de lo posible, los 16.077 millones de euros que tiene prestados a aquellos. Lo segundo crear una red de sucursales al menos a nivel provincial, de acuerdo con las Comunidades autonómicas correspondientes, ya que podría darse el caso que algunas no quisieran que funcionara en su territorio una entidad de carácter estatal.

Tercero, lo que sería una consecuencia inmediata de lo segundo, un aumento substancial de su plantilla. Y cuarto definir lo que podría ser la política comercial de la entidad, distinguiendo claramente entre la actividad que ahora ejerce como Agencia Financiera del Estado, de la financiación de personas físicas y pymes.

He dejado para el final, dos aspectos que algunos estarán echando de menos. ¿Dependería en nuevo ICO del Ministerio de Economía y Empresa como en la actualidad o sería un organismo con mucha mayor autonomía? Y en cualquier caso ¿habría que arbitrar algún procedimiento de control ciudadano en sentido amplio, al margen de los establecido para otros Organismos públicos, como el Tribunas de Cuentas por ejemplo? La respuesta a esas dos cuestiones es claramente política y debe ser contestada por los partidos políticos, interpretando la voluntad ciudadana, y aprobarse por al Parlamento Español.

Ahora bien, mi opinión particular es que se debería mantener una dependencia la adscripción a un Departamento Ministerial, aunque no necesariamente al Ministerio de Economía. No obstante, parecería oportuno establecer determinadas cautelas para evitar que los intereses a corto plazo influyeran en la actividad del nuevo ICO. Tampoco me parecería mal la creación de un Consejo ciudadano a nivel autonómico para controlar el Organismo en la misma línea citada antes.

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¿Poder emprender? Sí, pero tod@s, sin condiciones

mar, 19/03/2019 - 14:08

David Casassas - Sin Permiso

“Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”: en esto establece la RAE que consiste la acción de “emprender”. Al fin y al cabo, se trata de algo tan sencillo como “hacer algo” -“acometer y comenzar una obra”- que reporte algún tipo de sentido -de ahí que lo hagamos con “empeño”- y, por ello, asumiendo los riesgos y obstáculos -“dificultades” y “peligros”- que el camino pueda entrañar.

En los últimos años, sin embargo, el discurso y la práctica del “emprendimiento” han hecho que saltaran todas las alarmas: con la excepción de quienes emprenden con posibles -recursos materiales y relacionales-sociales heredados- y de quienes logran verdaderos milagros -nacer pobre y morir rico no es un imposible, pero sí es algo estadísticamente poco significativo-, las exhortaciones a “emprender” han ido de la mano de procesos de individualización, disciplinamiento y culpabilización de población trabajadora precarizada y sin oportunidades objetivas: “búsquese la vida, esfuércese usted, que el mundo es de quienes lo luchan, nunca de los perdedores”. No es de extrañar, pues, que muchos hayan reaccionado con la mayor de las cautelas, si no con abierta disconformidad, ante los intentos, por parte de patronales, instituciones públicas y a veces hasta de sindicatos, de convertirnos en “individuos-empresa”, en “individuos-currículo”, en individuos orientados a rentabilizarlo absolutamente todo en los mercados, empezando por el laboral. Ningún proceso de “blaming the victim”, de “acusación de la víctima”, es aceptable.

Pero no tiremos al bebé con el agua del barreño: “acometer y comenzar una obra”, y también sostenerla y conducirla a lo largo del tiempo, constituye, junto con el goce de una vida afectiva rica, aquello que puede dotar una vida humana de algo de sentido. Por ello, urge que encontremos mecanismos institucionales que conviertan el acto de “emprender”, sea cual sea el ámbito y las formas de ese “emprendimiento”, en un derecho al alcance del conjunto de la población, no un privilegio en manos de unos pocos -que es lo que tenemos hoy-. Sea en el mundo empresarial tal y como lo entendemos comúnmente; sea en el ámbito de la autogestión y del cooperativismo; sea en las esferas donde se realiza el trabajo de cuidados -dicho sea de paso: el único tipo de trabajo que posibilita la realización de cualquier otro tipo de trabajo-; sea en los espacios para la ayuda mutua y la participación política y socio-comunitaria; sea donde sea, se precisan dispositivos que nos empoderen para levantar la cabeza del ras del suelo y acometer libremente aquello que, individual y/o colectivamente, podamos desear acometer.

