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Justicia económica global
Mis à jour : il y a 5 heures 30 min

¿Hay una nueva derecha latinoamericana?

sam, 17/11/2018 - 11:42

Emir Sader – Público.es

La derecha latinoamericana se renovó y ensanchó sus fuerzas cuando adhirió al modelo neoliberal. Pasó a reivindicar el futuro, buscando relegar la izquierda al pasado. Incorporó fuerzas socialdemócratas e incluso de origen nacionalista, ampliando su bloque político.

La izquierda tardó un poco en reaccionar, un tanto atónita frente a tantos golpes – fin de la URSS, enfrentarse a una ofensiva global del neoliberalismo, perder los aliados socialdemócratas, debilitamiento de los sindicatos, de los Estados, de los mismos partidos. La afirmación tan reiterada de que, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, parecía muy real.

Hasta que a izquierda se dio cuenta que el capitalismo había vestido una ropa neoliberal y que la izquierda tiene que ser una izquierda antes que todo antineoliberal. Fue dura la pelea de resistencia a los flamantes gobiernos neoliberales, porque no se daba solo en contra de la derecha tradicional, sino también en contra de gobiernos como los de Menem, Cardoso, Carlos Andrés Pérez, de la Concertación chilena, entre otros.

Pero finalmente la izquierda logró ganar elecciones y mostrar a lo que venía, con los gobiernos antineoliberales. La derecha quedó acusada, perdió iniciativa, actuaba como respuesta al éxito de las políticas sociales de los gobiernos de la izquierda, pasó a afirmar que las iba a incorporar, pero en el marco del modelo neoliberal.

Después de sucesivas derrotas, la derecha vuelve al gobierno en Argentina y en Brasil. La victoria de Macri provocó reacciones apresuradas de que el macrismo se había vuelto el partido de la derecha argentina y que venía para quedarse. En Brasil ahora se dice lo mismo con Bolsonaro. Hay que preguntarse si hay de hecho una nueva derecha en América Latina.

Lo que es cierto es que la que fue la derecha hasta entonces se ha degastado con su modelo neoliberal y dejó espacio abierto para nuevas fuerzas, más radicales a la derecha. Pasó ello con el Partido Radical en Argentina, sin que liderazgos de centro dentro del peronismo hayan logrado ocupar ese lugar, finalmente ocupado por el macrismo. Pasó lo mismo con el desgaste del PSDB en Brasil, dejando campo para el avance del bolsonarismo.

¿Pero cuánto tienen de nuevas esas fuerzas y que aliento tienen para quedarse por largo plazo? Es cierto que se han vuelto los representantes políticos de las derechas de esos países. Es cierto que llegan con fuerza y con planteamientos de ultra derecha, especialmente en el caso de Brasil. Pero el debilitamiento rápido de Macri, por los pies de barro que tiene siempre la derecha con su modelo neoliberal, indica que fueron un poco apresuradas las previsiones de su aliento largo. Al igual que Bolsonaro que, como Macri, está condenado al vaciamiento de apoyo, conforme todos se den cuenta que la recesión y el desempleo se mantendrán, por la continuidad del modelo neoliberal, más allá de sus discursos, de los cuales ya ha reculado en varias promesas – como el fin del ministerio del trabajo, entre otros.

Pero es una nueva derecha más radical, bastante más radical, en el caso de Bolsonaro. Que se vale de debilidades de las fuerzas de izquierda, pero que, no por ello, vino para quedarse en los gobiernos. Tienen en común las acusaciones de corrupción en contra de la izquierda, intentando aparecer como los no corruptos, que la van a combatir. No importa el grado de realidad de esas acusaciones. Importa que ellas han logrado imponer a la opinión pública la imagen de que los gobiernos, los dirigentes y los partidos de izquierda se han envuelto en corrupción. Y hacer como si los de derecha, no. Así como el diagnóstico de que los problemas económicos actuales son todavía efectos de los gobiernos de izquierda. En lo primero tienen éxito generalizado, en lo segundo tienen bastante más en Argentina que Brasil.

¿Es una nueva derecha? Si. ¿Llega con fuerza al gobierno? Si. ¿Vino para quedarse? Como nueva representante de la derecha, probablemente. ¿Gobernará por un tiempo largo? Difícilmente. Esto depende de la capacidad de la izquierda de unirse y de readecuarse a los temas del debate planteados por esa nueva derecha, volver a presentarse como la renovación de la política, la defensora de la trasparencia en la política, así como retomar los temas pendientes en la superación del neoliberalismo con más fuerzas, como la democratización de los medios, al cual se une ahora la democratización del Poder Judicial. Ahondando siempre en la vía democrática, ensanchando los espacios que existan, creando otros, para que la fuerza de la resistencia de masas al neoliberalismo vuelva a traducirse en fuerza política.

Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).

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Declaración de ATTAC – ARGENTINA

ven, 16/11/2018 - 15:00

  ATTAC ARGENTINA

           Denunciamos la persecución ideológica y el intento de amedrentarnos

Desde ATTAC – Argentina les decimos “No lograrán AMEDRENTARNOS”. ATTAC es una organización mundialmente reconocida por su activismo contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero. Resulta absurdo y repugnante que un gobierno plagado de evasores, con cuentas off shore  pretenda manchar a una organización como ATTAC  acusándola de lavado de dinero. Las sumas que recibió ATTAC – Argentina, como donación por parte de organizaciones internacionales de renombre, que comparten nuestras ideas, además de ser ínfimas, fueron recibidas cumpliendo con toda la normativa bancaria y, fueron destinadas, con el correspondiente respaldo documental, a realizar campañas contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y el pago de las ilegítimas Deudas Públicas, de los países del tercer mundo. No tenemos nada que esconder, nuestras acciones e iniciativas son abiertas y públicas.

Esta estrategia que el gobierno argentino viene utilizando contra organizaciones del campo popular ha despertado expresiones de solidaridad a nivel nacional e internacional.

Como integrantes de la Confluencia Fuera G20/FMI trabajamos con el fin de desnudar la obscenidad de la reunión del Grupo de los Veinte (G20), que necesita blindar la ciudad para funcionar, junto a las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIS): FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que necesitan 25 mil efectivos que los protejan, viajar en porta-aviones y utilizar sofisticados aparatos de seguridad, con el gasto que ello conlleva. Ya que se trata de una cumbre donde está el selecto grupo de Presidentes y Jefes de Estado de veinte poderosos países que se arrogan el derecho a decidir, dejando afuera a los 174 países soberanos restantes; una cumbre a la cual asistirán Trump, Macron, Putin, Merkel, etc y asesinos de la talla del príncipe heredero Mohamed bin Salman, involucrado en el caso del periodista asesinado  Jamal Khashoggi.

Nuestro objetivo, en el marco de la Semana de Acción Global contra el G20 y el FMI, es denunciar a este foro que no nos representa, así como debatir y buscar alternativas a la profunda crisis en la que estamos inmersos, no sólo en Argentina sino a nivel regional y global. La crisis económica, financiera, alimentaria, energética, climática, en fin, civilizatoria, no va a ser paliada con las políticas que recetan el G20 ni las principales Instituciones Financieras Internacionales, como el FMI.

Ahora, en ese contexto, no nos sorprende esta nota intimidatoria de Infobae. Es la mejor demostración del amedrentamiento que se quiere realizar contra las organizaciones sociales argentinas, intentando “meter miedo” y dividir a la sociedad argentina. Es una acción de represión preventiva para justificar cualquier acción de las fuerzas de seguridad contra las movilizaciones pacíficas que se realizarán el 30 de Noviembre, para repudiar la llegada del G20.

Asimismo, repudiamos el señalamiento de la doctora Beatriz Rajland, reconocida Abogada y activista de Derechos Humanos, investigadora de la Agencia de Ciencia y Técnica, Profesora Titular regular de Teoría del Estado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Señalando, a su vez, que su nombre está asociado a la resistencia civil contra la dictadura militar y, que ha sido un permanente ejemplo de coherencia y compromiso.

Desde ATTAC – Argentina, no aceptamos que se nos intente “perseguir” y amedrentar con falsas acusaciones. No tenemos nada para ocultar, al contrario: nuestras mochilas están llenas de ideas, propuestas y sueños por Otro Mundo Posible.

Noviembre de 2018

                                      ATTAC Argentina

                                               Twitter: @attacargentina

                               Facebook: http://www.facebook.com/attac.argentina

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Ayuntamientos en el olvido

ven, 16/11/2018 - 14:24

Carlos Martínez García - Consejo Científico de ATTAC España

 

Cuando hablamos de municipios en España, pareciera que tan solo son cinco o seis capitales de provincia, en realidad hay 8.124 aproximadamente. Existen lógicamente diferentes tipos y tipología de municipios pero en el estado español, todos los ayuntamientos son iguales ante la ley, todos tienen autonomía y competencias propias, son además no solo parte del Estado, sino Estado. Más antiguos que las propias Diputaciones y por supuesto mucho más antiguos y sabios que las Comunidades Autónomas. Los ayuntamientos son expresión del poder local y deben dejar de ser corporaciones locales para ser gobiernos locales. El Gobierno local debe tener los órganos de control correspondientes no solo institucionales, sino ciudadanos y barriales o comunales. Contando además con las nuevas tecnologías a la hora de establecer consultas etc. pero, ofertando medidas alternativas al objeto de superar la importante brecha digital existente, mucho más numerosa de lo que pudiera parecer. Desde que el espíritu de clase -de clase media- y lo postmoderno se ha apoderado de la política parece ser que todo el mundo tiene internet en casa o se maneja con un móvil y eso es cierto. Hay que regresar a las asambleas de vecinas y vecinos.

Pero es que hay que volver a rescatar los municipios, sobre todo su autonomía politica, fiscal y de gasto, de inversión social.

Los ayuntamientos tienen tres adversarios declarados, muy claros y otro más tolerante y/o incluso colaborador. A saber, el primero y hablando del estado español es la Ley Montoro o la LARSAL, ley de racionalización de las administraciones locales impuesta por el PP y que a pesar de tres sentencias que la modifican sustancialmente, sigue vigente inexplicablemente, conviertiendo a los ayuntamientos en meros prestadores de ciertos servicios, controlados y como certeramente señala el profesor Manuel Zafra ofertados a bajo precio. La ley Montoro es la transposición de las directivas europeas UE, de austeridad y de control de techo de gasto, pero va más allá y asume la filosofía politica de la UE en el sentido de tratar de eliminar ayuntamientos o al menos disminuir sus inversiones en políticas sociales, culturales, de fomento y de dotaciones y servicios, imponiendo la privatización de los servicios municipales, que la ley Montoro -la LRSAL- no solo insinúa sino que obliga.

El segundo terrible adversario de los municipios es la patronal. La gran patronal plantea la disolución de unos 5000 ayuntamientos, con una gran carga demagógica, pues en realidad lo que desean es comerse todo el pastel de los servicios públicos municipales mediante la privatización generalizada y hacer negocio de lo público. Si los servicios públicos no pudieran ser negocio, la patronal no intervendría. Por eso reduciendo municipios hay menos personas con las que negociar… Convencer… Invitar a comer… hay menos plenos y menos contratos que hacer con lo que la gestión se simplifica y también la gestión de las grandes contratistas de las que Florentino Pérez es el gran manejero, se hace más sencilla y por tanto más beneficios todavía. Por eso revertir las privatizaciones es imprescindible para cualquier práctica municipalista honrada y en defensa de los derechos de las vecinas y vecinos.

El tercer enemigo; número uno es la ideología neoliberal y conservadora. Un municipio concebido como mero prestador de servicios es además un negocio redondo y la idea neoiliberal de que lo importante son los servicios y no quien los presta, no es sino excusa para favorecer negocios de empresas privadas en detrimento del poder local. Los ayuntamientos por otro lado son un instrumento político muy peligroso para las derechas, pues extiende la participación politica y conforma un poder local democrático y republicano, muy difuso y difícil de controlar. Por eso se ha inventado el techo de gasto, pues a pesar de los pesares los ayuntamientos son la administración pública española que menos despilfarra y mejor gestiona, insistimos a pesar de los pesares y la numerosa publicidad pagada en los medios corporativos de comunicación contra los ayuntamientos.

En cuarto lugar las Comunidades Autónomas, tratan de tutelar de forma ilegal por cierto, a los ayuntamientos. Los ayuntamientos en sus materias de competencia son al menos tan autónomos como las Comunidades. Las CCAA han creado todas ellas poderosas redes clientelares que duplican las administraciones de forma innecesaria al objeto de controlar municipios que no son de su color político o pagar favores a los de su cuerda. Las CCAA controlan un gasto superior ya al del Estado, pero asfixian e impiden que los municipios puedan tener suficiencia financiera al objeto de servir a los intereses de sus habitantes. Las CCAA, manipulan o desprecian la gestión local y jamás y ninguna de ellas respeta el principio de subsidiariedad invadiendo competencias locales. Son por tanto adversarias si bien tratan de disimularlo y se llenan la boca de supuestas colaboraciones.

Por tanto la demanda de que el gasto público se reparta en un 50%-25%-25% sigue siendo necesaria. En cualquier caso que Estado y CCAA se repartan el total de lo suyo pero dejen de meter la mano en la caja local.

Finalmente los ayuntamientos y las próximas elecciones locales son una excelente oportunidad para la izquierda al objeto de consolidar poder territorial y hacerlo de la mano de los ciudadanos e impulsar candidaturas republicanas y de cambio social real y transformador. Por eso a la derecha y a todos los aparatos políticos lo local les da grima y meten la mano, controlan, sancionan, o disuelven pues en realidad la democracia local les preocupa y mucho, pero para controlarla desde arriba.

Politólogo, de la plataforma socialista pro PSF

Publicado en  Nuevatribuna

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Italia, Europa, déficit público y populismos

jeu, 15/11/2018 - 13:03

Fernando Luengo – Público.es

La magnitud del déficit público y la senda de reducción del mismo enfrentan al gobierno de Italia y a la Comisión Europea, la cual ha rechazado y obligado a rectificar el borrador de presupuesto presentado. La lectura política, interesada, que se hace de ese desencuentro es la pugna entre el populismo irresponsable, abanderado por los dirigentes italianos, y la defensa firme de la construcción europea por parte de las autoridades comunitarias.

El discurso dominante defiende la necesidad de reducir el déficit público; o, para ser más exactos, situar esa reducción como la piedra angular de una buena política económica. Quien se atreva a defender otro planteamiento, distinto u opuesto al oficial, quien cuestione ese enunciado, elevado a dogma, no sólo queda desacreditado y desacreditadas sus reflexiones en materia de economía, sino que inmediatamente es arrojado al confuso magma de los populismos de uno u otro signo, cuyo denominador común sería la eurofobia y el nacionalismo desintegrador.

Si bien, evidentemente, no es indiferente el nivel de déficit público que tiene una economía, creo, sin embargo, que hay buenas razones para impugnar una línea argumental que ha encerrado, literalmente hablando, la reflexión económica y la acción política en asuntos como los ajustes fiscales y la fijación del techo de gasto. En las páginas que siguen se presentan algunos de los elementos que, en mi opinión, deben ser tenidos en cuenta para construir un relato alternativo.