Recursos incondicionales para una interdependencia sin pistolas

Levantar la cabeza, sí. Una vida en condiciones de libertad (de emprender) exige poder levantar la cabeza, requiere poder aguantar la mirada de todos aquellos con quienes interactuamos en todas las esferas de la vida social. Atrapados en vínculos de dependencia, atados de pies y manos por relaciones de poder, terminamos viviendo bajo arbitrio ajeno, es decir, sin capacidad de decidir por nuestra cuenta qué queremos para nuestras vidas y cómo queremos que ello se concrete. Pensemos en la relación laboral. Ya Aristóteles equiparó el trabajo asalariado a la “esclavitud a tiempo parcial”: en condiciones de desposesión -y sobra decir que el grueso de la población trabajadora acude a la firma de los contratos de trabajo desposeída de recursos de partida-, entregamos a quien nos contrata toda o buena parte de nuestra capacidad de co-determinar qué hacemos, de qué modo, con quiénes, dónde, cuándo, a qué ritmos, etc. El mundo es esencialmente interdependiente. También el mundo del trabajo y de la actividad económica en general. La ficción del Robinson Crusoe aislado y autosuficiente no es más que eso: una ficción. Así pues, pensemos las maneras de erigir y sostener toda una interdependencia social y económica que no sea lesiva de la autonomía de ninguna de las partes, en la que no se nos trate a punta de pistola, en la que todos y todas tengamos algo que decir y la capacidad de hacer que nuestra voz sea escuchada y tomada en cuenta. Si no, vivimos instalados en la súplica constante. Y eso no es vida. O, mejor, eso no es vida en condiciones de dignidad.

De ahí la renta básica, un ingreso equivalente, por lo menos, al umbral de la pobreza y pagado por las instituciones públicas con arreglo a los siguientes tres principios: individualidad -los perceptores son las personas, no los hogares-, universalidad -los destinatarios son el conjunto de los ciudadanos o residentes acreditados, sin excepciones- e incondicionalidad -los beneficiarios contarían con ella al margen de cualquier circunstancia que pueda acompañar su existencia, como otras fuentes de ingresos, participación o no en el mercado laboral, formas de convivencia, etc.-. Asimismo, dicha prestación monetaria, cuya financiación vendría dada por una adecuada integración con el sistema impositivo -al fin y al cabo, nos encontramos ante un sistema de impuestos y transferencias que se concretaría en una distribución de la riqueza de quienes más tienen entre todo el mundo, incluidos ellos mismos-, no debería sustituir las prestaciones en especie en las que se concretan los derechos sociales que asociamos al Estado social y democrático de derecho que la Europa occidental de la segunda mitad del siglo XX ha conocido: sobra decir que, en caso de que hubiera que buscar en el mercado recursos básicos como la vivienda o una sanidad y una educación de calidad, la renta básica se evaporaría en un abrir y cerrar de ojos -en el caso de la sanidad, por ejemplo, sabemos que, por pura lógica actuarial, el precio de los seguros privados crece con el riesgo de precisar atención médica, razón por la cual amplias capas de la población tendrían que terminar dedicando buena parte de su renta básica, si no toda, a sufragar esos imprescindibles gastos-.

¿Por qué la renta básica?

Pero ¿por qué exactamente una renta básica, junto con el paquete de prestaciones en especie que la ha de acompañar? En primer lugar, porque la consolidación del paro estructural es ya un hecho inapelable -desde 1978, en España ha habido ni más ni menos que 28 años en los que el paro registrado ha superado el 15%-, razón por la que conviene ir asumiendo que el viejo pacto según el cual los ingresos procedían del empleo ha quedado hecho añicos. En segundo lugar, porque participar en el mercado de trabajo tampoco es garantía de obtener ingresos suficientes para evitar la pobreza -en España, el porcentaje de “trabajadores pobres”, con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, se ha estabilizado alrededor del 15%-. En tercer lugar, porque parece fuera de duda que los procesos de automatización de la producción van a saldarse en altos niveles de destrucción de ocupación, especialmente en los sectores productivos con mano de obra de bajo valor añadido -los estudios disponibles ofrecen resultados poco concluyentes, pero se ha llegado a estimar que el porcentaje de tareas en alto riesgo de automatización podría rozar el 50%- En cuarto lugar, porque los subsidios condicionados que hemos conocido hasta la fecha conducen indefectiblemente a la estigmatización social de sus perceptores -éstos han de mostrarse y ser señalados como “incapaces” (de algo) para obtener la ayuda en cuestión- y a la famosa “trampa de la pobreza” -cuando somos perceptores de un subsidio condicionado, nos hallamos ante un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implicaría la pérdida del subsidio: ni que decir tiene, sustituir una prestación monetaria por un salario bajo resultante de una ocupación precaria y alienante no parece la más sensata de las opciones, razón por la cual no pocas personas prefieren dejar de buscar o de aceptar esos empleos o hacerlo en la esfera de la economía sumergida-.

Pero si el debate sobre la renta básica ha llegado para quedarse es porque empiezan a ser muchos, y bien diversos, los actores sociales y políticos que entienden que una vida social y económica libre -trabajos de cuidados incluidos, claro está- no es posible sin el goce de recursos incondicionales, empezando por los monetarios. Veámoslo con algo de atención. ¿Por qué precisamos recursos conferidos de manera incondicional? La implicación más poderosa de la incondicionalidad es el incremento de la libertad derivado del robustecimiento del poder de negociación de individuos y grupos. Tener la existencia material garantizada ex-ante, incondicionalmente -en suma: como un derecho-, nos permite oponernos a formas de trabajo y de vida que no nos satisfacen, que poco o nada tienen que ver con aquello que somos o queremos ser y que hoy nos vemos obligados a “aceptar” -¡e incluso a celebrar!- por carecer de un colchón en el que caer: en la actualidad, los subsidios condicionados entran en acción ex-post, por lo que, lejos de otorgarnos capacidades para dibujar un itinerario propio, se limitan a tomar el statu quo como un hecho consumado, como una realidad inevitable, y a asistirnos una vez que, dentro del perímetro de ese campo de acción rígidamente delimitado, nos hemos partido la crisma y podemos demostrarlo ante las instancias competentes.

En cambio, tener la existencia material garantizada incondicionalmente nos permite alzar nuestra voz y lograr participar de forma efectiva en los procesos de toma de decisiones relativos a todo tipo de contratos y relaciones sociales que podamos estar construyendo. En otros términos, tener la existencia material garantizada incondicionalmente nos habilita para (poder) decir que no queremos vivir como algunos pretenden que vivamos, todo ello para (poder) decir que sí queremos vivir de otros modos, con arreglo a otros criterios, quizás con otras personas, quizás orientados a arreglos productivos y reproductivos que alumbren mundos distintos, más nuestros. En efecto, cuando tenemos un conjunto de recursos que garantizan incondicionalmente nuestra existencia material, adquirimos mayores cuotas de poder de negociación, pues contamos con mayor fuerza para aguantar pulsos a lo largo del tiempo y mayor capacidad de emprender -“emprender”, sí-, corriendo los riesgos que haya que correr y explorando las opciones alternativas que haya que explorar.

Poder esforzarnos, poder huir del miedo

A menudo se apela a la cultura del esfuerzo. A menudo se insiste en el peligro de que terminemos alimentando a vagos y parásitos. Pero ¿qué significa esforzarse? Volvamos a la RAE. Según la Academia, “esforzarse” equivale a “hacer esfuerzos física o moralmente con algún fin”. ¿Podemos realmente afirmar que el grueso de la población trabajadora percibe que su “esfuerzo físico y moral” está orientado a “un fin” con sentido para sus vidas? ¿Un fin que vaya más allá de la obtención de unos (tantas veces) exiguos ingresos? La cultura del esfuerzo puede generar verdadera afición, pero sin tomaduras de pelo. Porque dignifica el trabajo que dignifica, y el que no dignifica, sencillamente, no dignifica. ¿Desde qué lugar y con qué dosis de (des)vergüenza podemos atrevernos a exigir “esfuerzo” a quienes no pueden sino afanarse por deambulan entre cuatro o cinco “trabajos de mierda” -utilizo aquí la expresión de David Graeber- antes de caer rendidos, noche tras noche, en el sofá de casa? Lisa y llanamente: en la actualidad, el mayor desincentivo al empleo es, para demasiada gente, el propio empleo, que en tan pocas ocasiones ofrece razones de peso para actuar con verdadera ilusión y deseo.