Hay que empezar por decir que la crisis económica es un fenómeno complejo que, en modo alguno, admite un planteamiento tan pobre y sesgado. Es cierto que, al menos en teoría, se reconoce esa complejidad, pero en la práctica, como acabo de mencionar, el grueso del debate -económico, político y mediático- y de la acción pública están enfocados a los ajustes presupuestarios.

Situar estos ajustes en el epicentro de la agenda política significa aceptar, de hecho, el diagnóstico de que la causa de la crisis y el principal obstáculo para su superación se encuentra en el desorden de las cuentas públicas. Este es un buen diagnóstico para quienes ocultan o ignoran que la marea de fondo que está detrás de la crisis apunta, sobre todo, a una industria financiera hipertrofiada, al aumento de la desigualdad, a la exacerbación de las disparidades productivas y comerciales dentro de la Unión Europea (UE), a la intensificación de la concentración empresarial, al mantenimiento de unas estructuras patriarcales, a un diseño institucional de la zona euro funcional a los intereses de las oligarquías y de los países más poderosos, a la relación depredadora con la naturaleza y al cambio climático. Todos estos factores desbordan, con mucho, el ámbito de las finanzas públicas -aunque, por supuesto- afectan y se ven afectados por las mismas-, quedando (deliberadamente) sepultados en un planteamiento tan reduccionista como el actual.

Hay que reconocer, en todo caso, que, en efecto, Italia y el resto de economías periféricas se enfrentan a un grave problema presupuestario. Dicho problema no reside tanto en un supuesto déficit público excesivo como en la reducción de la carga tributaria soportada por los beneficios corporativos y las grandes fortunas y patrimonios, la competencia fiscal dentro de la UE y la existencia, también dentro de las fronteras comunitarias, de verdaderos paraísos fiscales. Dice mucho del sesgo de las políticas implementadas y de la captura de las instituciones por las elites que poco o nada se haya avanzado en estos ámbitos en las últimas décadas o que nos encontramos en una dinámica de abierta regresión.

La reducción del déficit público se ha convertido, ya lo era antes del estallido de la crisis económica, en un objetivo en sí mismo. Se presume -sin respaldo teórico ni empírico y con una notable carga de ideología- que los ajustes presupuestarios son la clave para que mejoren el resto de los indicadores económicos y, de este modo, salir de la crisis. De acuerdo con este planteamiento, limitar la cuantía del déficit público mejoraría el balance macroeconómico y “liberaría” recursos en dirección a la iniciativa privada, más eficiente, que los convertiría en capital productivo, con el resultado global de un crecimiento más intenso y sólido.

Una falacia tras otra. Resulta inaceptable presuponer la existencia de un nexo automático y mucho menos inexorable entre dicho ajuste, por un lado, y el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad de los procesos económicos, por otro; estos son los genuinos objetivos de la política económica, a los cuales tiene que someterse cualquier otra consideración. Las medidas de contención del déficit público sólo encontrarían legitimidad si son un instrumento que nos permite avanzar en esa dirección, lo que evidentemente no ha sucedido.

La obsesión por aplicar esas políticas, en un contexto de debilidad del consumo y de la inversión privada, tienen, inevitablemente, un efecto contractivo, prolongando y agravando la crisis, y dificultando su superación. Se oculta lo que, por decencia y por evidencia, ya no se puede ocultar; que seguir esa hoja de ruta ha tenido costes enormes, muy desigualmente repartidos. A pesar de los esfuerzos presupuestarios que ha soportado la ciudadanía, especialmente los grupos de población más vulnerables, los parámetros macroeconómicos permanecen frágiles, la debilidad de los tejidos productivos es manifiesta, la mayor eficiencia del sector privado respecto del público es discutible y el crecimiento económico resulta endeble e inestable.

Hemos heredado, como consecuencia del fracaso de la construcción europea en materia de convergencia (por mucho que, contra toda evidencia empírica, el discurso oficial lo niegue) unas disparidades productivas, comerciales y sociales entre las regiones y los países comunitarios muy pronunciadas. Seguir las prescripciones de los que postulan las virtudes y la urgencia de las políticas austeritarias agrava las fracturas entre el centro y la periferia, condenando a una posición subalterna a las economías y a las regiones que han acumulado a lo largo de las décadas un rezago mayor.

Aunque, en teoría, la reducción del déficit público abre una página que puede escribirse con políticas de signo muy diferente, la correlación de fuerzas -un factor, sin duda decisivo, que oculta la economía convencional-, ampliamente favorable a los intereses de los privilegiados, impone las más regresiva para la población: reducción del gasto público social y productivo y aumento de la carga fiscal sobre las clases populares.

El relato dominante presenta los ajustes presupuestarios como la piedra angular de una “economía normalizada”. Al razonar de esta manera, saca este asunto del debate público y político, que queda confinado, en el mejor de los casos, a especificar los ritmos y los plazos en los que se acometerá este objetivo.

Esos ajustes ocultan lo que las fuerzas del cambio deben poner sobre la mesa, negro sobre blanco: la lucha de los poderosos por reforzar sus privilegios y expropiar a la ciudadanía. La reducción del déficit público forma parte de una agenda -cada vez más visible y explícita que oculta- de saqueo y derribo de los espacios sociales y productivos públicos, con el único propósito transferir renta y riqueza desde la esfera pública a la privada. La estrategia de los grandes capitales es, pues. convertir lo público en negocio, cuestionando y vaciando de recursos las políticas de signo redistributivo, debilitando de paso la resistencia social articulada alrededor de la defensa de las mismas. Este es el sentido profundo de las denominadas políticas de austeridad presupuestaria y de las reformas de la arquitectura institucional promovidas desde Bruselas.

Por todo lo anterior, oponerse a esas políticas y al escenario que propician y ofrecer alternativas a las mismas es una cuestión crucial. La asociación disciplina presupuestaria/ Europa en oposición al desorden de las cuentas públicas/no Europa es una trampa en la que no debemos caer. La izquierda transformadora debe posicionarse con claridad en ese debate, alumbrando un relato que nos reconozca política y socialmente. Aquí está una de las claves para bloquear el avance de la extrema derecha y también para impedir que Europa quede secuestrada por las políticas y los intereses del neoliberalismo.

Me parece evidente que hay que pelear en el corto plazo para hacer valer las necesidades sociales y productivas de aquellas economías que han sido especialmente maltratadas por la crisis y por las políticas impuestas desde Bruselas, lo que significa trasladar a las instituciones comunitarias la voluntad política y la exigencia de superar la camisa de fuerza representada por los objetivos de déficit público.

Es cierto que la política económica seguida por el gobierno portugués -basado en una amplia alianza de las izquierdas- indica la existencia de cierto margen de maniobra a la hora de implementar unos presupuestos públicos con contenido social. Pero resulta igualmente evidente que el gesto autoritario con que la Comisión Europea ha despachado el programa presupuestario italiano y las dudas que se ciernen sobre el presentado por el gobierno socialista español, resultado de un acuerdo con Unidos Podemos,  por no hablar de la política de acoso y derribo contra el gobierno griego de Syriza, nos hablan de una Europa restrictiva, enfrentada a los intereses de las mayorías sociales. Dispensar rango constitucional a una opción de política económica que pivota alrededor de los ajustes presupuestarios, de marcado perfil conservador, y someter los parlamentos nacionales a instituciones supraestatales carentes legitimidad democrática sitúa a Europa en una preocupante deriva autoritaria.

Poner en el centro la redistribución de los ingresos y la riqueza ampliaría el margen de actuación de los gobiernos, sin salirse de las estrictas normas presupuestarias fijadas desde Bruselas. En este asunto las fuerzas del cambio tienen que defender con determinación la progresividad tributaria, revertir una dinámica fiscal que, desde hace décadas, beneficia a las grandes fortunas y patrimonios, perjudicando a las clases populares; siendo muy conscientes de las resistencias (por parte de los defensores del actual orden de cosas) y de los temores (por parte de la izquierda tradicional) a la hora de avanzar en esa dirección.

El cuestionamiento de los muy restrictivos (sobre todo para las economías más débiles) objetivos presupuestarios abren un debate, un espacio político y una agenda pública muy necesarios para los que defendemos Otra Europa. En esas coordenadas más amplias, hay que plantearse la necesidad de que los gobiernos recuperen la soberanía presupuestaria y un profundo cambio en la política económica, donde la redistribución y la convergencia ocupen la centralidad que merecen. Avanzar en esa dirección exigiría, al menos, la derogación del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, las desconstitucionalización de las políticas austeritarias, la introducción, en oposición a la condicionalidad macroeconómica actual, de una condicionalidad social y ecológica, una sustancial ampliación del presupuesto comunitario y la reformulación del tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.

Es evidente que una Europa levantada sobre esos pilares colisiona abiertamente con la actual institucionalidad y la que surgirá de las reformas previstas desde Bruselas, y con los intereses que las sostienen. Por esa razón, todos los escenarios están abiertos y deben ser contemplados, incluida la disolución o salida de la zona euro. En todo caso, que se abra el que someramente he perfilado o que se impongan las inercias más conservadoras y reaccionarias dependerá, en buena medida, de la correlación de fuerzas en presencia. El enorme desafío de las fuerzas del cambio es elaborar un relato valiente y coherente que -lejos de la banalidad de la retórica europeísta y de la demagogia e inconsistencia de los populismos de extrema derecha- permita disputar a las elites, defendiendo una economía para las mayorías sociales, el espacio europeo (y global).

Miembro de la Secretaría de Europa de Podemos y del círculo de Chamberí
Twitter: @fluengoe
Blog Otra Economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

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La ofensiva reaccionaria

mer, 14/11/2018 - 13:22

Albert Recio Andreu - Consejo Científico de ATTAC España

I

Una amenaza se cierne sobre la democracia. Y no es el comunismo, sino una oleada de fuerzas reaccionarias que pueden poner en peligro conquistas sociales y políticas que deberían ser irreversibles. No es un simple retorno del fascismo clásico, pero tiene con él muchos elementos en común, empezando por la demagogia de presentarse como una fuerza antisistema (no en España, aquí siempre somos diferentes) y practicar las políticas más radicales del establishment. Trump marca el camino y a su rebufo se sitúa toda la reacción de Europa y Latinoamérica. No puede descartarse que, al menos en Europa, las largas manos del tío Sam estén esforzándose en apoyar a estos movimientos con el fin de eliminar a un posible competidor en la esfera planetaria. En cualquier proceso político local siempre juega una dimensión internacional.

II

En el análisis de la situación hay dos interpretaciones que aparecen con insistencia: la de que hay una vuelta del fascismo y la de que este es el resultado de los efectos que han provocado la globalización y el neoliberalismo. Siempre tendemos a recurrir a experiencias del pasado para caracterizar el presente. Es un recurso que nos facilita comprender los procesos, pero que también nos impide reconocer aquello que de nuevo plantea el fenómeno.

Es cierto que la ola reaccionaria actual tiene una importante conexión con otros movimientos del pasado: autoritarismo, supremacismo blanco y masculino, nacionalismo excluyente… Pero hay también diferencias. De entrada, el fascismo clásico fue en gran parte una respuesta a la Revolución de Octubre y al ascenso del movimiento obrero. Hoy, en cambio, esta “amenaza” no existe; el capitalismo no tiene, hoy por hoy, una alternativa consistente. Lo que enerva en la actualidad a mucha gente es el miedo a la invasión, al “bárbaro” que viene de fuera, al deterioro de los servicios públicos. Y el “enemigo” no es una masa organizada que plantea un cambio de las reglas de juego sino una masa de personas pobres, de fuera o de dentro (algo que es especialmente fuerte en las sociedades con una larga tradición de políticas racistas, como en el caso de Brasil o Estados Unidos), que pone en peligro el bienestar de los de siempre. A ello se suma también una clara hostilidad antiintelectual porque las capas sociales cultas son vistas a la vez como peligrosas defensoras de políticas progresistas (de hecho, en casi todos los países estos sectores votan “izquierda”) y unas privilegiadas que no hacen lo que piensan.

Pero, si bien es obvio que la crisis ha realimentado la cultura reaccionaria, no parece que por sí sola pueda explicar el fenómeno. En algunos países, el crecimiento de los partidos ultras es anterior a la crisis (como en el caso del Front National francés). En otros, como Italia, el deterioro de la cultura de izquierdas y el auge de un populismo reaccionario vienen de lejos (lo de ahora no puede entenderse sin la Liga Norte y el berlusconismo). Polonia no es ni de lejos el país más afectado por la crisis… La oleada actual es el resultado de un largo proceso, que la crisis sin duda ha realimentado, que ha construido una base social proclive a dejarse seducir por los vendedores de alternativas reaccionarias.

En la construcción de esta oleada se combinan elementos que actúan en distintos planos. Por una parte, muchas de las ideas reaccionarias tienen un largo recorrido histórico y su presencia social es quizá mucho más extendida de lo que a menudo pensamos. Cuenta además con anclajes institucionales, como el papel de muchas (y diversas) organizaciones religiosas que no solo las transmiten sino que también participan activamente en la configuración de la vida cotidiana de millones de personas. Por otra, los medios de comunicación de masas, lejos de ayudar a crear una ciudadanía informada y crítica, favorecen la formación de percepciones simplificadas de la realidad, convierten el debate político en una especie de competición deportiva o de concurso de belleza… y tienden más a reforzar los prejuicios de cada cual que a generar una verdadera cultura de debate democrático. No actúan en el vacío, sino en un sistema productivo y de consumo que promueve la individualización, la segmentación social, el apoliticismo. Es cierto que las élites políticas se han mostrado demasiado amigas de los grupos de poder y demasiado encerradas en sí mismas. Pero el discurso de los medios ha reforzado el desprestigio de la acción colectiva, no solo de la política, y ha propiciado la eclosión de personajes que hacen del personalismo, el autoritarismo y el antiintelectualismo la marca que seguir (aunque sean distintos, hay alguna conexión evidente entre un Beppe Grillo y un Trump). Y todo ello ocurre en un contexto en que la gente vive una situación de verdadera quiebra de unas estructuras productivas que daban seguridad y de cambio global que mucha gente vive con verdadero pavor.

La crisis ambiental y las fuerzas desatadas por la globalización (en forma de deslocalizaciones, migraciones internacionales, turismo de masas, políticas de ajuste impulsadas desde instancias internacionales, etc.) contribuyen a generar tensiones que afectan de forma desigual a la vida cotidiana de millones de personas, incertidumbres y cambios. Casi siempre, las causas del proceso exigen un nivel de comprensión que escapa a la mayoría de la población. Y las respuestas que hay que dar a estos retos nunca son ni de la sencillez ni de la rapidez con que la gente espera recuperar su normalidad.

Pienso en casos con los que me he topado en diversas ocasiones. Por ejemplo, la crisis de la minería del carbón asturiana puede ser producto tanto de la competencia internacional y de decisiones adoptadas en Bruselas como de una política ambiental responsable. Pero, a corto plazo, lo que la población local advierte es que se pierden puestos de trabajo y que las alternativas a corto y medio plazo no existen. De igual forma, la llegada de menores marroquíes, por ejemplo, puede ser producto de causas diversas (crisis económica o ambiental en su modo de vida tradicional, política deliberada del gobierno marroquí, presión familiar, aventura juvenil, etc.), y su comportamiento en el país de llegada puede ser más o menos conflictivo en función de las políticas de acogida. Pero en muchos casos su llegada genera algún tipo de molestia a la población local, y las respuestas suelen tardar en concretarse o ser insuficientes. Pongo dos casos extremos en que la complejidad del tema y la dificultad de ofrecer respuestas adecuadas, con medios suficientes e ideas claras, son manifiestas. Son dos campos en los que un líder reaccionario que defienda o fomente el proteccionismo, desprecie las regulaciones ambientales y/o promueva políticas migratorias restrictivas puede ser fácilmente aceptado por una población que participa de la cultura xenófoba y que nunca se ha planteado la validez de lo que estaba haciendo.