La renta básica ofrece tiempo y seguridad no para languidecer en el tedio, sino para activarnos alrededor de trabajo verdaderamente “consentido” y “con sentido” real -ambas cosas se encuentran estrechamente vinculadas-. ¿Podemos entender la renta básica, pues, como uno de los instrumentos necesarios para universalizar una cultura del esfuerzo -y del deseo- llena de contenido substantivo? Permitiendo abandonar lo que no deseamos, la presencia de recursos incondicionales ha de permitirnos negociar y proceder a repartos de trabajos, remunerados o no, que realmente vayan con nosotros, con las dosis y las formas de actividades remuneradas, de cuidados y voluntarias que realmente queramos todos y todas para nuestras vidas. Un estudio reciente de Sorenson y Garman para Gallup estimaba que, en Estados Unidos, la productividad perdida como consecuencia del déficit de motivación en empleos impuestos por la necesidad de sobrevivir se traduce, año tras año, en cerca de 500.000 millones de dólares. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a consentir la ineficiencia de un sistema que, forzando a trabajar en aquello que no se desea, bloquea y sepulta dosis ingentes de talento y creatividad?

La alternativa al esfuerzo y el deseo es el miedo: el miedo a la precariedad, el miedo a la disciplina laboral arbitrariamente impuesta desde arriba, el miedo a la posible discrecionalidad de la burocracia estatal, el miedo al prójimo, el miedo al recién llegado. El mundo al que ha conducido el rentismo de las élites capitalistas se halla abierto en canal, y no son pocas las señales que alertan ante el peligro de la disgregación social y del auge de la cultura del odio. Frente a ello, dispositivos incondicionales como la renta básica pueden alimentar toda una cultura -y una praxis- de las oportunidades reales al alcance de todos y todas, para que seamos todos y todas, sin exclusiones, quienes tomemos las riendas de nuestras vidas y decidamos en qué tipo de mundo deseamos vivir. ¿Hasta cuándo nos atreveremos a posponer este giro civilizatorio?

David Casassas es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso, vicepresidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y empresa de la Universidad de Barcelona. Forma parte de la Junta Directiva del Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Su último libro es “Libertad incondicional. La renta básica en la revolución democrática” (Paidós, 2018).

Fuente: Cataluña Económica

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El discurso del capital

lun, 18/03/2019 - 17:41

Alejandro Nadal - Consejo Científico de ATTAC España

Hace muchos años la economista Joan Robinson señaló que tan pronto alguien cuestiona la idea de equilibrio, los economistas acuden presurosos a defender el concepto, como enjambre de abejas dispuestas a reparar el daño sufrido por su panal. Ese comportamiento propio de un insecto social es algo extraño y abre la puerta a una pregunta importante.

¿Quién toma la palabra cuando habla la teoría económica? Es una pregunta que puede parecer algo extraña. Alguien podría apresurarse a responder en primera aproximación que son los economistas los que toman la palabra. Pero esa respuesta superficial no es a lo que se refiere la pregunta. La interrogante es más rica e implica que mediante este discurso, que ya tiene unos 250 años de edad, está hablando un sujeto histórico. ¿Quién podría ser ese sujeto?

La pregunta necesariamente conduce a una visión histórica. Ese discurso tan peculiar que es la teoría económica no siempre existió como rama independiente de las ahora llamadas ciencias sociales. Es a partir de cierto momento en la historia que nace esta visión del mundo en la que la esfera de lo económico se percibe como objeto de estudio autónomo. Eso significa que estas relaciones sociales económicas pueden ser analizadas independientemente de consideraciones sobre lo jurídico, la política y la ética.

Es aquí donde encontramos el primer gran rompimiento en la historia del pensamiento social. Resulta que la teoría económica es el primer gran cuerpo del pensamiento sobre la sociedad que se independiza de la ética y echa por la borda el tema de la justicia. Ni el discurso sobre la política, ni el jurídico, habían dado ese gran salto. De verdad que es extraño este discurso de la teoría económica.

Sin embargo, estas consideraciones preliminares todavía no permiten contestar nuestra pregunta inicial. Para avanzar en la reflexión sobre esa interrogante hay que examinar la evolución de la teoría económica. Si nos remontamos a lo que se considera el texto fundador de este corpus analítico, el Ensayo sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, de Adam Smith (1776), encontramos dos vertientes distintas para el análisis económico. Por un lado, en los primeros capítulos de ese libro se nos ofrece una teoría de precios: es la teoría de la gravitación de los precios de mercado alrededor del eje de los precios naturales. Por otro, en su debate sobre sistemas económicos Smith nos presenta su metáfora de la mano invisible.

En Smith la teoría de la gravitación de los precios de mercado alrededor de los precios naturales es una teoría vinculada con la distribución del ingreso. Y en ese vínculo asoma su cabeza el espectro de la contraposición de intereses entre las distintas clases sociales. Smith reconoce de manera explícita esta oposición de intereses. En cambio, en su metáfora de la mano invisible nos describe un mundo de armonía social en el que los planes de los agentes egoístas son hechos compatibles al alcanzarse en el libre mercado un punto de equilibrio. Es esta segunda vertiente la que terminó por dominar la evolución de la teoría económica.

Desde 1830 el proyecto analítico de la teoría económica se enfocó en demostrar que el mercado era capaz de encontrar un punto de equilibrio si se le dejaba en libertad y se eliminaban los obstáculos a su desarrollo. Hacia 1870 el advenimiento de la teoría marginalista consolidaría ese proyecto con la ayuda de modelos matemáticos. La culminación se daría con la teoría de equilibrio general originalmente propuesta por Walras y continuada posteriormente por Hicks, Samuelson, Arrow y Debreu.

En lugar de preguntar ¿cómo funciona el mercado y qué consecuencias tiene?, la teoría económica se fue trazando la misión de demostrar que el mercado es socialmente benéfico. Para avanzar en este sesgo apologético del mercado buscó demostrar que las fuerzas del mercado son capaces de conducir a la sociedad a una asignación de equilibrio. Hoy sabemos que en esa tarea la teoría económica fracasó. Ese punto de vulnerabilidad es lo que provoca que, como bien observó Joan Robinson, los economistas acudan como enjambre de abejas a reparar el panal cada vez que el concepto de equilibrio es objeto de crítica.

Cabe señalar que existen varias corrientes que se consideran heterodoxas por no ajustarse a los cánones de la teoría dominante. La teoría poskeynesiana y el análisis de inspiración sraffiana son buenos ejemplos de lo anterior y no hacen la apología del capital. Al análisis de inspiración marxista la teoría dominante lo ha satanizado, porque es Marx el primero en haber hecho la crítica del capital y su discurso.

El sesgo apologético de la teoría económica respecto de la sociedad capitalista de mercado es lo que hoy permite contestar la pregunta inicial. Es el capital el que toma la palabra cuando habla la teoría económica. Marx es el primero en responder correctamente a la pregunta que planteamos al principio: la teoría económica es el discurso del capital.

La Jornada ( México )

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Jóvenes, conciencia planetaria

dim, 17/03/2019 - 14:30

La Jornada (México)

Un año después de que los jóvenes estadounidenses detonaran un movimiento nacional para exigir a los políticos de su país poner fin al descontrol absoluto en la tenencia de armas de fuego que casi cada semana son usadas en tiroteos masivos, la estudiante sueca Greta Thunberg ha logrado despertar entre las juventudes un movimiento global de alerta ante el cambio climático y llama a la acción urgente para encarar este desafío. Aunque pudieran parecer hechos inconexos, además de la edad de sus protagonistas, a estas manifestaciones las hermana un detonante: la constatación de que las personas en posiciones de poder, en su mayoría adultos, tienen nulo interés por el futuro del planeta y de las siguientes generaciones de seres humanos.

Esta conciencia queda plasmada en los lemas adoptados por quienes se han sumado a la huelga estudiantil contra el cambio climático, cuya consigna más repetida fue “si ustedes no actúan como adultos, nosotros lo haremos”.