III

No existe una respuesta fácil a estos retos, y hay grandes posibilidades de que se opte por soluciones equivocadas. La orientación de diversas fuerzas de izquierda europeas hacia un “nacionalismo de izquierdas” para combatir el “nacionalismo reaccionario” me parece la peor. Pues el reto que plantean tanto la globalización como la crisis ambiental (dos caras de la misma moneda) es planetario, y la respuesta a dicho reto en forma de cierre de fronteras y vuelta al espacio que conocemos, a la defensa de lo nacional, se enfrenta a dos problemas que la invalidan. El primero es que, por más que se intente cerrar fronteras, las fuerzas de la globalización y la crisis ambiental son tan poderosas que seguirán ejerciendo su influencia (por poner un ejemplo: por más que salgamos del euro, si tenemos contraídas deudas con acreedores externos, estos continuarán teniendo mecanismos para obligarnos a pagarla, para seguir imponiendo algún tipo de austeridad) y seguirán generando el mismo tipo de problemas que tratamos de eludir. El segundo es que el espacio de lo nacional siempre está dominado por unas visiones tradicionales en que las fuerzas reaccionarias tienen siempre ventaja. Tratar de combatir al enemigo allí donde es más fuerte constituye una estrategia con bastantes probabilidades de fracasar.

Entiendo a los que plantean el soberanismo como un medio de confrontar la democracia con la dictadura de las grandes corporaciones o con la emanada de instancias internacionales en beneficio de aquellas. Es evidente que no hay democracia si la gente no puede participar en las decisiones que afectan a su vida. Pero el problema del soberanismo es que muchos de los problemas que afrontamos tienen efectos no solo locales sino de alcance internacional, algo que resulta evidente cuando se analizan las cuestiones ambientales en términos de huella ecológica, cambio climático o biodiversidad. Pero que también están presentes en todo lo que tiene que ver con la actividad económica o las migraciones internacionales. Si es evidente que hay que conseguir un equilibrio entre democracia en la base y arquitectura institucional internacional (capaz de ayudar a plantear los problemas globales), ello conlleva que también la construcción cultural y política debe potenciar un cosmopolitismo igualitario difícilmente compatible con la visión de la soberanía cerrada que caracteriza a todas las visiones nacionales. En el internacionalismo tradicional, en la experiencia del bloque soviético y del “comunismo” chino, lo nacional ha sido siempre lo dominante, y explica en parte la deriva reaccionaria de gran parte de los países del Este.

Nos hallamos ante una situación difícil. A menos que ocurra un giro inesperado, en los próximos años vamos a enfrentarnos a una presión reaccionaria en lo político, lo social y lo ecológico en muchas partes del planeta. Y para enfrentarse a ella no existen respuestas sencillas. Hay que basarse en esta parte de la humanidad que participa de valores igualitarios en un sentido amplio, de la gente que entiende o intuye lo que significa la crisis ecológica, de la gente que tiene un sentido de humanidad que va más allá de su grupo de pertenencia local. Por fortuna hay mucha gente así, y esto es lo que anima a tejer estructuras de respuesta a todos los niveles, empezando por lo local. Pero es también necesario que esta base trascienda y se configuren movimientos, instituciones y procesos a escala planetaria. No es tiempo de encerrarse. Es tiempo de cosmopolitismo igualitario, activo. De relanzar lo de “actúa localmente, piensa globalmente”.

mientras tanto

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Recesión, ajuste y represión preventiva

lun, 12/11/2018 - 07:00

Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España

Argentina

Cuando termine Macri su gestión de cuatro años, habrán sido tres de recesión, el 2016, el 2018 y el 2019.
El presupuesto 2019 a punto de ser aprobado por el Senado anuncia una caída de la actividad económica del -0,5%, cuando en carta al FMI, desde el Ministerio de Economía se reconoce que la baja puede ser del -2%, en consonancia con los pronósticos del FMI y la CEPAL.
Si hay duda sobre la recesión en curso, el INDEC destaca una baja de la industria manufacturera para septiembre del 2018 del -11,5%, la mayor por más de una década, y de la construcción del -4,2%.

Estamos en recesión, sin duda, y si recordamos la última ocurrida entre 1998 y 2002, la salida fue con la recuperación de la industria y la construcción, ahora en baja.
Más allá de las ganancias empresarias, esos sectores, industria y construcción, difunden empleo e ingreso de sectores que hoy sufren la inflación, el desempleo y la pérdida de ingresos.

El cuadro es alarmante para el conjunto de la población de bajos ingresos, agravado con recesión e inflación, por lo que desde el gobierno se destaca la evolución de la macroeconomía.

¿Macro economía controlada?

Señalan que el dólar está bajando y lo mismo ocurre con las tasas de interés.
El dólar baja del máximo a 42 pesos por dólar a 36,50 en las últimas semanas, omitiendo que antes de la corrida y la propia política cambiaria y monetaria, el dólar cotizaba a 20 pesos. Lo concreto es que la divisa corrigió su cotización desde los 20 a los 36,50, bajo responsabilidad absoluta de la política oficial.

Por su parte, las tasas llegaron a 73% y están bajando a 67%, todo un logro si es que no recordamos que al momento de la crisis estaban a 40%. Entonces, lo real es que las tasas pasaron de 40% a 67% gracias a la política oficial.

Lo destacable es que hacen política para disputar consenso con la baja actual, coyuntural, luego del máximo provocado con anterioridad. Enfatizamos en el tema porque el accionar ideológico del gobierno tiene su éxito en la contención de la conflictividad social, especialmente de sectores de ingresos medios.

Nos mostraron el máximo de las variables, el dólar o las tasas, y ahora se regocijan con la reducción, que resultan mayores al techo anterior (20 pesos el dólar o 40% la tasa de interés), consolidando ganancia especulativa, sea por el nivel de cotización de la divisa estadounidense, o por la tasa de interés en Leliq u otros activos del BCRA o del Tesoro, incluso plazos fijos en el sistema financiero.

Toda una maniobra que les permite señalar que estamos por el “buen camino”, controlando la situación que es grave y alimentando una explosión de la burbuja especulativa en el futuro, especialmente por la deuda impagable que se está asumiendo.

¿Hay dudas? Más deuda pública

No solo son 56.300 millones de dólares que se adeudarán al FMI cuando termine de desembolsar el préstamo, el grueso del cual se acreditará antes del fin del mandato de Macri.
Ahora hay que sumar 8.700 millones de dólares, resultante de una operación swap, adicionada a los 11.000 millones negociados en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner con China, y ratificado por Macri.

Son fondos que se suman a las reservas y acrecientan la hipoteca del país, la que debemos pagar vía fondos públicos consignados en el presupuesto. Ojo, el déficit primario cero, supone primero pagar los intereses y luego, con lo que queda satisfacer derechos contemplados en el presupuesto.
Primero se pagan intereses de la deuda y luego, si alcanza, se resuelve el empleo, la educación, la salud, la seguridad, etc. Es el ajuste que confirma el presupuesto acordado por oficialismo y oposición cómplice.

Argentina funciona gracias a la deuda pública. El capitalismo local es solo posible gracias al endeudamiento público, cuyo costo lo soporta el conjunto de la sociedad vía privilegio de orientación de los recursos fiscales al pago de intereses crecientes de la deuda pública.

Nada está controlado y el gobierno tiene iniciativa para llegar a fin de mandato y si puede repetir.

La oposición sistémica juega al desgaste e intenta quedarse con el gobierno en el 2019.

El problema es la construcción de alternativa, algo que parce alejado y fuera de juego electoral.

Zanahoria y palos

En ese marco crece la conflictividad y la protesta social, con discursos críticos del orden y rumbo establecido, especialmente ante la pronta sanción del presupuesto del ajuste 2019 y la cumbre presidencial del G20 el próximo 30/11 y 1/12.

Para frenar el conflicto social, el gobierno acuerda con la cúpula de la CGT un bono que puede ser de 5.000 pesos, en dos cuotas, una en noviembre y otra en enero, en la convicción que diciembre se abona el medio aguinaldo.
Con el ofrecimiento del bono, de dudoso pago por todo el empresariado, la cúpula de la CGT levantó un paro anunciado para noviembre.

La CTA Autónoma sostiene la medida con movilización para el próximo 14/11, en la seguridad de que allí se intentará transformar en Ley el Presupuesto 2019, con las graves consecuencias que su texto supone para la mayoría de menores ingresos de la sociedad.

El gobierno abre el paraguas ante las críticas y denuncia a organizaciones que alientan críticas a la agenda de la cumbre del G20. Una agenda que sostiene el ajuste y la regresiva reestructuración de la sociedad capitalista contemporánea, confirmando como estrategia las reformas laborales y previsionales en beneficio de los capitales y su rentabilidad.

Anticipan con la denuncia a esas organizaciones que ejercen el derecho de opinión y crítica, para justificar acciones represivas que justifiquen la enorme inversión de seguridad ofrecida a la Cumbre presidencial.

Una cumbre convocada para analizar y promover un programa reaccionario a favor de las ganancias y la acumulación y en contra de los intereses de la mayoría empobrecida de la sociedad.

El ajuste pasa con una táctica de distracción, que más allá del espectáculo futbolístico se asienta en la represión del conflicto presente e incluso anticipadamente para crear clima social favorable a la lógica de las ganancias y el orden capitalista.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2018

Publicado por Julio C. Gambina

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La banca, una actividad depredadora

sam, 10/11/2018 - 12:57

ATTAC Madrid

A propósito de quién paga el impuesto a las hipotecas.

 ATTAC

Foto: ATTAC

La función del poder judicial y el clientelismo político y económico refuerzan la tesis del carácter depredador de la banca, que repercute a sus clientes costes e impuestos que se le imponen por cláusulas abusivas y normativas e interpretaciones convenientes.

Nuestra cultura ha llevado la desigualdad de la especie humana a niveles muy superiores a los que pueden observarse en el mundo animal [1]. Como no es suficiente con los instintos para orientar nuestro comportamiento creamos representaciones simbólicas o culturales y formas con ese fin. Por eso nuestros depredadores no tienen mayor tamaño, ni garras, dientes o características que los distingan físicamente de las presas, porque han creado unas instituciones, valores y reglas de comportamiento que son los dientes y garras para capturar y someter a las “presas”. Entre esas reglas, valores e instituciones que gobiernan nuestra existencia destaca la idea habitual en lo económico, que defiende la misma identidad para riqueza, propiedad y patrimonio, valorables todos en dinero [2]. Y si se considera el enriquecimiento lucrativo como la meta natural y prioritaria de las personas, la forma más directa de conseguirlo es fabricando dinero.

Pero el dinero está vinculado al poder político. El ejercicio de la soberanía que el poder político ejerce sobre un determinado territorio se refleja en su capacidad para cobrar impuestos, acuñar moneda y emitir deuda. Los banqueros, que reciben dinero en depósito o custodia, se vieron tentados desde el principio para usarlo en beneficio propio, primero de forma solapada y mal vista, después con el acuerdo explícito e interesado de los Estados. Y lo que en el Derecho Romano se consideraba hurto o apoderamiento fraudulento de cosa ajena para realizar lucro propio, se convirtió en práctica legal y habitual de la banca.

Cuando el poder y derecho de acuñación y emisión de moneda es desplazado desde los Estados y sus bancos centrales hacia las entidades financieras y las empresas transnacionales, el valor metálico de las monedas mudó hacia el dinero de papel, luego hacia el dinero bancario y el dinero financiero. Desde entonces los bancos pueden utilizar el dinero depositado “a la vista” con la única exigencia de mantener en billetes o deuda pública una pequeña fracción del mismo o “coeficiente de caja”, creando dinero bancario a partir del préstamo e ingreso del dinero inicialmente depositado, provocando una espiral de créditos y depósitos capaz de generar un dinero bancario muy superior al emitido por el Estado.

La imposibilidad de que la banca devuelva a la vez en metálico todo el dinero depositado que ha utilizado con esos fines de lucro, exige el apoyo de los Estados y los Bancos Centrales para cubrir agujeros. Por otra parte, la reducción de los “coeficientes de caja” favorece la creación de dinero bancario y de dinero financiero así como el recorte de la capacidad de control de los Estados y los Bancos Centrales para garantizar la liquidez y evitar el colapso del sistema. Una vez que los Estados van perdiendo las riendas del dinero, pierden también su capacidad de intervenir en la economía, desencadenando procesos de supresión de reglas (desregulación) y eliminación de poder intermediar con importantes cambios institucionales, configurando, además, el actual sistema monetario internacional, con el consiguiente traslado del poder “político” a poderes “económicos” transnacionales hasta desembocar en la presente “globalización” financiera.

La corrupción, durante los últimos diez años de crisis, se sustanció en los tribunales de justicia con la denuncia de prácticas sistemáticas de los banqueros de administración desleal y apropiación indebida, operaciones de dudoso interés económico y social, y financiación descontrolada de viviendas; ruinosas todas ellas para las entidades financieras. Previamente no se había ejercido ninguna función reguladora por parte de instituciones internacionales ya que no contaron con el apoyo político requerido para disponer de las competencias y los medios que hubieran sido necesarios para acordar e imponer a escala mundial a la banca reglas de gestión y contabilidad adecuadas y estándares mínimos de capital [3]. La creciente complejidad del mundo financiero a través de la diversificación de activos financieros, la producción de “derivados” y la “difusión” de riesgos hacia los mercados de valores y las compañías de seguros, unida a la formación de entramados de empresas, en parte domiciliadas en paraísos fiscales, dificultó ese control y sirvió a los bancos y empresas para acomodar, mediante una conveniente ingeniería institucional y contable, los balances a las normas. Innovaciones como la que aportó el fenómeno de las titulaciones, permitieron “empaquetar” y transformar “activos tóxicos”, préstamos al consumo o hipotecas que erosionaban la solvencia de las entidades, en bonos o títulos de renta fija negociables. De esta manera la banca conseguiría vender deudas exigibles de las que era acreedora, en los mercados internacionales, obteniendo liquidez y trasladando el riesgo sobre los compradores, provocando el incendio que dio inicio a la crisis global de 2007. Para el Estado Español el coste neto que supuso el rescate de la banca en esa crisis, después de vender todas las entidades hoy nacionalizadas, alcanzará los sesenta mil millones de euros [4], aunque también hay cálculos documentados que elevan esa cifra a los trescientos mil millones de euros o un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) español [5].