El estado de emergencia que trasmiten lemas como están destruyendo nuestro futuro, actúa ahora o nada o no hay un planeta B distan de ser exageraciones: la temperatura global promedio es un grado más alta que antes de la era industrial y se estima que de continuar la tendencia de calentamiento, para finales de siglo el nivel medio del mar aumentará más de 60 centímetros, con catastróficos efectos para las poblaciones costeras del orbe.

Las consecuencias ya son palpables con fenómenos meteorológicos año con año más devastadores en términos de pérdidas humanas y materiales, así como en el daño probablemente irreversible a las criaturas con las que compartimos la Tierra: en menos de 50 años las actividades humanas han provocado la desaparición de 60 por ciento de las poblaciones de especies de aves, peces, mamíferos, anfibios y reptiles.

Por ello resultan incomprensiblemente mezquinas las reacciones como la del presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Nueva Zelanda, Michael William, quien descalificó el esfuerzo de los jóvenes y advirtió acerca de consecuencias por la pérdida de clases. En cambio, debe saludarse que estudiantes de todo el mundo demuestren una gigantesca visión y madurez –en lo que claramente rebasan a muchos adultos– para dimensionar la gravedad de un fenómeno que pone en jaque su futuro, así como para tomar en sus manos la tarea de crear conciencia en sus conciudadanos.

En suma, cabe hacer votos porque este nueva sacudida a la complacencia de los líderes mundiales y a la indolencia de la mayor parte de las sociedades logre trascender su momento mediático y sea un poderoso actor político que empuje la impostergable agenda en pro de la cordura en el uso de los recursos naturales; tarea de la que pende, de manera cada día más inocultable, la propia supervivencia humana.

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Comunicado aniversario asesinato Maireille Franco

ven, 15/03/2019 - 08:00

Solidaridad con las personas activistas y demócratas brasileñas

Marielle FrancoUn año después del asesinato de Marielle Franco en Río de Janeiro, el 14 de marzo de 2018.

ATTAC Europa se solidariza con todas las personas activistas y demócratas brasileñas en su lucha por los derechos sociales y políticos y por la democracia, y en contra el gobierno violento y autoritario de Brasil.

Marielle Franco y muchos otros activistas han sido víctimas de una respuesta asesina a su lucha contra la pobreza, el neoliberalismo y la corrupción. Como concejala, Marielle Franco defendía los derechos de las personas que habitan las favelas, oponiéndose a la violencia estatal contra las gente ignorada y oprimida que dejan atrás una sociedad dominada por los intereses de las transnacionales y por el 1% más rico.

Como activista feminista prominente, fue un símbolo de una lucha que integra el género y la igualdad racial y los derechos sociales y políticos, y alentó a la gente a comprometerse en la solidaridad. Por eso, así como la repercusión de su lucha contra las fuerzas económicas y políticas corruptas a nivel local, lo que llevó a su asesinato y al de su chófer en lo que fue una ejecución extrajudicial, en la que participaron oficiales del ejército cercanos al entonces presidente Michel Temer. Este asesinato, hace un año, mostró la violencia de las crecientes fuerzas políticas de la extrema derecha.

Apoyaremos su lucha exponiendo y combatiendo la complicidad económica y política entre el régimen actual de Brasil y las empresas y los políticos de nuestros propios países.

Este es nuestro deber común en honor de Marielle Franco y de todos los activistas asesinados en Brasil.

Red Europea de ATTAC, 14 de marzo de 2019

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La vida en el centro

jeu, 14/03/2019 - 14:15

Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

Las generaciones que ahora tienen 15 años o menos, cuando alcancen su madurez tendrán muchas dificultades para sobrevivir. Como si fuera una epidemia incontrolable, cada individuo sufrirá pequeñas hemorragias internas que progresivamente disminuirán su torrente sanguíneo. Con menos sangre circulando por sus venas, poco a poco sus músculos se irán atrofiando de forma que tendrán reducida su capacidad para moverse y su capacidad para inspirar oxígeno.

Por la misma razón, los huesos enfermos de osteoporosis padecerán fracturas espontáneas. Sus bocas, sin poder abrirse y cerrarse, estarán impedidas para pronunciar vocales y consonantes. Completamente mudas, no podrán ni pedir socorro. Esto es lo que está padeciendo el cuerpo vivo del que todas somos parte, la Tierra.

Como ya lo saben, como ya lo tienen claro, han decidido que es urgente hacerse oír. Con toda la contundencia posible, interpelando a las actuales generaciones adultas responsables del calentamiento global, pero no solo. La enfermedad es más grave y afecta a la perdida de fertilidad de la tierra, a una colosal extinción de la biodiversidad del Planeta, al aire contaminado de tóxicos o a un mar envenenado de plásticos. Todo aquello que es fundamental para la vida.

Cuando los viernes ‘black’ se han convertido en emblemas del consumismo desmedido, estas chicas y chicos han empezado a manifestarse cada viernes por todo el mundo. Es el movimiento conocido como Fridays for Future y frente a parlamentos o ayuntamientos exigen a las clases políticas que se adopten medidas medioambientales eficaces que frenen el calentamiento global.

En paralelo, también en los últimos meses, ha surgido otro movimiento global llamado Extinction Rebellion, que aquí se está desplegando con el nombre de Rebelión o Extinción. Y ojalá surjan más y más iniciativas pues según el último informe del IPCC de Naciones Unidas solo nos quedan 12 años para reducir de forma drástica las emisiones contaminantes si no queremos que la dinámica sea irreversible.

Pero, como algunas voces ya advierten, estas movilizaciones y su ‘sorprendente’ éxito en las redes deben de afinar con sus discursos si no queremos que se conviertan en una fenomenal propaganda para una industria emergente que, vestida de verde, ofrece bonitas soluciones tecnológicas a unos pocos privilegiados. Al más puro estilo Al Gore. En la alimentación ya lo hemos visto. Si las personas piden productos más saludables, las mismas transnacionales de la perniciosa agricultura industrial se encargan de producir de forma masiva productos ecológicos que recorriendo miles de kilómetros, llegan exclusivos a las bocas más sofisticadas, contaminando, explotando y expoliando igual que antes. ‘Desarrollo sostenible’ o ‘crecimiento verde’ son un oxímoron.

La rebelión para evitar la extinción y asegurar un futuro debe asumir que una civilización dominada por la idea del crecimiento y acumulación continua (capitalismo) nunca se salvará. Que nos inspiren también luchas como la de Berta Cáceres, campesina, feminista, indígena, asesinada ahora hace tres años. Su lucha era anticapitalista, la defensa de una cultura, poner la vida en el centro. Berta, como dijo el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal ante la muerte del guerrillero revolucionario Adolfo Báez, nosotras te decimos: “creyeron que te enterraban y lo que hacían era enterrar una semilla”. baixa

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Bankia, nuestra banca pública de depósitos

mer, 13/03/2019 - 16:16

Aurora Martínez Hernández - ATTAC Madrid

La “Campaña Parar la Venta de Bankia” sigue, pues aunque el MOU no fuerza a la privatización, las leyes españolas sí. Y la presión desde Europa, continúa. Por eso nuestro, primer paso es conseguir el apoyo popular para parar la venta de Bankia. Para esto debemos insistir en tres ideas poco utilizadas: una, que lo que asegura que un banco o una empresa funcione bien, no es que sea pública o privada: ¡Es que tenga un órgano efectivo de control! Control que no tenían ni los presidentes de las Cajas ni los Alcaldes. De ahí la corrupción y su deficiente gestión. Ahora con auditorias, muchos ayuntamientos ya tienen superávit. Nuestro banco público tendría un órgano de control o vigilancia similar al que tiene La Caisse des Dépôts francesa, formado por parlamentarios, altos funcionarios y personalidades ciudadanas, y daría cuenta en el Parlamento.

La segunda idea es que en nuestra banca pública los ahorros de los ciudadanos estarán más seguros, porque no financiarán actividades especulativas, que son más arriesgadas. Los primeros bancos más solventes del mundo son públicos.
Y la tercera idea es que se necesita que Bankia funcione como pública, no como ahora, y pueda invertir en un nuevo modelo productivo. Actualmente Bankia destina unos 120.000 millones de euros a prestar a sus clientes, unas 8 veces los préstamos del ICO. , que se podrían destinar a inversiones de utilidad públicas, según se fueran liberando. El problema, la cada vez menor presencia de la banca en el sistema financiero.