Entre tanto, la doctrina jurídica dominante asume y defiende el enfoque económico que mantiene la identidad entre riqueza, propiedad y patrimonio, valorables en dinero [6]: “Sobre estas bases los Códigos Penales han centrado los delitos económicos en delitos contra la propiedad (hurto, robo, daños…) y/o el patrimonio, agrupados en torno a dos figuras de apropiación indebida: 1ª la obtenida mediante robo o extorsión realizada con más o menos fuerza o violencia, y 2ª la figura de estafa o fraude, cuando esa apropiación se realiza con engaños. Sin embargo, este contexto resultaba muy estrecho para dar cabida a toda una gama de delitos que han venido aflorando asociados a eso que se llama corrupción. Delitos que, al no estar en principio debidamente tipificados, trataban de asociarse de alguna manera a las dos figuras de delito arriba mencionadas, dando lugar a sentencias variopintas en función de la habilidad de las defensas y de la percepción y el rigor de los tribunales, lo cual planteó la necesidad de ampliar la figura de la apropiación indebida con nuevos delitos que iban más allá del robo y el fraude”.

Asimismo, la función del poder judicial y el clientelismo político y económico, como condicionantes de la generación y distribución del lucro, empañan por completo la creencia en el supuestamente libre funcionamiento de los mercados financieros y, además, refuerzan la tesis del carácter depredador de la banca, que repercute a sus clientes costes e impuestos que se le imponen por cláusulas abusivas y normativas e interpretaciones convenientes.

Asuntos tan aparentemente irrelevantes y pacíficos como ¿qué cláusulas de las hipotecas son abusivas? o, ¿quién paga el impuesto de las hipotecas?, han dado lugar a verdaderas batallas campales en el mundo jurídico, poniendo de manifiesto a favor de quien se inclina la jurisprudencia dominante. Objeto de esta última cuestión ha sido la controvertida sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018 [7], en la que la cúpula del alto tribunal forzó un acto inédito para que la “seguridad jurídica” de los banqueros no se viera afectada por magistrados “discordantes” con el poder dominante.[8]

El acto inédito es la convocatoria de un Pleno de Sala en el que tres semanas después de dictada la controvertida sentencia [9] quince magistrados contra trece, mediante un procedimiento sin precedentes ni similitud alguna, echan por tierra el fundamento jurídico de fondo de una sentencia firme y adoptan un acuerdo que no se funda en un principio de justicia intrínseca, sino en el asidero de la seguridad jurídica «cueste lo que cueste». Por este procedimiento sumarísimo deciden que sean los “clientes” y no los bancos, quienes paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), rescatando del fuego la jurisprudencia anterior, favorable a los intereses de la banca, que refiere:

“La interpretación tradicional de esta Sala ha aceptado siempre la premisa de que el hecho imponible, préstamo hipotecario, era y es único” (…) “La unidad del hecho imponible en torno al préstamo produce la consecuencia de que el único sujeto pasivo posible es el prestatario” [10].

Así, por dos votos, adoptan la tesis que ya se anticipaba en el único voto particular de la sentencia de 16 de octubre [11]: “Antes de modificar las anteriores premisas –cuya compatibilidad con el derecho de la Unión Europea había sido proclamada por el Tribunal de Justicia de la UE-, cabría indagar desde la perspectiva del derecho de la Unión las consecuencias −Ay, Ay, Ay, las consecuencias… ¿Tendrá efectos a partir de ahora (ex nunc) o retroactivos (ex tunc)? −, que, no sólo con relación al IVA sino respecto a la libre circulación de capitales (artículo 63 TFUE [12]), comporta el considerar sujeto pasivo al acreedor hipotecario (prestamista), sobre todo teniendo en cuenta que, prácticamente en la totalidad de los casos se trata de entidades que desarrollan una actividad económica en el seno del mercado interior. (…) Por tanto, desde la perspectiva de la coherencia de la libre circulación de capitales y de las exenciones que la misma inspira, resulta difícil justificar situaciones tan diferentes con relación a impuestos que tienen el mismo sujeto pasivo (…)” [13].

Como era de esperar, la banca llevaba dos semanas en campaña: ninguna de las tres opciones aparentes las consideraba buenas… “1) el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) lo debe pagar la banca; 2) lo debe pagar la banca, pero no se puede reclamar lo ya pagado; 3) lo deben pagar los clientes pudiendo recurrir sobre las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años”. La agencia Moody’s calculó que, si prosperaba la tesis de la sentencia del 16 de octubre, los bancos debían afrontar el pago de 2.300 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elevó esa cifra a 5.000 millones [14]…

Lo verdaderamente sorprendente no es el reciente acuerdo del Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo sino la sentencia que lo motivó

Pero en este asunto lo verdaderamente sorprendente no es el reciente acuerdo del Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo sino la sentencia que lo motivó. El ponente [15] razonaba certeramente que si la liquidación del tributo sobre los documentos notariales no debía girarse a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid S.A (en el origen de este contencioso), el acto administrativo recurrido sería nulo y haría innecesario abordar cualquier otra cuestión (como las exenciones eventualmente aplicables), afirmando, además (y esto es lo realmente importante) que, conforme al artículo 31 de la Constitución Española (CE), los tributos comportan para el obligado una contribución fiscal derivada de su capacidad económica individual “por lo que la carga impuesta debe guardar una relación de coherencia y proporción con la razón del gravamen”, entrando de lleno en la cuestión de porqué se paga el impuesto y quién debe pagarlo: la banca.

Quería esto decir que, si hay una capacidad económica que guarde relación con la figura del impuesto sobre los actos jurídicos documentados notarialmente (IAJD), esta relación se da antes en el acreedor hipotecario, y, por ello, conforme al artículo 31 CE es el prestamista (es decir, la banca), el que tiene la capacidad económica que debe resultar gravada con el IAJD, lo que supone, para mayor inri, una modificación sustancial del reglamento de este impuesto [16], al entenderlo contrario a derecho y a la propia doctrina del Tribunal Supremo.

Por último, el ponente resaltaba dos postulados constitucionales: el postulado de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 CE) y el genérico principio de igualdad (artículo 14 CE), que chocaron de frente con la decisión del Presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, quien, para satisfacción de la banca, no sólo suspendió los efectos de la controvertida sentencia, convocando en menos de 24 horas el pleno extraordinario de la Sala, sino que inclinó con su voto la balanza en favor de la tesis dominante. Como era de esperar, las patronales de bancos y cooperativas salieron rápidamente a aplaudir la decisión adoptada, pues “preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado”.

Resumiendo, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018 supuso una excepción sorprendente, un vuelco de ciento ochenta grados en la práctica de los Altos Tribunales que siempre han estado atentos y coordinados para no incurrir en contradicciones que perjudiquen a la banca con efectos ex tunc, o que puedan no ser repercutidos a los “clientes”, como es posible observar en la jurisprudencia dominante, y por eso debía ser anulada.

Hoy sabemos de modo fehaciente que los bancos no van a crear cátedras que estudien con libertad temas en los que pueda concluirse que las entidades financieras tienen que pagar más impuestos o estar más reguladas. Ya son raros e imprecisos los trabajos que tratan de cuantificar la importancia económica de la crisis bancaria y sus costes para la economía; y más raros aún los pronunciamientos judiciales que, favoreciendo la “confianza legítima” de los ciudadanos contrarían la “seguridad jurídica” de los banqueros, defraudando sus expectativas. Un análisis riguroso del tema exigiría elaborar una clasificación del lucro que se obtiene de la banca, que permitiera precisar de qué dineros hablamos, y, a continuación, elaborar una ética adaptada a esta era de la globalización, dando un tratamiento diferenciado a la propiedad financiera para condicionar, recortar o abolir los privilegios que otorga en todos los órdenes y con utilización de los poderes del Estado a ciertos grupos minoritarios, sociales y empresariales, en su actividad depredadora de acumulación de poder y riqueza.

[1] Cfr. Naredo, JM “Taxonomía del Lucro”.Madrid, Siglo XXI, 2019. En proceso de edición
[2] Habría que distinguir al menos, la propiedad ligada al uso y disfrute, de la propiedad financiera o inmobiliaria cuya función principal es guardar y ampliar el poder y la riqueza de sus propietarios, sin necesidad de que ejerzan función social alguna. Cfr. Naredo, JM., en Op.Cit…
[3] “Las propuestas del Banco de Pagos Internacionales (BPI) se quedaron al nivel de simples recomendaciones que se divulgaron en diversos documentos. Aunque su labor contribuyera en cierta medida, difícil de cuantificar, a regular sobre todo la actividad bancaria”. Cfr. Naredo, JM., en Op.Cit…
[4] BFA-Bankia (12.690 M de €), Catalunya Bank (11.831 M de €), CAM (11.102 M de €), Nova Caixa Galicia (8.551 M de €), Banco de Valencia (6.102 M de €), CCM (3.782 M de €), Unnim (2.530 M de €), CEISS (954 M de €) y Caja Sur, Banco Gallego y BMN (con cantidades inferiores a los 500 M de €). Canós, Francisco. “El impacto monetario de la corrupción política”. Citado por Naredo, JM., en Op.Cit..
[5] “Aunque una parte de esas ayudas no suponen pérdidas, o que no se vayan a recuperar la totalidad de las ayudas directas e indirectas” Ekaizer, Ernesto “El libro negro. La crisis de Bankia y las Cajas. Como falló el Banco de España a los ciudadanos”. Ed. Espasa. 2018. Pag. 15
[6] López Barja de Quiroga, J., “La Reforma de los Delitos Económicos”, Ed. Thomson Reuters, 2015, p. 74. Citado por Naredo, JM., en Op.Cit..
[7] Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, que revoca una sentencia recurrida, coincidente con el órgano liquidador, en quién es el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), remitiéndose al respecto a un pronunciamiento anterior de la propia Sala y Sección: “la sentencia de 9 de junio de 2016, dictada en el recurso núm. 867/2014) que se remite, a su vez, a la jurisprudencia de esta Sala Tercera contenida, entre otras, en las sentencias de 31 de octubre de 2006 (recurso de casación núm. 4593/2001), 20 de enero y 20 de junio de 2006 (recursos de casación núm. 693/2001 y 2794/2001, respectivamente) y 19 de noviembre de 2001 (recurso de casación núm. 2196/1996)”.
[8] Según Yáñez de Andrés (2014). “La seguridad jurídica compete salvaguardarla exclusivamente al legislador. A los tribunales corresponde hacer justicia en cada caso concreto que se les plantee”. Derecho Privado y Constitución, 31, enero/diciembre (2017), p. 302.
[9] Lo normal es congregar a todos los magistrados, si es preciso, antes de que se dicte el fallo.
[10] “De conformidad con lo establecido en el art. 8º. d), en relación con el 15.1 del Texto Refundido ITP y AJD y en relación, asimismo, con el art.18 del Reglamento de 1981, hoy art. 25 del vigente de 29 de mayo de 1995″. Sentencia núm. 1505/2018 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sobre el impuesto a los actos jurídicos documentados, que afectan a las hipotecas.
[11] Magistrado D. Dimitry Berberoff
[12] Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
[13] Sentencia núm. 1505/2018 del TS. Pag. 49.
[14] https://www.eldiario.es/politica/Supremo-ratifica-banca-impuesto-hipotecas_0_832566967.html
[15] Magistrado D. Jesús Cudero Blas
[16] El artículo 8 del texto refundido de Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en relación con la modalidad transmisiones patrimoniales, dispone que el obligado al pago del tributo en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, es “el prestatario”.

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Los enormes costes sociales de las tensiones interterritoriales en España

ven, 09/11/2018 - 12:38

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

En Catalunya, el mayor conflicto político existente hoy es entre aquellos partidos políticos que se definen como soberanistas, y que desean la secesión de Catalunya del Estado español, y los unionistas que se oponen a tal secesión, y que defienden la continuidad del Estado español actual, cuya Constitución no permite tal secesión. Dicho conflicto ha creado una enorme tensión dentro de Catalunya entre los independentistas (que se definen como soberanistas, y así son presentados por los mayores medios de información) y los unionistas (que se definen a sí mismos como constitucionalistas). Fuera de Catalunya la tensión es entre el Estado español, gobernado durante todo el periodo democrático por partidos unionistas, y la Generalitat de Catalunya, que es gobernada por una coalición de partidos independentistas hegemonizada por un partido nacionalista (hoy independentista) conservador, el cual ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático.

Estos conflictos y tensiones están teniendo unas consecuencias muy negativas para la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de Catalunya y del resto de España, las cuales están padeciendo una de las mayores crisis sociales que España (incluyendo Catalunya) haya sufrido en su periodo democrático, y ello como consecuencia de las políticas públicas aprobadas por los partidos unionistas gobernantes en España y por el partido secesionista mayoritario (CDC, más tarde PDeCAT) que ha gobernado en Catalunya durante la mayor parte de los años desde el establecimiento de la democracia. Tales políticas han tenido un claro corte neoliberal, como por ejemplo las reformas del mercado laboral que han generalizado la precariedad entre los trabajadores, los bajos salarios y la desprotección social, y los recortes de los derechos laborales y sociales (con una descenso muy marcado del gasto público social en el que ya era, antes de la Gran Recesión, uno de los Estados de Bienestar de la Unión Europea –UE– menos financiados).

Estas políticas públicas han contribuido en gran medida a aumentar las desigualdades sociales, con un gran incremento de las rentas derivadas de la propiedad y de la gestión de los bienes y servicios privados a costa de un notable descenso de las rentas derivadas del trabajo (predominantemente salarios). Ello ha implicado un gran descenso del bienestar de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Y aunque esta situación ha tenido lugar en la mayoría de los países europeos y norteamericanos que han aplicado tales políticas públicas neoliberales, creando un gran malestar popular, en España estas políticas han sido aplicadas con mayor dureza, siendo las consecuencias de su aplicación incluso más negativas en nuestro país.

La peculiaridad del caso español: los partidos que han aplicado las políticas públicas neoliberales en España y en Catalunya continúan gobernando

Ha habido, sin embargo, una diferencia entre lo ocurrido en aquellos países y lo que ha ocurrido en España, incluyendo Catalunya.
Mientras que en los primeros países los partidos gobernantes que han impuesto tales políticas neoliberales (y digo impuestas porque no estaban anunciadas en sus programas electorales) han visto como su apoyo electoral disminuía marcadamente hasta el punto de ser expulsados del poder por el electorado, no ha sido así ni en España ni en Catalunya, donde los partidos neoliberales gobernantes (en España el PSOE, el PP y de nuevo el PSOE, y en Catalunya Convergència -redefinida como PDECat- en alianza primero con UDC y más tarde con ERC) continúan gobernando. Esta situación es única en Europa. Dos de los gobiernos más duros en la aplicación de sus políticas públicas neoliberales (el español y el catalán) han continuado en manos de los mismos partidos que siguieron aplicando dichas políticas (aun cuando el PSOE parece haberse distanciado algo como resultado de su alianza con Unidos Podemos y sus confluencias). ¿Por qué?.

Sin lugar a dudas la causa de tal situación anómala es la tensión nacional a la que me refería al principio del artículo. Ambos bandos (los unionistas y los secesionistas) han estado dirigidos durante muchos años por partidos de derechas de clara vocación neoliberal. Por un lado el PP (apoyado por Ciudadanos, ambos partidos de derechas de clara orientación neoliberal), y por el otro Convergencia (cuyo equipo económico es también neoliberal). Ahora bien, esta realidad queda ocultada por el enorme espacio que ocupa el tema nacional, que absorbe toda la atención mediática. En realidad, las tensiones, interterritoriales, basadas en concepciones nacionalistas opuestas, juegan un papel clave en precisamente ocultar la responsabilidad de tales partidos en generar y reproducir la gran crisis social.

El tema nacional, que absorbe el debate político, oculta la crisis social creada por los dirigentes de ambos lados de la crisis nacional

En España sí que hubo un movimiento de protesta, el 15-M, que tuvo un impacto enorme en la vida política del país, y cuya dimensión política, Podemos (y sus confluencias En Comú Podem y En Marea), a la que se unió IU, ha tenido un mayor impacto en la vida política del país.
Su denuncia del Estado era por la nula representatividad de la clase política dominante en aquel Estado. El eslogan “no nos representan” fue inmediatamente adoptado por millones de españoles (incluyendo catalanes), y fue el responsable del enorme éxito del movimiento político-social que generó (hoy Unidos Podemos), el cual ha provocado un cuestionamiento del Estado uninacional, cuestionamiento que ha ido expandiéndose, llegando a afectar el sistema monárquico, eje del Estado uninacional español.

Su demanda incluye una redefinición de la soberanía, es decir, del ejercicio del poder popular, y exige una democratización del Estado. El derecho a decidir es el derecho de la ciudadanía a escoger sobre cualquier dimensión de lo público que afecte a su bienestar y calidad de vida. De ahí que en esta visión de soberanía, lo social y lo nacional estén intensamente relacionados y sean parte del mismo concepto, tal como muy bien subraya Julio Rodríguez en su excelente libro Mi patria es la gente, de reciente publicación. La nación (vivida a nivel personal como la patria) es la gente. En la liga de patriotismo, el mejor patriota es el que lucha más para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, de la que la mayoría son las clases populares. Bajo este criterio, los partidos de derechas españoles (que lideran a los unionistas) y catalanes (que lideran a los secesionistas), que se presentan como los “superpatriotas”, fallan estrepitosamente, pues han estado apoyando políticas públicas neoliberales que han dañado enormemente a la gente. Es sorprendente que nunca un periodista haya preguntado al Sr. Rajoy, al Sr. Mas, al Sr. Puigdemont o al Sr. Torra “¿cómo pueden ustedes presentarse como unos grandes patriotas cuando están apoyando y aplicando políticas neoliberales, como los recortes, que han dañado a su pueblo?”.

La respuesta que darían tales dirigentes independentistas a tal pregunta es que ellos desean la independencia para precisamente tener más poder para atender a la población. Pero este argumento tiene escasa credibilidad, pues gran parte de sus creencias y posturas son de sensibilidad neoliberal. Es más que dudoso que en una Catalunya gobernada por tal pensamiento la gente viviera mejor, por muchos más recursos que el país tuviera. Estados Unidos, donde el pensamiento neoliberal domina el país, es muy rico y en cambio la mayoría de la gente no tiene ni siquiera derechos tan elementales como tener acceso al sistema sanitario.

¿Qué es soberanía?

Hay, pues, que recuperar una comprensión popular de lo que es la soberanía, es decir, el derecho a decidir a todos los niveles, incluyendo, naturalmente, el nivel de decisión que se desee compartir. El derecho a decidir es el derecho a escoger, y a nivel nacional, incluye, en el caso de Catalunya (o de cualquier otra nación o pueblo), escoger la relación que tiene con el resto de España, elección que debe incluir otras formas, además de la secesión. En realidad, hay poca conciencia de que el independentismo raramente ha sido mayoritario en Catalunya. El presidente Companys (uno de los presidentes de la Generalitat de Catalunya más populares en Catalunya y en España) no era independentistas. Sus banderas no eran ni la estelada (la bandera independentista) ni la borbónica. Eran la senyera (la bandera catalana) y la bandera española republicana.

El independentismo en Catalunya es un producto de masas nuevo generado primordialmente por la enorme hostilidad del Estado central hacia el reconocimiento de la España plurinacional. Fue cuando el Estado central vetó elementos sensibles del Estatuto de Catalunya que el independentismo creció. Esta es la realidad ocultada en los medios españoles. Las tensiones interterritoriales han beneficiado predominantemente a las derechas a ambos lados del Ebro, y son los partidos más ultraderechistas (PP, Ciudadanos y Vox) los que son los más “patriotas”, los más “nacionalistas” y los más “neoliberales”. En este contexto, las condenas propuestas por la fiscalía del Estado incrementarán todavía más, sin lugar a dudas, estas tensiones y el independentismo.

Y un tanto igual ocurre en Catalunya. La más radical en su independentismo es la derecha conservadora, que sin la causa nacional habría desaparecido del espectro político. Se me dirá, con razón, que hay partidos radicales de izquierdas, que no son neoliberales, y que apoyan la independencia, los cuales asumen que tal causa es la mayor amenaza para el Estado borbónico español. No desmerezco la importancia de dicho argumento, pero lo creo equivocado, pues en realidad el independentismo que apoyan ha sido liderado en Catalunya por las derechas catalanas que han sido claramente antiespañolas (léanse los escritos del Sr. Torra, definiendo a los españoles con términos claramente ofensivos, o recuérdense las declaraciones del Sr. Pujol diciendo que los “charnegos” eran intelectualmente inferiores), las cuales han reforzado con su mensaje de que “España nos roba”, actitudes que han generado un sentimiento de apoyo entre las clases populares españolas hacia los partidos nacionalistas más extremos y hacia sus instituciones como la Monarquía.

Soberanía no es lo mismo que independencia

Es más, la monopolización del concepto de soberanía por parte de los independentistas (de manera tal que soberanismo ha pasado a ser homologable a independentismo) ha eliminado las posibilidades de que se discutan y debatan otras formas de soberanía (federal, confederal o lo que fuere), que es lo que el independentismo ha deseado: la eliminación de otras propuestas soberanistas. Y es ahí donde los mal llamados “soberanistas” de En Comú Podem (liderados por la que fue portavoz parlamentaria de tal coalición política) están haciendo gran daño al propio soberanismo. La vía independentista es solo una versión del soberanismo, pues hay otras formas de éste (tales como la defensa de la soberanía popular, la soberanía federal, la soberanía confederal y un largo etcétera) que quedan olvidadas, cuando no ocultadas, en esta monopolización del concepto de soberanismo.

Asumir que el independentismo es la única forma de soberanismo es profundamente erróneo, pues dicho independentismo limita la soberanía a la realización de un referéndum (que además defiende que sea unilateral) binario en el que se escoja sí o no a la independencia, limitando de esta manera la soberanía popular. Por otra parte, acercarse a la corriente independentista (que es lo que están pidiendo los autodefinidos “soberanistas” rebeldes en Catalunya en Comú) es apoyar su visión esencialista de carácter exclusivamente identitario, que antagoniza a las clases populares que se siente españolas, y que son la mayoría de la población en Catalunya y en España. Lo que es necesario es un soberanismo popular, construido a partir de una alianza con otras naciones y pueblos de España, para establecer no solo una cultura sino también un Estado republicano, en el que se pueda ejercer la soberanía dentro de una fraternidad y solidaridad interterritorial. Esta es la vía de las fuerzas derivadas del 15-M, que fueron un vendaval de aire fresco en un ambiente asfixiante y que hoy representan la esperanza de construir otra España, con su diversidad y plurinacionalidad basadas en la solidaridad y la fraternidad.

 

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales

http://www.vnavarro.org/

Autor del libro ‘Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante’. Anagrama, 2015

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10 años de crisis: dominio, imperio, desigualdad y libertad

mer, 07/11/2018 - 11:38

Daniel Raventós – Consejo Científico de ATTAC España

Actualmente estamos en una situación económica que algunos evalúan de recuperación, otros de situación incierta y otros aún de antesala de una nueva crisis.

En relación a esta última posibilidad, la OCDE acaba de alertar tan recientemente como el 10 de septiembre de una desaceleración del crecimiento en todo la zona euro que será más acusada aún en el Reino de España. Y el FMI ha rebajado también la tasa de crecimiento mundial para 2018 del 3,9 al 3,7%. No importa, para lo que voy a atender en este artículo es secundario el diagnóstico correcto porque, sea cual sea la situación económica que vendrá, es constatable que desde el inicio de la crisis, ahora hace 10 años, las condiciones de existencia material de la mayoría de la población no rica han empeorado de forma muy substancial.

Podría quedarse la anterior solo como una frase lapidaria si no hubiera multitud de datos que la corroboran. Salarios reales, jornada laboral, precariedad en el empleo, condiciones laborales generales, trabajadores que con contrato legal están por debajo del umbral de la pobreza, incremento del porcentaje de personas pobres, trabajos de mierda, muchos empleos sin el menor sentido para los que los realizan… Las estadísticas están a disposición del que quiera verlas y, en realidad, no hay polémica o mucha polémica entre economistas que discrepan en otras muchas cosas sobre estas realidades.

La cara radiante de la situación, cada vez más conocida, es cómo les ha ido a los más ricos en estos 10 años de crisis.

Decía la que fue presidenta de ATTAC Francia de 1999 a 2006, Susan George, que los estudios sobre la pobreza y los pobres son muy abundantes. Por claro contraste, los estudios sobre la riqueza y los ricos no son tan profusos.

Departamentos de sociología, de filosofía política o de economía de cualquier facultad del mundo, revistas académicas de ciencias sociales, multitud de gobiernos, institutos estadísticos, muchos ayuntamientos, periódicos, organismos internacionales y muchas ONGs producen cantidades formidables de informes, estudios, tesis doctorales, estadísticas y artículos sobre los más increíbles, variados, minuciosos y extravagantes aspectos de la pobreza. Algunos hasta son buenos y útiles. Susan George decía con socarronería: ¿los pobres? ¡que coman investigaciones para pobres! Y aconsejaba prestar mucha más atención al estudio de la situación de los ricos.

Sabiendo cómo les va, disponemos de información sobre los resultados de determinadas políticas económicas y de los diseños institucionales que tenemos. Hace unos lustros la información sobre los ricos no era muy buena, ahora es mejor gracias entre otros a los grandes bancos que tienen evidente interés en saber cómo evolucionan los que al fin y al cabo son sus clientes preferentes.

En el año 2017 los ricos ganaron más que en cualquier otro año documentado de la historia de la humanidad

Se dispone de distintos informes, pero voy a referirme solamente a dos. Uno que es muy reciente de hace solamente días, realizado por la Agencia Tributaria, y otro que se publicó hace algunos meses con datos que llegan hasta 2017 que fue realizado por Capgemini. Los datos de la Agencia Tributaria que van del 2007 al 2016, pueden resumirse así: en el Reino de España declararon en 2016 exactamente 579 personas que tenían más de 30 millones de euros de patrimonio, un 150% más que en 2007, cuando entonces eran 233. El último informe de Capgemini con datos que van del 2008 al 2017, aporta datos según los cuales el número de ricos en el Reino de España creció más que en el resto de Europa e incluso que en el resto del mundo. Más concretamente, el 0,48% de la población o unas 224.000 personas, acumulaban en 2017 una cantidad que suma 560.000 millones de euros. Es una gran cantidad, sin duda. Pero resulta insultante si la comparamos con el gasto en pensiones que en el mismo año de 2017 fue de 139.647 millones y el de prestaciones por desempleo que fue de 17.400 millones.

Antes de la crisis acumulaban una cantidad bastante menor, algo más de la mitad que ahora. Al 0,48% le ha ido muy bien, a un porcentaje muy superior le ha ido muy mal en estos 10 años. La crisis ha golpeado, efectivamente. Pero lo que ha golpeado más han sido las políticas económicas puestas en pie por los gobiernos de la Unión Europea, para circunscribirnos a la zona geográfica y económica en la que está el Reino de España, cuando los primeros azotes de la crisis empezaron a manifestarse.

Recordemos el giro que en mayo de 2010 realizó el gobierno entonces como ahora del PSOE al poner en marcha algunas medidas de política económica como las siguientes: reducción del 5% de los salarios de los funcionarios públicos, congelación de las pensiones, reducción de 6.000 millones de euros de inversión pública en infraestructuras, recorte de 1.500 millones de euros en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales, entre muchas otras del mismo tenor. Con los gobiernos posteriores del PP las medidas y reformas laborales aún castigaron más a la población no rica.Las mismas políticas económicas que suponen el ataque a las condiciones de vida y de trabajo remunerado de la inmensa mayoría, son las que también explican que a los muy ricos les haya ido bien.

Y no es ningún secreto: no existe una política económica que favorezca o perjudique a toda la población. Hay razones teóricas, claro, pero la constatación fáctica es inapelable.

La victoria de la libertad liberal

Que las desigualdades son cada vez mayores y los ricos acumulan mayor riqueza –los grandes ricos ganaron más dinero en 2017 que en cualquier otro año documentado en la historia– con progresiva velocidad es algo que no discuten ni el Foro de Davos, ni el FMI. Por el contrario, es difícil encontrar informes y estudios acerca de la relación de estas grandes desigualdades con la libertad. Existen a cuentagotas. El gran logro del liberalismo histórico que realmente ha existido, el que tiene poco más de 200 años de existencia, fue lograr imponer la desconexión de la libertad con las condiciones de existencia material. La isonomía oligárquica, tan del gusto del liberalismo actual, es decir “clases bajas no enteramente privadas de la libertad e igualdad ‘civil’ ­–y por lo mismo, no esclavizadas­–, pero despojadas de la libertad y la igualdad ‘políticas’”, en palabras de Antoni Domènech.

Muy diferentemente al liberalismo, para la vieja y más de dos veces milenaria tradición republicana, la libertad no puede abstraerse de las condiciones materiales.Quien no dispone de una existencia material garantizada no puede ser libre. Para el republicanismo democrático, la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía no son compatibles bajo relaciones de dominación.

Y ¿qué es la dominación para el republicanismo? La dominación ­–el dominium en la literatura republicana histórica- es por supuesto proteica, pero es consecuencia de la forma de regular la propiedad como cuestión más relevante. Porque la regulación concreta de la propiedad, de los derechos de propiedad, ha conformado los distintos diseños institucionales que hemos conocido. La “distinción principal” para entender cualquier sociedad dirá Aristóteles ya hace más de 2300 años, y Marx recogerá con sus palabras y analizando una sociedad muy diferente a la del Estagirita, es la que se establece entre ricos y pobres. Pobres: los que no tienen la existencia material garantizada y dependen de otros para vivir. Ricos: los que tienen la existencia material garantizada y no dependen de otros para vivir.Y lo que separa  a unos y a otros en esta distinción fundamental es la propiedad, la cuestión relevante.

Entiéndase bien: relevante no quiere dar a entender que es única. La dominación la ejercen los ricos propietarios sobre todas aquellas personas que no tienen la existencia material garantizada porque no disponen de propiedad. Lo que equivale a decir que en una relación de dominación como la que viven la mayor parte de las personas no ricas, estas no pueden ser libres. Y esta relación poco tiene que ver con la predisposición moral, benigna o perversa, de sus protagonistas, aunque puede agravar según el caso aún más la dominación, sino con la configuración de los derechos de propiedad.