El segundo paso sería dilucidar si queremos que Bankia funcione ya como pública: financiando algún proyecto público, o que el FROB entre en su Consejo (cambiando el artículo 54.7 de la Ley 9/2012) o que Bankia sea totalmente pública, comprando el 38% de su capital privado, unos 3000 millones de Euros, que se podría financiar con sus beneficios, si no se reparten. Esta decisión permitiría que Bankia dejara la bolsa, y así evitar que la compren.  Estos temas nos obligan a estar en contacto con las organizaciones europeas que defienden casos similares a los de Bankia, como el de Royal Bank of Scotland en el Reino Unido o el de Belfius, en Bélgica.

Hablar de la organización territorial de la banca pública nos lleva a la urgente necesidad de iniciar un gran debate sobre el nuevo modelo productivo, donde se decidan prioridades nacionales y autonómicas a las que financiar. Pues las sucursales autonómicas tendrán que adaptar sus inversiones a los planes de desarrollo de sus comunidades y también dar cuenta en su Parlamento. El problema surge para las Comunidades Autónomas donde no llega Bankia. Para este caso habrá que manejar soluciones como comprar sucursales de los bancos medianos, utilizar las oficinas de correos, convenios con las cooperativas de crédito o la banca ética, o promover fintechs públicas.

Nuestra referencia es la banca pública alemana que financia la industria local por todo su territorio. ¡Y no la dejaremos que dé pérdidas, porque la Ley General Presupuestaria contempla consignaciones para las inversiones públicas y el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo permite!

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La economía mundial en su menor nivel de crecimiento desde la crisis 2008-2009

mar, 12/03/2019 - 13:56

Marco Antonio Moreno - Consejo Científico de ATTAC España

La economía mundial se está debilitando ante el incremento de las incertidumbres, las tensiones comerciales y la madurez de un ciclo expansivo que podría estar llegando a su recta final. Las consecuencias de todos estos eventos comenzaron a evidenciarse durante 2018, año que ha dejado como resultado el ritmo de expansión más débil desde la crisis financiera global de hace una década. El crecimiento del PIB mundial en el cuarto trimestre de 2018 fue del 2,1% sobre una base anualizada, bastante por debajo del casi 4% que registró a mediados del año pasado. Si bien existe la posibilidad de que la economía encuentre un punto de apoyo y se detenga la desaceleración, el riesgo es que esta pérdida de impulso profundice más el deterioro. Los principales indicadores publicados por la OCDE muestran un desplome de la actividad en EEUU, Reino Unido, Canadá y la Eurozona en su conjunto, incluidos Alemania e Italia.

La OCDE advirtió este lunes los preocupantes signos de ralentización de la actividad económica en la mayor parte de sus países miembros, y que dentro de la zona euro esos signos son particularmente marcados en Alemania y en Italia. Para estos dos países, los indicadores compuestos avanzados que señalan por anticipado inflexiones en el ciclo económico cayeron en enero de forma significativa, 19 centésimas para Alemania y 9 para Italia, de forma que quedaron respectivamente en 99,38 puntos y 99,18 puntos, por debajo del nivel 100 que marca la media de largo plazo. Las señales de ralentización se continúan repitiendo en otros de los grandes países de la organización como Estados Unidos (su indicador cayó 23 centésimas a 99,05 puntos), Canadá (-15 centésimas a 98,85 puntos), Reino Unido (-17 centésimas a 98,41 puntos)

La semana pasada, la Oficina de Empleo de EEUU informó de que el empleo creció a su menor ritmo en más de dos años. Es posible que haya factores únicos a los cuales apuntar, pero la magnitud del resultado pone en el tapete la idea de que la economía pierde fuerza relativamente rápido. Esta semana, China estará en el centro de atención con la publicación de sus ventas minoristas, datos de inversión, crédito y producción industrial. Ayer también se confirmó que Turquía entró en recesión durante el último trimestre de 2018, la primera caída del PIB durante dos trimestres consecutivos en una década.

En Alemania, la producción industrial cayó inesperadamente en enero, aunque la revisión al alza del mes anterior anuló parte del pesimismo. Aún así, un índice de manufactura apunta a una caída prolongada y la producción ha registrado disminuciones interanuales durante tres meses consecutivos.

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