Los grandes ricos, debido a una configuración política de los mercados pro domo sua que este dominio les posibilita, inciden directamente en el imperium, es decir, en la degeneración despótica de las instituciones públicas que podían ser una contención del dominium. No es muy escasa precisamente la literatura proveniente de los más diversos campos académicos sobre la capacidad de los grandes ricos propietarios para poner a su servicio las instituciones públicas. Lo de las puertas giratorias sería solamente una manifestación de las más visibles, pero tan solo una de tantas.

La neutralidad republicana no es abstenerse entre bandos con fuerzas muy dispares

Y un Estado defensor de la libertad republicana no entendería la neutralidad como la simple abstención del propio Estado para no favorecer determinadas concepciones de la buena vida. Como así es doctrina de los liberales. El Estado, para la normativa liberal, no debe interferir activamente en la vida social para impedir que los grandes poderes privados oligopólicos y monopólicos obstruyan y condicionen la libertad de la gran mayoría. Muy al contrario, un Estado defensor de la libertad republicana debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho, y no una superficial consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida”. Republicanamente, esto último se presupone, pero, cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a gran parte de la ciudadanía su concepción privada del bien como bien público, cuando la constitución oligopólica de los mercados permiten el secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad significa intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte.

¿Qué propuestas ofrecen los gobiernos de la Unión Europea? No precisamente nada que se asemeje a esta neutralidad como interferencia activa para garantizar la libertad de toda la ciudadanía impidiendo que los grandes poderes privados impongan su concepción privada del bien público. Ni por arriba ni por abajo. Meros ejemplos: por arriba se constatan medidas fiscales cada vez más ventajosas para los muy ricos, y por abajo subsidios miserables para pobres. Y, claro está, vagas promesas de mayor empleo, que es lo que se propone cuando no se sabe que proponer. No ya una renta máxima por arriba para impedir la gran concentración de los poderes privados, y una renta básica incondicional fundamentada republicanamente que garantice la existencia material de toda la población, no, sino nada que rompa con lo que ya está probadamente mostrado que es un fracaso: rentas condicionadas para pobres por abajo y cada vez menores impuestos a los ricos por arriba.

Y así la libertad de la gran mayoría no rica sigue siendo socavada, para orgullo doctrinal de liberales y pasmo de los que no saben imaginar otra cosa que repetir los parches, eso sí, modificados reiteradamente, que han mostrado su más absoluto fracaso o, para que nadie se escandalice, su inmensa insuficiencia. Mientras, los grandes poderes privados siguen socavando la existencia material y la libertad de la inmensa mayoría no rica.

 

(El consejo científico de ATTAC pidió este artículo para su publicación junto al de otros autores y autoras del mismo consejo con motivo de los 10 años de crisis económica. La versión presente está algo modificada y actualizada respecto al artículo original que fue escrito hace aproximadamente un mes y medio).

Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, Against Charity (Counterpunch, 2018).

Fuente: www.sinpermiso.info, 4-11-18

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Aumentos de precios y penurias de ingresos populares

mar, 06/11/2018 - 20:53

Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España

Aun cuando el dólar baja a 36 pesos respecto de los 42 en su máximo, los precios no solo no bajan, sino que aumentan.
Se verifica la situación en estas horas con incrementos de los combustibles, las prepagas, las tasas de intereses, o las facturas de servicios públicos.

¿Qué pasa con los ingresos populares: salarios, jubilaciones, planes sociales? Están contenidos en una lógica de retraso del poder de compra de la mayoría de la sociedad que los percibe.
Es una situación que augura penurias sociales y no necesariamente cambios en los consensos electorales.
Para que ello ocurra se necesita del agotamiento mayoritario de la credibilidad asociada al triunfo electoral de Mauricio Macri del 2015 y el reemplazo por un nuevo imaginario de otro rumbo posible para la economía y la política.

Ganadores y perdedores

Como siempre sostenemos, la inflación es una cuestión de puja por la apropiación del ingreso y una renovada disputa entre sectores del poder.
La mayoría empobrecida queda afectada en su capacidad de compra y la élite pugna por apropiarse de la riqueza socialmente producida.
Así, la mayoría de la sociedad se perjudica y la minoría puja por adueñarse de la mayor parte de la renta.
Entre los enriquecidos, los especuladores marchan a la cabeza en la apropiación del ingreso, con tasas del 68% para las Leliq, Letras de liquidez que ofrece el BCRA, que compran los bancos; o plazos fijos entre 40% y 50% de interés ofrecidos a ahorristas, incluso con valorizaciones bursátiles derivadas de expectativas asentadas en la especulación.
Las elevadas tasas imposibilitan todo crédito productivo y alimentan una recesión con impacto negativo en el empleo, el consumo y la inversión. La economía se achica y hay menos para distribuir agigantando la puja por la renta.
Son cuestiones que figuran explícitamente en el Presupuesto 2019 en debate para su aprobación en el Senado. La previsión confirma bajas en el consumo y la inversión privada y pública.
Lo único que crecerá en la previsión presupuestaria serán las exportaciones, especialmente del agro y la energía, precisamente cuando se conoce un derrame petrolero asociado a la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
¿No era que la explotación petrolera y gasífera de los no convencionales, vía fractura hidráulica, estaba exenta de riesgo de contaminación?
Además, el interrogante apunta a si los exportadores agrarios, aun mejorando sus volúmenes de exportaciones, liquidarán o retendrán su producción a la espera de mejoras en el tipo de cambio.

Nuevamente hay presión para que el dólar no se retrase, o sea, nueva devaluación.
La llegada de divisas por el préstamo del FMI y la política monetaria restrictiva reduce el precio de la moneda estadounidense y por ende crece la demanda por nuevas correcciones al alza del dólar.
Cuando ello ocurra resultará previsible una nueva escalada en el aumento de los precios.
Así, con dólar en baja o en alza, los ganadores de la economía son muy pocos y los perdedores la mayoría de la sociedad.

Vamos a insistir que el resultado de perdedores y ganadores es objetivo deliberado de la política económica y la puja distributiva. Los trabajadores y las trabajadoras, que son mayoría en la sociedad relegan capacidad de satisfacer sus necesidades en tanto sus ingresos son considerados costos a disminuir para favorecer la apropiación de ganancias del capital inversor.
Dicho impacto se extiende a todos los sectores sociales que ligan su actividad a la capacidad de compra de los salarios.

Por eso, la mayoría del empresariado pequeño y mediano que actúa en el mercado interno sufre también las consecuencias de la inflación y la recesión.

Discutir la política económica y la sociedad deseada

La política económica no se modificará por el costo social elevado, ya que es ese el efecto buscado. Los que toman decisiones de política económica no se guían por el aumento de la pobreza y las penurias de la mayoría.
Resulta inocente escuchar a aquellos que recurren a las autoridades con apelaciones voluntaristas para modificar el rumbo económico, ya que la búsqueda oficial apunta a la modificación de las relaciones sociales de producción para favorecer el objetivo de los inversores de capital.
Ocurre lo mismo con la apreciación relativa a que el solo efecto del empobrecimiento mayoritario por subas de precios y caída de ingresos populares acelerará el derrumbe del consenso electoral.
Este consenso se alimenta de consideraciones ideológicas y políticas, incluida la manipulación mediática y cultural.
No por estar mal económicamente se modifican consensos electorales políticamente concebidos y conseguidos.

Lo que está en curso en la Argentina es parte de un cambio en la cultura política en el ámbito mundial, que tiene matices específicos nacionales y encarna en la coyuntura el gobierno Macri, quien pretende continuar por otro periodo más en la gestión, entre 2019 y 2023.
El cambio político que menciono está asociado a fenómenos similares que expresan procesos electorales que habilitan triunfos de candidatos que sustentan un imaginario crítico a la política tradicional de orientación keynesiana por décadas y ni hablar de rumbo socialista.
Aquello que se presenta como despolitizado, resulta favoreciendo otra política, a contramano de la satisfacción de derechos. Eso supone un fuerte impacto social regresivo.
Es una construcción civilizatoria que tiene medio siglo de antigüedad y que se evidencia en proyectos políticos identificados con la derecha.

Hacia 1968/73 se procesa el último ciclo de rebeliones populares en ascenso, lo que inicia una contraofensiva reaccionaria de cuño neoliberal, cuyo primer acto y ensayo son las dictaduras genocidas del cono sur de América.

Las recientes elecciones en Brasil son expresión concreta de nuestra reflexión. Con el triunfo de Bolsonaro se consolidará una línea de reestructuración regresiva de la sociedad brasileña.

Es la aspiración de un conjunto de propuestas políticas que en nuestra región sustentan los que pretenden modificar el rumbo de la orientación política que se discutía en los primeros quince años del presente siglo.
¿Qué se discutía entonces? Algunos solo pretendieron mejoras económicas y sociales sin afectar el sistema de relaciones de producción, algo así como el neo-keynesianismo, o el neo-desarrollismo. Otros menos sostuvieron la necesidad de ir más allá en la reestructuración social de lo económico recuperando propuestas anticapitalistas y por el socialismo, del siglo XXI o comunitario.

Es evidente que unos y otros chocaron con la realidad de la transnacionalización de la economía, y en los límites de los procesos nacionales insuficientemente integrados en una lógica alternativa, se habilitó un tiempo de revancha para la restauración conservadora consensuada electoralmente.
Hace falta un debate en profundidad para la crítica del presente y la construcción de nuevos imaginarios económicos, sociales, culturales y políticos para transformar progresivamente la sociedad.

No alcanza con que le vaya mal a la mayoría de la sociedad. No hay correlación directa entre las penurias y el sufrimiento por bajos o insuficientes ingresos para aspirar a otra sociedad.
La nueva sociedad es producto de una subjetividad consciente por otro modelo productivo y de desarrollo sustentado en derechos ampliados para la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Sigue siendo ello una asignatura pendiente y no solo en la Argentina.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2018

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Un impuesto español a las Transacciones Financieras

dim, 04/11/2018 - 07:01
Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid No es un impuesto a los bancos sino a sus operaciones financieras. Ni es un impuesto a la inversión financiera porque no grava el patrimonio de activos financieros. Plataforma por la Justicia Fiscal  Plataforma por la Justicia Fiscal

Un impuesto indirecto que pretende hacer menos atractiva la especulación con productos financieros al hacer pagar un tributo, un porcentaje del volumen de la transacción.

El acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019 entre el gobierno del PSOE y el grupo parlamentario Unidos Podemos incluye una novedad: ingresos por un nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). El ITF es un tributo a las compraventas de productos financieros.

No es un impuesto a los bancos sino a sus operaciones financieras. Ni es un impuesto a la inversión financiera porque no grava el patrimonio de activos financieros. Tampoco es un impuesto por beneficios pues no grava las rentas del capital financiero. Es un impuesto indirecto que pretende hacer menos atractiva la especulación con productos financieros al hacer pagar un tributo, un porcentaje del volumen de la transacción.

En 1971, James Tobin, premio Nobel de Economía, propuso implantar un impuesto uniforme a las transacciones de divisas para reducir la frecuencia en sus compraventas y rebajar el elevado riesgo de la especulación a corto plazo. Se conoció como Tasa Tobin que, lamentablemente, no se aplicó.

Más de un cuarto de siglo después, el movimiento internacional ATTAC propuso un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para frenar a los mercados financieros. Años después, el Nobel de economía Joseph Stiglitz escribió que el ITF era viable, pues las nuevas tecnologías lo hacen muy factible. El ITF es un impuesto técnicamente posible, además de útil económica y socialmente. No hay ningún obstáculo técnico o similar por lo que implantarlo solo requiere voluntad política de los gobiernos, pero lamentablemente brilla por su ausencia.

En septiembre de 2011 la Comisión Europea (CE) propuso un impuesto específico a las transacciones financieras, un ITF. La propuesta fue rechazada por algunos países miembros y el impuesto no pudo ser implantado en la Unión Europea, pero en 2013, 11 países miembros acordaron establecer un ITF común por acuerdo reforzado eran Alemania, España, Italia, Francia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Bélgica, Austria, Eslovaquia y Estonia. Poco después, Estonia abandonó el acuerdo y quedaron solo diez. Hubo muchas reuniones de los países comprometidos con el ITF y finalmente, tras tanta reunión, idas y venidas, el ITF se aparcó sine die. Pero dos estados crearon su ITF nacional, Francia e Italia. Y ahora se suma España. Tres reducidos ITF locales, pero todo es empezar.

Se esfumó de hecho el establecer en diez países europeos un impuesto indirecto común contra el arriesgado delirio de la especulación financiera. Desapareció porque Emmanuel Macron, presidente de Francia muy amigo de bancos y banqueros, puso como condición, para aceptar un ITF común a diez estados miembros, que ese tributo no se aplicara a las transacciones financieras a corto plazo. Justo donde se perpetra la mayor y más arriesgada especulación financiera, la que genera beneficios rápidos, pero también puede causar grandes pérdidas y provocar inestabilidad y crisis de graves consecuencias para las poblaciones.

ITF y más medidas para acabar con la dictadura de las finanzas

Ciertamente, un ITF mucho más ambicioso que el incluido en los Presupuestos Generales españoles de 2019 gravaría muchas más operaciones financieras como compraventa de pagarés, deuda pública, cédulas hipotecarias, derivados, seguros de cambio, participaciones preferentes… pero no es así. Este ITF español muy modesto solo se aplicaría a la compra de acciones españolas. Es un ITF de mínimos que sólo grava esa compra con un tipo impositivo del 0,2%. Pero ese muy modesto ITF acordado, aún tan moderado, supone algo positivo: abre un resquicio en el intocable fiscalmente mundo de la especulación financiera y es una pequeña victoria contra el hermético dogma neoliberal.

Ese ITF español podría recaudar de 400 a 500 millones de euros anuales

Se ha calculado que ese ITF español podría recaudar de 400 a 500 millones de euros anuales. No es mucho, pero es empezar, pues, a diferencia de otras actividades económicas, las transacciones de productos financieros no pagan impuestos. Una injusticia flagrante, más aún cuando el volumen de esas operaciones financieras en la economía global, el casino financiero, es ya el equivalente a 70 veces el PIB mundial, la riqueza producida en el planeta en un año. Una locura especulativa y un riesgo descomunal que un ITF más ambicioso frenaría cuanto menos en parte. El modesto ITF español es un muy reducido paso hacia una mayor justicia fiscal, pero es un ITF.

No hay duda de que un ITF más ambicioso es parte de la solución, pero no es la solución. No es la purga de Benito que todo lo cura. Además de un ITF más ambicioso, que disuada de perpetrar algunas transacciones financieras, hay que prohibir la especulación con derivados en mercados de materias primas (alimentos, por ejemplo) y también de energía. Además urge separar la banca comercial de la de inversión, para garantizar los ahorros de la gente en riesgo por la incesante  especulación de los bancos de inversión. También debe limitarse el apalancamiento financiero, regular la banca en la sombra, suprimir las guaridas fiscales (antes, ‘paraísos fiscales’), equiparar los impuestos al capital a los del trabajo… Ciertamente, queda mucho por hacer y parece imposible. Lo es hasta empezar a trabajar y hasta que se consigue.

nuevatribuna.es

¡Por razones!

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¿Abandonará Brasil el MERCOSUR?

ven, 02/11/2018 - 07:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

El triunfo de Bolsonaro podría convertir a Brasil en el paradigma del nuevo orden geopolítico y económico que planea instaurar el establishment neocon de EE.UU en América Latina y el Caribe. Dicho plan se basaría en lo económico en la absorción por la Alianza del Pacífico de las actuales estructuras económicas supranacionales (ALBA y MERCOSUR) y en lo político, en sustituir a los regímenes insensibles a los dictados de Washington (Brasil, Venezuela y Bolivia) por regímenes autocráticos.

¿Abandonará Brasil el MERCOSUR?

Dilma Rousseff exigió a Estados Unidos explicaciones convincentes de las razones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para presuntamente violar las redes de computadoras de la petrolera estatal Petrobras con lo que se granjeó la enemistad de EEUU que procedió a la implementación del “caos constructivo” en Brasil para desestabilizar su mandato presidencial (impeachement). Tras el khaos surgido en una sociedad brasileña corroída por la corrupción y que afectaría al actual Presidente Temer no es descartable el triunfo en el balotaje del próximo domingo del ultraderechista Jair Bolsonaro que formará un Gobierno tutelado por las Fuerzas Armadas y que implementará una severa represión contra los partidos izquierdistas que se ensañará de manera especial con el Partido Comunista (PCdoB) y el Partido Socialista (PSB), no siendo descartable la salida de Brasil del MERCOSUR y empezar a gravitar en los anillos orbitales de la estructura económica y comercial diseñada por EE.UU. (Alianza del Pacífico), quedando de paso China condenada al ostracismo comercial.

La Alianza del Pacífico nació en el 2011 teniendo a México, Perú, Chile y Colombia como Estados fundadores, EEUU y China como observadores y Australia y Canadá como futuros Estados asociados y en la actualidad representa el 38 % del PIB de América Latina y el 57% de su comercio exterior con un mercado potencial de cerca de 220 millones de personas. La celebración en Puerto Vallarta (México) de la XIII Cumbre de las Alianza del Pacífico representará la siguiente fase de su objetivo fagocitador al sentar las bases de la absorción de los países que integran el Mercosur. Así, tras su fachada neoliberal se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítica diseñado por EEUU para dinamitar el proyecto político-integracionista representado por la UNASUR e intensificar la política de aislamiento de los Gobiernos progresista-populista de la región, (en especial de Venezuela tras quedar huérfana del alma mater de la Revolución Bolivariana (Chávez).

Asimismo, otro objetivo sería finiquitar el proyecto integrador económico del MERCOSUR, proceso de integración económico creado en en 1991 tras la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay al que posteriormente se habría incorporado Venezuela como Estado parte, quedando Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador,Chile, Surinam y Guyana, como “Estados asociados”. Dicha estrategia fagocitadora tendría como objetivos a medio plazo aglutinar el Arco del Pacífico para integrar además a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá e incorporar por último al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), por lo que la entrada de Brasil en dicha Alianza si se produce el previsible triunfo de Bolsonaro sería el hito definitivo para completar la absorción del MERCOSUR.

Brasil, ¿nuevo gendarme neocon de EE.UU.?

Brasil forma parte de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y aunque se descarta que dichos países forman una alianza política como la UE o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), dichos países tienen el potencial de formar un bloque económico con un estatus mayor que del actual G-8 (se estima que en el horizonte del 2050 tendrán más del 40% de la población mundial y un PIB combinado de 34.951 Billones de $). Asimismo, Brasil juega un rol fundamental en el nuevo tablero geopolítico diseñado por EEUU para América Latina ya que le considera como un potencial aliado en la escena global al que podría apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente con el consiguiente aumento del peso específico de Brasil en la Geopolítica Mundial tras la asunción por Brasil del papel de “nuevo gendarme neocon” en Sudamérica. Así, con Bolsonaro podríamos asistir a la entrada de Brasil en la OTAN como “socio global” como ya hiciera en su día Colombia, con lo que se estaría tejiendo la telaraña que intentará la invasión de Venezuela en el horizonte del 2.020, de lo que sería paradigma la apertura conjunta con EEUU, Perú y Colombia de una base militar en pleno corazón del Amazonas, proyecto conocido con el nombre de Amazonlog 17.

El autor es analista internacional

 

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BANKIA ES PÚBLICA

jeu, 01/11/2018 - 21:46

Plataforma por una Banca Pública

Desde la Plataforma por una Banca Pública queremos llamar la atención sobre una cuestión no contemplada durante el terremoto político y social provocado por la Sentencia de la Sala 2ª del Supremo.

No entramos en las legalidades y competencias procesales, sino en la situación del sector bancario que se ha puesto de manifiesto.
La reacción coordinada del sector bancario, que en nuestro país está suficientemente concentrado como para considerarlo un oligopolio, ha llegado hasta el extremo de apreciarse por muchos como una descarada presión. La paralización en la concesión de hipotecas y el anuncio de graves consecuencias viene a sugerir que sus beneficios (y sus escandalosas retribuciones) están por encima de todo. Ya sufrimos los ciudadanos clausulas suelo o preferentes y ni esa tolerancia evitó la crisis financiera que hemos pagado los españoles.

La banca es un esencial servicio público, pero un único criterio de mayor rentabilidad le suele empujar a ilegalidades, lo cual no sólo le lleva al abandono del interés público o compromiso social, sino a crisis recurrentes.

En España tenemos una banca (Bankia) con mayoría de capital público que no se está diferenciando nada de los criterios de gestión que hemos expresado más arriba. Cuando podía haber salido con una clara disposición a atender la sentencia del Supremo, expresando su vinculación a los intereses de los clientes y su asunción del criterio de la defensa del consumidor.

Exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad como propietario de esa empresa, de modo que funcione como referencia de los beneficios y ventajas de una banca pública; beneficios que ya se manifiestan en la mayoría de los países de nuestro entorno.
Una banca pública gestionada con criterio de servicio público selecciona con criterio de utilidad pública las áreas prioritarias de inversión y no especula con riesgo en los mercados (no vale el ejemplo de algunas Cajas, parasitadas por un criterio de gestión neoliberal y deliberadamente llevadas a la ruina).
No sólo es exigible evitar la privatización de Bankia, sino que debemos conseguir que, desde ya, adecúe sus criterios de gestión a los correspondientes a la banca
pública.

Plataforma por una Banca Pública

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BANKIA ES PÚBLICA

mer, 31/10/2018 - 13:53

 Plataforma por una Banca Pública

 

BANKIA ES PÚBLICA

La Plataforma por una Banca Pública queremos llamar la atención sobre una cuestión no contemplada durante el terremoto político y social provocado por la Sentencia de la Sala 2ª del Supremo.

No entramos en las legalidades y competencias procesales, sino referirnos a la situación del sector bancario que se ha puesto de manifiesto.

La reacción coordinada del sector bancario, que en nuestro país está suficientemente concentrado como para considerarlo un oligopolio, ha llegado hasta el extremo de apreciarse por muchos como una descarada presión. La paralización en la concesión de hipotecas y el anuncio de graves consecuencias viene a sugerir que sus beneficios (y sus escandalosas retribuciones) están por encima de todo. Ya sufrimos los ciudadanos clausulas suelo o preferentes y ni esa tolerancia evitó la crisis financiera que hemos pagado los españoles.

La banca es un esencial servicio público, pero un único criterio de mayor rentabilidad les suele empujar a legalidades, lo cual no sólo le lleva al abandono del interés público o compromiso social, sino a crisis recurrentes.

En España tenemos una banca (Bankia) con mayoría de capital público que no se está diferenciando nada de los criterios de gestión que hemos expresado más arriba. Cuando podía haber salido con una clara disposición a atender la sentencia del Supremo, expresando su vinculación a los intereses de los clientes y su asunción del criterio de la defensa del consumidor.

Exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad como propietario de esa empresa, de modo que funcione como referencia de los beneficios y ventajas de una banca pública; beneficios que ya se manifiestan en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Una banca pública gestionada con criterio de servicio público selecciona con criterio de utilidad pública las áreas prioritarias de inversión y no especula con riesgo en los mercados (no vale el ejemplo de algunas Cajas, parasitadas por un criterio de gestión neoliberal y deliberadamente llevadas a la ruina).

No sólo es exigible evitar la privatización de Bankia, sino que debemos conseguir que, desde ya, adecúe sus criterios de gestión a los correspondientes a la banca pública.

 

Plataforma por una Banca Pública                  

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Ni a él, ni ahora, ni nunca

lun, 29/10/2018 - 11:12

Declaración sobre la elección de Jair Bolsonaro

A todos los movimientos, activistas y comunidades marginadas de Brasil que han despertado esta mañana a la pesadilla de una presidencia de Bolsonaro, les enviamos nuestra solidaridad y apoyo.

Ningún tipo de mandato electoral hace que sea aceptable o democrático llegar al poder a través de la demonización agresiva de sus oponentes, etiquetar a los movimientos sociales como “terroristas” o amenazar los derechos y libertades de aquellos ciudadanos a los que usted elige como chivos expiatorios de los problemas de la economía global. Los que practican esa política son responsables de algunos de los crímenes más atroces del siglo XX.

El asqueroso racismo, sexismo y homofobia de Bolsonaro, y su entusiasmo por la dictadura militar de Brasil, han sido ampliamente comentados internacionalmente. Pero Bolsonaro no es simplemente una amenaza a los derechos humanos y civiles de los ciudadanos brasileños. Sus políticas, si se llevan a cabo, empobrecerán aún más a los pobres de Brasil y aumentarán la desigualdad en el que sigue siendo un país muy desigual. Devastarán el medio ambiente e impedirán que aquellos que se interpongan en el camino hablen en voz alta.

Cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre de 2016, temíamos que esto diera confianza a los que promueven la xenofobia, el nacionalismo y el autoritarismo en todo el mundo. La elección de Bolsonaro es sólo el último ejemplo. Necesitamos urgentemente construir una oposición global a esta política de odio y recrear el internacionalismo que nuestros movimientos han construido con tanto éxito al enfrentar la guerra, el neoliberalismo y la inhumanidad. No podemos permitir que continúe la normalización de Bolsonaro, Trump o de cualquiera de los nacionalistas autoritarios que ascienden al poder.

Estas nuevas formas de fascismo no aparecieron de la nada. La hiperglobalización impulsada por las empresas de las últimas décadas ha destrozado el tejido social de las sociedades de todo el mundo. Al elevar el afán de lucro al más alto objetivo de la humanidad, ha dejado a grandes sectores de la población mundial sin representación y marginados. Ha arrasado con grandes extensiones de nuestro planeta. Es particularmente repugnante ver que muchos de los que impulsaron este proyecto ahora apoyan a personas como Bolsonaro y Trump como un medio para mantener el poder del 1% global.

Hacemos un llamado a una transformación radical del sistema global que ponga a la gente y al planeta por delante de las ganancias de los ricos. Hacemos un llamado a un mundo basado en la igualdad, el pleno reconocimiento de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Esta es nuestra lucha internacional, el reto más importante al que nos enfrentamos como ciudadanos, comunidades y movimientos. No se ganará fácilmente, pero la historia nos demuestra que podemos ganar si mantenemos la esperanza y la solidaridad.

Otro mundo es posible.

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Un golpe contra la democracia del Supremo

jeu, 25/10/2018 - 13:56

Juan Carlos Monedero -Consejo Científico de ATTAC España

Resulta que la Empresa de Vivienda de Rivas Vaciamadrid, un ayuntamiento regido por IU y Podemos, presenta una querella porque entiende que los bancos están cargando sobre los ciudadanos un coste, los impuestos notariales, que debía recaer sobre los que hacen el negocio, que son los bancos.

Resulta que la sección segunda del Tribunal Supremo, que es la que está especializada en asuntos de impuestos, dicta una sentencia 16 de octubre de 2018 anulando el artículo 68.2 del reglamento del impuesto. Resulta que esa anulación implica que son las entidades bancarias las que deben asumir ese pago. Porque son las que ganan dinero con la operación.

Resulta que además de la sorpresa, todo era correcto porque Luis Díaz Picazo, el responsable de la sala tercera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estaba enterado del asunto y así lo había firmado. Luis Díaz Picazo había sido puesto en el Supremo por el PP.

Resulta que es probable que estos jueces del PP, más atentos a las cosas del poder que a las cosas de la justicia, se les pasara el asunto. Demasiadas conspiraciones y casi mil imputados del PP en los tribunales. Y de pronto, no habían caído, resulta que esa sentencia podía costar a los bancos algunos miles de millones.

Y resulta que entonces alguien en la banca se ha preguntado en voz alta ¿y para qué coño nos hemos gastado tanto dinero todos estos años si cuando alguien nos hace falta no está ahí para hacer su trabajo? Y resulta que se ponen a sonar los teléfonos en Génova -cuya sede ha sido pagada con dinero negro-, y en la city -que es la que paga a  buena parte de los corruptos-, y en la Plaza de las Salesas -que es donde están los jueces, puestos por el PP, que perdonaron a Casado por robarse un máster-. Suenan los teléfonos hasta que echan chispas.

Resulta que Carlos Lesmes, nombrado por el PP presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial habla, con bastante probabilidad, con Luis Díaz Picazo, puesto por el PP en el Tribunal Supremo. Y Luis Díaz Picazo, que no había hecho antes sus deberes, emite un comunicado sorprendente por el cual, de momento, suspende la resolución hasta que un Pleno de 31 jueces, muchos nombrados por el PP, y que tendrá lugar en noviembre, dictamine si va a delante o no ese cambio jurisprudencial.

Y resulta que, como cuenta Ernesto Ekaizer, esa decisión de Díaz Picazo, nombrado por el PP, hizo subir la bolsa. Es decir, que hubo gente que se forró al tiempo que 8 millones de hipotecados oían retumbar en su cabeza otra vez el “que se jodan” tan del PP. Y resulta que la jefa de gabinete de Lesmes, el Presidente del Supremo nombrado por el PP, es la fiscal Ana Murillo, esposa de José Manuel Cendoya, que a día de hoy sigue siendo uno de los vicepresidentes del Banco Santander, el banco que ha perdonado tanto dinero al PP.

Decía el Rey emérito, al que no puede investigar el Parlamento, que la ley es igual para todos. Lo mismo opina su hijo, Felipe VI. Estoy convencido de que mañana mismo, si no esta noche, el Rey Felipe VI va a salir a dar una declaración institucional poniéndose al lado de los ocho millones de españoles estafados. Y va a celebrar que se mande a los antidisturbios a calmar a los banqueros que protesten. Menos mal que vivimos en democracia. Por lo menos la llaman democracia. Lo llaman democracia ¿y lo es?

https://m.publico.es

Comiendo tierra

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La inflación describe quien tiene poder

mar, 23/10/2018 - 13:49

Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España

¿Pueden los trabajadores o las trabajadoras aumentar el precio de la Fuerza de Trabajo, o lo que es lo mismo el salario?
Solo pueden si acumulan suficiente poder para enfrentar a las patronales, sean del sector público o del privado.
Algo similar ocurre con las jubiladas o los jubilados, tanto como las o los perceptores de planes sociales, o aquellos empresarios cuyo destino se liga al consumo de éstos.

Los que sí tienen poder para aumentar son las petroleras, los especuladores, los grandes exportadores, las privatizadas de servicios públicos.
Es así desde que las petroleras dolarizaron sus precios y acordaron con el Gobierno la actualización recurrente de sus precios. Contra una inflación de 32,4% acumulada desde enero a septiembre, los combustibles subieron cerca del doble.

No hay duda que es una de las partes que se reconocen entre los ganadores de la política económica del Gobierno Macri. Resulta la misma consideración para las privatizadas de servicios públicos, con actualizaciones tarifarias en el último año por encima del 50%, contra una inflación anual del 40,5%.

Los especuladores cuentan en su haber un cambio en la cotización del dólar del orden del 130% en lo que va del año; una tasa de referencia del BCRA por encima de la inflación acumulada (40,50%) e incluso de la esperada (48/50%). El BCRA estableció una tasa no menor a 60% hasta diciembre próximo y paga por las colocaciones bancarias vía LELIQ, Letras de Liquidez que solo pueden adquirir los bancos, casi el 74%.

El incremento en la cotización de las divisas, 1 dólar a 37,50 pesos,  mejora la rentabilidad de los grandes exportadores del campo, la minería, la industria o los servicios.

También vale registrar el beneficio para los acreedores de la deuda pública, beneficiados con elevadas tasas de interés y riguroso cumplimiento de pagos, ya que el ajuste fiscal no incluye al gasto financiero.

El déficit cero remite al gasto fiscal primario, o sea, antes de pagar intereses. Estos están a la cabeza del compromiso de pago, por lo que el resto de los gastos se someten al ajuste, que ahora ya no es gradual, sino de shock y se manifiesta en la ley de Presupuesto.

La inflación es una cuestión de poder

Están los que pueden imponer precios y los que no, lo que supone una disputa por el Ingreso.
El Ingreso es un espejo del Producto por lo que:
a/ Ingreso=Producto, parte esencial de las cuentas macroeconómicas; donde,
b/ Ingreso=Consumo más Ahorro más/menos Saldo Comercial; y
c/ Producto=Consumo más Inversión más/menos Saldo Comercial)
Si consideramos el contexto de recesión, caída del Producto, inducida por la política monetaria del BCRA y del Gobierno Macri, ocurre una merma en simultáneo de los recursos (Ingreso) a distribuir en el conjunto de la población.

La caída prevista por el Gobierno es de -2,4% del Producto para el 2018 y del -0,5 para el 2019.
Para el FMI es -2,6% para 2018 y -1,6% para 2019. La CEPAL señala en una evaluación más pesimista que será del -2,8% y del -1,8% para el presente y siguiente año.
Sea una u otra cifra, ninguna augura una mejora de los Ingresos y con ello la aceleración de la disputa por el mismo y el conflicto social desplegado.

Ocurren dos fenómenos en simultáneo. Uno se procesa entre los sectores empresarios, incluso entre aquellos que son parte la cúpula empresarial, y en otro plano, entre aquellos y el conjunto de la sociedad de ingresos fijos y reducidos.
Los primeros disputan entre sí, vía cambios en los precios relativos (unos aumentan más que otros), y en conjunto subordinan a la mayoría social al poder de la concentración y centralización de la economía.

En el 2001 se manifestaba entre quienes pretendían avanzar hacia la dolarización, caso de las privatizadas de servicios públicos, o quienes pugnaban por la devaluación para hacer competitiva la producción local.
Hoy pretenden recomponer precios aceleradamente, caso de las privatizadas es evidente, tanto como de los exportadores.
Se trata de la disputa recurrente por la hegemonía del orden económico en la Argentina, como disputa de largo aliento que no termina de consolidarse.
Al poder oligárquico asociado al capital externo se le disputó  la hegemonía en la cúpula en tiempos de industrialización sustitutiva desde las primeras décadas del Siglo XX.

Con la crisis de los 70 y la solución aperturista derivada de las políticas hegemónicas en tiempos de dictadura genocida y luego en los 90, se habilitó la revancha neo-conservadora para restaurar posiciones perdidas en el poder.

Se trata de un fenómeno local en el marco de la evolución del sistema mundial en tiempos de globalización, los 80/90 del Siglo pasado, por lo que se destaca el papel del capital externo, que actuó en todos los ámbitos de la actividad económica, primaria, secundaria, terciaria, para subordinar el orden socioeconómico a la lógica de la transnacionalización.

La deuda externa y especialmente pública, creciente desde los tiempos de la dictadura, constituyó un mecanismo privilegiado para asegurar la profundización de la dependencia al capital foráneo.

Nuevo orden y disputa hegemónica

El tema en cuestión es gravísimo, ya que el “macrismo” es un nuevo intento político por resolver la cuestión del poder a favor de las fracciones de la burguesía transnacional que actúa en el país.
Para triunfar necesitan disciplinar la capacidad de lucha, resistencia y organización de los sectores populares, con larga tradición y fortaleza en el logro de derechos sociales, sindicales y laborales, colectivos e individuales.

La capacidad de disciplinar a las trabajadoras y a los trabajadores se puede lograr con la eliminación de derechos y por eso resulta estratégica en la lógica del poder la reforma regresiva de la legislación laboral y previsional, generando en simultáneo la posibilidad de recomponer la tasa de ganancia.
Es por eso que se proponen derrotar estratégicamente a los trabajadores, a las trabajadoras y sus organizaciones para desde allí estabilizar el poder en la cúpula.

Asistimos a un nuevo tiempo histórico, donde se procesan reestructuraciones de las relaciones sociales capitalistas, especialmente entre el Capital y el Trabajo, contra los derechos laborales.
Es una tarea que también potencia y profundiza una reforma reaccionaria del Estado para sostener la demanda de mayor ganancias del capital concentrado y promoviendo la especificidad subordinada de la Argentina al sistema mundial, atrayendo inversiones y facilitando la movilidad y libertad de circulación del capital.
Se presenta el problema como una cuestión económica, aunque también es política, tal como se evidencia en la realidad del avance de las derechas en variados territorios, casos actuales del Brasil y la enorme votación del fascista Bolsonaro, o el impredecible Trump.

Pretendemos señalar que no es cuestión de errores en la formulación de las políticas económicas, sino que el trasfondo es una reestructuración integral de la economía, de la política y de la cultura, con impacto regresivo para la mayoría empobrecida.

Todo ello impone un pormenorizado análisis del presente para intervenir críticamente a favor de los más desprotegidos, quienes solo podrán superar la situación si logran constituirse como sujeto colectivo e instalar nuevas culturas e ideas que expresen formas de organización económica a contramano de la lógica de la ganancia y el capital.

 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2018

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ATTAC ESPAÑA ANTE EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

lun, 22/10/2018 - 16:31

Ante el “Acuerdo de presupuestos generales del estado 2019″ firmado por los grupos PSOE y Unidos Podemos que incluye entre otras muchas medidas la introducción de un ITF, Attac España, defensores desde el primer momento del impuesto, emitimos el siguiente comunicado.

El ITF saca la patita (¡y no está descalzo!)

Attac España ante el Impuesto a las Transacciones Financieras.

El pasado 11 de octubre se produjo un hecho que supone un paso adelante en la implantación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en España. Se ha conocido el “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019”; documento firmado por el Presidente de Gobierno y por el líder del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.

El ITF se dirige exclusivamente a las transacciones financieras, aquellas que suponen la compraventa de activos financieros.  No es un impuesto a la banca sino a las operaciones financieras y que afecta más a quienes realizan más operaciones en el corto plazo y a quienes mueven enormes volúmenes de operaciones. No es un impuesto al patrimonio financiero ni tampoco es un impuesto a los beneficios ya que no grava los rendimientos del capital financiero. Es, en suma, un impuesto indirecto que pretende penalizar las operaciones especulativas.

Aunque debemos ser cautelosos porque la actual aritmética parlamentaria necesita sumar a otras fuerzas políticas para sacar adelante el Presupuesto, la propuesta actual incluye en su punto 14.2, crear un impuesto a las transacciones financieras, que permitiría recaudar más de 800 millones para mejorar la financiación del Estado del Bienestar.

De aprobarse, demostrará  a los que se oponen a su aplicación que el ITF es un impuesto técnicamente posible, útil económica y socialmente, y que sólo depende para su implantación de voluntad política. En 2020 podremos evaluar su incidencia y confrontar con datos, que son decisivos cuando se habla de impuestos, a quienes amenazan que su aplicación conlleva grandes desastres financieros.

Aunque cabe decir, que esta propuesta de ITF es de mínimos, ya que sólo se aplica, con fuertes restricciones, a un 0,2% a la compra-venta de acciones; su inclusión como figura impositiva abrirá, sin duda, la posibilidad de ajustar su eficacia en años sucesivos. En definitiva, nuestra valoración es positiva: ¡por fin hay un compromiso público presupuestario de iniciar ese camino!

Esta propuesta de ITF se inscribe en el compromiso europeo, del 25 de Diciembre de 2011, cuando el Parlamento Europeo aprobó una Directiva relativa a un sistema común de ITF que desmonta los argumentos sobre su dificultad técnica y posteriormente, con el compromiso de introducirlo en sus legislaciones firmado por 11 países de la Unión Europea. España, uno de los firmantes, hoy da un paso en el cumplimiento del compromiso adquirido.

Attac lleva 19 años defendiendo la implantación de un ITF global que cumpla la doble función de regular las finanzas desbocadas y de recaudar dinero proveniente de la especulación financiera para fines sociales. Por lo que seguiremos exigiendo junto al movimiento social europeo  otra fiscalidad en Europa, que incluya la aplicación de un ITF global como el que proponemos desde 1999.

Por otra parte, la propuesta de implantar este embrionario ITF va acompañada de otras medidas por una ”Nueva Fiscalidad” en España. Aunque insuficientes, todas ellas apuntan en la dirección correcta: imposición a las grandes fortunas acrecentadas durante la crisis y a los rendimientos del capital beneficiados por las reformas regresivas de los últimos años, apoyo a las pymes y autónomos y defensa de la clase media y trabajadora. Sin olvidar la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal.

Lo dijimos en 2014 y lo ratificamos hoy: “las ideas producen consecuencias cuando van acompañadas de la acción institucional y empujadas por la movilización social”.

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¿Es el Tribunal Supremo el vasallo de la Gran Banca en España?

dim, 21/10/2018 - 12:30

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra- Nafarroa

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva autoritaria que habría ya convertido a la pseudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del Estado Tardofranquista.

El Tardofranquismo sería hijo del Tejerazo o golpe blando de 1.981 en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el establishment asociado al sistema monárquico, al sistema político bipartidista y a la “unidad indisoluble de la nación española” y estaría plasmado en la todavía vigente Constitución de 1.978, Carta Magna que estaría blindada ante cualquier cambio institucional que se pueda producir en el Estado español con lo que se cumpliría una vez más la profecía:“Todo está atado y bien atado”.
La Gran Banca devenida en líder del establishment

Tradicionalmente, la finalidad de la banca era canalizar el ahorro privado hacia la inversión, pero dada la ausencia de cultura de ahorro doméstico y público, ha originado que el proveedor de recursos para dinamizar la economía en forma de inversiones se haya trasmutado en un parásito hematófago que succiona todas las ubres del Estado para saciar el apetito insaciable de sus accionistas y altos cargos directivos. La casta dirigente bancaria se habría transmutado así en una camarilla de poder (equivalente a un miniestado dentro del Estado), que utilizaría el nepotismo para perpetuarse en el poder con carácter vitalicio, recurriendo a los llamados “contratos blindados” para asegurarse un retiro dorado.

Así, la cartografía de la corrupción abarcaría a todas las Comunidades Autónomas estando los políticos presuntamente implicados en casos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias protegidos en un primer estadio por el status de “aforado” y en segunda estancia por la benignidad de los magistrados del Supremo a la hora dictar sentencias condenatorias, de lo que sería paradigma el llamado “Master Casado” o el reciente esperpento jurídico en el que el TS anula su propia sentencia que obligaba a la Banca a pagar los impuestos de las Hipotecas y que hubiera supuesto para la Gran Banca una sangría estimada por Moddy´s en 4.000 millones €. Asistiríamos pues a la escenificación de una lucha enconada entre un Tribunal Supremo, devenido en garante y tabla de salvación de las élites político-financieras del establishment inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias y el Tribunal Constitucional convertido en la única salvaguarda de los valores primigenios de la democracias formales.

 

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Gobierno, se amontonan los problemas en el cajón. Resolver o fenecer

sam, 20/10/2018 - 06:00

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

Sé que gobernar es difícil y que poner en practica decretos, leyes y reformas legales es más lento de lo que nos gustaría debido a controles, burocracia y obstáculos legales de una alta administración del estado, concebida tan solo para defender los intereses de la propiedad privada y el “orden” publico o constitucional, con el prisma obsoleto de los señores conservadores y reaccionarios que controlan todas las altas magistraturas del estado, valga la redundancia.

Pero las y los ciudadanos no esperan, no pueden esperar pues sus problemas para llegar a fin de mes, pagar su escandaloso alquiler o que les renueven el contrato les absorbe. Les quita el sueño y por tanto que no les vengan con milongas pues quieren soluciones.

Sabemos que un gobierno debe hacer numerosos equilibrios de poder. Pero el bien común de la señora Botín, de una gran multinacional, de ENDESA o del BBV no coinciden en absoluto con el del hipotecado endeudado, la mujer maltratada que se siente indefensa ante su maltratador, una jueza que no la trata como víctima o la policía que la interroga con frialdad. Tampoco coinciden con las y los trabajadores con salarios cada vez más bajos o los cientos de miles de personas amenazadas con despidos en varios sectores que van desde la banca a la metalurgia, pasando por la minería o la hostelería. No hay bien común. No hay confluencia de intereses, no hay pueblo español, hay clases y clases, clases dominantes y propietarias y clases populares y trabajadoras.

Por eso cuando se hacen equilibrios imposibles, siempre acaban ganando los ricos y la banca nunca pierde.

O se gobierna para unos o para otros y para ello se cambian las leyes. Porque leyes y Constituciones, si son democráticas, están para ser cambiadas, siempre que la soberanía popular sea favorable a las clases subalternas.

El precio de la electricidad, la luz, sigue siendo un dogal y un atraco para millones de personas. Encima cuando el gobierno toma medidas, estas son para rebajar un impuesto, es decir el estado cubre como puede las escandalosas subidas, pero el latrocino eléctrico continúa y el invento del bono social, lo pagamos entre todas y todos, no las eléctricas a las que ministra “verde” tan bien trata.

Ahora una multinacional se aprovecha del precio abusivo y estafador del oligopolio eléctrico para intentar despedir a centenares de trabajadores. Dicen que hubiera invertido en mejoras y ahorro, claro. Pero también el precio de la electricidad debiera estar controlado. Las energías son algo demasiado serio como para dejarlo en manos privadas.

Pues bien la electricidad no puede estar en el cajón, ni los precios de los combustibles tampoco, ni la reforma laboral, ni las medidas de urgencia en favor de las víctimas del terrorismo machista y sobre todo acabar con ese terrorismo. Tampoco la ley mordaza ni la angustiosa falta de policías y guardias civiles mientras ricos y grandes empresas se pagan su propia seguridad privada.

No somos todos iguales. Claro que no. Hay clases y hay dominados y dominadores.

Por eso el cajón solo favorece a los que hacen el mal, extorsionan a clientes cautivos, violentan o se sirven siempre del estado para defender sus privilegios.

Carlos Martínez es politólogo

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